El Domo Térmico de Costa Rica: la riqueza invisible que podría convertirnos en potencia pesquera mundial

Allan Astorga Gättgens (abril 2026)

 

1. El país que no mira al mar como fuente de su desarrollo

Costa Rica ha construido, con mérito, una identidad profundamente ligada a su territorio continental. Bosques, parques nacionales, agricultura, turismo sostenible: todo eso forma parte de una historia de éxito que el mundo reconoce.

Pero hay una omisión estructural en esa narrativa país. Costa Rica no es solo un territorio terrestre. Es, en realidad, una nación oceánica.

Mientras el territorio continental ronda los 51.000 kilómetros cuadrados, el país posee una Zona Económica Exclusiva cercana a los 589.000 kilómetros cuadrados, más de diez veces su superficie terrestre [ver Figura 1]. Sin embargo, ese vasto espacio marino no ha sido integrado como parte central del modelo de desarrollo nacional.

Fig. 2. Zona Económica Exclusiva de Costa Rica. El área marina de Costa Rica sobrepasa los 580.000 kilómetros cuadrados. (Imagen de “Geography of Costa Rica”, documento elaborado por Silvia Meléndez).

No es un problema de falta de recurso. Es un problema de visión.

Durante décadas, el mar ha sido percibido como un borde geográfico, no como un eje estructural del país. Se le ha asociado con turismo, pesca artesanal o conservación puntual, pero rara vez se le ha entendido como lo que realmente es: uno de los activos estratégicos más importantes de Costa Rica en el siglo XXI.

Y esa desconexión tiene consecuencias.

En un contexto global donde la seguridad alimentaria, la reorganización de los ecosistemas marinos y la “economía azul” están redefiniendo el desarrollo de las naciones, ignorar el océano es una desventaja estratégica [2].

Más aún cuando, dentro de ese territorio marítimo, Costa Rica posee un sistema oceanográfico excepcional: el Domo Térmico de Costa Rica.

Se trata de un fenómeno real, documentado científicamente, que convierte una porción del Pacífico Oriental Tropical en una de las zonas de mayor productividad biológica del planeta [3].

En términos prácticos, esto se traduce en la concentración de especies de alto valor comercial como el atún aleta amarilla (Thunnus albacares), el dorado (Coryphaena hippurus), el pez espada (Xiphias gladius) y el atún patudo (Thunnus obesus).

Sin embargo, aquí surge una paradoja difícil de justificar:

Costa Rica posee uno de los sistemas marinos más productivos del Pacífico y la gran mayoría de su población no sabe que existe. Ni lo conoce. Ni lo entiende. Ni lo incorpora en su visión de país.

Ese vacío no es menor. Porque en el siglo XXI, los países que logren comprender, gestionar y aprovechar de manera inteligente su territorio marino serán los que lideren en estabilidad económica, resiliencia y capacidad de adaptación.

Costa Rica tiene esa oportunidad frente a sí. Pero reconocerla implica algo más que describir el recurso. Implica cambiar la forma en que el país se ve a sí mismo. Pasar de ser un país que mira hacia la tierra a ser un país que entiende que su futuro también está en el mar.

2. La fábrica invisible de vida: ¿qué es el Domo Térmico de Costa Rica?

Para entender el potencial del Domo Térmico de Costa Rica, primero hay que comprender una idea sencilla pero fundamental: el océano, en la mayoría de su extensión, es un desierto biológico.

Aunque a simple vista parezca abundante, gran parte del océano tiene muy pocos nutrientes disponibles en sus capas superficiales. Sin nutrientes, no hay fitoplancton. Y sin fitoplancton, no hay cadena alimentaria.

Por eso, la vida en el mar no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en zonas muy específicas donde ocurren procesos físicos que permiten que los nutrientes lleguen a la superficie.

Uno de esos procesos es la surgencia oceánica, o upwelling (ver Figura 2).

Fig. 2. Esquema ilustrativo de una surgencia submarina (upwelling). Fuente: NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration).

La surgencia ocurre cuando aguas profundas, frías y ricas en nutrientes ascienden hacia la superficie. Estas aguas contienen nitratos, fosfatos y otros elementos esenciales que activan la producción primaria del océano.

El Domo Térmico de Costa Rica es precisamente uno de esos sistemas.

Se forma por la interacción compleja entre los vientos alisios, la rotación de la Tierra (efecto de Coriolis) y la dinámica de corrientes marinas en el Pacífico Oriental Tropical. Esta combinación genera una elevación de la termoclina acercando aguas ricas en nutrientes a la superficie [4][3].

El resultado es extraordinario. Se activa una verdadera “fábrica de vida” en medio del océano. El proceso funciona como una cadena:

•       aumento de nutrientes

•       proliferación de fitoplancton

•       crecimiento del zooplancton

•       incremento de peces pequeños

•       atracción de grandes depredadores

Y en la parte superior de esa cadena aparecen especies altamente valoradas en los mercados internacionales, como:

•       atún aleta amarilla (Thunnus albacares)

•       atún patudo (Thunnus obesus)

•       dorado (Coryphaena hippurus)

•       pez espada (Xiphias gladius)

•       wahoo (Acanthocybium solandri) y marlines

Desde el punto de vista científico, esto convierte al Domo Térmico en un “hotspot biológico”, es decir, una zona de alta concentración de biomasa en comparación con las aguas circundantes [3]. Pero hay una característica que lo hace aún más relevante —y más complejo—: el Domo Térmico no es un sistema fijo.

A diferencia de los sistemas de surgencia costera como los de Perú o California, el Domo de Costa Rica es un sistema oceánico abierto y dinámico. Se desplaza. Se expande y se contrae. Se intensifica o se debilita.

Su comportamiento depende de factores como la intensidad de los vientos, la temperatura superficial del mar, la dinámica de corrientes regionales y fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.

Esto tiene una implicación clave: el Domo no es una fuente constante de producción. Es un sistema vivo. Un sistema que funciona por pulsos de productividad, por cambios en el tiempo y en el espacio. Y eso cambia completamente la forma en que debe ser entendido.

No se puede gestionar como una mina. No se puede explotar como un recurso estático. Debe ser comprendido, monitoreado y manejado con inteligencia científica. Porque ahí radica tanto su potencial como su vulnerabilidad.

3. La riqueza que no hemos sabido aprovechar

Si el Domo Térmico de Costa Rica es uno de los sistemas de mayor productividad biológica del Pacífico Oriental Tropical, la pregunta es inevitable: ¿por qué el país no ha convertido ese potencial en un eje estratégico de su desarrollo?

La respuesta no es simple, pero sí es clara en su esencia: Costa Rica no ha tenido un modelo país para el mar.

Durante décadas, el desarrollo nacional se ha construido con éxito sobre el territorio continental. Agricultura, turismo, servicios, conservación: un modelo sólido, reconocido internacionalmente. Pero en ese proceso, el océano quedó fuera de la ecuación estratégica.

No porque no existiera riqueza, sino porque nunca se incorporó como prioridad.

En el ámbito pesquero, el enfoque predominante ha sido de carácter administrativo: otorgamiento de licencias, regulaciones generales y controles parciales. Este modelo ha permitido cierto orden, pero no responde ni a la complejidad de un sistema dinámico como el Domo Térmico ni a la magnitud de su potencial económico [2].

En la práctica, esto ha generado distorsiones estructurales. Una de las más relevantes es la baja captura de valor.

Durante años, una parte importante de los recursos marinos ha sido aprovechada sin que su valor real se traduzca en beneficios proporcionales para el país. En muchos casos, la actividad se ha concentrado en la extracción primaria, con limitado procesamiento local, escasa diferenciación de producto y débil posicionamiento en mercados de alto valor [5].

El resultado es claro: Costa Rica ha tenido recurso, pero no ha construido cadena de valor.

A esto se suma una segunda limitación crítica: el control.

El Domo Térmico se ubica en mar abierto, en una región extensa, dinámica y técnicamente compleja de monitorear. Sin sistemas robustos de seguimiento satelital, trazabilidad en tiempo real y fiscalización efectiva, el control del aprovechamiento del recurso se vuelve limitado.

En ese contexto, la evidencia internacional es consistente: las zonas de alta productividad oceánica tienden a atraer presión pesquera significativa, incluyendo pesca ilegal, no declarada o no regulada cuando los mecanismos de control son insuficientes [6].

Esto no implica necesariamente un colapso del recurso, pero sí un uso subóptimo desde la perspectiva país:

•       bajo aprovechamiento económico real

•       limitada generación de empleo en la cadena productiva

•       escasa integración con el desarrollo de comunidades costeras

•       débil incorporación de información científica en la toma de decisiones

Pero hay un punto aún más importante, y es aquí donde el problema se vuelve estratégico.

El Domo Térmico no es un recurso estático.

Es un sistema altamente dinámico, cuya productividad depende de procesos oceanográficos complejos y cada vez más influenciados por el cambio climático. Gestionarlo bajo un esquema rígido, basado únicamente en permisos o en lógica extractiva tradicional, no solo es ineficiente. Es técnicamente inadecuado.

El país no ha sobreexplotado el Domo en términos clásicos. Lo que ha ocurrido es algo distinto, y más sutil: lo ha subgestionado. No se han construido las herramientas institucionales, tecnológicas y científicas necesarias para entenderlo en tiempo real, anticipar su comportamiento y aprovecharlo de forma estratégica.

Y en el contexto actual, esto adquiere una dimensión aún mayor. El océano global está cambiando. Las zonas de productividad se están reorganizando. La biomasa marina se redistribuye en función de nuevas condiciones climáticas [7].

En ese escenario, los países que logren comprender a tiempo sus sistemas marinos y gestionarlos con inteligencia tendrán una ventaja estructural significativa. Los que no, quedarán rezagados.

Costa Rica todavía está en una posición privilegiada. No parte de un sistema colapsado. No enfrenta una degradación irreversible. Pero sí enfrenta una decisión crítica: seguir administrando el mar como un recurso secundario o empezar a gestionarlo como un activo estratégico de primer orden.

Porque, en el fondo, el problema nunca ha sido la ausencia de riqueza. Ha sido la ausencia de una visión país capaz de reconocerla y convertirla en desarrollo.

4. Un sistema vivo y vulnerable: el Domo Térmico en el contexto del cambio climático

El Domo Térmico de Costa Rica no existe en aislamiento. Forma parte de un sistema mucho más grande y profundamente interconectado: el océano global.

Y ese sistema está cambiando.

En las últimas décadas, la evidencia científica ha sido contundente: el océano ha absorbido más del 90 % del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando no solo su temperatura, sino también su estructura interna, su química y su dinámica [7].

Este proceso no es superficial. Está modificando el funcionamiento mismo del océano.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la estratificación térmica. A medida que las aguas superficiales se calientan, se vuelven más ligeras y estables, lo que reduce la mezcla vertical con las aguas profundas.

Y esa mezcla es clave. Porque es precisamente la que permite que los nutrientes asciendan hacia la superficie.

Cuando la mezcla disminuye, la productividad biológica del océano tiende a reducirse.

Sin embargo, este proceso no ocurre de manera uniforme en todo el planeta. El océano no está colapsando de forma homogénea. Está entrando en una fase de reorganización funcional.

Mientras algunas regiones —especialmente en latitudes medias y altas— muestran señales de disminución en su productividad, otras zonas asociadas a sistemas de surgencia mantienen o incluso refuerzan su relevancia en el contexto global [2].

El Domo Térmico de Costa Rica se encuentra precisamente dentro de este grupo.

Su dinámica de surgencia le permite sostener niveles importantes de productividad incluso bajo condiciones de calentamiento global. Pero esto no significa que sea inmune.

