El riesgo de construir en el pie de monte del Valle Central de Costa Rica

Octubre 30, 2022 11:32 am

Desde hace más de 12 años se inició lo que hemos llamado un desequilibrado “pulso” entre los sectores inmobiliarios y constructivos del país, con algunos técnicos que tratamos que las áreas que se dediquen a construcción, sean sitios seguros y resilientes. Este pulso llevó a que, en el 2010, finalmente no se aprobara el Plan regional PRUGAM 2008 – 2030 y en su lugar, se trabajara con planes regionales diametralmente opuestos como el POTGAM y el Plan GAM 2013 – 2030, el cual fue declarado, recientemente, como inconstitucional por la Sala IV.

Este pulso aún no ha terminado. Mientras tanto, durante todo este tiempo, el desarrollo de construcciones de diverso tipo en las laderas de las montañas del Valle Central, ha continuado. Cada vez hay más y nuevas construcciones en lugares cada vez más altos, en las montañas del sur (Precordillera de Talamanca) y del norte (cordillera volcánica central).

Y no se trata de construcciones en precario, los cuales existen, sino también de construcciones de gran inversión cuya adquisición les cuesta a los compradores hipotecas de muchas decenas o cientos de miles de dólares con plazos de decenas de años. Se trata de deudas de toda una vida que se adquieren con la confianza de que la obra es “segura” que es “para siempre”. Algo que no es necesariamente cierto.

Por consideración a todas estas personas que han adquirido lotes y construcciones en todas estas zonas, se hace necesario explicar el riesgo que se adquiere por irse a vivir al pie de monte del Valle Central. Un asunto técnico que requiere una explicación llana que esperamos también sea de provecho para los ingenieros civiles y arquitectos que son los profesionales responsables de las construcciones en estas zonas de ladera.

Abanicos aluviales: se trata de cuerpos sedimentarios que se desarrollan en el pie de monte como producto de la acumulación de los materiales geológicos que se erosionan en la parte alta de la montaña y se acumulan en los sitios de cambio de pendiente. Tienen superficies de varios kilómetros cuadrados y se caracterizan porque presentan una pendiente menos pronunciada que las laderas rocosas de las montañas que los bordean.

Precisamente esa característica de relativa menor pendiente y el hecho de que presenten vistas importantes al valle, hace que los terrenos de los abanicos aluviales sean atractivos para el desarrollo inmobiliario y de construcciones.

En países tropicales como Costa Rica, tenemos dos tipos de abanicos aluviales. Los primeros, de tipo “torrencial” son lo que se observan al sur del Valle Central, como en Aserrí, Desamparados y Alajuelita. Están controlados por el desarrollo de lluvias intensas en la parte alta de la cuenca hidrográfica que producen crecidas de los ríos y arrastre de materiales rocosos que se acumulan en los cauces de los ríos de los abanicos aluviales y sus zonas aledañas. Cuando el nivel relativo del mar está en ascenso, como ocurre en la actualidad, estos abanicos se desarrollan más rápidamente dado que los sedimentos que provienen de la montaña se acumulan sobre el abanico existente.

El segundo tipo de abanico, se refiere a los abanicos de origen volcánico, como el que se encuentra bajo la Ciudad de Cartago y que se desarrolla principalmente, cuando el volcán Irazú está activo. El evento del flujo del río Reventado en 1964 es un ejemplo de la construcción de este abanico. Aunque estos flujos también se pueden producir como producto de la erosión del estratovolcán, ya sea por lluvias intensas, un terremoto o una combinación de los dos fenómenos.

Dada la abundancia de zonas de montaña que tiene el país y la cantidad de lluvias que se dan, existen muchos abanicos aluviales. En muchos casos, hay ciudades completas construidas sobre estos abanicos, y no solo en el Valle Central, sino también afuera de la GAM, como en el caso de Turrialba, San Isidro de Pérez Zeledón y Ciudad Quesada, entre otras.

