Amplia participación, transparencia e información: las bases de un verdadero dialogo nacional

En medio de esto convulsos y aciagos tiempos “pandémicos” por los que estamos pasando, esos tres requisitos de un proceso de diálogo abierto y amplio, se vuelven indispensables. A ellos podemos sumar, también la prudencia, la flexibilidad y el respeto por todas las partes, algo que también es indispensable para un diálogo.
EAE: los lineamientos señalados no son un invento del autor, están establecidos en el artículo 63 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente desde el año 2004. Se norma así, la evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas, incluyendo decisiones estratégicas que debe tomar la sociedad.

Sobre este tema he escrito varios artículos durante los últimos 10 años (ver: www.allan-astorga.com) con el ánimo que el Poder Ejecutivo estableciera la reglas para desarrollar la EAE de políticas, planes y programas en el país. Es importante, no confundirlo con la EIA de proyectos, dado que la EAE se concentra en desarrollar las normas que regulan la amplia participación de la sociedad, por medio de representantes, para que discutan los pro y contras de una política (por ejemplo, económica y social) y logren por medio de una metodología estandarizada en muchos países del mundo un producto que represente el criterio más equilibrado de la mayoría.

Se llama EAE por que surgió de la EIA desde hacer varias décadas, pero básicamente es un instrumento normalizado de diálogo social, amplio, transparente e informado que permite derivar recomendaciones para decisiones estratégicas. Dado que es un procedimiento estandarizado en muchos países del mundo, no hay que “inventar el agua tibia” para normalizarlo.
Larga lucha por su normalización: después de varias acciones planteadas a la Sala Constitucional durante el periodo 2010 – 2015 para que le ordenara al Poder Ejecutivo que se normara, fructificó una denuncia del suscrito ante la Contraloría General de la República. Así, en julio del 2017, dicha entidad emite el Informe DFOE – AE – IF – 00008 – 2017, disponiendo lo siguiente: “Al Ministro de Ambiente y Energía en su calidad de rector del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, o a quien en su lugar ocupe el cargo: 4.4 Elaborar una propuesta de lineamientos que direccione el enfoque, los fines y el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica en el país…” De acuerdo CGR el instrumento debería ser remitido a esta entidad a más tardar el 22 de enero del 2018.

Como respuesta a esto, la administración Solís – Rivera elaboró la Directriz No. 3 – 2018 – MINAE en la que se señalan ciertos lineamientos para la EAE de PPP, algunos de ellos contradictorios con el Reglamento General de EIA antes citado y en la que, además de mostrar una clara ignorancia sobre el tema de la EAE, le da una “especie de patada a la bola”, cuando señala: “Artículo 5.- Del plazo. Para cumplir con el diseño y elaboración del reglamento de evaluación ambiental estratégica para políticas públicas conforme a los lineamientos acá establecidos, se le solicita a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) presentar al Ministerio de Ambiente y Energía en los próximos seis meses la propuesta de los reglamentos, instrumentos y metodología requerida. Deberán incluir un transitorio que indique (que) el reglamento entrará en vigencia hasta que se consolide la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica dentro de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) y se cuente con los recursos materiales y humanos respectivos para su adecuado financiamiento”.

Decimos que hay una gran ignorancia y hasta decidía para normalizar el instrumento, dado que se ignora que ya la SETENA tiene un Departamento de EAE y que, por normativa, le corresponde a esta Secretaría Técnica atender el tema de la EAE de PPP, que dicho sea de paso, consiste simplemente en verificar que la normativa se cumplió. No hace falta crear una oficina y crear más plazas para que atienda algo que la SETENA puede atender. Por lo que se veía, la administración Solís – Rivera no tenía mucho interés en implementar la EAE de PPP, como tampoco parece haber sido el interés de la actual administración, pues hasta ahora no se ha avanzado casi nada sobre la reglamentación.

Importante instrumento de diálogo nacional: el hecho de que esa normativa de EAE no se hubiese formalizado en el país, resulta un grave error por parte del Poder Ejecutivo, particularmente del MINAE y la SETENA. La existencia de ese instrumento de dialogo social para decisiones estratégicas permitiría, en una coyuntura como la actual, establecer un proceso de participación amplio y proporcional que cumpla los objetivos de la EAE aplicado a la Política Fiscal que requiere el país. Esto sin que el “diálogo” se convierta en una “especie de operación embarre” o en un mecanismo de filtro para ciertos sectores como sucedió con el instrumento que propuso el Estado de la Nación.