Todo lo contrario. El Domo está cambiando.

El aumento de la temperatura superficial del mar puede afectar la eficiencia de la surgencia, limitando en ciertos momentos el ascenso de nutrientes. A esto se suma una mayor variabilidad climática, asociada a fenómenos como El Niño y La Niña, que pueden debilitar o intensificar el sistema de manera temporal.

El resultado es un cambio en el patrón de funcionamiento.

El Domo deja de comportarse como un sistema relativamente estable y pasa a operar como un sistema de productividad por pulsos.

Es decir: periodos de alta concentración de biomasa seguidos por fases de menor intensidad productiva.

Desde el punto de vista ecológico, esto implica una redistribución de la vida marina. Las especies no desaparecen necesariamente, pero cambian su comportamiento: se desplazan, se concentran en zonas específicas y responden a condiciones oceanográficas cambiantes.

Desde el punto de vista pesquero, esto tiene una implicación directa: la eficiencia ya no depende únicamente del esfuerzo. Depende de la capacidad de entender el sistema en tiempo real.

Y aquí es donde el enfoque tradicional deja de ser suficiente.

No es viable gestionar un sistema dinámico con herramientas estáticas. No es sostenible definir cuotas rígidas sin considerar el estado del océano. No es eficiente basarse únicamente en datos históricos.

Se requiere un cambio de enfoque.

Un modelo basado en monitoreo continuo, indicadores oceanográficos, análisis científico en tiempo real y capacidad de adaptación en la toma de decisiones.

Este es precisamente el tipo de enfoque que la literatura científica internacional ha identificado como indispensable en un contexto de cambio climático: la gestión adaptativa basada en evidencia [7].

Pero hay un elemento adicional que hace este análisis aún más relevante.

En un escenario global donde muchos ecosistemas marinos enfrentan degradación, pérdida de biomasa y sobreexplotación, el Domo Térmico de Costa Rica mantiene una condición relativamente favorable dentro del Pacífico Oriental Tropical.

Esto lo convierte en un sistema estratégicamente valioso.

No solo por lo que es hoy, sino por lo que puede llegar a ser en un futuro cercano.

Sin embargo, esa ventaja no está garantizada.

Un sistema dinámico, sometido a presión y mal gestionado, puede deteriorarse rápidamente.

Y aquí es donde la diferencia entre oportunidad y riesgo se vuelve crítica: el cambio climático no elimina el potencial del Domo, pero sí eleva el nivel de exigencia para gestionarlo correctamente.

Porque en un océano que cambia, los sistemas que se mantienen productivos no son necesariamente los más abundantes. Son los mejor comprendidos y los mejor gestionados.

5. La oportunidad país: del Domo Térmico a una economía azul de alto valor

Si el Domo Térmico de Costa Rica es un sistema altamente productivo, y si el océano global está entrando en una fase de reorganización, entonces la pregunta deja de ser científica. Pasa a ser estratégica.

¿Qué puede hacer Costa Rica con esto?

La respuesta es clara: convertir el Domo Térmico en uno de los pilares de un nuevo modelo de desarrollo basado en el mar.

Porque lo que está en juego no es únicamente pesca. Es economía, empleo, seguridad alimentaria y posicionamiento internacional.

Desde el punto de vista técnico, diversos análisis coinciden en que el Domo Térmico tiene capacidad para sostener, bajo criterios de manejo sostenible, capturas en el orden de 80.000 a 120.000 toneladas anuales de especies pelágicas de alto valor comercial [2].

Pero ese dato, por sí solo, no es lo más importante. La verdadera diferencia está en cómo se gestiona ese recurso.

Hoy, en el mercado internacional, el valor del producto varía significativamente según el nivel de procesamiento y certificación:

•       materia prima sin procesar: aproximadamente $1.500 por tonelada

•       producto procesado: alrededor de $3.000 por tonelada

•       producto premium certificado: hasta $4.500 por tonelada

Esto cambia completamente la lógica económica.

No se trata simplemente de pescar más. Se trata de capturar más valor.

En un escenario básico, el Domo podría generar ingresos cercanos a los $120 millones anuales.

Pero en un escenario estratégico —con procesamiento nacional, trazabilidad y posicionamiento en mercados premium— el valor podría superar los $500 millones anuales.

La diferencia no está en el océano. Está en el modelo país.

Costa Rica no debe aspirar a ser un país que exporta materia prima. Debe convertirse en un país que pesca con inteligencia, procesa con valor agregado, certifica con estándares ambientales y exporta calidad premium.

Este cambio implica una transformación estructural del sector pesquero.

Requiere desarrollar una flota nacional moderna, infraestructura portuaria y cadena de frío, plantas de procesamiento, sistemas de trazabilidad completa y certificación ambiental internacional.

Y, sobre todo, implica que el valor económico se quede en el país.

El impacto de este modelo no se limita a las cifras macroeconómicas. Tiene un efecto directo en el territorio.

Por cada 1.000 toneladas procesadas, se pueden generar entre 40 y 60 empleos directos, además de empleo indirecto en transporte, logística y servicios [8].

Esto abre una oportunidad concreta para dinamizar regiones como Puntarenas, Guanacaste y el Pacífico Central.

A esto se suma una ventaja estratégica clave: la calidad ambiental de las aguas costarricenses.

En un contexto global donde la contaminación marina aumenta, la posibilidad de ofrecer productos de origen limpio representa un diferencial competitivo real.

El mercado internacional ya no busca solo volumen. Busca trazabilidad, sostenibilidad, calidad sanitaria y confianza en el origen.

Pero hay un elemento clave que debe ser entendido: el Domo Térmico no puede ser la única base del sistema productivo.

Por su naturaleza dinámica, debe complementarse con acuicultura marina estratégica.

Este enfoque dual —pesca oceánica y acuicultura— permite estabilizar la producción, reducir riesgos climáticos y diversificar la base productiva.

Existe potencial en especies como cobia, pargo, camarón, moluscos y macroalgas.

Este componente no sustituye al Domo. Lo fortalece.

Desde el punto de vista financiero, la implementación de este modelo requiere una inversión inicial estimada entre 300 y 400 millones de dólares.

Pero no es un gasto. Es una inversión país.

Una inversión con capacidad de generar ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares, además de empleo y desarrollo regional.

Lo que está frente a Costa Rica no es un proyecto sectorial. Es una redefinición de su modelo de desarrollo.

En un mundo donde los océanos están cambiando y la demanda de proteína marina seguirá creciendo, los países que logren gestionar sus recursos con inteligencia serán los que lideren.

Costa Rica tiene recurso, estabilidad institucional y reputación ambiental.

Lo único que falta es decisión.

6. La propuesta: una ley para transformar el modelo pesquero de Costa Rica

Frente a este contexto —un sistema oceánico en transformación, un recurso estratégico subutilizado y una oportunidad país evidente— la conclusión es inevitable: Costa Rica necesita cambiar la forma en que gestiona su riqueza marina.

No con ajustes menores. No con reformas parciales. Sino con un cambio estructural en su modelo de gestión pesquera.

Ese es precisamente el objetivo del Proyecto de Ley para el Aprovechamiento Pesquero Sostenible y Estratégico del Domo Térmico de Costa Rica.

Esta propuesta no surge como una iniciativa aislada. Es la respuesta técnica a un problema claramente identificado: la ausencia de un modelo moderno, científico y estratégico para gestionar el principal sistema productivo del océano costarricense.

El modelo actual, basado principalmente en licencias, regulaciones generales y controles parciales, fue diseñado para un contexto distinto. No responde a la dinámica de un sistema como el Domo Térmico, ni permite capturar plenamente el valor que ese sistema puede generar para el país.

La propuesta introduce un cambio fundamental: pasar de un modelo administrativo a un modelo de gestión adaptativa basada en ciencia.

Esto implica que las decisiones clave —cuánto pescar, cuándo pescar y dónde pescar— no se definan de forma fija, sino que se ajusten continuamente en función del estado real del sistema.

No se trata de pescar más. Se trata de pescar mejor.

Para ello, el proyecto plantea la incorporación de herramientas técnicas esenciales: monitoreo oceanográfico continuo, uso de indicadores de productividad, evaluación periódica de biomasa y análisis en tiempo real del comportamiento del sistema.

Uno de los pilares centrales de la propuesta es la implementación de Reglas de Control de Captura, que permiten ajustar el esfuerzo pesquero de manera automática según las condiciones del ecosistema.

Esto elimina la discrecionalidad y la sustituye por decisiones basadas en evidencia.

En paralelo, la propuesta contempla la creación de un Comité Científico Permanente, integrado por especialistas, cuya función será evaluar el estado del Domo Térmico y emitir recomendaciones técnicas para la gestión del recurso.

Este elemento introduce la gobernanza basada en ciencia como eje del modelo.

Pero la ley no se limita al manejo biológico del recurso. También aborda uno de los principales vacíos del sistema actual: el control.

El proyecto plantea fortalecer el monitoreo mediante seguimiento satelital de embarcaciones, trazabilidad completa del producto, registro digital obligatorio de capturas y sistemas de verificación en tiempo real.

Esto permite enfrentar problemas estructurales como la pesca ilegal, la subdeclaración de capturas y la falta de transparencia en la cadena productiva.

Al mismo tiempo, la propuesta incorpora un componente clave para transformar el impacto económico del sector: la captura de valor agregado dentro del país.

Esto implica promover el desarrollo de flota nacional, el procesamiento interno del producto, la certificación ambiental y la exportación de productos de alto valor.

De esta forma, el modelo deja de centrarse en la extracción y pasa a centrarse en la generación de valor.

Adicionalmente, la propuesta integra un enfoque estratégico que responde al contexto de cambio climático: un modelo dual que combina pesca oceánica con acuicultura marina sostenible.

Este componente permite estabilizar la producción, reducir la vulnerabilidad frente a la variabilidad del Domo y diversificar la base productiva nacional.

Desde el punto de vista financiero, la implementación del sistema requiere una inversión inicial estimada entre 300 y 400 millones de dólares.

Pero no se trata de un gasto. Es una inversión estructural con capacidad de generar ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares, además de empleo, desarrollo regional y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Más allá de sus componentes técnicos y económicos, el valor principal de esta propuesta es su visión: integrar el mar como un eje central del desarrollo nacional.

Este proyecto de ley no pretende ser una solución perfecta. Pero sí cumple una función fundamental: abrir la discusión correcta, introducir una base técnica sólida y proponer un camino viable hacia un modelo pesquero moderno, sostenible y alineado con los desafíos del siglo XXI.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es únicamente una ley. Es la capacidad del país de entender su realidad y actuar en consecuencia.

7. Una decisión país: mirar al mar y pensar en grande

Costa Rica se encuentra frente a una decisión que no es menor.

No se trata únicamente de desarrollar un nuevo sector productivo. No se trata solo de aprovechar mejor un recurso natural.

Se trata de algo más profundo: definir cómo queremos posicionarnos como país en el siglo XXI.

Durante décadas, Costa Rica ha construido una imagen internacional basada en la protección ambiental, la estabilidad institucional y la búsqueda de un desarrollo sostenible. Ese camino ha sido correcto.

Pero hoy, el contexto global ha cambiado.

El mundo enfrenta una creciente presión sobre sus sistemas alimentarios. Los océanos están en transformación. Las pesquerías tradicionales se están reconfigurando.

Y la demanda de proteína marina continúa creciendo.

En ese escenario, los países que logren integrar ciencia, sostenibilidad y visión estratégica serán los que lideren.

Costa Rica tiene esa posibilidad.

Tiene un territorio marino amplio. Tiene un sistema oceanográfico excepcional. Tiene una reputación ambiental sólida. Y tiene la capacidad institucional para hacer las cosas bien.

