Minería de Oro

Modelo de desarrollo y minería metálica en Costa Rica

Ante la nota pública enviada, en días pasados, por la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica al señor Presidente de la República, se hace necesario generar una reflexión sobre el tema de si la minería metálica (de oro, plata y otros metales, como cobre) debería o no formar parte del modelo de desarrollo económico de nuestro país.

Potencial: primero que todo debemos explicar que, igual que con los hidrocarburos, en Costa Rica, las condiciones geológicas podrían indicar que existe cierto potencial de encontrar yacimientos minerales metálicos. No obstante, eso no significa que existan yacimientos probados capaces de ser explotados (salvo el de Crucitas).

Por eso, afirmar que el país, podría “resolver sus problemas económicos” con permitir la explotación minera metálica, y también la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, es muy aventurado y osado, pues no existe prueba científica, bien documentada, de que eso sea así.

Por otro lado, y considerando las condiciones geológicas de nuestro país, es altamente probable que, de existir algún tipo de yacimiento de minería metálica, el mismo se encuentre dentro de un Área Silvestre Protegida (como la Cordillera de Talamanca) o en su defecto, en zonas cubiertas por bosques y ecosistemas frágiles, por lo que su eventual explotación podría generar un enorme sacrificio ambiental, cuyo costo económico, podría resultar más elevado que los beneficios económicos que implicaría la explotación minera metálica.

Legislación: el actual Código Minero que data de 1982 y que, desde el 2010 prohibió la minería metálica a cielo abierto, es una ley “que fue hecha a la medida de las empresas de minería metálica”. Aparte de que el canon minero es muy bajo (2 %), no se contempla para nada, la responsabilidad ambiental que tiene dicha empresa una vez que la explotación minera haya terminado.

Este aspecto es muy importante, porque la explotación minera metálica, aparte de ser una actividad de muy alto impacto ambiental, sobretodo en países tropicales, tiene la nefasta característica de que los impactos ambientales negativos se siguen dando una vez que la explotación ya ha terminado. Incluso, por décadas o cientos de años. Impactos como el drenaje ácido, los cambios en el paisaje, la afectación de las aguas superficiales y subterráneas, además de: los efectos sociales negativos, una vez que la empresa ha abandonado el área de explotación.

Modelo: la mitigación de estos impactos “post cierre minero”, no se resuelven con una garantía ambiental de solo un 1 % del monto total de inversión, ni con un plan de mitigación - cierre de corto plazo. Por eso, al final, los impactos negativos de la actividad minera metálica, deben ser absorbidos por la naturaleza, a un gran costo ambiental o, por la sociedad, cuyos costos económicos, sobretodo en países tropicales, son más altos que los beneficios económicos que dejó la actividad minera metálica para el país. Como se puede ver, esta relación costo beneficio socio ambiental de minería metálica hace que esta actividad, sea muy difícil que sea incorporada el modelo de desarrollo del país.

Costa Rica tiene otras posibilidades de desarrollo económico, como el Turismo que representa su principal fuente de ingresos ($2.500 millones al año) o el desarrollo diversificado de productos de exportación que alcanzan los 4.500.  En este aspecto, la minería metálica nunca ha sido su principal fuente de ingresos (salvo por un breve periodo de tiempo en el siglo XIX, hasta que fue sustituida por el café -nuestro grano de “oro”). De manera que, salvo casos muy particulares como en Abangares, la minería metálica, no forma parte de la cultura del costarricense.

Crucitas: utilizar el tema de la minería ilegal en esta localidad fronteriza como pretexto para justificar que “mejor se hubiera quedado la minera”, no es correcto e implica ignorar los hechos que sucedieron. Como hemos señalado (ver: allan-astorga.com), el Tribunal Contencioso y la Sala Primera fueron muy claros al anular todos los permisos y autorizaciones dados a ese proyecto minero, debido a la serie de irregularidades que mostraron. Esta es la razón por la cual, la explotación minera no se pudo ejecutar.

Otro asunto, muy diferente, es que por razones que todavía requieren ser investigadas a fondo, se ha iniciado, hace pocos años, la explotación ilegal por minería metálica artesanal en la zona de Crucitas.

Señalar que los dos impactos, el de la minería artesanal o el que hubiera generado la minera, son iguales o incluso afirmar que el impacto de la minería artesanal, es mayor, es un error. Y no se trata de minimizar el impacto de la minería artesanal, el cual debe ser detenido y sancionado lo antes posible, pero definitivamente, se trata de dos escalas muy diferentes y por eso, se debe evitar “caer en la trampa” de justificar la actividad minera metálica, a costa de un problema social como lo es la minería artesanal ilegal.