Una EAE bien desarrollada puede generar producto muy rápido (semanas), sobre todo si se tiene un grupo de apoyo técnico que brinde datos sólidos y concretos que faciliten el proceso de tamizado, selección, análisis de alternativas y valoración comparativa, análisis de consistencia, valoración de consecuencias de corto, mediano y largo plazo, salvaguardas y mecanismos de verificación de cumplimiento por parte de la Sociedad.

Otro elemento importante en la EAE de PPP y decisiones estratégicas es que las autoridades de gobierno son un sector más y no el que controla el proceso. Para ello se busca una entidad facilitadora neutral y objetiva que conozca la aplicación de las fases de la EAE. Esto es vital, para que los productos sean obtenidos por consensos de los diferentes sectores y no como una imposición de algunos de ellos.

Aclaro, generar el reglamento, usando los estándares internacionales sería posible en pocos días, siempre que exista verdadera y transparente voluntad política. Al respecto las autoridades de gobierno pueden contar con nuestro sincero apoyo.

Participación amplia de todos los sectores: las acciones violentas ya no son una solución, todo lo contrario, exacerban ánimos y generan más violencia en una espiral creciente cuya cúspide es ignota y sumamente peligrosa. Igual de nociva resulta el involucramiento de partidos políticos o de políticos cuyos objetivos no parecen ser muy claros cuando hablan de un diálogo y tratan de vetar sectores.

A nuestro criterio, el mecanismo de participación en una EAE, como la que se debería realizar en esta coyuntura en el país y sobre el tema fiscal, debe partir de una clara visión de lo que está pasando a la sociedad. Por eso, aunque creemos que hay muchos polos de opinión, si vemos el asunto en perspectiva, nos podemos dar cuenta (de forma sorpresiva, para muchos), que en realidad solamente hay dos polos que se anteponen.

Ante la crisis económica, social y de salud (incluso mental) en que ha caído nuestra sociedad, debido a la Pandemia por el Covid – 19, resulta que nuestra sociedad se ha dividido, especialmente, la comunidad laboralmente activa.

Por un lado, están los “trabajadores” que se encuentran sin empleo o que tienen un trabajo muy frágil. Incluyo dentro de este grupo la gran cantidad de personas laboralmente activas, pero que están desempleadas que en nuestro país ya supera los 500 mil. Incluyo dentro de este grupo no solo hay todo tipo de trabajadores “asalariados”, sino también todo tipo de empresarios (micro, medio y grandes). Si, incluso los grandes empresarios que sufren por la situación, pues salvo algunas actividades que han prosperado en condiciones de Pandemia, la gran mayoría de los empresarios viven una condición de incertidumbre y preocupación por el futuro inmediato, pues no hay seguridad de que la situación mejore a futuro.
También forman parte de este grupo todos los agricultores, los pescadores, los empresarios turísticos y personas que, numerosamente, se dedican a actividades informales.

Todos los que no recibimos un ingreso fijo, sufrimos de esa incertidumbre y falta de seguridad respecto a nuestro futuro y de los seres que dependen de nosotros. Algo para lo cual se requiere comprensión y tolerancia.

Por otro lado, están las personas que reciben un ingreso fijo, con o sin Pandemia. Me refiero a los empleados del Estado, instituciones autónomas del Estado y de los gobiernos locales. También forman parte de este grupo los pensionados por los diversos regímenes que tiene el Estado. Aunque todas estas personas también tienen preocupación e incertidumbre por la Pandemia, es claro que tienen una situación más privilegiada y de confort respecto al primer grupo.

Así las cosas, resulta justo que, si nuestra sociedad se encuentra dividida entre esos dos grandes grupos, se hace necesario que ambos grupos participen por igual en la búsqueda de alternativas de solución al serio problema económico por la que estamos pasando como sociedad. No resulta justo ni apropiado que solo sea uno de esos grupos, particularmente aquellos que resultan más privilegiados, el que plantea la soluciones a la situación de crisis que está pasando nuestro país. Ambos grupos tienen derecho de opinar y buscar soluciones consistentes por medio de diálogo efectivo y objetivo.

La selección de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad no debe tener un límite bajo. Una EAE puede ser desarrollada con más de 30 representantes como en la que el suscrito tuvo el honor de participar en El Salvador donde se realizó la EAE de la minería metálica y en donde se dio una participación amplia con más de 100 representantes de la sociedad salvadoreña.

