Desafíos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo

A propósito del seminario “Camino al desarrollo sostenible: retos pendientes”, organizado por el Minaet y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) el pasado sábado 5 de noviembre, al que tuvimos el honor de ser invitados por el señor ministro del Ambiente, junto con representantes del ICE y otros especialistas, así como los resultados del informe XVII del Estado de la Nación, nos parece importante resaltar algunos aspectos ante la opinión pública a fin de iniciar una discusión abierta, transparente y participativa, la cual resulta indispensable para un tema tan importante para el futuro de nuestro país como lo es el desarrollo.

Es claro que es un tema muy amplio, que puede visualizarse desde muchas perspectivas, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad que garantice a las generaciones futuras un mejor país, y no uno peor, como está ocurriendo. En lo que sigue, se plantea una visión desde la perspectiva ambiental, como un aporte al que se le deben sumar otras vistas, hasta alcanzar un balance equilibrado que defina un derrotero más certero.

Dónde estamos. No resulta racional ponerse a discutir sobre el futuro del desarrollo del país sin cuestionarnos primero, con un verdadero espíritu autocrítico, de dónde venimos y cuáles son los principales elementos que debemos resolver a corto, mediano y largo plazo.

El problema de falta de planificación a mediano y largo plazo es nuestro mayor talón de Aquiles. Desde hace mucho, la planificación se hace solo en el ámbito de los ciclos políticos de 4 años y eso, claro está, no es suficiente. Tampoco se trata de intentar planificar a largo plazo, preguntando a la gente qué creen que debemos hacer, así sin ton ni son. Una administración de gobierno no puede arrogarse la potestad de fijar lineamientos de desarrollo para los próximos 10 o 15 años, sin tomar en cuenta a los otros sectores de la sociedad. Una planificación de ese tipo, unilateral y delineada por los requisitos del mercado, está encaminada al fracaso.

La verdadera planificación sectorial y suprasectorial debe ser el producto de un proceso de discusión técnica, participativa y transparente dentro de una evaluación ambiental estratégica. Y, en particular, debe ser consistente de manera que la planificación de un sector como la infraestructura o el turismo no entre en contradicción con otros sectores como energía y desarrollo urbano.

Algunos indicadores. Tenemos un severo atraso en materia de ordenamiento del territorio. Después de 43 años de Ley de Planificación Urbana solo un 5 % del país está cubierto. Los planes reguladores existentes están ya obsoletos. La GAM, donde vive la mitad de la población del país, es una ciudad caótica y sin planificación. Se tarda casi 10 años en aprobar un plan regulador, cuando la ley dice que se deben actualizar cada 5 años. Solo en las zonas montañosas de la GAM, existe un déficit de 57 % (350 km²) de bosques. Hay 102 km² construidos fuera del anillo de contención de la GAM. Al menos el 20 % de la población de la GAM vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a amenazas naturales.

Las áreas de recarga acuífera estratégica del país están en peligro por el desarrollo de actividades agrícolas sin apropiados sistemas de gestión ambiental, como las plantaciones de piña. No incluir esta variable cuando se habla de desarrollo es hablar en el aire, ya que el factor hídrico condiciona de manera severa el desarrollo de un país. Por otra parte, las áreas protegidas se han debilitado o se han degradado a favor del desarrollo inmobiliario, amenazando todo el desarrollo y las actividades que se gestan alrededor de estas áreas, cifrados en $2.000 millones para el 2009.

Un porcentaje muy alto de la biodiversidad se encuentra en bosques de propiedad privada bajo riesgo de ser afectados por desarrollos de diverso tipo, particularmente el desarrollo inmobiliario voraz. Si el 80% de nuestros visitantes vienen motivados por la biodiversidad de Costa Rica, flaco favor nos hacemos permitiendo o tolerando su destrucción: las comunidades aledañas a Caño Negro bien lo saben.

