RECOPE

¿Costa Rica: un país petrolero?

Ante la afirmación del señor Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez E. de que “no hay evidencias científicas de que existan yacimientos de petróleo en el país”; mis colegas de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Geólogos de Costa Rica han emitido una publicación donde lo intentan desmentir y señalan que: «distintos estudios científicos realizados durante décadas confirmaron un importante y atractivo potencial de reservas de petróleo en Costa Rica».

Nos preguntamos: ¿Quién tiene la razón? ¿De verdad puede haber yacimientos comerciales de petróleo o gas natural en Costa Rica? ¿Y si fuera cierto, eso nos sacaría de la crisis económica en que estamos? Dado que esta información resulta de mucha importancia en el contexto de que en nuestra Asamblea Legislativa se discute, actualmente, un proyecto de ley para prohibir la actividad petrolera en el país, tal y como se hizo hace diez años con la explotación de oro a cielo abierto.

Por eso, vale la pena hacer un análisis de la situación como un insumo para la toma de esa importante decisión. Aclaro que como geólogo tengo la posibilidad técnica de opinar sobre el tema, y también porque trabajé en exploración petrolera en Recope durante 15 años, y además, porque soy especialista en Geología Sedimentaria que es una parte de la Geología que se vincula directamente con la Geología Petrolera.

Yacimientos de hidrocarburos: como he señalado anteriormente (ver: www.allan-astorga.com), en geología petrolera, como en minería, una cosa es el potencial y los yacimientos probables que los yacimientos probados. Estos últimos son los que cuentan, pues todo lo demás es únicamente una posibilidad que tiene que ser demostrada. En el caso de Costa Rica, podemos decir que hay indicios de potencial, pero ni siquiera, después de casi un siglo de exploración petrolera, realizado por empresas petroleras como la Shell y por Recope, junto con PEMEX y PETROCÁNADA, no fue posible encontrar yacimientos probados de hidrocarburos (petróleo o gas natural). Si fuese así, lo hubiésemos estados explotando desde hace décadas.

La confusión se genera cuando al final de la exploración petrolera que realizó RECOPE una empresa norteamericana (Western Atlas), procesó toda la información técnica disponible e hizo proyecciones de potencial. Esto es lo que ha llevado al profesor Carlos Eduardo Roldán Villalobos haya afirmado que en el subsuelo del país hay más de $ 300 mil millones en riqueza petrolera. Lo malo es que eso es absolutamente especulativo y no tiene ningún respaldo científico que demuestre que se trata de yacimientos probados. En esto, el señor ministro tiene la razón.

Ley de Hidrocarburos entreguista: también sobre esto hemos explicado a los costarricenses que la Ley de Hidrocarburos que data del año 1994, es una ley muy entreguista, pues en el remoto caso de que se encontraran yacimientos comerciales de hidrocarburos (petróleo o gas natural), la misma ley establece que la empresa petrolera que lo descubra sería la propietaria de hasta el 85 % del yacimiento. El restante 15 % se le entregaría al país como una regalía. Además, la Ley en cuestión no protege correctamente al país desde el punto de vista ambiental, por lo que, al igual que en la minería metálica, una empresa petrolera no se haría cargo de atender los impactos ambientales residuales negativos, después de que se vaya del país. Eso lo tendríamos que pagar todos los costarricenses.

Como se ve, aunque se haga un gran esfuerzo por activar la altamente costosa actividad petrolera en el país, en el mejor de los casos, nos tocaría solamente el 15 % de la riqueza. El resto del petróleo tendríamos que comprarlo al precio del mercado, tal y como lo hacemos ahora.

