Balance ambiental de la administración Alvarado

No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.

Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.

Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.

Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.

Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.

Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.

La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.

El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.

En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.

Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.

En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).

Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.

Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.

Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.

SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.

Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.

Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.

Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.

Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.

Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.

En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.

Injusticia ambiental bur(r)ocrática

En escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos hablado sobre el problema de la tramitología anquilosante que, no solo agobia el desarrollo de nuestro país, si no que lo tiene totalmente frenado, haciendo que casi todos los inversionistas de nuevos proyectos prefieran irse a otro país a progresar sin tanto sacrificio de tiempo y dinero.

Hemos señalado que, durante los últimos 25 años, casi todos los candidatos y posteriormente presidentes, han prometido desregular el sistema para favorecer la inversión y el desarrollo de proyectos y, con ello, el crecimiento económico del país. Sin embargo, se ha fracasado rotundamente. Para muestra un botón: cuando Intel ingresó al país en 1997, el número de trámites a cumplir era de 180, hoy es de 320.

Como lo hemos indicado ya, el mayor error es preguntarle a un funcionario público que es responsable de un trámite, qué se puede hacer para quitarlo o simplificarlo. El resultado casi siempre es el mismo, el trámite se “quita”, pero lo sustituyen dos requisitos nuevos adicionales que se manejan a nivel de mandos medios y bajos. Al final, pese a todo el esfuerzo, el sistema sigue entrabado y, lo peor, sirviendo como un caldo de cultivo para la corrupción.

En nuestro artículo de opinión publicado el 27.12.2021 en CRHoy: “Corrupción e Inteligencia Artificial”, explicamos que existe una solución técnica, científica y rápida para este problema. Se puede implementar, para empezar en casi el 30 % del territorio del país y en menos de un año, para todo el país. Esperamos que las nuevas autoridades de gobierno que asumen el próximo 8 de mayo tomen en cuenta este importante tema.

En este artículo de hoy, vamos a entrar en el detalle de las consecuencias que tiene este problema de la excesiva y absolutamente confusa tramitología en un tema muy importante: la gestión de los recursos hídricos.

“Realidad ambiental”: consideremos que cualquiera de los lectores es propietario de un pequeño terreno (por ejemplo, de poco más de media hectárea: 7.000 m2) en una zona rural del mismo Valle Central, como Zarcero, Sarchí, Naranjo, etc., y que, tiene una casa de habitación y el resto lo dedica a la actividad agrícola. Un día, decide ir a la Municipalidad a solicitar que le den el permiso para hacer una pequeña casa más, en la propiedad, para que viva uno de sus hijos que se va a casar.

Resulta que en la Municipalidad realiza una rápida consulta a la base de datos (maravillosa tecnología, dirán algunos) que tiene la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía y le generan una impresión del resultado final. La totalidad de la finca queda envuelta en círculos de color rojo que se sobreponen, algunos de 100 metros de radio y otros de 200 metros de radio de protección.

Con esta información la Municipalidad le informa al propietario que no le puede gestionar ningún uso de suelo para la construcción de otra casa en el terreno. Definitivamente, le dicen, no se puede hacer nada.

Pero no solo eso, resulta que, en la misma Municipalidad, orientados por el número de plano de catastro de la finca, se dan cuenta que existe, desde hace algún tiempo, una resolución del Tribunal Ambiental Administrativo señalando que en la finca en cuestión se ha generado un daño ambiental por la construcción de una casa (la del propietario) y que existe una orden de demolición de la casa y la solicitud del pago de un considerable monto económico (varios millones de colones) como compensación por el daño ambiental producido.

Ante esta “realidad ambiental” algunos opinarán que fue una muy mala suerte del propietario y bueno, que “pobrecito”, pero no se puede hacer nada. Algo sencillo de decir cuando no se vive en carne propia y cuando los sueños y esfuerzos de toda una vida (de la familia) parecen desaparecer de un plumazo.

Otros podrán opinar que esto es una ficción imposible que suceda. Nos gustaría coincidir y decir que solo es un “mal sueño”, pero desafortunadamente es una realidad que ha ocurrido o está ocurriendo a muchos miles de personas y familias.

Y así, como este ejemplo, existen muchos otros casos, como aquel de la urbanización que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y una autorización de la Dirección de Agua del MINAE para que desfogue las aguas tratadas en una quebrada cercana y que, como producto de una inspección realizada por un funcionario del MINAE durante el verano, se anula esa autorización de desfogue porque en MINAE en el 2017 emitió un decreto que dice que ya las aguas tratadas no se pueden descargar en una quebrada intermitente (aunque lo sea solo unos días al año). Esta realidad, que no contempla los efectos del Cambio Climático, existe y se convierte en una horrible pesadilla para los desarrolladores o propietarios del proyecto.

