La Tierra que se nos agota

En diversos escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos insistido en un tema que consideramos fundamental para la humanidad: desde el 2015, se alcanzó, a nivel planetario, un límite crítico (o seguridad) de afectación de los ecosistemas terrestres, lo que hace que, desde hace dos años, estemos “empeñando” nuestro futuro, en particular el de nuestros niños y de las generaciones que todavía no han nacido.

Hemos sido insistentes en recalcar que este debería ser el problema más importante que deberíamos enfrentar como Humanidad. Es tan grave, como los mismos efectos del Cambio Climático.

Estudio global: el estudio realizado que llegó a esa grave conclusión fue realizado a nivel planetario (“http://Science.sciencemag.org/content/353/6996/288”), y se detectó que 9 o de los 11 Biomas existentes en nuestro planeta han sido significativamente dañados por la actividad humana (agricultura, agroindustria y desarrollo urbano de todo tipo). 

Los Biomas tropicales, los más biodiversos, son de los más afectados. El límite crítico se estableció en un valor cercano al 60 % de “daño” o “sacrificio” ambiental producido.

Se considera como un “limite crítico” en la medida  en que el daño producido  es tal que la capacidad de recuperación (resiliencia) del Bioma o de los ecosistemas no logrará darse en tiempos humanos(sino geológicos). Dicho en otras palabras se está entrando, por así decirlo, en una fase de “no retorno”.

El estudio científico en cuestión, tiene sus limitantes e incertidumbres y señala la gran importancia de seguir completando información en todo el planeta, a fin de completarlo y mejorarlo. No obstante,  constituye una llamada de atención, que esperamos aún estamos a tiempo de tomar en cuenta. En particular a la hora de tomar decisiones “estratégicas” respecto al tipo de “Modelo de Desarrollo” que planteamos, de forma individual, para nuestros territorios: el país completo, o los cantones o partes de estos; como en el caso de Costa Rica. Donde también debemos tener en cuenta el tema de la Gestión del Riesgo, como complemento.

Situación de Costa Rica: en el caso de nuestro país, medir el grado de afectación que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas no es tan sencillo, en particular, porque se pone enfrente el argumento de que el país en las últimas décadas ha recuperado los bosques y que ahora tiene un 52 % de cobertura boscosa. Además, complementan esto, con señalar que aproximadamente una cuarta parte de nuestro territorio continental se encuentra en algún régimen de área silvestre protegida.

Sobre este esquema se nos vende la idea de que la “Costa Rica Esencial” es verde y que se encuentra muy bien con el “medio ambiente”, en particular, porque la mayoría de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables.

No obstante, esos datos tienen que ser mejor respaldados y detallados para poder conocer si, en nuestro país, estamos en una tendencia de mejoraría desde el punto de vista ambiental, o si, como el resto del mundo, nos encontramos en un proceso de deterioro.

Para revisar esos datos, hemos utilizado alguna información ambiental existente, vinculada al tema de la zonificación de fragilidad ambiental, y a uno de los instrumentos que permiten detectar el grado de “sobreuso ambiental” que estamos dando a nuestro territorio. Los datos indican que en el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) ese sobreuso alcanza en promedio un 41 %, con datos particulares para algunos cantones, que tienen datos de sobreuso de hasta un 70%.

Son cantones que, a la postre, se hundirán ellos mismos en una acelerada desmejoría de la calidad de vida de sus habitantes, y dejarán de tener atractivo alguno.

En el caso de un Litoral Pacífico, donde también fue posible realizar un estudio regional de zonificación ambiental, se encuentra que ese sobreuso ambiental actual alcanza un valor de 25 %, en promedio. En el caso de Limón, un cantón verde, el sobreuso alcanza el 17 %.

Aclaro que esos estudios tienen varios años de haber sido realizados, de manera que cualquiera de las dos circunstancias podrían estar sucediendo, que el sobreuso haya aumentado (algo muy probable), o que haya bajado. Nuevos estudios serían necesarios para determinar esta situación.

Lo que sí parece confirmarse es que sí existe una significativa afectación de los ecosistemas terrestres y que, muy probablemente, esa afectación se encuentre con una tendencia creciente, es decir, de deterioro.