Poner limites y hacer cálculos para ver que sector tiene mayoría, no es funcional. Lo que se requiere es que todos los sectores tengan vos y voto, incluso aquellos que no parecen tener a nadie que los defienda como los desempleados y los que trabajan en la informalidad, entre otros.

Urge actuar: el hecho de que los diferentes sectores, presionados por la situación económica que tiene y las preocupaciones que los aquejan, se traten de reunir y discutir alternativas, no es negativo. Todo lo contrario, es un proceso de construcción. No obstante, se requiere que el proceso de diálogo se amplíe y sea más inclusivo, pero es clave que no sea protagonizado por las autoridades de gobierno. Debe ser facilitado por un ente externo no involucrado con ninguno de los sectores y que permita desarrollar todas las fases del proceso de EAE de la decisión estratégica hasta llegar a los puntos de consenso necesarios para emitir una recomendación.

El tiempo apremia y es hora de que nuestro país utilice las herramientas técnicas para avanzar y dejar de estar estancados en la falta de decisiones estratégicas, no solo para tratar de resolver la seria situación fiscal, sino para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Hay mucho por hacer y no debemos perder el tiempo más.

Publicación Original: Octubre 22, 2020 4:32 am

Reactivación de la Minería metálica a cielo abierto es una peligrosa “caja de Pandora”

En razón de la actividad minera ilegal en Crucitas y los acontecimientos publicados en la prensa durante las últimas semanas, se hace necesario hacer una advertencia muy respetuosa a los señores diputados de nuestra Asamblea Legislativa y a la sociedad en general. Esto, por cuanto además de una propuesta de ley para legalizar la explotación minera de oro en Crucitas, hay al menos dos proyectos de ley para reactivar la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.

En medio de la situación económica que se ha agravado como consecuencia de la Pandemia por la Covid-19, algunas organizaciones y personas han venido señalando que la explotación minera metálica, principalmente del oro, sería la alternativa para “sacar el país adelante”. Algo que, aunque parece escucharse tentador cuando se habla de toneladas de oro, puede convertirse en un verdadero desastre ambiental para el país, pues se corre el riesgo de abrir una enorme “caja de Pandora”.

Crucitas: como hemos indicado en anteriores ocasiones, la discusión sobre la posibilidad de legalizar la explotación minera de oro en ese lugar fronterizo de nuestro país, en medio de un Arbitraje Internacional sobre el tema, y que puede costar al país cerca de US$ 400 millones, no es para nada recomendable a la luz de los árbitros que tienen que tomar esa decisión.

Se debe recordar que fue el Poder Judicial, tanto por el Tribunal Contencioso Administrativo, como por la Sala Primera el que anuló todos los permisos y autorizaciones que tenía la empresa Industrias Infinito para explotar el oro en Crucitas. El primero señaló que se había dado toda “una orquestación de voluntades” en los trámites de esos permisos. Permisos que derivaron en un grave daño ambiental con la deforestación de cerca de 90 hectáreas de bosque en octubre del 2009 en la zona de Crucitas.

Como consecuencia de todo eso, el país, por medio de su Asamblea Legislativa en noviembre del 2010 modificó el Código de Minería y prohibió la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Legislación que todavía está vigente y que, visionariamente, ha salvado al país de un verdadero desastre ambiental.

Como hemos señalado en diversos foros, el tema de la explotación minera ilegal en Crucitas es complejo desde muchos puntos de vista y requiere una solución de ámbito legal y ambiental, pero no minero. Sobre todo, es un tema de seguridad que requiere ser resuelto en el menor plazo posible y cuyo origen requiere ser investigado con toda profundidad.

La minería ilegal en Crucitas no es caótica y desordenada como la minería ilegal que ocurre en la Amazonía de varios países de América del Sur, sino que es ordenada y da la apariencia de ser planificada, pues lo sitios de explotación minera son precisos para alcanzar los lugares donde más oro se presenta. Algo que no parece ser obra de la casualidad. Como tampoco lo pareciera el hecho de que dicha explotación ilegal se inicie en el año 2017, mientras se hablaba del juicio por el tema de Crucitas y se había iniciado el Arbitraje Internacional por la demanda de Infinito Gold a Costa Rica.

Reactivación de la minería metálica a cielo abierto: el tema de Crucitas ha llevado que un problema puntual que representa 50 hectáreas de daños ambientales producidos por la minería ilegal se pase a hablar de un tema mucho más grande y grave, como lo es, la reactivación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.

