Más allá de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la SETENA  en diciembre del 2007; la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del MINAET, de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes); la Declaratoria de Interés Público y de Conveniencia Nacional que otorgó el Poder Ejecutivo, de octubre del 2008; y la Autorización de Cambio de Uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC):  todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Ello evidencia que durante varios años, tanto la empresa como las autoridades, se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política”,  la rigidez con que debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

En este sentido, en el caso de Crucitas la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos, pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto surge una inevitable duda: ¿Crucitas será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo  la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?
Cirugía mayor. Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor.

Intervención que se hace urgente cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental proyectos como el Megaproyecto Diquís, el Aeropuerto de Osa, la refinería china de RECOPE, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos  rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y  los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el Acuerdo No. 4230 de la Junta Directiva del SENARA, promovido por el Viceministro de Energía del MINAET, por medio del cual, ni más ni menos, se exime de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen acciones concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas, y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación con una contaminación de RECOPE en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre” posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios”, como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas, ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites, y no como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones, y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias año tras año del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental de garantizar nuestra sostenibilidad ambiental parecieran enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades. Las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá de los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia, para bien de nuestras instituciones y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacios, errores y negligencias, y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello es urgente, no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la SETENA y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos un Laboratorio de materiales como el LANAMME, premiado como el mejor de América Latina, conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. LANAMME por un lado,  Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la SETENA, al Tribunal Administrativo Ambiental, a SENARA y a muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios yerros y errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso. Tienen la palabra nuestras autoridades.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo, UCR y Yamileth Astorga, bióloga, UCR

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional se pudo observar  cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos - sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

El fracaso del INVU en la planificación urbana

El reciente voto de la Sala Constitucional, que por tercera vez en los últimos 10 años, frena las intenciones del INVU y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) de expandir el anillo de contención urbana de la GAM, debe llevarnos a la reflexión y análisis sobre lo que está pasando en materia de planificación urbana y ordenamiento del territorio en esta parte del Valle Central, donde vivimos cerca de 3 millones de habitantes. Un tema de gran importancia y seriedad por las consecuencias que tiene hacia nuestro futuro.

El anillo de contención fue creado por el Plan GAM de 1982, como una sana y visionaria medida, que era ordenar el desarrollo urbano dentro de la GAM. Se definió como un límite arbitrario, no natural, que separa el área de desarrollo y expansión urbana dentro de la GAM de la zona de protección ambiental (áreas de recarga acuífera, zonas boscosas y de pendiente), en la cual no debería darse desarrollo urbano, salvo en las cabeceras de cantón o de distrito.

Desafortunadamente la entidad responsable de mantener ese orden urbano, el INVU, y en particular, su Dirección de Urbanismo, fracasó notablemente en esa misión. Ya para el año 1999 la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe 94-99 señala “que el INVU no había elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano”, sino que “…se ha dedicado, con mayor énfasis, a otorgar permisos de construcción y de uso del suelo”. Referente al Plan GAM de 1982 señaló que “…aunque esa Dirección confeccionó un Plan para la Gran Área Metropolitana, a dicho Plan no se le dio continuidad”. Continúa la CGR manifestando que “…aunque muchas de las familias costarricenses se han visto beneficiadas al tener su propia vivienda, las políticas de los gobiernos han permitido el establecimiento de proyectos de vivienda fuera del anillo de contención del Área Metropolitana”.

La CGR agrega que esto “…ha traído como consecuencia una disminución en la calidad de vida de la población de la citada Área, así como un efecto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el desarrollo urbanos del país”. Algo que todavía hoy a 12 años de ese informe se sigue dando, sin que veamos medidas correctivas drásticas tomadas para encausar las cosas.

Para el 2003 la CGR en otro informe sobre el INVU, el DFOE – SM – 11 – 2003, recalcó que seguía sin disponerse del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), al señalar que “…ha imperado un desarrollo urbano y una ocupación territorial desordenada y sin ninguna visión y orientación de futuro, que pone de manifiesto la poca efectividad institucional en el cumplimiento de funciones señaladas por la ley”.

El Informe señala además que “…el INVU, como responsable de la planificación urbana, no ha cumplido con las funciones y atribuciones conferidas por la Ley de Planificación Urbana. La Dirección de Urbanismo, asignada para tal propósito, no ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de dicha ley, no ha coordinado como corresponde los proyectos públicos y privados que interesen al PNDU, no ha prestado la asesoría y asistencia a las municipalidades y otros organismos en cuanto a la promoción de la materia, ni tampoco una vinculación estrecha con las instituciones que conforman el sector vivienda y asentamientos humanos y otras instituciones públicas que desempeñan funciones relacionadas con el desarrollo urbano”.

