Piña vs agua: El costo del sacrificio ambiental

Ante un reciente reportaje del Programa “7Días” sobre pros y contras del cultivo de piña intensiva en Costa Rica, y dadas las imprecisiones allí manifestadas, se hace necesario hacer algunas aclaraciones.

Efectivamente, los cultivos intensivos de piña producen una serie de impactos ambientales. Entre ellos se cita la afectación de áreas de protección cauces, la corta de árboles, el incremento exponencial del factor erosión de los suelos, el aporte de sedimentos a los ríos y un serio impacto en el paisaje.

Pero esos impactos no son los principales, el más importante y de verdadero efecto negativo se refiere a la afectación de las aguas subterráneas o los acuíferos. En efecto, la Piña “Sweet Gold” o MD2 requiere de una gran cantidad de sustancias químicas que se infiltran en el suelo (Nota 1).

Para comprender bien esto hay que saber que en nuestro país hay muchos acuíferos. Posiblemente se trata de uno de los recursos naturales más importantes que tenemos. Pero, además, es un recurso estratégico, porque las aguas subterráneas aportan un porcentaje muy alto del agua para el consumo humano (cerca del 70 %).

Lo otro que hay que comprender es que los acuíferos son vulnerables a la contaminación. Contaminación que proviene de las actividades que se dan en la superficie. Una de ellas es la agricultura y en particular la agroindustria como el cultivo intensivo de la piña.

El problema que existe con la piña agroindustrial o su cultivo intensivo no es que se siembre o no, sino el “paquete tecnológico” que utiliza para la producción. Revisando ese paquete tecnológico propuesto por la misma empresa Pindeco en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la controvertida piñera en Osa, muestra que el 80% de los agroquímicos que utiliza son tóxicos y contaminantes al suelo y las aguas (superficiales y subterráneas).

El problema es que esos agroquímicos se aplican durante toda la “vida útil” de la piñera, que puede ser muchas décadas. Este hecho produce un efecto ambiental acumulativo que se traduce en contaminación y daño ambiental a los acuíferos.

En el caso de la piñera en Osa, el mismo estudio hidrogeológico presentado como parte del EIA a la SETENA señala que sí se va dar contaminación al acuífero. Y, además, señala que se producirá una pluma de contaminación de 4.000 metros de ancho y 1.500 metros de longitud, moviéndose hacia el Humedal Térraba Sierpe, con el cual el Acuífero tiene conexión hidráulica, es decir, que tarde temprano la contaminación podría llegar al Humedal.

A los empresarios de la piña, a las cámaras y a la misma gente del MAG, para defender la actividad, les gusta a menudo usar números. Dicen que produce empleo (se estima que dos trabajadores por hectárea) e importantes ingresos por exportaciones, así como el pago de impuestos. Así, suena como un muy “buen negocio”. No obstante, cuando se les cuestiona sobre el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDH) en los cantones piñeros, ahí, los señores empresarios se muestran más evasivos: son los cantones con el menor IDH comparados con cantones sin piña.

Pero también, desde el punto de vista ambiental, se pueden hacer números. La pregunta sería cuál es el costo aproximado del potencial daño ambiental a un acuífero. A modo de ejemplo, en el caso de la piñera en Osa, considerando el mismo estudio hidrogeológico aportado por la empresa, y usando un espesor de 30 metros para el acuífero y un 25 % de porosidad, nos damos cuenta que el volumen de agua que se contaminaría sería de 45 millones de metros cúbicos. Si estimamos el costo de depuración de esa agua subterránea contaminada (aproximadamente $500 / m3), sería de algo más de $20.000 millones.

Como se puede ver el costo beneficio socioeconómico no está bien hecho (aunque lo haga una entidad muy cercana al gremio empresarial como el INCAE), si no considera el tema del costo ambiental. No estamos muy seguros que el INCAE incorpore en sus programas a especialistas en gestión y evaluación ambiental, por lo que su estudio sobre la piña puede adolecer de algunos importantes vacíos. 

Visto desde un enfoque mucho más integral, el negocio no parece ser tan bueno para el país, pues los beneficios socioeconómicos que se obtienen se hacen a costa de un grave sacrificio ambiental. Uno más, que se suma a otros muchos sacrificios ambientales que se originan cuando las decisiones políticas se imponen a las decisiones técnicas y científicas. Por lo visto, muchos de nuestros políticos ignoran, cuando toman decisiones, lo que dice el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que señala que se debe cumplir con principios de lógica, ciencia y técnica.