Rumbo: el derrotero del desarrollo del país, no incluye en su agenda, la explotación minera metálica, la cual, desde el 2010 es una ley que rige para todos.

El país, debe buscar alternativas de desarrollo, que aprovechen los principales recursos naturales de que dispone, como su biodiversidad, su mar patrimonial, sus paisajes y, sobretodo, la capacidad de su población para adaptarse y seguir avanzando. Seguir apostando por la minería metálica, no es positivo, pues acrecienta innecesarias diferencias en la sociedad, lo cual no se requiere.

Más allá de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la SETENA  en diciembre del 2007; la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del MINAET, de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes); la Declaratoria de Interés Público y de Conveniencia Nacional que otorgó el Poder Ejecutivo, de octubre del 2008; y la Autorización de Cambio de Uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC):  todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Ello evidencia que durante varios años, tanto la empresa como las autoridades, se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política”,  la rigidez con que debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

En este sentido, en el caso de Crucitas la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos, pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto surge una inevitable duda: ¿Crucitas será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo  la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?
Cirugía mayor. Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor.

Intervención que se hace urgente cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental proyectos como el Megaproyecto Diquís, el Aeropuerto de Osa, la refinería china de RECOPE, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos  rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y  los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el Acuerdo No. 4230 de la Junta Directiva del SENARA, promovido por el Viceministro de Energía del MINAET, por medio del cual, ni más ni menos, se exime de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen acciones concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas, y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación con una contaminación de RECOPE en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre” posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios”, como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas, ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites, y no como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones, y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias año tras año del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental de garantizar nuestra sostenibilidad ambiental parecieran enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades. Las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá de los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia, para bien de nuestras instituciones y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacios, errores y negligencias, y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello es urgente, no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la SETENA y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos un Laboratorio de materiales como el LANAMME, premiado como el mejor de América Latina, conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. LANAMME por un lado,  Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la SETENA, al Tribunal Administrativo Ambiental, a SENARA y a muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios yerros y errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso. Tienen la palabra nuestras autoridades.

Crucitas y la supuesta “inseguridad jurídica”

Colaboración con: Rafael González Ballar, Nicolás Boeglin, Álvaro Sagot

En relación al contundente "por tanto" leído por el Tribunal Contencioso Administrativo el pasado 24 de noviembre, relativo al caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, han surgido algunas voces advirtiendo que esta decisión constituye una “mala señal” para la inversión, dado que generaría inseguridad jurídica para las empresas extranjeras que desean invertir en Costa Rica. Al respecto se deben aclarar algunos aspectos fundamentales que omiten algunas de estas voces.

El marco jurídico que tiene que cumplir cualquier proyecto de inversión extranjera se hizo para cumplirse. Es la razón de ser de toda normativa. El marco vigente debe respetarse y aventurarse a obviarlo o burlarlo, con la complicidad directa o indirecta de algunas autoridades políticas de turno, o con interpretaciones antojadizas de abogados contratados por una empresa, acarrea consecuencias graves que prevé el ordenamiento jurídico.

En el caso de este proyecto minero, si nos remontamos al año 1996 y 1997, estaba claro que los hallazgos de un yacimiento de oro se encontraban bajo un terreno cubierto con bosque. La empresa conocía que para ese entonces, acababa de pasar la Ley Forestal 7575, que reafirma por medio del artículo 19 la prohibición de cambio de uso del suelo en zonas de bosque. Nótese que ya desde ese momento, la empresa podía pronosticar las dificultades que encontraría si se aventuraba a solicitar la concesión de explotación de ese oro.

Condiciones de la concesión. En el año 2001, finalmente la empresa obtiene la concesión minera para explotar el oro (en la segunda semana de diciembre para ser exactos), pero, muy importante, condicionada a cumplir con el requisito de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o lo que de este resultase. Nótese que bajo estas condiciones el cambio de uso del suelo en zona de bosque y otras muchas situaciones ambientales, además de la eficacia de la concesión otorgada, quedaban sujetas a los resultados de la evaluación ambiental que debía realizarse.

En el año 2004, mientras se realizaba la evaluación de impacto ambiental, la Sala Constitucional anula la concesión minera y señala que esta no puede otorgarse hasta que se cuente con la aprobación (viabilidad) del EIA. Dicha aprobación, después de un primer rechazo del año 2002 y de una apelación que retrotrae el proceso a que se solicitara un anexo, finalmente se otorga el 12 de diciembre del 2005 (otro diciembre). En la resolución que otorga la viabilidad ambiental se indica que esta tiene un período de vigencia de dos años para el inicio de la extracción.

