La importancia de los ecosistemas de humedal y la estrategia de su recuperación

Marzo 19, 2023 4:38 am

En esta sexta entrega de los documentos de SALVETERRA® analizaremos el tema de los ecosistemas de humedal, en particular su gran importancia ecológica y la estrategia a seguir para su recuperación. Un asunto clave en la lucha contra el Cambio Climático y la recuperación del equilibrio de la Ecosfera terrestre.

Al respecto, no solo es suficiente hacer un recuento de todos los beneficios ecológicos que nos dan los humedales. Tenemos que ser realistas para ubicarnos de forma objetiva. No para lamentarnos, sino para tomar acciones concretas y efectivas para su recuperación y fortalecimiento.

El agua es el elemento clave de los humedales: existen diversas variantes de humedales, tanto de agua dulce como salada. En ambientes continentales pueden variar desde cuerpos de agua, como ríos, lagunas, pantanos o suampos, hasta terrenos boscosos con suelos inundados o saturados en agua durante largos periodos de tiempo.

El agua puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de los mantos de aguas subterráneas. Los humedales se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía. De esta manera, los humedales no son necesariamente transiciones entre los sistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales propias, que los diferencian de unos y otros.

Pero es importante comprender que no todo terreno afectado por estancamiento de aguas superficiales, en particular si el mismo se debe al desarrollo de inadecuados drenajes, es un humedal. Este aspecto puede a llevar a que las autoridades cometan muchas injusticias.

Situación global: en la actualidad los humedales cubren, aproximadamente, 12,1 millones de kilómetros cuadrados. El informe de Ramsar denominado Perspectiva Mundial sobre los Humedales, del año 2018, señala que los humedales han disminuido en un 35 % desde el año 1970. De acuerdo con un informe de la Naciones Unidas del año 2018, los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques, los cuales tienen tasas de pérdida anual del orden de las 60 mil hectáreas.

Los humedales incluyen algunos de los ecosistemas con mayor densidad de CO2 de nuestro planeta, como las marismas saladas, las praderas marinas y los manglares. Las turberas, que representan sólo el 3 % de la superficie terrestre del mundo, almacenan el doble de CO2 que todos los bosques del planeta, y desempeñan un papel fundamental para lograr los compromisos mundiales para el cambio climático, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

Por esta razón, la recuperación, restauración y protección de los ecosistemas de humedal es una tarea estratégica en materia de la lucha contra el Cambio Climático.

Los humedales también contribuyen a reducir el riesgo de desastres, ya que mitigan las inundaciones y protegen las costas.

A pesar de su papel esencial en la regulación del clima mundial, los humedales siguen estando infravalorados por los responsables de políticas y de la toma de decisiones en los planes nacionales, particularmente de ordenamiento territorial.

La pérdida o degradación de los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y las personas. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo (urbanización, construcción de infraestructura como carreteras, deforestación, rellenos, etc.), alteraciones en la dinámica del agua (por extracción, intercepción, desvíos, etc.), extracciones (pesca, maderas, pasturas, etc.), contaminación (agrícola, industrial y doméstica), introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático.

Humedales en Costa Rica: en nuestro país hay avances y retrocesos en materia de protección de los humedales.

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente (1995) los humedales adquirieron la categoría de áreas silvestres protegidas.  Pese a eso, al no disponerse de una cartografía oficial que identificara todos los humedales del país, fueron los humedales que estaban inscritos en el Convenio Ramsar o bien que estaban explícitamente definidos, los que tenían mayor protección.

En el año 2010, con la promulgación de algunos ajustes a la Ley de Vida Silvestre la situación de los humedales empeoró. Se introdujo un artículo que señala que hay pena de cárcel a quien dañe un humedal si no cuenta con la autorización por parte del Sistema Nacional de Areas de Protección (SINAC). De esta manera se abrió la puerta para afectar los humedales vía un permiso que otorga esta entidad, siempre que se cuente con viabilidad ambiental.

