Megaproyecto de APM Terminals: Interrogantes ambientales y alternativas de solución

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. Por: Allan Astorga Gättgens.

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es un megaproyecto portuario de aproximadamente $1000 millones de inversión, dada en concesión (30 años) por el gobierno de Costa Rica a una empresa holandesa (licitación con un solo oferente, lo cual es un aspecto de cierto cuidado para el Estado Costarricense). Se pretende construir una isla artificial (como la Sabana), en el sector oeste de la Bahía de Moín. Pese a que hay un contrato firmado, el único compromiso pendiente por parte de la empresa concesionaria es demostrar que dicho megaproyecto es ambientalmente viable, algo que, desafortunadamente para muchos especialistas, tiene serios cuestionamientos.

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. En ese caso expliqué lo que significaba dicha viabilidad potencial al plan, y subrayé la relevancia de que eso no implicaba que el megaproyecto se pudiera construir, sino que su compromiso era realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que demostrara su viabilidad.

En otros artículos he insistido también en la necesidad de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de desarrollo portuario Limón – Moín, hasta el punto de que colaboré con el Estado (ad honoren y por responsabilidad profesional) en la preparación de los términos de referencia para su realización. Algo que, después de años, sigue sin realizarse, lo cual es sumamente frustrante: el país sigue creándose problemas teniendo herramientas técnicas para evitárselos.

Precisamente por esa responsabilidad profesional me di a la tarea de revisar con sumo cuidado y detalle el extenso EsIA presentado por la empresa y elaborado por el Centro Científico Tropical. Es un documento de 1200 páginas y una gran cantidad de anexos técnicos. Como producto de esa revisión llegué a la conclusión de que el EsIA no logra demostrar la viabilidad ambiental del megaproyecto. Por el contrario, a pesar de ciertas limitaciones que tiene el Estudio, deja en evidencia que su eventual aprobación, con el diseño que tiene, significaría grandes daños ambientales a la costa caribeña de gran parte de la provincia de Limón, haciendo que los beneficios del megaproyecto sean mucho menores que el costo ambiental de los daños que podría producir.

Los impactos ambientales negativos que se producirían son muchos, pero hay unos que son críticos y que hacen que el balance costo beneficio ambiental del megaproyecto tenga un cotejo claramente negativo. Algunos de esos grandes impactos incluyen: a) el dragado de más de 10 millones de m3 de lodos marinos que serían desechados en el mar, frente a Limón, y que provocarían una cadena de impactos ambientales negativos, como el arrastre del sedimento hacia la costa caribeña sur (Cahuita, Manzanillo y Gandoca, con posibilidad incluso de llegar hasta Bocas del Toro en Panamá, causando un daño transfronterizo); b) ese impacto tiene el agravante de que, solo para la primera etapa del megaproyecto, perduraría por 3 años, con lo cual se afectarían durante un largo tiempo los ya impactados arrecifes coralinos de la costa del Caribe al Sur de Limón, la pesca y también las actividades turísticas de la zona que dependen de la buena salud de estos arrecifes; c) desarrollo de 11 tajos submarinos para extraer más 5 millones de m3 de arena para rellenar la isla artificial, que además de los impactos en los ecosistemas marinos provocará: d) afectación del equilibrio ambiental de la costa Caribe Norte, particularmente de las áreas de Tortuguero y de los sitios de anidación de tortugas; e) afectación por procesos erosivos de varios kilómetros de la costa de Moín, con afectación de los ecosistemas marinos y f) afectación en el río Moín y los humedales que lo colindan, entre otros.

El mayor problema con estos impactos es que se darían durante mucho tiempo para cada una de las fases del proyecto, por lo que muchos de ellos, por su duración y magnitud, tendrían que ser calificados como daños ambientales irreversibles. Esta situación de deterioro ambiental que se daría en la costa Caribeña debe balancearse respecto a la apertura de menos de 500 plazas de trabajo que ofrece el megaproyecto.

Esta situación llevó al autor, junto con el abogado Alvaro Sagot y el geógrafo Mauricio Álvarez, a presentar ante la SETENA (el 03.09.2013), una Petitoria de No Otorgamiento de Viabilidad Ambiental. En ese documento aclaramos que no se trata de estar en contra del desarrollo socioeconómico de Limón y de la infraestructura portuaria del país. Todo lo contrario. Pero dicho desarrollo no debe significar un sacrificio ambiental tan grande para Limón y para el país, e incluso más allá de las fronteras, hacia Panamá.