Así podríamos seguir dando muchos ejemplos de casos similares.

Injusticia ambiental: resulta que cuando profundizamos en los detalles (no en vano nuestros abuelos decían muy sabiamente que: “el diablo está en los detalles”) nos damos cuenta de que en vez de una “realidad ambiental” estamos siendo testigos de una enorme “injusticia ambiental”.

Resulta que cuando se analiza la ubicación de las nacientes, para el primer caso, se observa que no todas existen y que, además, su localización no es precisa. Por otro lado, también se observa que varias de ellas se localizan “aguas arriba” de la finca y que, aunque la finca se ubique dentro del radio de “protección” en realidad no existe posibilidad real de que la misma pueda ser una fuente de contaminación para dichas nacientes.

Por otro lado, cuando se analiza el área de captura inmediata (o tubo de flujo) de la única naciente más cercana a la finca y que se encuentra a la misma altura de esta, tampoco existe posibilidad de que se dé riesgo de contaminación a dicha naciente.

Esta revisión se hace por medio de un estudio hidrogeológico ambiental por parte de un profesional en geología que tiene que demostrar todos los hechos investigados y que lo llevan a esa conclusión. Ese profesional lo debe hacer como una declaración jurada con la responsabilidad legal y ética que eso implica. Y lo hace después de hacer un trabajo de campo y gabinete detallado.

Algo que, en la gran mayoría de los casos, nunca se ha hecho para las miles o decenas de miles de nacientes o manantiales que existen en el país.

Así las cosas, resulta que todo lo que le indicó la Municipalidad al propietario es una enorme injusticia ambiental y que la orden de demolición y el pago de la compensación por daño ambiental deberían anularse. E incluso, el permiso para la otra casa se podría dar.

Parece el final feliz de una película, pero en realidad no lo es. Resulta que, aunque es la Municipalidad la autoridad constitucionalmente nombrada para resolver el tema del uso del suelo y el permiso de construcción y que, sobre la base del estudio técnico hidrogeológico señalado, podría resolver, por lo general, no lo hace. Prefiere consultar a la Dirección de Agua del MINAE o la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. Y allí comienza el calvario. Ambas direcciones, a pesar de ser del mismo Estado, tienen posiciones diferentes y la solución del caso va a depender de muchas cosas, incluso judiciales y llevará mucho tiempo.

Como vemos, a pesar de que se dilucide la injusticia ambiental, la justicia real podría llevar mucho tiempo en concretarse. Así, los sueños y las vidas de las personas quedan truncadas, como suspendidas en el tiempo, por culpa de una engorrosa, ilógica y absolutamente bur(r)ocrática tramitología que, la verdad, es enemiga de la gente y del ambiente. Es decir, que prácticamente no sirve para nada positivo.

Estado confiscatorio y ladrón: existen muchos ejemplos como los señalados, no solo en tema de aguas, sino, también en muchos otros temas, como, por ejemplo, con bosques y el patrimonio natural del estado, en la definición de humedales, en la delimitación de zonas de protección no oficializadas o sin fundamento técnico para ello.

Son muchos los casos en que los propietarios prácticamente pierden sus terrenos en la realidad, pues, aunque el mismo siga a su nombre, en ellos no va a poder hacer nada y o si lo hacen será de forma ilegal. Esa es la realidad de un sistema y un estado que sobre la base de espesas marañas tramitológicas y normativa sancionatoria, “confisca” la propiedad privada y prácticamente la “roba”, pues no permite a su propietario hacer uso de esta según las condiciones ambientales del terreno.

Y como se podrá notar, el desarrollo de plataformas digitales de información, dizque “muy modernas y ágiles” lejos de beneficiar a los ciudadanos, más bien los afecta. La razón de esto es muy simple, el sistema computarizado no es el problema, el problema está en la información con que el Estado y sus instituciones lo alimenta. Se trata de información poco precisa, a diferentes escalas, sin corroboración de campo y carente de certeza en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, eso no se les informa a las municipalidades ni a las otras instituciones que consideran la información como válida y oficial y toman decisiones a partir de ella. Algo que debe ser solucionado lo antes posible.

Desconocemos con precisión la cantidad de casos, como los ejemplos mencionados que se han presentado y están vigentes como expedientes en sede judicial. No obstante, por los datos del Tribunal Ambiental Administrativo, de la Dirección de Agua, del SENARA y en consideración de la base de información ambiental existente, se estima que se trata de miles o decenas de miles de casos que van a sobrecargar aún más al Poder Judicial. Algo que puede ser resuelto por otras vías completamente diferentes y sin que se gasten tantos recursos económicos y humanos, así como tantos años de incertidumbre y paralización.