A pesar de este plazo de dos años (diciembre del 2005 a diciembre del 2007) otorgado por SETENA, no es sino hasta el 30 de mayo del 2007 que la empresa realiza una primera gestión ante la Dirección de Geología y Minas para que se le vuelva a otorgar la concesión minera. Además, es la misma empresa quien se presenta ante la SETENA, en diciembre del 2007 (otro diciembre más), con una modificación sustancial del proyecto para efectos de poder cumplir con una norma exigida por Canadá (mercado de destino del producto final) respecto al nivel de confiabilidad de la extracción. El proyecto se amplía de 6 a 9 años, se pasa de profundidades de 15 metros a 67 metros, y el volumen de roca a explotar casi se duplica. No obstante, en vez de presentar un nuevo EIA, la empresa presenta un documento de evaluación ambiental de la modificación en el que se hace énfasis en los impactos positivos y no en los negativos, dejando de lado el cumplimiento de los procedimientos técnicos de un EIA establecidos mediante decreto ejecutivo desde el año 2006.

En un tiempo record, la SETENA, bajo el amparo del Ministerio de Competitividad, expresamente encargado de “fortalecerla", otorga la viabilidad ambiental a la modificación del proyecto en febrero del 2008. Luego, en abril del 2008, el Presidente de la República, Oscar Arias, y su Ministro de Ambiente, Roberto Dobles, le otorgan al proyecto una nueva concesión de explotación minera con características idénticas a las de la concesión del 2001, pero que dista de los proyectos aprobados por la SETENA en diciembre del 2005 y en febrero del 2008. Pese a esto, el proyecto no inicia operaciones porque el bosque sigue existiendo sobre el yacimiento y también sobre parte de la laguna de relaves que se ha diseñado para disponer los casi 20 millones de toneladas de residuos peligrosos que generaría el proyecto minero.

Es así cómo en octubre del 2008 el Presidente Arias y el Ministro de Dobles, sin hacer constar en ningún lado el balance exigido por la Ley Forestal 7575 entre los beneficios sociales y los costos socio-ambientales, otorgan una Declaratoria de Conveniencia Nacional al proyecto minero. El mismo día de la publicación en La Gaceta de este decreto, el viernes 17 de octubre, a primera hora se firma y notifica el Permiso de Tala por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en San Carlos, y se inicia la tala rasa de entre 50 y 100 hectáreas de bosque hasta que la Sala Constitucional lo ordena detener. Un detalle curioso es que desde la madrugada de ese mismo viernes 17, equipos de tala y maquinaria estaban siendo movilizados a la zona.

La historia, en estos últimos dos años, se ha dado en los tribunales. Primero ante la Sala Constitucional y luego ante el Contencioso Administrativo. La Sala Constitucional, en una votación de 5 a 2, resuelve sobre asuntos constitucionales a favor de la empresa, pero deja ver claramente que los asuntos de legalidad deben resolverse ante una instancia administrativa. Lo cual se hace y finaliza con una sentencia en contra de la empresa en noviembre del 2010.

Incumplimiento de requisitos. Cuando se revisan los fundamentos de ilegalidad, se encuentran nuevos argumentos que llevan hasta la anulación de la primera viabilidad ambiental, por no cumplirse con requisitos legales establecidos mucho antes, como el refrendo de los planos por parte del Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos. Lo mismo sucede respecto al camino público que pasa por el área donde se quiere construir la Laguna de Relaves, y otros argumentos más, donde por ejemplo se destaca la discrepancia en áreas de explotación, pues en SETENA se otorga permiso para 227,6 ha, en la concesión se autoriza explotar 1.000 ha, y en el decreto de conveniencia se permite la tala de 262 ha. Asimismo, en el permiso ambiental se le permite a la empresa impactar un acuífero regional, pero en la concesión ello se le prohíbe, inconsistencias todas ellas que violentan la legalidad de los actos impugnados y que fueron analizados por el Tribunal Contencioso.

En resumen, la revisión de todo el proceso deja ver que la Administración y la empresa no cumplieron con objetividad y legalidad una serie de autorizaciones de requisitos legales y técnicos vigentes para el momento en que tramitaba los permisos y cuyo cumplimiento era de su responsabilidad. Estas faltas dejan claro que, aunque las diferentes autoridades del Estado no debieron actuar con tanta ligereza, la responsabilidad principal recae en la empresa, que era la llamada a cumplir de forma estricta con la legislación. Como se ve, la inseguridad jurídica surge precisamente por no cumplirse con la legislación y no por la legislación en sí, como se ha querido señalar de manera insidiosa por parte de algunos sectores.