Lo que históricamente ha faltado no es recurso. Es decisión.

El Domo Térmico de Costa Rica representa mucho más que una zona de alta productividad biológica.

Es una oportunidad para repensar el papel del mar en la economía nacional. Es una oportunidad para generar empleo en las zonas costeras. Es una oportunidad para producir alimentos de alta calidad bajo estándares ambientales. Es una oportunidad para posicionar a Costa Rica como un referente internacional en economía azul sostenible.

Pero también es una responsabilidad.

Porque gestionar un sistema como el Domo exige disciplina, conocimiento y visión de largo plazo.

No basta con tener el recurso. Hay que saber administrarlo.

Y ahí es donde el país debe dar el salto.

El proyecto de ley propuesto no es un punto de llegada. Es un punto de partida.

Una base para construir un modelo distinto. Un modelo donde la ciencia guía las decisiones, donde el control garantiza la sostenibilidad y donde el valor generado beneficia al país en su conjunto.

Esta no es una discusión sectorial. No es un tema exclusivo del sector pesquero.

Es una discusión sobre el modelo de desarrollo nacional.

Sobre si Costa Rica quiere seguir observando cómo cambian los sistemas globales o si decide entender esos cambios y actuar a tiempo.

Porque el mundo no va a esperar.

La reorganización de los océanos ya está en marcha. Las oportunidades se están redistribuyendo.

Y los países que tomen decisiones tempranas serán los que definan su lugar en el nuevo contexto global.

Costa Rica todavía está a tiempo. Pero no indefinidamente.

Mirar al mar no es una opción. Es una necesidad estratégica.

Pensar en grande tampoco es un lujo. Es la condición mínima para estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo.

Referencias

[1] Naciones Unidas. (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, Jamaica: Naciones Unidas.

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. Rome: FAO.

[3] Stukel, M. R., Barbeau, K. A., Knapp, A. N., & Landry, M. R. (2016). The Costa Rica Dome: A physical-biological hotspot in the eastern tropical Pacific. Progress in Oceanography, 138, 235-251.

[4] Fiedler, P. C. (2002). The annual cycle and biological effects of the Costa Rica Dome. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 49(2), 321-338.

[5] European Commission. (2023). The EU Fish Market 2023 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[6] Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE, 4(2), e4570.

[7] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press.

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Regulatory Governance and Reform. Paris: OECD Publishing.

[9] Costello, C., Ovando, D., Clavelle, T., Strauss, C. K., Hilborn, R., Melnychuk, M. C., Branch, T. A., Gaines, S. D., Szuwalski, C. S., Cabral, R. B., Rader, D. N., & Leland, A. (2016). Global fishery prospects under contrasting management regimes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(18), 5125-5129.

Crucitas y la nueva fiebre del oro: el riesgo de sacrificar el río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

Geología, geopolítica y el futuro ambiental de la región norte – norte de Costa Rica

El debate sobre Crucitas y el distrito de Cutris ha regresado con fuerza al escenario político nacional.  Sin embargo, una parte importante de la discusión pública se está desarrollando sin comprender plenamente el contexto geológico del territorio. Y esa trama es fundamental para entender tanto el potencial económico de la zona como los riesgos que implican ciertas decisiones legislativas que hoy se discuten.

La región de Crucitas y Cutris no corresponde a un yacimiento aislado. Forma parte de un sistema geológico más amplio asociado al arco volcánico aurífero del norte de Costa Rica, descrito en estudios geológicos desde hace varias décadas como parte del denominado arco de Sarapiquí (1). Este sistema se originó en procesos hidrotermales vinculados al volcanismo antiguo que caracterizó la evolución geológica del norte del país y del sur de Nicaragua (2,3).

En este tipo de sistemas metalogénicos es común encontrar mineralizaciones auríferas asociadas a vetas hidrotermales, cuerpos mineralizados diseminados y zonas de alteración que pueden extenderse a lo largo de amplias áreas. Por esta razón, los depósitos de oro en este tipo de contextos raramente aparecen como puntos aislados; más bien forman parte de provincias auríferas regionales donde pueden existir múltiples
zonas mineralizadas.

El caso de Crucitas es un ejemplo de este tipo de sistemas. La mineralización aurífera principal se encuentra asociada a cuerpos de roca dura donde el oro aparece en forma diseminada y en menor proporción, en vetas. Pero estos sistemas también generan depósitos secundarios producto de la meteorización de la roca aurífera original. Con el paso del tiempo geológico, la descomposición de la roca genera suelos residuales ricos en minerales alterados conocidos como saprolitas, donde también puede encontrarse oro en concentraciones menores pero explotables mediante minería artesanal.

Esta distinción es importante porque permite comprender el origen del problema actual en Crucitas. La minería ilegal que ha proliferado en los últimos años no está explotando el yacimiento profundo de roca dura, sino principalmente estas mineralizaciones secundarias en saprolita, que se encuentran cerca de la superficie (hasta 10 o 15 metros de profundidad) y pueden ser extraídas mediante excavaciones relativamente poco profundas.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En muchos distritos auríferos tropicales del mundo, los depósitos secundarios generados por la meteorización de los sistemas hidrotermales han sido históricamente el punto de partida de la minería artesanal. El problema aparece cuando estas actividades se desarrollan sin control técnico ni ambiental, lo que ha ocurrido en Crucitas en los últimos años con el uso indiscriminado de mercurio y la expansión de excavaciones ilegales.

Pero comprender la geología del territorio también permite entender otra dimensión del debate: el potencial minero del distrito no se limita al sitio específico de Crucitas. El sistema geológico que contiene estas mineralizaciones se extiende hacia el norte y continúa dentro del territorio nicaragüense, donde en las últimas décadas se han desarrollado importantes distritos mineros auríferos.

En otras palabras, el oro de Crucitas forma parte de un cinturón aurífero regional que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Este hecho geológico tiene implicaciones económicas y geopolíticas que hoy resultan imposibles de ignorar, especialmente en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles históricamente altos.

Comprender esta realidad es esencial antes de tomar decisiones legislativas que podrían transformar profundamente el futuro del distrito de Cutris y de la frontera norte de Costa Rica.

  • El nuevo contexto del oro: precio récord y geopolítica en Centroamérica

Si el debate sobre Crucitas se hubiera mantenido en el mismo contexto económico de hace quince años, probablemente hoy no estaríamos discutiendo nuevamente el futuro minero de la frontera norte de Costa Rica. Sin embargo, el mundo ha cambiado de forma significativa, y uno de los factores que más ha transformado este escenario es el precio internacional del oro.

En los últimos años el oro ha alcanzado niveles históricamente altos. En momentos recientes ha superado los 5.000 dólares por onza troy, impulsado por múltiples factores globales: incertidumbre económica internacional, tensiones geopolíticas, políticas monetarias expansivas y una creciente demanda del metal como reserva
estratégica por parte de bancos centrales y grandes inversionistas.

Este contexto cambia radicalmente la ecuación económica de cualquier yacimiento aurífero. Lo que hace una década podía considerarse marginal o discutible desde el punto de vista económico, hoy adquiere un valor mucho mayor. En términos simples, el potencial económico del oro contenido en sistemas como el de Crucitas puede ser hoy dos o incluso tres veces mayor que cuando el proyecto fue originalmente debatido en Costa Rica.

Esta nueva realidad económica ha reactivado lo que muchos analistas internacionales ya escriben como una nueva fiebre global del oro. En distintas regiones del mundo, gobiernos y empresas mineras han incrementado su interés por asegurar el acceso a reservas auríferas, no solo por su valor comercial inmediato, sino también por su importancia estratégica dentro del sistema financiero internacional.

Centroamérica no es ajena a esta dinámica. En particular, Nicaragua ha experimentado una expansión significativa de su actividad minera aurífera en los últimos años. Diversos distritos mineros en el norte y centro del país han sido objeto de nuevas concesiones y proyectos de explotación, muchos de ellos vinculados a capital extranjero.

Entre esos actores internacionales destaca la creciente participación de empresas vinculadas a capital chino en distintos proyectos mineros alrededor del mundo. China ha incrementado de manera sostenida su presencia en la minería global, especialmente en minerales estratégicos y metales preciosos, como parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar recursos naturales clave para su economía y su sistema
financiero.

En Nicaragua, algunas concesiones mineras otorgadas en los últimos años abarcan extensas áreas del territorio nacional, incluyendo zonas que forman parte de la continuidad geológica del mismo cinturón aurífero que se extiende hacia el norte de Costa Rica. Este hecho no implica necesariamente una relación directa con el debate legislativo costarricense, pero sí configura un contexto geopolítico regional que no puede ignorarse.

En otras palabras, el sistema aurífero que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se encuentra hoy dentro de una región donde el interés internacional por el oro está en aumento. Y es precisamente en ese contexto donde Costa Rica discute actualmente un proyecto legislativo que propone abrir todo el distrito de Cutris a minería metálica a cielo abierto mediante un sistema de concesiones adjudicadas por subasta (es decir, al mejor postor, aunque este sea China).

La combinación de estos factores —precio récord del oro, expansión minera regional y creciente interés internacional por los metales preciosos— explica por qué el debate sobre Cutris ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Lo que está en discusión no es solo un proyecto minero específico, sino el futuro de un territorio ubicado dentro de una provincia aurífera regional que hoy vuelve a despertar interés económico y estratégico a escala global.

  • Cutris y el riesgo de abrir un distrito minero completo

En este contexto económico y geopolítico es donde debe analizarse con cuidado el proyecto sustitutivo (No. 24.717 de la Asamblea Legislativa) que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que propone autorizar la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris.

A primera vista, el planteamiento puede parecer una solución directa al problema de la minería ilegal que hoy afecta a la zona de Crucitas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la propuesta implica un cambio de escala mucho mayor que el que originalmente se debatió en el país.

El proyecto minero de Crucitas, discutido intensamente en Costa Rica hace más de una década, estaba asociado a un yacimiento específico localizado en los cerros Botija y Fortuna. La discusión nacional giraba en torno a si era conveniente o no permitir una mina industrial en ese punto concreto del territorio.

El proyecto sustitutivo que hoy se discute plantea algo distinto. En lugar de referirse únicamente a ese yacimiento específico, propone abrir la posibilidad de concesiones mineras en todo el distrito de Cutris (área: 874 Km2, es decir, donde podrían desarrollarse 87 concesiones mineras, tipo Crucitas, de 10 Km2 cada una).

Desde el punto de vista territorial, esto significa pasar de la discusión sobre una mina particular a la posibilidad de transformar una extensa área de la frontera norte en un distrito minero completo.

El mecanismo propuesto para adjudicar las concesiones sería mediante un sistema de subasta pública, en el cual los interesados competirían ofreciendo el mayor porcentaje de royalty para el Estado. Bajo este esquema, las concesiones podrían dividirse en bloques que serían adjudicados a quienes presenten las ofertas económicas más altas.

Este modelo es utilizado en diversos países para asignar derechos de explotación minera, pero su aplicación en un territorio con las características ambientales y geopolíticas de la frontera norte de Costa Rica merece una reflexión cuidadosa.

Si el distrito de Cutris se dividiera en concesiones mineras de tamaño estándar, el número potencial de proyectos podría multiplicarse rápidamente. En términos ilustrativos, diversos análisis han señalado que el territorio podría equivaler a decenas de áreas comparables al tamaño del proyecto Crucitas originalmente planteado.

Esto significa que la decisión que hoy se discute no se limita a autorizar o no una mina adicional. Implica la posibilidad de abrir un territorio completo a un modelo de explotación minera industrial a gran escala.