Vías de solución: nuevamente, no se trata de que no se haga nada, sino que las actividades productivas se realicen cumpliendo el Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com). En el caso de la piña, hay dos alternativas: la primera que la producción de la fruta modifique el paquete tecnológico para producir una piña más ecológica que realmente represente la “marca país”. La otra solución es que, con criterios de ordenamiento ambiental territorial (ver Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE), se localicen terrenos realmente aptos para el cultivo de piña intensiva, y se descarten otros donde el impacto sería mayor. A la fecha no se cuenta con alguna clasificación ambiental de suelos, por lo que la piña se extiende por doquier de manera totalmente irresponsable, sin dar un cumplimiento efectivo a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

Esto último es posible, pero debe cambiarse el paradigma de comprar primero las fincas, para luego hacer los estudios técnicos y solicitar la Viabilidad Ambiental, algo que nos afecta a todos: empresarios, instituciones, ciudadanos y, en particular, a nuestra Naturaleza, el ambiente y sus cada vez más limitados recursos naturales, como el agua.

Además, dado que el tema de la vulnerabilidad acuífera del terreno es el factor clave, y dado que tanto la Sala Constitucional, como el mismo Tribunal Contencioso Administrativo han recalcado la importancia de aplicar la Matriz del SENARA, como criterio para decidir el uso del suelo y la intensidad de ese uso, se hace indispensable que tanto las nuevas plantaciones que se planteen, como las ya existentes, deban revisar la condición de vulnerabilidad de los fincas donde se ubiquen a fin de que establezcan medidas correctivas, preventivas y dado el caso, compensatorias.

En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha:

“¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ” (Nota 2). 

Este tema debería ser tomado en cuenta por los mismos importadores, pues es clave para certificar cuál es el costo ambiental de la piña que están comprando. En Costa Rica es posible producir piña ambiental y socialmente sustentable, solo se ocupa anteponer la ciencia y la técnica, por encima de las arbitrarias decisiones políticas que se olvidan que nuestra naturaleza y nuestro ambiente no son infinitos, sino muy limitados.

Nota 1: En el anexo XII, p. 57 de este documento publicado por la Unión Europea se da la lista de todas sustancias químicas requeridas. El texto está disponible en: http://pip.coleacp.org/files/documents/IT-AnanasMD2%2012-2011-02-1-UK.pdf

Nota 2: Véase nuestro artículo ASTORGA A, “Manejo o control integrado de las aguas”, Mayo del 2011, La Nación. Texto disponible en: http://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2011/05/manejo-o-control-integrado-de-las-aguas

Responsabilidad ambiental compartida

La responsabilidad ambiental compartida es un principio que señala que la gestión en la protección del ambiente y de los recursos naturales es una tarea de todos, y no solamente de unas cuantas autoridades. En nuestro país, la falta de un derrotero real y certero en materia ambiental ha llevado a que durante los últimos años se apliquen políticas de Estado en materia ambiental que, lejos de promover la responsabilidad ambiental, parecen haber estimulado todo lo contario. Irresponsabilidad. Los últimos 5 años nos aportan muchos ejemplos. En medio de una pomposamente anunciada Iniciativa de Paz con la Naturaleza, se declara de interés público y de conveniencia nacional, la explotación minera a cielo abierto en la zona norte del país.

A fin de aprovechar el momento político, se decretó el 8 de mayodel 2010 una mal llamada moratoria minera reforzada por una ley aprobada en noviembre del 2010 que declara al país libre de nuevos proyectos de minería a cielo abierto y que utiliza el cianuro para extraer el oro, sin que quede claro lo que va a suceder con los proyectos mineros previos, como el caso de la mina Bellavista.

Se ha dado un paulatino deterioro del sistema de áreas protegidas, pese a que este le genera dividendos por más de $2.000 millones anuales. Incluso, se eliminaron algunas de estas áreas y se intentó bajar de categoría parques nacionales a favor del desarrollo inmobiliario. Los recursos marinos siguen desprotegidos mientras nuestros mares son víctimas de la depredación por los barcos pesqueros.

Se desechan 10 años de trabajo en la planificación urbana y ambiental de la GAM, para sustituirlo por un POT GAM que todavía nadie conoce y que, se nos anuncia que saldrá en diciembre, mes en que los ciudadanos no andan muy preocupados por saber las noticias que da el Gobierno.

La expansión piñera pasó de 18.000 a 60.000 hectáreas, sin ningún tipo de regulación ambiental “ex–ante” ni mayor preocupación de las autoridades sanitarias de actualizar la legislación en torno al uso, almacenamiento y riego de sustancias químicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico que hoy respiran escolares como lo de la Escuela de El Jobo en Caño Negro, y que beben las comunidades cercanas a estas plantaciones sin conocer posibles efectos en su salud.

