Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.

Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.

Amenazas Naturales y Desastres

Nuestro país cuenta con una Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos desde el año 2005, cuyo objetivo primordial es “reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción”.

El espíritu fundamental de la gestión de riesgo es la prevención, es decir, identificar las fuentes de amenaza y los peligros que puedan darse, a fin de tomar medidas concretas para evitar un desastre y la pérdida de vidas y de bienes materiales.

Gestión de riesgo. En materia de planificación urbana o, de manera más amplia, de ordenamiento territorial, eso implica conocer con detalle las condiciones técnicas de los terrenos que se definan como aptos para el desarrollo de las ciudades y sus construcciones, de manera que aquellas que se autoricen para ese fin presenten las condiciones más seguras posibles para las personas que vayan a vivir o laborar allí.

Para conocer las condiciones de vulnerabilidad que presenta un terreno, se deben hacer diversos estudios técnicos (geología, geomorfología, de estabilidad de ladera, de diversos tipos de amenazas naturales e incluso de hidrogeología), además de las condiciones de pendientes y espesor de suelos, entre otros).

Debido a que Costa Rica es un país geológicamente activo, localizado en una zona de choque de placas tectónicas, presenta una extensa gama de fuentes de amenazas naturales originadas por estos factores.

El Valle Central, donde vive más de la mitad de la población del país, es una cuenca de origen tectónico, todavía activa, que presenta vulnerabilidad a una serie de fuentes de amenazas naturales. Entre ellas se encuentran las inundaciones o avalanchas (como la que cobró la vida a 23 personas en noviembre del 2010 en Escazú), deslizamientos, sismos fuertes y fenómenos asociados, como la amplificación sísmica o la licuefacción, las fallas geológicas activas y su potencial de ruptura en superficie, así como los peligros volcánicos asociados a la eventual entrada en actividad de uno de los cuatro colosos que forman parte del borde norte del Valle.

Las fuentes de amenazas naturales no ocurren todas juntas, ni tampoco cubren la totalidad del territorio. Se presentan en zonas específicas. Incluso, la forma en que se presentan puede variar según las condiciones locales en varias escalas, es decir, desde una muy baja hasta una muy alta amenaza.

En consideración de todo ello, resulta muy importante, para todos, conocer el grado de vulnerabilidad que tiene el terreno donde vivimos, o donde queremos vivir. De igual manera, las autoridades responsables de definir el uso del suelo que va a tener un terreno, como ya vimos, y según la Ley Nacional de Emergencias, están obligadas a utilizar la información técnica disponible, o bien a realizar los estudios necesarios, para que, al momento de definir los usos del suelo, los hagan para terrenos seguros con el menor grado de vulnerabilidad posible, y para que quienes van a construir en esos sitios, tomen medidas técnicas concretas para garantizar la seguridad de las obras a realizar.

No hacerlo es exponer inútilmente a ciudadanos a riesgos conocidos por las autoridades, con posibles acciones legales en caso de que se verifique su negligencia y se deba compensar daños sufridos.

Lo avanzado. En nuestro país, desde el año 2006 se dispone de una metodología estandarizada, publicada mediante un decreto ejecutivo (DE 32967 – Minae) para realizar este tipo de estudios.

La metodología fue desarrollada como consecuencia de una resolución de la Sala Constitucional del año 2002, que señaló la obligación que tienen las municipalidades de realizar una evaluación ambiental de su plan regulador o de ordenamiento territorial.

Hasta el día de hoy, más de 50 municipios, durante los últimos años, han elaborado o se encuentran elaborando informes ambientales de sus planes de ordenamiento del territorio.

De acuerdo con la Setena, 16 de esos municipios, ya cuentan con viabilidad ambiental.

En el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM), los estudios realizados por el Prugam (Planificacion Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) permitieron elaborar un mapa de amenazas y peligros naturales a una escala bastante detallada (1:10.000), útil para la elaboración de los planes reguladores. Además de eso, se hizo una zonificación de fragilidad ambiental. Esta información fue revisada y aprobada por la Setena, desde junio del 2009, mientras que el Reglamento de Zonificación Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la GAM fue aprobado en noviembre del 2009 y se encuentra vigente.

Aunque puede haber todavía algunas limitaciones, y la información podría ser mejorada, mediante estudios más detallados, esos resultados representan la mejor aproximación realizada, y por ello, es indispensable que se tomen en cuenta para la toma de decisiones de usos del suelo y permisos de construcción a nivel de planes reguladores, como de lineamientos generales a nivel de plan regional.

