SETENA

APM y su fuente de arena

En medio de la discusión ambiental que hemos desarrollado sobre el tema de la Terminal de Contenedores de Moín de APM (ver: www.allanastorga.com), y en razón de una inspección de campo que pudimos realizar el pasado mes de agosto, nos ha surgido una duda importante sobre la fuente de arena que se requiere para el relleno de la isla que conformaría la Terminal.    Como producto de la revisión del proyecto aprobado por la SETENA en el estudio de impacto ambiental (EsIA), y autorizado por la Consejo Nacional de Concesiones (CNC), hemos hecho un hallazgo importante: resulta que APM se estaría ahorrando de comprar a mineros nacionales aproximadamente $100 millones, por explotar la arena que necesita del mismo fondo marino. 

 Explotación submarina de arena que se hace, aparentemente, sin contar con una concesión minera como el resto de los mineros nacionales, para los cuales, la legislación vigente les exige cumplir con estrictos requisitos técnicos, ambientales y legales. 

 Ante esto nos preguntamos: ¿esta es la forma con que este proyecto está contribuyendo a activar la economía nacional? O ¿más bien, es la forma en que el Estado beneficia y favorece a una empresa transnacional para abaratar sus costos y aumentar sus jugosas ganancias?

 El proyecto. Según el EsIA y el Anexo, aprobado por la SETENA el 17 de diciembre del 2014, para la construcción de la isla artificial, además de las rocas para construir el dique (que se están o se estarían importando de Noruega  según información reciente), se necesita un relleno de arena de cerca de 10.5 millones de metros cúbicos. Poco más de esa cantidad se obtendrá del dragado que el proyecto tiene que hacer en la Bahía de Moín, para facilitar el ingreso de los barcos. Pero cerca de 5 millones de m3 de arena, según el EsIA, serán obtenidos como “material de préstamo”.

 Con relación a la fuente de ese material de préstamo que en términos claros constituye sin duda alguna un recurso minero conformado por arenas, el EsIA no  es muy claro, pues mientras en el mapa del proyecto se indica que proviene de 11 tajos submarinos frente a las costas de Moín, por otro lado se dice se trata de una franja de aproximadamente 2 km de extensión. Lo que el EsIA si deja claro es que se trata de un área de 270 hectáreas del fondo marino frente a las costas de Moín.

 Al respecto, es importante aclarar al lector que este caso no se trata de un “dragado” para profundizar el fondo marino con un fin determinado, como el paso de embarcaciones de gran calado. Se trata más bien de una explotación de la arena del fondo marino para darle un fin específico, que es rellenar la isla artificial.

 Durante la inspección efectuada el pasado mes de agosto pudimos constatar que ese proceso se llevaba a cabo por medio de un barco que extrae la arena del fondo, la carga y posteriormente la deposita en el sitio de relleno. 

 Marco legal. Ante una consulta realizada a la Dirección de Geología y Minas en el año 2013 sobre el tema de la extracción minera en el mar, esta entidad, mediante el Oficio DGM/OD – 689 – 2013, señala textualmente lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y su mar patrimonial cualquiera que sea su origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. Y por lo tanto cualquier entidad privada que requiera extraer recursos líticos de hasta doscientas millas a partir de la línea de bajamar a lo largo de las costas, de acuerdo al artículo 4 del Código (de Minería) solo podrá hacerlo de conformidad con lo que establece el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política en su último párrafo: …”de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa”.

 A esta obligación legal se le adiciona el requisito de que todo tajo debe cumplir con lo establecido en el territorio continental del país, según la ley, ya sea que vaya a utilizarse por el Estado (MOPT, ICE, municipalidades) o por ente privado, que es realizar un EsIA completo e individual (para el tajo) y el correspondiente trámite técnico legal de la concesión minera ante la DGM.

 En caso de APM y la extracción de arena que se realiza en frente a Playa Moín nos preguntamos si todos esos requisitos ya fueron cumplidos y así poder afirmar que si dispone de una correcta concesión minera que le permita hacer “minería submarina”, a fin de poder aprovechar esos recursos mineros en la construcción del proyecto. Esto, en sentido de que no realice una “competencia desleal” respecto a los tajos y concesiones mineras de cauces de dominio público que existen en la zona de Limón y que cuentan con la respectiva viabilidad ambiental y la correspondiente concesión minera. 