Y si de puestos de trabajo se trata, tampoco la ganancia es mucha. Resulta que, con la tecnología actual, se ocupa relativamente poco personal, incluso para las actividades de explotación. Además, al ser un personal altamente especializado es muy probable que la petrolera prefiera a sus propios especialistas que serán extranjeros. En resumen, los beneficios económicos son pocos y estaríamos muy lejos de que nos ayude a resolver nuestros problemas económicos que, por cierto, en el caso de los otros países de América Latina que, si tienen petróleo, se ve que el mismo no les ha ayudado mucho, sino veamos los casos de México, Brasil, Venezuela y Ecuador, por mencionar algunos. Y, por cierto, Costa Rica no es Noruega, como mis colegas del Colegio a veces sugieren.

Turismo y actividad petrolera: es claro que un país donde se lleva a cabo la actividad petrolera desde hace mucho tiempo, también puede ser un país de atractivo turístico. No obstante, un país que es atractivo turístico por su tradición de protección de la Naturaleza como Costa Rica, en caso de dedicarse a la actividad petrolera, es muy probable que tenga mucho más que perder. En esto tiene razón la señora Cristiana Figueres. Costa Rica tiene un modelo de desarrollo, desde el siglo XIX que no se basa en la industria extractivista y eso es algo que nos ha hecho progresar en otros campos e incluso a ser un referente a nivel internacional.

Referente, no solo por proteger la Naturaleza, sino también, por ser líder en energía renovable y descarbonización de su economía. Descarbonización que, hoy más que nunca en la historia, nos obliga a asumirla con total responsabilidad como ejemplo en el mundo, dado los alarmantes valores de contenidos de gases de efecto invernadero que tiene nuestra atmósfera y la Crisis Climática que ya nos está afectando a todos.

En este aspecto, es claro que un país líder en el mundo en el tema de descarbonización y de lucha contra el Cambio Climático, perdería mucho de todo su prestigio si de la noche a la mañana cambia su rumbo y apuesta hacia una industria petrolera que ya está vetusta y en vías de extinción. Se trata de una industria que ya debemos dejar en el pasado, cambiándola por nuevas alternativas de energía más sustentable y menos contaminante.

Publicación original Julio 4, 2020 4:37 am

Potencial petrolero y desarrollo

En razón de la reciente ampliación (hasta el 2021) de la moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos emitida por la actual administración de gobierno, han surgido algunas opiniones señalando que constituye una contradicción. Se señala que si el país explotara sus hidrocarburos, se lograría bajar el precio de los combustibles, e incluso tendría una fuente (gas natural) para generar electricidad a un precio más bajo y con menos contaminación ambiental. Aunque este razonamiento pareciera lógico, existen varias aristas que deben ser analizadas a fin de buscar una solución concreta al tema de si nuestro país debe o no explorar su potencial en recursos hidrocarburíferos. Potencial petrolero: primero que todo es relevante señalar que como producto de las actividades de exploración petrolera realizadas durante la década de los años ochenta del siglo pasado por RECOPE y de otras realizadas previamente durante el Siglo XX, es claro que Costa Rica tiene las condiciones básicas de potencial de hidrocarburos, en casi todas sus cuencas sedimentarias. Ese potencial petrolero se presenta tanto en territorio continental, como en el mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico.

Ninguna de las actividades realizadas hasta ahora ha encontrado yacimientos comercialmente explotables de petróleo o gas natural. Pero las investigaciones geológicas realizadas con nuevas tecnologías de exploración petrolera, más modernas que las que se usaron hace ya más de 20 años, indican que podrían encontrarse potenciales yacimientos susceptibles de ser explotados. Por las características geológicas de nuestro país, existe la posibilidad de que sea más probable encontrar yacimientos de gas natural que de petróleo líquido, aunque este aspecto debe ser comprobado por investigaciones geológicas más detalladas.

La importante actividad de exploración realizada por RECOPE se finalizó, más por razones políticas que por razones técnicas, a principios de los años noventa. En su lugar, se aprobó una Ley de Hidrocarburos, que abría el espacio para que empresas petroleras extranjeras pudieran entrar al país a realizar exploración y, dado el caso, la explotación de hidrocarburos. El país fue dividido en cerca de 30 bloques de unos 2000 km2 cada uno, que se ofrecieron internacionalmente, para ser concesionados.