La información sobre el hecho de que, por ejemplo, la expansión piñera en el país ha generado la pérdida de casi 5 mil hectáreas de bosque en una década es un “botón” de muestra de esta tendencia. A ese respecto el dato de 37.200 hectáreas de piña que proyecta el último censo agropecuario del MAG (2016) debe ser contrapuesto a las 38.000 hectáreas registradas en el 2008, cuando la piña generaba tan solo $487 millones. Algo extraño que ninguna regla de tres soportaría y que llama poderosamente la atención. 

Falta de conocimiento: se suma el hecho de que nuestras autoridades anuncian proyectos de ley para generar más “sacrificio ambiental” de nuestros ya debilitados ecosistemas. Proyectos que pretenden construir carreteras en zonas de humedales, o infraestructura vial nueva en áreas silvestres protegidas de cualquier categoría, o para meter tractores en parques nacionales para producir energía geotérmica, extraer recursos hídricos o construir un megapuerto como el del Canal Seco.

No tomar en cuenta el dato global y nacional de que los ecosistemas de nuestro planeta se están agotando, y que se está cerca de llegar a un punto crítico, es sumamente grave, pues para muchos, incluyendo importantes autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se sigue con la idea de que tenemos “una gran Naturaleza” y que sus recursos son “prácticamente inagotables”. Cuesta creer, por ejemplo, que nuestras autoridades no sepan del valor ecológico de los manglares  de nuestros litorales, que cumplen una importantísima función ecosistémica.

Como podemos ver, la realidad nos dice que eso no es así y que, en pocos años, o a lo sumo décadas, de seguir por esta grave tendencia, llegaremos a un punto de no retorno, que tendrá muy serias consecuencias para todos: pérdida de biodiversidad, crisis en la producción de alimentos (cantidad y calidad) provenientes del agro, alteración del paisaje y contaminación de recursos clave, como las aguas subterráneas, entre otros factores.

Como hemos señalado, dañar la Naturaleza es, por definición, una forma de dañarnos a nosotros mismos. De allí que urge tomar acciones concretas para detener el deterioro y, más bien, tratar de revertir la situación. Se lo debemos a nuestros niños y a las generaciones futuras.

Hay soluciones: como también hemos dicho, Costa Rica, como potencia mundial en biodiversidad, puede mostrar al mundo el camino a seguir para revertir esta grave situación de orden global.  Las acciones a tomar no son caras ni complejas: Ordenamiento y Planificación Territorial y Estratégica de nuestro desarrollo, Control Ambiental de las actividades ya existentes, dar un uso más eficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental como verdadera herramienta de implementación del Principio de Sustentabilidad Ambiental y promover la Evaluación Ambiental Estratégica, para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo socioeconómico del país. Sobre este último punto hay un dato interesante: pese a existir un Decreto Ejecutivo para normar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2004, todavía hoy no se ha normado, a pesar de existir un propuesta desde el año 2009.

El tiempo que queda para accionar en esa dirección y tratar de revertir este gravísimo problema es relativamente poco, algunos años a lo sumo. Por eso, la gran importancia de cobrar conciencia de la situación y de empezar lo antes posible. No se trata de generar alarmas, se trata de hacer conciencia y de actuar.

Acciones que, como es de esperar, también son de gran relevancia de realizar en nuestros océanos, donde también se ha registrado un gradual deterioro de los ecosistemas marinos como producto de la sobreexplotación pesquera, aleteo del tiburón, la pesca de arrastre y de la contaminación ambiental.

Es importante tener claro que, aunque se han dado esfuerzos por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino alrededor del mundo, para tratar de mitigar esta situación, dichos esfuerzos son laxos y lentos, es decir, que no son suficientes. Esto, por cuanto, el modelo de desarrollo que se impulsa, sigue sobre la premisa equivocada, y antes señalada, de que “nuestra naturaleza y sus recursos son casi inagotables”. Algo que, ya durante el resto de este siglo,  iremos descubriendo dolorosamente que no es así.

A propósito de las elecciones que se avecinan para el año 2018, este tema debería ser el eje fundamental, para hacer propuestas concretas para la mejora del futuro del país en todos los sectores de desarrollo: desde educación hasta la lucha contra la pobreza y el desempleo. Nuestro modelo de desarrollo debe ajustarse a esta cruda realidad para que sea verdaderamente sustentable ambiental y socialmente.

Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.

SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente

Ante el “anuncio” publicado en La Nación (18.02.2017) sobre la intención de cambiar la reglamentación de la SETENA, con el argumento de que esta entidad se encuentra “sobrecargada”, razón por la cual, se pretende “agilizar” su gestión, estableciendo umbrales y evitando que hasta un 50 % de los proyectos que actualmente realizan trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ya no tengan que hacerlo, surge la necesidad de aportar, de forma proactiva, algunas aclaraciones y aportes sobre como “si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente”.

EIA vs SETENA: lo primero que hay que aclarar es que, una cosa es el proceso de EIA y, otra cosa, es la SETENA. Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que la SETENA es como un “obrero” que tiene que realizar un trabajo que implica el uso de una “caja de herramientas” para lograr un objetivo, en este caso, una correcta y eficiente EIA. Por eso, es importante dejar claro que la SETENA y la EIA, son dos cosas diferentes, tanto como el carpintero y su caja de herramientas.

La SETENA, fue establecida por la Ley Orgánica del Ambiente como un órgano de desconcentración máxima; lo cual significa que tiene total independencia de criterio, en las decisiones que tiene que tomar. Algo que, muchos políticos, particularmente en los últimos 10 años, no han entendido. Por eso, ha sido “intervenida” en varias ocasiones, al punto de que, se ha afirmado que se encuentra “totalmente politizada” y ello, desde hace años.

Por su parte, la EIA es, como ha dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el principal instrumento que tiene el Estado (y la sociedad costarricense) para tutelar el artículo 50 constitucional, sobre el derecho que toda persona tiene a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Además, es importante aclarar que, a nivel internacional, la EIA, tiene un procedimiento estandarizado y ordenado según un criterio técnico y científico. El cual se basa, fundamentalmente, en relacionar la condición de fragilidad ambiental del terreno con respecto a las características ambientales del proyecto. El resultado, la Significancia del Impacto Ambiental, determina la profundidad de la EIA que debe ser realizada.

EIA y Planificación Territorial: la principal limitante de la EIA es que es un instrumento de gestión de “segundo piso”. Siendo, el “primer piso”, la Planificación Territorial, algo de lo que cerca del 97 % de nuestro país, adolece. Esto hace que la EIA, tenga que resolver casi todos los problemas ambientales que puedan presentarse, lo cual, generalmente, no se logra hacer.

En Costa Rica se ha intentado de resolver esta situación con la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y otros tipos de planificación de usos del suelo. Empero, en esto, la SETENA nos ha fallado, pues mientras entre el 2006 y el 2009, se aprobó el 65 % de los informes ambientales de los planes reguladores, entre el 2009 y el 2015, se rechazaron el 70 % de todos esos informes (¡80 informes de 50 cantones!).

El Reglamento General de EIA, actualmente vigente, tiene contemplado, el desarrollo automático de la agilización de los trámites de EIA, ante la SETENA, para todos los proyectos que se localizan en cantones con planes reguladores que tengan viabilidad ambiental aprobada. Con ello se cumpliría lo ordenado por la Sala Constitucional, de eximir del trámite de EIA, cuando se dispusiera del debido fundamento técnico, y no, por la vía arbitraria de establecer umbrales. Algo que parece haberse olvidado del todo, incluyendo nuestras actuales autoridades políticas del dizque "Gobierno del cambio": hay que señalar que en esto y muchas otras cosas, se parecen cada vez más a las de las dos anteriores administraciones.

Si la SETENA no hubiera hecho lo que hizo desde el 2009, es decir, rechazar y archivar 80 planes reguladores (cantonales y costeros), no se tendría tanto problema de sobrecargo del sistema de EIA, como se dice que se tiene hoy.

Modelo de EIA en peligro: la solución a los problemas de EIA, que algunos llaman “estancamiento” o “entrabamiento”, no debe partir de cambiar el Modelo de EIA vigente (caja de herramientas), con el simple pretexto de “agilizar”, pues eso, en concreto, significaría promover más daño y Sacrificio Ambiental, algo que, a estas alturas, representa un lujo que nuestro país no se puede dar, pues representa, a la larga, como una especie de “suicidio” en la medida de que nuestro desarrollo socioeconómico depende de que nuestro ambiente esté sano y ecológicamente equilibrado.

Cambiar el Modelo de EIA es un asunto muy serio y no puede ser tomado a la ligera. Siempre es posible mejorar, pero respetando el Principio de No Regresión y buscando un mejoramiento continuo.