Potgam. Cuando se revisa la propuesta del Potgam 2030 (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana) y su intención de ampliar el anillo de contención urbano en 15.000 hectáreas (150 km²) en sustitución del Plan Prugam y el hecho de que el 62% de esa ampliación se localiza en zonas de alta y muy alta fragilidad, y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales, se concluye que existe una serie y peligrosa contradicción, entre ambas propuestas.

Esto, por cuanto el Potgam estaría afectando aún más las ya impactadas áreas de protección de la GAM, sino que usando números conservadores, se estaría induciendo a que 1 millón de personas se instalarán en condiciones de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales.

Ese millón de personas, como mínimo, se instalaría a los largo de las próximas dos décadas en zonas inseguras y de riesgo, sumándose al medio millón que ya vive en esas condiciones. De manera que para el 2030 sería la mitad de la población de la GAM, y no como ahora que es el 20%, los que vivirían en condiciones de riesgo alto a muy alto a las amenazas naturales.

El Prugam, por el contrario, regula sin impedir del todo el desarrollo en dichas zonas y lanza el reto de impulsar ciudades compactas en las zonas urbanas potenciales (áreas construidas y sin construir).

Concluimos, entonces, que la eventual aprobación y puesta en vigencia del Potgam, en materia de gestión de riesgo, no representa ningún avance, por el contrario es un enorme y grave retroceso que condenaría aún más a la GAM hacia el subdesarrollo, la insostenibilidad y la vulnerabilidad de sus habitantes.

Y, con la GAM, es todo el país el que seguiría asfixiándose en un impasse y atrasos por carecer de un ordenamiento territorial y sus consecuencias económicas. Según los más recientes datos de Mideplán en torno al costo de atender las emergencias naturales, ronda los $2.000 millones, un peso económico a todas luces insostenible.

Como puede observarse, solo este hecho debería llevarnos a revisar con sumo cuidado las propuestas, sin dejar de alternativas, como por ejemplo expandir la GAM, hacia el noroeste, donde se presentan zonas de menor fragilidad ambiental y vulnerabilidad, tema igualmente planteado por el Prugam para su respectivo estudio.

No es justo, ni correcto, que se esté condenando a vivir en condiciones de riesgo a la mitad de la población futura de la GAM. El Potgam dice reconocer la viabilidad ambiental del Prugam, pero la irrespeta en beneficio de otros particulares.

Quienes deciden no deben hacer a un lado los estudios técnicos sobre vulnerabilidad de la GAM y exponer peligrosamente el futuro de la región urbana más importante de nuestro país.

A un año de la tragedia de barrio Lajas en Escazú

Hoy, 4 de noviembre, se cumple un año de la tragedia de barrio Lajas en San Antonio de Escazú. Pasadas la media noche, un deslizamiento ocurrió en la ladera y pendiente abajo se transformó en flujo de material (avalancha) que descendió por el cauce de la quebrada Lajas, por su valle de inundación inmediata, arrastrando todo a su paso, incluyendo una serie de casas y sus ocupantes, localizadas en las cercanías de la quebrada, provocando la muerte de más de 20 personas.

Un desastre que fue noticia de “primera plana” durante varios días, pero luego se fue extinguiendo en importancia hasta quedar casi en el olvido. En honor a las personas que perdieron su vida y las de sus familiares y amigos que todavía los lloran, y considerando el profundo sentimiento de injusticia que nos embarga al saberse desde hace al menos 5 años que esta zona era particularmente vulnerable y que las autoridades tenían conocimiento de ello, es menester repasar lo ocurrido: se trata de una trágica lección de la que todos debemos aprender para evitar que se repita.

Lo primero que podríamos preguntarnos es qué hemos hecho en concreto, durante el último año, para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en el futuro. La respuesta, desafortunadamente, no es muy halagadora. Salvo algunos esfuerzos aislados en algunos municipios y el trabajo que durante el año 2011 ha venido realizando el IFAM y la CNE de transferir a las municipalidades información sobre mapas de amenazas naturales para incentivarlos a iniciar proyectos concretos de gestión del riesgo preventiva, en realidad el tema sigue sin ser considerado como algo prioritario y que requiere una mayor atención de la que se le da.

Y es que, además del tema de vulnerabilidad de un importante porcentaje de la población a las amenazas naturales, el tema también es económico. A principios de este año, el Mideplán informó de que el costo acumulado de los desastres generados, principalmente, por deslizamientos, inundaciones y sismos, desde el año 1988 casi alcanza los $ 2.000 millones. Esto se adiciona a lo señalado por el ministro del MOPT, quien indicó que los daños en infraestructura hacen que se requieren de casi $ 200 millones por mes para reparación de carreteras y puentes. Lo más preocupante es que ni los eventos del 2010, ni los del 2011 son particularmente excepcionales como sí lo fue el huracán Mitch en 1998, sino que se trata de tormentas tropicales propias y normales de la estación lluviosa.

