El Estado que creció, pero no mejoró: lecciones desde la evaluación ambiental en Costa Rica

Introducción: cuanto más estructura no significa mejores resultados

La evaluación de impacto ambiental en Costa Rica nació bajo una lógica técnica relativamente simple, funcional y altamente enfocada en el análisis sustantivo de los proyectos. Durante los primeros años de funcionamiento del sistema, antes y después de la creación formal de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, la evaluación ambiental era realizada por un pequeño grupo interdisciplinario de profesionales provenientes de distintas instituciones del Estado.

Tuve la oportunidad de participar directamente en ese proceso desde 1993, inicialmente como evaluador ambiental en la Comisión de Impacto Ambiental y posteriormente como Secretario General de SETENA durante los últimos años de la década de 1990. En aquella etapa, el sistema operaba con aproximadamente una docena de profesionales y tramitaba más de mil expedientes anuales, incluyendo proyectos hidroeléctricos, urbanísticos, mineros y de inversión estratégica nacional.

La evaluación ambiental de entonces tenía limitaciones administrativas y tecnológicas propias de la época, pero poseía una característica fundamental: estaba centrada en el criterio técnico sustantivo. Las inspecciones de campo eran frecuentes, el análisis territorial tenía un peso importante y las discusiones se enfocaban en comprender los impactos reales de los proyectos sobre el ambiente.

Treinta años después, el panorama institucional es completamente distinto.

La SETENA ha evolucionado hacia una estructura mucho más grande, compleja y burocrática. Actualmente cuenta con 16 unidades administrativas, plataformas digitales, procesos secuenciales y una planilla estimada alrededor de 73 funcionarios. Sin embargo, surge una pregunta inevitable:

¿Ha mejorado realmente la calidad, la eficiencia y la rigurosidad de la evaluación ambiental en la misma proporción en que ha crecido la estructura institucional?

La experiencia acumulada durante décadas de ejercicio profesional, revisión de expedientes y participación en procesos técnicos y legales permite concluir que la respuesta no es necesariamente afirmativa. Por el contrario, existen señales claras de pérdida de eficiencia, debilitamiento del análisis sustantivo y creciente desconexión entre el procedimiento administrativo y la realidad territorial de los proyectos evaluados.

El problema no radica en la existencia de la evaluación ambiental. Por el contrario, la evaluación de impacto ambiental sigue siendo uno de los instrumentos más importantes para garantizar el desarrollo sostenible, prevenir daños ambientales y reducir conflictos territoriales. El problema radica en que, con el paso del tiempo, la evaluación ambiental comenzó a confundirse con la propia estructura burocrática encargada de administrarla.

En otras palabras, la evaluación ambiental dejó de verse como un instrumento estratégico de protección ambiental y empezó a verse como un trámite.

1. El crecimiento institucional sin mejora proporcional

La evolución de la SETENA constituye uno de los ejemplos más claros del crecimiento institucional experimentado por el Estado costarricense desde la década de 1990. Mientras que el sistema original funcionaba con cerca de 12 profesionales, y una secretaria, actualmente la institución posee una estructura compuesta por numerosos departamentos técnicos, administrativos, jurídicos y tecnológicos.

Esto representa un crecimiento superior al 550% en términos de personal institucional.

Sin embargo, este incremento no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la eficiencia operativa ni en la calidad sustantiva del proceso de evaluación ambiental.

Por el contrario, diversos indicadores sugieren una situación paradójica:

– La cantidad efectiva de expedientes evaluados no ha aumentado proporcionalmente.

– Algunos instrumentos estratégicos tardan años en resolverse.

– En términos netos, para el usuario es mayor.

– Las inspecciones de campo son menos frecuentes.

– El análisis territorial directo ha sido sustituido parcialmente por revisión documental y procesos digitales secuenciales.

– La complejidad administrativa aumentó considerablemente.

La digitalización del sistema ciertamente introdujo herramientas útiles. Sin embargo, también produjo un fenómeno poco discutido: la burocracia digital.

Actualmente, muchos expedientes avanzan únicamente cuando se cumplen secuencialmente múltiples etapas formales dentro de plataformas electrónicas. Aunque los plazos internos de revisión puedan reducirse administrativamente, el tiempo real del proceso aumenta debido a reingresos, correcciones, validaciones parciales y bloqueos secuenciales.

Esto genera una diferencia crítica entre el tiempo institucional y el tiempo real del usuario.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el análisis territorial se basa excesivamente en plataformas geoespaciales generales. Herramientas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) constituyen instrumentos valiosos de referencia regional y nacional; sin embargo, poseen limitaciones importantes de escala, actualización y precisión territorial.

Muchas capas geoespaciales disponibles no fueron diseñadas para sustituir estudios ambientales detallados a escala local. En consecuencia, existe el riesgo de que la evaluación ambiental termine realizándose desde escritorio, utilizando información regional general para tomar decisiones sobre territorios cuya complejidad ambiental requiere análisis mucho más detallados.

El ambiente no se protege únicamente mediante plataformas digitales. El ambiente se protege comprendiendo el territorio.

1. Cómo se debilitó la evaluación ambiental sustantiva

Uno de los cambios más importantes ocurridos en las últimas décadas ha sido el desplazamiento progresivo del análisis sustantivo por una lógica predominantemente procedimental.

En el modelo original, el objetivo principal era comprender integralmente los impactos ambientales de los proyectos y tomar decisiones técnicamente fundamentadas. Actualmente, en numerosos casos, el proceso parece concentrarse más en la administración de requisitos digitales, formularios y validaciones secuenciales.

La diferencia puede parecer sutil, pero es profundamente relevante.

Una evaluación ambiental rigurosa requiere interpretar el territorio, analizar interacciones complejas, verificar condiciones reales de campo y comprender dinámicas hidrogeológicas, geotécnicas, ecológicas y sociales, así como de condición de amenaza a georriesgos y efectos de cambio climático, y en general, a su fragilidad ambiental. Ese tipo de análisis no puede reducirse únicamente al cumplimiento administrativo de requisitos documentales.

Sin embargo, la práctica actual muestra varios síntomas preocupantes:

– Incremento de solicitudes reiterativas de información en Evaluación Ambiental Estratégica.

– Reingresos múltiples sin cambios sustantivos relevantes.

– Predominio de validaciones de forma.

– Menor peso relativo de la inspección de campo incluyendo la Auditoría y Seguimiento Ambiental.

– Fragmentación del análisis técnico.

– Debilitamiento del enfoque integral territorial.

Esta situación ha generado una distorsión importante:

Un sistema lento y burocrático no necesariamente garantiza una mejor protección ambiental.

De hecho, algunos procesos estratégicos asociados con planes reguladores, zonificación ambiental y evaluación ambiental estratégica han llegado a extenderse durante varios años, mientras que ciertos proyectos específicos de alto impacto han sido aprobados en tiempos extremadamente cortos.

Esto evidencia una falta de correlación consistente entre el nivel de impacto ambiental y el rigor efectivo del análisis técnico.

El problema no es únicamente la lentitud. El problema es que el sistema se ha vuelto simultáneamente más complejo y menos sustantivo.

La consecuencia más delicada de este fenómeno es conceptual: la evaluación ambiental comenzó a perder su carácter estratégico.

En lugar de funcionar como un mecanismo integral de prevención, planificación y protección ambiental, el sistema empezó progresivamente a operar bajo una lógica de gestión administrativa de expedientes.

Esto representa una devaluación silenciosa de la evaluación de impacto ambiental.

1. SETENA como síntoma del crecimiento del Estado costarricense

La evolución de la SETENA no puede analizarse aisladamente. En realidad, constituye un reflejo de un fenómeno más amplio ocurrido en Costa Rica durante las últimas décadas: la expansión sostenida de estructuras institucionales, órganos técnicos, unidades administrativas y sistemas regulatorios.

Diversas administraciones y análisis nacionales han señalado que desde los años noventa el Estado costarricense experimentó una proliferación significativa de entidades, direcciones, órganos desconcentrados y estructuras operativas.

Muchas de estas instituciones surgieron respondiendo a necesidades legítimas. Sin embargo, el crecimiento institucional no siempre estuvo acompañado de un rediseño estructural orientado a la eficiencia, simplificación y adaptación tecnológica.

El resultado ha sido, en numerosos casos, un Estado más complejo, más fragmentado y más costoso de sostener.

SETENA representa un ejemplo particularmente visible porque su evolución es fácilmente cuantificable:

– más departamentos;

– más personal;

– más plataformas;

– más procedimientos;

– más complejidad administrativa.

Pero ello no necesariamente se tradujo en mejores resultados ambientales.

El problema no consiste en tener Estado.

El problema consiste en desarrollar estructuras cada vez más grandes que consumen más recursos sin generar proporcionalmente mejores resultados.

Este debate es especialmente importante porque el financiamiento de estructuras institucionales crecientes implica un costo significativo para el país. Y cuando los resultados no mejoran en la misma proporción, inevitablemente surge una pregunta incómoda:

¿Está el Estado generando suficiente valor técnico y operativo en relación con los recursos que consume?

En el caso ambiental, esta pregunta resulta todavía más delicada porque la pérdida de eficiencia no solamente afecta la competitividad o la gestión administrativa. También puede traducirse en menor capacidad real de protección ambiental.

1. Inteligencia artificial y la oportunidad histórica de reconstruir la evaluación ambiental

El sistema actual de evaluación ambiental fue concebido bajo las limitaciones tecnológicas de finales del siglo XX. En ese contexto, la existencia de estructuras institucionales grandes, filtros secuenciales y procesos administrativos complejos tenía cierta lógica operativa.

Hoy el contexto tecnológico es radicalmente distinto.

El desarrollo de inteligencia artificial, sistemas geoespaciales avanzados, análisis automatizado de datos y plataformas de trazabilidad permite replantear completamente la forma en que se desarrolla la evaluación ambiental.

Actualmente es posible:

– integrar múltiples capas ambientales en tiempo real;

– detectar inconsistencias técnicas automáticamente;

– validar coordenadas y restricciones territoriales;

– identificar incompatibilidades ambientales;

– automatizar procesos de revisión preliminar;

– generar alertas ambientales;

– mejorar la trazabilidad de expedientes;

– fortalecer la transparencia pública.

La inteligencia artificial no reemplaza el criterio técnico. Lo potencia.

Permite reducir cargas burocráticas, eliminar tareas repetitivas y concentrar el trabajo profesional en aquello que realmente importa: la interpretación territorial, el análisis sustantivo y la toma de decisiones ambientales.

Precisamente por ello, en Costa Rica ya existen propuestas orientadas a modernizar estructuralmente el sistema.

Entre ellas, se ha planteado la creación de un modelo descentralizado donde una entidad técnica central pequeña, altamente especializada y apoyada por inteligencia artificial se concentre en:

– evaluación ambiental estratégica;

– proyectos de alto impacto;

– definición metodológica;

– supervisión del sistema nacional.

Paralelamente, los proyectos de menor y mediana escala podrían ser evaluados a nivel regional o municipal bajo esquemas estandarizados, trazables y técnicamente supervisados.

Este tipo de transformación permitiría:

– reducir burocracia;

– disminuir tiempos reales;

– fortalecer el análisis territorial;

– mejorar transparencia;

– aumentar capacidad de fiscalización;

– reducir costos operativos;

– y recuperar el carácter estratégico de la evaluación ambiental.

Además, actualmente también se trabaja en propuestas orientadas a homogenizar, estandarizar y simplificar la normativa ambiental costarricense, con el objetivo de reducir contradicciones, duplicidades y fragmentación regulatoria.

La inteligencia artificial funciona mejor cuando opera sobre marcos normativos estructurados, coherentes y técnicamente normalizados.

Por ello, la modernización tecnológica y la modernización normativa deben avanzar juntas.

1. Conclusión: proteger mejor el ambiente requiere modernizar el sistema

Costa Rica enfrenta hoy una oportunidad histórica.

La discusión ya no debe centrarse únicamente en si el Estado debe crecer o reducirse. La verdadera discusión consiste en cómo construir instituciones más inteligentes, más eficientes y más útiles para proteger el ambiente y facilitar un desarrollo territorial responsable.

La experiencia acumulada durante las últimas décadas demuestra que más burocracia no necesariamente significa más protección ambiental.

También demuestra que digitalizar procedimientos sin rediseñar estructuralmente el sistema puede terminar produciendo simplemente una burocracia digitalizada.

La evaluación ambiental no debería ser un proceso centrado exclusivamente en administrar requisitos. Debe volver a convertirse en un instrumento estratégico de planificación, prevención y protección ambiental.

Eso implica recuperar el análisis territorial sustantivo, fortalecer la inspección técnica, simplificar estructuras innecesarias, modernizar la normativa y aprovechar inteligentemente las capacidades tecnológicas disponibles.

La inteligencia artificial, la automatización supervisada y los sistemas modernos de información permiten construir un modelo mucho más eficiente que el actual, con estructuras más pequeñas, más técnicas y más transparentes.

El objetivo no es debilitar la protección ambiental.

El objetivo es exactamente el contrario: Construir un sistema que proteja mejor el ambiente utilizando de forma más eficiente los recursos del Estado.

Costa Rica no necesita más burocracia ambiental.

Necesita una mejor protección ambiental.

¿Cuánto cuesta realmente la educación de un estudiante universitario en Costa Rica?