Mejoramiento que debería hacerse de forma efectivamente participativa, considerando a los diferentes sectores de la Sociedad. Razón por la cual, el mismo Reglamento General de EIA, desde el 2004 creo una Comisión Mixta, aún vigente y que, es la entidad correcta para discutir el tema. Esta Comisión nunca fue convocada desde el 2007 (con algún intento de René Castro en el 2012 que el mismo “abortó”) y el actual Gobierno de la "participación ciudadana" pareciera querer seguir ignorando que existe.

Agilización de EIA con criterio: pero si de lo que se trata es agilizar el proceso de EIA y “aliviar” a la SETENA de su “sobrecarga”, hay otras soluciones más claras y rápidas que se pueden implementar en muy corto tiempo, veamos:

a.     Los recursos para la SETENA se pueden incrementar con facilidad. Lo único que se ocupa es modificar y ampliar el Decreto Ejecutivo 34536 – MINAE del 5 de junio del 2008, en el que se establecen las tarifas que cobra la SETENA por realizar la revisión de los instrumentos de EIA. El mismo tiene fundamento en el señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. No resulta lógico que la SETENA cobre $ 200 por el trámite de un D1 o $ 500 si tiene un Plan de Gestión Ambiental, a un proyecto de varias decenas de millones de dólares de inversión. ¡La revisión del Estudio de APM que tardó años en al SETENA, costó $ 3000! Como se puede ver, aumentando el costo de los procesos de revisión y aplicando el Principio de Proporcionalidad, la SETENA podría disponer de más recursos humanos para atender el trabajo que tiene que hacer.

b.     El actual Reglamento de EIA contempla, además, la figura de los consultores externos acreditados (por el Ente Costarricense de Acreditación - ECA-), para que puedan servir como apoyo a la SETENA en el análisis de EIA o hasta, por encargo de este, realizar las EIA que se les señale de manera que se separe el vínculo (a veces vicioso) entre el desarrollador y su equipo consultor. Esto se resuelve con un decreto ejecutivo que lo norme y que incluya un Código de Ética del Gestor Ambiental ya planteado desde el 2004, pero todavía pendiente de elaborar.

c.     Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas Ambientales para los diferentes sectores productivos, en particular los que mayor trabajo le dan a la SETENA (construcción, minería, industria, entre otros). El decreto ejecutivo 34522 – Minae (del 16 de junio del 2008) referente al “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y de desempeño coeficiente”, todavía está vigente, pero no se ha utilizado. Con esas guías oficializadas, muchos proyectos solo tendrían que presentar un formulario ambiental y los estudios complementarios a la SETENA (para demostrar que el área del proyecto tiene la condición ambiental adecuada), y la adopción de las medidas ambientales de la guía por medio de una Declaración Jurada. Y en el caso de que se localicen en un plan regulador con viabilidad ambiental, el sistema seria todavía más ágil para los proyectos de alto impacto.

d.     Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica a algunas políticas, planes y programas (PPP) como mecanismo para agilizar el desarrollo sustentable del país y de ciertos sectores estratégicos como los de Salud, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Red de Agua Potable y Alcantarillado e Infraestructura vial (incluyendo puentes, entre otros). Así los proyectos individuales de muchos programas de desarrollo, no tendrían que hacer una EIA individual, sino que el Programa haría una EAE rápida que, con la ayuda de las guías ambientales, permitiría que las aprobaciones, en conjunto, se pudieran dar de forma muy rápida, casi automática, pero de forma eficiente y efectiva, es decir, protegiendo el ambiente y la inversión a realizar.

Las soluciones existen: de esta manera, con unos pequeños cambios de unos 2 o 3 decretos ejecutivos clave, que complementen la Caja de Herramientas existente, elaborados de forma participativa por la Comisión Mixta, con el visto bueno de la SETENA y aprobados por el Presidente y el Ministro del MINAE se resolverían muchos de los problemas de la SETENA (el Carpintero). Esto, sin sacrificar el Modelo de EIA vigente, sustituyéndolo por algo que, como hemos dicho, solo va a incrementar aún más el daño y el Sacrificio Ambiental.