En aras de buscar soluciones a corto y mediano plazo en materia urbanística, la CGR concluyó que era necesario “…que se revise y efectúe un análisis del marco jurídico existente en materia de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el ámbito nacional, regional y local, así como su concordancia con la estructura de la Administración Pública, incluyendo el cuestionamiento de las funciones y responsabilidades que ha venido ejerciendo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en razón de su ineficacia demostrada, y si las mismas deben permanecer en el INVU o si más bien debe corresponder a otra institución pública con mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos y con mayor poder político para la toma de decisiones” (el destacado no es del original).

Población en alto riesgo. Toda esta fracasada gestión urbana no solo se resume en palabras y críticas. Si fuera así, el asunto sería fácil. En este sentido, la realidad es devastadora. Se han construido más de 10.200 hectáreas fuera del citado anillo de contención, pese a que dentro del mismo hay igual o mayor cantidad de territorio con capacidad de albergar nuevas construcciones. Para colmo de males, muchas de esas construcciones se han dado en zonas de muy alta y alta amenaza, al extremo de que las estimaciones realizadas muestran que un 20 % de la población de la GAM vive en esas condiciones.

En este contexto, resulta importante repasar los acontecimientos del último año y medio. Pocos días después de la salida del Decreto de ampliación del anillo de contención, la ministra del MIVAH cierra las oficinas del PRUGAM, mientras que en mayo del 2010 el INVU rechaza el PRUGAM, generando un documento de observaciones que no pueden ser respondidas porque el PRUGAM como oficina ya no existía.

A principios de este año, el gobierno, con el aval de la CGR, aprueba una partida de ¢190 millones para que el INVU trabaje con el Plan Regional de la GAM. Ahora, hace pocas semanas, el INVU anuncia que prácticamente archiva el Plan PRUGAM porque “quedó corto”, y que lo va a sustituir por un tal POT GAM, que tendrá listo en el mes de diciembre. De paso se le anuncia a las municipalidades que elaboraron durante varios años planes reguladores al amparo del PRUGAM que prácticamente tienen que empezar de nuevo, según los lineamientos de ese POT GAM.

Habitantes deben exigir explicaciones. Ante todo esto surge la pregunta de qué va a hacer el INVU con el anillo de contención dentro del POT GAM, ¿lo mantendrá igual o lo cambiará conforme a sus tres fracasadas intenciones de los últimos 10 años? O bien, ¿le establecerá un límite natural, como tiene que ser y como fue establecido según la zonificación ambiental que realizó el PRUGAM? Y si es así, ¿por qué entonces se desecha el PRUGAM?
Todas estas preguntas y muchas más debemos plantearnos todos los habitantes de la GAM y del país. Debemos exigir que se hagan las investigaciones correspondientes y se den las aclaraciones del caso, tal y como exige nuestra Constitución Política. Dejar pasar esta situación, es permitir que se siga repitiendo la historia de los últimos 30 años, de desplanificación, desorden y improvisación que ha hecho de la GAM una ciudad caótica, altamente vulnerable, estresante y muy contaminada. La coyuntura actual exige que pidamos cuentas claras.

Grave y vergonzosa decisión

El anuncio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) el pasado lunes 3 de octubre, que desecha el Plan PRUGAM (Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) y que en su sustitución el INVU está preparando un nuevo instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM), se basa en lo siguiente: que el PRUGAM tenía algunas inconsistencias y que no “daba la talla”.

Esa vergonzosa decisión se califica además como grave y como un enorme error, y debería ser objeto de una profunda y cuidadosa investigación. Las razones son muchas.

En primer lugar, por el hecho de que en el PRUGAM, incluyendo sus obras demostrativas y los planes reguladores, se invirtieron 18 millones euros, 11 de ellos aportados por la Unión Europea y 7 por el Estado.

Respecto a la ayuda aportada por la Unión Europea resulta bochornoso y hasta ridículo, con el agravante de que, como dice nuestro pueblo, “con qué cara vamos a seguir pidiendo cooperación internacional para la planificación”.

También hay que cuestionarse por qué en estos momentos en que se está hablando de un plan fiscal para aumentar los recursos del Estado, y de hacer un uso eficiente de ellos, prácticamente se tira a la basura una inversión de 7 millones de euros, o sea, cerca de 10 millones de dólares, con cargo a los impuestos de todos. Solo este hecho debería motivar a que entidades como la Contraloría General de la República y el Defensoría de los Habitantes inicien una investigación detallada.