 Impacto ambiental. El asunto no se puede quedar solo en el tema económico antes señalado, ya que todavía hay un tema adicional muy importante. Se refiere al daño ambiental que se podría estar generando en el fondo marino frente a las costas de Moín, como producto de la explotación de arena del fondo del mar.  Hay que tener claro que se trata de un fondo marino cercano a la costa y que, por tanto, sirve de nicho ecológico de diversos organismos marinos. Organismos marinos que están protegidos por la legislación ambiental del país, por lo cual resulta claro que de previo a la autorización de un proyecto de minería submarina se requiere realizar un completo y detallado EsIA, algo que, específicamente para el proyecto de APM, NO se ha realizado.

Además, el impacto en el fondo marino no es el único, es el primero de una larga cadena de impactos que afecta la calidad del agua marina, la morfología y el paisaje costeros y otros organismos marinos, como las tortugas que anidan en las playas de Moín.

 Solicitud. Sobre este tema, el pasado 6 de octubre procedimos a plantear la correspondiente denuncia ante la DGM, a fin de que se aclare la situación. Todavía estamos esperando la respuesta. 

 Requerimos que las autoridades de gobierno, como el MINAE, la SETENA y el CNC, aclaren toda esta situación y expliquen por qué se dice que la construcción de este megaproyecto viene a reactivar la economía de Limón y del país, cuando por otro lado, se le dan facilidades para que realice actividades mineras que parecen contradecir ampliamente el marco legal vigente el país. Marco legal que fija reglas claras para la obtención de concesiones de explotación minera y para su evaluación de impacto ambiental. Algo que, en el caso de APM, no parece haberse cumplido del todo.

 En razón de esto es que instamos a esas entidades a que den una pronta respuesta a las costarricenses, aclarando con transparencia el estado legal y ambiental de esta explotación minera submarina. 

 

*Geólogo Ambiental

Sin control ambiental no hay sustentabilidad

El control ambiental de las actividades humanas (proyecto, obras o actividades) es esencial para poder garantizar la sustentabilidad del desarrollo. Sin este fundamental componente, todo lo que se hace de previo, son “buenas intenciones” y mucho papeleo y gasto de tiempo. Pero lo que realmente es importante es que las medidas ambientales correctas se apliquen a tiempo y de forma eficiente. Lo demás no es relevante si esta parte clave no se hace.  Desafortunadamente en nuestro país, supuestamente líder en materia ambiental en el continente, eso es lo más común, lo cual hace que nuestro “desarrollo” carezca, en la gran mayoría de los casos, de una correcta sustentabilidad. Algo muy grave que requiere ser corregido a la mayor brevedad.

EIA: en nuestro país, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la Procuraduría General de la República y Sala Constitucional, es el principal instrumento de gestión ambiental del Estado para tutelar el artículo 50 constitucional, es decir, el derecho que todos los ciudadanos tenemos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Un instrumento que tutela un derecho fundamental no puede ser objeto de aprobaciones expeditas, daños significativos cuyos costos luego el mismo Estado no tiene siempre cómo exigir a título de compensación. 

La EIA se compone de tres partes: a) la evaluación ambiental inicial que permite determinar qué actividades deben cumplir el trámite de EIA y cuáles no, así como determinar cuáles, por su naturaleza, ocupan un análisis más detallado, b) los estudios de impacto ambiental (o instrumentos equivalentes) y c) el control y seguimiento ambiental que se aplica cuando la actividad, obra o proyecto, están en ejecución (construcción u operación).

Las dos primeras fases de la EIA se dan de previo a la aprobación u otorgamiento de la viabilidad ambiental, la segunda, después. Como se podrá ver, a pesar de que esas dos primeras fases son importantes, dado que de lo contrario no se podría tomar la decisión de aprobar o no, la fase más importante es la tercera, la del control y seguimiento: si esta fase no se ejecuta o se ejecuta mal, se pierde todo lo realizado y es como si la EIA no se hubiera efectuado, como si no existiera.

Eso, precisamente eso, es lo que ocurre en nuestro país, con muchos proyectos que no son debidamente fiscalizados, algo que debería llevarnos a tomar acciones prontas y concretas.