Las ventajas de seguir este camino sugerido es que de verdad se puede mejorar en calidad y cantidad el sistema de EIA que administra la SETENA, disminuyendo al Sacrificio del Ambiente y disminuyendo los procesos de judicialización de los trámites ambientales de los proyectos.

Tomar el camino equivocado, como se pretende, además de poner en aun mayor riesgo el Ambiente, la Naturaleza y la vida de nuestro país, implica una gran pérdida de tiempo, dado que es como si se estuviera retrocediendo 20 años en el tiempo, y que se produzca más y más entrabamiento por la judicialización de procesos que la discrecionalidad que se quiere dar a la SETENA pudiera producir.

En necesario abrir espacios de diálogo y acuerdo que son la única solución para que el país verdaderamente progrese en un marco de Sustentabilidad Ambiental. Han pasado casi tres años del pretendido “Gobierno del Cambio", pero, a decir verdad, se sigue jugando con el Ambiente de Costa Rica.

Montes de Oca: situación ambiental y oportunidad de progreso humano sustentable

Montes de Oca tiene apenas 15,5 Km2. Tiene tres distritos urbanos: San Pedro, Mercedes y Sabanilla, y un distrito “verde”, San Rafael, el cual, ha empezado a urbanizarse aceleradamente.

Montes de Oca forma parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) y es “atravesado” por el anillo de contención urbana, que ha impedido que San Rafael se convierta en otro distrito altamente urbanizado.

Alberga muchas de universidades, entre ellas el campus de la UCR y varias instituciones públicas, así como comercios, zonas residenciales y pequeñas industrias.

Fue uno de los primeros cantones en tener Plan Regulador, el cual se ha renovado un par de veces, pero es un claro ejemplo de que el modelo de desarrollo urbano que se ha aplicado, no es sustentable desde el punto de vista ambiental. Algo que aplica también para muchos de cantones de la GAM y del país.

Situación ambiental: en el  2009, por medio del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (Prugam) se aprobó, por parte de Setena, la zonificación de fragilidad ambiental de Montes de Oca. se realizó a escala 1:10.000 y se encuentra vigente. En el año 2013, se actualizó.

El resultado arroja importantes datos:

1.    Geoaptitud: la mayoría del cantón califica como de Alta Fragilidad Ambiental, con zonas de Muy Alta Fragilidad. Se debe al tipo de suelo y subsuelo superior, que está formado por espesas capas de cenizas volcánicas y lahares (flujos de origen volcánico), de menos de 100 mil años y que, no están consolidadas, o sea, son deleznables y susceptibles a la erosión.

2.    Geomorfológicamente, el cantón es una ladera distal del volcán Irazú, con pendiente suave a moderada hasta alta, que, combinado con la “mala calidad” geomecánica de las cenizas y lahares, crea una condición moderada hasta alta a deslizamientos.

3.    Hidrogeológicamente, todo el cantón es un área de recarga acuífera. Bajo el cantón hay dos acuíferos, el más superior de potencial bajo y el inferior de potencial alto a muy alto (Acuífero Colima).

4.    Amenazas naturales; inundación de algunos ríos y quebradas, vulnerabilidad por amplificación sísmica y, dos fallas geológicas que “cortan” el cantón en dirección sureste al noroeste.

5.    Bosques y ecosistemas naturales: salvo muy pocas excepciones, el área verde se encuentra en San Rafael. Son bosques secundarios intervenidos, mezclados con potreros con árboles. Ahora están en un serio peligro de ser lentamente urbanizados. Juegan un importante valor ecosistémico (captura de carbono, producción de oxígeno, estabilidad del terreno, paisaje, biodiversidad y mejora de capacidad de infiltración, entre otros elementos).

Situación hidrogeológica:  se analizó la vulnerabilidad hidrogeológica del cantón. Los estudios se encuentran en el Senara. Los resultados son muy importantes:

1.    Las aguas subterráneas son, el recurso natural más importante que tiene Montes de Oca. Bajo la totalidad del cantón se presentan dos acuíferos. El más bajo, a varias decenas de metros bajo la superficie, tiene un espesor promedio de 200 metros, es el más importante. Correspondería con  Acuífero Colima y hacia el Este, pasa hacia otro, el Acuífero (Rancho Redondo).

