MIVAH

Sobre la propuesta del Potgam en consulta pública

El pasado 26 de abril el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) puso en consulta pública, mediante la página electrónica: http://www.Mivah.go.cr/Potgam.html el segundo borrador del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 2011 – 2030. En esa misma página se pone a disposición un foro digital para que los ciudadanos podamos hacer comentarios y sugerencias a dicha propuesta. Por un asunto de responsabilidad profesional y ciudadana, en razón de que coordiné los estudios de zonificación de fragilidad ambiental del Plan GAM, que el Prugam utilizó de base para su formulación, he procedido a realizar una detallada revisión del reglamento del Potgam y de la serie de mapas que lo acompañan. En virtud de eso y de que he venido, al igual que otros profesionales, publicando previamente mis observaciones al primer borrador quisiera plantear algunas adicionales derivadas de este segundo documento.

Desde el punto de vista formal, es de resaltar desde ya el hecho que el texto tiene oraciones incompletas, una redacción algo confusa y que muchos de los mapas no pasarían un examen simple de control de calidad debido a la falta de coordenadas, escalas y norte geográfico. Más allá de estos pequeños detalles que denotan improvisación he sintetizado al menos 10 observaciones en cuanto al fondo que me parece que la sociedad costarricense debe conocer, como base de su propio análisis y aporte.

1. En primer lugar, en esencia, se trata de la misma propuesta presentada por el INVU al Mivah el pasado mes de diciembre del 2011, de manera que casi todas observaciones realizadas hasta ahora siguen teniendo absoluta validez.

2. Pese a que se incorpora una imagen satelital de parte de la GAM que incorpora dos anillos, al que se le llaman Limite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto y que parecen similares, en el resto de la cartografía y el reglamento, queda claro que se está haciendo una ampliación del anillo de contención de cerca de 15.000 hectáreas a costa de las áreas de protección.

3. A pesar de que dice que se respeta la zonificación de fragilidad ambiental aprobada por la Setena, es claro que no es así, pues introduce como parte los cuadrantes urbanos dentro del anillo de contención ampliado, casi 10.000 hectáreas de áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, vulnerables a amenazas naturales, además de zonas de recarga acuífera.

4. Sigue proponiendo la construcción de dos vías primarias de 50 metros de derecho de vía, fuera del anillo de contención que se dispondrían sobre las zonas de montaña tanto al norte como al sur del Valle Central. Esto, en contradicción de lo que plantea el mismo MOPT en su Plan Nacional de Vialidad y con el agravante de que promueve desarrollo urbano lateral a esas carreteras, por lo que la expansión urbana se seguiría dando fuera del anillo de contención ampliado. En resumen, ¡casi se estarían urbanizando las zonas de montaña de la GAM salvo las áreas de parques nacionales!

5. Por medio de una redacción complicada y poco clara, en primera instancia, pareciera que la ampliación del anillo de contención no se podría concretar hasta que las municipalidades dispongan de sus planes reguladores. No obstante, el mismo reglamento señala que en ausencia de planes reguladores se aplicará el Reglamento del Potgam con lo cual se transforma en algo así como un mega plan regulador de la GAM pues define usos del suelo concretos por medio de sus mapas de zonificación. Cabe aclarar que en los casos de planes reguladores cantonales se debe primero hacer audiencias públicas y luego llevarlo al concejo municipal para aprobación. Aquí no se estaría haciendo eso, aunque el efecto es producir zonificación vinculante de uso del suelo. ¡Algo verdaderamente preocupante!

6. El Potgam adquiere un carácter vinculante, e incluso para las municipalidades, las cuales no podrían alejarse de sus lineamientos cuando hagan sus planes reguladores, pues el mismo INVU, en caso de que las municipalidades no cumplan, no les aprobaría dichos planes reguladores. Es un sistema cerrado con control total por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU, convertida en el “Olimpo” de las decisiones urbanas del país.

