Responsabilidad ambiental compartida

La responsabilidad ambiental compartida es un principio que señala que la gestión en la protección del ambiente y de los recursos naturales es una tarea de todos, y no solamente de unas cuantas autoridades. En nuestro país, la falta de un derrotero real y certero en materia ambiental ha llevado a que durante los últimos años se apliquen políticas de Estado en materia ambiental que, lejos de promover la responsabilidad ambiental, parecen haber estimulado todo lo contario. Irresponsabilidad. Los últimos 5 años nos aportan muchos ejemplos. En medio de una pomposamente anunciada Iniciativa de Paz con la Naturaleza, se declara de interés público y de conveniencia nacional, la explotación minera a cielo abierto en la zona norte del país.

A fin de aprovechar el momento político, se decretó el 8 de mayodel 2010 una mal llamada moratoria minera reforzada por una ley aprobada en noviembre del 2010 que declara al país libre de nuevos proyectos de minería a cielo abierto y que utiliza el cianuro para extraer el oro, sin que quede claro lo que va a suceder con los proyectos mineros previos, como el caso de la mina Bellavista.

Se ha dado un paulatino deterioro del sistema de áreas protegidas, pese a que este le genera dividendos por más de $2.000 millones anuales. Incluso, se eliminaron algunas de estas áreas y se intentó bajar de categoría parques nacionales a favor del desarrollo inmobiliario. Los recursos marinos siguen desprotegidos mientras nuestros mares son víctimas de la depredación por los barcos pesqueros.

Se desechan 10 años de trabajo en la planificación urbana y ambiental de la GAM, para sustituirlo por un POT GAM que todavía nadie conoce y que, se nos anuncia que saldrá en diciembre, mes en que los ciudadanos no andan muy preocupados por saber las noticias que da el Gobierno.

La expansión piñera pasó de 18.000 a 60.000 hectáreas, sin ningún tipo de regulación ambiental “ex–ante” ni mayor preocupación de las autoridades sanitarias de actualizar la legislación en torno al uso, almacenamiento y riego de sustancias químicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico que hoy respiran escolares como lo de la Escuela de El Jobo en Caño Negro, y que beben las comunidades cercanas a estas plantaciones sin conocer posibles efectos en su salud.

Se anuncia una política de ordenamiento territorial, y se le devuelve el control en este tema a la Dirección de Urbanismo del INVU, que ya desde hace 10 años, prácticamente había sido desahuciada por la Contraloría General de la República, precisamente por no haber cumplido a cabalidad su responsabilidad. Es oportuno señalar que la Dirección no ha sido modernizada en personal ni en recursos y funciona exactamente con las reglas que llevaron a la Controlaría a las conclusiones a que llegó en 1998 y en el 2003.

Todo esto se da cuando el mismo INVU anuncia que no va a tramitar planes reguladores, de los cuales hay más de 50 en fila de espera, hasta que tenga aprobados los planes regionales en que se circunscriben. Algo que, lejos de acelerar la ansiada planificación territorial, la aleja cada vez más y aumenta el caos vivencial de los habitantes de la GAM.

La poca planificación sectorial del desarrollo que se hace, sigue haciéndose sin una efectiva evaluación ambiental estratégica, pese a que desde el 2004 existe legislación que norma el proceso. Se sigue planificando con un criterio de mercado, de corto plazo, de inversión y ganancias rápidas, con poco o ningún criterio social y ambiental, induciendo con ello que luego, cuando se presenten los proyectos concretos, se den serios conflictos entre los diferentes sectores.

Todo esto, mientras el Informe del estado de la región nos informa de que se sigue sacrificando el ambiente en pos del desarrollo económico, pero sin efectos reales en la población.

Más recientemente, se declaró una morataria “de mentirillas” a la actividad petrolera, que limita (y por solo 3 años) la explotación de petróleo, permitiendo todo lo demás, y dejando la bases para que la misma Sala Constitucional la anule y así allane el camino a la empresa petrolera en su intención firmar el contrato de exploración que le entrega 10.000 km² de territorio nacional, incluyendo humedales y áreas silvestres protegidas.

Evaluación ambiental. Este tema requiere toda una atención particular debido a que el modelo de EIA establecido desde el 2004 se diseñó y fundamentó en el principio de responsabilidad ambiental compartida. Sobre esta base los formularios ambientales del sistema, particularmente el así llamado D1, es de tipo “autoevaluación”, donde el consultor ambiental que lo llena aporta la información a fe de juramento.

Pese a esto, ahora siete años después se reconoce que el sistema no ha operado con eficiencia.

Por un lado, la gran mayoría de los consultores llena el formulario buscando que el puntaje de significancia de impacto resulte lo más bajo. De esto hay ejemplos impresionantes, como urbanizaciones de más de 1.000 viviendas cuyo puntaje resulta en menos de 200 puntos y para el cual la Setena se conforma con una simple declaración jurada de compromisos ambientales, para otorgar la viabilidad ambiental.

Ante esto nos preguntamos cuál es la solución. ¿Hacer que todos los proyectos, debido a la poca responsabilidad ambiental que se pone de manifiesto, elaboren detallados y extensos estudios de impacto ambiental? ¡Parece que estamos retrocediendo en el tiempo, con el agravante que ahora, en vez de unos cientos de proyectos anuales, se revisan varios miles de proyectos por año! Es claro que entidades como la Setena y el proceso de EIA que aplica, requieren una profunda transformación, que lleve consigo una total despolitización de su accionar.

Soluciones. Mientras las autoridades ambientales del Estado mantengan el patrón seguido hasta ahora de una acción arbitraria, unilateral, y parcializada a favor del desarrollo de proyectos y pensando únicamente en la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que abren, dejando de lado el cumplimiento ambiental, el diálogo técnico, la participación pública establecida en la ley y un efectivo condicionamiento ambiental, el problema, lejos de resolverse se va a seguir incrementando.

Los tribunales de justicia están sirviendo de contrapeso a estos abusos de nuestras autoridades. No obstante, la judicialización extrema de los conflictos ambientales no es tampoco una solución al problema. Seguir por este camino nos lleva al retroceso como país, pero no solo eso, sino a la desilusión colectiva, a la pérdida de esperanza colectiva por obtener un país mejor; elementos críticos que enferman a nuestra sociedad y que llevan a que se pierda el interés de proteger el ambiente dentro del espíritu de responsabilidad compartida.

Ante todo, urge que seamos mucho más exigentes y vigilantes sobre las actuaciones de las autoridades “ambientales” para que al amparo del artículo 11 de nuestra Constitución solicitemos rendimiento de cuentas y verdadero cumplimiento de nuestra legislación ambiental.

Es nuestro país, son nuestras instituciones, es nuestra legislación, y se trata de nuestros recursos y del futuro de nuestras generaciones.

Grave y vergonzosa decisión

El anuncio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) el pasado lunes 3 de octubre, que desecha el Plan PRUGAM (Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) y que en su sustitución el INVU está preparando un nuevo instrumento denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM), se basa en lo siguiente: que el PRUGAM tenía algunas inconsistencias y que no “daba la talla”.

Esa vergonzosa decisión se califica además como grave y como un enorme error, y debería ser objeto de una profunda y cuidadosa investigación. Las razones son muchas.

En primer lugar, por el hecho de que en el PRUGAM, incluyendo sus obras demostrativas y los planes reguladores, se invirtieron 18 millones euros, 11 de ellos aportados por la Unión Europea y 7 por el Estado.

Respecto a la ayuda aportada por la Unión Europea resulta bochornoso y hasta ridículo, con el agravante de que, como dice nuestro pueblo, “con qué cara vamos a seguir pidiendo cooperación internacional para la planificación”.

También hay que cuestionarse por qué en estos momentos en que se está hablando de un plan fiscal para aumentar los recursos del Estado, y de hacer un uso eficiente de ellos, prácticamente se tira a la basura una inversión de 7 millones de euros, o sea, cerca de 10 millones de dólares, con cargo a los impuestos de todos. Solo este hecho debería motivar a que entidades como la Contraloría General de la República y el Defensoría de los Habitantes inicien una investigación detallada.

Empero el asunto más grave de la decisión tomada es la forma en que se desecha y se manda al olvido un esfuerzo interinstitucional y del país como un todo, en hacer una Planificación Territorial de la GAM, durante casi una década. El PRUGAM trabajó durante seis años, pero su preparación administrativa y legal llevo casi cuatro años, incluyendo una aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Como bien dice el refrán popular: “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.

