El Vicepresidente Piva y un grupo de “expertos”, cuyos nombres se desconocen (y tal vez nunca se den a conocer), afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería desembolsar un monto de $1.700 millones. Se da esa cifra sin explicar con claridad cómo se obtuvo, ni cuál fue “la fórmula”, ni la variables que se utilizaron. Solamente cita, en su artículo del día 18 de agosto pasado publicado en La Nación algunos estudios hechos por la empresa o para la empresa sobre el proyecto minero.
No considera, de forma absolutamente inconveniente, otros costos ambientales y sociales, que formarían parte del proyecto y que hace de esas valoraciones algo completamente favorecedor de la empresa minera.
Sin conocer la fórmula, y teniendo claro que no se realizó un estudio costo-beneficio, asunto aceptado por las autoridades en la Vista ante la Sala IV el pasado noviembre, es importante aplicarla para compensar los cálculos, sobre los costos ambientales y sociales que tendría la mina:
¿Cuál es el costo de destruir de forma irreversible un bosque natural de 2 millones de m2? ¿Cuánto cuesta destruir un bosque maduro que ha tardado más de 200 años en desarrollarse y que tiene funciones de corredor biológico? ¿Cuánto cuesta destruir la biodiversidad de esos 2 millones de m2 de bosque, con especies de flora y fauna que están en peligro de extinción o como especies vedadas?
¿Cuánto cuesta la alteración irreversible de 3 millones de m2 de drenaje natural y de suelo fértil para construir las obras de la mina? ¿Cuánto cuesta el consumo de 4.200 millones de litros de agua para ser mezclados con cianuro para extraer el oro? ¿Cuánto cuesta el riesgo de transportar, almacenar, manejar, utilizar y procesar poco más de 5 millones de kg de cianuro y otras sustancias peligrosas, durante 9 años de operación de la mina, localizada en un área vulnerable a fenómenos climáticos?
¿Cuál es el costo de impactar de forma directa e irreversible el acuífero superior, en más de 2,5 millones de m2 de la mina? ¿Cuánto cuesta la afectación, con sedimentos y otros contaminantes provenientes de la mina, en los cauces de los ríos y quebradas que drenan hacia el río San Juan, durante 9 años?
Aquí ayudamos a Don Alfio: el m3 de agua contaminada se cotiza a $500 según los parámetros internacionales, si se trata de un daño transfronterizo.
¿Cuánto cuesta el impacto directo en el acuífero inferior, poniéndolo en riesgo de contaminación, así como a pozos de abastecimiento público en las cercanías? ¿Cuál es el valor del daño ambiental por la apertura de un lago en el Tajo Fortuna de 80.000 m2 de área y 30 m de profundidad, y dejarlo así para siempre?
¿Cuál es el valor del riesgo de disponer más de 15 millones de toneladas de residuos sólidos, contaminados con metales pesados, en el fondo de un lago artificial sin impermeabilizar, junto con millones de metros cúbicos de aguas cianuradas, retenidas por una represa que puede ser vulnerable a una ruptura debido a una falla geológica bajo el sitio de presa, dejándolo así para siempre?
¿Cuál sería el costo aproximado de que, como ya ha pasado en Europa, 30 veces en los últimos 25 años, se de una ruptura de la represa, y que el agua cianurada y los sedimentos contaminados desciendan por el cauce del río Infiernito hasta el Río San Juan? ¿Cuál es el costo de ese riesgo ambiental, social y político? ¿Cuánto costaría la indemnización por un eventual daño ambiental al río San Juan?
¿Cuál es el costo de seguir dando una vigilancia y control ambiental de lo que deje la minera después de 9 años de operación y 18 meses de cierre, cuando para el caso de un relleno sanitario el proceso de cierre técnico es de 15 años?
Finalmente, ¿cuánto costará al país darle los servicios de salud, educación, agua, saneamiento y otros a un pueblo minero que se desarrollará en la zona fronteriza del proyecto minero?
Estimación del costo. No es posible saber el resultado de estas preguntas, pues no conocemos la fórmula aplicada.
No obstante, instamos a las mismas autoridades que hicieron el cálculo para que se apliquen a estos datos y que se haga la estimación de su costo.
Se podrá comprobar que el costo ambiental y social del proyecto supera por mucho los beneficios económicos que va a producir.
Beneficios que, vale mencionar, son para la minera canadiense, que se llevará cerca del 90% de los mismos, ya que debido a una obsoleta legislación minera e impositiva a esta actividad, las ganancias reales que obtiene el país son verdaderamente ridículas.
Como puede verse, el negocio no es para Costa Rica, ni siquiera para las comunidades más cercanas al proyecto, que recibirían beneficios indirectos y temporales.
A ver Don Alfio y sus "expertos" secretos, ¡dénnos a los más del 90% de costarricenses que nos oponemos a este proyecto una estimación "igual de fundamentada" de los costos señalados!