Una reflexión técnica sobre costos, estructura y oportunidades para ampliar el impacto de la educación superior pública sin debilitarla
Allan Astorga Gättgens (Ex Catedrático UCR, abril 2026)

1. Una pregunta incómoda, pero necesaria

En Costa Rica, pocas instituciones despiertan tanto respeto y valoración social como la Universidad de Costa Rica y, en general, el sistema de universidades públicas. Durante décadas, estas han sido pilares fundamentales en la formación profesional, la movilidad social, la generación de conocimiento y el desarrollo nacional. Cuestionarlas, por tanto, no es un ejercicio sencillo ni cómodo. Sin embargo, en el contexto actual del país, resulta no solo válido, sino necesario.

En los últimos años, en medio de las discusiones sobre el financiamiento de la educación superior pública —particularmente alrededor del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)— ha emergido una cifra que merece atención: el costo aproximado anual por estudiante en universidades públicas como la Universidad de Costa Rica podría situarse en el orden de los ₡9 millones por año bajo estimaciones generales. Esta cifra, si bien debe interpretarse con cautela, plantea una interrogante legítima: ¿estamos utilizando de la manera más eficiente posible los recursos destinados a la educación superior? 

Aporto esta reflexión desde mi experiencia como ex catedrático de la Universidad de Costa Rica, donde laboré durante 29 años en jornada de medio tiempo, impartiendo dos cursos por semestre.

Es fundamental aclarar desde el inicio que este tipo de estimaciones no representan el costo directo de la docencia. El presupuesto universitario incluye múltiples funciones esenciales: investigación científica, acción social, becas, infraestructura, regionalización, servicios estudiantiles y administración institucional. Por tanto, cualquier análisis serio debe reconocer esta complejidad y evitar simplificaciones que conduzcan a conclusiones erróneas.

No obstante, incluso considerando esa complejidad, el dato sigue siendo relevante. Más aún cuando se contextualiza en un país con limitaciones fiscales estructurales, donde cada colón invertido compite con necesidades urgentes en salud, seguridad, infraestructura y educación básica. En ese escenario, la pregunta no es si la educación superior pública es importante —eso es incuestionable— sino si el modelo actual está optimizado para maximizar su impacto social.

Este planteamiento no busca deslegitimar ni debilitar a las universidades públicas. Por el contrario, parte del reconocimiento de su enorme valor estratégico para el país. Precisamente por eso, resulta imprescindible abrir un espacio de reflexión honesta, técnica y constructiva sobre su funcionamiento, sus costos y sus posibilidades de evolución.

En última instancia, el verdadero desafío no es reducir la inversión en educación superior, sino asegurar que esta inversión genere el mayor beneficio posible para la sociedad costarricense. Esto implica, inevitablemente, una disposición colectiva a revisar estructuras, cuestionar inercias y explorar nuevas formas de organización más acordes con los tiempos actuales.

2. ¿Cuánto cuesta realmente la educación de un estudiante universitario?

Antes de avanzar en cualquier análisis o comparación, es indispensable precisar cómo se construyen las cifras que suelen citarse sobre el costo por estudiante en la educación superior pública. En términos generales, el dato que ha circulado —del orden de varios millones de colones por estudiante al año— proviene de una operación relativamente simple: dividir el presupuesto institucional total entre la cantidad de estudiantes matriculados en un período determinado.

Este cálculo, aunque útil como aproximación inicial, tiene limitaciones importantes que deben ser reconocidas para evitar interpretaciones equivocadas. En primer lugar, el presupuesto de una universidad pública no está destinado exclusivamente a la docencia. Instituciones como la Universidad de Costa Rica cumplen simultáneamente múltiples funciones sustantivas: investigación científica, acción social, extensión universitaria, programas de becas, mantenimiento y expansión de infraestructura, regionalización de servicios, apoyo estudiantil y gestión administrativa. Todas estas dimensiones forman parte integral de su misión institucional y, por tanto, de su estructura de costos.

En segundo lugar, la matrícula universitaria no es un dato homogéneo ni estático. Existen diferencias entre matrícula ordinaria, matrícula equivalente a tiempo completo, estudiantes activos versus estudiantes en proceso de graduación, así como variaciones entre carreras con distintas intensidades de uso de recursos. Estas variaciones influyen en la precisión del indicador cuando se utiliza de manera agregada.

Adicionalmente, el presupuesto universitario incorpora inversiones de largo plazo que no se reflejan directamente en la experiencia inmediata de un estudiante en un año determinado. La construcción de edificios, la adquisición de equipo científico, el desarrollo de plataformas tecnológicas o el financiamiento de proyectos de investigación generan beneficios que se distribuyen a lo largo del tiempo y entre múltiples cohortes estudiantiles.

A pesar de estas limitaciones, el indicador sigue siendo valioso como herramienta comparativa, siempre que se utilice con criterio técnico. Permite contrastar distintos modelos universitarios dentro del país, así como ubicar a Costa Rica en el contexto internacional.

El punto central, entonces, no es cuestionar la validez del indicador, sino comprender su alcance. Más que una cifra exacta, debe interpretarse como una señal que invita a analizar la estructura del sistema: cómo se asignan los recursos, cómo se distribuyen entre funciones sustantivas y qué tan eficiente es el modelo para convertir inversión pública en resultados educativos, científicos y sociales.

Desde esta perspectiva, el análisis del costo por estudiante deja de ser un argumento simplista para convertirse en una herramienta de reflexión estratégica. Utilizado correctamente, permite abrir una discusión informada sobre eficiencia, pertinencia y sostenibilidad, sin desvirtuar el papel esencial que cumplen las universidades públicas en el desarrollo del país.

3. Dos modelos universitarios en un mismo país

Una vez comprendidas las limitaciones y alcances del indicador de costo por estudiante, el siguiente paso lógico es observar qué ocurre dentro del propio sistema de educación superior pública costarricense. Al hacerlo, emerge un hallazgo particularmente revelador: en términos de gasto público  por estudiante, no existe un único modelo universitario, sino al menos dos esquemas claramente diferenciados en términos de estructura, operación y costo.

Por un lado, se encuentran las universidades presenciales tradicionales, como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Estas instituciones comparten características comunes: una fuerte inversión en infraestructura física, una alta intensidad en el uso de laboratorios y equipos especializados, una planta docente consolidada y un amplio desarrollo de actividades de investigación y acción social. Bajo el enfoque metodológico descrito anteriormente, el costo anual por estudiante en estas universidades tiende a ubicarse en un rango relativamente alto dentro del contexto nacional.

Por otro lado, existen modelos con una estructura operativa distinta, como la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. En estos casos, el uso más intensivo de modalidades virtuales, la optimización del uso del espacio físico y una estructura académica más flexible permiten alcanzar costos promedio por estudiante significativamente menores, sin que ello implique necesariamente una reducción en la cobertura o en la función social de la institución.

Esta coexistencia de modelos dentro del mismo sistema es, en sí misma, una fortaleza. Permite diversificar la oferta académica, ampliar el acceso a distintos perfiles de estudiantes y responder a necesidades territoriales y sectoriales diversas. Sin embargo, también abre una pregunta estratégica que hasta ahora ha sido poco explorada: ¿qué aprendizajes pueden transferirse entre estos modelos para mejorar la eficiencia global del sistema?

La diferencia en costos no debe interpretarse como una competencia entre universidades, sino como una señal de que existen distintas formas de organizar la educación superior. Mientras que el modelo presencial intensivo ofrece ventajas claras en áreas que requieren interacción directa, experimentación y trabajo de campo, los modelos más flexibles demuestran que es posible ampliar la cobertura y reducir costos mediante el uso de tecnologías digitales, metodologías híbridas y esquemas organizativos menos rígidos.

En este punto, el análisis deja de ser meramente descriptivo y comienza a adquirir un carácter prospectivo. Si el país cuenta ya con experiencias exitosas en modalidades más eficientes desde el punto de vista operativo, resulta razonable plantear si ciertos elementos de esos modelos podrían incorporarse, de manera gradual y selectiva, en las universidades tradicionales, sin sacrificar calidad académica ni debilitar sus funciones sustantivas.

Más aún, en un contexto de rápida transformación tecnológica —marcado por el avance de la inteligencia artificial, la educación en línea y las plataformas digitales—, la distinción entre modelos presenciales y virtuales tiende a difuminarse. Esto abre una oportunidad inédita para repensar la arquitectura del sistema universitario costarricense, no desde la confrontación, sino desde la convergencia inteligente de sus distintas fortalezas.

En consecuencia, el verdadero desafío no radica en elegir entre un modelo u otro, sino en diseñar un sistema híbrido, capaz de combinar lo mejor de ambos: la profundidad académica y la capacidad científica de las universidades tradicionales, con la eficiencia, flexibilidad y alcance de los modelos más modernos.

4. Costa Rica en el contexto internacional

Cuando el análisis del costo universitario se amplía al contexto internacional, la discusión adquiere una dimensión todavía más relevante. Costa Rica no puede evaluarse únicamente contra sí misma. También debe preguntarse cómo se ubica su inversión en educación superior frente a países con mayor desarrollo económico, mayor base tributaria y estructuras fiscales más robustas.

De acuerdo con datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto gubernamental por estudiante en educación terciaria en Costa Rica se sitúa en aproximadamente USD 16.922 por estudiante, mientras que el promedio de la OCDE se ubica en alrededor de USD 15.102. Este dato debe ser leído con prudencia, pues corresponde a una metodología internacional basada en estudiantes equivalentes a tiempo completo y dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, aun con esas precauciones, el resultado es significativo: Costa Rica invierte por estudiante universitario, desde fuentes públicas, en un nivel comparable e incluso superior al promedio de países desarrollados.

Este contraste resulta particularmente importante porque Costa Rica no cuenta con la misma capacidad fiscal de muchas economías de la OCDE. Mientras varios países europeos financian su educación superior dentro de sistemas tributarios más amplios, con mayor ingreso per cápita y redes de bienestar consolidadas, Costa Rica enfrenta restricciones presupuestarias severas, alto endeudamiento público, presiones crecientes en salud, seguridad, infraestructura y una educación básica que también requiere atención urgente.

Desde esta perspectiva, el problema no es que Costa Rica invierta demasiado en educación superior. El problema es que, al invertir tanto en relación con su capacidad fiscal, el país tiene la obligación de asegurarse de que cada recurso colocado en el sistema universitario genere el mayor retorno social posible. Dicho de otra manera: una inversión alta exige también una alta responsabilidad institucional, una alta eficiencia operativa y una alta capacidad de adaptación.

La comparación internacional permite, además, evitar dos extremos. El primero sería afirmar, de manera simplista, que el gasto universitario público debe reducirse por ser elevado. El segundo sería sostener que cualquier revisión del modelo representa un ataque contra la universidad pública. Ninguno de esos extremos ayuda al país. Lo razonable es reconocer que Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante para financiar su educación superior y, precisamente por ello, debe preguntarse si el modelo actual está preparado para responder a las necesidades del siglo XXI.

En países desarrollados, la discusión sobre educación superior no se limita al monto del presupuesto. También incluye productividad académica, pertinencia curricular, empleabilidad, innovación, transferencia tecnológica, eficiencia administrativa, digitalización, investigación aplicada y articulación con los sectores productivos y sociales. Costa Rica debería avanzar hacia una conversación similar: menos centrada en la defensa automática de montos históricos y más orientada a resultados verificables, cobertura ampliada y transformación institucional.

La pregunta estratégica, entonces, no es si la universidad pública debe recibir recursos. Debe recibirlos. La pregunta es si el sistema puede modernizarse para formar a más estudiantes, responder con mayor rapidez a los cambios tecnológicos, reducir rigideces internas y multiplicar su impacto sin requerir aumentos presupuestarios proporcionales. Ahí está el verdadero punto de equilibrio entre autonomía universitaria, responsabilidad pública y sostenibilidad fiscal.

En síntesis, la comparación internacional no debe utilizarse para desacreditar a las universidades costarricenses, sino para elevar el nivel de la discusión. Si Costa Rica invierte en educación superior pública a niveles comparables con países desarrollados, entonces también tiene derecho —y necesidad— de exigir una universidad pública moderna, flexible, eficiente, inclusiva y estratégicamente alineada con el futuro del país.

5. Más allá de los números

Una vez analizados los costos y su contexto nacional e internacional, el debate entra en una dimensión más compleja, pero también más relevante: la estructura interna del sistema universitario. Aquí es donde la discusión deja de girar en torno a cifras y se traslada hacia la forma en que las universidades están organizadas, cómo operan y qué tan preparadas están para adaptarse a los cambios del entorno.

Uno de los elementos más evidentes, aunque poco discutidos, es el uso del espacio físico. En universidades presenciales tradicionales como la Universidad de Costa Rica, una proporción significativa de la infraestructura está destinada a oficinas individuales para el personal docente. Este modelo, históricamente justificado por la necesidad de preparación académica, investigación y atención estudiantil, responde a una lógica organizativa propia del siglo XX. Sin embargo, en el contexto actual, caracterizado por el teletrabajo, la digitalización de bibliografía y el uso de plataformas virtuales, resulta pertinente preguntarse si este esquema sigue siendo el más eficiente.