Sobre la base de este artículo se promulgó un decreto ejecutivo que regulaba el desarrollo de infraestructura vial en zonas de humedal. Parte de los argumentos esbozados por el MOPT – CONAVI de ese momento, era que construir una carretera por zonas de humedal era más cómodo, debido a que no había que hacer expropiaciones.

El autor participó en una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto ejecutivo que, finalmente, la Sala Constitucional, declaró sin lugar, con lo cual se consolidó la situación de desorden en el tema de la protección de los humedales en el país.

Como parte de las discusiones que se dieron alrededor de esa acción de inconstitucionalidad, llamó mucho la atención la posición de la Procuraduría General de la República que afirmó que había dos “tipos” de humedales desde el punto de vista jurídico: los de propiedad privada y los de propiedad pública, como si esa situación implicara que unos son más susceptibles de ser impactados o dañados que otros.

Recientemente, en el año 2018, el SINAC elaboró el primer mapa de humedales de Costa Rica. Este instrumento representa un gran avance, dado que incluye todas las categorías de humedales del país a una escala suficientemente satisfactoria para gestionar su protección.

Pérdida de bosques húmedos del Humedal Caribe: por medio del estudio comparado de imágenes satelitales de diversos años, el autor ha podido identificar la desaparición de cientos de hectáreas de bosques del Humedal Caribe.  Esto llevó a la realización de una denuncia ante el Ministerio Público (ver el siguiente enlace).

La tendencia de desaparición de los bosques de humedal se ha acelerado desde el año 2014 con el inicio de construcción de la Terminal de APM en Moín. Se observó un patrón con un proceso de deforestación del bosque de humedal, el drenaje de las aguas y un proceso de disecación para el desarrollo de nuevas construcciones. El asunto es seria pues sucede a lo largo de Humedal Caribe desde Tortuguero hasta Cahuita, como mínimo.

Se trata de una situación muy grave y es posible que, en otras áreas del país, también se pueda estar dando.

Búsqueda de soluciones: son varias las acciones concretas que se deben implementar urgentemente para detener el daño a los humedales del país. Las principales son las siguientes:

1. Fortalecer al SINAC y la Dirección de Humedales para que puedan ejercer un mayor control de la situación de humedales en el país. Esto lleva por una revisión detallada del decreto ejecutivo que establece la metodología para definir zonas de humedal y que a criterio del autor tiene serias limitaciones técnicas.

2. Fortalecer a la unidad ambiental del Organismo de Investigación Judicial que realiza investigaciones y levantamiento de prueba sobre daño ambiental a humedales.

3. Equipar a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público para que pueda disponer de fuentes de información satelital sobre los cambios de uso del suelo en zonas de bosques de humedal y en bosques en general en el país, donde se está dando una fuerte presión por el cambio de uso del suelo, como en el caso de Humedal Caribe.

4. Sustituir o modificar el decreto ejecutivo que permite el desarrollo de construcciones en zonas de humedal por un instrumento jurídico más moderno y que fije reglas técnicas más claras sobre la protección de humedales y el desarrollo de un sistema de compensación ambiental para los casos especiales en que sea necesario el desarrollo de obras estratégicas. También debe integrar lineamientos concretos para la recuperación de humedales dañados ilegalmente o bien, como parte de la lucha contra el Cambio Climático con el desarrollo de sumideros de carbono.

5. Impulsar el desarrollo de planes de ordenamiento territorial en todo el país, dentro de los cuales se delimiten y fijen las zonas de humedal a fin de que sean protegidos de forma más sólida con la participación de los gobiernos locales. De igual forma, estos planes deben establecer, donde se presenten las condiciones, las zonas de restauración de ecosistemas de humedal.

Con el desarrollo de estas acciones concretas sería posible cambiar el rumbo al proceso de deterioro que está afectando a los humedales del país.