Se anuncia una política de ordenamiento territorial, y se le devuelve el control en este tema a la Dirección de Urbanismo del INVU, que ya desde hace 10 años, prácticamente había sido desahuciada por la Contraloría General de la República, precisamente por no haber cumplido a cabalidad su responsabilidad. Es oportuno señalar que la Dirección no ha sido modernizada en personal ni en recursos y funciona exactamente con las reglas que llevaron a la Controlaría a las conclusiones a que llegó en 1998 y en el 2003.

Todo esto se da cuando el mismo INVU anuncia que no va a tramitar planes reguladores, de los cuales hay más de 50 en fila de espera, hasta que tenga aprobados los planes regionales en que se circunscriben. Algo que, lejos de acelerar la ansiada planificación territorial, la aleja cada vez más y aumenta el caos vivencial de los habitantes de la GAM.

La poca planificación sectorial del desarrollo que se hace, sigue haciéndose sin una efectiva evaluación ambiental estratégica, pese a que desde el 2004 existe legislación que norma el proceso. Se sigue planificando con un criterio de mercado, de corto plazo, de inversión y ganancias rápidas, con poco o ningún criterio social y ambiental, induciendo con ello que luego, cuando se presenten los proyectos concretos, se den serios conflictos entre los diferentes sectores.

Todo esto, mientras el Informe del estado de la región nos informa de que se sigue sacrificando el ambiente en pos del desarrollo económico, pero sin efectos reales en la población.

Más recientemente, se declaró una morataria “de mentirillas” a la actividad petrolera, que limita (y por solo 3 años) la explotación de petróleo, permitiendo todo lo demás, y dejando la bases para que la misma Sala Constitucional la anule y así allane el camino a la empresa petrolera en su intención firmar el contrato de exploración que le entrega 10.000 km² de territorio nacional, incluyendo humedales y áreas silvestres protegidas.

Evaluación ambiental. Este tema requiere toda una atención particular debido a que el modelo de EIA establecido desde el 2004 se diseñó y fundamentó en el principio de responsabilidad ambiental compartida. Sobre esta base los formularios ambientales del sistema, particularmente el así llamado D1, es de tipo “autoevaluación”, donde el consultor ambiental que lo llena aporta la información a fe de juramento.

Pese a esto, ahora siete años después se reconoce que el sistema no ha operado con eficiencia.

Por un lado, la gran mayoría de los consultores llena el formulario buscando que el puntaje de significancia de impacto resulte lo más bajo. De esto hay ejemplos impresionantes, como urbanizaciones de más de 1.000 viviendas cuyo puntaje resulta en menos de 200 puntos y para el cual la Setena se conforma con una simple declaración jurada de compromisos ambientales, para otorgar la viabilidad ambiental.

Ante esto nos preguntamos cuál es la solución. ¿Hacer que todos los proyectos, debido a la poca responsabilidad ambiental que se pone de manifiesto, elaboren detallados y extensos estudios de impacto ambiental? ¡Parece que estamos retrocediendo en el tiempo, con el agravante que ahora, en vez de unos cientos de proyectos anuales, se revisan varios miles de proyectos por año! Es claro que entidades como la Setena y el proceso de EIA que aplica, requieren una profunda transformación, que lleve consigo una total despolitización de su accionar.

Soluciones. Mientras las autoridades ambientales del Estado mantengan el patrón seguido hasta ahora de una acción arbitraria, unilateral, y parcializada a favor del desarrollo de proyectos y pensando únicamente en la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que abren, dejando de lado el cumplimiento ambiental, el diálogo técnico, la participación pública establecida en la ley y un efectivo condicionamiento ambiental, el problema, lejos de resolverse se va a seguir incrementando.

Los tribunales de justicia están sirviendo de contrapeso a estos abusos de nuestras autoridades. No obstante, la judicialización extrema de los conflictos ambientales no es tampoco una solución al problema. Seguir por este camino nos lleva al retroceso como país, pero no solo eso, sino a la desilusión colectiva, a la pérdida de esperanza colectiva por obtener un país mejor; elementos críticos que enferman a nuestra sociedad y que llevan a que se pierda el interés de proteger el ambiente dentro del espíritu de responsabilidad compartida.

Ante todo, urge que seamos mucho más exigentes y vigilantes sobre las actuaciones de las autoridades “ambientales” para que al amparo del artículo 11 de nuestra Constitución solicitemos rendimiento de cuentas y verdadero cumplimiento de nuestra legislación ambiental.

Es nuestro país, son nuestras instituciones, es nuestra legislación, y se trata de nuestros recursos y del futuro de nuestras generaciones.

La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña

Los estudios nos indican que el cultivo industrial de la piña en Costa Rica se ha duplicado en los últimos 5 años. Alcanza ya más de 54.000 hectáreas y, probablemente, mucho más, localizadas en la zona sur y las llanuras del norte, principalmente. Se nos habla de que se trata de un cultivo ambientalmente sostenible y que debiera ser considerado un "orgullo nacional". Empero, la realidad pareciera otra.