La observación empírica sugiere que una parte considerable del espacio universitario podría estar subutilizada desde la perspectiva del aprendizaje directo. Mientras las aulas, laboratorios y espacios colaborativos para estudiantes enfrentan limitaciones, una fracción importante de la infraestructura permanece asignada a usos individuales permanentes. Sin necesidad de realizar afirmaciones categóricas, esta situación abre una línea clara de análisis: la posibilidad de migrar progresivamente hacia modelos de uso compartido del espacio, estaciones de trabajo flexibles para docentes y una mayor priorización de áreas dedicadas a la formación estudiantil.

A este elemento se suma un segundo factor estructural: la rigidez institucional. Las universidades públicas costarricenses han desarrollado, a lo largo del tiempo, sistemas de gobernanza altamente participativos, con múltiples niveles de deliberación y control. Este diseño ha sido clave para resguardar la autonomía universitaria y garantizar la calidad académica. No obstante, también ha generado estructuras que, en ciertos casos, dificultan la toma de decisiones ágiles, especialmente en un contexto donde la velocidad del cambio tecnológico y del mercado laboral exige respuestas mucho más dinámicas.

La modificación de planes de estudio, la creación de nuevas carreras o la adaptación de programas existentes puede requerir procesos largos, complejos y altamente reglamentados. Esto contrasta con un entorno global en el que surgen constantemente nuevas disciplinas, muchas de ellas vinculadas a la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la automatización, la sostenibilidad y la economía digital. La capacidad de respuesta del sistema universitario, en este sentido, se convierte en un factor crítico.

Un tercer elemento que merece atención es la evolución de la estructura administrativa. Sin prejuzgar conclusiones, existe la percepción —que debe ser verificada con datos históricos— de que el crecimiento del personal administrativo podría haber superado, en ciertos períodos, el crecimiento de la población estudiantil. De ser así, se abriría una discusión legítima sobre la eficiencia del aparato institucional y la necesidad de revisar la relación entre funciones sustantivas y estructuras de soporte.

Finalmente, surge el tema de la posible duplicidad de funciones dentro del sistema. En un país pequeño, con recursos limitados, resulta razonable analizar si ciertas actividades —como redes de monitoreo, centros de investigación o programas especializados— podrían beneficiarse de una mayor integración, coordinación o uso compartido de infraestructura. Este tipo de análisis no implica cuestionar la calidad del trabajo realizado, sino más bien explorar formas de optimizar recursos y fortalecer capacidades.

En conjunto, estos elementos configuran un diagnóstico que no apunta a debilitar a la universidad pública, sino a identificar oportunidades de mejora. La pregunta central no es si el sistema funciona —porque claramente ha sido exitoso en múltiples dimensiones— sino si puede evolucionar para ser aún más eficiente, más flexible y más alineado con los desafíos del presente y del futuro.

Este bloque marca un punto de inflexión en la discusión. A partir de aquí, el análisis deja de ser descriptivo y se orienta hacia la construcción de soluciones. Porque si algo queda claro es que el país no necesita menos universidad pública, sino una universidad pública capaz de hacer más, con mayor impacto y con una estructura más adaptada a los tiempos actuales.

6. Hacia una universidad más abierta, flexible y capaz de multiplicar su impacto

Si el diagnóstico anterior identifica oportunidades de mejora en la estructura del sistema universitario, el siguiente paso es avanzar hacia una propuesta constructiva. El objetivo no debe ser reducir el alcance de la universidad pública ni debilitar sus funciones, sino potenciar su capacidad para formar más estudiantes, adaptarse con mayor rapidez a los cambios y generar un impacto aún más amplio en la sociedad costarricense.

Una primera línea de transformación se relaciona con la optimización del uso de la infraestructura. Sin eliminar espacios esenciales para la investigación o la docencia, es posible replantear gradualmente el modelo de ocupación física, incorporando esquemas más flexibles. La transición hacia estaciones de trabajo compartidas para docentes, el fortalecimiento de espacios colaborativos y la priorización de aulas, laboratorios y áreas de aprendizaje estudiantil permitirían ampliar la capacidad instalada sin requerir inversiones proporcionales en nueva infraestructura.

Una segunda línea clave es la incorporación estratégica de tecnologías digitales. La experiencia reciente ha demostrado que la educación virtual y los modelos híbridos pueden complementar, y en muchos casos potenciar, la enseñanza presencial. La integración de plataformas educativas avanzadas, recursos digitales y herramientas basadas en inteligencia artificial abre la posibilidad de ampliar significativamente la cobertura académica sin incrementar en la misma proporción los costos operativos.

En este contexto, la inteligencia artificial se perfila como un elemento transformador. No solo como objeto de estudio, sino como herramienta para mejorar procesos de enseñanza, evaluación, personalización del aprendizaje y gestión académica. Su incorporación adecuada podría permitir que un mismo cuerpo docente atienda a un mayor número de estudiantes, manteniendo estándares de calidad y fortaleciendo la interacción pedagógica.

Una tercera línea de acción apunta a la renovación de la oferta académica. El modelo tradicional, centrado principalmente en bachilleratos, licenciaturas y posgrados largos, puede complementarse con programas más flexibles y de menor duración, como diplomados, certificaciones técnicas y trayectorias modulares de formación. Estas alternativas permitirían responder con mayor rapidez a las demandas del mercado laboral y facilitar la inserción temprana de los jóvenes en el mundo productivo.

Asimismo, resulta fundamental revisar los mecanismos de acceso a la educación superior. Sin comprometer la calidad académica, la ampliación de cupos mediante nuevos formatos educativos y una mayor diversificación de programas podría contribuir a reducir el carácter restrictivo de ciertas carreras altamente demandadas.

Otro componente esencial es la mejora de la agilidad institucional. Esto implica revisar procedimientos internos, simplificar procesos de toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante cambios externos.

Finalmente, todas estas transformaciones deben entenderse dentro de un principio clave: crecimiento sin expansión desproporcionada del aparato administrativo. El objetivo no es aumentar la burocracia para atender a más estudiantes, sino encontrar formas más eficientes de organizar el trabajo académico y administrativo.

En conjunto, estas líneas de acción apuntan hacia una visión clara: una universidad pública que, manteniendo su calidad, su compromiso social y su capacidad científica, sea capaz de formar a muchos más estudiantes con los mismos recursos o con incrementos moderados.

Este no es un cambio menor. Implica repensar prácticas arraigadas, ajustar estructuras y asumir una transformación progresiva. Sin embargo, también representa una oportunidad histórica: convertir a la universidad pública costarricense en un referente regional de modernización, eficiencia y expansión del acceso al conocimiento.

7. Una oportunidad país

El debate sobre el financiamiento de la educación superior pública en Costa Rica no debería reducirse a una discusión coyuntural sobre montos presupuestarios. Tampoco debería convertirse en un enfrentamiento estéril entre el Gobierno y las universidades. En realidad, lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del país para adaptar uno de sus pilares institucionales más importantes a las exigencias del siglo XXI.

La universidad pública costarricense ha sido, históricamente, un motor de movilidad social, generación de conocimiento y construcción de ciudadanía. Ese valor no está en discusión. Lo que sí debe discutirse, con apertura y responsabilidad, es cómo potenciar ese legado en un contexto radicalmente distinto al que le dio origen. Un contexto marcado por la revolución tecnológica, la aceleración del conocimiento, la transformación del mercado laboral y las limitaciones fiscales del Estado.

En este escenario, la discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debe entenderse como una oportunidad estratégica. No como una amenaza, sino como un punto de inflexión. Un momento en el que el país puede preguntarse, con seriedad y sin prejuicios, cómo lograr que la inversión en educación superior genere un mayor retorno social, una mayor cobertura y una mayor pertinencia.

La clave está en el enfoque. No se trata de reducir recursos ni de debilitar la autonomía universitaria. Se trata de evolucionar. De construir un modelo más flexible, más dinámico y más eficiente, capaz de formar a más estudiantes, responder más rápido a los cambios y aprovechar mejor las herramientas tecnológicas disponibles. Un modelo que mantenga la excelencia académica, pero que amplíe significativamente su alcance.

Este proceso, naturalmente, implica responsabilidades compartidas. Las universidades deben estar dispuestas a realizar ejercicios de autocrítica, revisar estructuras internas y explorar nuevas formas de organización. El Estado, por su parte, debe garantizar condiciones de financiamiento estables, respetar la autonomía universitaria y acompañar los procesos de transformación con visión de largo plazo. Y la sociedad en su conjunto debe comprender que la educación superior no es un gasto, sino una inversión estratégica que debe ser gestionada con rigor y con inteligencia.

En última instancia, el reto es claro: hacer más y mejor con lo que ya se tiene, antes de plantear aumentos proporcionales en los recursos. Esto no implica sacrificios innecesarios ni decisiones traumáticas, sino una reconfiguración progresiva del sistema, basada en evidencia, innovación y sentido de responsabilidad colectiva.

Costa Rica ha demostrado, en múltiples momentos de su historia, una capacidad notable para construir consensos en torno a temas estratégicos. La educación superior pública debería ser uno de ellos. No para preservar el statu quo, sino para transformarlo inteligentemente.

Si este proceso se aborda con visión, el país podría lograr algo extraordinario: convertir a su sistema universitario en un modelo de referencia internacional, no solo por su calidad académica, sino por su capacidad de adaptarse, crecer y responder a las necesidades reales de su población.

Esa es la verdadera oportunidad. Y, al mismo tiempo, la responsabilidad.

Referencia de fuentes consultadas:

Universidad de Costa Rica. (2025). Informe de evaluación semestral del Plan Anual Operativo Institucional 2025. Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU).

Universidad de Costa Rica. (2025). Datos de matrícula institucional, II ciclo lectivo 2025. San José, Costa Rica.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). Education at a Glance 2025: OECD Indicators. OECD Publishing.

Universidad de Costa Rica. (2025). Plan Anual Operativo Institucional y presupuesto universitario. Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU).

Consejo Nacional de Rectores (CONARE). (2024). Indicadores del sistema de educación superior estatal. San José, Costa Rica.

Universidad Estatal a Distancia (UNED). (2024). Informe de labores institucional. San José, Costa Rica.

Universidad Técnica Nacional (UTN). (2025). Datos institucionales y matrícula anual. Costa Rica.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2025). Education at a Glance 2025: Costa Rica. OECD Publishing.

Universidad de Costa Rica. (2024). Informe institucional de gestión y uso de infraestructura. San José, Costa Rica.

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Allan Astorga Gättgens (abril 2026)

1. El país que no mira al mar como fuente de su desarrollo

Costa Rica ha construido, con mérito, una identidad profundamente ligada a su territorio continental. Bosques, parques nacionales, agricultura, turismo sostenible: todo eso forma parte de una historia de éxito que el mundo reconoce.

Pero hay una omisión estructural en esa narrativa país. Costa Rica no es solo un territorio terrestre. Es, en realidad, una nación oceánica.

Mientras el territorio continental ronda los 51.000 kilómetros cuadrados, el país posee una Zona Económica Exclusiva cercana a los 589.000 kilómetros cuadrados, más de diez veces su superficie terrestre [ver Figura 1]. Sin embargo, ese vasto espacio marino no ha sido integrado como parte central del modelo de desarrollo nacional.

Fig. 2. Zona Económica Exclusiva de Costa Rica. El área marina de Costa Rica sobrepasa los 580.000 kilómetros cuadrados. (Imagen de “Geography of Costa Rica”, documento elaborado por Silvia Meléndez).

No es un problema de falta de recurso. Es un problema de visión.

Durante décadas, el mar ha sido percibido como un borde geográfico, no como un eje estructural del país. Se le ha asociado con turismo, pesca artesanal o conservación puntual, pero rara vez se le ha entendido como lo que realmente es: uno de los activos estratégicos más importantes de Costa Rica en el siglo XXI.

Y esa desconexión tiene consecuencias.

En un contexto global donde la seguridad alimentaria, la reorganización de los ecosistemas marinos y la “economía azul” están redefiniendo el desarrollo de las naciones, ignorar el océano es una desventaja estratégica [2].

Más aún cuando, dentro de ese territorio marítimo, Costa Rica posee un sistema oceanográfico excepcional: el Domo Térmico de Costa Rica.

Se trata de un fenómeno real, documentado científicamente, que convierte una porción del Pacífico Oriental Tropical en una de las zonas de mayor productividad biológica del planeta [3].

En términos prácticos, esto se traduce en la concentración de especies de alto valor comercial como el atún aleta amarilla (Thunnus albacares), el dorado (Coryphaena hippurus), el pez espada (Xiphias gladius) y el atún patudo (Thunnus obesus).

Sin embargo, aquí surge una paradoja difícil de justificar:

Costa Rica posee uno de los sistemas marinos más productivos del Pacífico y la gran mayoría de su población no sabe que existe. Ni lo conoce. Ni lo entiende. Ni lo incorpora en su visión de país.

Ese vacío no es menor. Porque en el siglo XXI, los países que logren comprender, gestionar y aprovechar de manera inteligente su territorio marino serán los que lideren en estabilidad económica, resiliencia y capacidad de adaptación.

Costa Rica tiene esa oportunidad frente a sí. Pero reconocerla implica algo más que describir el recurso. Implica cambiar la forma en que el país se ve a sí mismo. Pasar de ser un país que mira hacia la tierra a ser un país que entiende que su futuro también está en el mar.