Hacia una solución integral: como hemos señalado, existe una solución concreta e integral que realmente permita utilizar los sistemas computarizados y las bases de información detallados para solventar este enorme problema de la “injusticia ambiental bur(r)ocrática”. Y no se trata necesariamente de cambiar las leyes existentes, sino, más bien, de eliminar, depurar, simplificar y hasta sustituir toda la normativa regulatoria (decretos ejecutivos, oficios, resoluciones, memorándums, lineamientos y otros) para cada uno de los sectores y subsectores.

Es indispensable adaptarse a los tiempos actuales y depurar todo el sistema para que opere de una forma más eficiente. Todo eso es posible hacerlo y empezar a ejecutarlo en al menos el 30 % del país en un plazo de meses. Como hemos dicho, sobre esa base y un sistema de Permiso Ambiental Integral automatizado fundamentado en inteligencia artificial es posible y realista pasar los trámites de permisos para proyectos de inversión y desarrollo, de cuatro años promedio a solo cuatro semanas.

Se trata de un asunto de trascendental importancia para nuestro país, pues sin ese cambio, sin esa transformación, no es posible promover inversión y desarrollo y, sin esto, tampoco se puede activar y hacer crecer la economía de Costa Rica. Se trata de un asunto prioritario para el bien efectivo de la gente y el ambiente. En consideración de esto, nos ponemos a las órdenes de las nuevas autoridades de gobierno, pues sabemos que la tarea es mucha y el tiempo corto.

Planificación urbana y la des-planificación ambiental del territorio en Costa Rica

Uno de los mayores problemas ambientales que afecta a Costa Rica y a otros muchos países es la ausencia de una correcta y efectiva planificación estratégica, incluyendo como parte de esta, el ordenamiento y la planificación territorial.

Hemos señalado en nuestros escritos previos (ver: www.allan-astorga.com) que esta es la herramienta fundamental para combatir el Cambio Climático y el deterioro de la Ecosfera terrestre. Además, es vital para la sobrevivencia humana y para garantizar el progreso de su economía con una verdadera sustentabilidad ambiental.

Planificación urbana: este tema, por su parte, es un asunto completamente diferente. Aunque originalmente se planteó de una forma disímil, se convirtió en una forma humanamente egoísta y avariciosa de ordenar y planificar el territorio con fines depredadores por parte de la actividad inmobiliaria y constructiva. Es decir, un desarrollo sin sustentabilidad ambiental real.

En Costa Rica se hace planificación urbana desde hace más de medio siglo. Los resultados están a la vista.

Situación del país: en la Gran Área Metropolitana (GAM) se han urbanizado y se siguen urbanizando las laderas de las montañas del sur y de norte del Valle Central. Esto, a pesar de que se trata de zonas de graves riesgos geológicos (terremotos, laderas inestables, fallas geológicas activas) y susceptibles a graves efectos del Cambio Climático (deslizamientos, inundaciones y flujos sedimentarios).

Cuando se advirtió eso, hace más de 10 años, con los estudios del PRUGAM (Plan regional urbano de la GAM), la presión de los sectores inmobiliarios y de construcción llevó a que el INVU no aprobara el PRUGAM a pesar de que había obtenido la aprobación ambiental por parte de la SETENA.

Se generó así un gran daño a la población de la GAM. Todo para que los intereses del sector inmobiliario y de la construcción se mantuvieran con sus objetivos de siempre.

La misma situación ocurre en todo el país. Incluyendo las llamadas ciudades intermedias como San Isidro de Pérez Zeledón, Ciudad Quesada, Turrialba, Limón, Guápiles, Gran Puntarenas y Liberia. Y también en los centros urbanos más pequeños la situación es muy similar.

Solo en la GAM, para el año 2008, identificamos más de 1.000 zonas críticas de construcciones en condiciones de alto y muy alto riesgo. Lugares como La Trinidad de Moravia, la urbanización Valladolid en Desamparados y la misma Quebrada Lajas de Escazú, donde un deslizamiento y el desarrollo de un flujo provocó la muerte de 24 personas incluyendo a cuatro niños.

Algo que pudo haberse evitado si los intereses económicos no fueran la única prioridad de la planificación urbana.

Condición de riesgo: la situación de peligro ante desastres de las construcciones en la GAM se ha agravado aún más en la última década. Ya para el 2008 nuestros estudios señalaban que cerca del 25 – 30 % de todas las edificaciones se encontraban en esas condiciones de alto y muy alto riesgo. Algo que ha subido en al menos un 10 % más en últimos 14 años.

Las construcciones se han seguido desarrollando en sitios no aptos. Con la enorme gravedad de hacer que las personas adquieran costosas y eternas (y heredables) hipotecas para adquirir una casa cuya seguridad es muy dudosa y que, en el caso de un evento de desastre que la afecte, haciéndola inhabitable, tendrán que seguir pagando a los bancos.

