minería

Balance ambiental de la administración Alvarado

No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.

Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.

Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.

Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.

Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.

Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.

La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.

El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.

En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.

Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.

En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).

Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.

Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.

Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.

SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.

Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.

Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.

Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.

Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.

Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.

En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.

Reactivación de la Minería metálica a cielo abierto es una peligrosa “caja de Pandora”

En razón de la actividad minera ilegal en Crucitas y los acontecimientos publicados en la prensa durante las últimas semanas, se hace necesario hacer una advertencia muy respetuosa a los señores diputados de nuestra Asamblea Legislativa y a la sociedad en general. Esto, por cuanto además de una propuesta de ley para legalizar la explotación minera de oro en Crucitas, hay al menos dos proyectos de ley para reactivar la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.

En medio de la situación económica que se ha agravado como consecuencia de la Pandemia por la Covid-19, algunas organizaciones y personas han venido señalando que la explotación minera metálica, principalmente del oro, sería la alternativa para “sacar el país adelante”. Algo que, aunque parece escucharse tentador cuando se habla de toneladas de oro, puede convertirse en un verdadero desastre ambiental para el país, pues se corre el riesgo de abrir una enorme “caja de Pandora”.

Crucitas: como hemos indicado en anteriores ocasiones, la discusión sobre la posibilidad de legalizar la explotación minera de oro en ese lugar fronterizo de nuestro país, en medio de un Arbitraje Internacional sobre el tema, y que puede costar al país cerca de US$ 400 millones, no es para nada recomendable a la luz de los árbitros que tienen que tomar esa decisión.

Se debe recordar que fue el Poder Judicial, tanto por el Tribunal Contencioso Administrativo, como por la Sala Primera el que anuló todos los permisos y autorizaciones que tenía la empresa Industrias Infinito para explotar el oro en Crucitas. El primero señaló que se había dado toda “una orquestación de voluntades” en los trámites de esos permisos. Permisos que derivaron en un grave daño ambiental con la deforestación de cerca de 90 hectáreas de bosque en octubre del 2009 en la zona de Crucitas.

Como consecuencia de todo eso, el país, por medio de su Asamblea Legislativa en noviembre del 2010 modificó el Código de Minería y prohibió la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Legislación que todavía está vigente y que, visionariamente, ha salvado al país de un verdadero desastre ambiental.

Como hemos señalado en diversos foros, el tema de la explotación minera ilegal en Crucitas es complejo desde muchos puntos de vista y requiere una solución de ámbito legal y ambiental, pero no minero. Sobre todo, es un tema de seguridad que requiere ser resuelto en el menor plazo posible y cuyo origen requiere ser investigado con toda profundidad.

La minería ilegal en Crucitas no es caótica y desordenada como la minería ilegal que ocurre en la Amazonía de varios países de América del Sur, sino que es ordenada y da la apariencia de ser planificada, pues lo sitios de explotación minera son precisos para alcanzar los lugares donde más oro se presenta. Algo que no parece ser obra de la casualidad. Como tampoco lo pareciera el hecho de que dicha explotación ilegal se inicie en el año 2017, mientras se hablaba del juicio por el tema de Crucitas y se había iniciado el Arbitraje Internacional por la demanda de Infinito Gold a Costa Rica.

Reactivación de la minería metálica a cielo abierto: el tema de Crucitas ha llevado que un problema puntual que representa 50 hectáreas de daños ambientales producidos por la minería ilegal se pase a hablar de un tema mucho más grande y grave, como lo es, la reactivación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.

Quienes promueven esta “reactivación” lo plantean como una medida para solucionar los problemas económicos del país, algo que tiene poco sustento en razón de que el mayor beneficio económico de una explotación la obtendrían las empresas mineras y no el país, con el agravante de que los daños ambientales producidos por la actividad perdurarían, por mucho tiempo, una vez que el oro se termine y la empresa minera cierre sus operaciones.

Pero el verdadero y muy serio peligro lo representa el hecho de que, al reactivarse esa actividad, también se daría el proceso de prospección y exploración minera. Esta labor geológica que requiere estudios detallados e inversión económica, permite identificar los sitios donde existen yacimientos minerales con potencial de ser explotados. Si esta información técnica “se filtra”, como parece haber sucedido en el caso de Crucitas, podría iniciar una actividad minera ilegal explosiva y prácticamente “infrenable”.