Una transformación de esta naturaleza tendría implicaciones profundas para el paisaje, los ecosistemas y la dinámica socioeconómica de la región. La minería metálica a cielo abierto es una actividad intensiva en movimiento de tierras, uso de agua, generación de residuos y construcción de infraestructura asociada.

En un territorio como la frontera norte de Costa Rica, caracterizado por una baja densidad poblacional, ecosistemas sensibles y sistemas hidrológicos complejos, una expansión minera de gran escala requeriría una capacidad institucional de supervisión ambiental y técnica particularmente robusta.

Sin embargo, la experiencia reciente del país demuestra que incluso el control de una sola operación minera industrial genera desafíos significativos para las instituciones responsables de la regulación ambiental y minera. No olvidamos el decreto de conveniencia nacional firmado por el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y el presidente Oscar Arias, donde se decía algo así como que “los expertos mineros de la empresa Infinito Gold iban a entrenar la gente de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas, a inspeccionarlos a ver si estaban cumpliendo con la normativa técnica y ambiental” (es decir: el zorro ensenando a las gallinas a protegerse del zorro…).

La pregunta que inevitablemente surge es si Costa Rica cuenta actualmente con la capacidad institucional necesaria para supervisar de manera efectiva múltiples operaciones mineras simultáneas en una región ambientalmente sensible.

Más aún, en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles excepcionalmente altos y donde el interés global por este metal continúa creciendo, abrir un distrito minero completo mediante subasta internacional introduce dinámicas económicas y geopolíticas que deben ser analizadas con extrema prudencia.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de un proyecto minero específico, sino el modelo de desarrollo que Costa Rica desea para su frontera norte en las próximas décadas.

  • El sistema ecológico del río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

Existe, sin embargo, una dimensión adicional del debate sobre Crucitas que rara vez aparece en el centro de la discusión pública y que resulta fundamental para comprender la magnitud del problema: la dimensión ecológica del territorio.

La frontera norte de Costa Rica forma parte de uno de los sistemas hidrológicos y ecológicos más importantes de Centroamérica, articulado alrededor del río San Juan y de los extensos humedales del Caribe noreste de Costa Rica.

El río San Juan no es únicamente un límite político entre Costa Rica y Nicaragua. Es el eje de una compleja red de ríos, lagunas, planicies aluviales, bosques inundables y humedales que conforman uno de los mosaicos ecológicos más ricos de la región.

En el lado costarricense, este sistema incluye ecosistemas de enorme importancia ambiental, como los humedales asociados a las llanuras de San Carlos y Los Chiles, así como el refugio de vida silvestre Caño Negro, uno de los sitios Ramsar más importantes del país. Estos humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: regulan los flujos hidrológicos, almacenan sedimentos, sostienen una enorme biodiversidad y sirven como hábitat para numerosas especies de aves migratorias, peces, reptiles y mamíferos.

En el lado nicaragüense, el sistema se conecta con las planicies aluviales del bajo San Juan y con el propio lago de Nicaragua, formando un corredor ecológico transfronterizo cuya dinámica depende del equilibrio ambiental de toda la cuenca.

La relevancia de este sistema ecológico radica precisamente en su carácter integrado y compartido. Alteraciones significativas en cualquiera de sus componentes pueden generar efectos que se extienden a lo largo de toda la cuenca.

En este contexto, la expansión de actividades mineras que impliquen el uso de sustancias químicas altamente tóxicas —como el mercurio en la minería ilegal o el cianuro en la minería industrial— introduce riesgos ambientales que deben analizarse con extrema prudencia.

Cuando estos contaminantes ingresan a sistemas acuáticos, pueden permanecer durante décadas o incluso siglos en sedimentos, suelos y organismos vivos. En regiones tropicales con alta pluviosidad, como la frontera norte de Costa Rica, la dispersión de estos contaminantes a través de las cuencas hidrográficas puede amplificar significativamente sus impactos.

Por esta razón, el debate sobre Crucitas no puede limitarse únicamente a la discusión económica sobre el valor del oro.

También debe considerar el valor ecológico de un sistema natural cuya integridad resulta fundamental para Costa Rica y Nicaragua.

Las sociedades humanas pasan por este planeta durante unas pocas décadas. Los ecosistemas, en cambio, se forman a lo largo de siglos y milenios.

El oro puede agotarse en unas pocas décadas.

Pero la contaminación de un río y de sus humedales puede perdurar durante generaciones.

• El verdadero problema en Crucitas: la minería ilegal y cómo resolverla

Uno de los mayores riesgos del debate actual sobre Cutris es que se está mezclando el problema real que hoy existe en la zona con propuestas que no necesariamente lo resuelven. Para comprender esto con claridad es fundamental distinguir entre dos tipos distintos de mineralización aurífera presentes en Crucitas.

Por un lado, existe el yacimiento primario, asociado a la roca dura donde el oro se encuentra diseminado o en vetas hidrotermales. Este es el tipo de mineralización que dio origen al proyecto minero industrial originalmente planteado en los cerros Botija y Fortuna.

Por otro lado, existe una mineralización secundaria, formada a lo largo de miles de años por procesos de meteorización tropical. La descomposición química de la roca aurífera genera suelos residuales conocidos como saprolita, en los cuales el oro puede concentrarse en partículas finas distribuidas dentro del material alterado.

Esta saprolita aurífera se encuentra generalmente cerca de la superficie, en los primeros metros del suelo. En muchos casos, las excavaciones asociadas a este tipo de minería no superan profundidades aproximadas de diez metros.

Es precisamente este material superficial el que ha sido objeto de la minería artesanal ilegal que se ha desarrollado en Crucitas durante los últimos años. Miles de personas han ingresado a la zona para extraer oro de manera informal, utilizando técnicas rudimentarias y, en muchos casos, empleando mercurio para recuperar el metal.

El resultado ha sido un problema ambiental significativo: suelos contaminados, excavaciones desordenadas y afectación de ecosistemas locales. Sin embargo, es importante entender que esta actividad ilegal no corresponde a la explotación del yacimiento profundo de roca dura. Se trata de una minería superficial vinculada a depósitos secundarios.

Esta diferencia es clave porque implica que la solución al problema actual no necesariamente pasa por abrir el distrito completo a minería industrial.

La propuesta contenida en el proyecto de ley integral desarrollado para Crucitas (No. 25.426) plantea un enfoque distinto. En lugar de permitir una expansión minera a gran escala, propone ordenar temporalmente la explotación de la saprolita aurífera mediante un sistema regulado de concesiones de pequeña escala.

Estas concesiones estarían destinadas exclusivamente a microempresas o cooperativas costarricenses, con controles técnicos y ambientales estrictos y con la prohibición del uso de mercurio.

El objetivo de este esquema sería triple: sustituir la minería ilegal por una actividad formal y controlada; permitir el saneamiento ambiental progresivo de las áreas ya afectadas; y generar ingresos locales que contribuyan al desarrollo de la región.

En otras palabras, la propuesta busca resolver el problema real existente en Crucitas —la minería ilegal superficial— sin abrir la puerta a una expansión minera industrial de gran escala en todo el distrito de Cutris.

  • Una alternativa de país: desarrollo territorial sostenible para la frontera norte

Si el debate sobre Crucitas y Cutris se limitara únicamente a decidir si se permite o no la explotación minera industrial, Costa Rica estaría enfrentando una falsa dicotomía. El verdadero desafío no es escoger entre minería o abandono del territorio. El verdadero desafío es definir qué modelo de desarrollo se quiere para la frontera norte del país en las próximas décadas.

La propuesta contenida en el proyecto de Ley para la Recuperación Ambiental, Restauración Territorial y Desarrollo Sostenible de Crucitas parte precisamente de esa pregunta fundamental. En lugar de plantear el oro como el eje del desarrollo regional, propone transformar el conflicto minero en una oportunidad para construir un modelo territorial diferente, basado en la restauración ambiental, el conocimiento científico y el desarrollo sostenible.

El primer componente de esta propuesta es el saneamiento ambiental de las áreas afectadas por la minería ilegal. Los estudios técnicos realizados en los últimos años indican que la actividad ilegal ha generado contaminación con mercurio y un volumen considerable de suelos alterados que requieren tratamiento especializado. Resolver este pasivo ambiental es una prioridad que no puede seguir posponiéndose.

Para enfrentar este desafío se propone la creación de un Programa Nacional de Saneamiento Ambiental de Crucitas, acompañado por un fondo financiero específico que permita ejecutar trabajos de restauración ecológica, encapsulamiento de suelos contaminados y monitoreo ambiental permanente. Este programa permitiría transformar una zona degradada por la minería ilegal en un territorio en recuperación.

El segundo componente del modelo es la puesta en valor del patrimonio geológico y natural de la región. Los cerros Botija y Fortuna, así como su entorno geológico, poseen características científicas que los convierten en un sitio de gran interés para la investigación geológica y ambiental. Por esta razón, la propuesta legislativa plantea la creación del Geositio Crucitas, un espacio destinado a la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo del geoturismo, aprovechando la riqueza geológica de la zona (4)

El geoturismo y el turismo científico representan oportunidades económicas compatibles con la conservación del territorio. Costa Rica ha demostrado durante décadas que la protección del patrimonio natural puede convertirse en una fuente importante de desarrollo económico cuando se gestiona de manera inteligente.

El tercer componente del modelo es el impulso de actividades productivas sostenibles para las comunidades de la región, incluyendo agricultura y ganadería regenerativas, encadenamientos productivos locales y fortalecimiento de la economía rural. En lugar de depender de una actividad extractiva de corta duración, el objetivo es crear una base económica diversificada y estable.

La propuesta también contempla el desarrollo de infraestructura estratégica que permita mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso a la zona para actividades turísticas, científicas y productivas. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un aeropuerto regional de alta capacidad para la recepción de turistas. En territorios de baja densidad poblacional como la frontera norte, la conectividad es un elemento clave para generar oportunidades económicas sostenibles.

Para financiar este conjunto de iniciativas se plantea un mecanismo innovador basado en la emisión de bonos verdes soberanos, instrumentos financieros que canalizan inversión internacional hacia proyectos de restauración ambiental y desarrollo sostenible. Bajo este modelo, el valor del territorio no se basa en la extracción del oro, sino en la preservación de su capital natural y en la credibilidad ambiental de Costa Rica.

Este enfoque permite transformar la narrativa histórica de Crucitas. En lugar de ser recordado como un conflicto minero sin solución, el territorio podría convertirse en un ejemplo de cómo un país decide proteger su patrimonio natural mientras genera oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

El debate sobre Cutris y Crucitas, por lo tanto, no es únicamente un debate minero. Es un debate sobre la visión de país que Costa Rica desea proyectar hacia el futuro.

Costa Rica se encuentra ante una decisión que trasciende el debate minero. No se trata simplemente de extraer oro o de dejarlo bajo tierra, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos para nuestros territorios más frágiles y estratégicos. En tiempos de una nueva fiebre del oro, la verdadera riqueza de un país puede estar precisamente en la prudencia con que decide proteger su patrimonio natural.

Abrir un distrito minero completo mediante subastas internacionales puede parecer una solución rápida frente a la tentación del oro. Sin embargo, hacerlo sin una visión estratégica podría incluso situar a Costa Rica en tensiones geopolíticas innecesarias. 

La frontera norte no necesita una nueva fiebre del oro; necesita visión de largo plazo, restauración ambiental y oportunidades reales de desarrollo para sus comunidades.

Fuente de imagen 1: https://www.expedientepublico.org/empresas-chinas-podran-explotar-222-mil-hectareas-mineras-en-nicaragua/

Fuente de imagen 2: Astorga, A. (2019): Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativas de solución. Documento técnico. -www.allan-astorga.com, 40 p.