Instrumentos: en nuestro país, para las actividades, obras y proyectos que realizan la EIA, se establecieron una serie de instrumentos de control ambiental, en el marco de la aplicación de dos principios fundamentales: el de proporcionalidad (escalonado según el impacto a producir) y el de responsabilidad ambiental (de autocontrol de la gestión ambiental). Esos instrumentos incluyen: la garantía ambiental, el nombramiento de un responsable (llamado también regente) ambiental, la bitácora ambiental (registro de actividades), los informes ambientales periódicos (reporte de cumplimiento), así como otros menos conocidos como: las inspecciones y auditorías ambientales de cumplimiento, la calificación ambiental y las Comisiones de Monitoreo Ambiental, principalmente.

Mucho se ha discutido sobre el papel de los responsables o regentes ambientales, pues se dice que al ser pagados por el desarrollador, se pierde transparencia en su gestión. Algo que depende de la ética de cada profesional  y que está abierto a debate. Lo que si es cierto es que es un instrumento útil desde el punto de vista de la “autorregulación” ambiental, que debe realizarse por parte de la actividad, obra o proyecto y que, por tanto, no debería sustituir de modo alguno la labor de fiscalización que debería realizar un ente como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o la misma Municipalidad, en el marco de lo establecido en la Constitución y el Código Municipal.

Aparte de recibir los informes ambientales sobre el cumplimiento en la aplicación de medidas, la SETENA tiene otros instrumentos adicionales para realizar una correcta fiscalización ambiental. Por si misma, o con la ayuda de otros instituciones estatales, puede realizar, según la dimensión del proyecto, inspecciones o auditorías ambientales de cumplimiento. Incluso, puede realizar un sistema de calificación de la gestión ambiental, que permite determinar si una actividad, obra o proyecto en ejecución está en condición roja (incumplimiento), amarilla (cumplimiento parcial)  o verde  (cumplimiento efectivo) de desempeño ambiental. 

Para proyectos de gran impacto y grandes dimensiones, inclusive, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, se puede ordenar, vía resolución administrativa por parte de la SETENA, la realización de “auditorías ambientales externas”, hechas por un tercer ente debidamente acreditado, para que ejecute esa fiscalización ambiental de todo el proceso, incluyendo el actuar mismo de la SETENA. 

Voluntad: la implementación de todos estos instrumentos es un asunto de voluntad política y no de recursos económicos como señaló recientemente el Señor Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, en una entrevista radial con relación al proyecto de APM Terminals en Moín. Según el actual titular de Ambiente de Costa Rica, “aunque quisiera hacer más no se puede, pues más bien han bajado el presupuesto”, al referirse al tema de mejorar el control y seguimiento ambiental que realiza la SETENA. 

No obstante, eso no es del todo cierto, pues aunque la SETENA tiene una tarea clave en el proceso, en realidad no tiene que hacerlo todo, lo cual ha sido el mejor pretexto para que casi no haga nada.  Esto por cuanto la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 18, señala claramente que “el costo de las evaluaciones de impacto ambiental corre a cuenta del interesado”.

Siendo así, como ya dijimos, dado que el control y seguimiento ambiental es parte de la EIA, entonces esta tarea y su costo deben ser asumidos por el desarrollador, según la aplicación del principio de proporcionalidad, es decir, que entre más grande e impactante el proyecto, más responsabilidad tiene de financiar el costo del control y seguimiento (interno y externo) que se ejecute al proyecto en ejecución. 

Acciones concretas: en consideración de lo señalado, hay una serie de acciones sencillas que podrían mejorar en mucho el proceso de control ambiental en nuestro país y que no tendrían mayores costos para el presupuesto nacional:

  1. Hacer que una copia de los informes ambientales (de regencia) sea entregado a las municipalidades  y los ciudadanos, para que estos puedan ejercer un papel de control más directo sobre lo que sucede en los proyectos. Si pretendemos además tener un gobierno digital, ¡ponerlos en línea sería una buena primera señal hacia la dirección correcta y de transparencia!
  2. Que la SETENA realice al menos una inspección ambiental de cumplimiento por quincena a un proyecto obra o actividad en ejecución, de forma sorpresiva, a fin de determinar el grado de cumplimiento ambiental y la califique según los tres niveles establecidos en el reglamento. La divulgación de los resultados permitiría a los representantes de otros proyectos en ejecución tomar en cuenta la situación y ejercer acciones preventivas.
  3. Que la SETENA establezca, junto con el Ente Costarricense de Acreditación, la lista de consultores externos acreditados (personas físicas y jurídicas), capaces de realizar auditorías ambientales externas a proyectos, obras o actividades de alto impacto que se encuentran en ejecución, según lo señalado en el artículo 18, ya citado, de la Ley Orgánica del Ambiente. Los reportes de esas auditorías externas deberían de igual forma ser públicos y sobre sus resultados se deberán tomar acciones administrativas y legales, cuando corresponda.