7. Se valida el uso del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, un reglamento obsoleto y muy negativo desde el punto de vista ambiental, con lo cual se persistiría con el mismo patrón seguido hasta ahora para proponer fraccionamientos, urbanizaciones y condominios. Es seguir el mismo patrón de desplanificación y desorden que se ha dado durante las últimas décadas. Prácticamente significa condenar la GAM al desastre.

8. El Potgam reconoce que ya hay un desorden total en la GAM, particularmente fuera del anillo de contención, pero lejos de establecer una estrategia correctiva, más bien la incrementa. No se menciona en ninguna parte del documento la expresión “gestión del riesgo”, algo inaceptable para un país vulnerable a las amenazas naturales. Esto muestra una actitud preocupante y poco responsable, pues definir usos del suelo sin considerar ese criterio clave, puede conllevar consecuencias muy graves.

9. Deja en claro uno de los principios fundamentales del Potgam que es desarrollar un “asentamiento urbano lo más democrático posible” que cumple el “derecho constitucional de permitir la libre escogencia para la ubicación de la residencia”. Se señala que “siempre que se respeten los IFA aprobados por la Setena”. Algo que a primera vista suena bien. No obstante, los mapas que genera el INVU en su propuesta, irrespetan esa zonificación. ¡Una total y absoluta contradicción!

10. Una vez aprobado, el plan le da un enorme poder a la Dirección de Urbanismo, incluso para dar lineamientos a la Asamblea Legislativa y a la Administración Pública. Incluso le da atribuciones muy importantes, casi de ente rector en materia de paisaje. Además de eso, señala que el Potgam puede usarse como mecanismo de agilización de los trámites de permisos de construcción. Esto último, sumado al hecho de que no se respeta la zonificación ambiental aprobada por la Setena, solo llevaría a que se construya en zonas de alta y muy alta fragilidad, ¡sin haber cumplido trámites y permisos previos! O sea, más gente va a ir a vivir en condiciones de riesgo, ¡pero “democráticamente”!

En conclusión, se mantiene la línea de urbanizar las montañas de la GAM a modo de “Ciudad Balcón, Ciudad Espectáculo, Ciudad Anfiteatro”, como la llama el propio Potgam, sacrificando al menos 15.000 hectáreas de áreas de protección, pese a que dentro del anillo de contención actual todavía hay 10.500 hectáreas que se podrían utilizar para desarrollo urbano, sin necesidad de ampliar el anillo de contención urbano de 1982.

Resulta a todas luces impresionante el hecho que la autoridad de planificación urbana (INVU), principal responsable de que no se tenga planificación urbana (menos de un 5 % del territorio del país después de 44 años de ley de planificación urbana), por medio del Potgam pretenda ahora asumir un poder enorme, incluso sobre las municipalidades para seguir un patrón urbano que lejos de resolver los problemas acumulados durante más de cuatro décadas, los va a incrementar, condenando a la GAM y sus habitantes actuales y futuros hacia un mayor desequilibrio ambiental y a un mayor deterioro de su calidad de vida.

Las autoridades del INVU y del Mivah fueron invitadas por el Colegio de Geologos el pasado mes a debatir su propuesta, y optaron por rehuir el debate.

La página oficial del Prugam con todos los mapas e informes técnicos ya lleva varias semanas “caída”, pese a que la Setena, desde junio del 2009 ordenó que toda la información técnica y mapas del Prugam se colocaran en un portal digital a disposición de los ciudadanos. Detalles menores que auguran un nuevo intento de esquivar la discusión técnica que requiere el país sobre el futuro de la GAM.

En este sentido, insto a todos los ciudadanos, y en particular, a los profesionales de diversas disciplinas a que den sus aportes al Potgam en consulta, y que las autoridades abran un espacio público de diálogo que nos permita entender lo que las mueve a agravar aún más la situación en vez de buscar soluciones sostenibles para la GAM.

No a la urbanización de las montañas del Valle Central

La Planificación Urbana, y de manera más amplia, el ordenamiento del territorio, es una actividad cuyos resultados no se ven de “inmediato”, por el contrario, tardan años, haciendo que lentamente vaya cambiando el paisaje que conocemos.

Por esa razón, para muchos ciudadanos y la esfera política es un tema que pasa inadvertido o simplemente no resulta importante. 
No obstante, es de trascendental relevancia para todos, en especial para los que vivimos en una área determinada de la cual no pensamos salir por los años que nos queda de vida,  así como para nuestros niños y adolescentes y las generaciones futuras, quienes van a heredar el producto de las buenas o malas decisiones que se están tomando ahora.

En razón de esto, resulta indispensable que todos los habitantes de nuestro país tomemos conciencia de lo que pasa y externemos opinión sobre las trascendentales decisiones que se podrían estar tomando en los próximos meses. Estas decisiones pueden afectar nuestras vidas y la de nuestros hijos durante mucho tiempo, con el agravante de que, una vez definida la política, sus consecuencias pueden llegar a ser irreversibles.

POTGAM 2030: El denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana fue elaborado por el INVU durante el año 2011 y se encuentra en revisión por parte de algunas instituciones nacionales. 
Esta nueva propuesta surge como consecuencia de que el INVU, en abril del 2010, rechazó el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM 2008– 2030), en el que se tardó casi una década en elaborarlo, se gastaron casi $25 millones con fondos de la Unión Europea y del país, y se realizaron más de 20 detallados estudios técnicos, aparte de que fue revisado y avalado por diversos expertos internacionales.

Según el INVU, el PRUGAM “no dio la talla” o “se quedó corto” en la propuesta, de allí que no se aprobara y se tuviera que sustituir, después de un año de trabajo, y de invertir cerca de 190 millones de colones, por el así llamado POTGAM 2030.

Como he señalado ya en otro artículo previo (LN, 02.02.2012), debido a que coordiné los estudios ambientales para el PRUGAM, he realizado un análisis comparativo entre lo que propone el POTGAM con respecto a la zonificación ambiental que fue aprobada por la SETENA para el PRUGAM en noviembre del 2009. 
El resultado es sencillamente alarmante dado que, en síntesis, el POTGAM lo que propone es expandir en casi 150.000 hectáreas (150 km2) el anillo de contención urbano establecido en 1982 a costa de sacrificar las áreas de protección de la GAM.

Lo que quiere decir la propuesta del INVU es que las zonas de montaña, tanto del sur como del norte del Valle Central, serían urbanizadas durante los próximos 20 años, siguiendo la misma tendencia que el INVU ha venido impulsando y “alcahueteando” durante los últimos 20 años.

Es una propuesta sumamente grave, en la medida de que más de dos tercios de  esas zonas de montaña que se pretende urbanizar son de alta y muy alta fragilidad ambiental.

Esa fragilidad surge por la presencia de zonas de pendientes y la cobertura vegetal, incluyendo bosques. Además, porque se trata en particular de la presencia en la zona norte, de las áreas de recarga acuíferas estratégicas para los acuíferos del Valle Central, con lo que se suministra de agua a un alto porcentaje de la población de la GAM.

La consecuencia podría ser quedarnos sin agua ¿o pensarán los responsables que el agua embotellada es la opción? Sobre este último punto ya SENARA en el 2006 detectó una sobre-explotación de nuestros acuíferos, y la Sala IV ordenó a ocho cantones elaborar mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, previo a cualquier desarrollo urbano, en una decisión de agosto del 2008. Se le ordenó también al MINAET delimitar la Zona Inalienable que fue decretada visionariamente por nuestros antepasados en 1888. Cuatro años después, este voto ha sido parcialmente acatado por las autoridades recurridas.

Además de eso, son zonas muy vulnerables a las amenazas naturales, como los sismos, deslizamientos, peligros volcánicos, procesos erosivos y fallamiento geológico superficial.

Como se ve, son zonas con muchas limitaciones técnicas y ambientales para ser urbanizadas que, con buena razón, fueron calificadas como zonas de protección desde el año 1982, y que ahora el mismo INVU pretende liberar para que se urbanicen, poniendo en peligro no solo las aguas subterráneas del Valle Central, sino a los futuros pobladores de esas nuevas zonas.

Municipalidades afectadas. Como consecuencia directa de lo que propone el INVU con el POTGAM, muchas municipalidades de la GAM se verán seriamente afectadas, dado que el trabajo que han venido haciendo durante los últimos años en elaborar sus planes reguladores tendría que ser desechado.

Esto es sumamente grave, porque se trata de un gran esfuerzo de más de 5 años, realizado con la ayuda del PRUGAM y ahora, en caso de aprobarse el POTGAM, tendría que empezarse nuevamente, con todo lo que eso implica.

Lo más indignante de esto no es solo que se pierde el trabajo de años realizado y la inversión económica, sino que mientras los nuevos planes reguladores son elaborados y puestos a funcionar, lo cual puede tardar muchos años, como el caso de San Ramón, que tardó ocho años en ser aprobado por el INVU, resulta que la zonificación urbana que se aplicaría sería la del POTGAM, contrariamente a lo aprobado por SETENA para el PRUGAM.

Como se puede concluir es un asunto sumamente grave y serio, y requiere de la mayor atención de todos los ciudadanos, quienes debemos exigir a las autoridades del INVU y del MIVAH, su ente rector, explicaciones claras y transparentes sobre las razones por las cuales la propuesta del POTGAM contradice flagrantemente la zonificación ambiental aprobada para la GAM en noviembre del 2009.

Se debe investigar y aclarar qué hay y quiénes están detrás de todo esto. Y los “nombres y apellidos" de proyectos que esperan insaciables extender sus urbanizadoras en zonas con tantas limitaciones, frenados ya en tres ocasiones por la Sala IV en relación con la expansión del anillo de contención de la GAM.

Soluciones urgentes. Debemos reflexionar sobre el modelo de crecimiento urbano impulsado en las tres últimas décadas, período en que se ha extendido la ciudad en condiciones de baja densidad, irrespeto al ordenamiento ambiental y empobrecimiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Por el contrario, mejorar las áreas urbanas existentes, dotar de mejores infraestructuras y servicios las ciudades, propiciar mayor densidad poblacional, entre otras soluciones, podría conducirnos a proteger las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad e impulsar una verdadera ciudad.

Un planeamiento de esta naturaleza ayudaría a disminuir las deseconomías de escala que, como bien lo apuntó el estudio económico de la Universidad Nacional para el PRUGAM, representan el 4.24% del PIB ($840 millones en el 2005), sencillamente por tener una gran ciudad regional que no funciona. ¿Gracias a quién?
Por eso, en primer lugar, debemos levantar la voz para que se evite la aprobación del POTGAM 2030 y evitar así condenar a la ruina ambiental y urbana a la GAM. En segundo lugar, debemos solicitar que el INVU no participe más en la elaboración de una propuesta de planificación de la GAM.

El fracaso del INVU en la planificación urbana

El reciente voto de la Sala Constitucional, que por tercera vez en los últimos 10 años, frena las intenciones del INVU y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) de expandir el anillo de contención urbana de la GAM, debe llevarnos a la reflexión y análisis sobre lo que está pasando en materia de planificación urbana y ordenamiento del territorio en esta parte del Valle Central, donde vivimos cerca de 3 millones de habitantes. Un tema de gran importancia y seriedad por las consecuencias que tiene hacia nuestro futuro.

El anillo de contención fue creado por el Plan GAM de 1982, como una sana y visionaria medida, que era ordenar el desarrollo urbano dentro de la GAM. Se definió como un límite arbitrario, no natural, que separa el área de desarrollo y expansión urbana dentro de la GAM de la zona de protección ambiental (áreas de recarga acuífera, zonas boscosas y de pendiente), en la cual no debería darse desarrollo urbano, salvo en las cabeceras de cantón o de distrito.

Desafortunadamente la entidad responsable de mantener ese orden urbano, el INVU, y en particular, su Dirección de Urbanismo, fracasó notablemente en esa misión. Ya para el año 1999 la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe 94-99 señala “que el INVU no había elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano”, sino que “…se ha dedicado, con mayor énfasis, a otorgar permisos de construcción y de uso del suelo”. Referente al Plan GAM de 1982 señaló que “…aunque esa Dirección confeccionó un Plan para la Gran Área Metropolitana, a dicho Plan no se le dio continuidad”. Continúa la CGR manifestando que “…aunque muchas de las familias costarricenses se han visto beneficiadas al tener su propia vivienda, las políticas de los gobiernos han permitido el establecimiento de proyectos de vivienda fuera del anillo de contención del Área Metropolitana”.

La CGR agrega que esto “…ha traído como consecuencia una disminución en la calidad de vida de la población de la citada Área, así como un efecto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el desarrollo urbanos del país”. Algo que todavía hoy a 12 años de ese informe se sigue dando, sin que veamos medidas correctivas drásticas tomadas para encausar las cosas.

Para el 2003 la CGR en otro informe sobre el INVU, el DFOE – SM – 11 – 2003, recalcó que seguía sin disponerse del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), al señalar que “…ha imperado un desarrollo urbano y una ocupación territorial desordenada y sin ninguna visión y orientación de futuro, que pone de manifiesto la poca efectividad institucional en el cumplimiento de funciones señaladas por la ley”.

El Informe señala además que “…el INVU, como responsable de la planificación urbana, no ha cumplido con las funciones y atribuciones conferidas por la Ley de Planificación Urbana. La Dirección de Urbanismo, asignada para tal propósito, no ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de dicha ley, no ha coordinado como corresponde los proyectos públicos y privados que interesen al PNDU, no ha prestado la asesoría y asistencia a las municipalidades y otros organismos en cuanto a la promoción de la materia, ni tampoco una vinculación estrecha con las instituciones que conforman el sector vivienda y asentamientos humanos y otras instituciones públicas que desempeñan funciones relacionadas con el desarrollo urbano”.

En aras de buscar soluciones a corto y mediano plazo en materia urbanística, la CGR concluyó que era necesario “…que se revise y efectúe un análisis del marco jurídico existente en materia de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el ámbito nacional, regional y local, así como su concordancia con la estructura de la Administración Pública, incluyendo el cuestionamiento de las funciones y responsabilidades que ha venido ejerciendo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en razón de su ineficacia demostrada, y si las mismas deben permanecer en el INVU o si más bien debe corresponder a otra institución pública con mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos y con mayor poder político para la toma de decisiones” (el destacado no es del original).

Población en alto riesgo. Toda esta fracasada gestión urbana no solo se resume en palabras y críticas. Si fuera así, el asunto sería fácil. En este sentido, la realidad es devastadora. Se han construido más de 10.200 hectáreas fuera del citado anillo de contención, pese a que dentro del mismo hay igual o mayor cantidad de territorio con capacidad de albergar nuevas construcciones. Para colmo de males, muchas de esas construcciones se han dado en zonas de muy alta y alta amenaza, al extremo de que las estimaciones realizadas muestran que un 20 % de la población de la GAM vive en esas condiciones.

En este contexto, resulta importante repasar los acontecimientos del último año y medio. Pocos días después de la salida del Decreto de ampliación del anillo de contención, la ministra del MIVAH cierra las oficinas del PRUGAM, mientras que en mayo del 2010 el INVU rechaza el PRUGAM, generando un documento de observaciones que no pueden ser respondidas porque el PRUGAM como oficina ya no existía.

A principios de este año, el gobierno, con el aval de la CGR, aprueba una partida de ¢190 millones para que el INVU trabaje con el Plan Regional de la GAM. Ahora, hace pocas semanas, el INVU anuncia que prácticamente archiva el Plan PRUGAM porque “quedó corto”, y que lo va a sustituir por un tal POT GAM, que tendrá listo en el mes de diciembre. De paso se le anuncia a las municipalidades que elaboraron durante varios años planes reguladores al amparo del PRUGAM que prácticamente tienen que empezar de nuevo, según los lineamientos de ese POT GAM.

Habitantes deben exigir explicaciones. Ante todo esto surge la pregunta de qué va a hacer el INVU con el anillo de contención dentro del POT GAM, ¿lo mantendrá igual o lo cambiará conforme a sus tres fracasadas intenciones de los últimos 10 años? O bien, ¿le establecerá un límite natural, como tiene que ser y como fue establecido según la zonificación ambiental que realizó el PRUGAM? Y si es así, ¿por qué entonces se desecha el PRUGAM?
Todas estas preguntas y muchas más debemos plantearnos todos los habitantes de la GAM y del país. Debemos exigir que se hagan las investigaciones correspondientes y se den las aclaraciones del caso, tal y como exige nuestra Constitución Política. Dejar pasar esta situación, es permitir que se siga repitiendo la historia de los últimos 30 años, de desplanificación, desorden y improvisación que ha hecho de la GAM una ciudad caótica, altamente vulnerable, estresante y muy contaminada. La coyuntura actual exige que pidamos cuentas claras.

Grave y vergonzosa decisión

El anuncio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) el pasado lunes 3 de octubre, que desecha el Plan PRUGAM (Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) y que en su sustitución el INVU está preparando un nuevo instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM), se basa en lo siguiente: que el PRUGAM tenía algunas inconsistencias y que no “daba la talla”.

Esa vergonzosa decisión se califica además como grave y como un enorme error, y debería ser objeto de una profunda y cuidadosa investigación. Las razones son muchas.

En primer lugar, por el hecho de que en el PRUGAM, incluyendo sus obras demostrativas y los planes reguladores, se invirtieron 18 millones euros, 11 de ellos aportados por la Unión Europea y 7 por el Estado.

Respecto a la ayuda aportada por la Unión Europea resulta bochornoso y hasta ridículo, con el agravante de que, como dice nuestro pueblo, “con qué cara vamos a seguir pidiendo cooperación internacional para la planificación”.

También hay que cuestionarse por qué en estos momentos en que se está hablando de un plan fiscal para aumentar los recursos del Estado, y de hacer un uso eficiente de ellos, prácticamente se tira a la basura una inversión de 7 millones de euros, o sea, cerca de 10 millones de dólares, con cargo a los impuestos de todos. Solo este hecho debería motivar a que entidades como la Contraloría General de la República y el Defensoría de los Habitantes inicien una investigación detallada.

Empero el asunto más grave de la decisión tomada es la forma en que se desecha y se manda al olvido un esfuerzo interinstitucional y del país como un todo, en hacer una Planificación Territorial de la GAM, durante casi una década. El PRUGAM trabajó durante seis años, pero su preparación administrativa y legal llevo casi cuatro años, incluyendo una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Como bien dice el refrán popular: “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.

Sin fundamento. En el caso del PRUGAM el asunto es todavía más serio, pues no fue que se perdiera el tiempo, sino que unas autoridades en el INVU y el MIVAH, sin presentar suficientes argumentos de sustento, deciden desechar el esfuerzo de planificación territorial realizado por el país durante años.

La situación caótica que vivimos en la GAM no pareciera ser su mayor preocupación por lo visto. Claramente, el rechazo de tantos años de esfuerzos y de estudios es un lujo que ni los países más ricos del mundo se pueden dar: resulta que en Costa Rica somos tan afortunados que si nos lo podemos dar.

Los argumentos dados para desechar el PRUGAM, que ya cuenta con viabilidad ambiental, desde noviembre del 2009 por parte de la SETENA, no son suficientes ni satisfactorios. En particular por el hecho de que la propuesta del Plan fue revisada por diversos entes internacionales, incluyendo expertos de la Universidad de Harvard, que lo calificaron como uno de los planes más avanzados y mejor elaborados. Lo dice la Universidad Harvard, pero ¡qué importa señores del INVU!
También, porque el ente que lo rechaza es el mismo INVU, que formó parte de la elaboración del Plan desde el principio, y que ahora, en vez de solicitar a aquellos que elaboraron el Plan PRUGAM que procedieran a corregirlo según sus exigencias, deciden desecharlo y elaborar ellos mismos su propia propuesta.

Esa propuesta del INVU, denominada POTGAM, que todavía no conocemos, implica además un costo adicional de 190 millones de colones al erario público y, en principio, deberá estar lista para el mes de diciembre de este año. Algunos esperarían que fuera la propuesta del PRUGAM modificada y con un nombre diferente, no obstante, por lo señalado por el mismo INVU en los foros realizados, la situación es otra, ya que lo que se dice es que el POTGAM será una especie de modernización del Plan GAM de 1982, con todo y su anillo de contención “adaptado” a la época actual. Asunto que preocupa, si recordamos que durante los últimos 10 años el INVU ha intentado ampliar el anillo de contención, en tres ocasiones, lo que no ha logrado gracias a la Sala Constitucional.

Crecimiento caótico. Como puede verse, el panorama no es claro ni halagador, todo lo contrario. Mientras tanto, la GAM, donde vivimos casi el 60 % de la población del país, sigue convertida una ciudad altamente desordenada, con un crecimiento urbano caótico, energéticamente ineficiente y que es fuente de un estrés altamente negativo para sus habitantes. Y eso no es todo, lo más grave es que mientras no se tomen acciones concretas como las que proponía el PRUGAM, se van a seguir urbanizando, sin criterio apropiado, las zonas de alta y muy alta amenaza, donde ya hoy vive más del 20 % de la población de la GAM en condiciones de MUY ALTO RIESGO a las amenazas naturales, como los deslizamientos, avalanchas, inundaciones y fallas geológicas, entre otras.

Es bueno es que los costarricenses empecemos a cobrar conciencia de esto y que cambiemos nuestra actitud de asimilar estas noticias con pasividad y desinterés. La realidad no dice que debemos reaccionar pidiendo rendición de cuentas, investigación y que se nos informe sobre esas graves decisiones que tienen serias repercusiones para todos nosotros y nos hunden en más problemas, contaminación,  pérdida de calidad vida y subdesarrollo. Todo esto ocurre mientras, en estos mismos años, nos pavoneamos ante el mundo como un país altamente competitivo y abierto a la apertura comercial, cuando en realidad son este tipo de decisiones las que nos hacen retroceder en todos los ámbitos.

Planificación urbana: yerros y soluciones

Colaboración con Erick Solano Coto, abogado.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) dice que “una de las principales labores del INVU es velar por la planificación urbana”. La Contraloría General de la República (CGR) señala que este es “el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar comunal” (DFOE – SM – 11 – 2003).

La Ley de Planificación Urbana (LPU) No. 4240, emitida en el año 1968, le otorga amplias potestades a la Dirección de Urbanismo en esa materia. Pese a esto, 43 años después, todavía siguen sin cumplirse los objetivos primordiales establecidos, como el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y un desarrollo urbano, particularmente en la GAM, ordenado, coherente y articulado.

Por el contrario, la ciudad se ha convertido en casi todo lo inverso a lo que debe ser y, lejos de dar calidad de vida a sus habitantes, lo que hace es incrementar la contaminación, el desperdicio de energía, la inseguridad, la duración de las presas, la condición de riesgo y el estrés. Un tema que no puede pasarse por alto y que requiere ser analizado con sumo cuidado.

Evaluación del INVU en 1999: a 31 años de la LPN, la CGR indicó (Informe 94 – 99) que el INVU no había elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, sino que “…se ha dedicado, con mayor énfasis, a otorgar permisos de construcción y de uso del suelo”. Referente al Plan GAM de 1982, señaló que “…aunque esa Dirección confeccionó un Plan para la Gran Área Metropolitana, a dicho Plan no se le dio continuidad”.