Fuente imagen 3: Astorga, A. (2023): Crucitas: actualización de situación y vías de solución. Referente a la eventual  explotación de oro. Documento divulgativo.

Referencias:

  • ASTORGA, A., FERNÁNDEZ, J.A., BARBOZA, G., CAMPOS, L., OBANDO, J., AGUILAR, A. & OBANDO, L.G., 1991: Cuencas sedimentarias de Costa Rica: Evolución geodinámica y potencial de hidrocarburos. Rev. Geol. América Central, 13: 25-59

  • OBANDO, J., 1995: Estudio geológico del Arco de Sarapiquí: Contribución a las nuevas exploraciones mineras de la región. - 74 págs. Placer Dome de Costa Rica [Informe interno].

  • GAZEL, E., ALVARADO, G., OBANDO, J. & ALFARO, A. (2005): Geología y evolución magmática del arco de Sarapiquí, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 32: 13 – 31 p.

  • ASTORGA, A., 1992: Descubrimiento de la corteza oceánica mesozoica en el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua. - Rev. Geol. América Central, 13: 25-59.

Crucitas y la nueva fiebre del oro: el riesgo de sacrificar el río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

1.    La geología del norte de Costa Rica y el verdadero significado de Crucitas

 

El debate sobre Crucitas y el distrito de Cutris ha regresado con fuerza al escenario político nacional.  Sin embargo, una parte importante de la discusión pública se está desarrollando sin comprender plenamente el contexto geológico del territorio. Y esa trama es fundamental para entender tanto el potencial económico de la zona como los riesgos que implican ciertas decisiones legislativas que hoy se discuten.

La región de Crucitas y Cutris no corresponde a un yacimiento aislado. Forma parte de un sistema geológico más amplio asociado al arco volcánico aurífero del norte de Costa Rica, descrito en estudios geológicos desde hace varias décadas como parte del denominado arco de Sarapiquí (1). Este sistema se originó en procesos hidrotermales vinculados al volcanismo antiguo que caracterizó la evolución geológica del norte del país y del sur de Nicaragua (2,3).

En este tipo de sistemas metalogénicos es común encontrar mineralizaciones auríferas asociadas a vetas hidrotermales, cuerpos mineralizados diseminados y zonas de alteración que pueden extenderse a lo largo de amplias áreas. Por esta razón, los depósitos de oro en este tipo de contextos raramente aparecen como puntos aislados; más bien forman parte de provincias auríferas regionales donde pueden existir múltiples
zonas mineralizadas.

El caso de Crucitas es un ejemplo de este tipo de sistemas. La mineralización aurífera principal se encuentra asociada a cuerpos de roca dura donde el oro aparece en forma diseminada y en menor proporción, en vetas. Pero estos sistemas también generan depósitos secundarios producto de la meteorización de la roca aurífera original. Con el paso del tiempo geológico, la descomposición de la roca genera suelos residuales ricos en minerales alterados conocidos como saprolitas, donde también puede encontrarse oro en concentraciones menores pero explotables mediante minería artesanal.

Esta distinción es importante porque permite comprender el origen del problema actual en Crucitas. La minería ilegal que ha proliferado en los últimos años no está explotando el yacimiento profundo de roca dura, sino principalmente estas mineralizaciones secundarias en saprolita, que se encuentran cerca de la superficie (hasta 10 o 15 metros de profundidad) y pueden ser extraídas mediante excavaciones relativamente poco profundas.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En muchos distritos auríferos tropicales del mundo, los depósitos secundarios generados por la meteorización de los sistemas hidrotermales han sido históricamente el punto de partida de la minería artesanal. El problema aparece cuando estas actividades se desarrollan sin control técnico ni ambiental, lo que ha ocurrido en Crucitas en los últimos años con el uso indiscriminado de mercurio y la expansión de excavaciones ilegales.

Pero comprender la geología del territorio también permite entender otra dimensión del debate: el potencial minero del distrito no se limita al sitio específico de Crucitas. El sistema geológico que contiene estas mineralizaciones se extiende hacia el norte y continúa dentro del territorio nicaragüense, donde en las últimas décadas se han desarrollado importantes distritos mineros auríferos.

En otras palabras, el oro de Crucitas forma parte de un cinturón aurífero regional que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Este hecho geológico tiene implicaciones económicas y geopolíticas que hoy resultan imposibles de ignorar, especialmente en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles históricamente altos.

Comprender esta realidad es esencial antes de tomar decisiones legislativas que podrían transformar profundamente el futuro del distrito de Cutris y de la frontera norte de Costa Rica.

2.    El nuevo contexto del oro: precio récord y geopolítica en Centroamérica

 

Si el debate sobre Crucitas se hubiera mantenido en el mismo contexto económico de hace quince años, probablemente hoy no estaríamos discutiendo nuevamente el futuro minero de la frontera norte de Costa Rica. Sin embargo, el mundo ha cambiado de forma significativa, y uno de los factores que más ha transformado este escenario es el precio internacional del oro.

En los últimos años el oro ha alcanzado niveles históricamente altos. En momentos recientes ha superado los 5.000 dólares por onza troy, impulsado por múltiples factores globales: incertidumbre económica internacional, tensiones geopolíticas, políticas monetarias expansivas y una creciente demanda del metal como reserva
estratégica por parte de bancos centrales y grandes inversionistas.

Este contexto cambia radicalmente la ecuación económica de cualquier yacimiento aurífero. Lo que hace una década podía considerarse marginal o discutible desde el punto de vista económico, hoy adquiere un valor mucho mayor. En términos simples, el potencial económico del oro contenido en sistemas como el de Crucitas puede ser hoy dos o incluso tres veces mayor que cuando el proyecto fue originalmente debatido en Costa Rica.

Esta nueva realidad económica ha reactivado lo que muchos analistas internacionales ya escriben como una nueva fiebre global del oro. En distintas regiones del mundo, gobiernos y empresas mineras han incrementado su interés por asegurar el acceso a reservas auríferas, no solo por su valor comercial inmediato, sino también por su importancia estratégica dentro del sistema financiero internacional.

Centroamérica no es ajena a esta dinámica. En particular, Nicaragua ha experimentado una expansión significativa de su actividad minera aurífera en los últimos años. Diversos distritos mineros en el norte y centro del país han sido objeto de nuevas concesiones y proyectos de explotación, muchos de ellos vinculados a capital extranjero.

Entre esos actores internacionales destaca la creciente participación de empresas vinculadas a capital chino en distintos proyectos mineros alrededor del mundo. China ha incrementado de manera sostenida su presencia en la minería global, especialmente en minerales estratégicos y metales preciosos, como parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar recursos naturales clave para su economía y su sistema
financiero.

En Nicaragua, algunas concesiones mineras otorgadas en los últimos años abarcan extensas áreas del territorio nacional, incluyendo zonas que forman parte de la continuidad geológica del mismo cinturón aurífero que se extiende hacia el norte de Costa Rica. Este hecho no implica necesariamente una relación directa con el debate legislativo costarricense, pero sí configura un contexto geopolítico regional que no puede ignorarse.

En otras palabras, el sistema aurífero que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se encuentra hoy dentro de una región donde el interés internacional por el oro está en aumento. Y es precisamente en ese contexto donde Costa Rica discute actualmente un proyecto legislativo que propone abrir todo el distrito de Cutris a minería metálica a cielo abierto mediante un sistema de concesiones adjudicadas por subasta (es decir, al mejor postor, aunque este sea China).

La combinación de estos factores —precio récord del oro, expansión minera regional y creciente interés internacional por los metales preciosos— explica por qué el debate sobre Cutris ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Lo que está en discusión no es solo un proyecto minero específico, sino el futuro de un territorio ubicado dentro de una provincia aurífera regional que hoy vuelve a despertar interés económico y estratégico a escala global.

3.    Cutris y el riesgo de abrir un distrito minero completo

 

En este contexto económico y geopolítico es donde debe analizarse con cuidado el proyecto sustitutivo (No. 24.717 de la Asamblea Legislativa) que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que propone autorizar la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris.

A primera vista, el planteamiento puede parecer una solución directa al problema de la minería ilegal que hoy afecta a la zona de Crucitas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la propuesta implica un cambio de escala mucho mayor que el que originalmente se debatió en el país.

El proyecto minero de Crucitas, discutido intensamente en Costa Rica hace más de una década, estaba asociado a un yacimiento específico localizado en los cerros Botija y Fortuna. La discusión nacional giraba en torno a si era conveniente o no permitir una mina industrial en ese punto concreto del territorio.

El proyecto sustitutivo que hoy se discute plantea algo distinto. En lugar de referirse únicamente a ese yacimiento específico, propone abrir la posibilidad de concesiones mineras en todo el distrito de Cutris (área: 874 Km2, es decir, donde podrían desarrollarse 87 concesiones mineras, tipo Crucitas, de 10 Km2 cada una).

Desde el punto de vista territorial, esto significa pasar de la discusión sobre una mina particular a la posibilidad de transformar una extensa área de la frontera norte en un distrito minero completo.

El mecanismo propuesto para adjudicar las concesiones sería mediante un sistema de subasta pública, en el cual los interesados competirían ofreciendo el mayor porcentaje de royalty para el Estado. Bajo este esquema, las concesiones podrían dividirse en bloques que serían adjudicados a quienes presenten las ofertas económicas más altas.

Este modelo es utilizado en diversos países para asignar derechos de explotación minera, pero su aplicación en un territorio con las características ambientales y geopolíticas de la frontera norte de Costa Rica merece una reflexión cuidadosa.

Si el distrito de Cutris se dividiera en concesiones mineras de tamaño estándar, el número potencial de proyectos podría multiplicarse rápidamente. En términos ilustrativos, diversos análisis han señalado que el territorio podría equivaler a decenas de áreas comparables al tamaño del proyecto Crucitas originalmente planteado.

Esto significa que la decisión que hoy se discute no se limita a autorizar o no una mina adicional. Implica la posibilidad de abrir un territorio completo a un modelo de explotación minera industrial a gran escala.

Una transformación de esta naturaleza tendría implicaciones profundas para el paisaje, los ecosistemas y la dinámica socioeconómica de la región. La minería metálica a cielo abierto es una actividad intensiva en movimiento de tierras, uso de agua, generación de residuos y construcción de infraestructura asociada.

En un territorio como la frontera norte de Costa Rica, caracterizado por una baja densidad poblacional, ecosistemas sensibles y sistemas hidrológicos complejos, una expansión minera de gran escala requeriría una capacidad institucional de supervisión ambiental y técnica particularmente robusta.

Sin embargo, la experiencia reciente del país demuestra que incluso el control de una sola operación minera industrial genera desafíos significativos para las instituciones responsables de la regulación ambiental y minera. No olvidamos el decreto de conveniencia nacional firmado por el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y el presidente Oscar Arias, donde se decía algo así como que “los expertos mineros de la empresa Infinito Gold iban a entrenar la gente de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas, a inspeccionarlos a ver si estaban cumpliendo con la normativa técnica y ambiental” (es decir: el zorro ensenando a las gallinas a protegerse del zorro…).

La pregunta que inevitablemente surge es si Costa Rica cuenta actualmente con la capacidad institucional necesaria para supervisar de manera efectiva múltiples operaciones mineras simultáneas en una región ambientalmente sensible.

Más aún, en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles excepcionalmente altos y donde el interés global por este metal continúa creciendo, abrir un distrito minero completo mediante subasta internacional introduce dinámicas económicas y geopolíticas que deben ser analizadas con extrema prudencia.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de un proyecto minero específico, sino el modelo de desarrollo que Costa Rica desea para su frontera norte en las próximas décadas.