Quienes promueven esta “reactivación” lo plantean como una medida para solucionar los problemas económicos del país, algo que tiene poco sustento en razón de que el mayor beneficio económico de una explotación la obtendrían las empresas mineras y no el país, con el agravante de que los daños ambientales producidos por la actividad perdurarían, por mucho tiempo, una vez que el oro se termine y la empresa minera cierre sus operaciones.

Pero el verdadero y muy serio peligro lo representa el hecho de que, al reactivarse esa actividad, también se daría el proceso de prospección y exploración minera. Esta labor geológica que requiere estudios detallados e inversión económica, permite identificar los sitios donde existen yacimientos minerales con potencial de ser explotados. Si esta información técnica “se filtra”, como parece haber sucedido en el caso de Crucitas, podría iniciar una actividad minera ilegal explosiva y prácticamente “infrenable”.

La minería metálica ilegal en la Amazonía, desde hace ya varios años, se ha convertido en un total y completo cáncer destructor de los bosques, la biodiversidad, de los recursos hídricos y el paisaje en varios países de América del Sur. En el caso de Colombia, un informe de la Contraloría General de la República de ese país, de febrero del 2020, señala que el 80 % de la minería metálica es ilegal.

Es claro que esa minería se inicia porque la información de la existencia de los yacimientos pasa a manos inapropiadas y una vez que se ha iniciado la actividad ilegal se inicia un encadenamiento enorme de actuaciones ilegales que incluyen la deforestación, la explotación de personas y el narcotráfico, entre otras consecuencias altamente negativas. Incluso países con ejércitos como Perú, reconocen que están perdiendo la batalla contra la minería ilegal. Así de grave es la situación.

Por eso es que afirmamos que plantear la reactivación de la minería metálica en Costa Rica podría significar abrir una enorme y peligrosa caja de Pandora que si podría representar un enorme y verdadero desastre ambiental que afectaría parques nacionales y reservas indígenas. Si Crucitas se ha convertido en un dolor de cabeza, nos preguntamos, qué significaría entonces tener decenas de explotaciones mineras ilegales en todo el país.

No dudamos que hay diputados de la República que tienen buena fe al considerar esa reactivación de la minería metálica como una supuesta solución a los problemas económicos del país, más, sin embargo, es una decisión sumamente delicada, pues lejos de resolver un problema se puede convertir en todo lo contrario y llevarnos a una situación que nadie desea para Costa Rica.

Por todo ello, se debe meditar mucho la decisión e informarse con detalle de lo que está pasando en América del Sur con la minería metálica ilegal en la Amazonía. Los recursos naturales más importantes de nuestro país, no son los minerales metálicos, ni los hidrocarburos, son sus bosques, la bio y geodiversidad, sus fértiles suelos, sus aguas, sus mares y sobretodo, su gente.

El modelo de desarrollo de nuestro país debe partir del uso sostenible y planificado de estos recursos y no de unos recursos efímeros como los que provienen de la explotación minera o petrolera, que en general, no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de los países tropicales donde se dan.

Publicación Original Agosto 31, 2020 4:32 am

Ley de Aguas: aguas subterráneas y su gestión sostenible

A propósito del dictamen afirmativo que otorgó la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa a la Ley para la gestión integrada del recurso hídrico (expediente no. 20212) y, con la disposición de ser proactivo en la modernización de este recurso estratégico para el país, en lo que sigue planteo algunas observaciones relevantes a fin de que sean consideradas en la ley que finalmente pueda ser aprobada por el Plenario.

Aclaro que hago estas observaciones después de analizar el proyecto de ley dictaminado y desde una perspectiva absolutamente técnica, sin el deseo de beneficiar o afectar a ningún sector específico de nuestra sociedad. Señalo esto, pues es claro que en el tema de recursos hídricos existe una serie de sectores que tienen intereses y visiones muy diferentes, lo cual hace que la obtención de un criterio de equilibrio no sea sencillo alcanzar. Sin embargo, a opinión del autor, el tema técnico debería ser el que permita acercarse a ese punto de equilibrio.

