A poco más de un año de que se haya iniciado el proyecto denominado “Costa Rica Fluye” y analizando con detenimiento los resultados mostrados se hace importante hacer algunas observaciones sobre el tema y cuestionarnos hacia dónde fluye nuestro país. Esto, dentro del contexto de lo señalado previamente por el autor y en particular considerando la grave situación económica que está pasando nuestro país y con ella una gran parte de la población.
Visión de la crisis: como hemos mencionado previamente la situación de la crisis en que se encuentra nuestro país, antes de la Pandemia y durante la misma es vista de forma muy diferente por la población. Es como si existieran dos Costa Rica.
Para una parte de la población la crisis no parece ser tan significativa. Ello, en razón de que sus ingresos (por salario, pensión o ingresos por negocios no afectados por la Pandemia) no han sido afectados. Por eso, para esa población, la situación no es tan grave y la coyuntura actual es interpretada como “temporal”.
Para otra parte de la población, que no tiene ingreso fijo ni estable (porque está desempleado, trabaja en la informalidad o porque sus negocios son altamente vulnerables a la situación económica), la situación es muy seria y grave, con el agravante de que ya es mucho tiempo acumulado y de que, todavía, no se ve la “luz al final del túnel”.
Siendo así que existe una gran mayoría de la población (al menos la mitad) que está pasando por una situación muy seria y que el mismo Estado tiene, también un problema fiscal muy serio, es claro concluir que el país se encuentra en una situación socioeconómica muy seria y que requiere una solución profunda e integral.
Por tanto, la búsqueda de soluciones para reactivar la economía del país tiene que tener muy claro esa visión de la crisis y plantearse de forma muy seria, crear soluciones realmente proporcionales a la misma.
Es muy importante no crear falsas expectativas. Como, por ejemplo, decir que podemos resolver todos nuestros problemas con la explotación de hidrocarburos o de minería metálica de yacimientos no probados e inexistentes. Hacer eso es altamente contraproducente y puede afectar aún más la gobernabilidad de nuestro país.
Costa Rica fluye: este proyecto tiene como objetivo contribuir con esa reactivación económica del país por medio de un proceso de agilización del trámite de permisos o autorizaciones que se requieren para emprender o desarrollar actividades productivas. Esta financiado, en gran parte, por la Fundación CRUSA y cuenta con un decreto ejecutivo que lo declara de interés público.
El objetivo planteado para el proyecto es clave en la medida de que, como hemos señalado, es de enorme importancia impulsar un acelerado y potente desarrollo socio ambientalmente sustentable para el país.
Costa Rica tiene recursos y potencial para ello. No obstante, el mayor problema que tiene es la tramitomanía (o tramitología) que es tan complicada y llena de requisitos que, es casi imposible, predecir cuanto puede tardar y costar empezar a ejecutar un determinado proyecto de inversión y desarrollo. Lo que se sabe es que no es fácil y que el tiempo se mide en años. Bajo esas condiciones es, prácticamente, imposible impulsar una rápida reactivación productiva del país. De allí la importancia de hacer fluir a Costa Rica.
No obstante, cuando se revisa el detalle del alcance planteado al proyecto referido, no podemos más que decepcionarnos. Resulta que los mismos gestores del proyecto reconocen que en el país hay cerca de 300 procesos de tramites que requieren ser mejorados, pero el proyecto solo va a atender, en dos años, 25 de esos procesos, es decir, un 8 % del total. Una cantidad poco significativa.
De todos esos 300 procesos hay al menos una 50, cuya mejora integral y sustancial es vital. La mayoría de ellos se refiere a temas ambientales en un sentido amplio. No obstante, cuando se revisan los procesos que están siendo atendidos por el proyecto, solamente uno de ellos está siendo gestionado. Se trata del todos los procesos de permisos y autorizaciones técnicas que tiene que emitir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Así, desde la perspectiva del Proyecto Costa Rica “fluye” se requerirían más de 20 años para atender todos los procesos que tienen que ser mejorados y una importante inversión económica (más de 10 mil millones) para lograrlo. Se detecta así un fallo sustancial en el planteamiento que creemos que debería ser profundamente revisado.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental también resulta cuestionable el hecho de que sea una Asociación de Empresarios Privados (Horizonte+) y no de expertos técnicos los que están tratando de arreglar la compleja tramitomanía anquilosante que afecta nuestro país.
Decimos que “desde el punto de vista ambiental”, en la medida de que el proceso de mejora de la tramitomanía debería desarrollarse con atinado criterio ambiental y social, de manera tal que, no provoque dudas en los sectores ambientales y sociales y que los haga pensar que el sector empresarial está jugando un papel de “juez y parte” para regular en su “propio beneficio”.
Por situaciones como estas es que surgen paradójicos conflictos como el de la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Precisamente porque surge una profunda desconfianza entre los sectores y los lleva a tomar posiciones polarizadas. Algo que para nada beneficia al país y que se resuelve llevando transparencia donde hoy existe cierto grado de opacidad.
Solución y futuro: la situación coyuntural del país es absolutamente extraordinaria y por eso, se requiere de una solución proporcional. Solo así se puede garantizar un futuro de progreso socioeconómico que, de forma indispensable, tiene que ser ambientalmente sustentable. Es nuestro criterio que, hacia ese derrotero no nos estamos dirigiendo. Necesitamos hacer mucho más.
Nos urge avanzar hacia lo que denominamos un Permiso Ambiental Integral (PAI) que utilice todo el potencial tecnológico disponible y fundamentado en un sistema automatizado basado en inteligencia artificial (IA) y en información ambiental inteligente y absolutamente transparente y objetiva. Debemos que aclarar que, aunque algunos cuestionan el uso de la IA, no podemos negar que es el futuro y que en esa dirección se está moviendo el mundo desarrollado. La incorporación a la OCDE nos empuja y acelera en esa dirección.
Un eficiente y completo sistema de algoritmos bien desarrollado y controlado, puede resultar mucho más eficiente y efectivo para agilizar la tramitomanía que un complicado sistema de permisos que requiere de muchas decisiones humanas y, que, como hemos visto con el caso de “La Cochinilla”, puede corromperse de forma tan profunda que puede poner en peligro la integridad institucional de todo un país.
Necesitamos avanzar en una dirección mejor planificada y con objetivos más claros. No podemos darnos el lujo de postergar más algo que debimos empezar a corregir hace muchos años.
Costa Rica tiene el potencial para lograr un PAI transparente y efectivo que, verdaderamente, active el desarrollo y la inversión socio ambientalmente sustentable. Solo tenemos que hacerlo, pues las herramientas ya existen y están disponibles.