Sin fundamento. En el caso del PRUGAM el asunto es todavía más serio, pues no fue que se perdiera el tiempo, sino que unas autoridades en el INVU y el MIVAH, sin presentar suficientes argumentos de sustento, deciden desechar el esfuerzo de planificación territorial realizado por el país durante años.

La situación caótica que vivimos en la GAM no pareciera ser su mayor preocupación por lo visto. Claramente, el rechazo de tantos años de esfuerzos y de estudios es un lujo que ni los países más ricos del mundo se pueden dar: resulta que en Costa Rica somos tan afortunados que si nos lo podemos dar.

Los argumentos dados para desechar el PRUGAM, que ya cuenta con viabilidad ambiental, desde noviembre del 2009 por parte de la SETENA, no son suficientes ni satisfactorios. En particular por el hecho de que la propuesta del Plan fue revisada por diversos entes internacionales, incluyendo expertos de la Universidad de Harvard, que lo calificaron como uno de los planes más avanzados y mejor elaborados. Lo dice la Universidad Harvard, pero ¡qué importa señores del INVU!
También, porque el ente que lo rechaza es el mismo INVU, que formó parte de la elaboración del Plan desde el principio, y que ahora, en vez de solicitar a aquellos que elaboraron el Plan PRUGAM que procedieran a corregirlo según sus exigencias, deciden desecharlo y elaborar ellos mismos su propia propuesta.

Esa propuesta del INVU, denominada POTGAM, que todavía no conocemos, implica además un costo adicional de 190 millones de colones al erario público y, en principio, deberá estar lista para el mes de diciembre de este año. Algunos esperarían que fuera la propuesta del PRUGAM modificada y con un nombre diferente, no obstante, por lo señalado por el mismo INVU en los foros realizados, la situación es otra, ya que lo que se dice es que el POTGAM será una especie de modernización del Plan GAM de 1982, con todo y su anillo de contención “adaptado” a la época actual. Asunto que preocupa, si recordamos que durante los últimos 10 años el INVU ha intentado ampliar el anillo de contención, en tres ocasiones, lo que no ha logrado gracias a la Sala Constitucional.

Crecimiento caótico. Como puede verse, el panorama no es claro ni halagador, todo lo contrario. Mientras tanto, la GAM, donde vivimos casi el 60 % de la población del país, sigue convertida una ciudad altamente desordenada, con un crecimiento urbano caótico, energéticamente ineficiente y que es fuente de un estrés altamente negativo para sus habitantes. Y eso no es todo, lo más grave es que mientras no se tomen acciones concretas como las que proponía el PRUGAM, se van a seguir urbanizando, sin criterio apropiado, las zonas de alta y muy alta amenaza, donde ya hoy vive más del 20 % de la población de la GAM en condiciones de MUY ALTO RIESGO a las amenazas naturales, como los deslizamientos, avalanchas, inundaciones y fallas geológicas, entre otras.

Es bueno es que los costarricenses empecemos a cobrar conciencia de esto y que cambiemos nuestra actitud de asimilar estas noticias con pasividad y desinterés. La realidad no dice que debemos reaccionar pidiendo rendición de cuentas, investigación y que se nos informe sobre esas graves decisiones que tienen serias repercusiones para todos nosotros y nos hunden en más problemas, contaminación,  pérdida de calidad vida y subdesarrollo. Todo esto ocurre mientras, en estos mismos años, nos pavoneamos ante el mundo como un país altamente competitivo y abierto a la apertura comercial, cuando en realidad son este tipo de decisiones las que nos hacen retroceder en todos los ámbitos.

Cooperación internacional para el subdesarrollo

Ante la reciente noticia dada a conocer por este diario, sobre el hecho de que el INVU desechó el PRUGAM y elabora su propio Plan de Ordenamiento Territorial para la Gran Área Metropolitana (POTGAM), así como por las declaraciones de su presidente ejecutiva y de la ministra de Vivienda, se hace obligatorio hacer un repaso de las consecuencias que ello tiene y también, por qué no, de las posibles causas.

Como toda obra humana, el Plan PRUGAM podría tener defectos y errores; no obstante, lo que resulta inverosímil y hasta inaceptable, es que prácticamente se desechara un trabajo de casi 6 años, que realizó más de 20 estudios técnicos por parte de equipos multidisciplinarios, nacionales y extranjeros y en el que se invirtieron, incluyendo las obras demostrativas, cerca de 18 millones de euros, once de los cuales fueron aportados por cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea.

Inversión despreciada. ¿Cómo así que se echa por la borda tanta inversión de la Unión Europea y tantos estudios técnicos urgentes para ordenar nuestras desordenada GAM? ¿Con qué cara vamos a presentar nuevas solicitudes de apoyo a la Unión Europea o a otros cooperantes en la materia?

El PRUGAM generó muchos productos, siendo sus dos principales, la zonificación de fragilidad ambiental de la GAM y el Plan PRUGAM propiamente. El primero, corresponde con el Informe Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, que fue revisado durante el año 2009 por la SETENA y finalmente aprobado en noviembre de ese año. El segundo, corresponde con el Plan Regional, con los lineamientos de desarrollo urbano y que se complementaba con los planes reguladores de los 31 cantones de la GAM que en el marco del PRUGAM, fueron elaborados u homologados.

En lo referente al Informe Ambiental, se generó una abundante cartografía digital con datos muy importantes para la planificación urbana y la gestión del riesgo, todo a escala 1:10.000 para un territorio de 1.758 km².

Se elaboraron mapas de amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, de fallas geológicas y volcanismo), así como mapas hidrogeológicos que identificaron las áreas de recarga acuífera, las zonas de aptitud forestal y las zonas frágiles por cobertura boscosa y corredores biológicos. Se identificaron las zonas de sobreúso o desequilibrio ecológico y las medidas para remediarlas. Se localizaron las construcciones en zonas de riesgo y se trazaron los lineamientos para corregir la situación.

Finalmente, se establecieron los grandes lineamientos ambientales regionales para dar sostenibilidad al uso del territorio, en materia de gestión de riesgo, protección de ecosistemas, desarrollo de infraestructura, protección del paisaje y manejo integrado de recursos hídricos, entre otros.

Toda esta información técnica ambiental había sido integrada y transformada en la propuesta urbana y territorial del Plan PRUGAM. La pregunta obligada que surge es ¿cómo se ha hecho en el caso del POTGAM? ¿Cómo se integró esa información ambiental ya aprobada a esta nueva propuesta, o fue que no se hizo?

Contrario a lo que se ha insinuado, el PRUGAM y sus productos no fue obra de un grupo de técnicos encerrados en una oficina. El PRUGAM es un fruto interinstitucional cuyos productos fueron consultados y discutidos ampliamente. De esto, lo que más llama la atención es que el INVU, entidad que ahora lo desecha, fue parte de ese grupo de instituciones que participaron en su elaboración.

Nuevamente, surge una pregunta obligada: ¿por qué razón el INVU, como entidad que formaba parte del PRUGAM, no planteó sus objeciones cuando el trabajo se estaba realizando? ¿Por qué esperar hasta que la oficina de PRUGAM fuera cerrada por el Ministerio de Vivienda en abril del 2010 y no tuviera oportunidad de responder a las objeciones con que se rechazó la propuesta? ¿Por qué no solicitar que quienes elaboraron la propuesta, la corrigieran según los requerimientos del INVU?

¿La destitución del arquitecto Eduardo Brenes, como director del PRUGAM, en febrero del 2010 por parte de la ministra de Vivienda Clara Zomer por emitir criticas fundamentadas a un Decreto Ejecutivo que ignoraba estos estudios, era tal vez una primera advertencia?

Ante esto, se debe recordar que el INVU no fue asignado para elaborar el Plan GAM, precisamente porque la misma Contraloría General de la República, en dos informes, uno de 1998 y otro del 2003 le había señalado una serie de fallas muy importantes, e incluso lo responsabilizaba por el desorden urbano que para ese momento ya tenía la GAM. La Contraloría, en los dos casos, le recomienda al Poder Ejecutivo, crear una nueva instancia que diera mejor soporte al ordenamiento del territorio, de allí que surgiera el PRUGAM.

Consecuencias. La principal consecuencia de lo ocurrido debe doler y disgustar a todos los costarricenses preocupados por el futuro del país.

Seguimos sin avanzar, haciendo círculos, y pareciera también ahora el ridículo en la materia. Una característica que nos separa y amplia la brecha que nos aleja de los países verdaderamente desarrollados. Cada vez son más los ejemplos: Plan GAM del 82 y su no cumplimiento por el mismo INVU, el Plan de la Cuenca del Tárcoles, la Comisión Terra y ahora el PRUGAM. ¿Qué seguirá: ¿El Plan PEROT de Guanacaste? ¿Los planes reguladores de las decenas de municipios que tienen años de estar trabajando en ellos?