Consecuencias: el asunto es sumamente delicado, pues mientras la viabilidad ambiental (VA) no se otorgue, nuestro país no tiene responsabilidad, no obstante, al momento en que dicha VA se apruebe, el contrato de concesión ya firmado se revierte, y hace que el país asuma casi toda la responsabilidad en el caso de que el megaproyecto no pudiera ejecutarse por alguna causa ambiental.

Así, nuevamente el país se expone a una demanda, como en el caso de Crucitas o de OAS (carretera a San Ramón), solo por mencionar las dos más recientes y llamativas. La conducta de nuestras autoridades en relación a la refinería china se puede añadir a esta larga lista de infortunios.

Ante esto, es claro que la decisión sobre la VA del megaproyecto, y los daños y sacrificios ambientales que significa, requiere ser revisada con sumo cuidado y de la manera más transparente y abierta, y no solo por un ente técnico de la SETENA o un grupo de entidades escogidas “a dedo” para que revisen el EsIA, algunas de las cuales con solo limitarse a señalar “que cumple con los términos de referencia de la SETENA”, como hizo la UNA, lo cual no es suficiente.

Alternativas de solución: al analizar con detalle el megaproyecto y sus consecuencias ambientales, es claro que el diseño original del mismo, respecto a su ubicación, contiene un grave error. No se contempló la imponderable de que el sitio seleccionado no parece ser apto para la ubicación de la megaestructura, lo cual hace que sus efectos ambientales adquieran grandes dimensiones. Si un fondo marino no es rocoso, sino lodoso, no hay estudio técnico que valga, y todo se resume a una cuestión de sentido común del que parecen adolecer nuestras autoridades ambientales desde hace ya varios años.

No obstante, hay vías de solución, que incluso pueden aprovechar gran parte de los estudios técnicos hechos hasta ahora para plantear un diseño diferente, que cambie de ubicación el muelle artificial y lo localice sobre un sustrato más duro. Es decir, como una prolongación de los muelles actuales. En este caso, se limitaría mucho el aporte de sedimento y el megaproyecto podría “sembrar” arrecifes como medida compensatoria. Inclusive, la alternativa debería llevar a que el megapuerto sea desarrollado de forma conjunta entre el Estado y la empresa, de manera que se eviten las confrontaciones que se han dado hasta ahora, que lejos de incluir, han sido excluyentes. La posibilidad de entrar a discutir el rediseño del megaproyecto debería emparejarse con la realización de la EAE del Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín, de manera que la sociedad debidamente representada sea protagonista de las decisiones estratégicas, incluyendo las ambientales. Solo así podremos hacer avanzar y progresar a Limón y al país.

Una y otra vez nuestras autoridades se están convirtiendo en hacedoras de problemas en vez de solucionarlos con las herramientas técnicas que tienen a su disposición. Tienen la palabra. *Geólogo, exsecretario general de la SETENA.

Competitividad mal entendida

Recientemente, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto No. 37803 para modificar el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Los cambios tienen como objetivo eliminar el trámite de EIA para una serie de proyectos. El fin, se supone, es que la Setena sea más eficiente y pueda atender los proyectos de mayor impacto, “mejorando” de la competitividad. El tema merece ser analizado con mayor profundidad. Débil criterio. Partir de la premisa de que la EIA puede ser más eficiente si se elimina el trámite para una serie de proyectos, sin contar con un verdadero sustento técnico, es erróneo y lleva a una especie de sacrificio ambiental que agrava los problemas a mediano y largo plazo. Esto sin mencionar que se irrespeta el principio de no regresión, que impide desmejorar las normas ambientales en detrimento de la protección del medio.

Resulta paradójico que el principal argumento del Poder Ejecutivo para eliminar la EIA en ciertos proyectos sea la carga de trabajo que representan para la Setena. Ese argumento en materia ambiental o de salud, entre otras, no tiene fundamento, en particular por el hecho, poco conocido, de que desde el 2008, el decreto 34536 permite a la Setena trasladar el costo del trámite de EIA al interesado.

Así, la solución a la capacidad de respuesta de la Setena no puede ser, bajo ninguna circunstancia, eliminar el requisito de la EIA a ciertos proyectos, sino aumentar su capacidad de respuesta, incluso, y en caso necesario, subiendo las tarifas de EIA.