Riesgo de las construcciones: los abanicos aluviales están caracterizados por la presencia de muchos cauces de ríos que bajan desde las montañas. Con la presencia de lluvias intensas, estos ríos son muy susceptibles a la inundación fluvial, al desarrollo de procesos muy erosivos y al paso de grandes torrentes con flujos de sedimentos que descienden hacia las partes bajas de los abanicos. Incluso esos cauces fluviales pueden tener cambios muy significativos en caso de que la cantidad de agua de lluvia sea muy alta.

La naturaleza siempre nos advierte del peligro. En el caso de los abanicos aluviales la presencia de grandes rocas de varias toneladas dispersas en el área del abanico y cerca de los cauces de los ríos, son un aviso de la energía que puede alcanzar un evento de erosión en un abanico.

Siendo así, todo el terreno de un abanico es una zona muy susceptible a la erosión y a la movilización de los materiales. Situación que se puede dar durante periodos de lluvias intensas como recientemente hemos visto que sucedió al sur del Valle Central, pero también por sismos fuertes o la combinación de los dos eventos (terremoto con suelos muy saturados).

El hecho de que se construya una casa cumpliendo el código sísmico sobre un abanico aluvial no significa que la casa sea completamente segura y resiliente. Aunque la construcción sea sismo resistente, sigue siendo susceptible a ser dañada por una fuerte inundación o en su defecto, un proceso de erosión importante, como un deslizamiento.

Por esta razón, las construcciones desarrolladas sobre los abanicos aluviales se encuentran en condición de riesgo y son susceptibles a ser dañadas por eventos de desastre.

Situación en el Valle Central de Costa Rica: para todos los que vivimos en la Gran Área Metropolitana (GAM) es evidente la cantidad de construcciones que se han desarrollado tanto en las laderas del sur como del norte del Valle Central. Cada vez son más. Con lo cual cada vez se hace más numerosa la cantidad de construcciones que se encuentran en alto y muy alto riesgo a los desastres.

Durante la noche, el paisaje nocturno del pie de monte del sur del Valle Central deja ver la forma de los abanicos aluviales puesta de manifiesto por las luces de las casas y que muestran con claridad la forma de abanico, en lugares como al sur de Desamparados, Alajuelita, Escazú y Santa Ana.

La condición de riesgo de estas construcciones se incrementa por el hecho de que tanto al norte como al sur del Valle Central se presentan extensas fallas geológicas activas capaces de producir fuertes eventos sísmicos locales.

Acciones a desarrollar: la cantidad de construcciones en situación de muy alto riesgo es abundante. Son tantas que los planes de reubicación no podrían ser desarrollados para cubrir la totalidad de las residencias involucradas. De allí que otras medidas son necesarias.

Como hemos indicado, se hace indispensable que las ciudades y los cantones citados cuenten con planes de ordenamiento territorial con la variable ambiental integrada y que, como parte de estos instrumentos, se genere una zonificación de uso del suelo que evite que nuevas construcciones se localicen en zonas de muy alto riesgo.

Para las construcciones existentes, es muy importante realizar toda una gestión de aumento de la resiliencia humana, por medio de educación para convivir con el riesgo y desarrollo de planes de emergencia locales; así como de resiliencia de infraestructura, con reforzamiento estructural cuando sea posible, así como la adquisición de seguros paramétricos contra desastres.

Es indispensable tomar estas y otros medidas, como la Ley de Resiliencia contra desastres que hemos propuesto y explicado previamente (http://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2021/7/28/ley-de-resiliencia-contra-desastres), en el menor plazo posible. Ignorar la información técnica que sustenta el análisis de riesgo y no tomar medidas prontas, solo llevará a que las condiciones de riesgo se incrementen y que la población expuesta sea cada vez mayor, con las graves consecuencias que ello podría tener. Tienen la palabra nuestras autoridades.

Fuente de la imagen: https://geolodiaavila.com/2020/03/21/el-abanico-aluvial-de-candeleda-la-huella-de-una-montana-vaciada/

a.astorga.g@gmail.com

Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.

Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.