Como hemos dicho antes, Costa Rica tiene el potencial de convertirse en un país líder en el mundo que, con el ejemplo, puede mostrar el correcto camino hacia la protección del ambiente, incluyendo los importantes sistemas de humedal tropicales.

a.astorga.g@gmail.com

Ley de Aguas: aguas subterráneas y su gestión sostenible

A propósito del dictamen afirmativo que otorgó la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa a la Ley para la gestión integrada del recurso hídrico (expediente no. 20212) y, con la disposición de ser proactivo en la modernización de este recurso estratégico para el país, en lo que sigue planteo algunas observaciones relevantes a fin de que sean consideradas en la ley que finalmente pueda ser aprobada por el Plenario.

Aclaro que hago estas observaciones después de analizar el proyecto de ley dictaminado y desde una perspectiva absolutamente técnica, sin el deseo de beneficiar o afectar a ningún sector específico de nuestra sociedad. Señalo esto, pues es claro que en el tema de recursos hídricos existe una serie de sectores que tienen intereses y visiones muy diferentes, lo cual hace que la obtención de un criterio de equilibrio no sea sencillo alcanzar. Sin embargo, a opinión del autor, el tema técnico debería ser el que permita acercarse a ese punto de equilibrio.

Las observaciones y sugerencias de mejora del proyecto de ley son las siguientes:

1.- No se contempla un tema estratégico para el país que es el hecho de que son las aguas subterráneas el recurso más importante que debe ser normado. Como hemos señalado, desde el 2003 (ver: www.allan-astorga.com), nuestro país tiene un enorme potencial de aguas subterráneas, tanto en acuíferos someros como profundos. Por ello, la propuesta requiere ser mejorada en esta perspectiva, dado que la gestión de las aguas subterráneas es bastante diferente a la de las aguas superficiales.

2.- Las aguas subterráneas requieren se modeladas geológicamente, con modelos estratigráficos, estructurales y litológicos apropiadamente realizados por profesionales en geología, tal y como establece la Ley del Colegio de Geológicos desde el año 1973. La no consideración de esta realidad técnica ha llevado a que se genere una gran confusión, pues se han gestionado las aguas subterráneas igual que las aguas superficiales, algo que la nueva ley debe resolver de forma eficaz.

3.- La propuesta de ley, al tomar el tema de las aguas subterráneas, con la misma visión de las aguas superficiales, pierde la oportunidad de realizar un efectivo ordenamiento de la gestión de ese recurso subterráneo. Por ejemplo, en la definición de acuífero, no realiza la diferenciación básica de que existen diferentes tipos de acuíferos, empezando por separar los confinados y los acuíferos abiertos o freáticos. La no realización de esta diferenciación ha provocado y seguirá provocando muchos conflictos en el manejo de las aguas subterráneas, lo cual afecta a todos, tanto a los grupos productivos como a los grupos ambientales y comunidades por la confusión que se ha generado.

4.- Se corre el riesgo, también, de perder la oportunidad de caracterizar los manantiales (o nacientes) según sus características hidrogeológicas. En el proyecto de ley, no se separan los brotes de aguas subsuperficial que son muy abundantes en nuestro país, de los verdaderos manantiales que fluyen desde un acuífero. Además, los manantiales requieren ser categorizados, para gestionar su protección de forma proporcional a su caudal. No es lo mismo una salida de agua de 0,1 litro por segundo que uno de 100 litros por segundo.

5.- En el tema de las áreas de protección de los manantiales de los acuíferos, se corre el riesgo de no poder ordenar científicamente el tema, según criterios geológicos e hidrogeológicos. Solamente se transcribe, tal cual, el artículo 33 de la Ley Forestal, como si no hubiese habido avance científico en el tema durante las últimas décadas. Es urgente y necesario, que se establezca en la ley que con el debido estudio hidrogeológico que considere el sentido del movimiento de las aguas subterráneas en el subsuelo, para un acuífero freático, el área que establece el radio de protección puede ser sustituida por un área de captura inmediata o tubo de flujo que establezca el área de protección con el debido criterio científico y de esa forma no se afecte una superficie del terreno (que puede ser hasta un 70 %) como área de protección del manantial que en realidad no se ocupa establecer como tal.