2.    El acuífero superior, es de menor potencial, pero importante. En el sector de San Rafael presenta 21 manantiales.

3.    El cantón tiene muchos pozos de aguas subterráneas. Algunos se utilizan para el abastecimiento público (AyA). En el Archivo del Senara, se contabilizan 120 pozos, que extraen 234 litros por segundo (121 millones de litros al año) de agua subterránea!

4.    Cuando se compara ese dato con la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el cantón para recargar los acuíferos, resulta que el balance hídrico es negativo para los distritos urbanizados. Esto, se debe al modelo de expansión horizontal que impermeabilizó gran parte de los terrenos. En San Rafael, el balance hídrico todavía es positivo.

5.    La Vulnerabilidad Hidrogeológica del cantón es de Media a Alta, de manera que algunas actividades productivas representan una fuente potencial de riesgo de contaminación del agua subterránea. Esto, y el déficit de áreas verdes en zonas urbanas, debe replantear el modelo urbano de Montes de Oca.

Hacia un modelo urbano sustentable: evaluando la sustentabilidad ambiental del cantón, respecto al modelo de desarrollo urbano desarrollado en las últimas décadas, nos lleva a la clara conclusión que el mismo no ha sido, ni es sustentable.

A pesar de tener plan regulador, por más de 40 años, el modelo urbano del cantón ha sido incorrecto y no compatible con su condición ambiental. Esta situación, combinada con la existencia de una legislación urbana, ambientalmente inadecuada y urbanísticamente permisiva, ha hecho que se haya dado un modelo urbano horizontal equivocado, pues promueve la impermeabilización de los terrenos y la eliminación de las áreas verdes.

Algo que, ahora, por culpa de esa legislación, particularmente el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como el de condominios, está haciendo que ese equivocado modelo de expansión urbana no sustentable, se esté ampliando hacia San Rafael, de forma muy rápida y con el agravante de que es el único territorio del cantón, donde todavía hay posibilidad de recuperar el equilibrio ambiental.

Bajo estas condiciones, urge tomar medidas correctivas y cambiar el modelo de desarrollo urbano. Se deben corregir errores y replantear una renovación urbana, más sustentable.

Desde el punto de vista ambiental, los principales lineamientos que debería tener ese modelo urbano sustentable de Montes de Oca, son:

1.    La cobertura o huella de las construcciones debe limitarse, no debería superar el 30 o 40 %, dependiendo de su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. El resto del terreno debe dejarse como áreas verdes, como jardines o mejor aún, como zonas arboladas que permitan la infiltración de las aguas de lluvia al suelo y recarguen los acuíferos.El uso del “zacate-bloc” o concreto permeable, también debiera de promoverse al permitir infiltración del agua en áreas de estacionamiento y demás.

2.    Las áreas calificadas como de muy alta fragilidad ambiental (por su alto riesgo), dadas sus condiciones de Geoaptitud, no deberían ser sujetas de construcción y, más bien, deberían ser objeto de regeneración natural de bosques.

3.    El desarrollo urbano debe ser de tipo vertical, pero regulando apropiadamente las “alturas máximas” (14 pisos, se considera apropiado).

4.    Las aguas residuales no deberían ser tratadas mediante tanques sépticos convencionales. Deben ser recogidas por un alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento eficiente.

5.    Todos los edificios, de construcción vertical, sin excepción, deberían disponer de sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, así como un sistema de “cultivo de agua lluvia”, para su utilización en las zonas verdes,en batería de sanitarios, y otros usos para los que no es indispensable usar agua potable, de manera que no sobrecarguen, aun más los cursos de agua. En general, todos los edificios (comerciales, institucionales, residenciales o mixtos) deberían ser ecológicos y autosostenibles.

6.    Los tres distritos urbanos del cantón deben ser objeto de una intensa renovación urbana que aumente las áreas verdes, mejore la recarga acuífera y su calidad paisajística. Como parte de ese proceso de recuperación de espacio “verde”, se deber implementar un plan de mejoramiento vial y peatonal que mejore la calidad ambiental de estos distritos del cantón y la movilidad urbana.

7.    En San Rafael, urge detener el desarrollo urbano horizontal y cambiar el modelo urbano por un modelo de mejoramiento y recuperación de las áreas verdes (áreas de protección de manantiales, áreas de recarga acuífera y zonas de riesgo), promoviendo la regeneración del bosque.