4.    El sistema ecológico del río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

 

Existe, sin embargo, una dimensión adicional del debate sobre Crucitas que rara vez aparece en el centro de la discusión pública y que resulta fundamental para comprender la magnitud del problema: la dimensión ecológica del territorio.

La frontera norte de Costa Rica forma parte de uno de los sistemas hidrológicos y ecológicos más importantes de Centroamérica, articulado alrededor del río San Juan y de los extensos humedales del Caribe noreste de Costa Rica.

El río San Juan no es únicamente un límite político entre Costa Rica y Nicaragua. Es el eje de una compleja red de ríos, lagunas, planicies aluviales, bosques inundables y humedales que conforman uno de los mosaicos ecológicos más ricos de la región.

En el lado costarricense, este sistema incluye ecosistemas de enorme importancia ambiental, como los humedales asociados a las llanuras de San Carlos y Los Chiles, así como el refugio de vida silvestre Caño Negro, uno de los sitios Ramsar más importantes del país. Estos humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: regulan los flujos hidrológicos, almacenan sedimentos, sostienen una enorme biodiversidad y sirven como hábitat para numerosas especies de aves migratorias, peces, reptiles y mamíferos.

En el lado nicaragüense, el sistema se conecta con las planicies aluviales del bajo San Juan y con el propio lago de Nicaragua, formando un corredor ecológico transfronterizo cuya dinámica depende del equilibrio ambiental de toda la cuenca.

La relevancia de este sistema ecológico radica precisamente en su carácter integrado y compartido. Alteraciones significativas en cualquiera de sus componentes pueden generar efectos que se extienden a lo largo de toda la cuenca.

En este contexto, la expansión de actividades mineras que impliquen el uso de sustancias químicas altamente tóxicas —como el mercurio en la minería ilegal o el cianuro en la minería industrial— introduce riesgos ambientales que deben analizarse con extrema prudencia.

Cuando estos contaminantes ingresan a sistemas acuáticos, pueden permanecer durante décadas o incluso siglos en sedimentos, suelos y organismos vivos. En regiones tropicales con alta pluviosidad, como la frontera norte de Costa Rica, la dispersión de estos contaminantes a través de las cuencas hidrográficas puede amplificar significativamente sus impactos.

Por esta razón, el debate sobre Crucitas no puede limitarse únicamente a la discusión económica sobre el valor del oro.

También debe considerar el valor ecológico de un sistema natural cuya integridad resulta fundamental para Costa Rica y Nicaragua.

Las sociedades humanas pasan por este planeta durante unas pocas décadas. Los ecosistemas, en cambio, se forman a lo largo de siglos y milenios.

El oro puede agotarse en unas pocas décadas.

Pero la contaminación de un río y de sus humedales puede perdurar durante generaciones.



5.    El verdadero problema en Crucitas: la minería ilegal y cómo resolverla

 

Uno de los mayores riesgos del debate actual sobre Cutris es que se está mezclando el problema real que hoy existe en la zona con propuestas que no necesariamente lo resuelven. Para comprender esto con claridad es fundamental distinguir entre dos tipos distintos de mineralización aurífera presentes en Crucitas.

Por un lado, existe el yacimiento primario, asociado a la roca dura donde el oro se encuentra diseminado o en vetas hidrotermales. Este es el tipo de mineralización que dio origen al proyecto minero industrial originalmente planteado en los cerros Botija y Fortuna.

Por otro lado, existe una mineralización secundaria, formada a lo largo de miles de años por procesos de meteorización tropical. La descomposición química de la roca aurífera genera suelos residuales conocidos como saprolita, en los cuales el oro puede concentrarse en partículas finas distribuidas dentro del material alterado.

Esta saprolita aurífera se encuentra generalmente cerca de la superficie, en los primeros metros del suelo. En muchos casos, las excavaciones asociadas a este tipo de minería no superan profundidades aproximadas de diez metros.

Es precisamente este material superficial el que ha sido objeto de la minería artesanal ilegal que se ha desarrollado en Crucitas durante los últimos años. Miles de personas han ingresado a la zona para extraer oro de manera informal, utilizando técnicas rudimentarias y, en muchos casos, empleando mercurio para recuperar el metal.


El resultado ha sido un problema ambiental significativo: suelos contaminados, excavaciones desordenadas y afectación de ecosistemas locales. Sin embargo, es importante entender que esta actividad ilegal no corresponde a la explotación del yacimiento profundo de roca dura. Se trata de una minería superficial vinculada a depósitos secundarios.

Esta diferencia es clave porque implica que la solución al problema actual no necesariamente pasa por abrir el distrito completo a minería industrial.

La propuesta contenida en el proyecto de ley integral desarrollado para Crucitas (No. 25.426) plantea un enfoque distinto. En lugar de permitir una expansión minera a gran escala, propone ordenar temporalmente la explotación de la saprolita aurífera mediante un sistema regulado de concesiones de pequeña escala.

Estas concesiones estarían destinadas exclusivamente a microempresas o cooperativas costarricenses, con controles técnicos y ambientales estrictos y con la prohibición del uso de mercurio.

El objetivo de este esquema sería triple: sustituir la minería ilegal por una actividad formal y controlada; permitir el saneamiento ambiental progresivo de las áreas ya afectadas; y generar ingresos locales que contribuyan al desarrollo de la región.

En otras palabras, la propuesta busca resolver el problema real existente en Crucitas —la minería ilegal superficial— sin abrir la puerta a una expansión minera industrial de gran escala en todo el distrito de Cutris.

6.    Una alternativa de país: desarrollo territorial sostenible para la frontera norte

 

Si el debate sobre Crucitas y Cutris se limitara únicamente a decidir si se permite o no la explotación minera industrial, Costa Rica estaría enfrentando una falsa dicotomía. El verdadero desafío no es escoger entre minería o abandono del territorio. El verdadero desafío es definir qué modelo de desarrollo se quiere para la frontera norte del país en las próximas décadas.

La propuesta contenida en el proyecto de Ley para la Recuperación Ambiental, Restauración Territorial y Desarrollo Sostenible de Crucitas parte precisamente de esa pregunta fundamental. En lugar de plantear el oro como el eje del desarrollo regional, propone transformar el conflicto minero en una oportunidad para construir un modelo territorial diferente, basado en la restauración ambiental, el conocimiento científico y el desarrollo sostenible.

El primer componente de esta propuesta es el saneamiento ambiental de las áreas afectadas por la minería ilegal. Los estudios técnicos realizados en los últimos años indican que la actividad ilegal ha generado contaminación con mercurio y un volumen considerable de suelos alterados que requieren tratamiento especializado. Resolver este pasivo ambiental es una prioridad que no puede seguir posponiéndose.

Para enfrentar este desafío se propone la creación de un Programa Nacional de Saneamiento Ambiental de Crucitas, acompañado por un fondo financiero específico que permita ejecutar trabajos de restauración ecológica, encapsulamiento de suelos contaminados y monitoreo ambiental permanente. Este programa permitiría transformar una zona degradada por la minería ilegal en un territorio en recuperación.

El segundo componente del modelo es la puesta en valor del patrimonio geológico y natural de la región. Los cerros Botija y Fortuna, así como su entorno geológico, poseen características científicas que los convierten en un sitio de gran interés para la investigación geológica y ambiental. Por esta razón, la propuesta legislativa plantea la creación del Geositio Crucitas, un espacio destinado a la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo del geoturismo, aprovechando la riqueza geológica de la zona (4)

El geoturismo y el turismo científico representan oportunidades económicas compatibles con la conservación del territorio. Costa Rica ha demostrado durante décadas que la protección del patrimonio natural puede convertirse en una fuente importante de desarrollo económico cuando se gestiona de manera inteligente.

El tercer componente del modelo es el impulso de actividades productivas sostenibles para las comunidades de la región, incluyendo agricultura y ganadería regenerativas, encadenamientos productivos locales y fortalecimiento de la economía rural. En lugar de depender de una actividad extractiva de corta duración, el objetivo es crear una base económica diversificada y estable.

La propuesta también contempla el desarrollo de infraestructura estratégica que permita mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso a la zona para actividades turísticas, científicas y productivas. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un aeropuerto regional de alta capacidad para la recepción de turistas. En territorios de baja densidad poblacional como la frontera norte, la conectividad es un elemento clave para generar oportunidades económicas sostenibles.

Para financiar este conjunto de iniciativas se plantea un mecanismo innovador basado en la emisión de bonos verdes soberanos, instrumentos financieros que canalizan inversión internacional hacia proyectos de restauración ambiental y desarrollo sostenible. Bajo este modelo, el valor del territorio no se basa en la extracción del oro, sino en la preservación de su capital natural y en la credibilidad ambiental de Costa Rica.

Este enfoque permite transformar la narrativa histórica de Crucitas. En lugar de ser recordado como un conflicto minero sin solución, el territorio podría convertirse en un ejemplo de cómo un país decide proteger su patrimonio natural mientras genera oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

El debate sobre Cutris y Crucitas, por lo tanto, no es únicamente un debate minero. Es un debate sobre la visión de país que Costa Rica desea proyectar hacia el futuro.

Costa Rica se encuentra ante una decisión que trasciende el debate minero. No se trata simplemente de extraer oro o de dejarlo bajo tierra, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos para nuestros territorios más frágiles y estratégicos. En tiempos de una nueva fiebre del oro, la verdadera riqueza de un país puede estar precisamente en la prudencia con que decide proteger su patrimonio natural.

Abrir un distrito minero completo mediante subastas internacionales puede parecer una solución rápida frente a la tentación del oro. Sin embargo, hacerlo sin una visión estratégica podría incluso situar a Costa Rica en tensiones geopolíticas innecesarias.

La frontera norte no necesita una nueva fiebre del oro; necesita visión de largo plazo, restauración ambiental y oportunidades reales de desarrollo para sus comunidades.

 

 

Fuente de imagen 1: https://www.expedientepublico.org/empresas-chinas-podran-explotar-222-mil-hectareas-mineras-en-nicaragua/

Fuente de imagen 2: Astorga, A. (2019): Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativas de solución. Documento técnico. -www.allan-astorga.com, 40 p.

Fuente imagen 3: Astorga, A. (2023): Crucitas: actualización de situación y vías de solución. Referente a la eventual  explotación de oro. Documento divulgativo.

Referencias:

(1)  ASTORGA, A., FERNÁNDEZ, J.A., BARBOZA, G., CAMPOS, L., OBANDO, J., AGUILAR, A. & OBANDO, L.G., 1991: Cuencas sedimentarias de Costa Rica: Evolución geodinámica y potencial de hidrocarburos. Rev. Geol. América Central, 13: 25-59

(2)  OBANDO, J., 1995: Estudio geológico del Arco de Sarapiquí: Contribución a las nuevas exploraciones mineras de la región. - 74 págs. Placer Dome de Costa Rica [Informe interno].

(3)  GAZEL, E., ALVARADO, G., OBANDO, J. & ALFARO, A. (2005): Geología y evolución magmática del arco de Sarapiquí, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 32: 13 – 31 p.

(4)  ASTORGA, A., 1992: Descubrimiento de la corteza oceánica mesozoica en el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua. - Rev. Geol. América Central, 13: 25-59.

 

 

 

 

La evaluación de impacto ambiental y la SETENA no son lo mismo

ALGUNAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA MEJORA DE EFICIENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN COSTA RICA

Contexto y motivación del aporte


Recientemente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) realizó una consulta pública dirigida a consultores ambientales, desarrolladores y otros usuarios del sistema, con el propósito de conocer opiniones sobre su desempeño institucional y sobre el funcionamiento del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) en Costa Rica. Este ejercicio constituye una señal positiva de apertura y de disposición a la autocrítica institucional, especialmente en un contexto donde la gestión ambiental enfrenta desafíos
cada vez más complejos.