Otras contradicciones. Pero hay más: en el caso de los proyectos que deben presentar el formulario D2, en vez de resolver los problemas de ese requisito, ya señalados por la Contraloría (Informe Nº DFOE-AE-IF-02-2010), se agravan, pues aumenta el número de proyectos que deben presentarlo en lugar del formulario D1.

El que se incluya la localización del proyecto en un sistema de información geográfica (SIG) no representa ninguna ventaja, pues no se cuenta todavía con la cartografía digital oficial de las zonas ambientalmente frágiles definidas desde el año 2004. En eso el Minae ha fallado como ente rector. Todo esto sin contar con la ya seria crisis en que se está convirtiendo la aplicación obligatoria de la Matriz del Senara, que el Minae parece ignorar con este decreto.

Otro grave aspecto del decreto es la definición de actividades de muy bajo impacto ambiental. En vez de presentar una lista, deja el asunto a la discrecionalidad, lo que abre las puertas para muchas arbitrariedades.

Pero lo más grave es que define dentro de esa categoría cualquier actividad que se encuentre en operación y con solo renovar sus permisos ante otras autoridades, quedan eximidas de presentar un requisito de evaluación que las sujete a control ambiental.

Así, de un plumazo, el Poder Ejecutivo le pasa por encima al Transitorio II y al artículo 59 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), abre un enorme agujero para que incluso actividades nuevas, que no hagan trámite de EIA, puedan, si logran permisos de otras autoridades como el Ministerio de Salud y las municipalidades, evitar cumplir con ese requisito que establece como obligatorio el artículo 17 de la LOA.

Efectiva competitividad. La solución a los problemas de la competitividad del país, no consiste en disminuir la eficiencia del sistema de EIA. El problema se resuelve aumentando la eficacia de la Setena y su capacidad de respuesta.

La Setena no puede seguir siendo una entidad que “castiga” a los proyectos de bajo y moderado impacto con trámites excesivos y largos plazos de respuesta, mientras tramita los de alto impacto con demasiada despreocupación. El caso de la nueva Refinería es un ejemplo.

Además, en el tema de los planes reguladores, la Setena y el Invu se han convertido en los mayores escollos para que el país cuente con un ordenamiento territorial. Eso es absolutamente contraproducente para la sociedad, pero beneficia a unos pocos que pueden seguir desarrollando proyectos prácticamente en cualquier lugar.

La mejora a la EIA debe surgir de una instancia de amplia participación, como la Comisión Mixta, y no de manera arbitraria mediante un decreto ejecutivo, que aunque se consultó, al final quedó muy similar a como fue originalmente planteado. Al final, solo se cumplió un requisito.

La mejora de la Setena, está claro, debe venir del Poder Legislativo y es urgente, en la medida que debe ser convertida en una entidad autónoma, con sus propios recursos, a fin de que cuente con total libertad técnica para actuar, sin intervención política. Solo así podrá ser objeto de una completa reorganización, para que cumpla el objetivo de tutelar al artículo 50 constitucional.

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.

Setena ¿evoluciona?

La primera prueba de que en la Setena las cosas no andan bien es que sea la viceministra del Minae, la Licda. María Guzmán, quien responda a mi artículo: “Setena requiere una transformación” (LN: 03.07.2013), firmando como coordinadora de la Comisión de Modernización de la Setena. Al ser un ente de desconcentración máxima, con “autonomía técnica” otorgada por la ley, debiera ser el secretario general, o su Comisión Plenaria, el que dé las aclaraciones sobre lo que está sucediendo y no quien, a nombre de René Castro, la está interviniendo. En segundo lugar, la nota de la viceministra Guzmán recuerda la situación que dice que, cuando no se tienen argumentos para debatir el mensaje, se ataca al mensajero. En su artículo, la Licda. Guzmán señala en un par de ocasiones que mi persona apoyó al Minae en el desarrollo de instrumentos y procedimientos técnicos de evaluación de impacto ambiental (EIA), que termina calificándolos como una “telara-ña”.De nuevo, nos parece que la señora viceministra no tiene mucha claridad conceptual sobre el papel de la Setena. La remito a la definición que da la LOA del daño ambiental, para que comprenda de lo que estamos hablando: un daño cuyas características ningún otro daño posee, al ser colectivo, cultural, económico y ético.

En mi artículo, en ningún momento critico los instrumentos y procedimientos de EIA, que, de paso, le aclaro que son una obligación legal, según norma la Ley 8220, siendo la Setena una de las pocas instituciones del Estado que dispone de un manual técnico que permite a cualquier ciudadano conocer y poder revisar si dichas normas y procedimientos se están aplicando con eficiencia y transparencia.