Las observaciones y sugerencias de mejora del proyecto de ley son las siguientes:

1.- No se contempla un tema estratégico para el país que es el hecho de que son las aguas subterráneas el recurso más importante que debe ser normado. Como hemos señalado, desde el 2003 (ver: www.allan-astorga.com), nuestro país tiene un enorme potencial de aguas subterráneas, tanto en acuíferos someros como profundos. Por ello, la propuesta requiere ser mejorada en esta perspectiva, dado que la gestión de las aguas subterráneas es bastante diferente a la de las aguas superficiales.

2.- Las aguas subterráneas requieren se modeladas geológicamente, con modelos estratigráficos, estructurales y litológicos apropiadamente realizados por profesionales en geología, tal y como establece la Ley del Colegio de Geológicos desde el año 1973. La no consideración de esta realidad técnica ha llevado a que se genere una gran confusión, pues se han gestionado las aguas subterráneas igual que las aguas superficiales, algo que la nueva ley debe resolver de forma eficaz.

3.- La propuesta de ley, al tomar el tema de las aguas subterráneas, con la misma visión de las aguas superficiales, pierde la oportunidad de realizar un efectivo ordenamiento de la gestión de ese recurso subterráneo. Por ejemplo, en la definición de acuífero, no realiza la diferenciación básica de que existen diferentes tipos de acuíferos, empezando por separar los confinados y los acuíferos abiertos o freáticos. La no realización de esta diferenciación ha provocado y seguirá provocando muchos conflictos en el manejo de las aguas subterráneas, lo cual afecta a todos, tanto a los grupos productivos como a los grupos ambientales y comunidades por la confusión que se ha generado.

4.- Se corre el riesgo, también, de perder la oportunidad de caracterizar los manantiales (o nacientes) según sus características hidrogeológicas. En el proyecto de ley, no se separan los brotes de aguas subsuperficial que son muy abundantes en nuestro país, de los verdaderos manantiales que fluyen desde un acuífero. Además, los manantiales requieren ser categorizados, para gestionar su protección de forma proporcional a su caudal. No es lo mismo una salida de agua de 0,1 litro por segundo que uno de 100 litros por segundo.

5.- En el tema de las áreas de protección de los manantiales de los acuíferos, se corre el riesgo de no poder ordenar científicamente el tema, según criterios geológicos e hidrogeológicos. Solamente se transcribe, tal cual, el artículo 33 de la Ley Forestal, como si no hubiese habido avance científico en el tema durante las últimas décadas. Es urgente y necesario, que se establezca en la ley que con el debido estudio hidrogeológico que considere el sentido del movimiento de las aguas subterráneas en el subsuelo, para un acuífero freático, el área que establece el radio de protección puede ser sustituida por un área de captura inmediata o tubo de flujo que establezca el área de protección con el debido criterio científico y de esa forma no se afecte una superficie del terreno (que puede ser hasta un 70 %) como área de protección del manantial que en realidad no se ocupa establecer como tal.

6.- Deseo notar que lo señalado en el punto anterior es fundamental para un país tan rico en aguas subterráneas como nuestro país, ya que existen decenas de miles de manantiales, muchos de ellos todavía no identificados y de allí que, si no se aplica esta medida científica, los conflictos entre el uso del suelo y la protección de los manantiales, lejos de resolverse con la nueva ley, se incrementarán aún más. Aclaro que, en el tema de manantiales que brotan de acuíferos confinados, las reglas de protección son completamente diferentes, pues no se requiere establecer un área de protección como se hace para los manantiales de acuíferos freáticos.

7.- Otra omisión que identificamos en la propuesta de nueva ley de aguas se refiere al tema de la protección de áreas de recarga y de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Como señalamos desde el 2003, cerca del tres cuartas partes del país son áreas de recarga acuífera y casi el 100 % de las actividades productivas (urbanas, agrícolas, industriales, etc.) se dan sobre esas áreas de recarga que también son zonas con diferente tipo de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este aspecto, la nueva ley requiere ser moderna y novedosa. Es imprescindible que se tome en cuenta la aplicación de medidas tecnológicas apropiadas para prevenir la contaminación de los acuíferos. Existen muchas medidas tecnológicas que pueden ser establecidas en el reglamento de la ley, pero es indispensable que la ley las mencione. Si esto no se hace, en la práctica, no se estaría dando ningún avance, respecto a la legislación actual. A este respecto la ley debe establecer lineamientos y plazos de transición para que todas las actividades humanas potencialmente contaminantes para que puedan ir readecuando sus tecnologías para proteger las aguas subterráneas, incluyendo las actividades agrícolas y agropecuarias.