2. La fábrica invisible de vida: ¿qué es el Domo Térmico de Costa Rica?

Para entender el potencial del Domo Térmico de Costa Rica, primero hay que comprender una idea sencilla pero fundamental: el océano, en la mayoría de su extensión, es un desierto biológico.

Aunque a simple vista parezca abundante, gran parte del océano tiene muy pocos nutrientes disponibles en sus capas superficiales. Sin nutrientes, no hay fitoplancton. Y sin fitoplancton, no hay cadena alimentaria.

Por eso, la vida en el mar no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en zonas muy específicas donde ocurren procesos físicos que permiten que los nutrientes lleguen a la superficie.

Uno de esos procesos es la surgencia oceánica, o upwelling (ver Figura 2).

Fig. 2. Esquema ilustrativo de una surgencia submarina (upwelling). Fuente: NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration).

La surgencia ocurre cuando aguas profundas, frías y ricas en nutrientes ascienden hacia la superficie. Estas aguas contienen nitratos, fosfatos y otros elementos esenciales que activan la producción primaria del océano.

El Domo Térmico de Costa Rica es precisamente uno de esos sistemas.

Se forma por la interacción compleja entre los vientos alisios, la rotación de la Tierra (efecto de Coriolis) y la dinámica de corrientes marinas en el Pacífico Oriental Tropical. Esta combinación genera una elevación de la termoclina acercando aguas ricas en nutrientes a la superficie [4][3].

El resultado es extraordinario. Se activa una verdadera “fábrica de vida” en medio del océano. El proceso funciona como una cadena:

•       aumento de nutrientes

•       proliferación de fitoplancton

•       crecimiento del zooplancton

•       incremento de peces pequeños

•       atracción de grandes depredadores

Y en la parte superior de esa cadena aparecen especies altamente valoradas en los mercados internacionales, como:

•       atún aleta amarilla (Thunnus albacares)

•       atún patudo (Thunnus obesus)

•       dorado (Coryphaena hippurus)

•       pez espada (Xiphias gladius)

•       wahoo (Acanthocybium solandri) y marlines

Desde el punto de vista científico, esto convierte al Domo Térmico en un “hotspot biológico”, es decir, una zona de alta concentración de biomasa en comparación con las aguas circundantes [3]. Pero hay una característica que lo hace aún más relevante —y más complejo—: el Domo Térmico no es un sistema fijo.

A diferencia de los sistemas de surgencia costera como los de Perú o California, el Domo de Costa Rica es un sistema oceánico abierto y dinámico. Se desplaza. Se expande y se contrae. Se intensifica o se debilita.

Su comportamiento depende de factores como la intensidad de los vientos, la temperatura superficial del mar, la dinámica de corrientes regionales y fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.

Esto tiene una implicación clave: el Domo no es una fuente constante de producción. Es un sistema vivo. Un sistema que funciona por pulsos de productividad, por cambios en el tiempo y en el espacio. Y eso cambia completamente la forma en que debe ser entendido.

No se puede gestionar como una mina. No se puede explotar como un recurso estático. Debe ser comprendido, monitoreado y manejado con inteligencia científica. Porque ahí radica tanto su potencial como su vulnerabilidad.

3. La riqueza que no hemos sabido aprovechar

Si el Domo Térmico de Costa Rica es uno de los sistemas de mayor productividad biológica del Pacífico Oriental Tropical, la pregunta es inevitable: ¿por qué el país no ha convertido ese potencial en un eje estratégico de su desarrollo?

La respuesta no es simple, pero sí es clara en su esencia: Costa Rica no ha tenido un modelo país para el mar.

Durante décadas, el desarrollo nacional se ha construido con éxito sobre el territorio continental. Agricultura, turismo, servicios, conservación: un modelo sólido, reconocido internacionalmente. Pero en ese proceso, el océano quedó fuera de la ecuación estratégica.

No porque no existiera riqueza, sino porque nunca se incorporó como prioridad.

En el ámbito pesquero, el enfoque predominante ha sido de carácter administrativo: otorgamiento de licencias, regulaciones generales y controles parciales. Este modelo ha permitido cierto orden, pero no responde ni a la complejidad de un sistema dinámico como el Domo Térmico ni a la magnitud de su potencial económico [2].

En la práctica, esto ha generado distorsiones estructurales. Una de las más relevantes es la baja captura de valor.

Durante años, una parte importante de los recursos marinos ha sido aprovechada sin que su valor real se traduzca en beneficios proporcionales para el país. En muchos casos, la actividad se ha concentrado en la extracción primaria, con limitado procesamiento local, escasa diferenciación de producto y débil posicionamiento en mercados de alto valor [5].

El resultado es claro: Costa Rica ha tenido recurso, pero no ha construido cadena de valor.

A esto se suma una segunda limitación crítica: el control.

El Domo Térmico se ubica en mar abierto, en una región extensa, dinámica y técnicamente compleja de monitorear. Sin sistemas robustos de seguimiento satelital, trazabilidad en tiempo real y fiscalización efectiva, el control del aprovechamiento del recurso se vuelve limitado.

En ese contexto, la evidencia internacional es consistente: las zonas de alta productividad oceánica tienden a atraer presión pesquera significativa, incluyendo pesca ilegal, no declarada o no regulada cuando los mecanismos de control son insuficientes [6].

Esto no implica necesariamente un colapso del recurso, pero sí un uso subóptimo desde la perspectiva país:

•       bajo aprovechamiento económico real

•       limitada generación de empleo en la cadena productiva

•       escasa integración con el desarrollo de comunidades costeras

•       débil incorporación de información científica en la toma de decisiones

Pero hay un punto aún más importante, y es aquí donde el problema se vuelve estratégico.

El Domo Térmico no es un recurso estático.

Es un sistema altamente dinámico, cuya productividad depende de procesos oceanográficos complejos y cada vez más influenciados por el cambio climático. Gestionarlo bajo un esquema rígido, basado únicamente en permisos o en lógica extractiva tradicional, no solo es ineficiente. Es técnicamente inadecuado.

El país no ha sobreexplotado el Domo en términos clásicos. Lo que ha ocurrido es algo distinto, y más sutil: lo ha subgestionado. No se han construido las herramientas institucionales, tecnológicas y científicas necesarias para entenderlo en tiempo real, anticipar su comportamiento y aprovecharlo de forma estratégica.

Y en el contexto actual, esto adquiere una dimensión aún mayor. El océano global está cambiando. Las zonas de productividad se están reorganizando. La biomasa marina se redistribuye en función de nuevas condiciones climáticas [7].

En ese escenario, los países que logren comprender a tiempo sus sistemas marinos y gestionarlos con inteligencia tendrán una ventaja estructural significativa. Los que no, quedarán rezagados.

Costa Rica todavía está en una posición privilegiada. No parte de un sistema colapsado. No enfrenta una degradación irreversible. Pero sí enfrenta una decisión crítica: seguir administrando el mar como un recurso secundario o empezar a gestionarlo como un activo estratégico de primer orden.

Porque, en el fondo, el problema nunca ha sido la ausencia de riqueza. Ha sido la ausencia de una visión país capaz de reconocerla y convertirla en desarrollo.

4. Un sistema vivo y vulnerable: el Domo Térmico en el contexto del cambio climático

El Domo Térmico de Costa Rica no existe en aislamiento. Forma parte de un sistema mucho más grande y profundamente interconectado: el océano global.

Y ese sistema está cambiando.

En las últimas décadas, la evidencia científica ha sido contundente: el océano ha absorbido más del 90 % del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando no solo su temperatura, sino también su estructura interna, su química y su dinámica [7].

Este proceso no es superficial. Está modificando el funcionamiento mismo del océano.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la estratificación térmica. A medida que las aguas superficiales se calientan, se vuelven más ligeras y estables, lo que reduce la mezcla vertical con las aguas profundas.

Y esa mezcla es clave. Porque es precisamente la que permite que los nutrientes asciendan hacia la superficie.

Cuando la mezcla disminuye, la productividad biológica del océano tiende a reducirse.

Sin embargo, este proceso no ocurre de manera uniforme en todo el planeta. El océano no está colapsando de forma homogénea. Está entrando en una fase de reorganización funcional.

Mientras algunas regiones —especialmente en latitudes medias y altas— muestran señales de disminución en su productividad, otras zonas asociadas a sistemas de surgencia mantienen o incluso refuerzan su relevancia en el contexto global [2].

El Domo Térmico de Costa Rica se encuentra precisamente dentro de este grupo.

Su dinámica de surgencia le permite sostener niveles importantes de productividad incluso bajo condiciones de calentamiento global. Pero esto no significa que sea inmune.

Todo lo contrario. El Domo está cambiando.

El aumento de la temperatura superficial del mar puede afectar la eficiencia de la surgencia, limitando en ciertos momentos el ascenso de nutrientes. A esto se suma una mayor variabilidad climática, asociada a fenómenos como El Niño y La Niña, que pueden debilitar o intensificar el sistema de manera temporal.

El resultado es un cambio en el patrón de funcionamiento.

El Domo deja de comportarse como un sistema relativamente estable y pasa a operar como un sistema de productividad por pulsos.

Es decir: periodos de alta concentración de biomasa seguidos por fases de menor intensidad productiva.

Desde el punto de vista ecológico, esto implica una redistribución de la vida marina. Las especies no desaparecen necesariamente, pero cambian su comportamiento: se desplazan, se concentran en zonas específicas y responden a condiciones oceanográficas cambiantes.

Desde el punto de vista pesquero, esto tiene una implicación directa: la eficiencia ya no depende únicamente del esfuerzo. Depende de la capacidad de entender el sistema en tiempo real.

Y aquí es donde el enfoque tradicional deja de ser suficiente.

No es viable gestionar un sistema dinámico con herramientas estáticas. No es sostenible definir cuotas rígidas sin considerar el estado del océano. No es eficiente basarse únicamente en datos históricos.

Se requiere un cambio de enfoque.

Un modelo basado en monitoreo continuo, indicadores oceanográficos, análisis científico en tiempo real y capacidad de adaptación en la toma de decisiones.

Este es precisamente el tipo de enfoque que la literatura científica internacional ha identificado como indispensable en un contexto de cambio climático: la gestión adaptativa basada en evidencia [7].

Pero hay un elemento adicional que hace este análisis aún más relevante.

En un escenario global donde muchos ecosistemas marinos enfrentan degradación, pérdida de biomasa y sobreexplotación, el Domo Térmico de Costa Rica mantiene una condición relativamente favorable dentro del Pacífico Oriental Tropical.

Esto lo convierte en un sistema estratégicamente valioso.

No solo por lo que es hoy, sino por lo que puede llegar a ser en un futuro cercano.

Sin embargo, esa ventaja no está garantizada.

Un sistema dinámico, sometido a presión y mal gestionado, puede deteriorarse rápidamente.

Y aquí es donde la diferencia entre oportunidad y riesgo se vuelve crítica: el cambio climático no elimina el potencial del Domo, pero sí eleva el nivel de exigencia para gestionarlo correctamente.

Porque en un océano que cambia, los sistemas que se mantienen productivos no son necesariamente los más abundantes. Son los mejor comprendidos y los mejor gestionados.

5. La oportunidad país: del Domo Térmico a una economía azul de alto valor

Si el Domo Térmico de Costa Rica es un sistema altamente productivo, y si el océano global está entrando en una fase de reorganización, entonces la pregunta deja de ser científica. Pasa a ser estratégica.

¿Qué puede hacer Costa Rica con esto?

La respuesta es clara: convertir el Domo Térmico en uno de los pilares de un nuevo modelo de desarrollo basado en el mar.

Porque lo que está en juego no es únicamente pesca. Es economía, empleo, seguridad alimentaria y posicionamiento internacional.

Desde el punto de vista técnico, diversos análisis coinciden en que el Domo Térmico tiene capacidad para sostener, bajo criterios de manejo sostenible, capturas en el orden de 80.000 a 120.000 toneladas anuales de especies pelágicas de alto valor comercial [2].

Pero ese dato, por sí solo, no es lo más importante. La verdadera diferencia está en cómo se gestiona ese recurso.

Hoy, en el mercado internacional, el valor del producto varía significativamente según el nivel de procesamiento y certificación:

•       materia prima sin procesar: aproximadamente $1.500 por tonelada

•       producto procesado: alrededor de $3.000 por tonelada

•       producto premium certificado: hasta $4.500 por tonelada

Esto cambia completamente la lógica económica.

No se trata simplemente de pescar más. Se trata de capturar más valor.

En un escenario básico, el Domo podría generar ingresos cercanos a los $120 millones anuales.

Pero en un escenario estratégico —con procesamiento nacional, trazabilidad y posicionamiento en mercados premium— el valor podría superar los $500 millones anuales.

La diferencia no está en el océano. Está en el modelo país.

Costa Rica no debe aspirar a ser un país que exporta materia prima. Debe convertirse en un país que pesca con inteligencia, procesa con valor agregado, certifica con estándares ambientales y exporta calidad premium.

Este cambio implica una transformación estructural del sector pesquero.

Requiere desarrollar una flota nacional moderna, infraestructura portuaria y cadena de frío, plantas de procesamiento, sistemas de trazabilidad completa y certificación ambiental internacional.

Y, sobre todo, implica que el valor económico se quede en el país.

El impacto de este modelo no se limita a las cifras macroeconómicas. Tiene un efecto directo en el territorio.