El presente artículo surge como una contribución técnica a esa reflexión colectiva. No pretende polemizar ni cuestionar personas o decisiones particulares, sino analizar, desde una perspectiva estructural y constructiva, algunos elementos del diseño y operación del sistema de evaluación de impacto ambiental en el país, con el objetivo de aportar insumos que permitan fortalecer su eficiencia y calidad.

El autor ha participado en distintos momentos y desde diversos roles en la evolución del proceso de evaluación de impacto ambiental en Costa Rica: como exsecretario general de SETENA, como consultor ambiental y usuario del sistema, como presidente de la Asociación de Consultores Ambientales, y como desarrollador de instrumentos técnicos que formaron parte de la normativa aplicada durante varios años. Esa experiencia acumulada no se invoca como argumento de autoridad, sino como base para ofrecer una
visión integral del funcionamiento histórico y actual del sistema.

Es importante señalar desde el inicio que la intención de este aporte no es descalificar avances logrados. La digitalización de procesos, la modernización normativa y la búsqueda de mayor eficiencia administrativa representan esfuerzos legítimos y necesarios en un Estado que debe adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas y sociales. Sin embargo, la modernización administrativa no puede disociarse del objetivo central que justifica la existencia del sistema: garantizar una evaluación de impacto ambiental rigurosa, proporcional y técnicamente sólida, conforme al mandato constitucional de tutela del derecho a un ambiente sano.

En ese sentido, este análisis parte de una premisa fundamental: una institución ambiental puede y debe ser eficiente, pero dicha eficiencia no puede lograrse a costa de debilitar la calidad sustantiva del proceso de evaluación de impacto ambiental. La eficiencia administrativa y la rigurosidad técnica no son objetivos contradictorios; por el contrario, deben concebirse como dimensiones complementarias de un mismo sistema.

El momento actual, marcado por la implementación de un nuevo reglamento, por la evolución de herramientas digitales y por el inicio de un nuevo ciclo político-administrativo, ofrece una oportunidad propicia para revisar críticamente el diseño institucional y fortalecer aquellos aspectos que requieran ajuste. Desde esa óptica, este artículo se presenta como un aporte técnico orientado a la mejora continua del proceso de evaluación de impacto ambiental en Costa Rica, con el convencimiento de que su fortalecimiento constituye una condición esencial para el desarrollo sustentable del país.

  • Evaluación de Impacto Ambiental y SETENA: una diferenciación necesaria


Uno de los aspectos más relevantes para comprender el debate actual es diferenciar con claridad entre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Aunque en la práctica cotidiana ambos conceptos suelen confundirse, desde el punto de vista jurídico y técnico no son equivalentes.

La Evaluación de Impacto Ambiental es un proceso técnico, científico, jurídico y administrativo mediante el cual se identifican, valoran y gestionan los efectos potenciales de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Su finalidad es demostrar, antes de la ejecución de un proyecto, que este cumple con el principio constitucional de tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, así como con la normativa ambiental vigente. La EIA no es un simple trámite; es un instrumento preventivo que busca evitar, mitigar o compensar impactos adversos, asegurando la sostenibilidad del desarrollo.

SETENA, por su parte, es el órgano administrativo encargado de tutelar, gestionar y resolver los procedimientos asociados a la EIA. Su función principal no es sustituir el análisis técnico, sino garantizar que el proceso se realice conforme a los estándares establecidos por la ley y los reglamentos aplicables. En este sentido, la institución actúa como autoridad verificadora y resolutiva dentro de un marco normativo que la precede y la condiciona.

La confusión entre ambos conceptos ha generado, históricamente, percepciones erróneas. Con frecuencia, las críticas dirigidas a la “lentitud de SETENA” o al “costo del trámite” terminan simplificando un proceso que, en realidad, implica la responsabilidad del desarrollador de demostrar técnicamente la viabilidad ambiental de su proyecto. La aprobación o no aprobación de un expediente no depende únicamente de la voluntad institucional, sino del cumplimiento sustantivo de los requisitos técnicos y legales por parte del proponente.

Entender esta diferenciación es fundamental para cualquier discusión sobre eficiencia,
modernización o reforma. Si el foco se coloca exclusivamente en reducir tiempos o disminuir la cantidad de expedientes que ingresan a la institución, se corre el riesgo de perder de vista el objetivo central del sistema: garantizar una evaluación de impacto ambiental rigurosa, proporcional y efectiva.

En consecuencia, cualquier propuesta de mejora institucional debe partir de esta premisa:
la eficiencia administrativa es deseable, pero no puede sustituir ni debilitar la calidad
sustantiva del proceso de evaluación de impacto ambiental
. La fortaleza del sistema no
radica únicamente en la rapidez con que se emiten resoluciones, sino en la solidez técnica
de los análisis que las sustentan.

  • Evolución normativa y reglamento 2023


La evolución del proceso de evaluación de impacto ambiental en Costa Rica no puede analizarse sin considerar su desarrollo normativo durante las últimas dos décadas. A partir de la consolidación de instrumentos técnicos entre los años 2004 y 2008, el país construyó una “caja de herramientas” que permitió estandarizar procedimientos, formularios y metodologías de valoración de impactos, con el objetivo de fortalecer la rigurosidad técnica del sistema.

Posteriormente, entre 2018 y 2019, se inició un proceso de modernización orientado a la digitalización de los trámites mediante una plataforma electrónica. Esta transformación representó un avance importante en términos de trazabilidad y ordenamiento administrativo, al permitir un mayor control formal de los expedientes y una gestión más estructurada de la información. La pandemia generó retrasos en su consolidación, pero el proceso culminó con la promulgación del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental en 2023, que derogó buena parte de la normativa
anterior y redefinió aspectos sustantivos del procedimiento.

El nuevo reglamento introdujo cambios relevantes en materia de umbrales, categorización de proyectos y criterios de ingreso al sistema. Asimismo, estableció como uno de sus objetivos la reducción de la carga administrativa institucional, buscando disminuir la cantidad de proyectos que debían tramitar viabilidad ambiental ante SETENA. Este enfoque responde a una preocupación histórica por la lentitud y complejidad de los procesos, y debe entenderse dentro del contexto de modernización del Estado.

Sin embargo, la revisión del diseño normativo plantea interrogantes legítimas sobre el equilibrio entre simplificación administrativa y calidad sustantiva de la evaluación. Si bien la eficiencia institucional es un objetivo válido, el centro del sistema no debe desplazarse desde la correcta evaluación de impacto ambiental hacia la mera reducción de expedientes ingresados. La finalidad última del proceso continúa siendo garantizar que las actividades, obras y proyectos cumplan con los estándares ambientales y constitucionales aplicables.

Cabe señalar que el reglamento de 2023 fue impugnado ante la Sala Constitucional, encontrándose a la espera de resolución. Mientras tanto, la normativa se encuentra vigente y en aplicación. Este contexto refuerza la importancia de analizar técnicamente sus alcances y efectos, no con ánimo de confrontación, sino como parte de un ejercicio necesario de revisión institucional y mejora continua.

La evolución normativa, por tanto, no debe interpretarse únicamente como una sustitución de instrumentos anteriores, sino como una etapa dentro de un proceso más amplio de ajuste del sistema de evaluación ambiental. El desafío consiste en asegurar que la modernización administrativa se traduzca también en fortalecimiento de la calidad técnica y en mayor coherencia entre el diseño normativo y los principios que sustentan la evaluación de impacto ambiental.

  • Simplificación, umbrales y principio de proporcionalidad


Uno de los cambios más significativos introducidos por el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de 2023 fue la modificación de los umbrales de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y la ampliación de la lista de actividades excluidas del trámite de viabilidad ambiental. Estos ajustes respondieron a la intención de simplificar procedimientos y reducir la carga administrativa institucional.

Entre los cambios más notorios se encuentra la elevación de ciertos umbrales de área o magnitud a partir de los cuales un proyecto debe tramitar evaluación de impacto ambiental. Este tipo de criterio cuantitativo parte de la premisa de que el tamaño del proyecto constituye un indicador suficiente de su potencial impacto. Sin embargo,
desde una perspectiva técnica, el impacto ambiental no depende únicamente de la dimensión física de la obra, sino de su localización, del contexto territorial y de la fragilidad del entorno donde se desarrolla.

No es equivalente un proyecto de pequeña escala ubicado en un terreno plano, con infraestructura sanitaria adecuada, sin amenazas naturales relevantes y sin afectación de ecosistemas sensibles, que un proyecto de dimensión similar situado en una zona de alta pendiente, cercana a cauces de agua, con cobertura boscosa o dentro de áreas de fragilidad ambiental significativa. En este sentido, el tamaño por sí solo no constituye
un criterio suficiente para determinar la necesidad o no de evaluación ambiental.

Asimismo, la revisión de la lista taxativa de actividades excluidas evidencia que el nuevo reglamento adopta un enfoque predominantemente excluyente, en el cual un número considerable de proyectos queda fuera del proceso formal de evaluación. Si bien la exclusión de actividades de muy bajo impacto puede ser razonable, la definición de tales categorías requiere un análisis técnico riguroso que incorpore variables territoriales
y no únicamente parámetros dimensionales.

La aplicación generalizada de umbrales elevados puede tener como consecuencia que una proporción significativa de proyectos no sea sometida a evaluación de impacto ambiental, lo cual plantea interrogantes sobre la cobertura real del sistema. Este aspecto debe analizarse con prudencia y objetividad, considerando que la eficiencia administrativa no puede comprometer el principio de prevención que fundamenta la evaluación ambiental.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, la intensidad del análisis ambiental debería guardar relación con la magnitud del impacto potencial, evaluado en función del contexto territorial específico. Ello implica reconocer que la variable “ubicación” puede ser tan o más determinante que la variable “tamaño”. En consecuencia, la revisión de umbrales y criterios de exclusión constituye un elemento central para fortalecer la coherencia técnica del sistema y asegurar que la simplificación normativa no derive en
un debilitamiento sustantivo de la evaluación de impacto ambiental.

  • Control y seguimiento: independencia y calidad del responsable ambiental


Un componente esencial del sistema de evaluación de impacto ambiental no es únicamente la fase previa de análisis y otorgamiento de viabilidad, sino el control y seguimiento durante la ejecución y operación de los proyectos. La efectividad del sistema depende en gran medida de que las medidas ambientales comprometidas se implementen de manera real, verificable y oportuna.

En este contexto, la figura del responsable ambiental —conocido tradicionalmente como regente ambiental— fue concebida como un mecanismo técnico de verificación independiente. Su función no debería limitarse a la elaboración formal de informes periódicos, sino a actuar como un supervisor especializado que constate el cumplimiento de las medidas ambientales aprobadas y comunique de manera objetiva sus hallazgos a la autoridad competente.

Desde una perspectiva de buena gobernanza, el responsable ambiental debe contar con independencia técnica suficiente para desempeñar su labor sin presiones indebidas. Cuando el diseño normativo establece mecanismos que condicionan la entrega de informes a la aprobación o firma del desarrollador del proyecto, pueden generarse incentivos que afecten la objetividad del proceso. En tales circunstancias, el riesgo no radica necesariamente en conductas individuales, sino en la configuración institucional que podría propiciar conflictos de interés.

El control ambiental efectivo se asemeja más a un modelo de auditoría técnica que a una relación contractual subordinada. El responsable ambiental inspecciona, verifica y reporta; la autoridad evalúa y, en caso necesario, actúa. Este esquema exige claridad en los canales de comunicación y garantías de autonomía profesional.