Las causas de lo sucedido no deben quedar en el olvido. Se deben pedir explicaciones e investigaciones detalladas y bien fundamentadas a las autoridades que ahora, con tanta facilidad, señalan que se desecha “porque no dio la talla” o “se quedó corto”. Esas explicaciones no son suficientes y esconden probablemente lo que ha llevado a la situación caótica del país en materia ambiental y de ordenamiento territorial: decisiones políticas que carecen totalmente de sustento técnico.

No es posible que casi una década de esfuerzo en el desarrollo de una planificación territorial, que tanto cuesta a un país como Costa Rica, y para la cual la Unión Europea apoyó desinteresadamente, se deseche y trate como “bien de difunto”.

Si no se dan las explicaciones correctas para los costarricenses, al menos debería hacerse para la Unión Europea, a quienes les debemos, como mínimo una disquisición por esta vergonzosa situación en que hemos caído. Y que los que han tomado esta extraña decisión, devuelvan a la Unión Europea el monto de su “fallida” ayuda para apoyarnos a sacarnos del subdesarrollo en el que nuestros políticos parecieran sentirse tan a gusto.

La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña

Los estudios nos indican que el cultivo industrial de la piña en Costa Rica se ha duplicado en los últimos 5 años. Alcanza ya más de 54.000 hectáreas y, probablemente, mucho más, localizadas en la zona sur y las llanuras del norte, principalmente. Se nos habla de que se trata de un cultivo ambientalmente sostenible y que debiera ser considerado un "orgullo nacional". Empero, la realidad pareciera otra.

La sostenibilidad ambiental de una actividad no está determinada únicamente por el hecho de que una vez instalada y en producción se tomen medidas respecto al manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y control de emisiones. Esto es solo una pequeña parte de las labores de gestión ambiental que deben realizarse. La otra gran parte, que es sustancial, se refiere a la forma en que se introduce la dimensión ambiental y, en particular, la protección del ambiente y los recursos naturales, en el diseño de la actividad productiva. Es decir, de cómo el diseño de la actividad incorpora acciones ambientales concretas como parte de su implantación de modo tal que, cuando se inicia su desarrollo, lo hace de forma realmente sostenible.

Este concepto, que es el objetivo fundamental de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país durante los últimos años parece haberse devaluado. Para algunos, es un simple trámite o “papeleo”, algo incómodo, que se hace ante la Setena para obtener la así llamada viabilidad ambiental. Otros consideran que no es un trámite que se necesita, en particular si la regulación tiene defectos y abre portillos para que las actividades no cumplan con ese procedimiento. Este ha sido el caso, en gran porcentaje, de la actividad piñera en nuestro país.

Impacto ambiental severo. La transformación de zonas de cultivos tradicionales o de pastos, e incluso de coberturas boscosas, causan un impacto severo al dejar el suelo al descubierto y altamente vulnerable a la erosión y al utilizar un intenso paquete tecnológico de agroquímicos. Estas y otras características propias del cultivo de la piña de exportación (espécimen MD2) debieron haber sido objeto de una detallada y cuidadosa evaluación de impacto ambiental de tipo “ex ante”, es decir, antes de que el cultivo se estableciera en el terreno.

Hoy existen problemas evidentes de contaminación de acuíferos bajo las zonas de cultivo de piña, erosión de suelos (con el desarrollo de significativas cadenas de impacto que afectan los ríos e incluso llevan el sedimento hacia el mar, donde los corales de los arrecifes están siendo afectados por la sedimentación); la producción de vectores como la mosca producto del inadecuado manejo del desecho de la piña y el hecho mismo de que el país se haya convertido en el mayor consumidor de piña per cápita del mundo.

Ello constituye una clara evidencia de que la inserción e intensificación del cultivo de la piña en Costa Rica se hizo sin una adecuada consideración ambiental, razón por la cual hablar de un cultivo ambientalmente sostenible deja muchas dudas y debería ser demostrado con estudios científicos serios e independientes.

Solución a medias. Debido a que muchas plantaciones de piña se implantaron sin cumplir esa esencial y fundamental tarea de incorporar los criterios de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales, como parte de su diseño, se optó por buscar una solución “a medias” en lo referente a la viabilidad ambiental.

Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña.

La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa.

Tratándose de un estudio "expost" no se entra a valorar elementos esenciales, como por ejemplo si el sitio seleccionado para el cultivo era el apropiado, ni tampoco puede valorar si al momento de desarrollar del cultivo se afectaron biotopos sensibles que no debieron haberse afectado.

Un tema esencial en este proceso es la vulnerabilidad de los extensos mantos acuíferos que tienen los territorios donde se ha implantado la piña, que representan verdaderos recursos estratégicos para el futuro del nuestro país y que, por su enorme valor, debieron ser objeto de una mayor protección, haciendo que se establecieran condiciones muy estrictas, de forma “exante” al cultivo de la piña.

Cultivos ecológicos. Como puede verse, la premura de unos por hacer negocios con nuestro recursos y la actitud de nuestras autoridades para facilitarles la tarea hace que hayamos perdido, una vez más, la posibilidad de posicionarnos como un país donde se promueve el cultivo ecológico de una piña realmente sostenible. A cambio de ello, tenemos una piña ambientalmente cuestionada, pero bien maquillada respecto a su sostenibilidad ambiental.

La pregunta que debemos hacernos los costarricenses es si vamos a seguir por ese camino que nos impone el mercado, de ganancia fácil para unos cuantos y de sacrificio de nuestro ambiente y recursos naturales.

En el caso de los cultivos ya implantados de piña, urge tomar acciones de verdadera evaluación ambiental que establezcan serias condiciones ambientales al cultivo y que lleven al remedio y compensación de daños ambientales producidos.

Por otro lado, antes de seguir hablando de más expansión piñera, deben establecerse verdaderas y efectivas reglas ambientales para los nuevos cultivos que hagan que estos, desde el principio, cumplan estrictos compromisos ambientales que los conviertan en cultivos ecológicos. Recordemos que, desde diciembre del 2008, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había solicitado una moratoria para nuevas extensiones de piña, anticipando la actitud poco diligente y entreguista de nuestras autoridades "ambientales".

Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional.

Diálogo y electricidad

A propósito del tema de las leyes de electricidad o de contingencia eléctrica que se ha discutido y se discuten en la Asamblea Legislativa, nuevamente surge el tema de la necesidad de la realización de un diálogo sano, técnico y transparente a fin de buscar soluciones sostenibles y realmente efectivas a este tema.

Al analizar en retrospectiva la información que se ha suministrado, salta a la luz, un elemento negativo y es que los datos con que se ha querido justificar la aprobación “urgente” de la ley, no son del todo ciertos, incluso algunos son exagerados; con lo cual, lejos de que se establezca una base sólida para tomar decisiones, lo que surge es la ya existente y creciente desconfianza en las autoridades de gobierno y en algunos políticos que defienden posiciones que privilegian a unos cuantos y no al colectivo como un todo.

Como plataforma de toma de discusión y de toma de decisiones, existe una realidad irrefutable que algunos, en medio de obtener sus objetivos particulares, parecen olvidar, o mejor dicho, quieren obviar. Vale la pena recordarlo.

En primer lugar, es claro que el modelo energético de nuestro país ha sido un éxito, a pesar de que, como toda obra humana, puede tener errores. No obstante, esos errores no ocultan el hecho de que más del 90 % de la energía del país se produce desde fuentes más sostenibles, como la hidroelectricidad, eólica y geotérmica. Desde este punto de vista, nuestro país es un ejemplo para el mundo y en eso el modelo del ICE como generador y administrador de la energía del país ha funcionado muy bien por más de 60 años. El ICE, artífice de este modelo, debiera ser consolidado como tal, y no debilitado como ha venido estándolo en los últimos años. Incluso debiera esta entidad ser proyectada fuera de nuestras fronteras como un socio fiable al que puedan otros países solicitarle la ejecución de grandes proyectos de producción energética.

En segundo lugar, y a pesar de que al ICE como generador de energía se le pusieron, durante muchos años, numerosos obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos, hasta ahora, se ha podido suplir a satisfacción los requerimientos de electricidad del país. Todavía recordamos cómo en la década de los noventas, se debilitó al ICE en pos de promover la generación eléctrica privada, sin mencionar al tristemente célebre “combo del ICE” hace 10 años.