8.- En el tema de la administración del recurso, como hemos señalado, centrar toda la gestión, tanta técnica científica como la administrativa en una sola entidad, no deja de ser un riesgo de que, finalmente, la gestión del recurso se politice. Sería ideal que la parte técnica científica estuviera separada dentro de las tareas de un Servicio Geológico de Costa Rica, algo que podría ser previsto en la ley para que el poder del manejo del recurso no se centrara en una sola entidad.

9.- Además, de lo señalado en el párrafo anterior, y considerando la riqueza en recursos hídricos subterráneos y superficiales que tiene el país, se hace necesario dar más participación a los gobiernos locales y sus comunidades. Esto, siempre que se haga con criterios técnicos bien normados por el reglamento de la ley. La participación de los gobiernos locales y sus comunidades, se considera muy importante, dado que la gestión de los recursos hídricos, particularmente, los subterráneos, tanto en áreas de protección de manantiales y cuerpos de agua, como en áreas de recarga y descarga acuífera, afecta directamente el uso del suelo y, en general, la planificación territorial. En este aspecto es vital que las municipalidades cuenten con unidades técnicas para la gestión de los recursos hídricos subterráneos y superficiales de en sus territorios. La descentralización, con reglas bien definidas por un reglamento técnico marco, es clave para que la gestión integrada del recurso funcione.

10.- Finalmente, para no alargar el tema, la reducción de forma absoluta de las áreas operacionales de los pozos a 10 metros de radio, no parece ser una solución apropiada y que aplique a todos los pozos. Pueden existir pozos que extraigan agua de acuíferos profundos y confinados, por lo que el radio de operación podría ser más reducido, mientras que, para acuíferos freáticos, es el caudal de extracción y las características geológicas de las rocas las que permiten establecer ese radio operacional. Se considera que nuevamente, debe dejarse a que sean los estudios técnicos los que establezcan el radio operacional final y no un valor absoluto, definido arbitrariamente y que podría interpretarse como una regresión en la medida de que en la actualidad dicho radio es de 40 metros.

Como se puede ver, la introducción de estas observaciones en el nuevo proyecto de ley no resulta difícil y con ello se podría acercar a una ley mas equilibrada y moderna; así como más balanceada para todos los sectores.

Es criterio del autor que, si se hace necesario modernizar la ley de aguas, pero con un criterio más científico técnico y de allí que haga mi contribución por este medio. Es necesario que nuestro país avance, sobre todo en la actual coyuntura que estamos pasando. Esperemos que nuestra Asamblea Legislativa logre desarrollar una Ley de Aguas avanzada, del siglo XXI, que realmente use la ciencia para proteger y gestionar de forma eficiente uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestro país, principalmente el agua subterránea.

Publicación original Agosto 10, 2020 4:45 am

¿Costa Rica: un país petrolero?

Ante la afirmación del señor Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez E. de que “no hay evidencias científicas de que existan yacimientos de petróleo en el país”; mis colegas de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Geólogos de Costa Rica han emitido una publicación donde lo intentan desmentir y señalan que: «distintos estudios científicos realizados durante décadas confirmaron un importante y atractivo potencial de reservas de petróleo en Costa Rica».

Nos preguntamos: ¿Quién tiene la razón? ¿De verdad puede haber yacimientos comerciales de petróleo o gas natural en Costa Rica? ¿Y si fuera cierto, eso nos sacaría de la crisis económica en que estamos? Dado que esta información resulta de mucha importancia en el contexto de que en nuestra Asamblea Legislativa se discute, actualmente, un proyecto de ley para prohibir la actividad petrolera en el país, tal y como se hizo hace diez años con la explotación de oro a cielo abierto.

Por eso, vale la pena hacer un análisis de la situación como un insumo para la toma de esa importante decisión. Aclaro que como geólogo tengo la posibilidad técnica de opinar sobre el tema, y también porque trabajé en exploración petrolera en Recope durante 15 años, y además, porque soy especialista en Geología Sedimentaria que es una parte de la Geología que se vincula directamente con la Geología Petrolera.

Yacimientos de hidrocarburos: como he señalado anteriormente (ver: www.allan-astorga.com), en geología petrolera, como en minería, una cosa es el potencial y los yacimientos probables que los yacimientos probados. Estos últimos son los que cuentan, pues todo lo demás es únicamente una posibilidad que tiene que ser demostrada. En el caso de Costa Rica, podemos decir que hay indicios de potencial, pero ni siquiera, después de casi un siglo de exploración petrolera, realizado por empresas petroleras como la Shell y por Recope, junto con PEMEX y PETROCÁNADA, no fue posible encontrar yacimientos probados de hidrocarburos (petróleo o gas natural). Si fuese así, lo hubiésemos estados explotando desde hace décadas.