Por cada 1.000 toneladas procesadas, se pueden generar entre 40 y 60 empleos directos, además de empleo indirecto en transporte, logística y servicios [8].

Esto abre una oportunidad concreta para dinamizar regiones como Puntarenas, Guanacaste y el Pacífico Central.

A esto se suma una ventaja estratégica clave: la calidad ambiental de las aguas costarricenses.

En un contexto global donde la contaminación marina aumenta, la posibilidad de ofrecer productos de origen limpio representa un diferencial competitivo real.

El mercado internacional ya no busca solo volumen. Busca trazabilidad, sostenibilidad, calidad sanitaria y confianza en el origen.

Pero hay un elemento clave que debe ser entendido: el Domo Térmico no puede ser la única base del sistema productivo.

Por su naturaleza dinámica, debe complementarse con acuicultura marina estratégica.

Este enfoque dual —pesca oceánica y acuicultura— permite estabilizar la producción, reducir riesgos climáticos y diversificar la base productiva.

Existe potencial en especies como cobia, pargo, camarón, moluscos y macroalgas.

Este componente no sustituye al Domo. Lo fortalece.

Desde el punto de vista financiero, la implementación de este modelo requiere una inversión inicial estimada entre 300 y 400 millones de dólares.

Pero no es un gasto. Es una inversión país.

Una inversión con capacidad de generar ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares, además de empleo y desarrollo regional.

Lo que está frente a Costa Rica no es un proyecto sectorial. Es una redefinición de su modelo de desarrollo.

En un mundo donde los océanos están cambiando y la demanda de proteína marina seguirá creciendo, los países que logren gestionar sus recursos con inteligencia serán los que lideren.

Costa Rica tiene recurso, estabilidad institucional y reputación ambiental.

Lo único que falta es decisión.

6. La propuesta: una ley para transformar el modelo pesquero de Costa Rica

Frente a este contexto —un sistema oceánico en transformación, un recurso estratégico subutilizado y una oportunidad país evidente— la conclusión es inevitable: Costa Rica necesita cambiar la forma en que gestiona su riqueza marina.

No con ajustes menores. No con reformas parciales. Sino con un cambio estructural en su modelo de gestión pesquera.

Ese es precisamente el objetivo del Proyecto de Ley para el Aprovechamiento Pesquero Sostenible y Estratégico del Domo Térmico de Costa Rica.

Esta propuesta no surge como una iniciativa aislada. Es la respuesta técnica a un problema claramente identificado: la ausencia de un modelo moderno, científico y estratégico para gestionar el principal sistema productivo del océano costarricense.

El modelo actual, basado principalmente en licencias, regulaciones generales y controles parciales, fue diseñado para un contexto distinto. No responde a la dinámica de un sistema como el Domo Térmico, ni permite capturar plenamente el valor que ese sistema puede generar para el país.

La propuesta introduce un cambio fundamental: pasar de un modelo administrativo a un modelo de gestión adaptativa basada en ciencia.

Esto implica que las decisiones clave —cuánto pescar, cuándo pescar y dónde pescar— no se definan de forma fija, sino que se ajusten continuamente en función del estado real del sistema.

No se trata de pescar más. Se trata de pescar mejor.

Para ello, el proyecto plantea la incorporación de herramientas técnicas esenciales: monitoreo oceanográfico continuo, uso de indicadores de productividad, evaluación periódica de biomasa y análisis en tiempo real del comportamiento del sistema.

Uno de los pilares centrales de la propuesta es la implementación de Reglas de Control de Captura, que permiten ajustar el esfuerzo pesquero de manera automática según las condiciones del ecosistema.

Esto elimina la discrecionalidad y la sustituye por decisiones basadas en evidencia.

En paralelo, la propuesta contempla la creación de un Comité Científico Permanente, integrado por especialistas, cuya función será evaluar el estado del Domo Térmico y emitir recomendaciones técnicas para la gestión del recurso.

Este elemento introduce la gobernanza basada en ciencia como eje del modelo.

Pero la ley no se limita al manejo biológico del recurso. También aborda uno de los principales vacíos del sistema actual: el control.

El proyecto plantea fortalecer el monitoreo mediante seguimiento satelital de embarcaciones, trazabilidad completa del producto, registro digital obligatorio de capturas y sistemas de verificación en tiempo real.

Esto permite enfrentar problemas estructurales como la pesca ilegal, la subdeclaración de capturas y la falta de transparencia en la cadena productiva.

Al mismo tiempo, la propuesta incorpora un componente clave para transformar el impacto económico del sector: la captura de valor agregado dentro del país.

Esto implica promover el desarrollo de flota nacional, el procesamiento interno del producto, la certificación ambiental y la exportación de productos de alto valor.

De esta forma, el modelo deja de centrarse en la extracción y pasa a centrarse en la generación de valor.

Adicionalmente, la propuesta integra un enfoque estratégico que responde al contexto de cambio climático: un modelo dual que combina pesca oceánica con acuicultura marina sostenible.

Este componente permite estabilizar la producción, reducir la vulnerabilidad frente a la variabilidad del Domo y diversificar la base productiva nacional.

Desde el punto de vista financiero, la implementación del sistema requiere una inversión inicial estimada entre 300 y 400 millones de dólares.

Pero no se trata de un gasto. Es una inversión estructural con capacidad de generar ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares, además de empleo, desarrollo regional y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Más allá de sus componentes técnicos y económicos, el valor principal de esta propuesta es su visión: integrar el mar como un eje central del desarrollo nacional.

Este proyecto de ley no pretende ser una solución perfecta. Pero sí cumple una función fundamental: abrir la discusión correcta, introducir una base técnica sólida y proponer un camino viable hacia un modelo pesquero moderno, sostenible y alineado con los desafíos del siglo XXI.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es únicamente una ley. Es la capacidad del país de entender su realidad y actuar en consecuencia.

7. Una decisión país: mirar al mar y pensar en grande

Costa Rica se encuentra frente a una decisión que no es menor.

No se trata únicamente de desarrollar un nuevo sector productivo. No se trata solo de aprovechar mejor un recurso natural.

Se trata de algo más profundo: definir cómo queremos posicionarnos como país en el siglo XXI.

Durante décadas, Costa Rica ha construido una imagen internacional basada en la protección ambiental, la estabilidad institucional y la búsqueda de un desarrollo sostenible. Ese camino ha sido correcto.

Pero hoy, el contexto global ha cambiado.

El mundo enfrenta una creciente presión sobre sus sistemas alimentarios. Los océanos están en transformación. Las pesquerías tradicionales se están reconfigurando.

Y la demanda de proteína marina continúa creciendo.

En ese escenario, los países que logren integrar ciencia, sostenibilidad y visión estratégica serán los que lideren.

Costa Rica tiene esa posibilidad.

Tiene un territorio marino amplio. Tiene un sistema oceanográfico excepcional. Tiene una reputación ambiental sólida. Y tiene la capacidad institucional para hacer las cosas bien.

Lo que históricamente ha faltado no es recurso. Es decisión.

El Domo Térmico de Costa Rica representa mucho más que una zona de alta productividad biológica.

Es una oportunidad para repensar el papel del mar en la economía nacional. Es una oportunidad para generar empleo en las zonas costeras. Es una oportunidad para producir alimentos de alta calidad bajo estándares ambientales. Es una oportunidad para posicionar a Costa Rica como un referente internacional en economía azul sostenible.

Pero también es una responsabilidad.

Porque gestionar un sistema como el Domo exige disciplina, conocimiento y visión de largo plazo.

No basta con tener el recurso. Hay que saber administrarlo.

Y ahí es donde el país debe dar el salto.

El proyecto de ley propuesto no es un punto de llegada. Es un punto de partida.

Una base para construir un modelo distinto. Un modelo donde la ciencia guía las decisiones, donde el control garantiza la sostenibilidad y donde el valor generado beneficia al país en su conjunto.

Esta no es una discusión sectorial. No es un tema exclusivo del sector pesquero.

Es una discusión sobre el modelo de desarrollo nacional.

Sobre si Costa Rica quiere seguir observando cómo cambian los sistemas globales o si decide entender esos cambios y actuar a tiempo.

Porque el mundo no va a esperar.

La reorganización de los océanos ya está en marcha. Las oportunidades se están redistribuyendo.

Y los países que tomen decisiones tempranas serán los que definan su lugar en el nuevo contexto global.

Costa Rica todavía está a tiempo. Pero no indefinidamente.

Mirar al mar no es una opción. Es una necesidad estratégica.

Pensar en grande tampoco es un lujo. Es la condición mínima para estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo.

Referencias

[1] Naciones Unidas. (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, Jamaica: Naciones Unidas.

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. Rome: FAO.

[3] Stukel, M. R., Barbeau, K. A., Knapp, A. N., & Landry, M. R. (2016). The Costa Rica Dome: A physical-biological hotspot in the eastern tropical Pacific. Progress in Oceanography, 138, 235-251.

[4] Fiedler, P. C. (2002). The annual cycle and biological effects of the Costa Rica Dome. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 49(2), 321-338.

[5] European Commission. (2023). The EU Fish Market 2023 Edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

[6] Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE, 4(2), e4570.

[7] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press.

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Regulatory Governance and Reform. Paris: OECD Publishing.

[9] Costello, C., Ovando, D., Clavelle, T., Strauss, C. K., Hilborn, R., Melnychuk, M. C., Branch, T. A., Gaines, S. D., Szuwalski, C. S., Cabral, R. B., Rader, D. N., & Leland, A. (2016). Global fishery prospects under contrasting management regimes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(18), 5125-5129.

Crucitas y la nueva fiebre del oro: el riesgo de sacrificar el río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

Geología, geopolítica y el futuro ambiental de la región norte – norte de Costa Rica

El debate sobre Crucitas y el distrito de Cutris ha regresado con fuerza al escenario político nacional.  Sin embargo, una parte importante de la discusión pública se está desarrollando sin comprender plenamente el contexto geológico del territorio. Y esa trama es fundamental para entender tanto el potencial económico de la zona como los riesgos que implican ciertas decisiones legislativas que hoy se discuten.

La región de Crucitas y Cutris no corresponde a un yacimiento aislado. Forma parte de un sistema geológico más amplio asociado al arco volcánico aurífero del norte de Costa Rica, descrito en estudios geológicos desde hace varias décadas como parte del denominado arco de Sarapiquí (1). Este sistema se originó en procesos hidrotermales vinculados al volcanismo antiguo que caracterizó la evolución geológica del norte del país y del sur de Nicaragua (2,3).

En este tipo de sistemas metalogénicos es común encontrar mineralizaciones auríferas asociadas a vetas hidrotermales, cuerpos mineralizados diseminados y zonas de alteración que pueden extenderse a lo largo de amplias áreas. Por esta razón, los depósitos de oro en este tipo de contextos raramente aparecen como puntos aislados; más bien forman parte de provincias auríferas regionales donde pueden existir múltiples
zonas mineralizadas.

El caso de Crucitas es un ejemplo de este tipo de sistemas. La mineralización aurífera principal se encuentra asociada a cuerpos de roca dura donde el oro aparece en forma diseminada y en menor proporción, en vetas. Pero estos sistemas también generan depósitos secundarios producto de la meteorización de la roca aurífera original. Con el paso del tiempo geológico, la descomposición de la roca genera suelos residuales ricos en minerales alterados conocidos como saprolitas, donde también puede encontrarse oro en concentraciones menores pero explotables mediante minería artesanal.

Esta distinción es importante porque permite comprender el origen del problema actual en Crucitas. La minería ilegal que ha proliferado en los últimos años no está explotando el yacimiento profundo de roca dura, sino principalmente estas mineralizaciones secundarias en saprolita, que se encuentran cerca de la superficie (hasta 10 o 15 metros de profundidad) y pueden ser extraídas mediante excavaciones relativamente poco profundas.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En muchos distritos auríferos tropicales del mundo, los depósitos secundarios generados por la meteorización de los sistemas hidrotermales han sido históricamente el punto de partida de la minería artesanal. El problema aparece cuando estas actividades se desarrollan sin control técnico ni ambiental, lo que ha ocurrido en Crucitas en los últimos años con el uso indiscriminado de mercurio y la expansión de excavaciones ilegales.

Pero comprender la geología del territorio también permite entender otra dimensión del debate: el potencial minero del distrito no se limita al sitio específico de Crucitas. El sistema geológico que contiene estas mineralizaciones se extiende hacia el norte y continúa dentro del territorio nicaragüense, donde en las últimas décadas se han desarrollado importantes distritos mineros auríferos.

En otras palabras, el oro de Crucitas forma parte de un cinturón aurífero regional que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Este hecho geológico tiene implicaciones económicas y geopolíticas que hoy resultan imposibles de ignorar, especialmente en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles históricamente altos.

Comprender esta realidad es esencial antes de tomar decisiones legislativas que podrían transformar profundamente el futuro del distrito de Cutris y de la frontera norte de Costa Rica.

• El nuevo contexto del oro: precio récord y geopolítica en Centroamérica

Si el debate sobre Crucitas se hubiera mantenido en el mismo contexto económico de hace quince años, probablemente hoy no estaríamos discutiendo nuevamente el futuro minero de la frontera norte de Costa Rica. Sin embargo, el mundo ha cambiado de forma significativa, y uno de los factores que más ha transformado este escenario es el precio internacional del oro.