Urge de igual manera actuar para proteger y salvaguardar los recursos marinos que están siendo depredados aceleradamente por las flotas pesqueras extranjeras: los ecosistemas marinos, como bien es sabido, son altamente vulnerables a cambios bruscos y las cifras sobre pérdida de especies en los océanos en los últimos años son más que elocuentes.

El reciente estudio del Estado de la Región nos informa y sintetiza todo esto. Costa Rica, en la última década, ha acelerado la depredación de su ambiente y sus recursos naturales, a costa de un desarrollo regulado por las necesidades del mercado (expansión piñera, desarrollo inmobiliario no planificado, caótico desarrollo urbano), pero sus índices de pobreza no se han modificado, reflejando que el “progreso económico” no está permeando hacia las capas más necesitadas de la población. Un indicador como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD muestra, para Costa Rica, una caída notable desde el 2003, cuando nuestro país ocupaba el lugar 42 a nivel mundial ¡y que cae al lugar 69 en el 2010!

Modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo del país debe basarse en las mayores potencialidades que tiene el país, como son la bio- y geodiversidad que le reportan al país más de $2.000 millones anuales, los recursos hídricos (subterráneos), de los que nuestro país es una verdadera potencia mundial, su población y potencial para el desarrollo tecnológico, los recursos marinos y el alto potencial para el desarrollo de ecoagricultura y productos agrícolas de alta calidad mundial que no dañen el ambiente.

A este respecto se deben también tomar en cuenta las limitaciones que tiene el país, como lo son sus características geográficas, geológicas, para poder dar sostenibilidad a su desarrollo, a saber, entre muchas más: a) el 76% del territorio nacional es área de recarga acuífera; b) cerca del 60% del territorio es de aptitud forestal, c) cerca del 50% al 60% del territorio es de alta y muy alta fragilidad ambiental, y d) aproximadamente el 50% del territorio nacional es de alta a muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Ignorar estas condiciones para la propuesta de modelo de desarrollo suprasectorial o sectorial sería un grave error con consecuencias desastrosas para la sostenibilidad del país, que es precisamente lo que ha pasado hasta ahora.

Medidas a tomar. Con el objeto de ser propositivo y con el ánimo de establecer algunas líneas de base para discusión:

1) Abrir espacios de diálogo técnico nacional para la definición del modelo de desarrollo del país.

2) Es prioritario y urgente trabajar en el tema del ordenamiento territorial a fin de profundizar en el conocimiento de fortalezas y limitaciones de nuestro país.

3) Definir ejes estratégicos de desarrollo (agroecología, alta tecnología, ecoturismo, etc.) equilibrados con ejes estratégicos de sostenibilidad (recuperación de bosques, protección de recursos hídricos, tierras cultivables, áreas urbanas sostenibles, gestión del riesgo, etc.).

4) Revivir la planificación estratégica sectorial y suprasectorial con la dimensión ambiental (biofísica y social) integrada, por medio de la evaluación ambiental estratégica.

5) Fortalecer los sistemas de evaluación y control ambiental por medio de un sistema de reglas claras, fiscalización eficiente y control efectivo, fortaleciendo y despolitizando entidades como la Setena y el Tribunal Ambiental Administrativo.

En el ejercicio de visualizar el país desarrollado que queremos, no se trata de impedir el desarrollo, sino definirlo y orientarlo para que sea sostenible sin poner el riesgo el ambiente y los recursos naturales. Solo así, dentro de este marco, se podrían poner en contexto de discusión temas estratégicos, como el P.H. Diquís, el aeropuerto internacional en Osa, el plan nacional de infraestructura vial y turística y el plan nacional de energía, entre otros. Todavía estamos a tiempo; lo único que se necesita para empezar es la apertura a un diálogo técnico nacional, transparente y participativo y un mínimo de voluntad política para llevarlo a cabo.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo, UCR y Yamileth Astorga, bióloga, UCR

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional se pudo observar  cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos - sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo UCR, Yamileth Astorga, bióloga UCR.