Forma de aplicación. En este caso, el “frío no está en la cobijas”. El problema de la Setena no está en los procedimientos e instrumentos de EIA, está en la forma en que se han aplicado. Precisamente, la revisión de la forma en que ejecutó la Setena el trámite de EIA de proyectos como el de Crucitas y la refinería, a la luz de dichos instrumentos, es lo que ha permitido identificar las irregularidades cometidas. De manera que es claro que el problema no está en la “caja de herramientas”, sino en el mecánico (la Setena), y lo que la dejan hacer, o no, las entidades que la intervienen.

La viceministra Guzmán señala: “El Estado, el Poder Legislativo y los ciudadanos deben decidir, de una vez por todas, cuáles actividades serán consideradas viables en el país, en todo sentido de la palabra, incluyendo aspectos sociales, ambientales y económicos”.

Y añade: “Lo que se requiere, no Setena, sino el país en general, es definir en qué actividades basará su futuro crecimiento económico y cuáles procedimientos utilizará para su autorización y fiscalización”.

Llama la atención que escriba eso, cuando sabe bien, como también René Castro, que desde el mes de junio del 2004, está reglamentada la Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas, Planes y Programas, instrumento que, después de casi diez años, el Poder Ejecutivo, pese a las múltiples solicitudes, no ha querido normar para que se aplique en las decisiones estratégicas del desarrollo de nuestro país, como, por ejemplo, la refinería y el Plan Nacional de Energía, y otra serie de temas claves ya señalados (LN: 20.05.2013). Lo que dice la viceministra es lo que fundamenta la EAE, y la remito a la lectura del Decreto Ejecutivo 31849, capítulo VII (Evaluación Ambiental Estratégica).

Decisiones inconsultas. Como podrá comprender el lector, el reclamo de la viceministra Guzmán no es de recibo, pues ha sido el Minae el que ha obstaculizado sistemáticamente la reglamentación de la EAE y, con ello, la apertura a discusión de los grandes temas claves para el desarrollo sostenible de nuestro país.

En su lugar, el Minae, con René Castro a la cabeza, y otras instancias del Poder Ejecutivo lo que han hecho es tratar de imponer decisiones inconsultas, y a “golpe de tambor” como Crucitas, la carretera a San Ramón, la refinería, la geotermia en Parques Nacionales y el Proyecto Diquís, sin que realmente se llevara a una discusión social y madura, dentro de una EAE.

Gracias a que esta sociedad está educada y es crítica de esas decisiones, se ha evitado, más bien, que los distintos políticos de turno lograran sus objetivos, los cuales nos habrían llevado desde hace tiempo a una debacle económica y social.

Visto así, debemos preguntarnos seriamente si la Setena está evolucionando o si, más bien, la institución está involucionando para que no cumpla su papel fundamental, que es garantizar la correcta y eficiente aplicación del instrumento de EIA como garante del artículo 50 constitucional. Agradecería a la señora Guzmán, al parecer designada para responderme, que nos iluminara al respecto, pero con argumentos de fondo, y no ad hóminem.

Alternativas a la nueva refinería

Dado el hecho que la decisión estratégica sobre la nueva refinería es impuesta por las autoridades de gobierno, sin llevarla a una verdadera discusión social, y con la única intención de aportar desde la perspectiva ambiental, se hace necesario plantear algunas alternativas que existen para avanzar en la disminución de la dependencia a los hidrocarburos que tiene nuestro país, y que alcanza una factura cercana a los $ 2.000 millones por año.

Biodiesel: el mayor porcentaje de esa factura se paga en el diesel que consume el parque automotor, principalmente el del transporte (camiones y buses). La acción inmediata debe ser entonces promover un reglamento que norme, incentive y regule la producción nacional y el consumo del biodiesel en sustitución gradual de diesel convencional. 

La premisa fundamental a cumplir es que la producción de biodiesel no compita con la producción agroalimentaria. El decreto debe contemplar la creación de una certificación de sostenibilidad que demuestre que los terrenos utilizados no se ocupaban en agricultura para producción de alimentos.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) de muchos proyectos que utilizan transporte que quema diesel debe incluir un compromiso de utilizar biodiesel como medida compensatoria ambiental.

Transporte: siendo la realidad que el mayor consumidor de hidrocarburos importados lo representa el transporte, es claro que las medidas alternativas deben partir de una estrategia integral que disminuya de forma gradual, pero acelerada, esa situación.