Bancos que ya le han cancelado a los inmobiliarios y los constructores quienes no se considerarán, salvo en raras excepciones, responsables de los daños y las consecuencias de esos desastres. Una clara muestra de los verdaderos intereses de esos sectores.

Interés económico predominante: intereses que ahora, nuevamente, van a hacer retroceder al país más de 25 años, restaurando por completo la planificación urbana de alto interés económico y enterrando el avance que había dado el país en materia de ordenamiento ambiental del territorio.
A tal grado de extremo cinismo ha llegado la posición de quienes defienden esos retrógrados intereses económicos de los sectores inmobiliarios y de construcción que lograron engañar a los magistrados de la Sala Constitucional. Les dijeron la mentira de que no había planes reguladores debido a la existencia de la metodología para introducir de la variable ambiental en los planes reguladores, vigente desde el 2006.

Algo absolutamente falso, pues mientras que la SETENA otorgó más de 45 viabilidades ambientales desde el 2006 a sendos planes de ordenamiento territorial, el INVU solo logró aprobar 7 planes reguladores, cuatro de ellos generados por el PRUGAM para los cantones de Paraíso, Oreamuno, El Guarco y Cartago. La evidencia es contundente.

Desde que se publicó el Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE y, especialmente, desde que se otorgó la viabilidad ambiental al PRUGAM, hemos dado una desigual lucha contra esos intereses económicos por mantener en vigencia el Ordenamiento Ambiental y la Planificación Territorial. Sin embargo, ahora parece que los sectores inmobiliarios y de construcción han ganado.

Un nuevo decreto ejecutivo será publicado para instaurar una metodología que sustituya la de los índices de Fragilidad Ambiental (IFA). Y aunque, en dicha metodología, se hable del tema ambiental y del Cambio Climático, la verdad es que se está restaurando, nuevamente, la simple planificación urbana para satisfacer los intereses de los inmobiliarios y los constructores. A este respecto llama mucho la atención el papel que ha jugado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y no así, del Ministerio de Ambiente y Energía. Algo que nos debería llamar la atención de por dónde va el interés con esta metodología sustitutiva.

Tutela constitucional de protección del ambiente: la metodología sustitutiva es tan permisiva que, si los cráteres de los volcanes no fueran parques nacionales, posiblemente serían urbanizados.

La situación señalada deja en un lugar muy incómodo a los gobiernos locales y sus comunidades, sobre todo aquellos que tienen mayor conciencia por la protección del ambiente y los recursos naturales. Ahora, como sustituto de los reglamentos urbanos del INVU y que siguen la línea del “desarrollo urbano” a mansalva, tendrán planes reguladores al gusto de los intereses de los sectores inmobiliarios y de la construcción. Es decir, prácticamente se quedan sin alternativa, salvo que, por autonomía municipal, fijen sus propios lineamientos según lo permite la Ley de Planificación Urbana.

Los planes reguladores serán prácticamente impuestos, según una metodología de integración de la variable ambiental que, a todas luces, desprotege el ambiente y favorece un desarrollo urbano basado en la especulación inmobiliaria y el desarrollo indiscriminado de construcciones donde “exista más plusvalía” y, no necesariamente, menor fragilidad ambiental.

Sobre este asunto, el autor escribió, en noviembre del 2021, a todas las municipalidades del país para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo y explicando la gravedad que implica el cambiar la metodología de integración de la variable ambiental en los planes reguladores. Al respecto, es de gran importancia que los ciudadanos y sus gobiernos locales reflexionen sobre el futuro de su cantón o distrito y equiparen el derecho de la naturaleza al de las comunidades. No hacerlo representa sacrificar el futuro de su hogar común.

Decepcionante paradoja: llama poderosamente la atención que una administración de gobierno que se ha ufanado de ser protectora del ambiente venga ahora, precisamente, al final de su gestión ha lograr una acción tan decepcionante y desafortunada. Algo por lo cual será recordada para siempre, incluso por las generaciones futuras.

Y resulta paradójica en la medida de que, como hemos señalado insistentemente, la forma de salvar y ayudar a la vida de la Ecosfera terrestre y a luchar, de forma seria, contra el Cambio Climático, es el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio. Sin este proceso, debidamente bien realizado, no se va a lograr ralentizar o revertir el desastre que se aproxima.

Oportunidad de modernización total: pese a eso, y en medio del desastre, se abre una oportunidad de cambiar ese grosero error y cambiar todo el sistema imperante, para, no solo, reestablecer el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio de forma correcta, sino, también, para agilizar e impulsar el desarrollo socioeconómico sustentable de nuestro país. Se trata de un tema de gran visión y de inteligencia, características que, desafortunadamente, las autoridades que pronto se van, parecen tener una seria limitación.