El hecho de que un país haga respetar su legalidad y los procedimientos técnicos vigentes, lejos de generar inseguridad jurídica, envía una señal muy clara a aquellos inversionistas que vengan a cumplirla efectivamente. Es totalmente falaz (y roza con el sentido común) intentar denigrar el respeto irrestricto a la normativa vigente a la que se deben los inversionistas extranjeros so pretexto de que esto los ahuyentará. Costa Rica, hasta nuevo aviso, es un Estado de Derecho.

El vacuo oro de Crucitas

Resulta que durante aproximadamente diez años la minera en Crucitas pretende extraer cerca de 700.000 onzas de oro.  La casi totalidad de ese oro  será exportado para ser vendido por la empresa minera. Según recientes datos sobre los usos y consumos de oro en el mundo, tan solo el 12% del oro que se produce tiene “utilidad” real en la industria. El resto, es decir, casi el 90% del oro que se produce tiene una finalidad suntuosa, ya que se utiliza como reservas para  mantenerse en los sótanos vigilados de los bancos, o bien para la joyería, en donde se destacan como los mayores consumidores modernos China y la India.

Lo más significativo de esto es que  el reciclado del oro, proveniente principalmente de la joyería, aporta cerca del 28% del oro del mundo, de manera que, solo esta fuente, aportaría más del doble del oro que se requiere para la actividad industrial en el planeta.

Desde una perspectiva realista. A 1,21 g/ tonelada, la proporción de oro existente en Crucitas, para obtener las 700.000 onzas del metal se tendría que provocar la remoción de alrededor de 20 millones de toneladas de suelo y roca, causando grandes impactos en los bosques, la biodiversidad, suelo, ríos, en los acuíferos y el paisaje, así como en las comunidades humanas que se aglomerarán como un pueblo minero que será abandonado en diez años, junto con desastrosos efectos de varios de los desechos tóxicos que perdurarán por muchos años. Y todo esto para nada útil, salvo para enriquecer a la empresa minera canadiense y sus socios, que obtendrán cerca de tres cuartas partes de los beneficios que producirá la minera.  La otra cuarta parte no es que se quedará en el país, representa la inversión que se tendrá que hacer para extraer el oro y los impuestos que durante diez años tendrá que pagar la empresa al Estado costarricense, ya sea a la municipalidad o a Hacienda.

En razón de que todavía hoy, casi diez años después de que se inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero, todavía no se ha hecho una verdadera y eficiente valoración de los recursos naturales que serán impactados y el riesgo ambiental que implica el proyecto minero durante su operación y su posterior cierre, todavía se sigue sin tener claro cuánto le costará al país que la minera canadiense obtenga esa ganancia. 
Crucial decisión. Los “beneficios” sociales que la minera dice haber producido y que producirá se caracterizan por ser limitados y temporales. Son como “gotas de dulce pócima” para sostener la división entre los mismos costarricenses que debemos decidir entre permitir explotar un oro de poca utilidad para saciar la avaricia de riqueza de una minera extranjera y sus socios, o bien, preservar la verdadera riqueza de nuestros recursos naturales, nuestro verdadero oro, los bosques, la biodiversidad, las aguas, el paisaje y nuestras tradiciones.

Algunos de los pocos beneficiados con esta actividad nos han insistido sobre la urgencia, la importancia y la necesidad de hacer minería para extraer metales, pues nos dicen que sin ella la sociedad moderna y tecnológica no podría seguir adelante.  Sin embargo, ellos mismos no nos explican por qué debemos permitir extraer el oro de nuestro territorio para que una empresa extranjera se lo lleve, obtenga ganancias con su venta, y después de todo solo sirva para almacenarse en un banco o para producir suntuosa joyería en países lejanos.

En los días por venir Costa Rica tendrá una nueva oportunidad de dar una lección al mundo y de decirle que prefiere, como ya nos lo ha hecho saber el 90% de su población, conservar sus riquezas naturales y apostar por un desarrollo y uso sostenible y racional de sus vulnerables suelos, que optar por su destrucción a costa de extraer el oro de Crucitas, cuyos costos y riesgos ambientales son mucho mayores que sus pocos y vacuos beneficios.

Crucitas y números del Gobierno

El Vicepresidente Piva y un grupo de “expertos”, cuyos nombres se desconocen (y tal vez nunca se den a conocer), afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería desembolsar un monto de $1.700 millones. Se da esa cifra sin explicar con claridad cómo se obtuvo, ni cuál fue “la fórmula”, ni la variables que se utilizaron. Solamente cita, en su artículo del día 18 de agosto pasado publicado en La Nación algunos estudios hechos por la empresa o para la empresa sobre el proyecto minero.