6.- Deseo notar que lo señalado en el punto anterior es fundamental para un país tan rico en aguas subterráneas como nuestro país, ya que existen decenas de miles de manantiales, muchos de ellos todavía no identificados y de allí que, si no se aplica esta medida científica, los conflictos entre el uso del suelo y la protección de los manantiales, lejos de resolverse con la nueva ley, se incrementarán aún más. Aclaro que, en el tema de manantiales que brotan de acuíferos confinados, las reglas de protección son completamente diferentes, pues no se requiere establecer un área de protección como se hace para los manantiales de acuíferos freáticos.

7.- Otra omisión que identificamos en la propuesta de nueva ley de aguas se refiere al tema de la protección de áreas de recarga y de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Como señalamos desde el 2003, cerca del tres cuartas partes del país son áreas de recarga acuífera y casi el 100 % de las actividades productivas (urbanas, agrícolas, industriales, etc.) se dan sobre esas áreas de recarga que también son zonas con diferente tipo de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este aspecto, la nueva ley requiere ser moderna y novedosa. Es imprescindible que se tome en cuenta la aplicación de medidas tecnológicas apropiadas para prevenir la contaminación de los acuíferos. Existen muchas medidas tecnológicas que pueden ser establecidas en el reglamento de la ley, pero es indispensable que la ley las mencione. Si esto no se hace, en la práctica, no se estaría dando ningún avance, respecto a la legislación actual. A este respecto la ley debe establecer lineamientos y plazos de transición para que todas las actividades humanas potencialmente contaminantes para que puedan ir readecuando sus tecnologías para proteger las aguas subterráneas, incluyendo las actividades agrícolas y agropecuarias.

8.- En el tema de la administración del recurso, como hemos señalado, centrar toda la gestión, tanta técnica científica como la administrativa en una sola entidad, no deja de ser un riesgo de que, finalmente, la gestión del recurso se politice. Sería ideal que la parte técnica científica estuviera separada dentro de las tareas de un Servicio Geológico de Costa Rica, algo que podría ser previsto en la ley para que el poder del manejo del recurso no se centrara en una sola entidad.

9.- Además, de lo señalado en el párrafo anterior, y considerando la riqueza en recursos hídricos subterráneos y superficiales que tiene el país, se hace necesario dar más participación a los gobiernos locales y sus comunidades. Esto, siempre que se haga con criterios técnicos bien normados por el reglamento de la ley. La participación de los gobiernos locales y sus comunidades, se considera muy importante, dado que la gestión de los recursos hídricos, particularmente, los subterráneos, tanto en áreas de protección de manantiales y cuerpos de agua, como en áreas de recarga y descarga acuífera, afecta directamente el uso del suelo y, en general, la planificación territorial. En este aspecto es vital que las municipalidades cuenten con unidades técnicas para la gestión de los recursos hídricos subterráneos y superficiales de en sus territorios. La descentralización, con reglas bien definidas por un reglamento técnico marco, es clave para que la gestión integrada del recurso funcione.

10.- Finalmente, para no alargar el tema, la reducción de forma absoluta de las áreas operacionales de los pozos a 10 metros de radio, no parece ser una solución apropiada y que aplique a todos los pozos. Pueden existir pozos que extraigan agua de acuíferos profundos y confinados, por lo que el radio de operación podría ser más reducido, mientras que, para acuíferos freáticos, es el caudal de extracción y las características geológicas de las rocas las que permiten establecer ese radio operacional. Se considera que nuevamente, debe dejarse a que sean los estudios técnicos los que establezcan el radio operacional final y no un valor absoluto, definido arbitrariamente y que podría interpretarse como una regresión en la medida de que en la actualidad dicho radio es de 40 metros.