La sola implementación de estas tres acciones tendría un efecto multiplicador en una gran cantidad de proyectos en ejecución, y mejoraría mucho la disciplina del cumplimiento de la aplicación de medidas ambientales en los mismos. No se requiere cambio de leyes ni de reglamentos, simplemente cumplir lo que ya está establecido. 

Tienen la palabra nuestras actuales autoridades ambientales: las del Gobierno del pretendido “cambio” que suscribió un Pacto Ambiental con entidades de la sociedad civil durante la campaña electoral, y del que pareceriera no acordarse en lo más mínimo.

Cuando el que sufre es el ambiente

Lo que está sucediendo con el tema de la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín (AMPT) debería llamarnos a reflexión  a todos, anteponiendo los intereses del país y del ambiente, incluyendo como parte del mismo el componente humano y social que lo integra.  En mi caso, como geólogo ambiental y especialista en evaluación de impacto ambiental (EIA) dejé clara mi posición respecto al tema de la EIA que se aplicó a este megaproyecto, e incluso sobre la forma, bastante cuestionable, con que la Comisión Plenaria de la SETENA le otorgó la Viabilidad Ambiental. Todos los artículos sobre este tema se pueden ver en www.allanastorga.com.  

PROBLEMA INICIAL. La base de mi objeción al proyecto se basó en un problema técnico fundamental y tiene que ver con las condiciones ambientales del sitio seleccionado para construir la isla artificial de 80 hectáreas en la parte oeste de Bahía Moín. 

 

Como lo he señalado varias veces, ese sitio tiene un muy serio problema de condiciones geológicas, particularmente de Geoaptitud, que se traducen en problemas serios para la construcción y también la operación de la terminal portuaria. Para explicarlo en términos sencillos, el fondo en este sitio no es rocoso, sino fangoso, lo cual resulta inapropiado para sostener una isla artificial. En varias ocasiones insistimos que había una mejor alternativa para desarrollar ese megaproyecto, pero todos los esfuerzos realizados fueron infructuosos, pues la Comisión Plenaria de la SETENA, a pesar de todo, terminó otorgando la Viabilidad Ambiental el 17 de diciembre del 2014.

 

Ahora, con el megaproyecto en construcción y avanzando, los problemas ambientales (y sociales) empiezan a aparecer, con el agravante de que, por el tamaño que ese proyecto tiene, podemos afirmar que apenas están comenzando y, muy probablemente, se van a incrementar a futuro.

 

Ante esta situación, la multipolaridad que caracteriza a nuestro país desde hace varios años también se pone en evidencia, y nadie se pone de acuerdo para actuar de forma preventiva, racional y planificada, para que los daños ambientales, que ya se están produciendo, no se intensifiquen.  

 

DAÑOS AMBIENTALES. Hay muchos problemas ambientales que se están registrando. Algunos de ellos son: a) significativa y descontrolada sobreexplotación de fuentes mineras no metálicas que está provocando daños ambientales en cauces de ríos y el inicio de cadenas de impacto que puede afectar propiedades y recursos naturales, b) hay deterioro de obras viales y mayor riesgo de accidentes debido a que los equipos de transporte de material no están siendo debidamente regulados, c) en el área del proyecto se están dando labores de minería submarina de extracción de material del fondo marino frente a las costas de Moín, que no están correctamente reguladas ni controladas ambientalmente, d) el relleno de material en el área de la isla artificial tampoco está controlado de forma efectiva desde el punto de vista ambiental, lo que ya está originando efectos ambientales negativos en el área de la Bahía de Moín.

 

A lo anterior se suma el anuncio de que se importarán rocas desde Noruega para la construcción del dique que rodeará la isla, a pesar de que en el país existen fuentes de material que tienen características similares. Resulta un tanto sorprendente que estas rocas solo existan en Noruega y que la geología de nuestra querida América Latina sea tan pobre con relación a las exigencias de APM Terminals.