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Una lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros a los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminadas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la visita realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional, se pudo observar cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la Setena, el Minaet, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso, iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa, en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la Minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Toda esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la Minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir náuseas y molestia por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos –sospechosamente discretos desde hace una semana– comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

A un año de la tragedia de barrio Lajas en Escazú

Hoy, 4 de noviembre, se cumple un año de la tragedia de barrio Lajas en San Antonio de Escazú. Pasadas la media noche, un deslizamiento ocurrió en la ladera y pendiente abajo se transformó en flujo de material (avalancha) que descendió por el cauce de la quebrada Lajas, por su valle de inundación inmediata, arrastrando todo a su paso, incluyendo una serie de casas y sus ocupantes, localizadas en las cercanías de la quebrada, provocando la muerte de más de 20 personas.

Un desastre que fue noticia de “primera plana” durante varios días, pero luego se fue extinguiendo en importancia hasta quedar casi en el olvido. En honor a las personas que perdieron su vida y las de sus familiares y amigos que todavía los lloran, y considerando el profundo sentimiento de injusticia que nos embarga al saberse desde hace al menos 5 años que esta zona era particularmente vulnerable y que las autoridades tenían conocimiento de ello, es menester repasar lo ocurrido: se trata de una trágica lección de la que todos debemos aprender para evitar que se repita.

Lo primero que podríamos preguntarnos es qué hemos hecho en concreto, durante el último año, para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en el futuro. La respuesta, desafortunadamente, no es muy halagadora. Salvo algunos esfuerzos aislados en algunos municipios y el trabajo que durante el año 2011 ha venido realizando el IFAM y la CNE de transferir a las municipalidades información sobre mapas de amenazas naturales para incentivarlos a iniciar proyectos concretos de gestión del riesgo preventiva, en realidad el tema sigue sin ser considerado como algo prioritario y que requiere una mayor atención de la que se le da.

Y es que, además del tema de vulnerabilidad de un importante porcentaje de la población a las amenazas naturales, el tema también es económico. A principios de este año, el Mideplán informó de que el costo acumulado de los desastres generados, principalmente, por deslizamientos, inundaciones y sismos, desde el año 1988 casi alcanza los $ 2.000 millones. Esto se adiciona a lo señalado por el ministro del MOPT, quien indicó que los daños en infraestructura hacen que se requieren de casi $ 200 millones por mes para reparación de carreteras y puentes. Lo más preocupante es que ni los eventos del 2010, ni los del 2011 son particularmente excepcionales como sí lo fue el huracán Mitch en 1998, sino que se trata de tormentas tropicales propias y normales de la estación lluviosa.

Los temporales del pasado mes de octubre nos dejaron inundaciones, deslizamientos y varios barrios con casas agrietadas y desalojadas, con sus habitantes muy preocupados por su futuro.

Gestión preventiva. Es claro que seguir haciendo solamente gestión de riesgo, reactiva, es decir, de atención de las emergencias, no es suficiente. No es posible, que se sigan dando usos del suelo y permisos de construcción en sitios de alta y muy alta amenaza, de manera que se siga acrecentando la cantidad de personas que viven en condiciones de alto y muy alto riesgo y que alcanza un 20 % de la población de la GAM.

Por consideración para con las víctimas de los desastres, en particular el de quebrada Lajas y para prevenir que haya más, urge tomar acciones concretas y directas. Además de desentrabar y acelerar el trámite de los más de 50 planes reguladores pendientes de aprobación, urge tomar medidas más concretas y rápidas, como el hecho de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información ambiental generada para los planes reguladores y que ya ha sido aprobada por la Setena, como el caso de la GAM y otras regiones del país.

La Setena, por su parte, debe cambiar su actitud de indicar a las municipalidades que no pueden hacer uso de la información ambiental que ella misma ha revisado y aprobado, y que incluye información sobre zonas de amenazas naturales y otros datos importantes, como áreas de recarga acuífera, hasta que el plan regulador esté aprobado. Por el contrario, se debe favorecer el máximo acceso a la información para que los ciudadanos puedan tomar medidas preventivas correctas con el apoyo de sus gobiernos locales.