Como se puede ver, la introducción de estas observaciones en el nuevo proyecto de ley no resulta difícil y con ello se podría acercar a una ley mas equilibrada y moderna; así como más balanceada para todos los sectores.

Es criterio del autor que, si se hace necesario modernizar la ley de aguas, pero con un criterio más científico técnico y de allí que haga mi contribución por este medio. Es necesario que nuestro país avance, sobre todo en la actual coyuntura que estamos pasando. Esperemos que nuestra Asamblea Legislativa logre desarrollar una Ley de Aguas avanzada, del siglo XXI, que realmente use la ciencia para proteger y gestionar de forma eficiente uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestro país, principalmente el agua subterránea.

Publicación original Agosto 10, 2020 4:45 am

La Tierra que se nos agota

En diversos escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos insistido en un tema que consideramos fundamental para la humanidad: desde el 2015, se alcanzó, a nivel planetario, un límite crítico (o seguridad) de afectación de los ecosistemas terrestres, lo que hace que, desde hace dos años, estemos “empeñando” nuestro futuro, en particular el de nuestros niños y de las generaciones que todavía no han nacido.

Hemos sido insistentes en recalcar que este debería ser el problema más importante que deberíamos enfrentar como Humanidad. Es tan grave, como los mismos efectos del Cambio Climático.

Estudio global: el estudio realizado que llegó a esa grave conclusión fue realizado a nivel planetario (“http://Science.sciencemag.org/content/353/6996/288”), y se detectó que 9 o de los 11 Biomas existentes en nuestro planeta han sido significativamente dañados por la actividad humana (agricultura, agroindustria y desarrollo urbano de todo tipo). 

Los Biomas tropicales, los más biodiversos, son de los más afectados. El límite crítico se estableció en un valor cercano al 60 % de “daño” o “sacrificio” ambiental producido.

Se considera como un “limite crítico” en la medida  en que el daño producido  es tal que la capacidad de recuperación (resiliencia) del Bioma o de los ecosistemas no logrará darse en tiempos humanos(sino geológicos). Dicho en otras palabras se está entrando, por así decirlo, en una fase de “no retorno”.

El estudio científico en cuestión, tiene sus limitantes e incertidumbres y señala la gran importancia de seguir completando información en todo el planeta, a fin de completarlo y mejorarlo. No obstante,  constituye una llamada de atención, que esperamos aún estamos a tiempo de tomar en cuenta. En particular a la hora de tomar decisiones “estratégicas” respecto al tipo de “Modelo de Desarrollo” que planteamos, de forma individual, para nuestros territorios: el país completo, o los cantones o partes de estos; como en el caso de Costa Rica. Donde también debemos tener en cuenta el tema de la Gestión del Riesgo, como complemento.

Situación de Costa Rica: en el caso de nuestro país, medir el grado de afectación que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas no es tan sencillo, en particular, porque se pone enfrente el argumento de que el país en las últimas décadas ha recuperado los bosques y que ahora tiene un 52 % de cobertura boscosa. Además, complementan esto, con señalar que aproximadamente una cuarta parte de nuestro territorio continental se encuentra en algún régimen de área silvestre protegida.

Sobre este esquema se nos vende la idea de que la “Costa Rica Esencial” es verde y que se encuentra muy bien con el “medio ambiente”, en particular, porque la mayoría de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables.

No obstante, esos datos tienen que ser mejor respaldados y detallados para poder conocer si, en nuestro país, estamos en una tendencia de mejoraría desde el punto de vista ambiental, o si, como el resto del mundo, nos encontramos en un proceso de deterioro.

Para revisar esos datos, hemos utilizado alguna información ambiental existente, vinculada al tema de la zonificación de fragilidad ambiental, y a uno de los instrumentos que permiten detectar el grado de “sobreuso ambiental” que estamos dando a nuestro territorio. Los datos indican que en el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) ese sobreuso alcanza en promedio un 41 %, con datos particulares para algunos cantones, que tienen datos de sobreuso de hasta un 70%.

