Piña vs agua: El costo del sacrificio ambiental

Ante un reciente reportaje del Programa “7Días” sobre pros y contras del cultivo de piña intensiva en Costa Rica, y dadas las imprecisiones allí manifestadas, se hace necesario hacer algunas aclaraciones.

Efectivamente, los cultivos intensivos de piña producen una serie de impactos ambientales. Entre ellos se cita la afectación de áreas de protección cauces, la corta de árboles, el incremento exponencial del factor erosión de los suelos, el aporte de sedimentos a los ríos y un serio impacto en el paisaje.

Pero esos impactos no son los principales, el más importante y de verdadero efecto negativo se refiere a la afectación de las aguas subterráneas o los acuíferos. En efecto, la Piña “Sweet Gold” o MD2 requiere de una gran cantidad de sustancias químicas que se infiltran en el suelo (Nota 1).

Para comprender bien esto hay que saber que en nuestro país hay muchos acuíferos. Posiblemente se trata de uno de los recursos naturales más importantes que tenemos. Pero, además, es un recurso estratégico, porque las aguas subterráneas aportan un porcentaje muy alto del agua para el consumo humano (cerca del 70 %).

Lo otro que hay que comprender es que los acuíferos son vulnerables a la contaminación. Contaminación que proviene de las actividades que se dan en la superficie. Una de ellas es la agricultura y en particular la agroindustria como el cultivo intensivo de la piña.

El problema que existe con la piña agroindustrial o su cultivo intensivo no es que se siembre o no, sino el “paquete tecnológico” que utiliza para la producción. Revisando ese paquete tecnológico propuesto por la misma empresa Pindeco en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la controvertida piñera en Osa, muestra que el 80% de los agroquímicos que utiliza son tóxicos y contaminantes al suelo y las aguas (superficiales y subterráneas).

El problema es que esos agroquímicos se aplican durante toda la “vida útil” de la piñera, que puede ser muchas décadas. Este hecho produce un efecto ambiental acumulativo que se traduce en contaminación y daño ambiental a los acuíferos.

En el caso de la piñera en Osa, el mismo estudio hidrogeológico presentado como parte del EIA a la SETENA señala que sí se va dar contaminación al acuífero. Y, además, señala que se producirá una pluma de contaminación de 4.000 metros de ancho y 1.500 metros de longitud, moviéndose hacia el Humedal Térraba Sierpe, con el cual el Acuífero tiene conexión hidráulica, es decir, que tarde temprano la contaminación podría llegar al Humedal.

A los empresarios de la piña, a las cámaras y a la misma gente del MAG, para defender la actividad, les gusta a menudo usar números. Dicen que produce empleo (se estima que dos trabajadores por hectárea) e importantes ingresos por exportaciones, así como el pago de impuestos. Así, suena como un muy “buen negocio”. No obstante, cuando se les cuestiona sobre el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDH) en los cantones piñeros, ahí, los señores empresarios se muestran más evasivos: son los cantones con el menor IDH comparados con cantones sin piña.

Pero también, desde el punto de vista ambiental, se pueden hacer números. La pregunta sería cuál es el costo aproximado del potencial daño ambiental a un acuífero. A modo de ejemplo, en el caso de la piñera en Osa, considerando el mismo estudio hidrogeológico aportado por la empresa, y usando un espesor de 30 metros para el acuífero y un 25 % de porosidad, nos damos cuenta que el volumen de agua que se contaminaría sería de 45 millones de metros cúbicos. Si estimamos el costo de depuración de esa agua subterránea contaminada (aproximadamente $500 / m3), sería de algo más de $20.000 millones.

Como se puede ver el costo beneficio socioeconómico no está bien hecho (aunque lo haga una entidad muy cercana al gremio empresarial como el INCAE), si no considera el tema del costo ambiental. No estamos muy seguros que el INCAE incorpore en sus programas a especialistas en gestión y evaluación ambiental, por lo que su estudio sobre la piña puede adolecer de algunos importantes vacíos. 

Visto desde un enfoque mucho más integral, el negocio no parece ser tan bueno para el país, pues los beneficios socioeconómicos que se obtienen se hacen a costa de un grave sacrificio ambiental. Uno más, que se suma a otros muchos sacrificios ambientales que se originan cuando las decisiones políticas se imponen a las decisiones técnicas y científicas. Por lo visto, muchos de nuestros políticos ignoran, cuando toman decisiones, lo que dice el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que señala que se debe cumplir con principios de lógica, ciencia y técnica.

Vías de solución: nuevamente, no se trata de que no se haga nada, sino que las actividades productivas se realicen cumpliendo el Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com). En el caso de la piña, hay dos alternativas: la primera que la producción de la fruta modifique el paquete tecnológico para producir una piña más ecológica que realmente represente la “marca país”. La otra solución es que, con criterios de ordenamiento ambiental territorial (ver Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE), se localicen terrenos realmente aptos para el cultivo de piña intensiva, y se descarten otros donde el impacto sería mayor. A la fecha no se cuenta con alguna clasificación ambiental de suelos, por lo que la piña se extiende por doquier de manera totalmente irresponsable, sin dar un cumplimiento efectivo a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

Esto último es posible, pero debe cambiarse el paradigma de comprar primero las fincas, para luego hacer los estudios técnicos y solicitar la Viabilidad Ambiental, algo que nos afecta a todos: empresarios, instituciones, ciudadanos y, en particular, a nuestra Naturaleza, el ambiente y sus cada vez más limitados recursos naturales, como el agua.

Además, dado que el tema de la vulnerabilidad acuífera del terreno es el factor clave, y dado que tanto la Sala Constitucional, como el mismo Tribunal Contencioso Administrativo han recalcado la importancia de aplicar la Matriz del SENARA, como criterio para decidir el uso del suelo y la intensidad de ese uso, se hace indispensable que tanto las nuevas plantaciones que se planteen, como las ya existentes, deban revisar la condición de vulnerabilidad de los fincas donde se ubiquen a fin de que establezcan medidas correctivas, preventivas y dado el caso, compensatorias.

En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha:

“¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ” (Nota 2). 

Este tema debería ser tomado en cuenta por los mismos importadores, pues es clave para certificar cuál es el costo ambiental de la piña que están comprando. En Costa Rica es posible producir piña ambiental y socialmente sustentable, solo se ocupa anteponer la ciencia y la técnica, por encima de las arbitrarias decisiones políticas que se olvidan que nuestra naturaleza y nuestro ambiente no son infinitos, sino muy limitados.

Nota 1: En el anexo XII, p. 57 de este documento publicado por la Unión Europea se da la lista de todas sustancias químicas requeridas. El texto está disponible en: http://pip.coleacp.org/files/documents/IT-AnanasMD2%2012-2011-02-1-UK.pdf

Nota 2: Véase nuestro artículo ASTORGA A, “Manejo o control integrado de las aguas”, Mayo del 2011, La Nación. Texto disponible en: http://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2011/05/manejo-o-control-integrado-de-las-aguas

Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

 

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

 

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

 

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

 

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

 

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

 

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

 

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

 

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

 

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

 

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

 

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

 

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

 

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

 

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.

“Interestelar” y la cruda realidad

Hace algunos pocos años se proyectó una película denominada “Interestelar”, puede que algunos o muchos la hayan visto. Es una película futurista y transmite un importante mensaje a la humanidad, sobre el valor de nuestro planeta Tierra y, particularmente, del equilibrio ambiental del mismo, como una forma de sustentar la vida de todo tipo.

En la película se parte del hecho de que en algún momento del siglo XXI la humanidad, por diversas causas, incluyendo las guerras, había terminado de afectar muy seriamente el clima del planeta, haciendo que este estuviera “enfermo” y que, en condición de desequilibrio, ya no tuviera capacidad para sostener la vida, incluyendo la de los seres humanos.

 

Como buena película de Hollywood, en ese caso, se encuentra una salida casi “milagrosa”. Seres extraterrestres del futuro colocan un “agujero negro” que sirve de puerta hacia otra galaxia, donde se puedan encontrar algunos planetas que puedan tener algunas condiciones para ser habitados por humanos, y así, poder continuar con la especie. 

 

Aparte de que permiten encontrar una solución para que los seres humanos puedan abandonar la Tierra para irse a vivir en instalaciones espaciales habitables.

 

En la vida real la posibilidad de la “ayuda extraterrestre” para resolver los problemas que nosotros mismos le hemos creado al planeta es absolutamente nula para no decir fantasiosa. La explicación para ello es sencilla: nuestro planeta, particularmente la que llamaremos la Ecosfera, que junta a la Atmósfera, la Hidrósfera (incluyendo los océanos) y la Biosfera, ha sido afectada, en tiempos geológicos, de forma cíclica. Se ha pasado por muchas crisis, algunas muy graves, con grandes extinciones masivas de especies y, sin embargo, a pesar de todo, la vida en general, con nuevas especies, ha sobrevivido.

 

El problema es que esa sobrevivencia o recuperación se da en “tiempos geológicos” que se mide en miles o decenas de miles de años, en el mejor de los casos o en millones de años, cuando la crisis ha sido muy grave. Ninguna de ellas se ha resuelto, por lo que se sabe, con la “ayuda extraterrestre”, y la crisis que se aproxima tampoco va a ser la excepción.

 

La cosa en común que tenemos con el tema de fondo de la película citada es que, efectivamente, en los tiempos actuales del siglo XXI nos encontramos ingresando en una fase de crisis de la Ecosfera. Crisis que ha sido catalizada por la misma humanidad, no solo en lo referente al incremento muy significativo relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (como CO2 que ya alcanza las 400 ppm en la atmósfera), sino por otros factores igual de graves, como la afectación de los biomas continentales y marinos, al punto de llevar a algunos hasta una condición de “límite crítico”.

 

En pocas palabras, como hemos señalado en un reciente artículo “La Tierra se nos agota” (ver: www.allan-astorga.com) y seguimos sin tener conciencia de ello, dado que, por un lado, la prensa nos informa y reinforma sobre lo que llamaríamos la “problemática humana” que ocupa muy diversos temas, desde sucesos hasta futbol, pasando por guerras, farándula y otras muchas cosas que llenan nuestra vida, sin que nos logremos ubicar en la real perspectiva en que nos encontramos.

 

A lo largo de lo que sigue del siglo XXI, los problemas ambientales de todo tipo se van a seguir incrementando y tarde o temprano van a llegar a afectar la calidad de vida de todos. De allí la enorme importancia de tomar medidas desde ahora.

 

Hemos sido insistentes en señalar este punto, dado que todavía es posible tomar acciones para mitigar los efectos de esta crisis de la ecosfera que se nos aproxima o que ya se ha iniciado. El grado de intensidad con que esa crisis ecosférica afectará cada país o territorio en el mundo va a ser diferente e inversamente proporcional al grado de preparación que tenga cada sociedad para enfrentar las diversas manifestaciones que se irán presentando.

 

Como hemos recalcado mucho, no es suficiente que nos comprometamos “voluntariamente” a reducir las emisiones a lo largo del siglo, para que la temperatura de la atmósfera no suba más de 2º Celsius. Se hace necesario atacar el problema de manera integral y en varios frentes.

 

Aunque es un problema global, y lo ideal sería que las soluciones también lo fueran, en la práctica, cada país debe realizar los mayores esfuerzos por trabajar en el tema para estar lo más preparado posible. 

 

Esto, junto con la tarea de trabajar también en la mejoría de las condiciones de calidad de vida de su población y de su crecimiento económico. Por eso insistimos que se trata de nuestro principal reto, un reto que debe convertirse en el norte objetivo de nuestro modelo de desarrollo.

 

Modelo de desarrollo que, definitivamente, no puede estar basado solamente en “crecimiento económico” y “disminución de la pobreza”. Eso no es suficiente, aparte de que son los mismos argumentos que cada cuatro años, desde hace cerca de cuatro décadas, se levantan como principal consigna durante la época electoral.

 

Sobre esa “bandera de lucha” cada administración de gobierno, unas más que otras, lo que ha procedido a recetarnos es un sacrificio ambiental, aumentado el deterioro de nuestra Ecosfera y, lo peor de todo, sin cumplir los objetivos planteados. ¿Cómo es posible que la degradación de la calidad de vida de quienes vivimos en la GAM no sea objeto de discusión en una campaña electoral? 

 

Urgente. Cada año, desde hace más de 20, nos lo recuerdan los informes del Estado de la Nación y de la Región (centroamericana). Tampoco la situación se resuelve promoviendo una nueva Constitución. El reto que se enfrenta es un tema más serio que eso, y de allí que las soluciones se deben implementar en el menor plazo posible. Y siempre con visión de país y no de sectores particulares interesados. En el caso de Costa Rica, como hemos señalado, algunas de las soluciones prácticas y urgentes son las siguientes:

 

a.     Control ambiental eficiente y efectivo, de todas las actividades productivas, a fin de cumplir el Principio de Sustentabilidad Ambiental y de disminuir o eliminar la contaminación que todavía se produce en grandes cantidades.

b.     Ordenamiento y Planificación Territorial, a fin de gestionar temas clave como la protección y uso sustentable de los recursos hídricos, de las áreas silvestres protegidas, de las tierras para producción agrícola, del desarrollo costero y del desarrollo urbano ambiental y socialmente sustentable; así como la correcta gestión del riesgo y de la protección de la biodiversidad.

c.      Planificación Estratégica del desarrollo del país, con la dimensión ambiental integrada, según criterios de Evaluación Ambiental Estratégica. Algo que resulta urgente en temas de: energía, infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como en desarrollo turístico y de educación integral.

d.     Fortalecimiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y de la SETENA misma, para que, de forma efectiva, tutelen de forma eficiente el artículo 50 constitucional, bajo la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental, y

e.      Eficiente gestión de los recursos marinos de nuestro país, en su Zona Económica Exclusiva, cuya área es 10 veces mayor que el territorio continental y que se localiza en una de las zonas tropicales más biodiversas y ricas del mundo.

 

Con estos ejes estratégicos el país debe alinear su Modelo de Desarrollo, y de esta forma, garantizar la sustentabilidad ambiental de su crecimiento, cumpliendo los dos objetivos siempre planteados, pero poco cumplidos: crecimiento económico y combate de a la pobreza y el desempleo.

 

Ante la propuesta de un “Acuerdo Nacional” multipartidario para el “progreso del país” y al cual, por una razón que no entendemos, quedó fuera el tema ambiental, creemos que integrar lo aquí señalado resulta fundamental. Ello en aras de poder establecer un norte correcto para nuestro país que, como hemos dicho, tiene la oportunidad de avanzar y servir de ejemplo al mundo, en lo referente a cómo se debe afrontar el gran reto ecosférico del siglo XXI.

 

Ya es tiempo que el tema ambiental sea tema de campaña en Costa Rica. Ya es hora que dejemos de creer en las mismas frases vacías, y que tienen a nuestro país en la crítica situación que enfrenta desde la perspectiva ambiental.

La Tierra que se nos agota

En diversos escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos insistido en un tema que consideramos fundamental para la humanidad: desde el 2015, se alcanzó, a nivel planetario, un límite crítico (o seguridad) de afectación de los ecosistemas terrestres, lo que hace que, desde hace dos años, estemos “empeñando” nuestro futuro, en particular el de nuestros niños y de las generaciones que todavía no han nacido.

Hemos sido insistentes en recalcar que este debería ser el problema más importante que deberíamos enfrentar como Humanidad. Es tan grave, como los mismos efectos del Cambio Climático.

Estudio global: el estudio realizado que llegó a esa grave conclusión fue realizado a nivel planetario (“http://Science.sciencemag.org/content/353/6996/288”), y se detectó que 9 o de los 11 Biomas existentes en nuestro planeta han sido significativamente dañados por la actividad humana (agricultura, agroindustria y desarrollo urbano de todo tipo). 

Los Biomas tropicales, los más biodiversos, son de los más afectados. El límite crítico se estableció en un valor cercano al 60 % de “daño” o “sacrificio” ambiental producido.

Se considera como un “limite crítico” en la medida  en que el daño producido  es tal que la capacidad de recuperación (resiliencia) del Bioma o de los ecosistemas no logrará darse en tiempos humanos(sino geológicos). Dicho en otras palabras se está entrando, por así decirlo, en una fase de “no retorno”.

El estudio científico en cuestión, tiene sus limitantes e incertidumbres y señala la gran importancia de seguir completando información en todo el planeta, a fin de completarlo y mejorarlo. No obstante,  constituye una llamada de atención, que esperamos aún estamos a tiempo de tomar en cuenta. En particular a la hora de tomar decisiones “estratégicas” respecto al tipo de “Modelo de Desarrollo” que planteamos, de forma individual, para nuestros territorios: el país completo, o los cantones o partes de estos; como en el caso de Costa Rica. Donde también debemos tener en cuenta el tema de la Gestión del Riesgo, como complemento.

Situación de Costa Rica: en el caso de nuestro país, medir el grado de afectación que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas no es tan sencillo, en particular, porque se pone enfrente el argumento de que el país en las últimas décadas ha recuperado los bosques y que ahora tiene un 52 % de cobertura boscosa. Además, complementan esto, con señalar que aproximadamente una cuarta parte de nuestro territorio continental se encuentra en algún régimen de área silvestre protegida.

Sobre este esquema se nos vende la idea de que la “Costa Rica Esencial” es verde y que se encuentra muy bien con el “medio ambiente”, en particular, porque la mayoría de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables.

No obstante, esos datos tienen que ser mejor respaldados y detallados para poder conocer si, en nuestro país, estamos en una tendencia de mejoraría desde el punto de vista ambiental, o si, como el resto del mundo, nos encontramos en un proceso de deterioro.

Para revisar esos datos, hemos utilizado alguna información ambiental existente, vinculada al tema de la zonificación de fragilidad ambiental, y a uno de los instrumentos que permiten detectar el grado de “sobreuso ambiental” que estamos dando a nuestro territorio. Los datos indican que en el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) ese sobreuso alcanza en promedio un 41 %, con datos particulares para algunos cantones, que tienen datos de sobreuso de hasta un 70%.

Son cantones que, a la postre, se hundirán ellos mismos en una acelerada desmejoría de la calidad de vida de sus habitantes, y dejarán de tener atractivo alguno.

En el caso de un Litoral Pacífico, donde también fue posible realizar un estudio regional de zonificación ambiental, se encuentra que ese sobreuso ambiental actual alcanza un valor de 25 %, en promedio. En el caso de Limón, un cantón verde, el sobreuso alcanza el 17 %.

Aclaro que esos estudios tienen varios años de haber sido realizados, de manera que cualquiera de las dos circunstancias podrían estar sucediendo, que el sobreuso haya aumentado (algo muy probable), o que haya bajado. Nuevos estudios serían necesarios para determinar esta situación.

Lo que sí parece confirmarse es que sí existe una significativa afectación de los ecosistemas terrestres y que, muy probablemente, esa afectación se encuentre con una tendencia creciente, es decir, de deterioro.

La información sobre el hecho de que, por ejemplo, la expansión piñera en el país ha generado la pérdida de casi 5 mil hectáreas de bosque en una década es un “botón” de muestra de esta tendencia. A ese respecto el dato de 37.200 hectáreas de piña que proyecta el último censo agropecuario del MAG (2016) debe ser contrapuesto a las 38.000 hectáreas registradas en el 2008, cuando la piña generaba tan solo $487 millones. Algo extraño que ninguna regla de tres soportaría y que llama poderosamente la atención. 

Falta de conocimiento: se suma el hecho de que nuestras autoridades anuncian proyectos de ley para generar más “sacrificio ambiental” de nuestros ya debilitados ecosistemas. Proyectos que pretenden construir carreteras en zonas de humedales, o infraestructura vial nueva en áreas silvestres protegidas de cualquier categoría, o para meter tractores en parques nacionales para producir energía geotérmica, extraer recursos hídricos o construir un megapuerto como el del Canal Seco.

No tomar en cuenta el dato global y nacional de que los ecosistemas de nuestro planeta se están agotando, y que se está cerca de llegar a un punto crítico, es sumamente grave, pues para muchos, incluyendo importantes autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se sigue con la idea de que tenemos “una gran Naturaleza” y que sus recursos son “prácticamente inagotables”. Cuesta creer, por ejemplo, que nuestras autoridades no sepan del valor ecológico de los manglares  de nuestros litorales, que cumplen una importantísima función ecosistémica.

Como podemos ver, la realidad nos dice que eso no es así y que, en pocos años, o a lo sumo décadas, de seguir por esta grave tendencia, llegaremos a un punto de no retorno, que tendrá muy serias consecuencias para todos: pérdida de biodiversidad, crisis en la producción de alimentos (cantidad y calidad) provenientes del agro, alteración del paisaje y contaminación de recursos clave, como las aguas subterráneas, entre otros factores.

Como hemos señalado, dañar la Naturaleza es, por definición, una forma de dañarnos a nosotros mismos. De allí que urge tomar acciones concretas para detener el deterioro y, más bien, tratar de revertir la situación. Se lo debemos a nuestros niños y a las generaciones futuras.

Hay soluciones: como también hemos dicho, Costa Rica, como potencia mundial en biodiversidad, puede mostrar al mundo el camino a seguir para revertir esta grave situación de orden global.  Las acciones a tomar no son caras ni complejas: Ordenamiento y Planificación Territorial y Estratégica de nuestro desarrollo, Control Ambiental de las actividades ya existentes, dar un uso más eficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental como verdadera herramienta de implementación del Principio de Sustentabilidad Ambiental y promover la Evaluación Ambiental Estratégica, para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo socioeconómico del país. Sobre este último punto hay un dato interesante: pese a existir un Decreto Ejecutivo para normar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2004, todavía hoy no se ha normado, a pesar de existir un propuesta desde el año 2009.

El tiempo que queda para accionar en esa dirección y tratar de revertir este gravísimo problema es relativamente poco, algunos años a lo sumo. Por eso, la gran importancia de cobrar conciencia de la situación y de empezar lo antes posible. No se trata de generar alarmas, se trata de hacer conciencia y de actuar.

Acciones que, como es de esperar, también son de gran relevancia de realizar en nuestros océanos, donde también se ha registrado un gradual deterioro de los ecosistemas marinos como producto de la sobreexplotación pesquera, aleteo del tiburón, la pesca de arrastre y de la contaminación ambiental.

Es importante tener claro que, aunque se han dado esfuerzos por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino alrededor del mundo, para tratar de mitigar esta situación, dichos esfuerzos son laxos y lentos, es decir, que no son suficientes. Esto, por cuanto, el modelo de desarrollo que se impulsa, sigue sobre la premisa equivocada, y antes señalada, de que “nuestra naturaleza y sus recursos son casi inagotables”. Algo que, ya durante el resto de este siglo,  iremos descubriendo dolorosamente que no es así.

A propósito de las elecciones que se avecinan para el año 2018, este tema debería ser el eje fundamental, para hacer propuestas concretas para la mejora del futuro del país en todos los sectores de desarrollo: desde educación hasta la lucha contra la pobreza y el desempleo. Nuestro modelo de desarrollo debe ajustarse a esta cruda realidad para que sea verdaderamente sustentable ambiental y socialmente.

SETENA y EIA eficientes: la solución está en nuestras manos

Conforme pasan los años, las quejas contra la Setena se incrementan. Tienen que ver con su "eficiencia" y, vienen desde muchos lados que, para abreviar, diríamos que vienen de los dos extremos: los empresarios y los ambientalistas.

Casi a todos les falla: en proyectos o grupos de proyectos, por cómo se tramita (algunos proyectos que pasan de forma "express") y a otros que los mete en viacrucis de trámites que prácticamente los estrangula hasta casi extinguirlos por desidia.  

Pero, es común que confundamos lo que hace la Setena como tal y lo que es el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son dos cosas, muy, pero, muy diferentes.

Setena: es una institución del Estado que, tiene "desconcentración máxima" (o independencia de criterio), algo que casi todos han olvidado (y aplicado). Su responsabilidad es gestionar, como ente técnico, en teoría, ajeno a presiones políticas, de forma eficiente la EIA. Lo ha hecho de forma tan cuestionable, que no son pocos los que "quieren cerrar".

La SETENA tiene poco más de 100 funcionarios, pero menos de la mitad trabajan en el proceso de EIA, la gran mayoría realiza otras labores de índole burocrática. Tramita entre 3 a 3.5 mil proyectos por año. Casi toda la inversión que represente una construcción mayor de 300 m2, tiene que pasar por la SETENA.

Y esto último, no es antojadizo, parte de la forma en que está redactado el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la interpretación que del mismo, ha hecho la Sala Constitucional. Casi cualquier tipo de actividad humana es susceptible de realizar una EIA.

Por eso, el Modelo de EIA que debe aplicar la SETENA y que fue elaborado por una Comisión Mixta desde el 2002 a 2007, parte de la aplicación de los principios de proporcionalidad y de prevención, a partir del cual, se equipó a la SETENA, de un Reglamento General de EIA, y un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos, denominado Manual de EIA, que se divide en 5 partes diferentes. Cabe aclarar que, en este punto, la SETENA es una de las pocas instituciones del Estado, que cumple con la Ley 8820 sobre la publicación de sus procedimientos e instrumentos técnicos.

Evaluación de Impacto Ambiental: a diferencia de la SETENA, la EIA es un instrumento internacional de la Gestión Ambiental que tiene casi 50 años de existir. Aunque, para algunos resulte increíble, se visualiza como una herramienta económica, pues parte del principio de que es ocho veces más barato prevenir que corregir. Por eso la banca internacional, la solicita como un requisito fundamental para la aprobación de un proyecto.

Nuestro país se ha comprometido, desde los Acuerdos de Río de 1992 a aplicar la EIA como parte de la gestión del Estado. Algo que se fue plasmado en la Ley Orgánica del ambiente de 1995 y otras leyes sectoriales.

La EIA en breve, comprende tres pasos: a) la EIA inicial, con la cual se cruza el proyecto respecto a la característica ambiental del terreno y se determina la Significancia del Impacto Ambiental (SIA) a producir. Si la SIA es baja se aprueba. Si es moderada o alta, se pasa a la siguiente etapa: b) la realización de un estudio más detallado, o sea un Plan de Gestión o bien un Estudio de Impacto Ambiental. La fase final: c) es el más importante, pues comprende el Control y Seguimiento Ambiental de todas las actividades, obras o proyectos que obtengan Viabilidad Ambiental.

La EIA bien realizada, tal y como la gestionan la mayor parte de los países desarrollados, debe tener como meta la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com), y no, como algunos creen en Costa Rica, lograr que todos los proyectos se aprueben, como si fuera un simple sello de autorización. A estos últimos los remitimos a las buenas prácticas empresariales que se someten a la muy completa legislación ambiental elaborada por la Unión Europea.

Defectos de la gestión en Costa Rica por parte de la SETENA: el macroproceso actual de EIA, parte del fundamento de que el proyectista contrata y paga al equipo consultor para que le haga, tramite y justifique la EIA del proyecto ante la SETENA. La SETENA cobra, desde hacer 10 años, un monto por hacer el análisis de los documentos técnicos.

Pero este esquema ha producido dos serios defectos: a) la gran mayoría de los consultores al ser pagados por el mismo ente a cargo de un proyecto, se parcializan hacia este y su proyecto, con lo cual la EIA se debilita. Esto ha sido documentado por el autor en un reciente artículo publicado en la Revista Geológica de América Central (volumen: 55: “Los problemas de efectividad del proceso de EIA deCosta Rica…”:195 - 203) y; b) los proyectos entran a la SETENA en un estado “muy maduro”, es decir, con certificación de uso del suelo de la Municipalidad, diseño final, todos los servicios (agua, luz, pluviales, etc.) autorizados y, además, en la mayoría de los casos, con el financiamiento listo; razón por la cual la SETENA y la EIA, se convierten en un “obstáculo” para la inversión.

Como se ve, en la práctica, el sistema actual resulta perverso, no solo para el ambiente, sino también, para los mismos empresarios, los consultores y la misma SETENA que, al final, no queda bien “ni con Dios, ni con el diablo”, pero hay una sencilla y muy simple solución.

Soluciones: para resolver esta situación que agrava la imagen de la SETENA y debilita el proceso de EIA, la misma legislación ya vigente permite hacer los ajustes correctivos necesarios que serían los siguientes:

a)       Hacer cumplir el artículo 2 del Reglamento General de EIA, vigente desde el 2004, para que el trámite de EIA se realice, de previo al trámite de uso del suelo, de forma tal que los municipios dispongan de la información técnica suficiente para dar el certificado del uso conforme del suelo.

b)       Cumplir el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, referente a que el costo de las EIA, corre a “cuenta del interesado”. Sobre esta base, y en consideración de que el Reglamento General de EIA señala que debe haber un grupo de consultores ambientales acreditados por el Ente Costarricense de la Acreditación, la SETENA puede, basado en tablas estandarizadas, fijar el costo de la EIA a realizar y solicitar al desarrollador que se deposite ese monto a una cuenta del Fondo Nacional Ambiental, de manera que sea la SETENA la que pague a los consultores que realizan la EIA y no el desarrollador. De esta manera se elimina el vínculo “desarrollador – consultor” que tanto problema genera.

Sobre el tema de los servicios, no existe problema, en el marco de que se cumpla la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental de manera que más bien los proyectos se pueden agilizar.

Además de que la EIA se puede hacer con verdadera mejor calidad y eficiencia, la misma SETENA podría hacerse más ágil, en la medida de que otorga plazos concretos a los consultores acreditados para generar la EIA y de una vez, el dictamen que determine si el proyecto es viable o no, y si lo es, bajo que condicionantes ambientales.

Lo único que se ocupa para implementar estas soluciones, es organizarse con la ECA para que acredite consultores o a que asigne un ente que lo haga. Lo otro es emitir el Decreto Ejecutivo que norme sobre el proceso de cobro para la realización de la EIA y emitir, un Código de Etica del Gestor Ambiental que está pendiente de ser realizado desde hace 13 años.

Como se ve, soluciones existen y son fáciles de implementar. Solo se ocupa voluntad política para convocar a la Comisión Mixta Asesora de la SETENA para que discuta y haga las propuestas concretas en un plazo de pocos meses y en un claro marco de transparencia. 

Desde mayo del 2014, el denominado "Gobierno del cambio" no ha hecho nada para rectificar el peligroso rumbo de la SETENA, heredado de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014: nunca en la historia vivimos tantos escándalos ambientales, todos originados en la SETENA. Una verdadera lástima para nuestro país y para las futuras generaciones a las cuales habrá que explicarles que el "cambio" fue, en materia ambiental, un simple eslogan de campaña y nada más.

Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

 

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

 

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.

SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente

Ante el “anuncio” publicado en La Nación (18.02.2017) sobre la intención de cambiar la reglamentación de la SETENA, con el argumento de que esta entidad se encuentra “sobrecargada”, razón por la cual, se pretende “agilizar” su gestión, estableciendo umbrales y evitando que hasta un 50 % de los proyectos que actualmente realizan trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ya no tengan que hacerlo, surge la necesidad de aportar, de forma proactiva, algunas aclaraciones y aportes sobre como “si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente”.

EIA vs SETENA: lo primero que hay que aclarar es que, una cosa es el proceso de EIA y, otra cosa, es la SETENA. Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que la SETENA es como un “obrero” que tiene que realizar un trabajo que implica el uso de una “caja de herramientas” para lograr un objetivo, en este caso, una correcta y eficiente EIA. Por eso, es importante dejar claro que la SETENA y la EIA, son dos cosas diferentes, tanto como el carpintero y su caja de herramientas.

La SETENA, fue establecida por la Ley Orgánica del Ambiente como un órgano de desconcentración máxima; lo cual significa que tiene total independencia de criterio, en las decisiones que tiene que tomar. Algo que, muchos políticos, particularmente en los últimos 10 años, no han entendido. Por eso, ha sido “intervenida” en varias ocasiones, al punto de que, se ha afirmado que se encuentra “totalmente politizada” y ello, desde hace años.

Por su parte, la EIA es, como ha dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el principal instrumento que tiene el Estado (y la sociedad costarricense) para tutelar el artículo 50 constitucional, sobre el derecho que toda persona tiene a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Además, es importante aclarar que, a nivel internacional, la EIA, tiene un procedimiento estandarizado y ordenado según un criterio técnico y científico. El cual se basa, fundamentalmente, en relacionar la condición de fragilidad ambiental del terreno con respecto a las características ambientales del proyecto. El resultado, la Significancia del Impacto Ambiental, determina la profundidad de la EIA que debe ser realizada.

EIA y Planificación Territorial: la principal limitante de la EIA es que es un instrumento de gestión de “segundo piso”. Siendo, el “primer piso”, la Planificación Territorial, algo de lo que cerca del 97 % de nuestro país, adolece. Esto hace que la EIA, tenga que resolver casi todos los problemas ambientales que puedan presentarse, lo cual, generalmente, no se logra hacer.

En Costa Rica se ha intentado de resolver esta situación con la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y otros tipos de planificación de usos del suelo. Empero, en esto, la SETENA nos ha fallado, pues mientras entre el 2006 y el 2009, se aprobó el 65 % de los informes ambientales de los planes reguladores, entre el 2009 y el 2015, se rechazaron el 70 % de todos esos informes (¡80 informes de 50 cantones!).

El Reglamento General de EIA, actualmente vigente, tiene contemplado, el desarrollo automático de la agilización de los trámites de EIA, ante la SETENA, para todos los proyectos que se localizan en cantones con planes reguladores que tengan viabilidad ambiental aprobada. Con ello se cumpliría lo ordenado por la Sala Constitucional, de eximir del trámite de EIA, cuando se dispusiera del debido fundamento técnico, y no, por la vía arbitraria de establecer umbrales. Algo que parece haberse olvidado del todo, incluyendo nuestras actuales autoridades políticas del dizque "Gobierno del cambio": hay que señalar que en esto y muchas otras cosas, se parecen cada vez más a las de las dos anteriores administraciones.

Si la SETENA no hubiera hecho lo que hizo desde el 2009, es decir, rechazar y archivar 80 planes reguladores (cantonales y costeros), no se tendría tanto problema de sobrecargo del sistema de EIA, como se dice que se tiene hoy.

Modelo de EIA en peligro: la solución a los problemas de EIA, que algunos llaman “estancamiento” o “entrabamiento”, no debe partir de cambiar el Modelo de EIA vigente (caja de herramientas), con el simple pretexto de “agilizar”, pues eso, en concreto, significaría promover más daño y Sacrificio Ambiental, algo que, a estas alturas, representa un lujo que nuestro país no se puede dar, pues representa, a la larga, como una especie de “suicidio” en la medida de que nuestro desarrollo socioeconómico depende de que nuestro ambiente esté sano y ecológicamente equilibrado.

Cambiar el Modelo de EIA es un asunto muy serio y no puede ser tomado a la ligera. Siempre es posible mejorar, pero respetando el Principio de No Regresión y buscando un mejoramiento continuo.

Mejoramiento que debería hacerse de forma efectivamente participativa, considerando a los diferentes sectores de la Sociedad. Razón por la cual, el mismo Reglamento General de EIA, desde el 2004 creo una Comisión Mixta, aún vigente y que, es la entidad correcta para discutir el tema. Esta Comisión nunca fue convocada desde el 2007 (con algún intento de René Castro en el 2012 que el mismo “abortó”) y el actual Gobierno de la "participación ciudadana" pareciera querer seguir ignorando que existe.

Agilización de EIA con criterio: pero si de lo que se trata es agilizar el proceso de EIA y “aliviar” a la SETENA de su “sobrecarga”, hay otras soluciones más claras y rápidas que se pueden implementar en muy corto tiempo, veamos:

a.     Los recursos para la SETENA se pueden incrementar con facilidad. Lo único que se ocupa es modificar y ampliar el Decreto Ejecutivo 34536 – MINAE del 5 de junio del 2008, en el que se establecen las tarifas que cobra la SETENA por realizar la revisión de los instrumentos de EIA. El mismo tiene fundamento en el señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. No resulta lógico que la SETENA cobre $ 200 por el trámite de un D1 o $ 500 si tiene un Plan de Gestión Ambiental, a un proyecto de varias decenas de millones de dólares de inversión. ¡La revisión del Estudio de APM que tardó años en al SETENA, costó $ 3000! Como se puede ver, aumentando el costo de los procesos de revisión y aplicando el Principio de Proporcionalidad, la SETENA podría disponer de más recursos humanos para atender el trabajo que tiene que hacer.

b.     El actual Reglamento de EIA contempla, además, la figura de los consultores externos acreditados (por el Ente Costarricense de Acreditación - ECA-), para que puedan servir como apoyo a la SETENA en el análisis de EIA o hasta, por encargo de este, realizar las EIA que se les señale de manera que se separe el vínculo (a veces vicioso) entre el desarrollador y su equipo consultor. Esto se resuelve con un decreto ejecutivo que lo norme y que incluya un Código de Ética del Gestor Ambiental ya planteado desde el 2004, pero todavía pendiente de elaborar.

c.     Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas Ambientales para los diferentes sectores productivos, en particular los que mayor trabajo le dan a la SETENA (construcción, minería, industria, entre otros). El decreto ejecutivo 34522 – Minae (del 16 de junio del 2008) referente al “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y de desempeño coeficiente”, todavía está vigente, pero no se ha utilizado. Con esas guías oficializadas, muchos proyectos solo tendrían que presentar un formulario ambiental y los estudios complementarios a la SETENA (para demostrar que el área del proyecto tiene la condición ambiental adecuada), y la adopción de las medidas ambientales de la guía por medio de una Declaración Jurada. Y en el caso de que se localicen en un plan regulador con viabilidad ambiental, el sistema seria todavía más ágil para los proyectos de alto impacto.

d.     Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica a algunas políticas, planes y programas (PPP) como mecanismo para agilizar el desarrollo sustentable del país y de ciertos sectores estratégicos como los de Salud, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Red de Agua Potable y Alcantarillado e Infraestructura vial (incluyendo puentes, entre otros). Así los proyectos individuales de muchos programas de desarrollo, no tendrían que hacer una EIA individual, sino que el Programa haría una EAE rápida que, con la ayuda de las guías ambientales, permitiría que las aprobaciones, en conjunto, se pudieran dar de forma muy rápida, casi automática, pero de forma eficiente y efectiva, es decir, protegiendo el ambiente y la inversión a realizar.

Las soluciones existen: de esta manera, con unos pequeños cambios de unos 2 o 3 decretos ejecutivos clave, que complementen la Caja de Herramientas existente, elaborados de forma participativa por la Comisión Mixta, con el visto bueno de la SETENA y aprobados por el Presidente y el Ministro del MINAE se resolverían muchos de los problemas de la SETENA (el Carpintero). Esto, sin sacrificar el Modelo de EIA vigente, sustituyéndolo por algo que, como hemos dicho, solo va a incrementar aún más el daño y el Sacrificio Ambiental.

Las ventajas de seguir este camino sugerido es que de verdad se puede mejorar en calidad y cantidad el sistema de EIA que administra la SETENA, disminuyendo al Sacrificio del Ambiente y disminuyendo los procesos de judicialización de los trámites ambientales de los proyectos.

Tomar el camino equivocado, como se pretende, además de poner en aun mayor riesgo el Ambiente, la Naturaleza y la vida de nuestro país, implica una gran pérdida de tiempo, dado que es como si se estuviera retrocediendo 20 años en el tiempo, y que se produzca más y más entrabamiento por la judicialización de procesos que la discrecionalidad que se quiere dar a la SETENA pudiera producir.

En necesario abrir espacios de diálogo y acuerdo que son la única solución para que el país verdaderamente progrese en un marco de Sustentabilidad Ambiental. Han pasado casi tres años del pretendido “Gobierno del Cambio", pero, a decir verdad, se sigue jugando con el Ambiente de Costa Rica.

¿Destrabando o repitiendo errores?

Con el inicio de 2017, año electoral, comienzan los "las propuestas electoreras" de los precandidatos y candidatos. Y como si no "hubiese pasado suficiente agua bajo el puente", nos vienen, nuevamente, con "su mensaje optimista" de progreso y prosperidad: uno de cuyos ejes es el término "destrabar al país".

Tanto es el afán de hacerlo que hay un grupo de gente planteando cambiar nuestra Constitución con el mismo objetivo. Y ya aquí podríamos nosotros los legos en estos temas de "alta política" empezar a sospechar sobre lo que nos están tratando de vender.

¿Destrabando? Cuando nos hablan de desentrabar o, mejor dicho, destrabar, nos plantean la urgencia de poner en “modo progreso” al país. Eso lo traducen en desarrollar proyectos de inversión que produzcan empleo y -según estos discursos- desarrollo para el país. Incluso uno de los precandidatos del PLN nos presenta una lista de "cosas" impulsadas por la última administración Arias Sánchez como su carta de presentación, diciendo que con él volveríamos a ese camino.

Este planteamiento es un "arma de doble filo", pues de dicha administración proviene también una muy larga lista de "cosas malas" que tendrían que ponerse en la balanza de la historia a ver si lo hecho fue tan bueno para querer emularse y continuarse.

Solo en el tema socioambiental hay mucho que señalar: 1) Crucitas y la  famosa "orquestación de voluntades" que señalo del Tribunal Contencioso Administrativo, algo que todavía no termina, pues está pendiente la repetición del juicio, 2) el debilitamiento notable de las áreas silvestres protegidas con la eliminación o intento de reducción de categoría de parques nacionales como el de Baulas, o el Refugio de Gandoca Manzanillo o la Isla de San Lucas, 3) el planteamiento de una megarefineria en Limón, algo que, a la larga, produjo la pérdida de $50 millones al país por el caso Soresco y la frustrada refinería china de Recope; 4) el impulso a un "engañoso" Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Limón - Moín que derivo con la ambientalmente equivocada localización de la Terminal de APM, algo que le ha implicado e implicará un gran daño y sacrificio ambiental al país, sin contar el hecho de que prácticamente (y de forma ridícula) el país tenga que despilfarrar $70 millones en una equivocada ruta de acceso que debió haber sido hecha por la misma concesionaria (reconocido así por el actual Ministro del MOPT), 5) la intervención política de la Setena que llevó a que se aprobaran "a golpe de tambor" muchos grandes proyectos, sin que se garantizara su sustentabilidad ambiental, como el caso de la anulada Marina en Moín y otros muchos más, 6) la no aprobación del PRUGAM por el INVU que fue la gloriosa e histórica despedida  del gobierno de Arias y con lo cual se echó a la basura un esfuerzo de 5 años y de $20 millones otorgados por la Unión Europea para poner orden a la GAM, algo que hoy todos estamos pagando por las presas y el enorme congestionamiento vial que cada día empeora, y que nos sirve de recordatorio de lo que implica creerle tan ciegamente a los políticos con discursos baratos (por cierto, cuando estamos en medio de las cansadas y calorosas presas, deberíamos reflexionar sobre esto!); 7) el "aborto" del Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que ya estaba aprobado y que, con una inversión de $100 millones hubiera inaugurado su primera fase en el 2013 antes del Metro de Panamá, 8) el inicio de la devastación y expoliación de nuestras riquezas marinas a cambio del Estadio Nacional, cuyo costo lo hubiéramos pagado con tan solo un pequeñísima parte del valor de los recursos marinos sobreexplotados, en el caso de haberse aprovechado de forma racional y sustentable; 9) la engañosa Iniciativa de Paz con la Naturaleza, de la cual formé parte y que me consta que,  cuando realmente se quiso trabajar en serio en sus objetivos fue cuando más abandonada quedó,  algo que convirtió el compromiso de Carbono Neutralidad para el 2021 en solo una quimera politiquera para vender el país al mundo como "ambientalista". 

Todavía hay mucho más, y no solo en el tema ambiental, sino en otros campos en los que otras personas más conocedoras podrán opinar, como el caso de la CCSS y el inicio de la debacle del régimen de pensiones de IVM y del mismo ICE. Sin dejar de mencionar que debido al Referéndum del 2007, con todo su famoso Memorándum “del miedo”, nuestro país quedó dividido y polarizado, lo cual con los años, lejos de sanarse, se ha profundizado, trayendo consigo todavía más freno al verdadero desarrollo que, indefectiblemente, debe sustentarse en el diálogo y acuerdo entre todas las partes.

A lo anterior hay que sumarle lo que han hecho las subsiguientes administraciones de gobierno que, también, con la bandera “destrabar” o “activar” al país, han seguido por caminos similares, haciendo que el verdadero y efectivo progreso del país no llegue y, por el contrario, agravando el problema del estancamiento de la pobreza y, en particular, de la desigualdad social existente, así como de la situación ambiental cada vez más precaria que tenemos, gracias a una evidente falta de visión y eficiencia de nuestros gobernantes en materia de Planificación (estratégica y territorial). Al respecto, más de 20 informes del Estado de la Nación nos lo repiten todos los años.

Modelo de progreso: se hace indispensable que el período electoral en nuestro país se utilice con un fin más positivo que el tratar de convencer a los electores de que se puede “retomar” el rumbo del país, repitiendo modelos del pasado, más cargados de errores que de aciertos.  Nuestra sociedad está más preparada para discutir y analizar planteamientos más concretos y objetivos.

Como se ha se dicho, es relevante escuchar más el “cómo” se resolverán los problemas, que seguir enumerándolos en una lista que cada vez se hace más larga. O peor aún, diciendo que con la elección de tal o cual candidato todo se va a resolver como “por acto de magia”. ¡Nada más falso que eso!

Desde la perspectiva socioambiental, como hemos señalado insistentemente, es indispensable establecer para el país un modelo de sustentabilidad. Modelo que debe basarse en tres pilares fundamentales: planificación territorial, planificación estratégica y control ambiental eficiente y efectivo de las actividades humanas.

A partir de este fundamento es posible propulsar al país en un marco de progreso socioeconómico que, incluso, puede servir de ejemplo al mundo de cómo sí es posible salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del Cambio Climático sobre la base de la protección de la naturaleza, el ambiente y la vida.

Seguir en el modelo de resolver solo algunos de los problemas existentes, sin una visión de largo plazo y de sustentabilidad, lo único que hace es estancar aún más al país y desestimular a la población, particularmente a nuestros jóvenes, con lo cual condenamos nuestro futuro.

En este año electoral que inicia esperamos que nuestros precandidatos abran espacios de discusión seria y desarrollen verdaderos planteamientos de progreso sustentable para nuestra Costa Rica. No sé ustedes estimables lectores, pero yo estoy cansado de oír cada cuatro años palabras vacías y referencias a "éxitos" inexistentes.

Montes de Oca: situación ambiental y oportunidad de progreso humano sustentable

Montes de Oca tiene apenas 15,5 Km2. Tiene tres distritos urbanos: San Pedro, Mercedes y Sabanilla, y un distrito “verde”, San Rafael, el cual, ha empezado a urbanizarse aceleradamente.

Montes de Oca forma parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) y es “atravesado” por el anillo de contención urbana, que ha impedido que San Rafael se convierta en otro distrito altamente urbanizado.

Alberga muchas de universidades, entre ellas el campus de la UCR y varias instituciones públicas, así como comercios, zonas residenciales y pequeñas industrias.

Fue uno de los primeros cantones en tener Plan Regulador, el cual se ha renovado un par de veces, pero es un claro ejemplo de que el modelo de desarrollo urbano que se ha aplicado, no es sustentable desde el punto de vista ambiental. Algo que aplica también para muchos de cantones de la GAM y del país.

Situación ambiental: en el  2009, por medio del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (Prugam) se aprobó, por parte de Setena, la zonificación de fragilidad ambiental de Montes de Oca. se realizó a escala 1:10.000 y se encuentra vigente. En el año 2013, se actualizó.

El resultado arroja importantes datos:

1.    Geoaptitud: la mayoría del cantón califica como de Alta Fragilidad Ambiental, con zonas de Muy Alta Fragilidad. Se debe al tipo de suelo y subsuelo superior, que está formado por espesas capas de cenizas volcánicas y lahares (flujos de origen volcánico), de menos de 100 mil años y que, no están consolidadas, o sea, son deleznables y susceptibles a la erosión.

2.    Geomorfológicamente, el cantón es una ladera distal del volcán Irazú, con pendiente suave a moderada hasta alta, que, combinado con la “mala calidad” geomecánica de las cenizas y lahares, crea una condición moderada hasta alta a deslizamientos.

3.    Hidrogeológicamente, todo el cantón es un área de recarga acuífera. Bajo el cantón hay dos acuíferos, el más superior de potencial bajo y el inferior de potencial alto a muy alto (Acuífero Colima).

4.    Amenazas naturales; inundación de algunos ríos y quebradas, vulnerabilidad por amplificación sísmica y, dos fallas geológicas que “cortan” el cantón en dirección sureste al noroeste.

5.    Bosques y ecosistemas naturales: salvo muy pocas excepciones, el área verde se encuentra en San Rafael. Son bosques secundarios intervenidos, mezclados con potreros con árboles. Ahora están en un serio peligro de ser lentamente urbanizados. Juegan un importante valor ecosistémico (captura de carbono, producción de oxígeno, estabilidad del terreno, paisaje, biodiversidad y mejora de capacidad de infiltración, entre otros elementos).

Situación hidrogeológica:  se analizó la vulnerabilidad hidrogeológica del cantón. Los estudios se encuentran en el Senara. Los resultados son muy importantes:

1.    Las aguas subterráneas son, el recurso natural más importante que tiene Montes de Oca. Bajo la totalidad del cantón se presentan dos acuíferos. El más bajo, a varias decenas de metros bajo la superficie, tiene un espesor promedio de 200 metros, es el más importante. Correspondería con  Acuífero Colima y hacia el Este, pasa hacia otro, el Acuífero (Rancho Redondo).

2.    El acuífero superior, es de menor potencial, pero importante. En el sector de San Rafael presenta 21 manantiales.

3.    El cantón tiene muchos pozos de aguas subterráneas. Algunos se utilizan para el abastecimiento público (AyA). En el Archivo del Senara, se contabilizan 120 pozos, que extraen 234 litros por segundo (121 millones de litros al año) de agua subterránea!

4.    Cuando se compara ese dato con la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el cantón para recargar los acuíferos, resulta que el balance hídrico es negativo para los distritos urbanizados. Esto, se debe al modelo de expansión horizontal que impermeabilizó gran parte de los terrenos. En San Rafael, el balance hídrico todavía es positivo.

5.    La Vulnerabilidad Hidrogeológica del cantón es de Media a Alta, de manera que algunas actividades productivas representan una fuente potencial de riesgo de contaminación del agua subterránea. Esto, y el déficit de áreas verdes en zonas urbanas, debe replantear el modelo urbano de Montes de Oca.

Hacia un modelo urbano sustentable: evaluando la sustentabilidad ambiental del cantón, respecto al modelo de desarrollo urbano desarrollado en las últimas décadas, nos lleva a la clara conclusión que el mismo no ha sido, ni es sustentable.

A pesar de tener plan regulador, por más de 40 años, el modelo urbano del cantón ha sido incorrecto y no compatible con su condición ambiental. Esta situación, combinada con la existencia de una legislación urbana, ambientalmente inadecuada y urbanísticamente permisiva, ha hecho que se haya dado un modelo urbano horizontal equivocado, pues promueve la impermeabilización de los terrenos y la eliminación de las áreas verdes.

Algo que, ahora, por culpa de esa legislación, particularmente el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como el de condominios, está haciendo que ese equivocado modelo de expansión urbana no sustentable, se esté ampliando hacia San Rafael, de forma muy rápida y con el agravante de que es el único territorio del cantón, donde todavía hay posibilidad de recuperar el equilibrio ambiental.

Bajo estas condiciones, urge tomar medidas correctivas y cambiar el modelo de desarrollo urbano. Se deben corregir errores y replantear una renovación urbana, más sustentable.

Desde el punto de vista ambiental, los principales lineamientos que debería tener ese modelo urbano sustentable de Montes de Oca, son:

1.    La cobertura o huella de las construcciones debe limitarse, no debería superar el 30 o 40 %, dependiendo de su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. El resto del terreno debe dejarse como áreas verdes, como jardines o mejor aún, como zonas arboladas que permitan la infiltración de las aguas de lluvia al suelo y recarguen los acuíferos.El uso del “zacate-bloc” o concreto permeable, también debiera de promoverse al permitir infiltración del agua en áreas de estacionamiento y demás.

2.    Las áreas calificadas como de muy alta fragilidad ambiental (por su alto riesgo), dadas sus condiciones de Geoaptitud, no deberían ser sujetas de construcción y, más bien, deberían ser objeto de regeneración natural de bosques.

3.    El desarrollo urbano debe ser de tipo vertical, pero regulando apropiadamente las “alturas máximas” (14 pisos, se considera apropiado).

4.    Las aguas residuales no deberían ser tratadas mediante tanques sépticos convencionales. Deben ser recogidas por un alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento eficiente.

5.    Todos los edificios, de construcción vertical, sin excepción, deberían disponer de sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, así como un sistema de “cultivo de agua lluvia”, para su utilización en las zonas verdes,en batería de sanitarios, y otros usos para los que no es indispensable usar agua potable, de manera que no sobrecarguen, aun más los cursos de agua. En general, todos los edificios (comerciales, institucionales, residenciales o mixtos) deberían ser ecológicos y autosostenibles.

6.    Los tres distritos urbanos del cantón deben ser objeto de una intensa renovación urbana que aumente las áreas verdes, mejore la recarga acuífera y su calidad paisajística. Como parte de ese proceso de recuperación de espacio “verde”, se deber implementar un plan de mejoramiento vial y peatonal que mejore la calidad ambiental de estos distritos del cantón y la movilidad urbana.

7.    En San Rafael, urge detener el desarrollo urbano horizontal y cambiar el modelo urbano por un modelo de mejoramiento y recuperación de las áreas verdes (áreas de protección de manantiales, áreas de recarga acuífera y zonas de riesgo), promoviendo la regeneración del bosque.

Nuevo Plan Regulador, una tarea de todos: desde el año 2002, la Sala Constitucional señaló la importancia de que los planes reguladores realizaran “un examen de su impacto ambiental”. El país, le llamó a esto “introducir la variable ambiental” en el plan regulador o en el plan de ordenamiento territorial. Montes de Oca, aún no lo ha hecho y urge empezar a trabajar en ello.

Esa tarea no le incumbe solamente a la Municipalidad, es también una labor que debemos emprender todos los ciudadanos del cantón y, en particular, las instituciones que se localizan en el mismo. Las  universidades del cantón juegan un papel clave, en particular, la Universidad de Costa Rica.

Dada la velocidad del desarrollo inmobiliario, es una tarea urgente y que debe hacerse sin demoras.

La Municipalidad requiere el apoyo de todos, para que, en un plazo de un año, el cantón cuente con una Planificación sustentable de todo su territorio.

Es posible, podría incluso convertirse en un cantón piloto. Un modelo por  seguir para los demás. Lo podemos lograr ya, con la ayuda de todos. Si está interesado, regístrese ante la Municipalidad.

Sacrificio ambiental que beneficia a unos cuantos

Por cómo han evolucionado las cosas podríamos empezar diciendo que la diferencia sustancial entre “Sostenibilidad” y “Sustentabilidad” estriba en que el primer concepto ha sido muy desgastado y hasta, prácticamente, prostituido. 

Ahora casi todo es “sostenible”: resulta que un hotel de “cinco estrellas” que taló un bosque para construirse, como ahora recicla la basura, usa iluminación led y ahorra agua, es, según reza su publicidad, “sostenible”. Igual con algunas industrias que tienen sistemas operativos muy contaminantes, pero que, como recogen parte de los envases de plástico que ellas mismas producen y ayudan a limpiar playas y ríos, entonces también son “sostenibles”. Sin hablar de un Ministro de Ambiente de Costa Rica que se refería -al parecer muy convencido- a minería química "sostenible" en la zona norte de nuestro país.

La Sustentabilidad Ambiental trata de superar ese mal uso del concepto y establece una meta diferente, lo que llamaríamos la correcta y equilibrada gestión ambiental de una organización, pudiendo ser esta desde una persona hasta toda una compleja corporación.  

El Principio de Sustentabilidad Ambiental señala: “las actividades humanas, de cualquier tipo, deben ser ambientalmente sustentables en el tiempo, de una forma efectiva, de manera que se garantice el equilibrio ecológico sin efecto ambiental significativo, es decir, sin que el equilibrio natural sea alterado por encima de su capacidad de asimilación de carga ambiental adicional”.

A diferencia del concepto de “Sostenibilidad”, la Sustentabilidad no es un maquillaje para dar la impresión de que se “trabaja” en pro del ambiente.  Por eso, cuando se hace un trabajo consciente y responsable por la Naturaleza, la vida y el ambiente en general, se está en el camino de la Sustentabilidad Ambiental. Y aunque en primera instancia algunos no estén de acuerdo, eso es el camino hacia el verdadero Progreso Humano y, como veremos, produce trabajo y beneficio para todos.

Decimos que “algunos no estarían de acuerdo”, porque son aquellos que creen que quienes defendemos los principios de la Sustentabilidad son lo que obstaculizan el “desarrollo”, impiden o atrasan los proyectos de inversión que, a su vez, son los que producen empleo y dinamizan la economía, porque, dizque “ayudan a positivamente” en la “lucha contra la pobreza”.

Notemos que, para muchos, "desarrollo" son ganancias millonarias de unos pocos a cambio de salarios modestos y por debajo del límite legal. El caso de la piña de exportación de Costa Rica sería un ejemplo de ello, donde los beneficios económicos de los empresarios supera los efectos en el ambiente de estas grandes plantaciones.

Con esa interpretación se justifica casi cualquier cosa, incluyendo el hecho de que ese “proyecto de desarrollo” no esté planteado de una forma verdaderamente sustentable. Es decir, que se trata de un proyecto, que, por su inadecuado diseño, mala gestión y carencia de una correcta planificación, va a producir daños al ambiente, o sea, que no es sustentable. Todo lo contrario, producirá un “Sacrificio Ambiental”, empero como es “una inversión que se necesita”, nos dicen los políticos, hay que apoyarlo y dejar que se ejecute.

Esta es una historia que se repite con mucha frecuencia, año tras año, década tras década y así el “desarrollo” del país se sustenta en un cada vez mayor “Sacrificio Ambiental” de la naturaleza, la vida, sus recursos naturales y el ambiente en general.  Y nos preguntamos: ¿y la pobreza se venció con todo ese sacrificio ambiental, valió la pena? ¿Acaso las zonas en las que se produce piña las comunidades se benefician de un Índice de Desarrollo Humano mayor al de otras regiones? Todo lo contrario.

La pobreza está estancada desde hace décadas y más bien, si se cuenta en la cantidad de personas en pobreza, se ha incrementado. En el caso de Costa Rica, los informes del Estado de la Nación lo repiten desde hace muchos años. Y algo más, la desigualdad se ha incrementado en todo ese tiempo, es decir, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.  En resumen, el Sacrificio Ambiental que se ha llevado a cabo solo ha beneficiado a unos cuantos: un sector muy privilegiado que, cuando habla del ambiente, dice que su actividad económica es muy “sostenible”.

¿Y cómo la sustentabilidad produce progreso y de verdad es una solución de la pobreza? La respuesta es simple, pero objetiva: porque produce trabajo, mucho trabajo. 

Planificación y control. Para lograr la sustentabilidad de un proyecto de inversión se requiere planificación, estudios técnicos multidisciplinarios y diseños concordantes con los mismos. Y, una vez en ejecución, además del personal necesario para el mismo, un proceso de control eficiente que garantice la aplicación de medidas que garantice su sostenibilidad. 

Hacerlo bien requiere de un serio trabajo, por lo que necesita mucho trabajo para diferentes labores: desde peones hasta profesionales de diversos campos. Sí, los mismos profesionales que hoy salen de las universidades y que chocan con la triste realidad de que hay poco trabajo o el poco que hay no tiene relación con la disciplina que estudiaron.

Se podría pensar que ya eso existe, pues se realiza cuando un proyecto dado cumple con el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La respuesta es parcialmente cierta, dado que, en muchos casos, la EIA es desvirtuada en su objetivo fundamental, y se ha convertido en un proceso que no logra la sustentabilidad, todo lo contrario, se convierte en una herramienta para el sacrificio ambiental. Con, además, un detalle de importancia: quien financia el EIA es el mismo proyectista, por lo que el riesgo de que los estudios presentados sean sesgados es alto, y la capacidad de evaluarlos correctamente por parte de la SETENA, limitada.

Así, podemos afirmar que, la EIA, lejos de estar garantizando la Sustentabilidad Ambiental de un proyecto, más bien resulta en una especie de “maquillaje” de una inadecuada gestión. Caemos nuevamente en el orden del prostituido y desgastado uso del término “Sostenible”.

Y, queda otra pregunta: ¿garantizar la sustentabilidad ambiental de un proyecto es caro? La respuesta es que no difiere mucho de la inversión que ya se hace para la EIA del mismo proyecto. La diferencia es que el trabajo se hace bien desde el principio, y pensando en que el proyecto logre armonizarse de forma efectiva con el ambiente y no, como se hace en la gran mayoría de los casos, pensando en “justificar” el proyecto y su diseño, aunque este se imponga al ambiente, provocando un sacrificio del mismo.

¿Qué se ocupa para implementarlo en nuestro país? Un cambio de actitud de parte de las autoridades y un compromiso, serio, respecto al cumplimiento de la legislación ambiental que ya está vigente. Hemos señalado, previamente, cómo la institucionalidad se ha convertido en un cómplice de quienes dañan el ambiente, precisamente, por no usar las herramientas técnicas, legales y administrativas de que disponen.

El principal elemento del cambio es una correcta actitud de las autoridades, de gobierno central y de las municipalidades. Abrir los espacios para desarrollar una correcta, transparente y participativa planificación territorial y estratégica, así como un efectivo y eficiente proceso de control ambiental. 

De los empresarios privados y de los ciudadanos en general lo que se ocupa es una apertura de conciencia respecto a la importancia de impulsar la sustentabilidad ambiental, y no solo el desgastado y casi inútil concepto de “sostenible”, que solo es un maquillaje para el sacrificio ambiental que afecta desde hace mucho a nuestro país.

 

Impulsar la sustentabilidad ambiental es una tarea de todos y es el camino correcto para promover, de verdad, el progreso humano y de nuestro país.

Desastre de Otto y la oportunidad de mejorar gestión del riesgo

Con el ánimo de ser proactivo y autocrítico sobre las acciones tomadas por las autoridades de gobierno respecto a la emergencia del Huracán Otto, hay que iniciar por reconocer la positiva y dedicada gestión realizada, cuyo objetivo primordial se centró en salvaguardar la vida.

No obstante, también es importante analizar, en perspectiva, lo sucedido para promover mecanismos escalonados que nos permitan mejorar en un tema clave para nuestro país: la gestión del riesgo preventiva.

Gestión del riesgo: la Ley Nacional de Emergencias la define como: “Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.”

Como se puede ver, tiene dos componentes: la Preventiva y la Reactiva. Esta última es la que ocupa, hasta ahora, la mayor cantidad de esfuerzos de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), tanto en su instancia central como a los comités locales.  Actúa cuando el evento que motiva la emergencia (desastre) está sucediendo o ha sucedido. Implica fundamentalmente acciones en la atención de los afectados.

La componente Preventiva es diferente, porque se tiene que desarrollar antes de que ocurra el desastre.  Como parte de la misma, y dada la naturaleza de evento que produce el desastre, puede implicar la acción de evacuación de los sujetos en el peligro inminente de los sitios, identificados, como de alto y muy alto riesgo.

Problema de escala de la Prevención: la reciente experiencia con lo del Otto ilustra esta situacion. Así, a nivel nacional, el Presidente mostraba un mapa del país con los cantones declarados en Alerta Roja, con lo cual se ordenaba a la gente evacuar los sitios de riesgo, como las áreas cercanas a los ríos o sitios propensos o vulnerables a los deslizamientos. 

Cabe decir que el lineamiento así emitido a escala nacional es correcto. No obstante, el problema es llevarlo a la escala local. Y este detalle de escala, podemos afirmar, es lo que desafortunadamente lleva a que se produzcan víctimas.

Ilustrémoslo con un ejemplo: como parte de los cantones la alerta roja por Otto se incluyó a Pérez Zeledón. Se trata de un cantón de casi 2000 km2 con un porcentaje significativo de población que reside en zona rural de montaña. ¿Debían todos ellos evacuar sus casas? ¿Hacia dónde deberían ir? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál era su condición efectiva de riesgo y a qué factores: deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.?

Como podremos notar, el tema clave aquí está en el detalle: en información y preparación a escala de casas, caseríos, barrios, distritos y el cantón mismo.  Una tarea que no se puede resolver en el momento de la emergencia, sino antes, como parte de una efectiva gestión preventiva del riesgo.

Esta es la llave para mejorar en la búsqueda de objetivo fundamental: salvar vidas y, también, las propiedades y la infraestructura vital.

¿Cómo lograrlo? La respuesta está en el uso combinado de la información de detalle que el mismo país ha generado durante, al menos, los últimos 10 años. Veamos:

Paso 1: Información cartográfica. el Programa de Regularización y Catastro generó, para una gran parte de país, muy valiosa información catastral y de imágenes de alta resolución. Son tan detalladas que, en muchos casos,  es posible ver  el techo de las casas de habitación con mucho detalle, tanto que hasta se podría “escribir” en ellos el nombre de quienes viven allí (datos de Censo y del Comité Local) y, sus números de teléfono celular para mensajes de urgencia.

Paso 2: Información de sitios de Alto y Muy Alto Riesgo a Amenazas Naturales.  Desde que la Sala Constitucional, en el año 2002, ordenó que los planes regulares realizaran “un examen de impacto ambiental”, esta información se ha venido generando con un detalle aceptable (escalas 1: 10.000 a 1: 25.000) por medio de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE en los estudios para los planes reguladores u otro ordenamiento territorial y de evaluación del riesgo.  Los estudios de Zonificación de Fragilidad Ambiental o de identificación de sitios de riesgo a buena escala, realizados hasta ahora, cubren al menos 50 cantones, poco más de la mitad del país.

Paso 3: Cruce de información y desarrollo de planes locales de Gestión Preventiva del Riesgo. El producto principal de ese “cruce” de información es que permite identificar sobre mapas y ortofotos, con mucho detalle, qué casas y construcciones, en general, se encuentran en alto y muy alto riesgo.

Nótese que no se trata de todo el territorio del cantón, sino las áreas de este que caen es esa categoría. Como se ve, con esta plataforma de información, de escala detallada, es posible realizar una gestión verdaderamente efectiva y preventiva. 

La gente que vive en esos sitios debe ser informada y capacitada. Además, de forma participativa, deben diseñar su plan de emergencia y evacuación e, incluso, en casos necesarios, sus sistemas de alerta temprana. 

Todos pueden tener tras la puerta de sus casas el Protocolo de Emergencia (adaptado a sus condiciones) que deben aplicar si se declara Alerta Roja. Así, no tendrán que esperar a que lleguen a buscarlos, haciendo que se pierda tiempo valioso. Además, con el tiempo necesario,  se  resuelve mejor lo que hay que hacer para atender a las personas con limitaciones de movilidad e, incluso, a los animales (mascotas y de granja).  

El protocolo puede incluir el sitio donde debe desplazarse por seguridad que, no necesariamente, tiene que ser un albergue, sino un lugar previamente definido y acordado por los vecinos. 

¿Que se requiere para implementarlo? Solo la voluntad y disposición de las autoridades para orientar esfuerzos y recursos en esa dirección. Ya, desde el 2011 se dispone de una propuesta de Proyecto conjunto entre el IFAM y la CNE. Solo se ocupa de reactivarlo y ponerlo en marcha.

Historia reciente y retos:  la revisión de los desastres naturales principales (fenómenos hidrometeorológicos o terremotos) que han provocado muertes de personas en el país durante los últimos 30 años nos dicen que ocurre, en promedio, uno cada 3 años. Es decir que, cada administración de gobierno enfrenta al menos una crisis de emergencia por desastre natural. 

Lo malo es que el tema se atiende y la imagen política se mejora, empero no se hace nada más. La página se pasa con facilidad y rápido se entra en la rutina de siempre, dejando la amarga experiencia de muerte en el olvido, sin que el sacrificio de esas vidas perdidas tuviera alguna utilidad. Algo que a todas luces no es correcto, en particular, porque sí es posible hacer algo.

Pero el asunto no termina allí. La combinación de tres realidades concretas, también deberían llevarnos a reaccionar lo antes posible:

1. Vivimos en un país geológicamente muy activo, donde se presenta toda la lista de fuentes de amenazas naturales, como en libro de texto. Solo que con la gran bendición de que en un 90% son reconocibles y mapeables.

2. La variabilidad climática y el Cambio Climático hacen de Centroamérica, Costa Rica incluida,  la región del mundo más vulnerable. Algo que deberíamos tomarnos muy en serio para tomar medidas concretas.

3. Por la ausencia de Planificación Territorial y Estratégica, combinada con la existencia de una excesivamente laxa normativa de uso de suelo, tenemos muchas construcciones en sitios de alto y muy alto riesgo (20 % en la GAM, al menos).

Por todo esto es que requerimos actuar pronto, desarrollando las bases de un proceso de mejoramiento continuo que logre resolver el problema de escala entre el nivel nacional y el nivel local. Algo que, en definitiva, ayudara mucho a cumplir el sagrado objetivo de salvar cada vez más vidas.

La actual administración de gobierno tiene, a raíz de lo sucedido con el Huracán Otto, la valiosísima oportunidad de cambiar la historia y avanzar en la dirección correcta. Para ese fin, me pongo a su entera disposición para trabajar juntos. Nuestro país se lo merece.

Costa Rica necesita investigación geológica, no explotación petrolera

Ante la reciente publicación de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica, titulada “Posición del Colegio de Geólogos de Costa Rica –CGCR- ante la Exploración y Producción del Petróleo y Gas Natural en Nuestro País”, y en razón de que el autor no comparte esa posición y, debido a que el tema podría ser del interés de la sociedad, se hace necesario presentar de forma pública los argumentos de ese disentimiento.

En primer lugar, debo señalar que conozco del tema en razón de haberme desempeñado como geólogo de exploración petrolera (en Costa Rica y Nicaragua) para RECOPE, durante más de 10 años. De igual manera, contribuí con la Dirección General de Hidrocarburos en la elaboración del Cartel de Licitación de Bloques Petroleros del país y de una publicación de síntesis sobre el Potencial Petrolero de Costa Rica. Todo esto entre los años 1984 y 1995, cuando comencé a trabajar más en el área de evaluación de impacto ambiental.

Posición gremial: respecto a la publicación del CGCR se hace necesario realizar algunas precisiones:

En Costa Rica no existen reservas de petróleo y gas natural probadas, de manera que no es posible hablar de explotación de esos recursos. En razón de ello, todo lo que se afirme sobre este tema es absolutamente especulativo y, por tanto, no resulta correcto generar la expectativa de que en el subsuelo de nuestro país hay reservas explotables de hidrocarburos.

Desde principios del siglo XX se encontraron evidencias de hidrocarburos en varios lugares de país. No obstante, el hecho de que los análisis de los mismos indiquen que son de buena “calidad” no significa, para nada, que se encuentren en cantidades suficientes para formar reservas explotables. 

Cuando se habla de que por medio de las tecnologías actuales los yacimientos que antes eran “invisibles” ahora son “visibles”, sería de gran relevancia que se indique primero que todo: ¿quién ha generado esa información?, ¿cuál es el respaldo científico de la misma?, ¿dónde están los informes técnicos recientes que respaldan eso? y ¿qué entidad oficial los ha revisado y avalado? Mientras eso no se indique, nos mantenemos en el campo de la simple especulación

Al amparo de la Ley de Hidrocarburos la actividad petrolera sería realizada por empresas petroleras transnacionales, por lo que se tiene que tener claro que el único beneficio directo para el país serían las regalías que representarían hasta el 15 % de lo explotado (en caso de que se explotara algún hidrocarburo), de manera que el país tendría la opción de comprar el resto del “petróleo o gas natural nacional” al precio del mercado internacional. Un negocio que no suena nada bien si contemplamos que los costos de los daños ambientales residuales, igual que en minería, se quedan en el país.

Justificar la actividad petrolera bajo el pretexto de que Costa Rica compra hidrocarburos a los países productores no es suficiente dado que, como se indicó antes, siempre tendría que comprar los hidrocarburos nacionales y, además, por otro lado, el objetivo que se persigue es hacer la economía nacional cada vez menos dependiente de los hidrocarburos (descarbonización de la economía según los Acuerdos de París del 2015).

El país está apostando a una estrategia de ser Carbono Neutral en el 2021 y de sustituir, gradualmente, los hidrocarburos (que se queman principalmente por el parque automotor) por otras fuentes de energía como los biocombustibles, el hidrógeno y la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Por eso, es mejor citar el VII Plan Nacional de Energía del país, que las palabras del Ministro Edgar Gutiérrez en el marco de justificar la fracasada nueva refinería china de RECOPE.

La actividad petrolera, definitivamente, sí genera impactos ambientales negativos y hasta daños ambientales muy serios a los ecosistemas, el aire, el suelo, el agua, los acuíferos y al subsuelo. Si no que lo digan los ecuatorianos con lo que está pasando con la explotación petrolera que se está dando en sus áreas protegidas. Y justificar que con una EIA aprobada por la SETENA se garantizaría una buena gestión ambiental no es en absoluto suficiente (ver: Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”). Hasta que el país no haya resuelto el tema de la SETENA y su mejora estructural integral, es mejor no usar ese argumento para defender las actividades productivas y menos la petrolera.

Finalmente, afirmar que en esa materia nuestro país podría seguir el ejemplo de Noruega también es bastante iluso por muchas razones, pero sobretodo porque aquí no tenemos reservas probadas, ni tan grandes (en caso de que existieran) como las de ese país, ni tampoco tenemos ni la institucionalidad técnica y ambiental, ni la normativa, ni el control ambiental para poder hacer lo que ese país ha logrado. En eso es mucho más probable que seguiríamos los ya bastantes negativos ejemplos latinoamericanos, como nos ilustra la pesadilla de don Thelmo Vargas (La Nación, 30.09.2016: ¿Petróleo en subsuelo tico?).

Alternativas: En razón de esos argumentos es que señalamos que para Costa Rica no es para nada conveniente apostar por la actividad petrolera con el objetivo de explotarlo (en caso de que existieran yacimientos), en el marco de una ley obsoleta y entreguista como lo es la Ley de Hidrocarburos. 

A pesar de que el país todavía debe afinar mejor su modelo de desarrollo económico para que sea de verdad sustentable ambientalmente y más equitativo socialmente, el modelo de país ecoturístico y de producción diversificada (con más de 4.000 productos de exportación, incluyendo productos tecnológicos) es un camino menos arriesgado y más apto para nuestra nación.

En esa vía, los geólogos tenemos mucho que aportar y de allí que afirmemos que, antes que explotación petrolera, los más importante es avanzar en investigación geológica para dar esa sustentabilidad al desarrollo de nuestro país. 

De modo paradójico y ejemplificante, el día domingo 02.10.2016 en el diario La Nación, en la misma página 10.A en que se coloca la citada “posición del CGCR”, en la parte superior, se da la noticia de que “Paraíso frena la construcción de urbanizaciones por falta de agua”, algo que también representa un problema geológico (particularmente en lo referente a aguas subterráneas) y que es mucho más urgente que invertir los limitados recursos del CGCR en promover la eliminación de una Moratoria a la Actividad Petrolera para permitir el ingreso de empresas petroleras al país. 

Existen problemas ambientales y geológicos más apremiantes para el país y para lo cual el CGCR debería ser más proactivo, como lo es, por ejemplo, la creación del Servicio Geológico de Costa Rica.

Rellenos sanitarios vrs incineradoras: ¿Qué es más conveniente para nuestro país?

Debido a que se está dando un debate respecto a este tema, y dada su importancia para la gestión ambiental de los residuos sólidos, se hace necesario ordenar algunos conceptos.

Incineradoras: esta propuesta se ha planteado como una solución moderna, tecnológica y, también, como “altamente” rentable. 

La premisa es que, con la incineración, se podrá reducir la casi totalidad de los residuos y, además, se podrá generar electricidad. Se afirma que, prácticamente, las municipalidades “no tendrían que pagar por cada tonelada de residuos que se incinere” y “hasta podrían recibir un pago”.

Se asegura que la incineración es “poco contaminante” y que estaría bajo estricto control ambiental, por lo que “no hay por qué preocuparse”.

Visto así, el planteamiento resulta “atractivo”. Por eso, algunos alcaldes la ven como la gran solución y, como una forma de “olvidarse de los rellenos sanitarios”.

No obstante, como hemos dicho antes (Página Abierta, 16.02.2016: Cuidado con la incineración), en este tema “no todo lo que brilla es oro”. Hay varias objeciones:

Se requiere una inversión inicial muy alta: varias decenas de millones dólares para una planta pequeña.

Requiere consumir la mayor cantidad de residuos combustibles, por lo que los residuos que son objeto de reciclaje son “atractivos”, así, de forma directa o indirecta, la incineración afecta el proceso de reciclaje y, todas las actividades económicas relacionadas.

Contradice la jerarquización que establece la Ley para el Gestión Integral de Residuos Sólidos, por lo que la incineración de todos los residuos podría ser ilegal y hasta inconstitucional.

La incineración sí produce contaminación: emisiones y residuos sólidos (dioxinas), por lo que se requiere de una fuerte inversión en medidas tecnológicas de prevención ambiental que son muy caras.

El Control Ambiental también es muy caro, dado que se requiere estar revisando las emisiones que se producen y lo que se hace con residuos muy tóxicos que quedan.

No está claro aún qué valor le establecería la ARESEP al KW generado por incineración, de manera que, hasta que eso no se haga, estaríamos especulando. No obstante, nótese que apostar por que va a ser alto y que, por eso, la plata va a alcanzar para todos, incluso para los municipios, no solo es iluso, sino altamente riesgoso. Ello, dado que, de previo, las municipalidades estarían obligadas a firmar contratos en que se comprometen a entregar todos los residuos sólidos, por periodos mínimos de 20 años. O sea, primero se les pide que se comprometan y luego se ve el riesgo que eso implica: ¿una trampa?

Las incineradoras se utilizan en países desarrollados del “primer mundo”, como una alternativa diferente a los rellenos sanitarios, particularmente para áreas urbanas muy pobladas donde esa solución técnica no es posible de implementar. Además, se debe tener claro que los residuos sólidos de esos países son bastante diferentes, respecto a los nuestros, donde casi el 65 % de los residuos son de tipo orgánico (restos de material vegetal), que son muy húmedos y tienen poco poder calorífico. Algo que presiona aún más el quemado de materiales que se reciclan: papel, cartón, plástico, entre otros.

Rellenos sanitarios: ese tipo de solución tecnológica ha sido “satanizada” y minimizada por muchos, en particular por los “adeptos a la incineración” y también, hay que reconocerlo, por la muy mala reputación que tienen algunos botaderos a cielo abierto, así como rellenos sanitarios mismos, que en realidad no lo son, dado que no cumplen a cabalidad con los requisitos técnicos de este tipo de solución tecnológica. No obstante, un relleno sanitario, bien manejado y sujeto a un efectivo proceso de control ambiental, si puede representar una alternativa apropiada y, comparativamente, más barata, que la incineración. Veamos: 

Un relleno bien manejado representa un encapsulado de los residuos sólidos que, bien realizado, garantiza que los residuos, como el plástico que tanto daño le produce a la vida de los ríos, las playas y a nuestros océanos, sean concentrados en un solo sitio, por muchas décadas o varios siglos, hasta que se degraden o se puedan procesar con otro tipo de tecnología más avanzada.

El relleno sanitario no contradice el sistema de jerarquización que establece nuestra legislación, ya que, de previo a la disposición final, los entes generadores, las municipalidades y en el mismo Relleno, pueden reducir, reutilizar y reciclar, así como compostar.

Los rellenos no contradicen, ni compiten, contra el Sistema de Reciclado que existe en el país desde hace 20 años.

El costo del tratamiento de los residuos en un relleno es más barato, lo que se ajusta a la realidad económica de nuestro país y de nuestros municipios, en particular por el sistema de cobro de la basura, que se basa en un mecanismo indirecto y no por el tipo, peso y volumen de residuos.

Si el sitio donde se ubica el relleno sanitario cumple, de forma efectiva, con estrictos requisitos técnicos y ambientales, particularmente de Geoaptitud, la actividad no debería representar una fuente de contaminación ambiental al suelo, ni a las aguas subterráneas.

Si el Relleno, incluyendo sus caminos de acceso y el camiones de transporte, están sujetos a un estricto proceso de control ambiental, como el que nuestra legislación permite, pero que nuestras autoridades ambientales no utilizan (ver Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”), no debería representar una fuente de contaminación al aire (por olores y emisiones) o a las aguas.

Balance: ante esta situación, debemos tener claro que no podemos ignorar el problema. Tampoco resulta apropiado pensar que “otros deben ver cómo solucionan ese tema”. Se trata de un problema de todos, ya que todos producimos residuos. 

También, tenemos que tener claro que la solución debe lograr un correcto y equilibrado balance entre el costo del tratamiento, su potencial de contaminación y el proceso de control ambiental que se requiere. Y es, precisamente, en este aspecto en que los incineradores no parecen llevar la ventaja a los rellenos sanitarios bien manejados.

Nótese que se recalca que el relleno sanitario debe ser bien manejado, que lleva implícito que su localización debe cumplir estrictas condiciones de geoaptitud y, además, su diseño y operación estar sujetos a un muy estricto control ambiental. Algo que si es posible lograr, dado que la legislación así lo permite, y que, para implementar, lo único que se requiere es una correcta gestión de nuestras instituciones y de las empresas que deben operar esos rellenos.

Apostar por la incineración tiene como consecuencia el que, en la práctica, se abandone la posibilidad de utilizar rellenos sanitarios bien manejados en el futuro, algo que podría resultar altamente contraproducente para el ambiente y la calidad de vida de todos en el país.

Por todo eso, y en concordancia con lo planteado en nuestra Acción de Inconstitucionalidad contra el decreto de co-incineración promovido por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2015, nuestra posición es que el país debería decidir por el desarrollo de rellenos sanitarios bien manejados como solución al tema de los residuos sólidos. 

 

Rellenos sanitarios, cuyas propuestas actuales y futuras deberían ser revisados con un estricto criterio técnico ambiental, para garantizar que su localización y operación sean correctas y que se garantice una correcta sustentabilidad ambiental en el manejo de los residuos sólidos.

Modelo de desarrollo y sustentabilidad ambiental

Los muchos diagnósticos realizados, en particular, por el Estado de la Nación, nos afirman que durante los últimos 30 años la economía del país ha crecido, pero el porcentaje de pobreza se ha estancado, lo que significa, que ahora hay más pobres. El “progreso” económico no ha permeado, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han mantenido o se han hecho más pobres. El coeficiente Gini que mide la desigualdad se ha disparado en Costa Rica en los últimos 8 años.

Mientras tanto, de forma recurrente, nos siguen insistiendo que para salir de la pobreza hay que crear más empleo. Se nos afirma que para crear más empleo, hay que firmar más tratados y dejar que los inversionistas vengan a hacer negocio en el país.

También nos dicen que para que la inversión se haga más rápido, hay que quitar obstáculos a la misma. Hay que eliminar o simplificar trámites. Dentro esos trámites se incluye el tema ambiental.

Sacrificio Ambiental: como parte del tema ambiental, está la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se ha convertido en un mero trámite. Esta figura usada en los países desarrollados, aquí en Costa Rica ha perdido su objetivo fundamental. Se ha convertido en una herramienta de Sacrificio Ambiental del país, dizque para “vencer la pobreza”, que sigue estancada o crece.

Ese sacrificio ambiental es acumulativo y, conforme seguimos haciendo eso, nuestra naturaleza es y sigue siendo dañada.  La salud de los costarricenses también.  La calidad de vida se va desmejorando notablemente.  

Pero no solo se trata de la inversión extranjera, sino también de los empresarios nacionales que se quejan de que hay “muchos obstáculos” y abogan por que se les eliminen y simplifiquen, incluyendo como parte de los mismos, los requisitos en materia ambiental.

 

Mientras tanto, también, desde hace cerca de 30 años (¿casualidad?), dejamos de hacer planificación de mediano y largo plazo. Nos damos el lujo de archivar en el 2010 el resultado de estudios técnicos que nos costaron  cerca de $ 20 millones invertidos en el PRUGAM, y que podemos volver a leer una y otra vez ante el caos vial,  urbanístico, la escasez de agua y muchos otros efectos negativos que afectan la vida de la mitad de la población que habita la GAM. Así, quedamos y seguimos sujetos al vaivén de los ciclos políticos (o poliqueros) en los que se definen los planes de gobiernos, que son las promesas de campaña maquillados según la realidad encontrada por la nueva administración de gobierno.

Sin planificación hay desorden, y con el desorden, el sacrificio ambiental es mayor. Así, estamos en un círculo perverso de “lucha contra la pobreza = sacrificio ambiental” que se traduce, de paso,  en mayor enriquecimiento de los sectores privilegiados.

Mientras tanto, nuestra Naturaleza y Recursos Naturales siguen perdiéndose y deteriorándose de forma muchas veces irreversible. La contaminación aumenta y nuestros índices ambientales, continentales y marinos, siguen retrocediendo.

¿País ecológico?: el colmo es que nuestro país se vende y se ha vendido al mundo como una “país verde”, “ecológico”, “esencial”, natural, “sin ingredientes artificiales”.

Los turistas que visitan el país, vienen, en su gran mayoría, a buscar eso. Y todavía lo encuentran, principalmente en nuestras casi olvidadas y debilitadas áreas silvestres protegidas, pero mezclados con imágenes de nuestra realidad cotidiana: ríosy playas contaminados con basura, coliformes fecales y químicos, contaminación del aire en las ciudades, arteroescloresis vial y caótica, suelos contaminados con agroquímicos, acuíferos sobreexplotados y/o contaminados, y deterioro del paisaje por un desarrollo urbano descontrolado, entre otros muchos males ambientales que nos aquejan.

El turismo se ha posicionado como la principal fuente de ingreso, por encima de la exportación de piña, banano, café y de los productos industriales.  La Naturaleza nos envía un mensaje que todavía no logramos comprender.

La pregunta es: ¿hasta cuándo soportará ese modelo insostenible de desarrollo que tenemos?

Los primeros que deberían luchar porque ese modelo de deterioro ambiental del país cambie es el sector turístico del país. Empero, parece que para ellos, como a otros muchos, son los “pequeños detalles” los que importan, como: ahorrar el agua y la energía, sembrar algunos árboles, el reciclado de los desechos y el tratamiento de las aguas, entre otros, que aunque son acciones importantes, no son suficientes, dado que el verdadero problema es otro.

El deterioro del ambiente y la naturaleza en nuestro país no solo se logra con esas loables acciones.

Soluciones: detener el deterioro de la naturaleza y del ambiente, por el sacrificio ambiental al que nos empuja nuestro depredador modelo de desarrollo, es vital.  No solo para fortalecer y hacer crecer nuestra principal fuente de ingresos, sino por la salud de la población y para evitar que la pobreza siga creciendo con todos los problemas sociales que lleva consigo. 

Para lograr el verdadero desarrollo no necesitamos sacrificar el ambiente. Todo lo contrario de lo que hemos hecho durante los últimos 30 años y que todavía estamos haciendo, con cada vez más celeridad, como si nuestra naturaleza, el ambiente y los recursos naturales, fueran inagotables.

En síntesis, nuestro modelo de desarrollo  es defectuoso y se sustenta sobre una premisa absolutamente falsa, que parte de la presunción de que nuestra naturaleza es capaz de soportar todo el sacrificio que le impongamos en pos de un crecimiento económico que, para colmo, no se traduce en verdadera y efectiva mejora económica para los sectores más necesitados.

En este contexto, es indispensable e impostergable, hacer un cambio sustancial en nuestras premisas de desarrollo.  Urge tomar nuevas decisiones estratégicas, que no necesariamente significan una nueva Constitución, ya que lo que se requiere es darle Sustentabilidad al desarrollo socioeconómico del país, anteponiendo la protección y salvaguarda de los dos recursos más valiosos que tiene nuestro país: la naturaleza y sus recursos naturales y su gente, su pueblo.

Ya en el pasado, el país tomó muy importantes decisiones estratégicas, como el impulso a la educación pública, la seguridad social y la abolición del ejército, entre otros. Es hora de que, sobre la base de un serio y efectivo proceso de diálogo nacional, tomemos nuevas decisiones estratégicas que impulsen un verdadero y efectivo desarrollo sustentable para nuestra nación. Es indispensable que lo hagamos lo antes posible, por amor a la vida y a nuestros niños y jóvenes, y también por aquellos que todavía no han nacido. 

Costa Rica: ¿el paraíso de las islas artificiales?

Aunque parezca increíble, con la respuesta fechada el 11 de marzo del 2016 (Resolución DGM No 89) que nos dio al autor y al abogado Álvaro Sagot la Dirección de Geología y Minas (DGM) y el mismo Ministerio de Ambiente y Energía (R – 121 – 2016 del 18 de abril del 2016), nuestro paíspodría convertirse en un verdadero paraíso para la construcción de islas artificiales en el mar. 

Así de sencillo.  Resulta que cuando presentamos a la Dirección de Geología y Minas una denuncia sobre el hecho de que la empresa APM Terminals estaba realizando minería submarina (no metálica) en Moín, y no solo un simple dragado, la respuesta de dicha entidad fue que sus responsabilidades llegaban hasta la parte trasera de las playas. Es decir, que la DGM, según ellos, no tiene responsabilidad de fiscalización en las playas y en el suelo marino.  De manera que si alguien se pone a explotar la arena de una playa, o bien sacar arena del fondo marino, incluso con un gran barco, resulta que la DGM, y tampoco el MINAE, pueden hacer nada al respecto.

Pero el asunto no termina allí. En efecto, si el que está extrayendo la arena del fondo marino la usa para rellenar una isla artificial en el mar, está haciendo lo “correcto”, siempre que  tenga la viabilidad ambiental de la SETENA para construir la isla artificial y no del proceso extractivo minero no metálico.  Esto, aunque para rellenar la isla use un material que, según el Código de Minería de nuestro país, califique como “recurso mineral” submarino, y a pesar de que nuestra Constitución Política indique que para realizar esa actividad minera submarina se requiere de una Ley Especialde la Asamblea Legislativa que otorgue la concesión manera.

Contrasentido. Señalamos estos aspectos pocamente divulgados en razón de que son un verdadero y absoluto contrasentido que roza incluso con el sentido común. No obstante, esa es la posición de las dos autoridades principales que tienen que velar por que las actividades de extracción minera se realicen conforme a la legislación vigente (no solo el Código de Minería, sino también la Constitución Política) y en particular, a la legislación ambiental. Gracias a "autoridades" tan hacendosas como las señaladas, podemos afirmar que nuestras costas están "por la libre".

Según la posición de la DGM, como ellos no pueden dar concesiones mineras en playas o fondos marinos, entonces su papel de autoridad en materia de geología y minería llega hasta la parte de la trasplaya. Lo que pase en la playa y en el fondo marino “ya no es su responsabilidad”. Ese es el mensaje que transmiten con la respuesta que dieron a nuestra denuncia. Y además, si la materia mineral que se está extrayendo no es arena pura, sino que tiene un poco de lodo mezclado, entonces eso tampoco califica como un “recurso minero”, por lo que, aparentemente, puede desarrollarse la actividad sin tramitar ningún tipo de autorización.

Y aún hay más, pues resulta que desde el punto de vista ambiental tampoco se requiere cumplir con la Ley Orgánica del Ambiente y los requisitos que establece la Evaluación de Impacto Ambiental: en efecto, según la legislación vigente (si, toda la legislación, y no solo algunos artículos interpretados a conveniencia), toda actividad minera tiene que realizar de previo un Estudio de Impacto Ambiental completo e individual del sitio de explotación, y una vez que logre demostrar al Estado (y a la sociedad) que el proyecto planteado es “ambientalmente viable” es que puede solicitar la concesión. Ese es el camino que debe recorrer cualquier persona o empresa que desee obtener una concesión de explotación minera en el continente. Camino que es largo y se mide en años de trámites y estudios técnicos.

No obstante, tratándose de una actividad en el mar, parece que todo se transforma para felicidad de cualquier proyecto. "En el mar, la vida es más sabrosa" reza una conocida canción. Con solo tramitar la viabilidad ambiental de la obra que se quiere construir con el recurso minero que se va a explotar, y obtener la viabilidad ambiental para esa obra, entonces ya todos los obstáculos están suparados (Constitución Política, Estudio de Impacto Ambiental, Ley Especial ante la Asamblea Legislativa, trámite de concesión minera ante la DGM, entre otros).

Grave antecedente. Por esta causa es que decimos que con lo expresado en losdocumentos de respuesta a nuestra denuncia, la DGM, el MINAE y también la SETENA, están generando un gravísimo antecedente, pues con esa posición cualquiera podría venir a construir islas artificiales en nuestros maresy lo único que tendría que tramitar es la viabilidad ambiental para la isla, no para el proceso minero dirigido a obtener la materia prima para construirla. Ello aunque para hacerlo tenga que provocar undaño ambiental (submarino). Daño ambiental, porque al no haber realizado una evaluación de impacto ambiental individual de previo, la legislación lo define como tal, algo que no parece ser del interés de nuestras autoridades técnicas y ambientales. En el caso de APM, cabe precisar que, además, recibe un significativo regalo por parte del Estado costarricense.

En un artículo previo (APM y su fuente de arena: Diario Extra 03.nov.2015), señalábamos que, si le empresa hubiera tenido que comprar las fuentes de materiales mineros autorizados (con concesión minera y viabilidad ambiental), por los 5 millones de metros cúbicos de arena que necesita para rellenar la isla artificial hubiera que tenido que pagar alrededor de $100 millones, a costo de mercado. Monto que la empresa se ahorra y ni siquiera se toma en cuenta como parte de la inversión del Estado en el desarrollo del proyecto, cuyo costo total, para los 33 años, será de $1000 millones. 

Rectificación: ante lo aquí señalado podemos detectar que, en su afán de favorecer el proyecto de la Terminal Portuaria en Moín, nuestras "autoridades" técnicas y ambientales mencionadas han generado en verdadero enredo técnico jurídico que genera un vacío legal que requiere ser rectificado. Caso contrario, la institucionalidad ambiental del país quedará seriamente cuestionada, como ya también lo hizo la SETENA, cuando otorgó la Viabilidad Ambiental a dicho proyecto, sin tener el aval de su propia unidad técnica. Algo completamente contrario a la lógica del proceso de evaluación ambiental y sin antecedentes en nuestro país. 

Tratándose de ecosistemas muy frágiles como los de nuestras costas, de cuya salud dependen muchas comunidades costeras que viven del turismo, el grado de irresponsabilidad al que se está llegando no pareciera tener precedente alguno.

Esperamos entonces que nuestras "autoridades" ambientales consideren lo hecho y corrijan lo antes posible el adefesio producido. "Con Costa Rica no se juega": habíamos escuchado durante la última campaña electoral: algunos están jugando peligrosamente con el futuro de nuestras comunidades caribeñas y de nuestros mares en general.

A las nuevas autoridades municipales de la GAM

Ante todo se hace necesario extenderles a nuestras nuevas autoridades municipales una sincera felicitación por el cargo y el deseo ferviente de que cumplan con sus importantes responsabilidades con todo éxito. Éxito a labrar con esfuerzo, sacrificio, honradez y transparencia, después de 6 largos años de yerros y de extrañezas detectadas en algunas municipalidades y en nuestras autoridades nacionales en materia de ordenamiento territorial.

Debido al hecho de que el principal instrumento para realizar una eficiente gestión municipal lo representa un buen plan regulador se han presentado diversas especulaciones sobre este tema, vinculadas a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el autor de esta nota junto con el abogado ambientalista Alvaro Sagot. Debido a estas especulaciones de valía bastante limitada, se hace necesario hacer una serie de aclaraciones. 

Aclaraciones que consideramos podrían ser de gran utilidad para aquellas municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) que todavía no tienen viabilidad ambiental para su plan regulador:

1. De los 31 cantones que forman la GAM, un número importante de ellos tienen viabilidad ambiental de la SETENA. Dichos cantones son: Paraíso, Alvarado, Cartago, El Guarco, La Unión, Curridabat, Goicoechea, Moravia, Alajuelita, Tibás, Escazú, Atenas, Oreamuno y San Pablo (14). Algunos de ellos tienen ya su plan regulador debidamente aprobado por el INVU y operando en sus territorios. 

2. Las viabilidades ambientales a esos planes reguladores se tramitaron con el apoyo del Ministerio de Vivienda, por medio del Plan Regional y Urbano de la GAM, el denominado PRUGAM. Eso sucedió entre el año 2008 hasta principios del 2010.

3. Los cantones de la GAM que todavía no tienen viabilidad ambiental son: Desamparados, Flores, Poas, Alajuela, Santa Ana, Aserrí, San Rafael, Belén, Mora, Montes de Oca, Coronado, Santo Domingo, San Isidro, Heredia, Barva y Santa Bárbara (16).

4. El PRUGAM, a pesar de considerarse como un Plan Regional, planteó como una de sus tareas fundamentales el realizar los planes reguladores de todos los cantones de la GAM. Así se propuso elaborar la parte ambiental, es decir, la Zonificación de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), a la misma escala que se requiere para los planes reguladores, o sea, a escala 1:10.000. Esto es muy importante que se sepa, pues se han diseminado algunas especulaciones y confusiones sobre este preciso punto. El PRUGAM, bajo la coordinación técnica de este autor, quien trabajó con un grupo multidisciplinario de profesionales, elaboró los IFA de los 31 cantones a escala 1:10.000! El Plan Regional del PRUGAM se conformó por la unión de todas esas zonificaciones ambientales de los 31 cantones que conforman la GAM.

5. La zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM cumple con el procedimiento técnico establecido por el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, prueba de ello lo representa el hecho de que el PRUGAM recibió Viabilidad Ambiental de la SETENA en el año 2009.

6. Además de los IFA, el PRUGAM elaboró el Análisis de Alcance Ambiental que establece dicho decreto de los IFA, y no solo eso, también se elaboró el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM, que fue aprobado por la SETENA en noviembre del 2009.

7. Como producto de la zonificación de IFA, se identificaron un total de 15 zonas de fragilidad ambiental para la GAM. Para todas y cada una se identificaron las limitantes y potencialidades técnicas, así como las recomendaciones de uso del suelo que fueron formalizadas por la SETENA cuando otorgó la viabilidad ambiental (Resolución No. 1532 – 2009), y además, aprobó el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM (Resolución No. 2748 – 2009).

8. Para cada cantón, se elaboraron los mapas que solicita el decreto  de lo IFA, derivando el Mapa de zonificación de IFA, con la respectiva Tabla de Limitantes Técnicas.  Esta información puede ser consultada por las municipalidades en la página electrónica del MIVAH (www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml). Es muy importante señalar que esa información sigue vigente y puede ser utilizada por cualquiera de las municipalidades de la GAM que todavía no tenga viabilidad ambiental y plan regulador aprobado.

9. El Decreto 39150, promulgado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015, para “agilizar el trámite de los planes reguladores”, todavía está vigente. Solo fueron impugnados, ante la Sala Constitucional, algunos artículos que dicha Sala suspendió. No obstante, muchos de los artículos que permiten agilizar el trámite de los planes reguladores están vigentes y se pueden aplicar.

10.    Uno de esos corresponde con el inciso “a” del artículo 23, que establece que las municipalidades de la GAM cubiertas por el PRUGAM pueden hacer uso de los “insumos del PRUGAM”.  Dentro de esos insumos se encuentra, además de la zonificación de IFA, el Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible y la misma viabilidad ambiental!

Esto último es muy importante, ya que bajo esa premisa, y sobre la base de la aplicación del Decreto de “agilización de los planes reguladores”, las municipalidades de la GAM que no tengan todavía viabilidad ambiental para sus planes reguladores podrían solicitar que se les aplique la Viabilidad del PRUGAM. Para ello la recomendación es que la Municipalidad respectiva le informe a la SETENA que quiere hacer uso de ese insumo y que el Plan Regulador se va a circunscribir al mismo territorio que fue objeto de la zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM para ese cantón.

Así, en principio, la Municipalidad lo que debería presentar a la SETENA sería una actualización del Análisis del Alcance Ambiental y del Reglamento de Desarrollo Sostenible elaborado por el PRUGAM, pero adaptado al cantón respectivo y a la propuesta de Plan Regulador, al cual debe realizar examen ambiental de “sobreuso potencial”, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 32967MINAE. Dichos documentos están en poder del MIVAH y también pueden ser consultados en la SETENA.

Cabe aclarar también que para el año 2009 el PRUGAM elaboró las propuestas de una gran cantidad de planes reguladores para casi todos los cantones de la GAM. Unos de ellos finalmente fueron aprobados, otros fueron entregados a las municipalidades, pero no fueron tramitados por éstas. A pesar de eso, esos documentos podrían ser de utilidad para tramitar las nuevas propuestas del Plan Regulador de los cantones que así lo deseen. 

Aprovechar oportunidad. Como se puede ver, aprovechar esa oportunidad podría permitir cumplir con el objetivo y el espíritu del decreto y promover una agilización efectiva de los planes reguladores. Esto, sin tener que realizar grandes inversiones, ni “empezar de nuevo todo el proceso”,  pues de lo que se trata es que se aproveche la inversión realizada por el Estado con la ayuda de la Unión Europea por medio del PRUGAM. 

Finalmente, para los cantones que se encuentran fuera de la GAM, y que también elaboraron planes reguladores que se encuentran en un “limbo tramitológico” derivado del rechazo u archivo de sus expedientes, hemos presentado una solicitud a la Contraloría General de la República en la que se presentan los argumentos para pedir que el proceso de dichos expedientes se debería retrotraer hasta el momento previo en que la SETENA los archivó o rechazó: ello con el fin de que se pueda continuar con su trámite a partir de ese momento.

Esta gestión también obedece al hecho que los argumentos utilizados por la SETENA para el archivo o rechazo podrían tener serios vicios de ilegalidad en razón de que se utilizaron instrumentos no contemplados en la normativa vigente. Esperamos, por tanto, que la intervención de la CGR pueda resolver esta grave situación que afecta a tantos cantones del país.

El suscrito desea dar a conocer esta información con el ánimo de que las nuevas autoridades municipales dispongan de datos que puedan ser útiles para la gestión de sus planes reguladores, y a fin de que se aproveche al máximo lo que ya existe y está formalmente aprobado por la SETENA.

Planes reguladores, ProDUS UCR y SETENA: juzgue usted

En diversas ocasiones previas hemos advertido de lo grave que significa para el país, que más de 70 planes reguladores cantonales o costeros se encuentren en una especie de “limbo” tramitológico ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y luego ante el INVU.  Gravedad que no solo tiene que ver con el costo económico que ha significado para el Estado y las municipalidades, sinoen especial, por el gran tiempo perdido, que ya supera los 6 años.

Hay que tener claro, como hemos dicho, que los planes reguladores, o la planificación territorial, son fundamentales para el país y su sustentabilidad. No solo por el tema del desarrollo urbano, sino también para la conservación y protección de las áreas ambientalmente más sensibles, como las fuentes de agua, las áreas de recarga acuífera e, incluso, para una correcta prevención de daños por desastres naturales como deslizamientos, inundaciones, terremotos o actividades volcánicas. 

El que un país tenga una correcta y eficiente planificación territorial, es clave no solo para acercarse al desarrollo sustentable, sino también para poder proceder a lo que se denomina Planificación Estratégica. De allí que afirmemos que este es uno de los pasos clave para avanzar hacia un desarrollo socioeconómico y pretender ser un país desarrollado. Lo contrario significa sumergirse en el subdesarrollo, y en la crisis que a diario golpea nuestra Gran Área Metropolitana (GAM) y sus habitantes. De allí que comprender lo que está sucediendo en nuestro país durante los últimos 7 años es muy importante para rectificar el camino.

Debido a que sobre este tema se han dado muchas especulaciones y afirmaciones con poco sustento técnico, más llenas de subjetividad que de objetividad, y dado que se trata de un tema técnico que a veces confunde y aburre al lector, en lo que sigue presentamos un recuento de “eventos claves” que involucran a la SETENA y la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio del Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), y por extensión al actual ministro del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) para que el lector juzgue sobre lo que ha pasado.  

Este recuento se hace a partir de información de la misma SETENA, de datos de documentos legales públicos y de un revelador Oficio de ProDUSUCR (IC ProDUS 0612 2015), enviado en junio del 2015 al Alcalde de la Municipalidad de Flores.

a. 2002: La Sala Constitucional, después de cuatro años, resuelve que los planes reguladores deben realizar, de previo a su aprobación, un examen de evaluación de impacto ambiental.

b. 2004: Se publica, por medio de un decreto ejecutivo, el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que incluye un capítulo sobre Evaluación Ambiental Estratégica y, como parte del mismo, el lineamiento de que planes reguladores y cualquier otra planificación de uso del suelo debe introducir la variable ambiental, según procedimiento técnico a establecerse como parte del Manual de EIA.

c. 2006: Se publica el Decreto Ejecutivo con la metodología para introducir la variable ambiental en los planes reguladores. La SETENA les comunica a todas las municipalidades del país el lineamiento para que apliquen dicha metodología en sus planes reguladores nuevos o para actualizar los existentes.

d. 2006 a 2009: Se inicia el trámite de los planes reguladores (informe de evaluación ambiental) ante la SETENA. Se otorga la viabilidad ambiental a 17 planes reguladores y, además, al Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM). Entre los cantones con viabilidad ambiental se encuentran: La Unión, Escazú, Cartago, Oreamuno, Paraíso, Moravia, etc.

e. 2009: Personal de ProDUS UCR, bajo la dirección del Ing. Rosendo Pujol, se reúne con personal de la SETENA y “acuerdan” usar una metodología sustitutiva a la establecida en el 2006. La SETENA les da “el aval” para que ProDUS UCR lo haga con el Plan Regulador del cantón de San José.

f. 2010: Produs UCR presenta a la SETENA el Informe Ambiental del Plan Regulador de San José, con el uso de la metodología sustitutiva. Además, a partir de este año, la UCR firma una serie de contratos con varias municipalidades de país para realizar los planes reguladores, incluyendo el informe ambiental con el uso de la metodología sustitutiva “avalada” por la SETENA.

g. 2013: SETENA otorga la viabilidad ambiental al Plan Regulador del cantón de San José, que utilizó la metodología sustitutiva en vez de la que está formalmente establecida mediante decreto ejecutivo.

h. 2010 a 2015: la SETENA rechaza o archiva más de 70 planes reguladores costeros o cantonales, por diversas “razones”.

i. 2015 (enero): El Poder Ejecutivo conforma una Comisión para que elabore un decreto para “agilizar el trámite de los planes reguladores”. En la Comisión participa el Ministro del MIVAH, Ing. Rosendo Pujol. 

j. 2015 (septiembre): Se publica el Decreto Ejecutivo para “agilizar” el trámite de los planes reguladores. Como parte del decreto se da un lineamiento que permite que las municipalidades que han utilizado una “metodología sustitutiva” pueden presentarse a la SETENA para tramitar su viabilidad ambiental, incluso si el uso de esa metodología se hizo “antes” de que se publicara el decreto. Además, el decreto dice que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 2 años para inventar una nueva metodología de introducción de variable ambiental para sustituir la publicada en el año 2006. No se explica la razón,  con lo cual se vulnera los más básicos elementos de todo acto jurídico.

k. 2015 (septiembre): Un grupo de ministros, incluyendo el del MIVAH, y las presidentes ejecutivas del INVU y del IFAM, envían un oficio a todas las municipalidades del país en que les dan el orden con que se van a revisar los planes reguladores en la SETENA y el INVU. Casualidad (¿?), dentro de la lista de los cantones a revisar en el 2015 a 2016,  un grupo significativo corresponde a cantones que han firmado contratos con la UCR y a los cuales ProDUS le elaboró el Plan Regulador y el informe ambiental con el uso de la metodología sustitutiva.

l. 2015 (noviembre): La Sala Constitucional suspende la aplicación de algunos artículos del decreto de agilización de los planes reguladores, por irrespetar el Principio de No Regresión. Dentro de los artículos suspendidos se incluye el lineamiento que permitía el uso de metodologías sustitutivas a los informes ambientales de los planes reguladores.

m. 2015 (diciembre): La SETENA emite un Acuerdo de Comisión Plenaria en la que da lineamientos a las municipalidades sobre la aplicación del decreto de agilización de los planes reguladores y como parte del mismo, insiste en que las municipalidades pueden aplicar metodologías sustitutivas, a pesar de que la Sala Constitucional suspendió la aplicación del artículo. En otras palabras, la SETENA desacata lo ordenado por la Sala Constitucional.

n. 2016 (enero): Se presenta formal denuncia ante la Contraloría de la UCR respecto al hecho concreto de que ProDUS reconoce que no ha aplicado la normativa técnica y legal vigente, sino que ha aplicado una metodología “sustitutiva”. Al momento de elaborar este artículo no se ha tenido respuesta a esta denuncia, y esperamos que la lectura de estas breves líneas interpele a quién corresponda.

Además de la denuncia ante la Contraloría Universitaria, se han presentado sendas denuncias ante la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética Pública. Todas en proceso que esperemos se agilicen en las próximas semanas.

Ante todo esto, le pedimos que sea usted, lector de este artículo, el que juzgue y el que saque sus propias conclusiones.

Cuidado con la incineración

Cuando a las autoridades municipales se les ofrece la atractiva oferta de que, en vez de pagar por disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario, se les va a pagar por cada tonelada que entregan a una planta incineradora que no va contaminar, obviamente que suena como la mejor solución al eterno problema de la “basura”. Pero cuidado, como dicen nuestros abuelos, “no hay almuerzo gratis”. 

En efecto, se trata de una velada “trampa”, la cual puede tener muy severas y negativas consecuencias para el ambiente y la salud en general, de todo el país.

El tema de la incineración quedaría solo como una simple propuesta “comercial” más, si el Poder Ejecutivo no hubiese generado una “decisión estratégica” de publicar el decreto ejecutivo No. 39135 S MINAE (Coincineración), el pasado 1 de septiembre del 2015.

Con este decreto, el Estado costarricense, sin contar con los estudios técnicos que sustentaran dicha decisión, sin prever recursos para monitorear desde el punto de vista químico las partículas producidas en una planta incineradora,  y menos todavía, sin que se haya realizado el análisis estratégico (informado, participativo y transparente) de esa decisión,  ha abierto la puerta a proyectos de plantas incineradoras de residuos sólidos en Costa Rica. Algo sumamente grave, según los argumentos que veremos a continuación.

Incineración y sus costos. Para tener una mejor visión del tema, se debe observar que las plantas incineradoras que operan en la actualidad lo hacen cerca de grandes ciudades de países desarrollados (Europa, EE.UU. y China). Allí la incineración cumple su objetivo primordial, que es reducir el volumen de los residuos sólidos, por la gran cantidad con que se producen. Pero y ¿a qué costo es que se lleva a cabo la incineración.

La respuesta que se obtiene es variable, dependiendo del tamaño de la planta de incineración y del tipo de incineración que se va a aplicar. No obstante, resulta que la inversión inicial para instalar una incineradora de pequeñas dimensiones, que vaya a procesar cerca de 90.000 toneladas al año, es de más de $50 millones, con la característica de que, además, el costo de tratamiento de cada tonelada sería de cerca de $80.

Cuando se habla de una planta de mayores dimensiones, para unos 300 a 350.000 toneladas anuales, la inversión puede superar los $100 millones y el costo de cada tonelada sería de alrededor de $60.

Como se puede ver, el costo de la aplicación de la incineración es muy alto, lo cual explica la razón por la cual es una alternativa que prácticamente solo se usa en países desarrollados y, especialmente, en urbes muy pobladas.

Un estudio de Greenpeace en España recalca esta situación referente al alto costo de la incineración, por encima de otros sistemas de tratamiento, y al hecho de que los costos de los efectos ambientales negativos que produce también son muy altos, del orden de $44 por cada tonelada de residuos incinerada.