Para principios de la década pasada, el asunto culminó con la no aprobación de la viabilidad ambiental de una propuesta de perforación exploratoria en Moín, la amenaza de una demanda internacional por parte de la empresa petrolera y el desarrollo de una “moratoria tácita” por parte de la Administración Pacheco. Desde hace casi 12 años no se ha vuelto a realizar ninguna actividad formal de investigación sobre el potencial petrolero. Mientras tanto, el gran acervo de información compilado por RECOPE se deteriora con el paso de tiempo, sin que se le dé ninguna aplicación práctica, a pesar de su gran valor geológico.

Ante el hecho de que el país consume más de $ 2000 millones por año en factura petrolera, resulta paradójico que no haga esfuerzos concretos para profundizar en conocer su potencial petrolero, y dado el caso, aprovecharlo para disminuir al menos parcialmente esa factura. El problema que se presenta para que no lo haga tiene dos variantes. En primer lugar, la posición de las grupos ambientalistas que se oponen a esta actividad, por el potencial riesgo ambiental que implica y la falta de una normativa ambiental más rigurosa.

En segundo lugar, tiene que ver con la ley de hidrocarburos, dado que la exploración, en principio, la harían empresas petroleras que, en caso de encontrar petróleo, lo explotarían dando al país una regalía no mayor del 15 % de lo encontrado y vendiéndole al país al crudo a precio del mercado internacional. Mal negocio que considerando lo limitado de nuestro territorio y sumándolo a la preocupación ambiental, lleva a que se presente una fuerte oposición social al desarrollo de esta actividad.

Precisamente, esta encrucijada ha llevado a que, lejos de que se planteen soluciones concretas, se de una prórroga a la moratoria hasta el año 2021, algo que, como señalamos, resulta ilógico, dados los problemas actuales que en el campo energético tiene nuestro país.

Posible solución: una solución a la alternativa a la moratoria es que el país retome el proceso de exploración y eventual explotación por su cuenta. En un artículo previo del 2012 (ver www.allanastorga.com), el autor recomendó la estrategia a seguir: a) derogar la ley de hidrocarburos y paralelamente, b) crear el Servicio Geológico de Costa Rica, dándole como parte de sus funciones la tarea de poder realizar investigaciones geológicas en el ámbito del potencial petrolero del país. Adicionalmente: c) adicionar lineamientos de control ambiental más estrictos a la actividad.

Para ello deberá reprocesarse, con nuevas tecnologías de investigación, como la estratigrafía secuencial, la totalidad del acervo de información geológica hasta ahora acumulado, y la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con entidades petroleras estatales, tal y como lo hizo RECOPE en la década de los ochenta.

La creación del Servicio Geológico de Costa Rica es una tarea pendiente que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo. Es paradójico que se tenga una Escuela Centroamericana de Geología desde hace más de 40 años y que todavía no se tenga un Servicio Geológico formal. Servicio que no solo tendría tareas en el ámbito de potencial petrolero, sino también en temas relevantes tales como el cartografiado geológico para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo ante las amenazas naturales, entre otros.

La Escuela de Geología de la UCR, durante los últimos años, está graduando entre 10 y 15 nuevos geólogos por año. Geólogos que tienen la capacitación básica para asumir las tareas que se asignen al Servicio Geológico y que podrían iniciar un importante aporte para el desarrollo de nuestro país, incluyendo el campo de la exploración petrolera.

La actividad petrolera no es exclusiva de las empresas petroleras transnacionales privadas. La experiencia existente en el país y la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas estatales latinoamericanas, que apliquen estrictas medidas ambientales, podría permitir avanzar en esa dirección, sin necesidad de seguir postergando decisiones que deben ser tomadas en el momento actual. Al respecto, la reciente experiencia de Ecuador en este tema, debería ser aleccionadora. Tienen la palabra nuestras autoridades de gobierno.