Son cantones que, a la postre, se hundirán ellos mismos en una acelerada desmejoría de la calidad de vida de sus habitantes, y dejarán de tener atractivo alguno.

En el caso de un Litoral Pacífico, donde también fue posible realizar un estudio regional de zonificación ambiental, se encuentra que ese sobreuso ambiental actual alcanza un valor de 25 %, en promedio. En el caso de Limón, un cantón verde, el sobreuso alcanza el 17 %.

Aclaro que esos estudios tienen varios años de haber sido realizados, de manera que cualquiera de las dos circunstancias podrían estar sucediendo, que el sobreuso haya aumentado (algo muy probable), o que haya bajado. Nuevos estudios serían necesarios para determinar esta situación.

Lo que sí parece confirmarse es que sí existe una significativa afectación de los ecosistemas terrestres y que, muy probablemente, esa afectación se encuentre con una tendencia creciente, es decir, de deterioro.

La información sobre el hecho de que, por ejemplo, la expansión piñera en el país ha generado la pérdida de casi 5 mil hectáreas de bosque en una década es un “botón” de muestra de esta tendencia. A ese respecto el dato de 37.200 hectáreas de piña que proyecta el último censo agropecuario del MAG (2016) debe ser contrapuesto a las 38.000 hectáreas registradas en el 2008, cuando la piña generaba tan solo $487 millones. Algo extraño que ninguna regla de tres soportaría y que llama poderosamente la atención. 

Falta de conocimiento: se suma el hecho de que nuestras autoridades anuncian proyectos de ley para generar más “sacrificio ambiental” de nuestros ya debilitados ecosistemas. Proyectos que pretenden construir carreteras en zonas de humedales, o infraestructura vial nueva en áreas silvestres protegidas de cualquier categoría, o para meter tractores en parques nacionales para producir energía geotérmica, extraer recursos hídricos o construir un megapuerto como el del Canal Seco.

No tomar en cuenta el dato global y nacional de que los ecosistemas de nuestro planeta se están agotando, y que se está cerca de llegar a un punto crítico, es sumamente grave, pues para muchos, incluyendo importantes autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se sigue con la idea de que tenemos “una gran Naturaleza” y que sus recursos son “prácticamente inagotables”. Cuesta creer, por ejemplo, que nuestras autoridades no sepan del valor ecológico de los manglares  de nuestros litorales, que cumplen una importantísima función ecosistémica.

Como podemos ver, la realidad nos dice que eso no es así y que, en pocos años, o a lo sumo décadas, de seguir por esta grave tendencia, llegaremos a un punto de no retorno, que tendrá muy serias consecuencias para todos: pérdida de biodiversidad, crisis en la producción de alimentos (cantidad y calidad) provenientes del agro, alteración del paisaje y contaminación de recursos clave, como las aguas subterráneas, entre otros factores.

Como hemos señalado, dañar la Naturaleza es, por definición, una forma de dañarnos a nosotros mismos. De allí que urge tomar acciones concretas para detener el deterioro y, más bien, tratar de revertir la situación. Se lo debemos a nuestros niños y a las generaciones futuras.

Hay soluciones: como también hemos dicho, Costa Rica, como potencia mundial en biodiversidad, puede mostrar al mundo el camino a seguir para revertir esta grave situación de orden global.  Las acciones a tomar no son caras ni complejas: Ordenamiento y Planificación Territorial y Estratégica de nuestro desarrollo, Control Ambiental de las actividades ya existentes, dar un uso más eficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental como verdadera herramienta de implementación del Principio de Sustentabilidad Ambiental y promover la Evaluación Ambiental Estratégica, para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo socioeconómico del país. Sobre este último punto hay un dato interesante: pese a existir un Decreto Ejecutivo para normar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2004, todavía hoy no se ha normado, a pesar de existir un propuesta desde el año 2009.