En los últimos años el oro ha alcanzado niveles históricamente altos. En momentos recientes ha superado los 5.000 dólares por onza troy, impulsado por múltiples factores globales: incertidumbre económica internacional, tensiones geopolíticas, políticas monetarias expansivas y una creciente demanda del metal como reserva
estratégica por parte de bancos centrales y grandes inversionistas.

Este contexto cambia radicalmente la ecuación económica de cualquier yacimiento aurífero. Lo que hace una década podía considerarse marginal o discutible desde el punto de vista económico, hoy adquiere un valor mucho mayor. En términos simples, el potencial económico del oro contenido en sistemas como el de Crucitas puede ser hoy dos o incluso tres veces mayor que cuando el proyecto fue originalmente debatido en Costa Rica.

Esta nueva realidad económica ha reactivado lo que muchos analistas internacionales ya escriben como una nueva fiebre global del oro. En distintas regiones del mundo, gobiernos y empresas mineras han incrementado su interés por asegurar el acceso a reservas auríferas, no solo por su valor comercial inmediato, sino también por su importancia estratégica dentro del sistema financiero internacional.

Centroamérica no es ajena a esta dinámica. En particular, Nicaragua ha experimentado una expansión significativa de su actividad minera aurífera en los últimos años. Diversos distritos mineros en el norte y centro del país han sido objeto de nuevas concesiones y proyectos de explotación, muchos de ellos vinculados a capital extranjero.

Entre esos actores internacionales destaca la creciente participación de empresas vinculadas a capital chino en distintos proyectos mineros alrededor del mundo. China ha incrementado de manera sostenida su presencia en la minería global, especialmente en minerales estratégicos y metales preciosos, como parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar recursos naturales clave para su economía y su sistema
financiero.

En Nicaragua, algunas concesiones mineras otorgadas en los últimos años abarcan extensas áreas del territorio nacional, incluyendo zonas que forman parte de la continuidad geológica del mismo cinturón aurífero que se extiende hacia el norte de Costa Rica. Este hecho no implica necesariamente una relación directa con el debate legislativo costarricense, pero sí configura un contexto geopolítico regional que no puede ignorarse.

En otras palabras, el sistema aurífero que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se encuentra hoy dentro de una región donde el interés internacional por el oro está en aumento. Y es precisamente en ese contexto donde Costa Rica discute actualmente un proyecto legislativo que propone abrir todo el distrito de Cutris a minería metálica a cielo abierto mediante un sistema de concesiones adjudicadas por subasta (es decir, al mejor postor, aunque este sea China).

La combinación de estos factores —precio récord del oro, expansión minera regional y creciente interés internacional por los metales preciosos— explica por qué el debate sobre Cutris ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Lo que está en discusión no es solo un proyecto minero específico, sino el futuro de un territorio ubicado dentro de una provincia aurífera regional que hoy vuelve a despertar interés económico y estratégico a escala global.

• Cutris y el riesgo de abrir un distrito minero completo

En este contexto económico y geopolítico es donde debe analizarse con cuidado el proyecto sustitutivo (No. 24.717 de la Asamblea Legislativa) que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que propone autorizar la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris.

A primera vista, el planteamiento puede parecer una solución directa al problema de la minería ilegal que hoy afecta a la zona de Crucitas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la propuesta implica un cambio de escala mucho mayor que el que originalmente se debatió en el país.

El proyecto minero de Crucitas, discutido intensamente en Costa Rica hace más de una década, estaba asociado a un yacimiento específico localizado en los cerros Botija y Fortuna. La discusión nacional giraba en torno a si era conveniente o no permitir una mina industrial en ese punto concreto del territorio.

El proyecto sustitutivo que hoy se discute plantea algo distinto. En lugar de referirse únicamente a ese yacimiento específico, propone abrir la posibilidad de concesiones mineras en todo el distrito de Cutris (área: 874 Km2, es decir, donde podrían desarrollarse 87 concesiones mineras, tipo Crucitas, de 10 Km2 cada una).

Desde el punto de vista territorial, esto significa pasar de la discusión sobre una mina particular a la posibilidad de transformar una extensa área de la frontera norte en un distrito minero completo.

El mecanismo propuesto para adjudicar las concesiones sería mediante un sistema de subasta pública, en el cual los interesados competirían ofreciendo el mayor porcentaje de royalty para el Estado. Bajo este esquema, las concesiones podrían dividirse en bloques que serían adjudicados a quienes presenten las ofertas económicas más altas.

Este modelo es utilizado en diversos países para asignar derechos de explotación minera, pero su aplicación en un territorio con las características ambientales y geopolíticas de la frontera norte de Costa Rica merece una reflexión cuidadosa.

Si el distrito de Cutris se dividiera en concesiones mineras de tamaño estándar, el número potencial de proyectos podría multiplicarse rápidamente. En términos ilustrativos, diversos análisis han señalado que el territorio podría equivaler a decenas de áreas comparables al tamaño del proyecto Crucitas originalmente planteado.

Esto significa que la decisión que hoy se discute no se limita a autorizar o no una mina adicional. Implica la posibilidad de abrir un territorio completo a un modelo de explotación minera industrial a gran escala.

Una transformación de esta naturaleza tendría implicaciones profundas para el paisaje, los ecosistemas y la dinámica socioeconómica de la región. La minería metálica a cielo abierto es una actividad intensiva en movimiento de tierras, uso de agua, generación de residuos y construcción de infraestructura asociada.

En un territorio como la frontera norte de Costa Rica, caracterizado por una baja densidad poblacional, ecosistemas sensibles y sistemas hidrológicos complejos, una expansión minera de gran escala requeriría una capacidad institucional de supervisión ambiental y técnica particularmente robusta.

Sin embargo, la experiencia reciente del país demuestra que incluso el control de una sola operación minera industrial genera desafíos significativos para las instituciones responsables de la regulación ambiental y minera. No olvidamos el decreto de conveniencia nacional firmado por el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y el presidente Oscar Arias, donde se decía algo así como que “los expertos mineros de la empresa Infinito Gold iban a entrenar la gente de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas, a inspeccionarlos a ver si estaban cumpliendo con la normativa técnica y ambiental” (es decir: el zorro ensenando a las gallinas a protegerse del zorro…).

La pregunta que inevitablemente surge es si Costa Rica cuenta actualmente con la capacidad institucional necesaria para supervisar de manera efectiva múltiples operaciones mineras simultáneas en una región ambientalmente sensible.

Más aún, en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles excepcionalmente altos y donde el interés global por este metal continúa creciendo, abrir un distrito minero completo mediante subasta internacional introduce dinámicas económicas y geopolíticas que deben ser analizadas con extrema prudencia.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de un proyecto minero específico, sino el modelo de desarrollo que Costa Rica desea para su frontera norte en las próximas décadas.

• El sistema ecológico del río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

Existe, sin embargo, una dimensión adicional del debate sobre Crucitas que rara vez aparece en el centro de la discusión pública y que resulta fundamental para comprender la magnitud del problema: la dimensión ecológica del territorio.

La frontera norte de Costa Rica forma parte de uno de los sistemas hidrológicos y ecológicos más importantes de Centroamérica, articulado alrededor del río San Juan y de los extensos humedales del Caribe noreste de Costa Rica.

El río San Juan no es únicamente un límite político entre Costa Rica y Nicaragua. Es el eje de una compleja red de ríos, lagunas, planicies aluviales, bosques inundables y humedales que conforman uno de los mosaicos ecológicos más ricos de la región.

En el lado costarricense, este sistema incluye ecosistemas de enorme importancia ambiental, como los humedales asociados a las llanuras de San Carlos y Los Chiles, así como el refugio de vida silvestre Caño Negro, uno de los sitios Ramsar más importantes del país. Estos humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: regulan los flujos hidrológicos, almacenan sedimentos, sostienen una enorme biodiversidad y sirven como hábitat para numerosas especies de aves migratorias, peces, reptiles y mamíferos.

En el lado nicaragüense, el sistema se conecta con las planicies aluviales del bajo San Juan y con el propio lago de Nicaragua, formando un corredor ecológico transfronterizo cuya dinámica depende del equilibrio ambiental de toda la cuenca.

La relevancia de este sistema ecológico radica precisamente en su carácter integrado y compartido. Alteraciones significativas en cualquiera de sus componentes pueden generar efectos que se extienden a lo largo de toda la cuenca.

En este contexto, la expansión de actividades mineras que impliquen el uso de sustancias químicas altamente tóxicas —como el mercurio en la minería ilegal o el cianuro en la minería industrial— introduce riesgos ambientales que deben analizarse con extrema prudencia.

Cuando estos contaminantes ingresan a sistemas acuáticos, pueden permanecer durante décadas o incluso siglos en sedimentos, suelos y organismos vivos. En regiones tropicales con alta pluviosidad, como la frontera norte de Costa Rica, la dispersión de estos contaminantes a través de las cuencas hidrográficas puede amplificar significativamente sus impactos.

Por esta razón, el debate sobre Crucitas no puede limitarse únicamente a la discusión económica sobre el valor del oro.

También debe considerar el valor ecológico de un sistema natural cuya integridad resulta fundamental para Costa Rica y Nicaragua.

Las sociedades humanas pasan por este planeta durante unas pocas décadas. Los ecosistemas, en cambio, se forman a lo largo de siglos y milenios.

El oro puede agotarse en unas pocas décadas.

Pero la contaminación de un río y de sus humedales puede perdurar durante generaciones.

• El verdadero problema en Crucitas: la minería ilegal y cómo resolverla

Uno de los mayores riesgos del debate actual sobre Cutris es que se está mezclando el problema real que hoy existe en la zona con propuestas que no necesariamente lo resuelven. Para comprender esto con claridad es fundamental distinguir entre dos tipos distintos de mineralización aurífera presentes en Crucitas.

Por un lado, existe el yacimiento primario, asociado a la roca dura donde el oro se encuentra diseminado o en vetas hidrotermales. Este es el tipo de mineralización que dio origen al proyecto minero industrial originalmente planteado en los cerros Botija y Fortuna.

Por otro lado, existe una mineralización secundaria, formada a lo largo de miles de años por procesos de meteorización tropical. La descomposición química de la roca aurífera genera suelos residuales conocidos como saprolita, en los cuales el oro puede concentrarse en partículas finas distribuidas dentro del material alterado.

Esta saprolita aurífera se encuentra generalmente cerca de la superficie, en los primeros metros del suelo. En muchos casos, las excavaciones asociadas a este tipo de minería no superan profundidades aproximadas de diez metros.

Es precisamente este material superficial el que ha sido objeto de la minería artesanal ilegal que se ha desarrollado en Crucitas durante los últimos años. Miles de personas han ingresado a la zona para extraer oro de manera informal, utilizando técnicas rudimentarias y, en muchos casos, empleando mercurio para recuperar el metal.

El resultado ha sido un problema ambiental significativo: suelos contaminados, excavaciones desordenadas y afectación de ecosistemas locales. Sin embargo, es importante entender que esta actividad ilegal no corresponde a la explotación del yacimiento profundo de roca dura. Se trata de una minería superficial vinculada a depósitos secundarios.

Esta diferencia es clave porque implica que la solución al problema actual no necesariamente pasa por abrir el distrito completo a minería industrial.

La propuesta contenida en el proyecto de ley integral desarrollado para Crucitas (No. 25.426) plantea un enfoque distinto. En lugar de permitir una expansión minera a gran escala, propone ordenar temporalmente la explotación de la saprolita aurífera mediante un sistema regulado de concesiones de pequeña escala.

Estas concesiones estarían destinadas exclusivamente a microempresas o cooperativas costarricenses, con controles técnicos y ambientales estrictos y con la prohibición del uso de mercurio.

El objetivo de este esquema sería triple: sustituir la minería ilegal por una actividad formal y controlada; permitir el saneamiento ambiental progresivo de las áreas ya afectadas; y generar ingresos locales que contribuyan al desarrollo de la región.

En otras palabras, la propuesta busca resolver el problema real existente en Crucitas —la minería ilegal superficial— sin abrir la puerta a una expansión minera industrial de gran escala en todo el distrito de Cutris.

• Una alternativa de país: desarrollo territorial sostenible para la frontera norte

Si el debate sobre Crucitas y Cutris se limitara únicamente a decidir si se permite o no la explotación minera industrial, Costa Rica estaría enfrentando una falsa dicotomía. El verdadero desafío no es escoger entre minería o abandono del territorio. El verdadero desafío es definir qué modelo de desarrollo se quiere para la frontera norte del país en las próximas décadas.

La propuesta contenida en el proyecto de Ley para la Recuperación Ambiental, Restauración Territorial y Desarrollo Sostenible de Crucitas parte precisamente de esa pregunta fundamental. En lugar de plantear el oro como el eje del desarrollo regional, propone transformar el conflicto minero en una oportunidad para construir un modelo territorial diferente, basado en la restauración ambiental, el conocimiento científico y el desarrollo sostenible.

El primer componente de esta propuesta es el saneamiento ambiental de las áreas afectadas por la minería ilegal. Los estudios técnicos realizados en los últimos años indican que la actividad ilegal ha generado contaminación con mercurio y un volumen considerable de suelos alterados que requieren tratamiento especializado. Resolver este pasivo ambiental es una prioridad que no puede seguir posponiéndose.