La minería metálica ilegal en la Amazonía, desde hace ya varios años, se ha convertido en un total y completo cáncer destructor de los bosques, la biodiversidad, de los recursos hídricos y el paisaje en varios países de América del Sur. En el caso de Colombia, un informe de la Contraloría General de la República de ese país, de febrero del 2020, señala que el 80 % de la minería metálica es ilegal.

Es claro que esa minería se inicia porque la información de la existencia de los yacimientos pasa a manos inapropiadas y una vez que se ha iniciado la actividad ilegal se inicia un encadenamiento enorme de actuaciones ilegales que incluyen la deforestación, la explotación de personas y el narcotráfico, entre otras consecuencias altamente negativas. Incluso países con ejércitos como Perú, reconocen que están perdiendo la batalla contra la minería ilegal. Así de grave es la situación.

Por eso es que afirmamos que plantear la reactivación de la minería metálica en Costa Rica podría significar abrir una enorme y peligrosa caja de Pandora que si podría representar un enorme y verdadero desastre ambiental que afectaría parques nacionales y reservas indígenas. Si Crucitas se ha convertido en un dolor de cabeza, nos preguntamos, qué significaría entonces tener decenas de explotaciones mineras ilegales en todo el país.

No dudamos que hay diputados de la República que tienen buena fe al considerar esa reactivación de la minería metálica como una supuesta solución a los problemas económicos del país, más, sin embargo, es una decisión sumamente delicada, pues lejos de resolver un problema se puede convertir en todo lo contrario y llevarnos a una situación que nadie desea para Costa Rica.

Por todo ello, se debe meditar mucho la decisión e informarse con detalle de lo que está pasando en América del Sur con la minería metálica ilegal en la Amazonía. Los recursos naturales más importantes de nuestro país, no son los minerales metálicos, ni los hidrocarburos, son sus bosques, la bio y geodiversidad, sus fértiles suelos, sus aguas, sus mares y sobretodo, su gente.

El modelo de desarrollo de nuestro país debe partir del uso sostenible y planificado de estos recursos y no de unos recursos efímeros como los que provienen de la explotación minera o petrolera, que en general, no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de los países tropicales donde se dan.

Publicación Original Agosto 31, 2020 4:32 am

De la crisis de Crucitas a entregar los recursos mineros a empresas transnacionales

Hemos leído con detenimiento el proyecto de ley de la diputada María Inés Solís Quirós quien reconoce la participación del Colegio de Geólogos de Costa (aunque deberíamos decir que es solamente la de algunos de sus miembros y su Junta Directiva, no necesariamente la de todo el gremio geológico del país).

No cabe duda de que lo que está pasando en Crucitas es un verdadero problema social y ambiental. Es un problema que se ha venido incrementado por diversas razones y cuya solución es compleja, pues parece superar la capacidad del Estado para lograr poner control en esa zona fronteriza tan porosa.

No obstante, aprovechar lo que allí está sucediendo, señalando que el daño ambiental es “inconmensurable” y listar, sin la debida cuantificación y respaldo técnico y científico de estudios bien fundamentados, que lo que está sucediendo en esos 120 Km2 de Crucitas y alrededores donde se está dando la explotación ilegal del oro (que representa 0,002 % del territorio nacional) y una serie de problemas sociales desencadenados por la actividad, resulta una acción desproporcionada y, hasta cierto punto, muy manipuladora de la realidad.

Primeramente, hay que que señalar que un territorio tan despoblado como esa zona de Cutris, en donde se presenta aproximadamente una familia por cada 100 hectáreas, está siendo abandonado por sus residentes por lo que allí está sucediendo, es sobredimensionar el problema con el fin de presentar un escenario que está lejos de la verdad.

En cierto que en Crucitas hay problemas de muchos tipos, pero debemos ubicarlo en su verdadera dimensión, muchos de ellos muy comunes a extensas áreas rurales abandonadas desde hace muchos años por las diversas administraciones.

