minería

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.

Lo que sigue después de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo, no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la Setena en diciembre del 2007, la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del Minaet de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes), la declaratoria de interés público y de conveniencia nacional que otorgó el Poder Ejecutivo de octubre del 2008 y la autorización de cambio de uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac): todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Y ello evidencia que, durante varios años, tanto la empresa como las autoridades se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política” la rigidez con que se debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

Presiones políticas. En este sentido, en el caso de Crucitas, la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto, surge una inevitable duda: Crucitas ¿será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?

Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor. Intervención que se hace urgente, cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental, proyectos como el megaproyecto Diquís, el aeropuerto de Osa, la refinería china de Recope, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el acuerdo n.° 4230 de la junta directiva del Senara, promovido por el viceministro de Energía del Minaet, por medio del cual se exime, ni más ni menos, de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen medidas concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación a una contaminación de Recope en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre”, posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios” como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites y no, como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias, año tras año, del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental a garantizar nuestra sostenibilidad ambiental pareciera enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades, las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia para bien de nuestras instituciones, y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacíos, errores y negligencias y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello, es urgente no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la Setena y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos a un laboratorio de material como el Lanamme premiado como el mejor de América Latina conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. Lanamme por un lado, Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la Setena, al TAA, a Senara, y muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso.

Tienen la palabra nuestras autoridades.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo, UCR y Yamileth Astorga, bióloga, UCR

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional se pudo observar  cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos - sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo UCR, Yamileth Astorga, bióloga UCR.

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Una lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros a los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminadas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la visita realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional, se pudo observar cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la Setena, el Minaet, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso, iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa, en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la Minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Toda esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la Minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir náuseas y molestia por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos –sospechosamente discretos desde hace una semana– comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.