La responsabilidad ambiental compartida es un principio que señala que la gestión en la protección del ambiente y de los recursos naturales es una tarea de todos, y no solamente de unas cuantas autoridades. En nuestro país, la falta de un derrotero real y certero en materia ambiental ha llevado a que durante los últimos años se apliquen políticas de Estado en materia ambiental que, lejos de promover la responsabilidad ambiental, parecen haber estimulado todo lo contario. Irresponsabilidad. Los últimos 5 años nos aportan muchos ejemplos. En medio de una pomposamente anunciada Iniciativa de Paz con la Naturaleza, se declara de interés público y de conveniencia nacional, la explotación minera a cielo abierto en la zona norte del país.
A fin de aprovechar el momento político, se decretó el 8 de mayodel 2010 una mal llamada moratoria minera reforzada por una ley aprobada en noviembre del 2010 que declara al país libre de nuevos proyectos de minería a cielo abierto y que utiliza el cianuro para extraer el oro, sin que quede claro lo que va a suceder con los proyectos mineros previos, como el caso de la mina Bellavista.
Se ha dado un paulatino deterioro del sistema de áreas protegidas, pese a que este le genera dividendos por más de $2.000 millones anuales. Incluso, se eliminaron algunas de estas áreas y se intentó bajar de categoría parques nacionales a favor del desarrollo inmobiliario. Los recursos marinos siguen desprotegidos mientras nuestros mares son víctimas de la depredación por los barcos pesqueros.
Se desechan 10 años de trabajo en la planificación urbana y ambiental de la GAM, para sustituirlo por un POT GAM que todavía nadie conoce y que, se nos anuncia que saldrá en diciembre, mes en que los ciudadanos no andan muy preocupados por saber las noticias que da el Gobierno.
La expansión piñera pasó de 18.000 a 60.000 hectáreas, sin ningún tipo de regulación ambiental “ex–ante” ni mayor preocupación de las autoridades sanitarias de actualizar la legislación en torno al uso, almacenamiento y riego de sustancias químicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico que hoy respiran escolares como lo de la Escuela de El Jobo en Caño Negro, y que beben las comunidades cercanas a estas plantaciones sin conocer posibles efectos en su salud.
Se anuncia una política de ordenamiento territorial, y se le devuelve el control en este tema a la Dirección de Urbanismo del INVU, que ya desde hace 10 años, prácticamente había sido desahuciada por la Contraloría General de la República, precisamente por no haber cumplido a cabalidad su responsabilidad. Es oportuno señalar que la Dirección no ha sido modernizada en personal ni en recursos y funciona exactamente con las reglas que llevaron a la Controlaría a las conclusiones a que llegó en 1998 y en el 2003.
Todo esto se da cuando el mismo INVU anuncia que no va a tramitar planes reguladores, de los cuales hay más de 50 en fila de espera, hasta que tenga aprobados los planes regionales en que se circunscriben. Algo que, lejos de acelerar la ansiada planificación territorial, la aleja cada vez más y aumenta el caos vivencial de los habitantes de la GAM.
La poca planificación sectorial del desarrollo que se hace, sigue haciéndose sin una efectiva evaluación ambiental estratégica, pese a que desde el 2004 existe legislación que norma el proceso. Se sigue planificando con un criterio de mercado, de corto plazo, de inversión y ganancias rápidas, con poco o ningún criterio social y ambiental, induciendo con ello que luego, cuando se presenten los proyectos concretos, se den serios conflictos entre los diferentes sectores.
Todo esto, mientras el Informe del estado de la región nos informa de que se sigue sacrificando el ambiente en pos del desarrollo económico, pero sin efectos reales en la población.
Más recientemente, se declaró una morataria “de mentirillas” a la actividad petrolera, que limita (y por solo 3 años) la explotación de petróleo, permitiendo todo lo demás, y dejando la bases para que la misma Sala Constitucional la anule y así allane el camino a la empresa petrolera en su intención firmar el contrato de exploración que le entrega 10.000 km² de territorio nacional, incluyendo humedales y áreas silvestres protegidas.
Evaluación ambiental. Este tema requiere toda una atención particular debido a que el modelo de EIA establecido desde el 2004 se diseñó y fundamentó en el principio de responsabilidad ambiental compartida. Sobre esta base los formularios ambientales del sistema, particularmente el así llamado D1, es de tipo “autoevaluación”, donde el consultor ambiental que lo llena aporta la información a fe de juramento.
Pese a esto, ahora siete años después se reconoce que el sistema no ha operado con eficiencia.
Por un lado, la gran mayoría de los consultores llena el formulario buscando que el puntaje de significancia de impacto resulte lo más bajo. De esto hay ejemplos impresionantes, como urbanizaciones de más de 1.000 viviendas cuyo puntaje resulta en menos de 200 puntos y para el cual la Setena se conforma con una simple declaración jurada de compromisos ambientales, para otorgar la viabilidad ambiental.
Ante esto nos preguntamos cuál es la solución. ¿Hacer que todos los proyectos, debido a la poca responsabilidad ambiental que se pone de manifiesto, elaboren detallados y extensos estudios de impacto ambiental? ¡Parece que estamos retrocediendo en el tiempo, con el agravante que ahora, en vez de unos cientos de proyectos anuales, se revisan varios miles de proyectos por año! Es claro que entidades como la Setena y el proceso de EIA que aplica, requieren una profunda transformación, que lleve consigo una total despolitización de su accionar.
Soluciones. Mientras las autoridades ambientales del Estado mantengan el patrón seguido hasta ahora de una acción arbitraria, unilateral, y parcializada a favor del desarrollo de proyectos y pensando únicamente en la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que abren, dejando de lado el cumplimiento ambiental, el diálogo técnico, la participación pública establecida en la ley y un efectivo condicionamiento ambiental, el problema, lejos de resolverse se va a seguir incrementando.
Los tribunales de justicia están sirviendo de contrapeso a estos abusos de nuestras autoridades. No obstante, la judicialización extrema de los conflictos ambientales no es tampoco una solución al problema. Seguir por este camino nos lleva al retroceso como país, pero no solo eso, sino a la desilusión colectiva, a la pérdida de esperanza colectiva por obtener un país mejor; elementos críticos que enferman a nuestra sociedad y que llevan a que se pierda el interés de proteger el ambiente dentro del espíritu de responsabilidad compartida.
Ante todo, urge que seamos mucho más exigentes y vigilantes sobre las actuaciones de las autoridades “ambientales” para que al amparo del artículo 11 de nuestra Constitución solicitemos rendimiento de cuentas y verdadero cumplimiento de nuestra legislación ambiental.
Es nuestro país, son nuestras instituciones, es nuestra legislación, y se trata de nuestros recursos y del futuro de nuestras generaciones.