No considera, de forma absolutamente inconveniente, otros costos ambientales y sociales, que formarían parte del proyecto y que hace de esas valoraciones algo completamente favorecedor de la empresa minera.

Sin conocer la fórmula, y teniendo claro que no se realizó un estudio costo-beneficio, asunto aceptado por las autoridades en la Vista ante la Sala IV el pasado noviembre, es importante aplicarla para compensar los cálculos, sobre los costos ambientales y sociales que tendría la mina:
¿Cuál es el costo de destruir de forma irreversible un bosque natural de 2 millones de m2? ¿Cuánto cuesta destruir un bosque maduro que ha tardado más de 200 años en desarrollarse y que tiene funciones de corredor biológico? ¿Cuánto cuesta destruir la biodiversidad de esos 2 millones de m2 de bosque, con especies de flora y fauna que están en peligro de extinción o como especies vedadas?
¿Cuánto cuesta la alteración irreversible de 3 millones de m2 de drenaje natural y de suelo fértil para construir las obras de la mina? ¿Cuánto cuesta el consumo de 4.200 millones de litros de agua para ser mezclados con cianuro para extraer el oro? ¿Cuánto cuesta el riesgo de transportar, almacenar, manejar, utilizar y procesar poco más de 5 millones de kg de cianuro y otras sustancias peligrosas, durante 9 años de operación de la mina, localizada en un área vulnerable a fenómenos climáticos?
¿Cuál es el costo de impactar de forma directa e irreversible el acuífero superior, en más de 2,5 millones de m2 de la mina? ¿Cuánto cuesta la afectación, con sedimentos y otros contaminantes provenientes de la mina, en los cauces de los ríos y quebradas que drenan hacia el río San Juan, durante 9 años?
Aquí ayudamos a Don Alfio: el m3 de agua contaminada se cotiza a $500 según los parámetros internacionales, si se trata de un daño transfronterizo.

¿Cuánto cuesta el impacto directo en el acuífero inferior, poniéndolo en riesgo de contaminación, así como a pozos de abastecimiento público en las cercanías? ¿Cuál es el valor del daño ambiental por la apertura de un lago en el Tajo Fortuna de 80.000 m2 de área y 30 m de profundidad, y dejarlo así para siempre?
¿Cuál es el valor del riesgo de disponer más de 15 millones de toneladas de residuos sólidos, contaminados con metales pesados, en el fondo de un lago artificial sin impermeabilizar, junto con millones de metros cúbicos de aguas cianuradas, retenidas por una represa que puede ser vulnerable a una ruptura debido a una falla geológica bajo el sitio de presa, dejándolo así para siempre?
¿Cuál sería el costo aproximado de que, como ya ha pasado en Europa, 30 veces en los últimos 25 años, se de una ruptura de la represa, y que el agua cianurada y los sedimentos contaminados desciendan por el cauce del río Infiernito hasta el Río San Juan? ¿Cuál es el costo de ese riesgo ambiental, social y político? ¿Cuánto costaría la indemnización por un eventual daño ambiental al río San Juan?
¿Cuál es el costo de seguir dando una vigilancia y control ambiental de lo que deje la minera después de 9 años de operación y 18 meses de cierre, cuando para el caso de un relleno sanitario el proceso de cierre técnico es de 15 años?
Finalmente, ¿cuánto costará al país darle los servicios de salud, educación, agua, saneamiento y otros a un pueblo minero que se desarrollará en la zona fronteriza del proyecto minero?
Estimación del costo. No es posible saber el resultado de estas preguntas, pues no conocemos la fórmula aplicada.

No obstante, instamos a las mismas autoridades que hicieron el cálculo para que se apliquen a estos datos y que se haga la estimación de su costo.

Se podrá comprobar que el costo ambiental y social del proyecto supera por mucho los beneficios económicos que va a producir.

Beneficios que, vale mencionar, son para la minera canadiense, que se llevará cerca del 90% de los mismos, ya que debido a una obsoleta legislación minera e impositiva a esta actividad, las ganancias reales que obtiene el país son verdaderamente ridículas.

Como puede verse, el negocio no es para Costa Rica, ni siquiera para las comunidades más cercanas al proyecto, que recibirían beneficios indirectos y temporales.

A ver Don Alfio y sus "expertos" secretos, ¡dénnos a los más del 90% de costarricenses que nos oponemos a este proyecto una estimación "igual de fundamentada" de los costos señalados!