En días pasados, nuestro país rompió el récord de producción de energía térmica a partir de hidrocarburos. Es un negativo antecedente que nos da indicio de una grave tendencia: el país se hace cada vez más dependiente de los hidrocarburos para la producción de energía. Es algo que nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Ante todo, debe llevarnos a plantear la pregunta de si realmente tenemos un plan energético a largo plazo, debidamente consensuado.
Viendo la forma en que surgen ciertos planteamientos, la respuesta parece ser negativa. Mientras el ICE “pone todos los huevos en el mismo canasto” de la generación de energía hidroeléctrica, con proyectos como el Reventazón y el Diquís, el ministro del Ambiente, don René Castro, nos habla de desarrollar un plan basado en utilizar el gas natural y también de extraer energía geotérmica de los parques nacionales.
También se nos habla de un “plan de contingencia eléctrica”, que tiene como finalidad abrir aún más el mercado eléctrico a las empresas privadas y que, soslayadamente, incluye un mecanismo de debilitamiento del mismo ICE, como proveedor de energía.
El ministro René Castro nos habla de un viaje reciente para negociar con Catar volúmenes de gas, pero omite decirnos qué se ha hecho con Trinidad y Tobago, primer exportador de gas natural en la región.
Preguntas importantes. Ante este panorama, y esta sensación de improvisación, y dado que, por lo visto, no se tiene pensado realizar una proceso de discusión social abierto y participativo, por medio de una evaluación ambiental estratégica del plan energético nacional, no queda otra que plantear una serie de preguntas a las autoridades, a fin de saber cuál es el verdadero derrotero que orienta nuestro futuro energético.
La primera y obligada pregunta es el papel que juega el Sistema de Interconexión Eléctrica centroamericano (SIEPAC) en el diseño e implementación del “plan de energía”. ¿Se está pensando en generar energía solo para el consumo nacional o para hacer negocio y exportarlo al norte de Centroamérica? ¿Qué tanto influye esta posibilidad en la urgencia de construir y que entren operación ciertos megaproyectos hidroeléctricos, como el Reventazón y en particular el Diquís?
La segunda pregunta importante, una vez que se haya contestado la primera, a fin de contextualizar la urgencia de nuestro plan de energía, es esta: ¿Bajo qué condiciones se estaría abriendo la discusión de la generación geotérmica en los Parques Nacionales?
No se trata solo de que se cercene un territorio del parque y se sustituya por otro, o en su defecto, que se cambie y amplíen las funciones legales de los parques nacionales. Este asunto debe llevar a una discusión más amplia, como quién deberá hacer la extracción de energía (¿solo el ICE, o abrimos el portillo para las empresas privadas?), cuáles serían las condiciones ambientales de dicha eventual extracción y qué beneficios directos les produciría a nuestros debilitados parques nacionales. ¿Se ha evaluado seriamente lo que significaría abrir nuestros golpeados Parques Nacionales a la extracción geotérmica por parte de empresas privadas? Sin las respuestas a estas simples preguntas, es difícil ponerse a hablar en serio sobre esta delicada apertura.
La tercera pregunta tiene que ver con la apertura del mercado eléctrico a la generación privada. ¿Se cuenta con un adecuado, ordenado y bien planificado sistema para la definición de subcuencas y microcuencas para la producción hidroeléctrica privada, así como para el desarrollo de otras fuentes alternativas de energía como la eólica y la solar, o, en su defecto, se va a dejar que sea el “mercado” el que defina las condiciones?
Un ejemplo que tiene a los sancarleños muy preocupados: existen 43 proyectos de hidroeléctricas en la cuenca del río San Carlos en trámites de aprobación. ¿Es semejante disparate lo que quiere el Gobierno extender a todos los ríos con potencial hidroeléctrico del país? ¿Dónde están las reglas del juego para definir cuántas hidroeléctricas se pueden aprobar por cuenca? Si no existen estas reglas, estamos peligrosamente exponiendo nuestras cuencas y la sostenibilidad hídrica y ambiental del país.
¿Se está completamente seguro de que apostar por la generación hidroeléctrica “a filo de agua” ante los embates del cambio climático, es una alternativa viable? ¿O es solo una forma de que algunos hagan negocio para que luego el Estado deba compensarles (ambientalmente) su inversión como medida contingente?
La experiencia, en ese sentido, de la anterior apertura del mercado eléctrico en la década de los años noventa del siglo pasado, no fue positiva. Se convirtió en el negocio para unos pocos y, ambientalmente, fue bastante negativa, dado que sin contar con un efectivo ordenamiento del territorio, los proyectos sobrecargaron ciertas cuencas y las desequilibraron sin pagar correctamente ese costo ambiental.
La pregunta es si vamos a repetir la historia sin haber aprendido nada de lo sucedido, con el agravante de que en este caso, los proyectos serían más y con la negativa perspectiva de que se quiere que estos generadores vendan directamente la energía a los grandes consumidores, dejando al ICE de lado. Es claro que, ante esto, requerimos discutir el asunto dentro de su correcta dimensión de previo a que se tomen decisiones estratégicas.
Y, finalmente, ¿cuál es nuestro plan en materia de biocombustibles? Es claro que un país como el nuestro, que consume un porcentaje muy alto de los combustibles que importa en el quemado del diésel, debería tener un plan para la producción de biodiésel que no compita con su producción agroalimentaria, pero que represente una verdadera y efectiva alternativa a los agricultores y que, de paso, permita rehabilitar y mejorar zonas de aptitud forestal alteradas por la ganadería de los años setentas del siglo pasado, o en su defecto, terrenos con suelos degradados. Este plan debe estar perfectamente ajustado a los otros componentes, a fin de que el desarrollo de una no debilite la ejecución de otras.
Buscando soluciones. A pesar de que todavía se pueden hacer más preguntas, la respuesta a las que aquí se plantean sería un principio para poder empezar en serio a trabajar en un plan de energía a mediano y largo plazo.
Es claro que estamos urgidos de un plan transparente y bien elaborado, en el que la sociedad costarricense, representada por los diferentes sectores, analice la situación actual, las alternativas, y sus alcances ambientales y sociales, y ordene un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que realmente sirva de norte para nuestro desarrollo energético.
Alejarse de este rumbo, y seguir por el camino de “encender las luces de emergencia” para tramitar ocurrencias de último momento que satisfagan el mercado pero que no se concatenen a un plan bien elaborado podría, a la larga, ser altamente contraproducente para el país, en particular porque el “tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”.
¡Es necesario poner un freno a tanta improvisación y a tantas ocurrencias! Es hora de asumir, como sociedad, un papel más activo en este importante tema para el futuro de nuestro país.