Empero el asunto más grave de la decisión tomada es la forma en que se desecha y se manda al olvido un esfuerzo interinstitucional y del país como un todo, en hacer una Planificación Territorial de la GAM, durante casi una década. El PRUGAM trabajó durante seis años, pero su preparación administrativa y legal llevo casi cuatro años, incluyendo una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Como bien dice el refrán popular: “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.

Sin fundamento. En el caso del PRUGAM el asunto es todavía más serio, pues no fue que se perdiera el tiempo, sino que unas autoridades en el INVU y el MIVAH, sin presentar suficientes argumentos de sustento, deciden desechar el esfuerzo de planificación territorial realizado por el país durante años.

La situación caótica que vivimos en la GAM no pareciera ser su mayor preocupación por lo visto. Claramente, el rechazo de tantos años de esfuerzos y de estudios es un lujo que ni los países más ricos del mundo se pueden dar: resulta que en Costa Rica somos tan afortunados que si nos lo podemos dar.

Los argumentos dados para desechar el PRUGAM, que ya cuenta con viabilidad ambiental, desde noviembre del 2009 por parte de la SETENA, no son suficientes ni satisfactorios. En particular por el hecho de que la propuesta del Plan fue revisada por diversos entes internacionales, incluyendo expertos de la Universidad de Harvard, que lo calificaron como uno de los planes más avanzados y mejor elaborados. Lo dice la Universidad Harvard, pero ¡qué importa señores del INVU!
También, porque el ente que lo rechaza es el mismo INVU, que formó parte de la elaboración del Plan desde el principio, y que ahora, en vez de solicitar a aquellos que elaboraron el Plan PRUGAM que procedieran a corregirlo según sus exigencias, deciden desecharlo y elaborar ellos mismos su propia propuesta.

Esa propuesta del INVU, denominada POTGAM, que todavía no conocemos, implica además un costo adicional de 190 millones de colones al erario público y, en principio, deberá estar lista para el mes de diciembre de este año. Algunos esperarían que fuera la propuesta del PRUGAM modificada y con un nombre diferente, no obstante, por lo señalado por el mismo INVU en los foros realizados, la situación es otra, ya que lo que se dice es que el POTGAM será una especie de modernización del Plan GAM de 1982, con todo y su anillo de contención “adaptado” a la época actual. Asunto que preocupa, si recordamos que durante los últimos 10 años el INVU ha intentado ampliar el anillo de contención, en tres ocasiones, lo que no ha logrado gracias a la Sala Constitucional.

Crecimiento caótico. Como puede verse, el panorama no es claro ni halagador, todo lo contrario. Mientras tanto, la GAM, donde vivimos casi el 60 % de la población del país, sigue convertida una ciudad altamente desordenada, con un crecimiento urbano caótico, energéticamente ineficiente y que es fuente de un estrés altamente negativo para sus habitantes. Y eso no es todo, lo más grave es que mientras no se tomen acciones concretas como las que proponía el PRUGAM, se van a seguir urbanizando, sin criterio apropiado, las zonas de alta y muy alta amenaza, donde ya hoy vive más del 20 % de la población de la GAM en condiciones de MUY ALTO RIESGO a las amenazas naturales, como los deslizamientos, avalanchas, inundaciones y fallas geológicas, entre otras.

Es bueno es que los costarricenses empecemos a cobrar conciencia de esto y que cambiemos nuestra actitud de asimilar estas noticias con pasividad y desinterés. La realidad no dice que debemos reaccionar pidiendo rendición de cuentas, investigación y que se nos informe sobre esas graves decisiones que tienen serias repercusiones para todos nosotros y nos hunden en más problemas, contaminación,  pérdida de calidad vida y subdesarrollo. Todo esto ocurre mientras, en estos mismos años, nos pavoneamos ante el mundo como un país altamente competitivo y abierto a la apertura comercial, cuando en realidad son este tipo de decisiones las que nos hacen retroceder en todos los ámbitos.

¿Hasta Cuándo?

Colaboración con Eduardo Brenes.

Un plan regulador tiene como objetivo plasmar mediante mapas y reglamentos el ordenamiento y planificación del uso de un territorio, para alcanzar un balance económico, social y de protección del ambiente y de los recursos naturales. El plan regulador surgió con la Ley de Planificación Urbana, en el año 1968. No obstante, la salida de nuevas leyes ambientales (forestal, suelos, biodiversidad y de emergencias) lo ha convertido en un instrumento más integral, complementando lo urbano.

Un plan regulador para una municipalidad implica un esfuerzo extraordinario, que se inicia con la búsqueda de recursos para financiarlo. Eso puede llevar años. Luego viene el proceso de contratación y de elaboración, por parte de una entidad externa a la municipalidad. También puede llevar años. Cuando la propuesta está lista, sigue la revisión y aprobación, con dos componentes, la parte ambiental ante la SETENA, y la parte urbana, ante el INVU. Aunque parece que el proceso llega a su fin, en realidad “el viacrucis” apenas empieza.

SETENA-obstáculos. El Informe Ambiental está normado por el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental) del 2006. Su objetivo es que se tomen en cuenta y se ordenen una serie de variables (geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, de amenazas naturales, de aspectos biológicos generales, de suelos y capacidad de uso de la tierra y de uso humano de los terrenos), a fin de que la propuesta de uso considere las limitantes técnicas identificadas.

La finalidad es que la propuesta del plan regulador considere los aspectos ambientales generales;  y que en casos de proyectos específicos, cuando estos realizaran la evaluación de impacto ambiental (EIA), resolvieran los detalles de información ambiental faltantes y relacionados directamente con el terreno a desarrollar. El método y cartografía resultante facilitaría los procesos o tramitología para obtener permisos de construcción.

A pesar de que el objetivo es claro, el proceso en la SETENA se ha venido a complicar y a llenar de obstáculos durante los últimos meses. Cada vez surgen más requisitos, y van desde el solicitar, contrario a lo que establece la Ley 8220, al consultor la certificación de que está al día con la CCSS, hasta la realización de “audiencias públicas” para el informe ambiental.

La SETENA solicita informes más largos y detallados, y por tanto, más costosos, modificando el patrón que  ella misma instauró previamente y con el que ya ha otorgado viabilidades ambientales a municipalidades. Además, la SETENA no aplica el grado de exigencia y rigurosidad que ella solicita a su propio proceder, ya que no cumple los plazos de revisión, pasándolos de meses a años.

INVU-obstáculos. Por su parte, el INVU no está lejos de lo que ha hecho la SETENA. Por un lado, su Junta Directiva emite un Acuerdo para trasladar a las municipalidades el costo de la elaboración y revisión de los planes reguladores, como si esta no fuera una función esencial dada por la ley a esta institución. Esto se presenta como una sorpresa desagradable para los municipios y difícil de sortear, pues generalmente no cuentan con recursos. Pero si eso no fuera obstáculo, ese Acuerdo incluso induce a confusión, cuando señala que lo que se cobra por elaborar un plan regulador “no incluye los IFAs” (el informe ambiental), contradiciendo el mismo Manual de Planes Reguladores del INVU y del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE.

Pero, el asunto no se queda allí, resulta que el INVU dice que ahora, antes de revisar planes reguladores, primero debe revisar y aprobar los planes regionales, como el de la GAM y Guanacaste. Nos preguntamos, ¿y qué pasa con los planes reguladores que se hacen donde no hay plan regional? Sobre todo cuando el tema de las regiones de planificación territorial no está bien establecido, desde el punto de vista legal por el Poder Ejecutivo.

A esto se suma que los períodos de revisión de los planes reguladores en el INVU son muy lentos y llevan años, como el caso del plan regulador de San Ramón, ¡que tardó 9 años! A ese ritmo, es posible que el país disponga de planes reguladores en el siglo XXII.

En ausencia de plan regulador, aplica un reglamento nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, promulgado por el INVU en 1982, que desde el punto de vista ambiental está totalmente desactualizado y obsoleto. Ese reglamento permite el uso indiscriminado de tanques sépticos, el terraceo en zonas de pendiente y el parcelamiento agrícola y forestal, que mal aplicado, ha producido un importante daño ambiental en las zonas rurales del país, por un desarrollo inmobiliario indiscriminado y voraz. Es claro quiénes son los que se benefician sin planes reguladores.

Buscando soluciones. Considerando el hecho de que nuestro país es vulnerable a muy diversos tipos de amenazas naturales; que presenta muchas zonas especiales, como áreas de recarga y descarga acuífera, zonas de alta pendiente y de ecosistemas boscosos; que la Ley de Emergencias exige que se haga gestión preventiva del riesgo, urge que las autoridades resuelvan de una vez por todas, mediante una clara directriz, respetando los criterios ambientales, territoriales y urbanos, y los trámites legales respectivos, y se simplifique su revisión y aprobación por la vía más expedita posible. ·Es vital que los planes reguladores entren a regir lo antes posible!
Seguir así solo nos profundiza en el subdesarrollo, y deja en estado de indefensión y riesgo a la mayoría de la población.