Refinería: serias dudas ambientales

Como complemento a la larga serie de dudas técnicas y económicas planteadas por diversos profesionales a la propuesta de la nueva refinería en Limón, también se presentan importantes dudas ambientales, las cuales consideramos razonables, y que requieren ser consideradas como parte de la decisión. Remediación ambiental: un elemento que resulta clave en este asunto y que puede tener serias repercusiones en el costo final de la nueva refinería tiene que ver con el tema de la remediación ambiental. Ello, debido al hecho de que la nueva refinería se desarrollaría sobre y a lado de la antigua refinería, que tiene más de 50 años y que nunca realizó ningún estudio de impacto ambiental.

Hace poco tiempo se identificó contaminación del suelo y del agua subterránea bajo un tanque de almacenamiento, lo que obligó a realizar costosas labores de remediación. La pregunta es: ¿cuál es el estado ambiental del resto de la refinería y de sus diferentes componentes? ¿Qué seguridades tenemos para los acuíferos de la zona?

El desarrollo de una nueva refinería que aplicaría altos estándares ambientales (según nos afirma RECOPE) debería, como mínimo, implicar un saneamiento y remediación ambiental de toda el área del proyecto, cuyo costo no parece haberse incluido y que, dadas las dimensiones del mismo y la fragilidad ambiental del terreno en Moín, podría ser muy alto. Este aspecto debe ser incluido con total transparencia y ser considerado como parte del desarrollo de la nueva refinería, ya que de lo contrario podría ser objeto de desagradables sorpresas en el futuro.

Análisis integral: según afirma RECOPE, el proyecto realizó el trámite ambiental desde el año 2007 y durante los últimos años se han venido haciendo “agregados” a la propuesta original.

Esto significa que la evaluación ambiental de la nueva refinería se ha dado de forma segmentada y no integral, como realmente se requiere a fin de tener una idea clara de lo que se pretende desarrollar y su alcance ambiental.

Ese aspecto, que simula mucho lo que sucedió con la Mina en Crucitas, llena de dudas el proceso de evaluación de impacto ambiental realizado, y lleva a la conclusión de que requiere ser revisado detalladamente. No solo por una “comisión académica” de dos universidades públicas como lo son la UNA y el ITCR (no queda claro por qué se excluyen las otras universidades estatales, como la UCR), sino por cualquier ciudadano, organización y entidad interesados.

Vulnerabilidad ambiental: no basta que se diga que se van a cumplir estrictas medidas ambientales durante la construcción y la operación, cuando se sabe que a nivel nacional hay muy poca capacidad de control y fiscalización.

Más bien la SETENA, que sería el ente responsable del control ambiental, está intervenida desde hace meses, precisamente por su incapacidad de ejercer un efectivo control a cerca de 30.000 expedientes ambientales que ha tramitado de proyectos de mucho menos impacto ambiental.

Por otra parte, desafortunadamente el socio de aventuras de Recope, la empresa petrolera china, y el país China, como un todo, no son reconocidos en el mundo como grandes gestores ambientales, todo lo contrario, hoy China es el que más contribuye a la contaminación ambiental en el mundo. Un informe oficial reciente sobre contaminación de suelos ha sido incluso vetado por las mismas autoridades a la hora de dar a conocer los resultados, a manera de no entorpecer su imagen en el exterior.

Es claro entonces que esta combinación no parece dejar nada positivo respecto a cuál sería la condición ambiental de la nueva refinería.

Se debe recalcar que si realmente se integran los costos de la remediación ambiental y del estricto control ambiental del proyecto, dentro de la ecuación de equilibrio financiero de este, es altamente probable que se altere su sostenibilidad económica, de allí que existe el peligro de que estos costos ambientales sean sacrificados, a fin de que los números cuadren. Algo que en un tema de un proyecto de alto riesgo ambiental, en una zona de alta fragilidad ambiental como la zona de Limón, puede resultar contraproducente, en particular, porque esta zona ya presenta desarrollos de otros proyectos y megaproyectos.

Interés oculto: no se tiene claro cuál sería la vida útil de la Refinería desde la perspectiva de las reservas mundiales de petróleo. ¿Serían 15, 20, 25 años? O hay que preguntarse si detrás de la Refinería está el oculto interés de que en Costa Rica se realicen actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos?

Recordemos que la Ley de Hidrocarburos todavía está vigente y que la mal llamada "moratoria" petrolera emitida por René Castro finaliza el otro año.

Pocos beneficios ambientales: los beneficios ambientales netos, que según RECOPE, tendría la nueva refinería, no son para nada claros. Por un lado, compara el tema de emisiones y desechos que se producirían entre la nueva refinería y la refinería actual, con lo que pone en evidencia el hecho de que la refinería actual ha sido una seria fuente de contaminación ambiental, por muchos años, y que deberíamos agradecer que ha estado funcionando solo parcialmente durante mucho tiempo.

Por otro lado, se dice que con la nueva refinería se reducirían las emisiones, y que los combustibles que se producirían tendrían menos azufre, cumpliendo estándares ambientales de países del primer mundo. No obstante, resulta que esa es la misma calidad de combustibles que ya se están importando y que el consumidor en Costa Rica está pagando. De manera que el efecto ambiental neto no parece que sea muy significativo.

Contradicción: la propuesta de una Refinería contradice seriamente la intención mostrada por el país de ser Carbono Neutral en el año 2021. Con ese objetivo, la estrategia ambiental del país debe ser la reducción de su factura petrolera, buscando alternativas diferentes para el transporte, que es el que hace que tengamos mayor dependencia de los hidrocarburos.

Aunque no es un proceso rápido, urge desarrollar una estrategia nacional encaminada a disminuir el uso del diesel convencional por otras alternativas, como por ejemplo el biodiesel u otras tecnologías similares. Bajo esta perspectiva, es claro que ambas líneas de acción resultan altamente contradictorias y develan una seria debilidad en la ya cuestionada estrategia energética de nuestro país.

Pueden mencionarse más argumentos ambientales, pero con los indicados aquí queda claro que debe hacerse una profunda y detallada revisión de la propuesta. Los profesionales de la UCR esperamos ansiosos que RECOPE nos explique por qué la UCR fue excluida de la revisión del estudio de impacto ambiental que sí realizarán otras universidades públicas: desearíamos si no es mucho pedir conocer los términos de referencia de semejante "validación expresa" solicitada a la UNA y al ITCR.

Actividad petrolera en Costa Rica: Riesgos y desaciertos

A raíz de las últimas noticias dadas a conocer sobre la exploración petrolera en Costa Rica y el artículo publicado en este diario por el señor César Monge el pasado 9 de junio, se hace importante argumentar algunos puntos.

Al igual que la minería, la actividad petrolera es de muy alto impacto ambiental y por tanto de muy alto riesgo. La misma exploración petrolera entra en esta categoría, debido a que durante la misma se pueden realizar perforaciones que podrían desembocar en el hallazgo de un yacimiento, que podría generar un derrame de petróleo en la superficie.

Los costos de los daños ambientales generados por la contaminación por hidrocarburos son muy altos. Costa Rica no está exenta de ellos, como lo demuestran las recientes noticias sobre el derrame, desde el 2008, de 441.000 de combustible bajo un tanque en la Refinería en Limón, o el costo (por más por ¢1.120 millones) de sanear el Pozo AB-1089 en Barreal de Heredia, contaminado con hidrocarburos, que tardó varios años. En este tema la prevención es clave dado que el costo de la reparación de los daños puede alcanzar cifras muy altas, astronómicas; en particular para territorios tan frágiles ambientalmente como nuestro país. El hecho que las autoridades nacionales ignoraran, gracias al silencio de RECOPE, que desde el 2008 este derrame se da, muestra la falta de capacidad del Estado para fiscalizar debidamente este tipo de actividades
Argumentar, como lo hace el señor Monge, que por un asunto de ganancias y empleo debemos aceptar cualquier negocio de la industria petrolera, incluyendo la exploración petrolera en la zona norte del país, es anteponer los intereses meramente económicos y cortoplacistas a un asunto de interés nacional y visión de país, que es la protección de nuestro ambiente y los recursos naturales.

Costa Rica no puede evitar que Panamá y Nicaragua tomen decisiones sobre el tema petrolero, incluso si estas son de alto o muy alto riesgo; pero si puede exigir que, en virtud de los impactos transfronterizos que pudieran darse, se extremen medidas de seguridad ambiental, a fin de evitar que se den daños en nuestro territorio.

Una trampa. Lo discutido hasta ahora sobre el tema de la actividad petrolera en Costa Rica, así como sobre la minería metálica, a propósito de Crucitas y ahora Bellavista, debería llevar a nuestra sociedad a discutir sobre su modelo de desarrollo. Para algunos, pareciera que el único modelo que es válido es el de corto plazo, de ganancias rápidas y que el país crezca al ritmo que el mercado le imponga, sin importar qué actividades se realizan. Ello, haciendo a un lado lo que se van a llevar en ganancias las compañías extranjeras y lo que estas le pagaran al Estado: sea minería, sea extracción petrolera o de gas, nuestros país sigue usando cánones ridículos que entregan nuestros recursos a cambio de poco, muy poco y sin mecanismos efectivos para compensar en caso de accidente o derrame a Costa Rica.  
Las consecuencias de ese tipo de estrategia, cuando no importa el “cómo se hacen las cosas”, sino que se hagan, es decir, con mucha improvisación y falta de planificación, son muy costosas y son lo que realmente nos impide salir del subdesarrollo económico y mental que nos cobija cada vez más. Ejemplos hay muchos, uno de los más recientes es la carretera a Caldera, pero si miramos al pasado hay muchos más (expansión piñera, apertura telefónica, desarrollo inmobiliario, etc.), sin contar los que ya se avecinan, como el Proyecto Hidroeléctrico Diquis.

Decir sí con esa misma visión a una empresa petrolera, que explore el norte del país, es un error, en particular porque se hace en virtud de una información especulativa sobre un potencial petrolero no demostrado. También es un error decir que la actividad se concentre solo en el tema del gas natural y no en el petróleo, pues aparte de que no tiene sustento científico, es caer en la trampa de la información no sustentada y especulativa que se está argumentando.

Norte claro. La gran mayoría de la sociedad costarricense tiene claro el modelo de desarrollo económico que se quiere para nuestro país, que no incluye actividades de alto impacto como la petrolera o la minera metálica y que, por lo contrario, busca preservar el prodigio de la Naturaleza en nuestro país que le ha generado ingresos mayores a cualquier tipo de industria. Aunado a ello, nuestro modelo de desarrollo se basa de igual manera en aprovechar al máximo nuestras mayores fortalezas, como son la educación y creatividad de su población, que es clave para participar en una economía de alta tecnología y en la que nuestro país tiene un enorme potencial, que requiere ser mejor aprovechado. También sus riquezas naturales, como sus aguas y acuíferos, sus bosques y biodiversidad, su paisaje y geodiversidad, que son valores estratégicos claves que también deben ser aprovechados para mostrar y enseñar al mundo, por medio del turismo y el ejemplo, lo que significa el desarrollo sustentable y en armonía con la naturaleza.

A diferencia de lo que muchos políticos creen nuestro país tiene su norte bien definido. Lo malo es que algunos creen que ese norte es el que ellos se imaginan, y no el que el colectivo de la sociedad ha venido construyendo.