Continúa la CGR manifestando que “…aunque muchas de las familias costarricenses se han visto beneficiadas al tener su propia vivienda, las políticas de los gobiernos han permitido el establecimiento de proyectos de vivienda fuera del anillo de contención del Área Metropolitana”. Se agrega además que esto “…ha traído como consecuencia una disminución en la calidad de vida de la población de la citada Área, así como un efecto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el desarrollo urbanos del país”. Algo que todavía se sigue dando sin que veamos medidas correctivas drásticas tomadas para encausar las cosas.

Evaluación del desarrollo urbano en el año 2003: cuatro años más tarde, nuevamente la CGR (DFOE – SM – 11 – 2003) recalcó que seguía sin disponerse del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, al señalar que “…ha imperado un desarrollo urbano y una ocupación territorial desordenada y sin ninguna visión y orientación de futuro, que pone de manifiesto la poca efectividad institucional en el cumplimiento de funciones señaladas por la ley”.

Determinaba que “…el INVU, como responsable de la planificación urbana, no ha cumplido con las funciones y atribuciones conferidas por la Ley de Planificación Urbana. La Dirección de Urbanismo, asignada para tal propósito, no ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de dicha ley…”.

Llama la atención que 35 años después de haberse promulgado la Ley, menos del 5 % del territorio del país contara con planes reguladores.

En aras de buscar soluciones a corto y mediano plazo en materia urbanística, la CGR concluyó que era necesario “…que se revise y efectúe un análisis del marco jurídico existente en materia de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el ámbito nacional, regional y local, así como su concordancia con la estructura de la Administración Pública, incluyendo el cuestionamiento de las funciones y responsabilidades que ha venido ejerciendo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en razón de su ineficacia demostrada y si las mismas deben permanecer en el INVU, o si más bien debe corresponder a otra institución pública con mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos y con mayor poder político para la toma de decisiones”.

Situación al 2011: lo señalado por la CGR en su último informe, 8 años después, prácticamente no ha cambiado. Seguimos sin disponer de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, muy pocos planes reguladores nuevos se han aprobado (el último, el de San Ramón, después de casi 9 años); y además, el PRUGAM, cofinanciado por la Unión Europea, no fue aprobado por el INVU en abril de 2010. Como si no bastase con ello, ha habido tres intentos de “abrir” el anillo de contención durante los últimos años, los cuales fueron truncados por sendas acciones interpuestas ante la Sala Constitucional.

Toda esta “gestión urbana” no solo se resume en palabras y críticas. Si fuera así, el asunto sería fácil. En este sentido, la realidad es devastadora. Se han construido más de 10.200 hectáreas fuera del citado anillo de contención; pese a que dentro del mismo hay igual o mayor cantidad de territorio con capacidad de albergar nuevas construcciones. Para colmo de males, muchas de esas construcciones se han dado en zonas de muy alta amenaza, al extremo de que un 20 % de la población de la GAM vive en condiciones de alto riesgo.

Soluciones urgentes: aunque se trate de ignorar lo sucedido hasta ahora y se quiera, por fin, promover que el INVU trabaje en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, urge tomar otras medidas. En primer lugar, debe entenderse que hacer Planificación Urbana no es hacer ordenamiento territorial. En este sentido urge definir una política clara y una directriz presidencial que de potestades al Consejo Nacional Ambiental para que asuma un papel más activo y ágil en el tema.

Por otro lado, urge hacer las reformas de ley correspondientes, y mientras tanto, limitar el otorgamiento de usos del suelo y permisos en zonas vulnerables, ya identificadas, hasta tanto no sean adoptadas estas modificaciones.

En el tema de los planes reguladores debe establecerse una agenda de urgencia para su trámite, sin que se den mayores dilaciones. Y en caso de que estas se den, se debe tener claro que los gobiernos municipales son los llamados, tanto por mandato constitucional (artículo 169) como por imperio legal, a dictar su propio plan regulador, en particular si cuentan ya con viabilidad ambiental.