Por su parte, las mismas municipalidades y la Setena deben verificar la ubicación de los proyectos de construcción que tramitan ante esa información, a fin de constatar que la misma sea tomada en cuenta como parte del proyecto. Recientes casos llevados ante los tribunales evidencian que pobladores y ciudadanos tienen mayor conciencia del grado de vulnerabilidad de ciertas zonas que las propias autoridades municipales y nacionales. ¡Vaya miopía de esas autoridades!

Los bancos que financian y las aseguradoras, por su parte, deben tener acceso a esa información y, sobre esa base, tomar decisiones. No es posible que información útil, que puede salvar vidas, siga engavetada y sin posibilidad de que sea consultada como la que se generó en el marco del PRUGAM y de otros proyectos en ejecución.

Todos tenemos derecho a vivir en una casa segura. Por eso, debemos exigir que en su planeamiento y construcción se tome en cuenta la información ambiental ya disponible y aprobada. Nuestro país se sitúa, a nivel mundial, en una zona de alta precipitación, y esta realidad no puede ser ignorada mediante decreto ejecutivo, leyes y reglamentos. Su suelos son mucho más vulnerables que en otras latitudes.

Vivimos en un país geológicamente activo y expuesto, como todo país tropical, a eventos meteorológicos incesantes, guste o no a las mentes luminarias que tenemos en algunas instituciones nacionales a cargo del tema de vivienda y urbanización en la GAM y en el país.

El fracaso del INVU en la planificación urbana

El reciente voto de la Sala Constitucional, que por tercera vez en los últimos 10 años, frena las intenciones del INVU y del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) de expandir el anillo de contención urbana de la GAM, debe llevarnos a la reflexión y análisis sobre lo que está pasando en materia de planificación urbana y ordenamiento del territorio en esta parte del Valle Central, donde vivimos cerca de 3 millones de habitantes. Un tema de gran importancia y seriedad por las consecuencias que tiene hacia nuestro futuro.

El anillo de contención fue creado por el Plan GAM de 1982, como una sana y visionaria medida, que era ordenar el desarrollo urbano dentro de la GAM. Se definió como un límite arbitrario, no natural, que separa el área de desarrollo y expansión urbana dentro de la GAM de la zona de protección ambiental (áreas de recarga acuífera, zonas boscosas y de pendiente), en la cual no debería darse desarrollo urbano, salvo en las cabeceras de cantón o de distrito.

Desafortunadamente la entidad responsable de mantener ese orden urbano, el INVU, y en particular, su Dirección de Urbanismo, fracasó notablemente en esa misión. Ya para el año 1999 la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe 94-99 señala “que el INVU no había elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano”, sino que “…se ha dedicado, con mayor énfasis, a otorgar permisos de construcción y de uso del suelo”. Referente al Plan GAM de 1982 señaló que “…aunque esa Dirección confeccionó un Plan para la Gran Área Metropolitana, a dicho Plan no se le dio continuidad”. Continúa la CGR manifestando que “…aunque muchas de las familias costarricenses se han visto beneficiadas al tener su propia vivienda, las políticas de los gobiernos han permitido el establecimiento de proyectos de vivienda fuera del anillo de contención del Área Metropolitana”.

La CGR agrega que esto “…ha traído como consecuencia una disminución en la calidad de vida de la población de la citada Área, así como un efecto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el desarrollo urbanos del país”. Algo que todavía hoy a 12 años de ese informe se sigue dando, sin que veamos medidas correctivas drásticas tomadas para encausar las cosas.

Para el 2003 la CGR en otro informe sobre el INVU, el DFOE – SM – 11 – 2003, recalcó que seguía sin disponerse del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), al señalar que “…ha imperado un desarrollo urbano y una ocupación territorial desordenada y sin ninguna visión y orientación de futuro, que pone de manifiesto la poca efectividad institucional en el cumplimiento de funciones señaladas por la ley”.