Situaciones similares pueden presentarse cuando el responsable ambiental forma parte de la estructura laboral del propio desarrollador o de la institución ejecutora del proyecto. Aunque la especialización interna puede aportar conocimiento operativo, la independencia técnica resulta fundamental para preservar la credibilidad del sistema y asegurar que los informes reflejen con fidelidad la realidad del cumplimiento ambiental.

Fortalecer el componente de control y seguimiento no implica complejizar innecesariamente el proceso, sino asegurar que la evaluación de impacto ambiental no se reduzca a una etapa previa de autorización formal. La eficacia del sistema depende de la coherencia entre la fase de análisis ex ante y la verificación ex post. En consecuencia, revisar los mecanismos de independencia y responsabilidad del responsable ambiental constituye un paso relevante para mejorar la calidad sustantiva del proceso y consolidar la confianza pública en la institucionalidad ambiental.

  • Credibilidad institucional y necesidad de fortalecimiento


La fortaleza de un sistema de evaluación de impacto ambiental no depende únicamente de su diseño normativo o de la eficiencia administrativa de la entidad que lo gestiona. También descansa en un elemento intangible pero determinante: la credibilidad institucional. Cuando la ciudadanía, los desarrolladores, los consultores y las comunidades perciben que el sistema funciona con rigor técnico, transparencia y coherencia, se consolida la legitimidad social del proceso.

A lo largo de su historia, la institucionalidad ambiental costarricense ha enfrentado episodios que han generado cuestionamientos públicos y han afectado su reputación. Sin entrar en casos específicos ni en valoraciones individuales —que corresponden a los órganos competentes— es innegable que tales situaciones subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno, transparencia y rendición de cuentas.

La credibilidad no se construye únicamente mediante declaraciones normativas, sino a través de la calidad técnica de las decisiones, la proporcionalidad de los instrumentos aplicados y la coherencia entre los principios ambientales y la práctica institucional. Cuando se aprueban proyectos con instrumentos de evaluación insuficientes o desproporcionados respecto a su magnitud o ubicación, se debilita la percepción pública sobre la efectividad del sistema, aun cuando tales decisiones puedan estar formalmente ajustadas al procedimiento.

Por ello, el fortalecimiento de la evaluación de impacto ambiental requiere un enfoque integral que combine eficiencia administrativa, independencia técnica, transparencia en la información y mecanismos claros de seguimiento. La modernización institucional debe orientarse no solo a agilizar trámites, sino a elevar la calidad del análisis y la confianza en los resultados.

En este sentido, la revisión crítica del sistema no debe interpretarse como una descalificación de la institución, sino como una oportunidad para consolidar su legitimidad. Un proceso robusto, técnicamente fundamentado y socialmente confiable constituye la mejor garantía para proteger el ambiente y al mismo tiempo ofrecer seguridad jurídica a los proyectos de inversión.

La credibilidad institucional es, en última instancia, un activo estratégico del país. Preservarla y fortalecerla exige reconocer avances, identificar debilidades y adoptar reformas orientadas a mejorar la coherencia entre el mandato constitucional, la normativa vigente y la práctica operativa cotidiana.

  • Propuesta de evolución y fortalecimiento del sistema


El análisis precedente no tendría sentido si no se orientara hacia propuestas concretas de mejora. La evaluación de impacto ambiental en Costa Rica no requiere una ruptura con su fundamento jurídico ni con su tradición técnica; requiere una evolución estructural que permita integrar eficiencia, calidad sustantiva y coherencia territorial.

Una primera línea de fortalecimiento consiste en revisar los criterios de ingreso y exclusión al sistema, incorporando de manera más explícita la variable territorial. La magnitud de un proyecto no puede ser el único parámetro determinante. La fragilidad ambiental, la presencia de amenazas naturales, la cercanía a ecosistemas sensibles y el contexto urbano o rural deben formar parte de un modelo más integral de decisión. En este punto, la aplicación de herramientas de análisis geoespacial e inteligencia artificial puede contribuir a evaluar automáticamente variables de localización y riesgo, reduciendo discrecionalidades y mejorando la consistencia técnica.

En segundo lugar, resulta pertinente explorar esquemas de descentralización parcial del sistema. Los proyectos de bajo y moderado impacto podrían ser tramitados a nivel municipal, ya sea por municipalidades individuales con capacidad técnica suficiente o mediante esquemas asociativos entre varios gobiernos locales. Este modelo permitiría una mayor cercanía territorial, facilitaría la inspección y el seguimiento, y contribuiría a fortalecer las capacidades técnicas locales. Al trasladarse los costos de revisión al usuario, es posible asegurar la sostenibilidad financiera del sistema sin comprometer la independencia técnica.

Paralelamente, la entidad nacional encargada de la evaluación ambiental debería concentrarse en proyectos de mayor escala o complejidad, así como en la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas. Este componente, requiere ser incorporado en el marco jurídico, dado que constituye un elemento clave para anticipar impactos acumulativos y orientar decisiones de planificación a mediano y largo plazo.

La modernización tecnológica del sistema también debe ir más allá de la digitalización de formularios. La incorporación de algoritmos de verificación, análisis cruzado de información y sistemas de alerta basados en inteligencia artificial puede fortalecer la revisión técnica, detectar inconsistencias y mejorar la trazabilidad del proceso. La tecnología debe convertirse en un instrumento para elevar la calidad sustantiva de la evaluación, no únicamente para agilizar su tramitación formal.

Finalmente, cualquier reforma debe preservar un principio fundamental: la evaluación de impacto ambiental es un instrumento preventivo al servicio del interés público. Su objetivo no es obstaculizar la inversión, sino asegurar que el desarrollo se realice dentro de los límites ambientales y constitucionales establecidos. Una SETENA eficiente y moderna es plenamente compatible con una evaluación rigurosa, proporcional y técnicamente sólida. La clave está en rediseñar los incentivos y las herramientas para que ambos objetivos se refuercen mutuamente.

  • Cierre y reflexión final


El momento actual representa una oportunidad singular para revisar, fortalecer y modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Costa Rica. La combinación de una nueva etapa de gestión gubernamental, la implementación de herramientas digitales y el debate público generado en torno al desempeño institucional permite abrir un espacio de reflexión técnica que trascienda posiciones coyunturales.

La evaluación de impacto ambiental no debe concebirse como un obstáculo burocrático ni como un trámite meramente formal. Es un instrumento preventivo que traduce el mandato constitucional de protección ambiental en decisiones concretas sobre el territorio. Su eficacia depende de la calidad del análisis, de la proporcionalidad de los instrumentos aplicados y de la coherencia entre el diseño normativo y su ejecución práctica.

El desafío no consiste en elegir entre eficiencia y rigurosidad, sino en integrarlas. Un sistema ágil puede y debe ser técnicamente sólido; una institución moderna puede y debe ser exigente en la verificación del cumplimiento ambiental. La clave está en revisar los incentivos, fortalecer la independencia técnica, incorporar herramientas tecnológicas avanzadas y reconocer que la dimensión territorial es determinante en la evaluación de impactos.

Este aporte no pretende clausurar el debate, sino contribuir a él desde una perspectiva técnica y constructiva. La mejora continua de la evaluación de impacto ambiental es una responsabilidad compartida entre el Estado, los desarrolladores, los consultores y las comunidades. En ese esfuerzo, la evolución institucional no es una señal de debilidad, sino de madurez.

Fortalecer la calidad del proceso, recuperar y consolidar la credibilidad institucional y adaptar el sistema a los retos contemporáneos son pasos necesarios para garantizar que el desarrollo económico y social del país se mantenga dentro de los límites ambientales que aseguran su sostenibilidad a largo plazo.

Raúl Mora Amador: cuando el talento queda solo

Allan Astorga G. & Gino González I.

La muerte de Raúl Mora Amador no es solo una pérdida humana profundamente dolorosa. Es también un hecho que obliga a una reflexión incómoda dentro del ámbito científico y académico costarricense. No basta con las condolencias públicas ni con los reconocimientos póstumos. Si realmente queremos honrar su memoria, debemos tener la valentía de preguntarnos qué falló.

Raúl fue un vulcanólogo excepcional. Investigador incansable, hombre de campo, docente comprometido, divulgador claro y responsable. Tenía una energía poco común y una convicción profunda por servir al país. Quienes trabajamos cerca de él sabemos que su vocación no era superficial: era una entrega genuina a la ciencia y a Costa Rica.

Sin embargo, también sabemos que su trayectoria profesional atravesó momentos de fuerte desgaste institucional. En distintos periodos, un grupo de jóvenes científicos con enorme potencial —del cual Raúl formaba parte activa— pudo haberse consolidado como una nueva etapa de liderazgo en la vulcanología nacional. Ese impulso se fue debilitando en medio de dinámicas internas que, vistas en retrospectiva, evidencian que el talento no siempre encuentra respaldo proporcional dentro de las estructuras académicas.

No se trata de señalar nombres ni de simplificar procesos complejos. Las universidades son espacios con múltiples intereses, tensiones y equilibrios delicados. Pero sí corresponde afirmar que cuando un investigador comprometido pierde proyectos, pierde espacio académico, pierde respaldo institucional y queda progresivamente aislado, el impacto humano puede ser devastador.

A mi juicio personal, expresado con responsabilidad y respeto, el deterioro profesional y emocional que Raúl experimentó no puede entenderse desligado de ese contexto institucional. Cuando el sistema no logra contener los conflictos, mediar adecuadamente las diferencias y proteger a sus científicos más valiosos, la omisión también tiene consecuencias.

La ciencia no es una estructura abstracta: es una comunidad de personas. Y cuando predominan la indiferencia, los celos profesionales, las rivalidades internas o la falta de acompañamiento efectivo, el sistema se vuelve frío. A veces peligrosamente frío. Un sistema que no cuida a su gente termina perdiendo a su gente.

Raúl no perdió solo un espacio laboral. Perdió proyectos, perdió estabilidad, perdió entorno profesional. Y cuando la estructura que debería sostener a un investigador se debilita, también se debilita la persona. No afirmo que exista una causa única ni simplista. Pero sí sostengo que el abandono institucional —sea por acción o por omisión— forma parte de la historia que debemos atrevernos a revisar.

Hoy muchos expresan tristeza. Y es genuina. Pero la tristeza no basta si no se acompaña de autocrítica. ¿Qué mecanismos reales existen para proteger el talento científico cuando surgen conflictos internos? ¿Qué protocolos hay para evitar que un investigador quede aislado profesionalmente? ¿Quién asume la responsabilidad de intervenir cuando el desgaste humano se vuelve evidente?

Este artículo no es una acusación personal. Es una interpelación al sistema. Porque cuando un científico brillante termina solo, debilitado y sin el respaldo que merecía, la institución también debe mirarse al espejo.

La pérdida de Raúl representa también la pérdida de un impulso generacional en la vulcanología costarricense. Un grupo con enorme capacidad se fragmentó. Un potencial que pudo fortalecer al país se diluyó. Eso no es una interpretación emocional; es una realidad profesional que muchos conocen y pocos se atreven a decir.

Si su muerte nos deja una lección, es esta: las instituciones deben ser más humanas, más valientes y más maduras. No podemos permitir que el talento se desgaste en conflictos internos ni que el silencio institucional sustituya el acompañamiento.

Raúl amó la vulcanología y amó a Costa Rica. Honrarlo implica algo más que homenajes. Implica revisar cómo funcionamos como comunidad científica y asegurarnos de que nunca más el sistema deje solo a uno de los suyos.

 

Raúl no fue vencido por la falta de talento, sino por la fragilidad de un sistema que aún debe aprender a cuidar a los suyos.

 

Alan Astorga

Geólogo