El tiempo que queda para accionar en esa dirección y tratar de revertir este gravísimo problema es relativamente poco, algunos años a lo sumo. Por eso, la gran importancia de cobrar conciencia de la situación y de empezar lo antes posible. No se trata de generar alarmas, se trata de hacer conciencia y de actuar.

Acciones que, como es de esperar, también son de gran relevancia de realizar en nuestros océanos, donde también se ha registrado un gradual deterioro de los ecosistemas marinos como producto de la sobreexplotación pesquera, aleteo del tiburón, la pesca de arrastre y de la contaminación ambiental.

Es importante tener claro que, aunque se han dado esfuerzos por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino alrededor del mundo, para tratar de mitigar esta situación, dichos esfuerzos son laxos y lentos, es decir, que no son suficientes. Esto, por cuanto, el modelo de desarrollo que se impulsa, sigue sobre la premisa equivocada, y antes señalada, de que “nuestra naturaleza y sus recursos son casi inagotables”. Algo que, ya durante el resto de este siglo,  iremos descubriendo dolorosamente que no es así.

A propósito de las elecciones que se avecinan para el año 2018, este tema debería ser el eje fundamental, para hacer propuestas concretas para la mejora del futuro del país en todos los sectores de desarrollo: desde educación hasta la lucha contra la pobreza y el desempleo. Nuestro modelo de desarrollo debe ajustarse a esta cruda realidad para que sea verdaderamente sustentable ambiental y socialmente.

Agua: Tesoro mal administrado

El agua subterránea contenida en los acuíferos del país es un verdadero tesoro natural que tiene Costa Rica, pero como no se ve a simple vista se presta para que muchos inventen todo tipo de historias y se cometan errores en su manejo y protección.

Para citar un caso, el tamaño de la superficie de la subcuenca del río Birris es de 50 kilómetros cuadrados. Sobre ella se producen hortalizas, leche, energía hidroeléctrica, viven cerca de 20 mil personas y tiene un paisaje volcánico tropical de altura que encantaría a cualquier turista.

Además, posee al menos dos acuíferos volcánicos y en ella se infiltran poco más de 38 millones de metros cúbicos de agua llovida por año.

Por si eso fuera poco posee más de 120 manantiales, que generan alrededor de 31 mil millones de litros de agua por año. Cantidad que supera incluso el número de botellas de agua de 1 litro que se consumen en los Estados Unidos de América, durante un año.

Sin embargo, esta abundancia de agua se enturbia con el manejo que se ha venido dando de ella. Una reciente investigación de postgrado en la Universidad de Costa Rica demostró que hay gran contaminación y deterioro ambiental de la subcuenca del río Birris por el uso del suelo, principalmente en lo agrícola y agropecuario, con el uso de agroquímicos y plaguicidas y donde el tema de las aguas subterráneas no se ha tomado en cuenta. Inclusive, casi la totalidad de los manantiales mencionados se encuentran dentro de las zonas de sobreuso o de desequilibrio ambiental
Esto, definitivamente, prende una luz de alerta.

En otras palabras, no tiene fundamento el argumento de que en el futuro nos vamos a quedar sin agua porque se la van a embotellar y llevar. Agua hay, y en abundancia, lo que se requiere son recursos y tecnología para manejarla y administrarla debidamente. Que todos colaboremos en su conservación.

Es muy importante recalcar que las acciones a tomar son de índole técnico. Ante todo se requiere de una moderna Ley de Recursos Hídricos, que realmente considere el correcto manejo, aprovechamiento racional y protección de las aguas subterráneas como uno de los ejes primordiales a atender. Caso contrario, como podría suceder con la aprobación del Proyecto de Ley dictaminado por la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa en abril del 2005, estaríamos perdiendo una importante oportunidad para mejorar. Nuestros diputados tienen la palabra.