Tomando en cuenta que la mitad de la población se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), que padece desde hace mucho una “arterioesclerosis vial”, el primer gran paso es desarrollar un plan de descongestión vial con el uso de viaductos. No es posible que las principales carreteras terminen “chocando” contra los cuadrantes urbanos. No es posible que un autobús deba quemar diesel durante 10 o 15 minutos, mientras realiza un desplazamiento de tan solo una cuadra para salir de la congestión josefina en la que está inmersa su parada.

La aceleración del proyecto de un tren eléctrico interurbano, de doble vía, que represente una verdadera y eficiente alternativa del transporte público para los usuarios. La exoneración de impuestos para los vehículos eléctricos e híbridos, así como la sustitución de las unidades de autobuses por modernos autobuses que no quemen hidrocarburos (eléctricos, a base de gas natural u otras alternativas), mientras que los autobuses convencionales quemen gradualmente más biodiesel y menos diesel convencional.

Ahorro: en materia energética hay muchas acciones que es posible realizar. Desde la incentivación de la producción de energía solar, desde escalas caseras hasta grandes proyectos, en particular, en regiones del país con varias horas sol al día, es algo que se puede hacer desde ya. 

Incentivar con precios de energía más bajos para aquellas industrias, particularmente las grandes consumidoras, que favorezcan turnos de trabajo en horarios nocturnos, cuando el consumo de energía disminuye.

Incentivar por medio de la baja de precios los sistemas de iluminación y de aparatos electrodomésticos que ahorren energía eléctrica. Fortalecer las campañas de ahorro dentro de un marco de un esfuerzo conjunto, con la meta de la carbono neutralidad, y no solo promoviendo el esfuerzo de unos pocos.

Gas natural: se debe ampliar de forma sustancial la capacidad del país para almacenar hidrocarburos de forma tal que no afecte zonas vulnerables. Es posible ubicar sitios recomendables para este tipo de almacenaje. 

Se debe acelerar el cambio de las plantas térmicas que deben operar durante la época seca, para que quemen gas natural y no búnquer o diesel. Se debe establecer un sistema más eficiente y seguro de distribución del gas y promover su sustitución, por parte de muchas empresas, para que dejen de quemar hidrocarburos derivados del petróleo. Todavía está sobre la palestra la creación del Servicio Geológico de Costa Rica, para que sea una entidad nacional la que realice las investigaciones sobre el potencial de gas natural en el país.

Energías renovables: el país tiene todavía mucho potencial, pero requiere de una eficiente y efectiva planificación, ajustada a las proyecciones sobre los efectos del cambio climático en las próximas décadas. Esas proyecciones nos dicen que va a llover más en la vertiente Caribe y menos en la Pacífica. Siendo así, el desarrollo de hidroeléctricas debe programarse con esta base y con un eficiente fundamento de ordenamiento territorial, y criterios de manejo integral de las cuencas hidrográficas, para que estas no se dañen por un desarrollo caótico y rapiñero de este tipo de proyectos.

La geotermia fuera de los parques nacionales, así como la geotermia de baja entalpía deben ser impulsadas. Así como el desarrollo de proyectos eólicos y solares, particularmente en los territorios del sector del Pacífico. Aquí nos falta un plan estratégico y una decisión social equilibrada sobre el plan a ejecutar.

Un efecto altamente positivo de que esos más de $ 2000 millones que salen del país anualmente por compra de derivados del petróleo se queden dentro del país, es que permitirían aumentar las inversiones en esa materia y, por tanto, aumentar el empleo derivado del tema de energía.  Algo que suple uno de los principales argumentos esbozados por Recope para defender la nueva refinería.

Dentro de este marco -impulsado por una serie de decretos ejecutivos bien respaldados con acciones concretas por medio de la administración pública- se podría acelerar el objetivo de disminuir a corto, mediano y largo plazo, la factura petrolera del país, y de esa manera avanzar hacia el objetivo de la carbono neutralidad.

Lo aquí señalado es un aporte al que se deben unir otros muchos, para discutir dentro de un proceso realmente participativo y de decisión, como lo que hemos estado señalando desde hace tiempo, dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía del país. De forma tal que sea la sociedad la que tome las decisiones claves, y que estas no le sean impuestas por un grupo de políticos de turno, cuyos intereses no quedan del todo claros, y que toman decisiones que terminan en desgastantes ocurrencias llevadas ante los tribunales de justicia.