La sostenibilidad ambiental de una actividad no está determinada únicamente por el hecho de que una vez instalada y en producción se tomen medidas respecto al manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y control de emisiones. Esto es solo una pequeña parte de las labores de gestión ambiental que deben realizarse. La otra gran parte, que es sustancial, se refiere a la forma en que se introduce la dimensión ambiental y, en particular, la protección del ambiente y los recursos naturales, en el diseño de la actividad productiva. Es decir, de cómo el diseño de la actividad incorpora acciones ambientales concretas como parte de su implantación de modo tal que, cuando se inicia su desarrollo, lo hace de forma realmente sostenible.

Este concepto, que es el objetivo fundamental de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país durante los últimos años parece haberse devaluado. Para algunos, es un simple trámite o “papeleo”, algo incómodo, que se hace ante la Setena para obtener la así llamada viabilidad ambiental. Otros consideran que no es un trámite que se necesita, en particular si la regulación tiene defectos y abre portillos para que las actividades no cumplan con ese procedimiento. Este ha sido el caso, en gran porcentaje, de la actividad piñera en nuestro país.

Impacto ambiental severo. La transformación de zonas de cultivos tradicionales o de pastos, e incluso de coberturas boscosas, causan un impacto severo al dejar el suelo al descubierto y altamente vulnerable a la erosión y al utilizar un intenso paquete tecnológico de agroquímicos. Estas y otras características propias del cultivo de la piña de exportación (espécimen MD2) debieron haber sido objeto de una detallada y cuidadosa evaluación de impacto ambiental de tipo “ex ante”, es decir, antes de que el cultivo se estableciera en el terreno.

Hoy existen problemas evidentes de contaminación de acuíferos bajo las zonas de cultivo de piña, erosión de suelos (con el desarrollo de significativas cadenas de impacto que afectan los ríos e incluso llevan el sedimento hacia el mar, donde los corales de los arrecifes están siendo afectados por la sedimentación); la producción de vectores como la mosca producto del inadecuado manejo del desecho de la piña y el hecho mismo de que el país se haya convertido en el mayor consumidor de piña per cápita del mundo.

Ello constituye una clara evidencia de que la inserción e intensificación del cultivo de la piña en Costa Rica se hizo sin una adecuada consideración ambiental, razón por la cual hablar de un cultivo ambientalmente sostenible deja muchas dudas y debería ser demostrado con estudios científicos serios e independientes.

Solución a medias. Debido a que muchas plantaciones de piña se implantaron sin cumplir esa esencial y fundamental tarea de incorporar los criterios de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales, como parte de su diseño, se optó por buscar una solución “a medias” en lo referente a la viabilidad ambiental.

Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña.

La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa.

Tratándose de un estudio "expost" no se entra a valorar elementos esenciales, como por ejemplo si el sitio seleccionado para el cultivo era el apropiado, ni tampoco puede valorar si al momento de desarrollar del cultivo se afectaron biotopos sensibles que no debieron haberse afectado.

Un tema esencial en este proceso es la vulnerabilidad de los extensos mantos acuíferos que tienen los territorios donde se ha implantado la piña, que representan verdaderos recursos estratégicos para el futuro del nuestro país y que, por su enorme valor, debieron ser objeto de una mayor protección, haciendo que se establecieran condiciones muy estrictas, de forma “exante” al cultivo de la piña.

Cultivos ecológicos. Como puede verse, la premura de unos por hacer negocios con nuestro recursos y la actitud de nuestras autoridades para facilitarles la tarea hace que hayamos perdido, una vez más, la posibilidad de posicionarnos como un país donde se promueve el cultivo ecológico de una piña realmente sostenible. A cambio de ello, tenemos una piña ambientalmente cuestionada, pero bien maquillada respecto a su sostenibilidad ambiental.

La pregunta que debemos hacernos los costarricenses es si vamos a seguir por ese camino que nos impone el mercado, de ganancia fácil para unos cuantos y de sacrificio de nuestro ambiente y recursos naturales.

En el caso de los cultivos ya implantados de piña, urge tomar acciones de verdadera evaluación ambiental que establezcan serias condiciones ambientales al cultivo y que lleven al remedio y compensación de daños ambientales producidos.

Por otro lado, antes de seguir hablando de más expansión piñera, deben establecerse verdaderas y efectivas reglas ambientales para los nuevos cultivos que hagan que estos, desde el principio, cumplan estrictos compromisos ambientales que los conviertan en cultivos ecológicos. Recordemos que, desde diciembre del 2008, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había solicitado una moratoria para nuevas extensiones de piña, anticipando la actitud poco diligente y entreguista de nuestras autoridades "ambientales".

Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional.