Balance ambiental de la administración Alvarado

No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.

Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.

Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.

Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.

Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.

Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.

La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.

El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.

En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.

Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.

En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).

Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.

Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.

Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.

SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.

Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.

Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.

Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.

Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.

Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.

En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.

Solo Centroamérica podrá salvar a Centroamérica

El año 2020, con los severos efectos de la Pandemia provocada por el SAR-COV 2 y la serie de huracanes y tormentas tropicales que afectaron, en pocos meses a Centroamérica, se ha convertido en el año más destructivo, no solo de la infraestructura de la región, sino también de la voluntad de lucha y de sobrevivencia de muchos centroamericanos, en particular, los más pobres de la región, que son lo más.

Con los efectos de la Pandemia, la pobreza en la región se ha incrementado notablemente a más de un 60 % en promedio, es decir que cerca de 30 millones de centroamericanos viven bajo el umbral de pobreza y de la economía informal que depende del casi desaparecido turismo y de lo que los otros centroamericanos, algo más acomodados, también golpeados (en un buen porcentaje) puedan colaborar.

Con una situación así, en el último trimestre del 2020, con los huracanes Eta e Iota, la situación se ha agravado mucho más. Grandes partes de norte de Centroamérica fueron inundadas de forma severa, se han perdido vidas, puentes, carreteras, campos de cultivo, ganado, casas. Enormes áreas han sido severamente afectadas. La gente en albergues no tiene a donde regresar, pues lo que tenía ha desaparecido.

Los impactos de la Pandemia y los efectos severos del Cambio Climático son como una perversa máquina del tiempo. Nos empobrecen como región y nos hacen retroceder 10, 15 y hasta 20 años hacia el pasado, como si todo el esfuerzo socioeconómico de progreso puesto de manifiesto con la construcción de caminos, puentes, instalación de líneas vitales de electricidad y comunicaciones, entre otros, nunca se hubiera dado. Las calles asfaltadas pasan, como por arte de magia a calles de lastre y barro. La comunicación entre los pueblos vuelve a ser larga y complicada. Hasta los sistemas de comunicación de diferente tipo se pierden, incluyendo la “internet”.

Nuestra región centroamericana, ante estos embates de la Naturaleza, lo que hace y espera, es ayuda internacional parar paliar parte de los mayores problemas que enfrenta. No obstante, esta vez, por primera vez en la historia de la región, la situación es diferente. El resto del mundo está atendiendo sus propios problemas generados por la Pandemia. La ayuda llegará a cuenta gotas y no será suficiente. Por eso, decimos que solo Centroamérica será capaz de salvar a Centroamérica.

Cambio de paradigma: la forma en que Centroamérica puede salvar a Centroamérica es realizando un profundo cambio de paradigma en las formas en que salimos de las crisis que cíclicamente tenemos que afrontar. Si observamos nuestro pasado reciente, en todos los países de la región, observamos el mismo patrón: después de un desastre, buscamos algunos recursos y tratamos de resolver las cosas poniendo pequeños parches, reconstruyendo lo dañado y tratando de seguir adelante, pidiendo, “por lo más divino” que la situación no se vuelva a repetir. Es como un volver a iniciar, empezando desde más atrás de cuando estábamos. En condiciones de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad social y ambiental y con mucho menor resiliencia. La peor forma de estar preparados ante un nuevo evento de desastre.

Esa forma de hacer las cosas, solo nos hunde aún más en el subdesarrollo, no solo económico, sino también de educación y cultura. Nuestros niños y jóvenes, nuestro mayor tesoro, nuestro futuro, quedan fuertemente limitados para poder seguir su camino de educación y así, un desastre como un huracán se convierte en una caja de pandora social y cultural para un país que se hunde lentamente en la pobreza social y en el que se abre una profunda brecha de diferencia social, entre los más ricos y los más pobres que genera escenarios dignos del realismo mágico latinoamericano.

Independientemente del tipo de gobierno que administre cada país de la región, de izquierda, de centro o de derecha, la sombra de un retorno al pasado de pobreza de cierne sobre nuestros países con el tamaño de un enorme huracán. Por eso, independientemente del sistema político imperante y por encima de ello, urge hacer un cambio de paradigma.

Ese cambio de paradigma parte de cambiar la forma en que atendemos los desastres. No puede ser que reconstruyamos sobre los lugares de desastre, sin que corrijamos las condiciones de construcción y desarrollemos obras resilientes, así como una población resiliente. Obviar esto es un grave error, en una región que es una de las zonas de planeta mas vulnerables a los efectos del Cambio Climático que no solo se manifiesta con huracanes y tormentas tropicales, sino también con severas sequías que afectan profundamente, y de forma cíclica al Corredor Seco Mesoamericano.

Y mayor error todavía, si además obviamos que también es una región del mundo muy vulnerable a los GeoRiesgos como los terremotos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos, los tsunamis en las zonas costeras y otros eventos de desastre asociados a procesos geológicos.

En solo 500 años la región de Centroamérica ha sido afectada por casi 150 terremotos destructivos, muchos de los cuales se localizaron cerca de las grandes capitales de la región. En promedio, ocurre un terremoto destructivo cada 3 años en la región, siendo el último de estos el de Chinchona en Costa Rica en el año 2009. De manera que los GeoRiesgos no pueden dejarse de lado en el nuevo cambio de paradigma que requerimos hacer para saltar hacia el desarrollo, en vez de seguir sumergiéndonos en el subdesarrollo y el des progreso socioeconómico.

Centroamérica y Japón: aunque las comparaciones, por lo general, no son buenas, en este caso se hace necesario. Resulta que Japón, es una provincia geológica originada por el choque de placas tectónicas muy similar a Centroamérica. Incluso, Centroamérica es un 30 % más grande y es mucho más rica en recursos naturales que Japón. Ambas regionales son altamente vulnerables a los desastres. No obstante, Japón se encuentra entre los cinco países más ricos del mundo, mientras que Centroamérica, como región no alcanza ni el sexto lugar en América Latina. Nos preguntamos: ¿qué marca la diferencia?

A la tentadora respuesta, para algunos, de que se trata de su gente, les diremos que se equivocan. Centroamérica fue la cuna de una gran civilización (Maya) que se extendió por toda Mesoamérica y que prosperó por siglos mostrando impresionantes avances en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la organización social y su convivencia equilibrada con la naturaleza. Los herederos de esta civilización maya todavía se encuentran en Centroamérica.

La respuesta a la diferencia, es clara, y tiene ver con el hecho de que en Centroamérica No realizamos Planificación Estratégica para el desarrollo. Y no la hacemos, porque no conocemos el potencial que tenemos. Y no conocemos ese potencial, porque no tenemos la información científica de detalle que requerimos. Así de simple. Sin información a la escala destallada (1:25,000 o menos) que sirva de base para la Planificación Estratégica de nuestro desarrollo, jamás saldremos adelante. Jamás.

Y si no salimos adelante por esa vía, nuestros problemas se agravarán, aumentará la pobreza, la degradación del ambiente, los conflictos sociales y políticos, la brecha social y la inmigración hacia otros países en busca de respuestas que la región no pudo darle.

La solución está en nuestras manos, pero primero debemos comprenderla bien. Requerimos de hacer un esfuerzo extraordinario para impulsar un Programa de Intervención para el Desarrollo Sustentable para Centroamérica y República Dominicana como el que se ha planteado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En los tiempos en que nos encontramos, bien entrados en el siglo XXI, con el apoyo tecnológico que tiene la región, realizar un Programa de Intervención para lograr el cambio de paradigma en la región, no es tan difícil como se imaginaría y podría generarse en un tiempo más bien corto (dos años como máximo).

A diferencia de otros programas regionales impulsados con antelación, el Programa de Intervención tiene como propósito primordial general información de detalle para la toma de decisiones estratégicas a nivel de gobierno local, sin que la misma no pueda ser también utilizada por otras entidades gubernamentales de lo países. No obstante, se tiene claro que la solución a los numerosos problemas que tiene Centroamérica no se puede dar solo con políticas centralizadas, requiere de la acción puntual y acumulativa a través de los más de mil trescientos gobiernos locales que tiene la región. Esos gobiernos locales requieren información detallada sobre su potencial para planificar su desarrollo sustentable y el progreso de su población.

No hay tiempo que perder y urge empezar a trabajar en el cambio de paradigma. Los años que vienen va a ser más duros que los pasados y solo tenemos una alternativa. No obstante, la crisis en la que estamos también es una gran oportunidad, para corregir errores y cambiar todo para que Centroamérica pueda progresar de forma sustentable y convertirse en un ejemplo para el mundo. Es posible y lo podemos alcanzar.

La meta es que para el 2030, Centroamérica se convierta en una de las regiones más productivas y prósperas del planeta. La clave es cambiar la actitud y la estrategia de desarrollo que tenemos. No es necesario estar esperando “caridad o ayuda” de los otros países: Centroamérica puede salvar a Centroamérica.

Nueva ley del recurso hídrico es un innecesario monstruo de agua

Posiblemente pocos sepan que en la Asamblea Legislativa se está tramitando un proyecto de ley, con el número de expediente 20212, conocido como Ley para la gestión integrada del recurso hídrico (abreviada aquí, como “nueva ley de aguas”. Este proyecto de ley de encuentra en un estado avanzado de trámite y está pronto de ingresar al plenario para su aprobación en primer debate. Algo que, definitivamente, no debería suceder por varias y muy importantes razones que deseamos explicar aquí.

En primer lugar, hace algunos meses, por este mismo medio de comunicación y de su sección de opinión, señalé las grandes limitaciones técnicas que tenía el proyecto (ver: www.allan-astorga.com). En esa ocasión señale la enorme importancia que tenía el introducir algunos importantes ajustes a la ley en materia de la gestión de las aguas subterráneas. Paradójicamente, las aguas subterráneas son el recurso natural más importante que tiene el país y, sin embargo, la nueva ley de aguas la subordina en un segundo lugar, con lo cual se comete un primer gran error estratégico en lo referente al fondo del proyecto.

Al momento en que publiqué el artículo señalé, con ánimo proactivo, las correcciones básicas que era necesario introducir para lograr equilibrar el proyecto de ley y convertirlo en una ley moderna, del siglo XXI. Incluso, como siempre hago, ofrecí mi colaboración para mejorar el proyecto ley. No obtuve ninguna respuesta al respecto.

No obstante, he seguido revisando el proyecto de la nueva ley de aguas a la luz de otro tema que resulta altamente preocupante, la denominada Dirección Nacional de Aguas (DINA), que se crea en el Ley y que quedaría adscrita al MINAE como ente rector en materia de aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y es precisamente en este punto en que he descubierto que la Asamblea Legislativa esta a punto de cometer un muy serio daño al país.

Monstruo del agua: a como está organizado y redactado el proyecto de nueva ley de recursos hídricos, la DINA se convertirá en un enorme, aparatoso y sumamente costoso Monstruo del Agua, algo de lo que todos nos arrepentiremos muy pronto cuando empiece a extender sus enormes tentáculos por todo el país.

Por las funciones y atribuciones que la nueva ley de la da a la actual Dirección de Agua del MINAE, la DINA se convertirá una superestructura burocrática, con sede en San José y varias oficinas regionales, similar al SINAC, pero mucho más grande. No dudamos que estará llena de funcionarios administrativos y técnicos, cuya misión será gestionar el agua del país. Con más funciones y atribuciones que RECOPE o el mismo SINAC, no dudamos que en pocos años la DINA tendrá miles de empleados cuyos salarios y beneficios tendremos que pagarlos todos los costarricenses, ya sea por los impuestos comunes o bien los cánones al uso del agua o por los vertidos. Estamos seguros que será una creatura verdaderamente enorme y lo más importante, absolutamente innecesaria.

Los antecedentes del monstruo del agua: el adagio popular señala que “por la víspera se saca el día”. Pues así sucede con la Dirección de Agua del MINAE. Si analizamos todo lo actuado por esta entidad, en materia de “protección” del agua, no damos cuenta que tiene unos antecedentes verdaderamente preocupantes que merecerían una profunda revisión por parte de la Contraloría General de la República y la misma Defensoría de los Habitantes. Veamos algunos botones de muestra.

Edificio de la corte en Ciudad Quesada: el que iba a ser el nuevo edificio de la Corte de Justicia de Ciudad Quesada, que no ha sido ocupado, después de varios años de haber sido construido, gracias a la participación de la DA del MINAE, casi fue ordenado que se demoliera, por el simple hecho de que durante la construcción del mismo se interceptó un brote de agua (localizado aguas arriba del edificio) subsuperficial y que la DA definió como una naciente permanente, en medio de Ciudad Quesada y le estableció un radio de protección de 100 metros.

Cuando se presentaron los estudios técnicos para demostrar que se trataba de flujo de agua subsuperficial, la DA hizo la inspección y concluyó que más bien había otra salida de agua con otro radio de protección de 100 metros en el mismo centro de Ciudad Quesada. Para los que conocen Ciudad Quesada saben que, por su condición topográfica y geológica, al localizarse al pie de monte del Volcán Platanar y su enorme área de recarga acuífera, las salidas de agua subsuperficial en la Ciudad son comunes y frecuentes. No obstante, con el pensamiento de la Dirección de Agua, todo lo que esté dentro de los radios de protección debería ser demolido, pues según ellos y una vetusta e incongruente interpretación de la Procuraduría General de la República, dentro de los radios de protección no debe haber construcciones ni ninguna otra actividad humana, como la agricultura o la ganadería.

Como se puede ver, la DA, con una rectoría que en la actualidad no está en la ley, ya empieza a generar grandes problemas con su criterio de los inamovibles radios de protección. No queremos imaginarnos cuando tenga miles de funcionarios haciendo lo mismo, y en consideración de una ley que la crea como un superministerio dentro del mismo MINAE. El monstruo va a tener garras, colmillos y tentáculos mucho más grandes.

Finca en Poás: este caso es diferente, pero deja ver lo grave que significa realizar una inadecuada gestión de los recursos hídricos. Se trata de un propietario privado de una finca de 3,3 hectáreas (33 mil m2) que solicita el uso del suelo a la Municipalidad de Poás para construir una casa dentro del terreno, según la normativa urbana vigente. La Municipalidad le responde que no es posible, pues casi el 100 % de la finca cae dentro de los radios de protección de varios manantiales captados y no captados localizados por la Dirección de Agua en su base de datos.

Al revisar la situación y aplicar las denominadas áreas de captura inmediata que consiste en definir los llamados tubos de flujo de los manantiales, nos damos cuenta que cerca del 85 % de la finca (28 mil m2) pueden quedar liberados y pueden usarse en desarrollo urbano o bien actividades agrícolas y ganaderas, sin que impliquen, en ningún momento, potencial de afectación de las fuentes de agua.

La estimación de esas áreas de captura inmediata, que ha sido avalada por la Sala Constitucional, se realiza por metodologías científicas, hidrogeológicas que tienen más de 40 años de aplicarse a nivel internacional. Sin embargo, resulta que la DA no acepta que se reduzcan los radios de protección, a pesar de eso, y, por tanto, para la DA, los radios de protección es lo único que existe.

Como se ve, ese accionar confiscatorio de la DA resulta hasta inconstitucional pues parece violatorio del artículo 45 de la constitución, ya que, aunque el propietario puede ser dueño de la finca, el Estado no está obligado a indemnizarle el que no pueda hacer nada en ella, ni siquiera una pequeña casa.

Cuando revisamos con cuidado lo que dice la nueva ley de aguas nos llevamos la infortunada sorpresa de que, en caso de que se aprobara, estaría consolidando ese errático accionar de la DA del MINAE, con lo cual, estaríamos a las puertas de un verdadero desastre, pues no debemos olvidar que Costa Rica es muy rico en aguas subterráneas y que, casi en todo lado, hay nacientes, manantiales y peor aún, brotes de agua subsuperficial que para la DA también son nacientes.

Soluciones a la mano: al revisar la legislación vigente en materia de aguas subterráneas, acuíferos y manantiales, descubrimos que la solución a toda esta problemática ya existe. Resulta sumamente barata y se apoya en una importante base científica. Y, sobre todo, no se tiene que consolidar una legislación equivocada como hasta ahora se ha hecho ni tampoco crear un enorme, costoso e innecesario monstruo del agua como la DINA.

La Ley del Colegio de Geólogos de Costa Rica establece claramente desde principios de la década de los años 70 que los geólogos son los profesionales que deben gestionar los acuíferos y las aguas subterráneas. Algo que resulta absolutamente lógico pues para hacerlo se requiere conocer las formaciones geológicas donde se albergan los acuíferos. Dicha ley señala además que un estudio público o privado realizado por un geólogo, deber ser revisado y avalado por otro geólogo. Esto al amparo de la ley y el reglamento del Colegio de Geólogos, como del Código de Ética que norma esa profesión.

El profesional en geología que revisa y dado el caso, avala el informe de otro geólogo, no debe, necesariamente, laborar para una institución del Estado, solo se ocupa que esté habilitado por el CGCR para revisar el estudio y que asuma la responsabilidad de esa tarea.

Siendo así, las Municipalidades y gobiernos locales del país, no necesitan de una superdirección de agua. Lo que ocupan es cumplir la normativa señalada que norma el accionar de los geólogos y un detallado y bien redactado Reglamento de Uso, Manejo y Protección de las Aguas Subterráneas en Costa Rica. Reglamento que es posible realizar sin una nueva ley de aguas, dado que con la legislación existente (Ley de aguas de 1942, ley de aguas, ley de salud, ley de planificación urbana y ley forestal, principalmente), es posible lograrlo.

Las municipalidades pueden perfectamente asumir el rol de autoridades en materia de aguas superficiales y subterráneas por una simple razón y es que, la gestión del agua afecta directamente el uso del suelo que es precisamente lo que las municipalidades administran por un mandato constitucional y con autonomía.

Como se ve, no existe necesidad de crear un monstruo del agua que saldrá muy caro, no solo económicamente para el país, sin para el progreso del país a todo nivel, urbano, industrial, agrícola, agropecuario y demás.

Los recursos hídricos se pueden gestionar y proteger sin necesidad de crear más burocracia pesada y cara. Es hora que aprovechemos al máximo los instrumentos que ya tenemos y ordenemos el tema de la Gobernanza del Agua.

En resumen, si una nueva ley de recursos hídricos, lejos de resolver los problemas que ya tenemos en materia de agua, los va a complicar, lo mejor sería no promulgarla y que el Poder Ejecutivo norme verdaderas reglas de uso, manejo y protección de las aguas subterráneas apoyado en la gestión de las municipalidades y la legislación ya señalada. Resulta más claro y estamos seguros, protegerá mejor este valioso recurso que tiene nuestro país.

PhD. Allan Astorga Gättgens
Doctor en Ciencias Naturales

La crisis por la pandemia: a grandes males, grandes remedios

Para todos casi todos, es claro que el manejo de la Pandemia por Sars – Cov2 en nuestro país se ha traducido en una grave crisis socioeconómica, de educación y salud metal. En unos meses, en medio de la alarma de salud, los gastos del Estado se incrementaron significativamente para atender la emergencia, mientras que el desempleo alcanzó cifras récord, así como el trabajo en la informalidad que ya, de por sí, era inadecuadamente alto antes de la crisis.

Como señalamos en uno de mis últimos artículos de opinión (ver:www.allan-astorga.com) la población laboral del país se dividió básicamente en dos grandes grupos: a) los sin salario, ni pensión, ni ingresos fijos, es decir los “Trabajadores Sin Ingreso Fijo”, que llamaremos los “TraSIF”; y los b) los con salarios del Estado, o de empresas privadas que han logrado salir adelante en medio de la crisis y, claro está, los pensionados, es decir las “Personas Con Ingreso Fijo” a los que llamaremos los “PerCIF”.

TraSIF: es claro que las personas de este grupo se incrementaron de forma muy acelerada durante la crisis, en particular el sector turismo que es la principal industria verde del país y su primera fuente de ingresos. En este momento los TraSIF representan un porcentaje muy alto de la población laboral del país y, básicamente, somos, pues formo parte de ese grupo desde que renuncié a la UCR en agosto de 2019; quienes hemos tenido que soportar el mayor embate de la crisis. La afectación por las crisis nos ha obligado a “sobrevivir” sin dejar de ayudar a otros en situaciones de mayor sobrevivencia. Aunque se han dictado algunas medidas para ayudar a paliar la crisis, este sector, definitivamente ha sido el más golpeado y el que mas ha sufrido las consecuencias. Paradójicamente, como hemos dicho, son los que menos (o ninguna) representación tienen al momento de tomar decisiones sobre la atención de la crisis, incluso al momento de crear un “dialogo nacional”, no son tomados en cuenta, pues no están representados por organizaciones, más, sin embargo, no significa que no existan.

PerCIF: por su parte, son un grupo bastante privilegiado, dado que a pesar de la crisis continuó recibiendo sus ingresos fijos mensuales, representados por salarios y pensiones. Como señalamos hay PerCIF del sector público que no solo vienen del gobierno central, sino de alrededor de las 390 instituciones públicas que tiene el país como parte del gobierno centralizado y dejando al lado los gobiernos locales. Conozco muy bien lo que es ser un PerCIF, pues trabajé varias décadas, en el ICE, RECOPE, SETENA y la UCR, por lo que sé muy bien lo que significa ser un trabajador privilegiado que recibe un ingreso mensual fijo que se incrementa anualmente por una serie de beneficios adicionales que se obtienen.

Crisis económica: prefiero llamarle así que “fiscal”, porque este último adjetivo da la impresión de que es un problema económico del Estado, respecto a sus ingresos y sus gastos, cuando en realidad es de la gran mayoría de toda su población y en particular de los TraSIF que están, apenas, sobreviviendo ante esta lamentable situación que no termina.

Cuando nos preguntamos, como se ha estado manejando esta crisis de la Pandemia y económica y quiénes son los que han tomado decisiones estratégicas y quiénes están pagando “los platos rotos” de esas decisiones, nos damos cuenta que la diferencia arriba señalada se vuelve más palpable. Resulta que todas las decisiones han sido tomadas por los PerCIF y quienes pagan las consecuencias son los TraSIF. Incluso ahora que se plantean soluciones a la crisis fiscal, resulta que la gran mayoría de las soluciones que se plantean es que sean los TraSIF lo que terminen pagando, de alguna forma, gran parte de los costos económicos que se requieren para aminorar la crisis económica actual y futura.

Y aquí viene el punto, pues la pregunta es lógica: ¿y que sacrificio están dispuestos a hacer los PerCIF para solventar la crisis económica más grande que hayamos enfrentado como país? La lógica dicta que este debería ser la premisa fundamental para empezar a construir una verdadera y sólida solución a los problemas de nuestro país.

Cuestionamientos lógicos: y claro está, empieza a caer una lluvia de preguntas muy serias: ¿se requieren tantas instituciones con tanto personal?, ¿se requieren tantos empleados públicos?, ¿se requieren tanto privilegios?, ¿se requiere tanta burocracia?, un estudio de la Universidad de Oxford señala que el 50 % de los empleos realizados por humanos será sustituido (en la década 2020 – 2030) por un sistema de automatizado y, dado que la Pandemia ha acelerado esa tendencia: ¿por qué en nuestro país no estamos hablando de eso como parte a la solución de la crisis fiscal? En resumen: ¿porqué, en medio de un gran mal como el que nos agobia, no empezamos a hablar de grandes soluciones, como una significativa reducción del Estado y sus instituciones?

Existen muchos datos e indicadores que podrían reforzar esto, si se pudiera conversar de forma transparente y abierta, sin temor a represalias de los TraSIF, incluyendo las organizaciones que los representan. Pero cuando los gastos en educación señalan que aparentemente, el Estado gasta más en un estudiante de escuela o colegio público en promedio anual que lo que gasta una familia en un estudiante en escuela o colegio privado, queda claro que estamos ante una situación de umbral crítico que señala que es momento de generar grandes y profundos remedios.

Se requiere tanto personal en RECOPE o con un sistema automatizado se podría reducir a solo un 10 por ciento del total. Requiere tanto personal el ICE para dar servicio de electricidad y telefonía o con un sistema automatizado se puede adelgazar notablemente. Y así como podemos seguir dando muchos ejemplos, grandes y pequeños: la misma CCSS requiere tano personal administrativo, el INS, o en el gobierno central: el MEP, el SINAC, la Dirección de Aguas, la SETENA y muchos, muchos ejemplos más. Lo que sabemos es que, en materia de procesos de trámites y permisos, un sistema de automatización de datos con “machine learning” podría reducir a la mitad o menos el personal necesario.

Tratar de superar la crisis económica acelerada por la Pandemia en 10 meses y que volvamos a la “normalidad” con solo el sacrificio de los TraSIF y dejando a los PerCIF intactos y con sus privilegios, no es justo, correcto y sobretodo, es imposible, dado que no hay sustentabilidad real en eso. Se requiere una profunda reforma que lleve a una muy drástica reducción del gasto para solventar la enorme crisis en que nos sumergieron los PerCIF con sus muchas desacertadas e inconsultas decisiones.

Para mí, como ex Catedrático de la UCR ha sido decepcionante y aleccionador el ver como entidades que deberían ser objetivas y altamente críticas como la Academia incluyendo entidades como el Estado de la Nación, asumen posiciones complacientes, incluso usando datos de la ciencia, para dar el respaldo a esas desacertadas decisiones. Es una de las únicas cosas positivas que ha dejado esta extraña crisis pandémica, que se ha podido diferenciar, por sus intereses “la brizna del trigo”.

Camino a seguir: el viejo refrán de nuestros abuelos de que “a grandes males, grandes remedios” se hace, hoy más que nunca necesario. No asumir esa responsabilidad histórica podría acarrear muy serias consecuencias sociales para el país.

La solución aquí planteada, como un eje estratégico para empezar a salir de la crisis, complementado con un verdadero impulso al desarrollo socioeconómico acelerado y sostenible del país, son indispensables. Al respecto, le hemos hecho numerosas propuestas al gobierno (HAGA CLIC AQUÍ). Y no me refiero a soluciones ilusas y fatuas como explotar o “empeñar” el oro de Crucitas, o la riqueza minera metálica de existencia NO probada del resto del país, o la existencia no probada de una dizque riqueza petrolera. Nos referimos a un impulso al desarrollo económico del país, basado en una debida y correcta planificación estratégica de sus recursos y de su manejo sustentable: bosques, biodiversidad, suelos, agua subterránea, mares, entre otras.

Debemos y tenemos que ser creativos para desarrollar empleos que si se necesiten para impulsar el desarrollo sustentable y acelerado de nuestro país. Este es el momento de generar el cambio, pues todavía se pueden reducir al máximo los efectos colaterales.

Dejarse llevar por el ritmo electoral y cálculos político – electoreros no sería correcto y lo único que hará será alargar y agravar la crisis para el país y para quien asuma el poder en poco menos de dos años. No tiene sentido esperar, pues los grandes remedios ante los grandes males, nunca deben esperar.

Pandemia por Sars-cov 2: observaciones lógicas

Aclaro que no soy médico, sin embargo, soy científico y, por tanto, tengo la experiencia de aplicar el método científico y, por ello he querido presentar algunas observaciones lógicas al tema de la Pandemia por el Sars – Cov 2 que nos ha afectado, prácticamente, durante todo los más de 10 meses que llevamos del año 2020. También, deseo recalcar que toda vida es importante y valiosa y, claro está, todo deceso es lamentable, en particular, para sus familiares.

Pandemia: llama mucho la atención que, aparentemente, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó la definición de Pandemia. Le eliminó el concepto de una mortalidad significativamente alta y la dejó centrada en una enfermedad de rápida transmisión en varios países.

Al suprimirse ese concepto, se eliminó el elemento que conducía a definir la Pandemia sobre una base numérica y no solo por el hecho de que tuviera una rápida propagación. Y sobre este dato de los números, vale la pena ver algunos que se presentan en la página de “Worldometer” que lleva al pulso de los principales indicadores del mundo.

Números del mundo: para el momento en que redacto este escrito (23.10.2020: 6:58 pm), la población mundial es de 7,820,577,665 personas, es decir, más de 7,820 millones. Los nacimientos durante este año alcanzan la cifra de 113,909,050 (más de 113 millones).

Las muertes totales suman 47,821,793 (más de 47 millones) durante este año 2020. La cantidad de muertes por infecciones (sin considerar la Covid – 19) alcanza 10,554,715 (más de 10,5 millones). Las muertes de niños menores de cinco años son de 6,180,000 (más de 6 millones). Los abortos superan los 34 millones (34,604,579) solo durante este año. Las muertes durante este año, producidas por infecciones de HIV/SIDA alcanza 1,366,785 (más de 1,3 millones). Otros datos del 2020: muertes causadas por fumado: 4,064,459; muertes causadas por consumo de alcohol: 2,033,513; suicidios: 871,873 y muertes por accidentes de tránsito: 1,097,535.

Coronavirus: para el mismo momento de los datos previos y de la misma fuente, la cantidad de casos por Sars-cov 2 en el mundo, durante este año, es de 42,461,687. El total de decesos es de 1,148,694 y la cantidad de recuperados es de 31,417,538, existiendo un total de 9,896,816 casos activos.

Si se asocian los datos globales del Coronavirus con respecto a los datos de población mundial, se encuentran datos interesantes. En lo que respecta a la población mundial, el porcentaje de personas infectadas es de 0,005 % en aproximadamente 10 meses de propagación del virus en casi todos los países. Por su parte, la cantidad de decesos, respecto a la población mundial es de 0,0001 %, mientras que el total de muertes, respecto al registro de personas infectadas es de 0,027 %, es decir que de cada 350 personas que se contagian del Covid -19, muere una persona, aproximadamente.

Ante este dato, y las consecuencias en la salud mental de la población de muchos países y en la mayoría de las economías de los países, en particular los menos desarrollados, cabe hacerse el cuestionamiento científico si las medidas establecidas han sido correctamente proporcionales, en particular si se comparan con los decesos que se producen por otras causas en todo el mundo.

Un elemento que podría servir para construir una respuesta a esa interrogante es la observación de la curva acumulativa del crecimiento de infectados y decesos por Covid – 19. Los datos de la fuente citada muestran que el crecimiento es lineal desde principios del mes de abril, por lo que su crecimiento no ha sido exponencial, algo que pareciera que debería ser el principal criterio para definir la Pandemia.