Para enfrentar este desafío se propone la creación de un Programa Nacional de Saneamiento Ambiental de Crucitas, acompañado por un fondo financiero específico que permita ejecutar trabajos de restauración ecológica, encapsulamiento de suelos contaminados y monitoreo ambiental permanente. Este programa permitiría transformar una zona degradada por la minería ilegal en un territorio en recuperación.

El segundo componente del modelo es la puesta en valor del patrimonio geológico y natural de la región. Los cerros Botija y Fortuna, así como su entorno geológico, poseen características científicas que los convierten en un sitio de gran interés para la investigación geológica y ambiental. Por esta razón, la propuesta legislativa plantea la creación del Geositio Crucitas, un espacio destinado a la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo del geoturismo, aprovechando la riqueza geológica de la zona (4)

El geoturismo y el turismo científico representan oportunidades económicas compatibles con la conservación del territorio. Costa Rica ha demostrado durante décadas que la protección del patrimonio natural puede convertirse en una fuente importante de desarrollo económico cuando se gestiona de manera inteligente.

El tercer componente del modelo es el impulso de actividades productivas sostenibles para las comunidades de la región, incluyendo agricultura y ganadería regenerativas, encadenamientos productivos locales y fortalecimiento de la economía rural. En lugar de depender de una actividad extractiva de corta duración, el objetivo es crear una base económica diversificada y estable.

La propuesta también contempla el desarrollo de infraestructura estratégica que permita mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso a la zona para actividades turísticas, científicas y productivas. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un aeropuerto regional de alta capacidad para la recepción de turistas. En territorios de baja densidad poblacional como la frontera norte, la conectividad es un elemento clave para generar oportunidades económicas sostenibles.

Para financiar este conjunto de iniciativas se plantea un mecanismo innovador basado en la emisión de bonos verdes soberanos, instrumentos financieros que canalizan inversión internacional hacia proyectos de restauración ambiental y desarrollo sostenible. Bajo este modelo, el valor del territorio no se basa en la extracción del oro, sino en la preservación de su capital natural y en la credibilidad ambiental de Costa Rica.

Este enfoque permite transformar la narrativa histórica de Crucitas. En lugar de ser recordado como un conflicto minero sin solución, el territorio podría convertirse en un ejemplo de cómo un país decide proteger su patrimonio natural mientras genera oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

El debate sobre Cutris y Crucitas, por lo tanto, no es únicamente un debate minero. Es un debate sobre la visión de país que Costa Rica desea proyectar hacia el futuro.

Costa Rica se encuentra ante una decisión que trasciende el debate minero. No se trata simplemente de extraer oro o de dejarlo bajo tierra, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos para nuestros territorios más frágiles y estratégicos. En tiempos de una nueva fiebre del oro, la verdadera riqueza de un país puede estar precisamente en la prudencia con que decide proteger su patrimonio natural.

Abrir un distrito minero completo mediante subastas internacionales puede parecer una solución rápida frente a la tentación del oro. Sin embargo, hacerlo sin una visión estratégica podría incluso situar a Costa Rica en tensiones geopolíticas innecesarias. 

La frontera norte no necesita una nueva fiebre del oro; necesita visión de largo plazo, restauración ambiental y oportunidades reales de desarrollo para sus comunidades.

Fuente de imagen 1: https://www.expedientepublico.org/empresas-chinas-podran-explotar-222-mil-hectareas-mineras-en-nicaragua/

Fuente de imagen 2: Astorga, A. (2019): Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativas de solución. Documento técnico. -www.allan-astorga.com, 40 p.

Fuente imagen 3: Astorga, A. (2023): Crucitas: actualización de situación y vías de solución. Referente a la eventual  explotación de oro. Documento divulgativo.

Referencias:

• ASTORGA, A., FERNÁNDEZ, J.A., BARBOZA, G., CAMPOS, L., OBANDO, J., AGUILAR, A. & OBANDO, L.G., 1991: Cuencas sedimentarias de Costa Rica: Evolución geodinámica y potencial de hidrocarburos. Rev. Geol. América Central, 13: 25-59

• OBANDO, J., 1995: Estudio geológico del Arco de Sarapiquí: Contribución a las nuevas exploraciones mineras de la región. - 74 págs. Placer Dome de Costa Rica [Informe interno].

• GAZEL, E., ALVARADO, G., OBANDO, J. & ALFARO, A. (2005): Geología y evolución magmática del arco de Sarapiquí, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 32: 13 – 31 p.

• ASTORGA, A., 1992: Descubrimiento de la corteza oceánica mesozoica en el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua. - Rev. Geol. América Central, 13: 25-59.

Crucitas y la nueva fiebre del oro: el riesgo de sacrificar el río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

1.    La geología del norte de Costa Rica y el verdadero significado de Crucitas

El debate sobre Crucitas y el distrito de Cutris ha regresado con fuerza al escenario político nacional.  Sin embargo, una parte importante de la discusión pública se está desarrollando sin comprender plenamente el contexto geológico del territorio. Y esa trama es fundamental para entender tanto el potencial económico de la zona como los riesgos que implican ciertas decisiones legislativas que hoy se discuten.

La región de Crucitas y Cutris no corresponde a un yacimiento aislado. Forma parte de un sistema geológico más amplio asociado al arco volcánico aurífero del norte de Costa Rica, descrito en estudios geológicos desde hace varias décadas como parte del denominado arco de Sarapiquí (1). Este sistema se originó en procesos hidrotermales vinculados al volcanismo antiguo que caracterizó la evolución geológica del norte del país y del sur de Nicaragua (2,3).

En este tipo de sistemas metalogénicos es común encontrar mineralizaciones auríferas asociadas a vetas hidrotermales, cuerpos mineralizados diseminados y zonas de alteración que pueden extenderse a lo largo de amplias áreas. Por esta razón, los depósitos de oro en este tipo de contextos raramente aparecen como puntos aislados; más bien forman parte de provincias auríferas regionales donde pueden existir múltiples
zonas mineralizadas.

El caso de Crucitas es un ejemplo de este tipo de sistemas. La mineralización aurífera principal se encuentra asociada a cuerpos de roca dura donde el oro aparece en forma diseminada y en menor proporción, en vetas. Pero estos sistemas también generan depósitos secundarios producto de la meteorización de la roca aurífera original. Con el paso del tiempo geológico, la descomposición de la roca genera suelos residuales ricos en minerales alterados conocidos como saprolitas, donde también puede encontrarse oro en concentraciones menores pero explotables mediante minería artesanal.

Esta distinción es importante porque permite comprender el origen del problema actual en Crucitas. La minería ilegal que ha proliferado en los últimos años no está explotando el yacimiento profundo de roca dura, sino principalmente estas mineralizaciones secundarias en saprolita, que se encuentran cerca de la superficie (hasta 10 o 15 metros de profundidad) y pueden ser extraídas mediante excavaciones relativamente poco profundas.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. En muchos distritos auríferos tropicales del mundo, los depósitos secundarios generados por la meteorización de los sistemas hidrotermales han sido históricamente el punto de partida de la minería artesanal. El problema aparece cuando estas actividades se desarrollan sin control técnico ni ambiental, lo que ha ocurrido en Crucitas en los últimos años con el uso indiscriminado de mercurio y la expansión de excavaciones ilegales.

Pero comprender la geología del territorio también permite entender otra dimensión del debate: el potencial minero del distrito no se limita al sitio específico de Crucitas. El sistema geológico que contiene estas mineralizaciones se extiende hacia el norte y continúa dentro del territorio nicaragüense, donde en las últimas décadas se han desarrollado importantes distritos mineros auríferos.

En otras palabras, el oro de Crucitas forma parte de un cinturón aurífero regional que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Este hecho geológico tiene implicaciones económicas y geopolíticas que hoy resultan imposibles de ignorar, especialmente en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles históricamente altos.

Comprender esta realidad es esencial antes de tomar decisiones legislativas que podrían transformar profundamente el futuro del distrito de Cutris y de la frontera norte de Costa Rica.

2.    El nuevo contexto del oro: precio récord y geopolítica en Centroamérica

Si el debate sobre Crucitas se hubiera mantenido en el mismo contexto económico de hace quince años, probablemente hoy no estaríamos discutiendo nuevamente el futuro minero de la frontera norte de Costa Rica. Sin embargo, el mundo ha cambiado de forma significativa, y uno de los factores que más ha transformado este escenario es el precio internacional del oro.

En los últimos años el oro ha alcanzado niveles históricamente altos. En momentos recientes ha superado los 5.000 dólares por onza troy, impulsado por múltiples factores globales: incertidumbre económica internacional, tensiones geopolíticas, políticas monetarias expansivas y una creciente demanda del metal como reserva
estratégica por parte de bancos centrales y grandes inversionistas.

Este contexto cambia radicalmente la ecuación económica de cualquier yacimiento aurífero. Lo que hace una década podía considerarse marginal o discutible desde el punto de vista económico, hoy adquiere un valor mucho mayor. En términos simples, el potencial económico del oro contenido en sistemas como el de Crucitas puede ser hoy dos o incluso tres veces mayor que cuando el proyecto fue originalmente debatido en Costa Rica.

Esta nueva realidad económica ha reactivado lo que muchos analistas internacionales ya escriben como una nueva fiebre global del oro. En distintas regiones del mundo, gobiernos y empresas mineras han incrementado su interés por asegurar el acceso a reservas auríferas, no solo por su valor comercial inmediato, sino también por su importancia estratégica dentro del sistema financiero internacional.

Centroamérica no es ajena a esta dinámica. En particular, Nicaragua ha experimentado una expansión significativa de su actividad minera aurífera en los últimos años. Diversos distritos mineros en el norte y centro del país han sido objeto de nuevas concesiones y proyectos de explotación, muchos de ellos vinculados a capital extranjero.

Entre esos actores internacionales destaca la creciente participación de empresas vinculadas a capital chino en distintos proyectos mineros alrededor del mundo. China ha incrementado de manera sostenida su presencia en la minería global, especialmente en minerales estratégicos y metales preciosos, como parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar recursos naturales clave para su economía y su sistema
financiero.

En Nicaragua, algunas concesiones mineras otorgadas en los últimos años abarcan extensas áreas del territorio nacional, incluyendo zonas que forman parte de la continuidad geológica del mismo cinturón aurífero que se extiende hacia el norte de Costa Rica. Este hecho no implica necesariamente una relación directa con el debate legislativo costarricense, pero sí configura un contexto geopolítico regional que no puede ignorarse.

En otras palabras, el sistema aurífero que atraviesa la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se encuentra hoy dentro de una región donde el interés internacional por el oro está en aumento. Y es precisamente en ese contexto donde Costa Rica discute actualmente un proyecto legislativo que propone abrir todo el distrito de Cutris a minería metálica a cielo abierto mediante un sistema de concesiones adjudicadas por subasta (es decir, al mejor postor, aunque este sea China).

La combinación de estos factores —precio récord del oro, expansión minera regional y creciente interés internacional por los metales preciosos— explica por qué el debate sobre Cutris ya no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Lo que está en discusión no es solo un proyecto minero específico, sino el futuro de un territorio ubicado dentro de una provincia aurífera regional que hoy vuelve a despertar interés económico y estratégico a escala global.

3.    Cutris y el riesgo de abrir un distrito minero completo

En este contexto económico y geopolítico es donde debe analizarse con cuidado el proyecto sustitutivo (No. 24.717 de la Asamblea Legislativa) que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que propone autorizar la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris.

A primera vista, el planteamiento puede parecer una solución directa al problema de la minería ilegal que hoy afecta a la zona de Crucitas. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la propuesta implica un cambio de escala mucho mayor que el que originalmente se debatió en el país.

El proyecto minero de Crucitas, discutido intensamente en Costa Rica hace más de una década, estaba asociado a un yacimiento específico localizado en los cerros Botija y Fortuna. La discusión nacional giraba en torno a si era conveniente o no permitir una mina industrial en ese punto concreto del territorio.

El proyecto sustitutivo que hoy se discute plantea algo distinto. En lugar de referirse únicamente a ese yacimiento específico, propone abrir la posibilidad de concesiones mineras en todo el distrito de Cutris (área: 874 Km2, es decir, donde podrían desarrollarse 87 concesiones mineras, tipo Crucitas, de 10 Km2 cada una).

Desde el punto de vista territorial, esto significa pasar de la discusión sobre una mina particular a la posibilidad de transformar una extensa área de la frontera norte en un distrito minero completo.

El mecanismo propuesto para adjudicar las concesiones sería mediante un sistema de subasta pública, en el cual los interesados competirían ofreciendo el mayor porcentaje de royalty para el Estado. Bajo este esquema, las concesiones podrían dividirse en bloques que serían adjudicados a quienes presenten las ofertas económicas más altas.

Este modelo es utilizado en diversos países para asignar derechos de explotación minera, pero su aplicación en un territorio con las características ambientales y geopolíticas de la frontera norte de Costa Rica merece una reflexión cuidadosa.

Si el distrito de Cutris se dividiera en concesiones mineras de tamaño estándar, el número potencial de proyectos podría multiplicarse rápidamente. En términos ilustrativos, diversos análisis han señalado que el territorio podría equivaler a decenas de áreas comparables al tamaño del proyecto Crucitas originalmente planteado.