La confusión se genera cuando al final de la exploración petrolera que realizó RECOPE una empresa norteamericana (Western Atlas), procesó toda la información técnica disponible e hizo proyecciones de potencial. Esto es lo que ha llevado al profesor Carlos Eduardo Roldán Villalobos haya afirmado que en el subsuelo del país hay más de $ 300 mil millones en riqueza petrolera. Lo malo es que eso es absolutamente especulativo y no tiene ningún respaldo científico que demuestre que se trata de yacimientos probados. En esto, el señor ministro tiene la razón.

Ley de Hidrocarburos entreguista: también sobre esto hemos explicado a los costarricenses que la Ley de Hidrocarburos que data del año 1994, es una ley muy entreguista, pues en el remoto caso de que se encontraran yacimientos comerciales de hidrocarburos (petróleo o gas natural), la misma ley establece que la empresa petrolera que lo descubra sería la propietaria de hasta el 85 % del yacimiento. El restante 15 % se le entregaría al país como una regalía. Además, la Ley en cuestión no protege correctamente al país desde el punto de vista ambiental, por lo que, al igual que en la minería metálica, una empresa petrolera no se haría cargo de atender los impactos ambientales residuales negativos, después de que se vaya del país. Eso lo tendríamos que pagar todos los costarricenses.

Como se ve, aunque se haga un gran esfuerzo por activar la altamente costosa actividad petrolera en el país, en el mejor de los casos, nos tocaría solamente el 15 % de la riqueza. El resto del petróleo tendríamos que comprarlo al precio del mercado, tal y como lo hacemos ahora.

Y si de puestos de trabajo se trata, tampoco la ganancia es mucha. Resulta que, con la tecnología actual, se ocupa relativamente poco personal, incluso para las actividades de explotación. Además, al ser un personal altamente especializado es muy probable que la petrolera prefiera a sus propios especialistas que serán extranjeros. En resumen, los beneficios económicos son pocos y estaríamos muy lejos de que nos ayude a resolver nuestros problemas económicos que, por cierto, en el caso de los otros países de América Latina que, si tienen petróleo, se ve que el mismo no les ha ayudado mucho, sino veamos los casos de México, Brasil, Venezuela y Ecuador, por mencionar algunos. Y, por cierto, Costa Rica no es Noruega, como mis colegas del Colegio a veces sugieren.

Turismo y actividad petrolera: es claro que un país donde se lleva a cabo la actividad petrolera desde hace mucho tiempo, también puede ser un país de atractivo turístico. No obstante, un país que es atractivo turístico por su tradición de protección de la Naturaleza como Costa Rica, en caso de dedicarse a la actividad petrolera, es muy probable que tenga mucho más que perder. En esto tiene razón la señora Cristiana Figueres. Costa Rica tiene un modelo de desarrollo, desde el siglo XIX que no se basa en la industria extractivista y eso es algo que nos ha hecho progresar en otros campos e incluso a ser un referente a nivel internacional.

Referente, no solo por proteger la Naturaleza, sino también, por ser líder en energía renovable y descarbonización de su economía. Descarbonización que, hoy más que nunca en la historia, nos obliga a asumirla con total responsabilidad como ejemplo en el mundo, dado los alarmantes valores de contenidos de gases de efecto invernadero que tiene nuestra atmósfera y la Crisis Climática que ya nos está afectando a todos.

En este aspecto, es claro que un país líder en el mundo en el tema de descarbonización y de lucha contra el Cambio Climático, perdería mucho de todo su prestigio si de la noche a la mañana cambia su rumbo y apuesta hacia una industria petrolera que ya está vetusta y en vías de extinción. Se trata de una industria que ya debemos dejar en el pasado, cambiándola por nuevas alternativas de energía más sustentable y menos contaminante.

Publicación original Julio 4, 2020 4:37 am

Tren rápido de pasajeros: avanzamos o seguimos en el pasado

En las últimas semanas se ha abierto un debate sobre el Tren Rápido de Pasajeros vinculado a la solicitud que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que se apruebe un préstamo del BCIE para iniciar su desarrollo. Como producto de eso, se han levantado voces que se oponen y señalan diversos argumentos.