 

En medio de todo esto, es claro que la SETENA, en el apuro de otorgar la viabilidad ambiental al proyecto, olvidó establecer sistemas de control ambiental y social más estrictos a la empresa, como las Auditorías Ambientales externas y periódicas que podrían ser realizadas por un entidad internacional, así como activar la Comisión de Monitoreo y Seguimiento Ambiental (COMIMA), instrumentos de control ambiental que forman parte del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones. 

 

La falta de esos instrumentos ya se hace notar, y de no cambiarse la situación, implicaría problemas a futuro, en la medida de que es fundamental que se ejerza un estricto y riguroso control ambiental de todas las actividades que se realizan en relación al desarrollo de obras de este megaproyecto.  

 

CAMINO A SEGUIR. De forma independiente al interés que tienen algunos de que ese megaproyecto fracase, lo cierto es que el mismo se encuentra en construcción, y que cualquier cosa que se haga para “sabotear” su desarrollo va a provocar un daño ambiental (y social) muy grande y costoso. Empero, eso no significa que no se pueda exigir un estricto y riguroso control ambiental, todo lo contrario, es un deber de las autoridades nacionales solicitarlo, precisamente por los serios errores cometidos en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

 

La primera tarea que urge establecer es un mecanismo de control ambiental externo al proyecto, es decir, un sistema de Auditoría Ambiental que regule todo lo relacionado con las actividades del proyecto. La “regencia ambiental” no es suficiente.

 

Lo segundo, es activar la Comisión de Monitoreo Ambiental (COMIMA), que permita coordinar, desde Limón, el control ambiental y social de las actividades que se desarrollan, como elemento para discutir los problemas y dudas que puedan presentarse en la zona.

 

Como tercer elemento, resulta muy importante que las entidades  que tienen que ejercer un control ambiental como la SETENA, el Dirección de Geología y Minas y el Sistema Nacional de Áreas de Protección, entre otras, tomen un papel más proactivo en la fiscalización, control y, dado el caso, sanción de las actividades de minería y transporte de materiales de los ríos y tajos que sirven de suplidoras al proyecto. La actividad se puede y debe realizar, pero en apego a la legislación y bajo estrictas medidas ambientales. Hacerlo a lo “loco” como se está haciendo es una irresponsabilidad que más temprano que tarde arrojará graves consecuencias para el litoral caribeño: por ejemplo, para un ecosistema muy frágil que sostiene la actividad turística como lo es el arrecife coralino, entre muchos otros.

 

Finalmente, es indispensable que las autoridades de gobierno y la sociedad en general reconozcan que seguir tomando decisiones estratégicas como se han tomado en este caso, que terminan siendo imposiciones más que soluciones racionales a los problemas nacionales, además de conducir a una mayor polarización social, tienen la muy grave consecuencia de que producen severos daños ambientales, muchas veces irreversibles, que representan un irracional sacrificio de nuestro ya impactado ambiente y sus recursos naturales. Seguir repitiendo este craso error en otros megaproyectos y proyectos estratégicos sería irracional, y por eso, es fundamental cambiar la forma en que se toman las decisiones de planificación estratégica en nuestro país. 

 

La polémica en torno al proyecto Crucitas demostró cuán necesario era que el Estado sacara lecciones para evitar que decisores políticos "orquestaran" a entidades técnicas: al parecer, no ha sacado ninguna y nos acercamos ahora, de no hacerse algo a tiempo, a una catástrofe ambiental de graves proporciones con relación a la ya golpeada provincia de Limón.  

El tema ambiental en el mensaje presidencial

El men­sa­je del Pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca sobre el es­ta­do po­lí­ti­co de la Re­pú­bli­ca y los asun­tos de la ad­mi­nis­tra­ción, del pa­sa­do 1º de mayo del 2015, pone en evi­den­cia, una vez más, que lo que se es­cu­chó fue un dis­cur­so pla­ga­do de anun­cios de cosas he­chas y por hacer, pero que en lo que atañe a la si­tua­ción am­bien­tal en Costa Rica, de­no­ta gra­ves la­gu­nas y des­co­no­ci­mien­to por parte de nues­tro Pre­si­den­te.  En reali­dad, las cosas no mar­chan tan bien y la “finca en­cha­rra­la­da” que en­con­tró el Pre­si­den­te sigue sin lim­piar­se. La si­tua­ción am­bien­tal de nues­tro país es su­ma­men­te crí­ti­ca, tal y como lo vie­nen ad­vir­tien­do los úl­ti­mos in­for­mes del Es­ta­do de la Na­ción. Nada le hu­bie­se cos­ta­do al señor Pre­si­den­te leer­se el úl­ti­mo in­for­me para en­te­rar­se de lo que pasa y usar­lo como línea base para abor­dar la parte am­bien­tal de su ges­tión. En su dis­cur­so, el tema es to­ca­do por el Pre­si­den­te, como algo se­cun­da­rio, evi­den­cian­do así que no forma parte sus­tan­cial del con­fu­so rumbo por el que quie­re di­ri­gir a nues­tra na­ción.