¿Trampa? Aunque en nuestro país no se han hecho pruebas concretas  y sistemáticas sobre la capacidad de combustión que tienen los residuos sólidos ordinarios que se producen (recordemos que entre un 60 y 75% de los residuos sólidos residenciales son desechos orgánicos y muy húmedos), resulta que a las municipalidades se les atrae diciéndoles que la totalidad de los residuos serían incinerados. 

Tanto es así, que existe un Convenio firmado entre la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que esta entidad o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) compren la electricidad generada por incineración a las plantas. El costo de cada kilovatio de electricidad lo establecería la ARESEP, según una ecuación que esta entidad tendría que definir y que por ahora no se conoce.

El Convenio señalado permite que cualquier municipalidad del país se pueda adherir al mismo, pero con una condición: tiene que firmar un contrato en que se comprometa a entregar la cantidad de residuos sólidos ordinarios que se establezca ¡por un periodo mínimo de 20 años!

Nótese que este contrato se firmaría sin conocer cuánta energía se podría producir de la incineración, ni cuál sería el costo a pagar por la misma, ni cuanto sería la tasa de armotización de la inversión realizada y el pago del tratamiento de cada tonelada de residuo entregada por el municipio a incineración.  Con toda esta incertidumbre se quiere convencer a las municipalidades que firmen un compromiso por 20 años. Algo que podría calificarse como una especie de “trampa”.

Grave contradicción. Pero la situación no termina allí. La peor consecuencia que tiene la emisión del decreto que abre las puertas a la incineración es la gravísima contradicción que tiene con la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

El espíritu de esa Ley, promulgada en el año 2010, es la gestión integral de los residuos, de allí que su elemento más significativo lo represente la jerarquización que establece su artículo 4. En síntesis, la jerarquización establece que, en estricto apego al ciclo del proceso de generación de residuos, se aplique la siguiente secuencia lógica: a) Evitar la generación en su origen, b) Reducir al máximo la generación de residuos en su origen, c) Reutilizar los residuos generados, d) Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el reensamblaje u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético, e) Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final, y f) Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como ecológicamente adecuada.

La contradicción estriba en el hecho de que la incineración requiere de la mayor cantidad de residuos, preferentemente aquellos que tienen posibilidad de combustión, como el papel, el cartón y el plástico que, si se aplica la jerarquización de los residuos de forma correcta, no los obtendría.

Siendo así, promover la incineración con “trampas”, como la firma de contratos con las municipalidades para que entreguen sus residuos por periodos mínimos de 20 años, llevaría a que la jerarquización no se pudiera cumplir, dado que se requeriría que la mayor cantidad de residuos sean entregados a la incineradora.

De esta manera, abrir la puerta a la incineración por medio del Decreto emitido lleva consigo el debilitamiento del incipiente Sistema Integral de Residuos Sólidos, que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado al país desarrollar. Algo que el país no puede darse el lujo de sacrificar, dado que en el caso de que la incineración no llegara a funcionar, no se tendría un sistema alternativo para el manejo de los residuos.

Alternativas. La emisión del decreto de incineración es otro ejemplo más de la forma desacertada con que se toman decisiones estratégicas en nuestro país. Seguimos con esta mala costumbre heredada de administraciones anteriores: decretos inconsultos según las ocurrencias de algún sector económico interesado en beneficiarse con algún tipo de proyecto, sin realizar un balance entre costos y beneficios para el país.   

La incineración debería estar restringida únicamente al tratamiento de los residuos sólidos peligrosos, dado que, en este ámbito, el país tiene un serio vacío, ya que dichos residuos se disponen junto con los ordinarios.

El cumplimiento de la Ley de Residuos y su Jerarquización debería llevar a establecer un serio fortalecimiento del Sistema Integrado, encaminado a evitar la generación, reducir, reciclar, reutilizar, de forma tal que se deba tratar la menor cantidad posible de residuos, en un sistema de relleno sanitario bien manejado y eficientemente ubicado. 

Pensemos en varias asociaciones de mujeres que ya  logran producir artesanía a partir de desechos y venderlos en ferias y exhibiciones. Pensemos también en el beneficio que se podría extraer de un 60 a 75% de cada bolsa plástica si las municipalidades adoptaran un mecanismo de colecta para abastecer un depósito de compost municipal o de producción de abono mediante lombricultura.

Apostar por la incineración  sin mayores estudios es un grave error que conllevaría un serio retroceso del avance que ha tenido el país en materia del manejo integral de los residuos sólidos. De allí que alertemos a las municipalidades de que mejor analicen con mucho cuidado las tentadoras ofertas que les hacen aquellos adeptos a la incineración.

Insuficiente paso hacia la sustentabilidad ambiental

La revisión del Acuerdo de París 2015 muestra que está lleno de “deberán” y en los “compromisos” más importantes se pasa a los “deberían”. No faltan los “podrán” y los “podrían”, también. No se encuentran en la redacción términos como “se tiene que” o “tendrán que”, que son más impositivos y vinculantes.  

El problema de uso de los condicionales, como el “debería”, es que no se genera un compromiso real, ya que queda a la decisión del actor a que se cumpla o no. Para plantearlo más coloquialmente: hay una diferencia muy clara cuando una mamá le pide al hijo que “tiene que sacar la basura”, a cuando le dice “que debería sacar la basura”. En este último caso el hijo lo que va a interpretar y decidir es si lo hace o no, en la primera, no tiene más alternativa que cumplir.

 

Dado que el documento del Acuerdo está escrito de esa forma, no se puede afirmar que en realidad se trata de un Acuerdo de compromisos vinculantes, aunque se le dé la mayor de las pompas y se anuncie como algo “histórico”. Es, más bien, como una serie de lineamientos de “buenas intenciones” entre los países que, como dice nuestro pueblo, tiene una alta probabilidad de transformarse en un “plato de babas”.

 

Acuerdo tímido. Reconocemos que el Acuerdo tiene cosas buenas, como la cantidad de países que lo suscriben, la preocupación y conciencia que se tiene del problema climático y el deseo de sintetizar y ordenar acciones direccionadas en un objetivo común. ¡Eso es bueno!

 

Lo que no es bueno es que no sea realista, en particular para focalizar el Acuerdo en su real dimensión respecto al problema más grande que es la “sustentabilidad ambiental de las actividades humanas”.

 

Aunque el Acuerdo hace mención al tema de bosques, de los océanos y la gestión del riesgo, lo hace de manera tímida, tangencial, sin ver la perspectiva real de la situación, ni plantear soluciones concretas en este tema, como la planificación territorial y una correcta gestión del uso de los recursos marinos, entre otros.

 

Esa condición, aunada al hecho antes mencionado de que el acuerdo es insuficiente para la dimensión del problema que enfrentamos, hace que la información salida de su aprobación resulte contraproducente: a la gente se le ha dado la idea que con este “histórico Acuerdo” la situación ambiental se va a arreglar. 

 

La gente interpreta que ya no hay por qué preocuparse, pues el Acuerdo resolverá el problema ambiental, que podría significar un aumento de la temperatura de la atmósfera y que, erróneamente, se piensa que afectaría a la humanidad hasta finales del siglo XXI, dentro de más de 80 años… Algo que, hemos insistido, es un error muy grave, y que resulta el peor resultado del Acuerdo de París.

 

El Acuerdo tiene un problema de desequilibrio o asimetría. Es evidente que en el tema de cambio climático el nivel de conocimiento obtenido deja ver que se trata de un problema grave y apremiante.

 

No obstante, al momento en que se tiene que llevar a la realidad de las acciones el Acuerdo queda muy distante. Algo que no es nada bueno, sobretodo por el hecho de que es la reunión número 21 y se tiene más de dos décadas de buscar un Acuerdo que sea suscrito por todos o casi todos los países, en particular los más desarrollados y contaminantes.

 

Verdadero problema. Pero ese problema (climático) solo es una parte de uno más grande que, pareciera, no se quiere visualizar en su conjunto, pese a que esa es la forma correcta de analizarlo.

 

La contaminación del aire en las grandes ciudades (los recientes ejemplos de Beijín, Madrid y Barcelona son solo algunas muestras), la pérdida de 11.000 hectáreas de bosque por año, la grave y acelerada reducción de la biodiversidad, que nos tiene inmersos en la Sexta Gran Extinción de Especies, la sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación de los ríos y los mares, los daños a los acuíferos, la desertificación y el rápido deterioro de los suelos fértiles por la industria, el urbanismo y la agricultura, son solo algunos de los graves problemas ambientales en el mundo que están en aumento cada día y que demuestran que el problema ambiental es muy serio. Problema que, por su dimensión y consecuencias, cuestiona seriamente el modelo económico depredador de la naturaleza en que está sustentada la civilización humana.

 

Modelo económico que debe ser replanteado y ajustado a un objetivo fundamental que es que las actividades humanas deben ser sustentables ambientalmente, incluyendo como parte de esto la componente social respecto a la equidad y la lucha contra la pobreza.

 

Desde este punto de vista resulta más visionario y contundente el planteamiento de “qué hacer” realizado por el Papa Francisco, como parte de su encíclica Laudato Sí. 

 

El Acuerdo de París trata de atender apenas una parte de ese Problema Mayor, con el agravante de que lo hace de forma tímida y sin la suficiente contundencia que se requiere, en particular, si se toma en cuenta el tiempo que se ha perdido.

 

Como hemos dicho, su efecto más negativo es que trasmite la falsa idea de que “ya todo está bien” y que con el Acuerdo “ya se tomaron las medidas necesarias”, lo cual es incorrecto en la medida de que el medio ambiente y la naturaleza se están y se seguirán deteriorando aceleradamente.

 

Camino a seguir. Por amor a la vida, y en particular a los niños y jóvenes de hoy, así como a las generaciones futuras, los ciudadanos del presente tenemos la responsabilidad de hacer conciencia de la situación y empezar a tomar acciones concretas, a toda escala, para solucionar el problema al que nos enfrentamos. En este sentido una de las primeras grandes tareas que debemos plantearnos es la de elegir, mediante el sufragio, nuevas autoridades verdaderamente comprometidas con la implementación de acciones que busquen el objetivo antes planteado.

 

Seguir por la senda de creer que “todo está bien” y seguir eligiendo autoridades que, una vez en el poder político, viajan mucho y hablan más, sin que actúen de forma concreta, es el camino equivocado.

APM y su fuente de arena

En medio de la discusión ambiental que hemos desarrollado sobre el tema de la Terminal de Contenedores de Moín de APM (ver: www.allanastorga.com), y en razón de una inspección de campo que pudimos realizar el pasado mes de agosto, nos ha surgido una duda importante sobre la fuente de arena que se requiere para el relleno de la isla que conformaría la Terminal.    Como producto de la revisión del proyecto aprobado por la SETENA en el estudio de impacto ambiental (EsIA), y autorizado por la Consejo Nacional de Concesiones (CNC), hemos hecho un hallazgo importante: resulta que APM se estaría ahorrando de comprar a mineros nacionales aproximadamente $100 millones, por explotar la arena que necesita del mismo fondo marino. 

 Explotación submarina de arena que se hace, aparentemente, sin contar con una concesión minera como el resto de los mineros nacionales, para los cuales, la legislación vigente les exige cumplir con estrictos requisitos técnicos, ambientales y legales. 

 Ante esto nos preguntamos: ¿esta es la forma con que este proyecto está contribuyendo a activar la economía nacional? O ¿más bien, es la forma en que el Estado beneficia y favorece a una empresa transnacional para abaratar sus costos y aumentar sus jugosas ganancias?

 El proyecto. Según el EsIA y el Anexo, aprobado por la SETENA el 17 de diciembre del 2014, para la construcción de la isla artificial, además de las rocas para construir el dique (que se están o se estarían importando de Noruega  según información reciente), se necesita un relleno de arena de cerca de 10.5 millones de metros cúbicos. Poco más de esa cantidad se obtendrá del dragado que el proyecto tiene que hacer en la Bahía de Moín, para facilitar el ingreso de los barcos. Pero cerca de 5 millones de m3 de arena, según el EsIA, serán obtenidos como “material de préstamo”.

 Con relación a la fuente de ese material de préstamo que en términos claros constituye sin duda alguna un recurso minero conformado por arenas, el EsIA no  es muy claro, pues mientras en el mapa del proyecto se indica que proviene de 11 tajos submarinos frente a las costas de Moín, por otro lado se dice se trata de una franja de aproximadamente 2 km de extensión. Lo que el EsIA si deja claro es que se trata de un área de 270 hectáreas del fondo marino frente a las costas de Moín.

 Al respecto, es importante aclarar al lector que este caso no se trata de un “dragado” para profundizar el fondo marino con un fin determinado, como el paso de embarcaciones de gran calado. Se trata más bien de una explotación de la arena del fondo marino para darle un fin específico, que es rellenar la isla artificial.

 Durante la inspección efectuada el pasado mes de agosto pudimos constatar que ese proceso se llevaba a cabo por medio de un barco que extrae la arena del fondo, la carga y posteriormente la deposita en el sitio de relleno. 

 Marco legal. Ante una consulta realizada a la Dirección de Geología y Minas en el año 2013 sobre el tema de la extracción minera en el mar, esta entidad, mediante el Oficio DGM/OD – 689 – 2013, señala textualmente lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y su mar patrimonial cualquiera que sea su origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. Y por lo tanto cualquier entidad privada que requiera extraer recursos líticos de hasta doscientas millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de las costas, de acuerdo al artículo 4 del Código (de Minería) solo podrá hacerlo de conformidad con lo que establece el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política en su último párrafo: …”de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa”.

 A esta obligación legal se le adiciona el requisito de que todo tajo debe cumplir con lo establecido en el territorio continental del país, según la ley, ya sea que vaya a utilizarse por el Estado (MOPT, ICE, municipalidades) o por ente privado, que es realizar un EsIA completo e individual (para el tajo) y el correspondiente trámite técnico legal de la concesión minera ante la DGM.

 En caso de APM y la extracción de arena que se realiza en frente a Playa Moín nos preguntamos si todos esos requisitos ya fueron cumplidos y así poder afirmar que si dispone de una correcta concesión minera que le permita hacer “minería submarina”, a fin de poder aprovechar esos recursos mineros en la construcción del proyecto. Esto, en sentido de que no realice una “competencia desleal” respecto a los tajos y concesiones mineras de cauces de dominio público que existen en la zona de Limón y que cuentan con la respectiva viabilidad ambiental y la correspondiente concesión minera. 

 Impacto ambiental. El asunto no se puede quedar solo en el tema económico antes señalado, ya que todavía hay un tema adicional muy importante. Se refiere al daño ambiental que se podría estar generando en el fondo marino frente a las costas de Moín, como producto de la explotación de arena del fondo del mar.  Hay que tener claro que se trata de un fondo marino cercano a la costa y que, por tanto, sirve de nicho ecológico de diversos organismos marinos. Organismos marinos que están protegidos por la legislación ambiental del país, por lo cual resulta claro que de previo a la autorización de un proyecto de minería submarina se requiere realizar un completo y detallado EsIA, algo que, específicamente para el proyecto de APM, NO se ha realizado.

Además, el impacto en el fondo marino no es el único, es el primero de una larga cadena de impactos que afecta la calidad del agua marina, la morfología y el paisaje costeros y otros organismos marinos, como las tortugas que anidan en las playas de Moín.

 Solicitud. Sobre este tema, el pasado 6 de octubre procedimos a plantear la correspondiente denuncia ante la DGM, a fin de que se aclare la situación. Todavía estamos esperando la respuesta. 

 Requerimos que las autoridades de gobierno, como el MINAE, la SETENA y el CNC, aclaren toda esta situación y expliquen por qué se dice que la construcción de este megaproyecto viene a reactivar la economía de Limón y del país, cuando por otro lado, se le dan facilidades para que realice actividades mineras que parecen contradecir ampliamente el marco legal vigente el país. Marco legal que fija reglas claras para la obtención de concesiones de explotación minera y para su evaluación de impacto ambiental. Algo que, en el caso de APM, no parece haberse cumplido del todo.

 En razón de esto es que instamos a esas entidades a que den una pronta respuesta a las costarricenses, aclarando con transparencia el estado legal y ambiental de esta explotación minera submarina. 

 

*Geólogo Ambiental