Esto significa que la decisión que hoy se discute no se limita a autorizar o no una mina adicional. Implica la posibilidad de abrir un territorio completo a un modelo de explotación minera industrial a gran escala.

Una transformación de esta naturaleza tendría implicaciones profundas para el paisaje, los ecosistemas y la dinámica socioeconómica de la región. La minería metálica a cielo abierto es una actividad intensiva en movimiento de tierras, uso de agua, generación de residuos y construcción de infraestructura asociada.

En un territorio como la frontera norte de Costa Rica, caracterizado por una baja densidad poblacional, ecosistemas sensibles y sistemas hidrológicos complejos, una expansión minera de gran escala requeriría una capacidad institucional de supervisión ambiental y técnica particularmente robusta.

Sin embargo, la experiencia reciente del país demuestra que incluso el control de una sola operación minera industrial genera desafíos significativos para las instituciones responsables de la regulación ambiental y minera. No olvidamos el decreto de conveniencia nacional firmado por el ex ministro de ambiente Roberto Dobles y el presidente Oscar Arias, donde se decía algo así como que “los expertos mineros de la empresa Infinito Gold iban a entrenar la gente de la SETENA y de la Dirección de Geología y Minas, a inspeccionarlos a ver si estaban cumpliendo con la normativa técnica y ambiental” (es decir: el zorro ensenando a las gallinas a protegerse del zorro…).

La pregunta que inevitablemente surge es si Costa Rica cuenta actualmente con la capacidad institucional necesaria para supervisar de manera efectiva múltiples operaciones mineras simultáneas en una región ambientalmente sensible.

Más aún, en un contexto internacional donde el precio del oro ha alcanzado niveles excepcionalmente altos y donde el interés global por este metal continúa creciendo, abrir un distrito minero completo mediante subasta internacional introduce dinámicas económicas y geopolíticas que deben ser analizadas con extrema prudencia.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de un proyecto minero específico, sino el modelo de desarrollo que Costa Rica desea para su frontera norte en las próximas décadas.

4.    El sistema ecológico del río San Juan y los humedales del noreste de Costa Rica

Existe, sin embargo, una dimensión adicional del debate sobre Crucitas que rara vez aparece en el centro de la discusión pública y que resulta fundamental para comprender la magnitud del problema: la dimensión ecológica del territorio.

La frontera norte de Costa Rica forma parte de uno de los sistemas hidrológicos y ecológicos más importantes de Centroamérica, articulado alrededor del río San Juan y de los extensos humedales del Caribe noreste de Costa Rica.

El río San Juan no es únicamente un límite político entre Costa Rica y Nicaragua. Es el eje de una compleja red de ríos, lagunas, planicies aluviales, bosques inundables y humedales que conforman uno de los mosaicos ecológicos más ricos de la región.

En el lado costarricense, este sistema incluye ecosistemas de enorme importancia ambiental, como los humedales asociados a las llanuras de San Carlos y Los Chiles, así como el refugio de vida silvestre Caño Negro, uno de los sitios Ramsar más importantes del país. Estos humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: regulan los flujos hidrológicos, almacenan sedimentos, sostienen una enorme biodiversidad y sirven como hábitat para numerosas especies de aves migratorias, peces, reptiles y mamíferos.

En el lado nicaragüense, el sistema se conecta con las planicies aluviales del bajo San Juan y con el propio lago de Nicaragua, formando un corredor ecológico transfronterizo cuya dinámica depende del equilibrio ambiental de toda la cuenca.

La relevancia de este sistema ecológico radica precisamente en su carácter integrado y compartido. Alteraciones significativas en cualquiera de sus componentes pueden generar efectos que se extienden a lo largo de toda la cuenca.

En este contexto, la expansión de actividades mineras que impliquen el uso de sustancias químicas altamente tóxicas —como el mercurio en la minería ilegal o el cianuro en la minería industrial— introduce riesgos ambientales que deben analizarse con extrema prudencia.

Cuando estos contaminantes ingresan a sistemas acuáticos, pueden permanecer durante décadas o incluso siglos en sedimentos, suelos y organismos vivos. En regiones tropicales con alta pluviosidad, como la frontera norte de Costa Rica, la dispersión de estos contaminantes a través de las cuencas hidrográficas puede amplificar significativamente sus impactos.

Por esta razón, el debate sobre Crucitas no puede limitarse únicamente a la discusión económica sobre el valor del oro.

También debe considerar el valor ecológico de un sistema natural cuya integridad resulta fundamental para Costa Rica y Nicaragua.

Las sociedades humanas pasan por este planeta durante unas pocas décadas. Los ecosistemas, en cambio, se forman a lo largo de siglos y milenios.

El oro puede agotarse en unas pocas décadas.

Pero la contaminación de un río y de sus humedales puede perdurar durante generaciones.

5.    El verdadero problema en Crucitas: la minería ilegal y cómo resolverla

Uno de los mayores riesgos del debate actual sobre Cutris es que se está mezclando el problema real que hoy existe en la zona con propuestas que no necesariamente lo resuelven. Para comprender esto con claridad es fundamental distinguir entre dos tipos distintos de mineralización aurífera presentes en Crucitas.

Por un lado, existe el yacimiento primario, asociado a la roca dura donde el oro se encuentra diseminado o en vetas hidrotermales. Este es el tipo de mineralización que dio origen al proyecto minero industrial originalmente planteado en los cerros Botija y Fortuna.

Por otro lado, existe una mineralización secundaria, formada a lo largo de miles de años por procesos de meteorización tropical. La descomposición química de la roca aurífera genera suelos residuales conocidos como saprolita, en los cuales el oro puede concentrarse en partículas finas distribuidas dentro del material alterado.

Esta saprolita aurífera se encuentra generalmente cerca de la superficie, en los primeros metros del suelo. En muchos casos, las excavaciones asociadas a este tipo de minería no superan profundidades aproximadas de diez metros.

Es precisamente este material superficial el que ha sido objeto de la minería artesanal ilegal que se ha desarrollado en Crucitas durante los últimos años. Miles de personas han ingresado a la zona para extraer oro de manera informal, utilizando técnicas rudimentarias y, en muchos casos, empleando mercurio para recuperar el metal.

El resultado ha sido un problema ambiental significativo: suelos contaminados, excavaciones desordenadas y afectación de ecosistemas locales. Sin embargo, es importante entender que esta actividad ilegal no corresponde a la explotación del yacimiento profundo de roca dura. Se trata de una minería superficial vinculada a depósitos secundarios.

Esta diferencia es clave porque implica que la solución al problema actual no necesariamente pasa por abrir el distrito completo a minería industrial.

La propuesta contenida en el proyecto de ley integral desarrollado para Crucitas (No. 25.426) plantea un enfoque distinto. En lugar de permitir una expansión minera a gran escala, propone ordenar temporalmente la explotación de la saprolita aurífera mediante un sistema regulado de concesiones de pequeña escala.

Estas concesiones estarían destinadas exclusivamente a microempresas o cooperativas costarricenses, con controles técnicos y ambientales estrictos y con la prohibición del uso de mercurio.

El objetivo de este esquema sería triple: sustituir la minería ilegal por una actividad formal y controlada; permitir el saneamiento ambiental progresivo de las áreas ya afectadas; y generar ingresos locales que contribuyan al desarrollo de la región.

En otras palabras, la propuesta busca resolver el problema real existente en Crucitas —la minería ilegal superficial— sin abrir la puerta a una expansión minera industrial de gran escala en todo el distrito de Cutris.

6.    Una alternativa de país: desarrollo territorial sostenible para la frontera norte

Si el debate sobre Crucitas y Cutris se limitara únicamente a decidir si se permite o no la explotación minera industrial, Costa Rica estaría enfrentando una falsa dicotomía. El verdadero desafío no es escoger entre minería o abandono del territorio. El verdadero desafío es definir qué modelo de desarrollo se quiere para la frontera norte del país en las próximas décadas.

La propuesta contenida en el proyecto de Ley para la Recuperación Ambiental, Restauración Territorial y Desarrollo Sostenible de Crucitas parte precisamente de esa pregunta fundamental. En lugar de plantear el oro como el eje del desarrollo regional, propone transformar el conflicto minero en una oportunidad para construir un modelo territorial diferente, basado en la restauración ambiental, el conocimiento científico y el desarrollo sostenible.

El primer componente de esta propuesta es el saneamiento ambiental de las áreas afectadas por la minería ilegal. Los estudios técnicos realizados en los últimos años indican que la actividad ilegal ha generado contaminación con mercurio y un volumen considerable de suelos alterados que requieren tratamiento especializado. Resolver este pasivo ambiental es una prioridad que no puede seguir posponiéndose.

Para enfrentar este desafío se propone la creación de un Programa Nacional de Saneamiento Ambiental de Crucitas, acompañado por un fondo financiero específico que permita ejecutar trabajos de restauración ecológica, encapsulamiento de suelos contaminados y monitoreo ambiental permanente. Este programa permitiría transformar una zona degradada por la minería ilegal en un territorio en recuperación.

El segundo componente del modelo es la puesta en valor del patrimonio geológico y natural de la región. Los cerros Botija y Fortuna, así como su entorno geológico, poseen características científicas que los convierten en un sitio de gran interés para la investigación geológica y ambiental. Por esta razón, la propuesta legislativa plantea la creación del Geositio Crucitas, un espacio destinado a la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo del geoturismo, aprovechando la riqueza geológica de la zona (4)

El geoturismo y el turismo científico representan oportunidades económicas compatibles con la conservación del territorio. Costa Rica ha demostrado durante décadas que la protección del patrimonio natural puede convertirse en una fuente importante de desarrollo económico cuando se gestiona de manera inteligente.

El tercer componente del modelo es el impulso de actividades productivas sostenibles para las comunidades de la región, incluyendo agricultura y ganadería regenerativas, encadenamientos productivos locales y fortalecimiento de la economía rural. En lugar de depender de una actividad extractiva de corta duración, el objetivo es crear una base económica diversificada y estable.

La propuesta también contempla el desarrollo de infraestructura estratégica que permita mejorar la conectividad regional y facilitar el acceso a la zona para actividades turísticas, científicas y productivas. Un ejemplo de ello es el desarrollo de un aeropuerto regional de alta capacidad para la recepción de turistas. En territorios de baja densidad poblacional como la frontera norte, la conectividad es un elemento clave para generar oportunidades económicas sostenibles.

Para financiar este conjunto de iniciativas se plantea un mecanismo innovador basado en la emisión de bonos verdes soberanos, instrumentos financieros que canalizan inversión internacional hacia proyectos de restauración ambiental y desarrollo sostenible. Bajo este modelo, el valor del territorio no se basa en la extracción del oro, sino en la preservación de su capital natural y en la credibilidad ambiental de Costa Rica.

Este enfoque permite transformar la narrativa histórica de Crucitas. En lugar de ser recordado como un conflicto minero sin solución, el territorio podría convertirse en un ejemplo de cómo un país decide proteger su patrimonio natural mientras genera oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

El debate sobre Cutris y Crucitas, por lo tanto, no es únicamente un debate minero. Es un debate sobre la visión de país que Costa Rica desea proyectar hacia el futuro.

Costa Rica se encuentra ante una decisión que trasciende el debate minero. No se trata simplemente de extraer oro o de dejarlo bajo tierra, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos para nuestros territorios más frágiles y estratégicos. En tiempos de una nueva fiebre del oro, la verdadera riqueza de un país puede estar precisamente en la prudencia con que decide proteger su patrimonio natural.

Abrir un distrito minero completo mediante subastas internacionales puede parecer una solución rápida frente a la tentación del oro. Sin embargo, hacerlo sin una visión estratégica podría incluso situar a Costa Rica en tensiones geopolíticas innecesarias.

La frontera norte no necesita una nueva fiebre del oro; necesita visión de largo plazo, restauración ambiental y oportunidades reales de desarrollo para sus comunidades.

Fuente de imagen 1: https://www.expedientepublico.org/empresas-chinas-podran-explotar-222-mil-hectareas-mineras-en-nicaragua/

Fuente de imagen 2: Astorga, A. (2019): Crucitas: evaluación ambiental, análisis comparativo y alternativas de solución. Documento técnico. -www.allan-astorga.com, 40 p.

Fuente imagen 3: Astorga, A. (2023): Crucitas: actualización de situación y vías de solución. Referente a la eventual  explotación de oro. Documento divulgativo.

Referencias:

(1)  ASTORGA, A., FERNÁNDEZ, J.A., BARBOZA, G., CAMPOS, L., OBANDO, J., AGUILAR, A. & OBANDO, L.G., 1991: Cuencas sedimentarias de Costa Rica: Evolución geodinámica y potencial de hidrocarburos. Rev. Geol. América Central, 13: 25-59

(2)  OBANDO, J., 1995: Estudio geológico del Arco de Sarapiquí: Contribución a las nuevas exploraciones mineras de la región. - 74 págs. Placer Dome de Costa Rica [Informe interno].

(3)  GAZEL, E., ALVARADO, G., OBANDO, J. & ALFARO, A. (2005): Geología y evolución magmática del arco de Sarapiquí, Costa Rica. Revista Geológica de América Central, 32: 13 – 31 p.

(4)  ASTORGA, A., 1992: Descubrimiento de la corteza oceánica mesozoica en el norte de Costa Rica y sur de Nicaragua. - Rev. Geol. América Central, 13: 25-59.