Con­tex­to mun­dial: el papel efec­ti­vo de nues­tro país en el orden mun­dial no de­be­ría ser el de “apro­ve­char” la co­yun­tu­ra en su be­ne­fi­cio, dado el nuevo “orden in­ter­na­cio­nal” y las ame­na­zas que se pre­sen­tan como el Cam­bio Cli­má­ti­co.  Nues­tro país tiene que pre­ten­der mucho más que eso!

Un país, cuya fuen­te de pro­duc­ción de ener­gía se basa casi en el 100 % de fuen­tes re­no­va­bles, que se ha com­pro­me­ti­do a ser Car­bono Neu­tral para el 2021, que tiene el 25 % de su te­rri­to­rio con­ti­nen­tal como área pro­te­gi­da, que con­tie­ne cerca del 5 % de la bio­di­ver­si­dad del pla­ne­ta y cuyo te­rri­to­rio ma­rino ha sido una fuen­te fun­da­men­tal de bio­di­ver­si­dad y ri­que­za ma­ri­na, tiene la obli­ga­ción moral de alzar su voz en el mundo y plan­tear la enor­me y ur­gen­te im­por­tan­cia que tiene el darle sos­te­ni­bi­li­dad al desa­rro­llo hu­mano.

Dejar que esa voz se li­mi­te solo a apro­ve­char la si­tua­ción eco­nó­mi­ca es una clara evi­den­cia de que pa­de­ce­mos de un serio caso de “baja au­to­es­ti­ma na­cio­nal” o en su de­fec­to, un pro­ble­ma de “sen­ti­mien­to de culpa” por lo mal que nues­tras au­to­ri­da­des han ac­tua­do du­ran­te los úl­ti­mos años, in­clu­yen­do la ac­tual.

Agen­da am­bien­tal: re­sul­ta vacío y hasta ri­si­ble lo que se se­ña­la en el men­sa­je pre­si­den­cial sobre este tema. Una evi­den­cia más de que el tema se usa más como un re­lleno, que como algo que de­be­ría ser fun­da­men­tal para un país como Costa Rica. Y para mu­chos, una ver­da­de­ra de­silu­sión dado lo que se oyó por parte del Pre­si­den­te en cam­pa­ña elec­to­ral.

Mien­tras que, por un lado, se dice que se im­pul­sa­ron “im­por­tan­tes me­di­das para me­jo­rar la go­ber­nan­za del sec­tor am­bien­tal”, den­tro de la que men­cio­na la “re­es­truc­tu­ra­ción de la SE­TE­NA”, re­sul­ta que en la reali­dad, la SE­TE­NA se dejó con­ve­nien­te­men­te “in­tac­ta”, como una clara con­ti­nui­dad de las ad­mi­nis­tra­cio­nes an­te­rio­res. Con­ti­nui­dad en los mis­mos ye­rros y pro­ce­so de con­trol po­lí­ti­co. Pese a tener la po­si­bi­li­dad de ha­cer­lo, el Es­ta­do a la fecha no ha sa­ca­do nin­gu­na lec­ción de los es­cán­da­les a re­pe­ti­ción en los que in­cu­rre SE­TE­NA desde el 2008.

Con­trol que ha re­sul­ta­do con­ve­nien­te para la apro­ba­ción su­ma­men­te cues­tio­na­da de pro­yec­tos y me­ga­pro­yec­tos que le han con­ve­ni­do a las ad­mi­nis­tra­cio­nes, pero no ne­ce­sa­ria­men­te al país. Va­rios de ellos de­cre­ta­dos de “con­ve­nien­cia na­cio­nal” sin nin­gún es­tu­dio serio para sus­ten­tar­lo: a la fecha estos de­cre­tos si­guen vi­gen­tes cuan­do es per­fec­ta­men­te po­si­ble de­ro­gar­los sin más pre­lu­dios. Con­trol que no se ha usado para nada, en lo re­fe­ren­te a re­sol­ver los se­rie­cí­si­mos pro­ble­mas de pla­ni­fi­ca­ción te­rri­to­rial que ago­bian y es­tran­gu­lan a nues­tro país.