Los temporales del pasado mes de octubre nos dejaron inundaciones, deslizamientos y varios barrios con casas agrietadas y desalojadas, con sus habitantes muy preocupados por su futuro.

Gestión preventiva. Es claro que seguir haciendo solamente gestión de riesgo, reactiva, es decir, de atención de las emergencias, no es suficiente. No es posible, que se sigan dando usos del suelo y permisos de construcción en sitios de alta y muy alta amenaza, de manera que se siga acrecentando la cantidad de personas que viven en condiciones de alto y muy alto riesgo y que alcanza un 20 % de la población de la GAM.

Por consideración para con las víctimas de los desastres, en particular el de quebrada Lajas y para prevenir que haya más, urge tomar acciones concretas y directas. Además de desentrabar y acelerar el trámite de los más de 50 planes reguladores pendientes de aprobación, urge tomar medidas más concretas y rápidas, como el hecho de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información ambiental generada para los planes reguladores y que ya ha sido aprobada por la Setena, como el caso de la GAM y otras regiones del país.

La Setena, por su parte, debe cambiar su actitud de indicar a las municipalidades que no pueden hacer uso de la información ambiental que ella misma ha revisado y aprobado, y que incluye información sobre zonas de amenazas naturales y otros datos importantes, como áreas de recarga acuífera, hasta que el plan regulador esté aprobado. Por el contrario, se debe favorecer el máximo acceso a la información para que los ciudadanos puedan tomar medidas preventivas correctas con el apoyo de sus gobiernos locales.

Por su parte, las mismas municipalidades y la Setena deben verificar la ubicación de los proyectos de construcción que tramitan ante esa información, a fin de constatar que la misma sea tomada en cuenta como parte del proyecto. Recientes casos llevados ante los tribunales evidencian que pobladores y ciudadanos tienen mayor conciencia del grado de vulnerabilidad de ciertas zonas que las propias autoridades municipales y nacionales. ¡Vaya miopía de esas autoridades!

Los bancos que financian y las aseguradoras, por su parte, deben tener acceso a esa información y, sobre esa base, tomar decisiones. No es posible que información útil, que puede salvar vidas, siga engavetada y sin posibilidad de que sea consultada como la que se generó en el marco del PRUGAM y de otros proyectos en ejecución.

Todos tenemos derecho a vivir en una casa segura. Por eso, debemos exigir que en su planeamiento y construcción se tome en cuenta la información ambiental ya disponible y aprobada. Nuestro país se sitúa, a nivel mundial, en una zona de alta precipitación, y esta realidad no puede ser ignorada mediante decreto ejecutivo, leyes y reglamentos. Su suelos son mucho más vulnerables que en otras latitudes.

Vivimos en un país geológicamente activo y expuesto, como todo país tropical, a eventos meteorológicos incesantes, guste o no a las mentes luminarias que tenemos en algunas instituciones nacionales a cargo del tema de vivienda y urbanización en la GAM y en el país.

Prevención de desastres y responsabilidades no asumidas

Con los acontecimientos acaecidos en días recientes, generados por las fuertes lluvias y los suelos saturados, resulta sorprendente escuchar a algunas autoridades afirmar que es un “azote de la naturaleza” que “nos ha tomado de sorpresa”. Además de la dolorosa pérdida de vidas humanas, y de otros seres vivientes, y la pérdida de bienes materiales, duele también saber que se podía hacer mucho más para evitar que los daños llegaran a esta magnitud.

En el caso de lo sucedido en el barrio Lajas de Escazú, desde hace varios años la Municipalidad de Escazú disponía de los mapas elaborados para el Plan Regulador, en los que se identificaban con claridad las zonas vulnerables a deslizamientos y los cursos de agua vulnerables al paso de avalanchas. La quebrada Lajas es una de estas. En el mapa se delimitó la zona de aproximadamente 60 a 80 metros de ancho que abarcaría el espacio por el que se ensancharía la quebrada con el paso de una avalancha.

Además, como parte de estos mapas, entregados a la Municipalidad en el 2008, también se delimitaban las construcciones que se localizaban dentro de esa zona de muy alta fragilidad por la amenaza a inundación y avalanchas. Se indicaban también las medidas que deberían tomarse respecto a estas zonas: en primer lugar, no dar más usos del suelo o permisos de construcción y, respecto a las construcciones existentes, explicar a los residentes la situación y desarrollar medidas correctivas, incluyendo un plan de emergencia y de alerta temprana.