Nuevo Plan Regulador, una tarea de todos: desde el año 2002, la Sala Constitucional señaló la importancia de que los planes reguladores realizaran “un examen de su impacto ambiental”. El país, le llamó a esto “introducir la variable ambiental” en el plan regulador o en el plan de ordenamiento territorial. Montes de Oca, aún no lo ha hecho y urge empezar a trabajar en ello.

Esa tarea no le incumbe solamente a la Municipalidad, es también una labor que debemos emprender todos los ciudadanos del cantón y, en particular, las instituciones que se localizan en el mismo. Las  universidades del cantón juegan un papel clave, en particular, la Universidad de Costa Rica.

Dada la velocidad del desarrollo inmobiliario, es una tarea urgente y que debe hacerse sin demoras.

La Municipalidad requiere el apoyo de todos, para que, en un plazo de un año, el cantón cuente con una Planificación sustentable de todo su territorio.

Es posible, podría incluso convertirse en un cantón piloto. Un modelo por  seguir para los demás. Lo podemos lograr ya, con la ayuda de todos. Si está interesado, regístrese ante la Municipalidad.

Sacrificio ambiental que beneficia a unos cuantos

Por cómo han evolucionado las cosas podríamos empezar diciendo que la diferencia sustancial entre “Sostenibilidad” y “Sustentabilidad” estriba en que el primer concepto ha sido muy desgastado y hasta, prácticamente, prostituido. 

Ahora casi todo es “sostenible”: resulta que un hotel de “cinco estrellas” que taló un bosque para construirse, como ahora recicla la basura, usa iluminación led y ahorra agua, es, según reza su publicidad, “sostenible”. Igual con algunas industrias que tienen sistemas operativos muy contaminantes, pero que, como recogen parte de los envases de plástico que ellas mismas producen y ayudan a limpiar playas y ríos, entonces también son “sostenibles”. Sin hablar de un Ministro de Ambiente de Costa Rica que se refería -al parecer muy convencido- a minería química "sostenible" en la zona norte de nuestro país.

La Sustentabilidad Ambiental trata de superar ese mal uso del concepto y establece una meta diferente, lo que llamaríamos la correcta y equilibrada gestión ambiental de una organización, pudiendo ser esta desde una persona hasta toda una compleja corporación.  

El Principio de Sustentabilidad Ambiental señala: “las actividades humanas, de cualquier tipo, deben ser ambientalmente sustentables en el tiempo, de una forma efectiva, de manera que se garantice el equilibrio ecológico sin efecto ambiental significativo, es decir, sin que el equilibrio natural sea alterado por encima de su capacidad de asimilación de carga ambiental adicional”.

A diferencia del concepto de “Sostenibilidad”, la Sustentabilidad no es un maquillaje para dar la impresión de que se “trabaja” en pro del ambiente.  Por eso, cuando se hace un trabajo consciente y responsable por la Naturaleza, la vida y el ambiente en general, se está en el camino de la Sustentabilidad Ambiental. Y aunque en primera instancia algunos no estén de acuerdo, eso es el camino hacia el verdadero Progreso Humano y, como veremos, produce trabajo y beneficio para todos.

Decimos que “algunos no estarían de acuerdo”, porque son aquellos que creen que quienes defendemos los principios de la Sustentabilidad son lo que obstaculizan el “desarrollo”, impiden o atrasan los proyectos de inversión que, a su vez, son los que producen empleo y dinamizan la economía, porque, dizque “ayudan a positivamente” en la “lucha contra la pobreza”.

Notemos que, para muchos, "desarrollo" son ganancias millonarias de unos pocos a cambio de salarios modestos y por debajo del límite legal. El caso de la piña de exportación de Costa Rica sería un ejemplo de ello, donde los beneficios económicos de los empresarios supera los efectos en el ambiente de estas grandes plantaciones.

Con esa interpretación se justifica casi cualquier cosa, incluyendo el hecho de que ese “proyecto de desarrollo” no esté planteado de una forma verdaderamente sustentable. Es decir, que se trata de un proyecto, que, por su inadecuado diseño, mala gestión y carencia de una correcta planificación, va a producir daños al ambiente, o sea, que no es sustentable. Todo lo contrario, producirá un “Sacrificio Ambiental”, empero como es “una inversión que se necesita”, nos dicen los políticos, hay que apoyarlo y dejar que se ejecute.