Or­de­na­mien­to te­rri­to­rial: A un año de go­bierno, casi nada se ha hecho por re­sol­ver la enor­me presa de más de 70 pla­nes re­gu­la­do­res que están en­tra­ba­dos en la SE­TE­NA, por falta de una ac­ti­tud téc­ni­ca di­fe­ren­te de esta in­tran­si­gen­te en­ti­dad. Entre el 2010 y el 2014, la SE­TE­NA re­cha­zó o ar­chi­vó el 70 % de los ex­pe­dien­tes de los pla­nes re­gu­la­do­res. Nos pre­gun­ta­mos: qué pa­sa­ría si eso mismo se hi­cie­ra con los ex­pe­dien­tes de pro­yec­tos en eva­lua­ción de im­pac­to am­bien­tal?

Hasta ahora, lo único que se hizo, fue crear una co­mi­sión mi­nis­te­rial que ahora está pro­po­nien­do un de­cre­to cuya base legal es su­ma­men­te cues­tio­na­ble y que no re­pre­sen­ta una so­lu­ción real al pro­ble­ma, sino un nuevo par­che, uno de mu­chos más. ¿Es esto el “cam­bio” que tanto se pre­go­nó en cam­pa­ña elec­to­ral, señor Pre­si­den­te? ¿Dónde han que­da­do sus com­pro­mi­sos en ma­te­ria am­bien­tal sus­cri­tos en el do­cu­men­to Pacto Am­bien­tal?

Por su parte, se re­ci­bió como he­ren­cia, el Plan GAM 2013 – 2030 y se hizo oídos sor­dos a las ad­ver­ten­cias de que se trata de un Plan sin sus­ten­to am­bien­tal, que sigue la línea de pro­mo­ver un desa­rro­llo ur­bano in­ten­si­vo, de ga­nan­cia rá­pi­da para al­gu­nos sec­to­res pri­vi­le­gia­dos.

El MINAE he­re­da­do: se habla de los es­fuer­zos he­chos para con­so­li­dar el Vi­ce­mi­nis­te­rio de Aguas, Mares y Hu­me­da­les, así como el SINAC; em­pe­ro no se dice nada (ni si­quie­ra una dis­cul­pa), sobre el ver­gon­zo­so tema de de­cla­rar de in­te­rés pú­bli­co la ex­por­ta­ción de ale­tas de ti­bu­rón (irres­pe­tan­do com­pro­mi­sos in­ter­na­cio­na­les) o de emi­tir una Po­lí­ti­ca de Pesca del Ca­ma­rón que se aleja de los ob­je­ti­vos ori­gi­nal­men­te plan­tea­dos. Se borra así con el codo, lo hecho con la mano (res­pec­to al tema de la pesca del atún). Nues­tros mares si­guen des­pro­te­gi­dos y su­je­tos de una de­vas­ta­do­ra pesca legal e ile­gal que ex­po­lia nues­tra ri­que­za ma­ri­na.

No se men­cio­nan en nin­gu­na parte del dis­cur­so los con­fu­sos in­tere­ses que mue­ven el in­te­rés por se­guir con una ob­so­le­ta re­fi­ne­ría china, ni tam­po­co el fias­co y de­cep­ción que im­pli­ca­ron los “diá­lo­gos” para el Plan Na­cio­nal de Ener­gía que han re­sul­ta­do más de los mismo, es decir, un poco de “ato­li­llo con el dedo” para cada sec­tor, sin que real­men­te se or­de­ne una ver­da­de­ra es­tra­te­gia na­cio­nal en este im­por­tan­te tema.

Erro­res y pers­pec­ti­va: aun­que en pri­me­ra ins­tan­cia el Pre­si­den­te re­co­no­ce que se han co­me­ti­do erro­res, llama la aten­ción que de­trás de los mis­mos no viene una dis­cul­pa y la dis­po­si­ción a rec­ti­fi­car la causa de los mis­mos, todo lo con­tra­rio, los jus­ti­fi­ca como parte del “pro­ce­so” y los ca­li­fi­ca al decir que “no son tan­tos ni gra­ves”, algo que le co­rres­pon­de a la so­cie­dad misma y no a quién pro­vo­có esos “erro­res”.