Algunos de esos argumentos cuestionan los estudios de factibilidad técnica que sustentan las propuesta, mientras que otros, aprovechando la situación de emergencia sanitaria en que estamos, y aprovechando la coyuntura política, hasta piden que es mejor financiar la CCSS con ese dinero del tren. Entre esos dos puntos extremos, también se han expuesto diversos argumentos donde incluso se cuestiona si debajo de todo esto no hay un “gran chorizo”.

Breve historia: como consultor a cargo de los estudios ambientales del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Area Metropolitana (PRUGAM) entre el 2008 – 2010 y como coordinador del Estudio de Impacto Ambiental del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) tuve la oportunidad de conocer la historia del proyecto de un tren moderno para la GAM.

Tenemos casi 20 años de estar haciendo estudios de pre y factibilidad para el Tren Eléctrico. Cada vez que se llega a un punto de avance importante, siempre se levantan voces que se oponen y dicen que los estudios están insuficientes y que nos falta hacer más estudios.

Como he escrito en varias ocasiones (ver www.allan-astorga.com) en el 2009 obtuvimos la Viabilidad Ambiental para el proyecto del TREM. Un proyecto menos ambicioso que el actual Tren Rápido de Pasajeros que plantea ahora el INCOFER. De haber seguido con el proyecto, para el 2011 hubiésemos iniciado su construcción, antes que el Metro de Panamá, que sigue avanzando, con todos los altibajos que ha tenido.

Sin embargo, en aquel momento se levantaron los famosos “peros a los estudios” y al final el proyecto no se pudo concretar. En su lugar, hemos estado impulsando un tren del siglo XIX, ruidoso, lento y contaminador del ambiente porque no es eléctrico, sino que quema diésel y emite gases de efecto invernadero.

Ahora, diez años después, nuevamente, cuando se está a las puertas de poder dar un salto cualitativo hacia desarrollar un tren en la GAM que de verdad sea del siglo XXI, no contaminante y que facilite el transporte y la movilidad de más de 200 mil personas de la GAM y, sobretodo, que nos haga sentir orgullosos y conscientes de que estamos haciendo algo por salvar a nuestro planeta, se levantan nuevas voces de cuestionamiento que más que mejorar el proyecto, parece que lo que desean es que nunca se haga.

Los argumentos que se levantan se parecen mucho a los de hace 10 años, cuando se echó por la borda todo el esfuerzo para el TREM. Ahora se trata del Tren Rápido de Pasajeros. Y lo malo es que no se proponen alternativas rápidas de solución. Solo se dice que los números no dan o que simplemente no debería hacerse. El común denominador parece ser la falta de visión de futuro, si es que no existen otros intereses diferentes, como el de mantener el statu quo de seguir usando un aparatoso y contaminante sistema de autobuses que llena y obstruye nuestras calles.

Hora de actuar: los estudios científicos a nivel internacional y las mismas advertencias de la ONU, son claros, la contaminación de nuestra atmósfera terrestre por gases de efecto invernadero se sigue incrementando, incluso, pese a la Pandemia del COVID – 19. Conforme esto suceda, más se incrementa el Calentamiento Global y los efectos de negativos de la Crisis Climática.

La situación ya no está para ponernos a hacer más y más diagnósticos. No hay tiempo. La estrategia de la descarbonización es muy importante que sea acelerada y consolidada.

El Tren Rápido de Pasajeros, además de ofrecer una alternativa moderna y eficiente de transporte para los habitantes de la GAM, es un paso hacia la descarbonización y un paso en la dirección correcta.
Costa Rica, por su tamaño, contribuye poco en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero por su cultura de protección del ambiente, su contribución a nivel internacional es muy importante. Pasar de un tren ruidoso y contaminante del siglo XIX a un tren moderno, eléctrico y seguro del siglo XXI es una noticia que, en medio de toda esta crisis que estamos pasando, se interpreta como esperanzadora y optimista. Algo que todos necesitamos.

Finalmente, a los que levantan voces en contra del proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, con diversos argumentos, solamente les solicito que revisen la historia de lo sucedido hasta ahora y que valoren si, en vez de estar formando parte de la solución y el avance del país, se están convirtiendo en parte del enorme lastre de problemas que impiden a que nuestra nación avance hacia el progreso. En esto, la historia como el tiempo no perdonan.

Publicación original Junio 14, 2020 4:33 am