Los expertos nos dicen que el modelo energético desarrollado por el ICE está cumpliendo a cabalidad con satisfacer la creciente demanda nacional de electricidad. Incluso con el desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos, sin contar Diquís y Reventazón, la demanda de 3 a 4 % anual de crecimiento está satisfecha para los próximos años. De manera que esta realidad, debería estar clara, en el sentido de que no debería haber alarma y alarmismo de que nos vamos a quedar sin electricidad.

Potencial del país. Existen otras verdades que muchos conocen pero que evitan discutir abiertamente.

Nuestro país, por su característica geológica y geomorfológica, y su condición climática, tiene una alto potencial para la generación de electricidad con energías renovables (hídrica, eólica, geotérmica, y otras más). Desde este punto de vista, y considerando el hecho de que en el norte de Centroamérica y el sur de México, existe un gran requerimiento de energía proveniente de fuentes que no quemen hidrocarburos, es claro que existe un “negocio potencial” para nuestro país. Negocio que se ve complementado con el hecho de que ya existe una vía de transmisión de energía (Siepac) que permitiría exportar con rapidez el exceso de energía eléctrica que se genere.

El problema entonces es cómo conciliar todas estas realidades para desarrollar un modelo energético nacional, que garantice el abastecimiento eléctrico del país, proteja al ICE de una competencia externa, y además, permita de que de forma transparente se pueda generar un mercado de generación público y privado que promueva la exportación de energía y el desarrollo sostenible del país.

Lo primero que no se debe hacer, y que parece haber sido la regla, es ocultar esas verdades a la sociedad o decírselas “a medias”, envueltas de un falso alarmismo en el sentido de que, si no aprobamos ciertas leyes hechas a la medida de unos cuantos, entonces nos quedaremos sin electricidad en el verano. Esto es parte de un discurso abusivo que busca evitar la discusión serena y desregular nuestro marco regulatorio cuanto antes, con la aprobación “a golpe de tambor” de nuevas normas.

Seguir ese camino, de las “verdades a medias”, de las expectativas alarmistas, de la improvisación, de la falta de planificación y de desorden y de la falta de transparencia, es seguir por el camino “del río revuelto” que solo beneficia a unos cuantos, y condena al resto de la sociedad a “seguir perdiendo riqueza colectiva”, quedando como único consuelo, el quejarse de sus autoridades y seguir acumulando, desconfianza y resentimiento.

Es posible crear soluciones equilibradas y apropiadas, dentro de un marco de sustentabilidad del modelo energético, con participación privada, pero dentro de marco de fortalecimiento y crecimiento de todo lo bueno que hemos desarrollado como colectividad hasta ahora, y no de su detrimento o eliminación.

Camino del diálogo. Urge avanzar en un verdadero diálogo nacional para encontrar soluciones verdaderas y que encaminen al país por un desarrollo verdaderamente sustentable en el tema de energía.

Ese diálogo, como hemos señalado en otras ocasiones, no debe partir de una consulta anónima y dirigida a un objetivo previamente planeado.

Por el contrario, debe fundamentarse en un procedimiento técnico y científico sustentado y que sea apoyo real para la toma de decisiones, como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que existe en la regulación nacional desde hace 7 años y que sigue sin ser utilizado (cfr. Decreto Ejecutivo31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).

La discusión de un Plan Nacional de Energía, por medio de una efectiva EAE, debe considerar, además de los elementos ya señalados, otros clave como la importancia de estimular otras fuentes diferentes de energía, emparejar el desarrollo hidroeléctrico y el ordenamiento del territorio, con particular énfasis en la obtención de un equilibrio con la verdadera capacidad de carga de las cuencas y los bienes y servicios ambientales que brindan; el uso público del potencial geotérmico de los parques nacionales, el desarrollo de biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria como fuente para reducir la factura petrolera y un más agresivo plan de ahorro energético en particular para las horas pico y la época seca.

Seguir retrasando la apertura al diálogo real y bien sustentado, creyendo a que nuestra sociedad se le puede seguir imponiendo “soluciones” a sus problemas, basado en criterios discutidos solo parcialmente y con objetivos prefijados y determinados a satisfacer la avaricia de un sector privilegiado, es un tremendo error y que más tarde que temprano puede costarle muy caro a quienes lo promueven.

Urge que se haga un real cambio de rumbo. Nuestras autoridades todavía están a tiempo pero deben actuar cuanto antes.