Esta es una historia que se repite con mucha frecuencia, año tras año, década tras década y así el “desarrollo” del país se sustenta en un cada vez mayor “Sacrificio Ambiental” de la naturaleza, la vida, sus recursos naturales y el ambiente en general.  Y nos preguntamos: ¿y la pobreza se venció con todo ese sacrificio ambiental, valió la pena? ¿Acaso las zonas en las que se produce piña las comunidades se benefician de un Índice de Desarrollo Humano mayor al de otras regiones? Todo lo contrario.

La pobreza está estancada desde hace décadas y más bien, si se cuenta en la cantidad de personas en pobreza, se ha incrementado. En el caso de Costa Rica, los informes del Estado de la Nación lo repiten desde hace muchos años. Y algo más, la desigualdad se ha incrementado en todo ese tiempo, es decir, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.  En resumen, el Sacrificio Ambiental que se ha llevado a cabo solo ha beneficiado a unos cuantos: un sector muy privilegiado que, cuando habla del ambiente, dice que su actividad económica es muy “sostenible”.

¿Y cómo la sustentabilidad produce progreso y de verdad es una solución de la pobreza? La respuesta es simple, pero objetiva: porque produce trabajo, mucho trabajo. 

Planificación y control. Para lograr la sustentabilidad de un proyecto de inversión se requiere planificación, estudios técnicos multidisciplinarios y diseños concordantes con los mismos. Y, una vez en ejecución, además del personal necesario para el mismo, un proceso de control eficiente que garantice la aplicación de medidas que garantice su sostenibilidad. 

Hacerlo bien requiere de un serio trabajo, por lo que necesita mucho trabajo para diferentes labores: desde peones hasta profesionales de diversos campos. Sí, los mismos profesionales que hoy salen de las universidades y que chocan con la triste realidad de que hay poco trabajo o el poco que hay no tiene relación con la disciplina que estudiaron.

Se podría pensar que ya eso existe, pues se realiza cuando un proyecto dado cumple con el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La respuesta es parcialmente cierta, dado que, en muchos casos, la EIA es desvirtuada en su objetivo fundamental, y se ha convertido en un proceso que no logra la sustentabilidad, todo lo contrario, se convierte en una herramienta para el sacrificio ambiental. Con, además, un detalle de importancia: quien financia el EIA es el mismo proyectista, por lo que el riesgo de que los estudios presentados sean sesgados es alto, y la capacidad de evaluarlos correctamente por parte de la SETENA, limitada.

Así, podemos afirmar que, la EIA, lejos de estar garantizando la Sustentabilidad Ambiental de un proyecto, más bien resulta en una especie de “maquillaje” de una inadecuada gestión. Caemos nuevamente en el orden del prostituido y desgastado uso del término “Sostenible”.

Y, queda otra pregunta: ¿garantizar la sustentabilidad ambiental de un proyecto es caro? La respuesta es que no difiere mucho de la inversión que ya se hace para la EIA del mismo proyecto. La diferencia es que el trabajo se hace bien desde el principio, y pensando en que el proyecto logre armonizarse de forma efectiva con el ambiente y no, como se hace en la gran mayoría de los casos, pensando en “justificar” el proyecto y su diseño, aunque este se imponga al ambiente, provocando un sacrificio del mismo.

¿Qué se ocupa para implementarlo en nuestro país? Un cambio de actitud de parte de las autoridades y un compromiso, serio, respecto al cumplimiento de la legislación ambiental que ya está vigente. Hemos señalado, previamente, cómo la institucionalidad se ha convertido en un cómplice de quienes dañan el ambiente, precisamente, por no usar las herramientas técnicas, legales y administrativas de que disponen.

El principal elemento del cambio es una correcta actitud de las autoridades, de gobierno central y de las municipalidades. Abrir los espacios para desarrollar una correcta, transparente y participativa planificación territorial y estratégica, así como un efectivo y eficiente proceso de control ambiental. 

De los empresarios privados y de los ciudadanos en general lo que se ocupa es una apertura de conciencia respecto a la importancia de impulsar la sustentabilidad ambiental, y no solo el desgastado y casi inútil concepto de “sostenible”, que solo es un maquillaje para el sacrificio ambiental que afecta desde hace mucho a nuestro país.

Impulsar la sustentabilidad ambiental es una tarea de todos y es el camino correcto para promover, de verdad, el progreso humano y de nuestro país.