En la pers­pec­ti­va de lo que “sigue”, el Pre­si­den­te nos ade­lan­ta lo que va a pasar con el tema am­bien­tal: prác­ti­ca­men­te nada!

Salvo la so­li­ci­tud a los dipu­tados de que se im­pul­se la ley para el Tren Eléc­tri­co In­ter­ur­bano de la GAM (ex­pe­dien­te le­gis­la­ti­vo 18.252), no se dice nada más. Esto a pesar de que hay im­por­tan­tes temas pen­dien­tes: como la nueva Ley de Aguas, la pro­mul­ga­ción de una ley que des­po­li­ti­ce por com­ple­to a la SE­TE­NA, así como la de­ro­ga­to­ria de la Ley de Hi­dro­car­bu­ros y la trans­for­ma­ción de la Di­rec­ción de Geo­lo­gía y Minas, en el Ser­vi­cio Geo­ló­gi­co de Costa Rica, entre otros.

La res­pon­sa­bi­li­dad del Es­ta­do en la muer­te de am­bien­ta­lis­tas en Costa Rica en años re­cien­tes y la bús­que­da de me­ca­nis­mos para evi­tar la si­tua­ción de total im­pu­ni­dad tam­po­co pa­re­cen in­tere­sar ma­yor­men­te a nues­tras au­to­ri­da­des. Se hu­bie­se es­pe­ra­do un poco más al con­me­mo­rar­se este mes el se­gun­do aniver­sa­rio de la muer­te de Jairo Mora.

Otra evi­den­cia clara de que el tema am­bien­tal, se en­cuen­tra en un se­gun­do plano, uti­li­ta­rio, más que esen­cial, lo de­mues­tra la in­vi­ta­ción que hace el Pre­si­den­te a los jefes de frac­ción para “es­ta­ble­cer un pacto na­cio­nal por la di­ver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va, el cre­ci­mien­to de la pro­duc­ti­vi­dad, el pro­gre­so so­cial y la re­no­va­ción de la de­mo­cra­cia”, de­jan­do en el ol­vi­do, el tema am­bien­tal y, so­bre­to­do, la sos­te­ni­bi­li­dad de ese desa­rro­llo. Según pa­re­ce, los datos del Es­ta­do de la Na­ción sobre la de­sigual­dad cre­cien­te que pro­vo­ca el ac­tual mo­de­lo de desa­rro­llo cos­ta­rri­cen­se no pa­re­cen in­tere­sar a nues­tro Pre­si­den­te.

Cuan­do vemos la úl­ti­ma frase del Men­sa­je que dice que “Dios nos dé fuer­zas y en­ten­di­mien­to a todas y todos los cos­ta­rri­cen­ses para se­guir cons­tru­yen­do jun­tos, en paz y ar­mo­nía, una Pa­tria más prós­pe­ra, más justa, más libre y más digna”, nos in­va­de una ex­tra­ña sen­sa­ción, ade­más de notar toda au­sen­cia a la sos­te­ni­bi­li­dad del desa­rro­llo: ¿es este un Pre­si­den­te de­ci­di­do o es este un Pre­si­den­te ate­mo­ri­za­do?

Nues­tra con­clu­sión es que pa­re­cie­ra que el tema am­bien­tal está sien­do aban­do­na­do por esta ad­mi­nis­tra­ción, cuan­do lo co­rrec­to hu­bie­se sido rec­ti­fi­car el equi­vo­ca­do rumbo de las dos úl­ti­mas ad­mi­nis­tra­cio­nes. No hay nin­gu­na duda sobre ello y los in­for­mes del Es­ta­do de La Na­ción son más que con­tun­den­tes al res­pec­to.

La ac­tual ad­mi­nis­tra­ción aún está a tiem­po, para re­co­no­cer sus erro­res y rec­ti­fi­car su ac­ti­tud para con este vital tema na­cio­nal. El no ha­cer­lo po­dría pro­vo­car que gran parte de los que vo­ta­mos por el Pre­si­den­te sal­ga­mos a la calle a re­cor­dar­le lo que él mismo se com­pro­me­tió en cam­pa­ña a lle­var ade­lan­te