Avisos de la naturaleza. En el barrio Lajas, una familia de 5 miembros se salvó porque salieron dos horas antes de que ocurriera el paso de la avalancha. El padrino de una de las hijas de la familia, al ver el comportamiento de la quebrada, anticipó el riesgo de manera intuitiva y les pidió que se fueran a su casa y esto, muy probablemente, les salvó la vida. ¿Por qué razón esto no pudo hacerse con todas las otras familias que tuvieron víctimas en la avalancha?

Al conocer la zona de muy alto riesgo, las construcciones localizadas en ella y el pronóstico del Instituto Meteorológico sobre la eventual caída de lluvias de gran intensidad en los cerros de Escazú, con la información disponible y con la preparación de la comunidad, debió haberse encendido una alarma de advertencia a las casas localizadas dentro de esa zona, para que sus residentes evacuaran la zona de alto riesgo, e incluso, sacaran sus pertenencias más valiosas.

El sitio de traslado de esas familias no tenía que ser necesariamente un albergue localizado a varios cientos de metros o kilómetros de distancia. ¡Con tan solo alejarse varias decenas de metros, fuera de la zona de alto riesgo, era suficiente! Así, desde allí podrían estar atentos a los que pudiera suceder. ¡Esto es prevención efectiva!

¿Hasta cuándo? En el mes de abril pasado, el INVU rechazó el Plan Regional (Prugam 2008 – 2010, que fuera entregado oficialmente 14 meses antes, por considerar que le faltaba alguna información que requería ser completada de previo. Según el INVU, hasta tanto esto se cumpla, no se van a tramitar para revisión y aprobación los planes reguladores que lleven los municipios circunscritos a ese Plan Regional.

El Prugam, como parte de los estudios ambientales ya aprobados por la Setena, hace un año, elaboró los mapas de geología, geomorfología, hidrogeología y amenazas naturales, entre otros, para 1.750 kilómetros cuadrados de la GAM, cubriendo 31 cantones. Todas las zonas de riesgo de inundación, avalancha, deslizamientos, sismos y fallas geológicas, han sido delimitadas. Incluso, se han identificado las construcciones localizadas dentro de las zonas de muy alto riesgo y se han emitido las recomendaciones a los planes reguladores para que se establezcan medidas concretas de prevención efectiva.

El que, a pesar de la existencia de esta valiosa información técnica, hoy varias familias de humildes escazuceños estén de luto, se destruyan bienes e inmuebles e infraestructura pública, debería ser objeto de una investigación por parte de las autoridades judiciales y de la Contraloría General de la República.

La información técnica fue generada desde el año 2008 y está en poder de las autoridades, incluyendo los municipios desde ese año. Fue finalmente aprobada por la Setena, en noviembre del 2009, convirtiéndose en información oficial y de acatamiento obligatorio. ¿Qué ha pasado desde entonces? Esto es lo que tiene que ser investigado para que se sienten responsabilidades.

Acciones concretas. En temas de prevención, como en planificación, la lógica señala que es mejor hacer (aunque sea lo mínimo) que esté al alcance, que no hacer nada. Este es el caso del Prugam 2008 – 2030, el cual (con defectos o sin ellos), habiendo sido objeto de aprobación desde el punto de vista ambiental, debe ser aprobado y puesto en vigencia, junto con los planes reguladores que incluye, y después, si fuese el caso, objeto de alguna revisión o ajustes necesarios.

Lo que no tiene lógica alguna, y roza con la irresponsabilidad, es que un Plan Regional que se tardó 5 años en elaborar, con un costo para el país y la Unión Europea de €18 millones, no fuera aprobado en última instancia por la autoridad que estuvo en su elaboración desde el principio; y que, al final, ejerciendo una especie de “poder de veto” se decidiera no aprobarlo, atrasando así la implementación del Plan Regional y de sus planes reguladores por muchos meses e incluso años.

Como se ha visto con los recientes acontecimientos, la entrada en vigencia de esta planificación es un asunto de urgencia, e incluso, en materia de prevención de desastres por amenazas naturales, un asunto de emergencia nacional. Retrasar más esto, es una situación grave, pues significa seguir poniendo en peligro a muchas personas que ya viven en condiciones de alto riesgo.

Mientras tanto, la recomendación urgente a las municipalidades es la misma: antes de otorgar permisos de uso del suelo o de construcción, deben consultar los mapas, en particular el de Indice de Fragilidad Ambiental (IFA) y establecer con esa información las condicionantes o restricciones necesarias, para evitar que nuevos habitantes entren en condiciones de alto riesgo.

Esto, más que una alternativa, es una responsabilidad en procura del bienestar de la población.