El Informe señala además que “…el INVU, como responsable de la planificación urbana, no ha cumplido con las funciones y atribuciones conferidas por la Ley de Planificación Urbana. La Dirección de Urbanismo, asignada para tal propósito, no ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de dicha ley, no ha coordinado como corresponde los proyectos públicos y privados que interesen al PNDU, no ha prestado la asesoría y asistencia a las municipalidades y otros organismos en cuanto a la promoción de la materia, ni tampoco una vinculación estrecha con las instituciones que conforman el sector vivienda y asentamientos humanos y otras instituciones públicas que desempeñan funciones relacionadas con el desarrollo urbano”.

En aras de buscar soluciones a corto y mediano plazo en materia urbanística, la CGR concluyó que era necesario “…que se revise y efectúe un análisis del marco jurídico existente en materia de planificación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el ámbito nacional, regional y local, así como su concordancia con la estructura de la Administración Pública, incluyendo el cuestionamiento de las funciones y responsabilidades que ha venido ejerciendo el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en razón de su ineficacia demostrada, y si las mismas deben permanecer en el INVU o si más bien debe corresponder a otra institución pública con mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos y con mayor poder político para la toma de decisiones” (el destacado no es del original).

Población en alto riesgo. Toda esta fracasada gestión urbana no solo se resume en palabras y críticas. Si fuera así, el asunto sería fácil. En este sentido, la realidad es devastadora. Se han construido más de 10.200 hectáreas fuera del citado anillo de contención, pese a que dentro del mismo hay igual o mayor cantidad de territorio con capacidad de albergar nuevas construcciones. Para colmo de males, muchas de esas construcciones se han dado en zonas de muy alta y alta amenaza, al extremo de que las estimaciones realizadas muestran que un 20 % de la población de la GAM vive en esas condiciones.

En este contexto, resulta importante repasar los acontecimientos del último año y medio. Pocos días después de la salida del Decreto de ampliación del anillo de contención, la ministra del MIVAH cierra las oficinas del PRUGAM, mientras que en mayo del 2010 el INVU rechaza el PRUGAM, generando un documento de observaciones que no pueden ser respondidas porque el PRUGAM como oficina ya no existía.

A principios de este año, el gobierno, con el aval de la CGR, aprueba una partida de ¢190 millones para que el INVU trabaje con el Plan Regional de la GAM. Ahora, hace pocas semanas, el INVU anuncia que prácticamente archiva el Plan PRUGAM porque “quedó corto”, y que lo va a sustituir por un tal POT GAM, que tendrá listo en el mes de diciembre. De paso se le anuncia a las municipalidades que elaboraron durante varios años planes reguladores al amparo del PRUGAM que prácticamente tienen que empezar de nuevo, según los lineamientos de ese POT GAM.

Habitantes deben exigir explicaciones. Ante todo esto surge la pregunta de qué va a hacer el INVU con el anillo de contención dentro del POT GAM, ¿lo mantendrá igual o lo cambiará conforme a sus tres fracasadas intenciones de los últimos 10 años? O bien, ¿le establecerá un límite natural, como tiene que ser y como fue establecido según la zonificación ambiental que realizó el PRUGAM? Y si es así, ¿por qué entonces se desecha el PRUGAM?
Todas estas preguntas y muchas más debemos plantearnos todos los habitantes de la GAM y del país. Debemos exigir que se hagan las investigaciones correspondientes y se den las aclaraciones del caso, tal y como exige nuestra Constitución Política. Dejar pasar esta situación, es permitir que se siga repitiendo la historia de los últimos 30 años, de desplanificación, desorden y improvisación que ha hecho de la GAM una ciudad caótica, altamente vulnerable, estresante y muy contaminada. La coyuntura actual exige que pidamos cuentas claras.