Grado de certidumbre: como es conocido, existen algunos elementos adicionales que hacen concluir que el grado de certidumbre de los datos aquí analizados son relativamente bajos. Uno de esos elementos tiene que ver con el hecho de que no se conoce con precisión el total de casos de personas que han sido infectados por el Covid 19. Esto, por cuanto los datos de contagios parten, principalmente, de los resultados de los positivos de las pruebas realizadas. Los estudios efectuados en países como España, dan indicios de que la cantidad total de personas infectadas puede ser hasta 5 veces más que el dato de personas infectadas con pruebas positivas, con lo cual el porcentaje de decesos puede ser mucho menor que el indicado (podría ser hasta un deceso por cada 1,000 o 1,500 contagiados).

Otro elemento de incertidumbre tiene que ver con el hecho de que los decesos atribuidos al Covid-19 no serían corroborados al 100 % por medio de una autopsia u otros mecanismos de verificación. La carencia de este dato, de forma precisa, hace que exista la duda de si el total de decesos corresponde a este Coronavirus o es más bien menor.

Casos por países: el análisis individual de los diferentes países deja ver notables diferencias entre ellos. Si se utiliza como el indicador comparativo de porcentaje de decesos respecto al número de afectados, para 12 países de muestra se tienen los siguientes datos: República Dominicana: 0,018; Guatemala: 0,035; Costa Rica: 0,012; Panamá: 0,021; USA: 0,026; India: 0,015; España: 0,037; Italia: 0,076; Alemania: 0,024; Uruguay: 0,019 y Taiwán: 0,013. Como indicamos para el mundo entero es de 0,029. Es importante recalcar que las tendencias de porcentajes de decesos respecto a la cantidad de infectados muestran con el tiempo, una tendencia a disminuir.

La diferencia entre los diferentes países parece estar relacionada con un triada vinculada a los siguientes factores: a) E/Rp: Educación y Responsabilidad de la Población, b) Cr-SS: Capacidad de respuesta de los sistemas de salud y, c) R/Vp: Resiliencia y vulnerabilidad de la población.

La forma en cada país ha manejado esta triada ha determinado no solo los resultados del número de infectados y de decesos, sino también los efectos económicos que ha tenido en el país y en su población. Así, los países que apostaron por la Educación y la Responsabilidad de la Población, como Uruguay y Taiwán, no tuvieron efectos severos en la economía y han tenido resultados muy positivos respecto los indicadores clave. Por su parte, países que apostaron por un confinamiento severo de la población, como España e Italia no han tenido resultados tan positivos como lo que apostaron por la Educación y la Responsabilidad de Población. Aclaro que es una observación general y que abre una gran gama de temas que discutir. No obstante, no deja de llamar la atención hacer dicha observación después de 10 meses de toda esta situación.

Enseñanzas: después de 10 meses y a fin de estar más preparados para el futuro, da la impresión que se hace necesario definir con mayor precisión el concepto de Pandemia. Por otro lado, es claro que el trabajo con la Educación y la Responsabilidad de la Población resulta un elemento muy importante en el tema de que los efectos económicos y otras consecuencias directas e indirectas no sean tan severas. Otra enseñanza importante es que las medidas más efectivas, como el uso de las mascarillas y el desarrollo de actividades en espacios abiertos o bien ventilados parece ser la clave para controlar el contagio. Medidas que en algunos países se tomaron muchos meses después de que se recomendaron, particularmente por China, donde aparecieron los primeros casos.

La forma en que las autoridades de gobierno de muchos países y la gran mayoría de los medios de comunicación han atendido el tema ha carecido de un orden sistemático. Prácticamente se ha actuado como en una situación de pánico y terror, lo cual es lo menos recomendable. Hemos sido testigos de muchas contradicciones e incluso medidas que no tienen mucha lógica, como, por ejemplo, en Costa Rica donde se ha permitido que se abran los bares y casinos, mientras que los parques públicos siguen cerrados.

Existe mucho que revisar sobre todo lo actuado para evitar que una situación similar se repita en el futuro. Por ahora, la gran enseñanza que, en muchos casos, de forma muy dolorosa, se ha aprendido es que este tipo de situación puede ser maneja usando como eje estratégico la educación y la responsabilidad de la población. Es el principal fundamento para poder convivir y gestionar cualquier tipo de riesgo. Una enseñanza que jamás deberíamos olvidar.

Publicación Original: Noviembre 1, 2020 4:32 am