Ahora bien, partir de ese problema para plantear un proyecto de ley que re-autoriza la minería metálica en todo el territorio nacional, incluyendo nuestros mares patrimoniales, parte de las áreas silvestres protegidas y los territorios indígenas, es una verdadera sobredimensión y oportunista actuación, la cual no ha sido debatida por la sociedad costarricense.

Más todavía si se señala que se le debe dar en concesión a empresas mineras extranjeras cuyo único objetivo es explotar el recurso mineral al menor costo y obtener el mayor beneficio económico de su inversión.

¿Qué tendrán nuestros colegas geólogos mineros en no querer ver el desastre ocasionado por empresas extranjeras en el continente americano y más allá, el robo sistemático de los beneficios y la incapacidad de los Estados de fiscalizar debidamente sus operaciones? 

Tratar de resolver el puntual problema de Crucitas, exponiendo los 550 mil Km2 de nuestro territorio a la explotación minera es absolutamente desproporcionado e inconsecuente. Una verdadera y total ocurrencia con las que nos sorprenden cada cierto tiempo, algunos de los denominados “Padres de la Patria”.

No debemos olvidar que la minería metálica, incluso la realizada industrialmente, con alta tecnología, que por cierto genera muy pocos empleos, es altamente dañina al ambiente en países tropicales como Costa Rica. Daña el bosque, la biodiversidad, el suelo, el agua superficial y los acuíferos.

Esto sin mencionar que también genera problemas sociales en los anillos de pobreza de poblados mineros que se desarrollan en su entorno. De nuevo aquí aparece la misma pregunta: ¿qué no quieren ver de las pésimas experiencias vividas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en Nicaragua nuestros ocurrentes diputados y mis colegas geólogos? ¿Dónde se ha visto que comunidades centroamericanas hayan salido del subdesarrollo gracias a empresas mineras extranjeras?

La revisión del proyecto de ley deja ver una serie de elementos que no están encaminados a resolver el tema Crucitas que es lo que urge, todo lo contrario, es multiplicarlo por todo el país. Se establece una escala a la minería, pero es engañosa, pues incluso la minería que iba a realizar Industrias Infinito en Crucitas calificaría como de “mediana”, aunque su impacto final, iba a ser muy grande, incluso mayor, por sus dimensiones y riesgos ambientales que los que se están generando en la actualidad con la minería ilegal.

Abrir los territorios de las tribus originales (indígenas) para que las empresas mineras trasnacionales “negocien” con ellos para explotar los recursos mineros metálicos en esos territorios, es abrir una “caja de pandora” que lejos de resolver los problemas sociales que existen, lo agravará muchos más. Al parecer, nadie de los proponentes de la ley se ha interesado por la suerte de comunidades indígenas frente a proyectos mineros en Guatemala o en Honduras.

Sacrificar parte de las áreas silvestres protegidas, como las zonas protectoras de bosque, los humedales o los refugios de vida silvestre no estatales para que sean objeto de explotación minera metálica, por empresas transnacionales, es prácticamente una locura, pues estaría sacrificando zonas de la Ecosfera Terrestre que deben ser protegidas y mejoradas, en medio de una alerta planetaria de la ONU que señala que más bien hay que regenerar y recuperar 100 mil millones de hectáreas de bosques y ecosistemas en todo el planeta.

El mensaje que estaría trasmitiendo al mundo Costa Rica, sería sumamente nefasto y negativo. Algo que jamás debería darse.Para finalizar y consciente de lo que está pasando en Crucitas, se hace indispensable que el Ministerio Público investigue a profundidad cómo empezó esta crisis ambiental y quienes son los verdaderos responsables.No es fácil creer los coligalleros de Abangares o de Osa, o de Nicaragua, pudieran saber dónde estaban, y ello con extrema exactitud, los sitios de mayor ley de explotación, sin que “expertos” en minería y con amplios conocimientos de los resultados de la exploración minera realizada por Industrias Infinito durante muchos años, no les dieran “cierta orientación”.

Creo que hay responsables del inicio de esta grave crisis ambiental y social y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Puede incluso que algunos sectores políticos no sean del todo ajenos a esta súbita “fiebre por el oro” perfectamente bien orquestada en algunos medios de comunicación pocas semanas después de una interesante decisión tomada por la actual Fiscal General de la República.

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.