Agua: urgente llamado a tomar acciones

El hecho de que en nuestro país llueva relativamente mucho y que tengamos muchos ríos y quebradas, así como acuíferos con aguas subterráneas, da la impresión de que ese recurso es casi infinito y que no hay motivo para preocuparnos. Empero, el problema es que no en todo el país llueve igual, ni en todo el país se tiene la misma disposición de agua, con el agravante de que tampoco en todo el país es igual el requerimiento que se tiene de ese vital líquido. Así, mientras en unos lugares todavía puede ser abundante, en otros, empiezan a detectarse claros indicios de que estamos a las puertas de una severa crisis que tendrá graves consecuencias para las comunidades, empresarios, e incluso para la flora y fauna silvestre. ¡Algo que debemos comprender y entender ya!, a fin de tomar acciones prontas y concretas en el menor plazo posible.  

AGUAS SUBTERRÁNEAS: los acuíferos subterráneos representan, en casi todo el país, la principal fuente de agua para el uso y consumo humano. Proviene tanto de la captación de manantiales o nacientes, como de pozos. Como hemos señalado ya, Costa Rica, por su condición geológica y características climáticas, tiene un alto potencial de aguas subterráneas.

Las aguas subterráneas funcionan, para una región, muy parecido a como funciona un tanque de agua para una casa. Es una reserva estratégica que puede ser utilizada siempre que no se consuma en una cantidad mayor a la recarga del tanque o reservorio. Es claro que si eso no sucede la cantidad de agua empezará a disminuir, pudiendo llegarse al gravísimo caso de que ya no funcione más como fuente de agua. Aunque parezca increíble para muchos, eso ya se empieza a notar en algunas áreas de nuestro país, implicando que las luces de alarma deberían encenderse de inmediato.

VALLE CENTRAL: como es bien sabido en la GAM vivimos casi el 60% de la población del país (en tan solo el 3.5 % del territorio continental). El agua subterránea representa entre el 60 y 70% de las fuentes de agua para las actividades humanas. Estas aguas subterráneas se albergan en varios acuíferos de origen volcánico que se originan en las laderas de los volcanes de la Cordillera Central (Poas, Barva e Irazú, principalmente),  así como en otros acuíferos menores dentro de rocas sedimentarias, pero que también tienen sus áreas de recarga en las zonas de montaña.

Una reciente revisión (abril del 2015) de la cantidad de pozos de extracción presentes en solo una parte de la GAM (cerca de 1000 km2 de las hojas cartográficas Abra, Barva, Naranjo y Río Grande) y registrados en el archivo de pozos del SENARA, señala que existen cerca de 4.000 pozos. A esta cantidad habría que sumarle algunos pozos del AyA y de la Dirección de Aguas del MINAE que no están registrados en el Archivo de Pozos del SENARA.

También habría que sumar una cantidad no precisa de pozos ilegales, es decir, de pozos que no están registrados oficialmente, ni tampoco autorizados.

Los estudios realizados por el autor junto a otros colaboradores, durante los últimos años, indican que para muchas áreas de la GAM la cantidad de agua subterránea que se extrae de esos pozos es mayor que la cantidad de agua que se está recargando. Algo que representa un primer indicio de que estamos a las puertas de un problema muy serio.

Otro indicio de este problema lo representa el hecho de que muchas de las fuentes de agua (manantiales) que se presentan en la zona montañosa que rodea la GAM han disminuido notablemente su caudal, o en su defecto se secan durante gran parte del año, algo que antes no sucedía. Esta situación coincide con el hecho de que durante los últimos años muchas de esas zonas de montaña de la GAM han sido objeto de impermeabilización por el desarrollo de construcciones y también de deforestación (aunque sea de cipreses), lo cual termina de agravar el cuadro. Gracias a la acción de las comunidades heredianas, una resolución de la Sala Constitucional del 2007 (Voto 2007-003923) ordenó precisamente a la Asamblea Legislativa adoptar una legislación que abarque a árboles no nativos como el ciprés, cuya función ecológica es vital para resguardar el acuífero del Barva, pero a la fecha se sigue talando grandes cantidades de ciprés, y nuestros diputados no logran ponerse de acuerdo.

Debido a que las aguas subterráneas se desplazan lentamente, el efecto de la disminución del reservorio en la GAM va a tardar un tiempo (pocos años), empero el problema ya está detectado y se seguirá incrementando durante los próximos años, en particular si se suma el tema de Cambio Climático y la variabilidad climática que ya todos estamos experimentando.

El efecto concreto es que los pozos y manantiales disminuirán su caudal e incluso se pueden secar. Ello con el agravante de que muchos de esos pozos y manantiales funcionan actualmente como fuente de agua para comunidades y condominios.

GUANACASTE: un estudio del 2014, de monitoreo realizado por personal técnico del SENARA para dos acuíferos de la zona (Huacas Tamarindo y Potrero Caimital), arroja resultados muy importantes sobre una clara reducción del reservorio de aguas subterráneas.

Ambos acuíferos representan una fuente muy importante de agua para diversas actividades humanas (comunidades, agricultura, turismo, entre otros), por lo que presentan una cantidad significativa de pozos de extracción de aguas subterráneas.

El monitoreo realizado por el SENARA, para los últimos 4 años, revela que dos años antes de que se iniciara el problema de merma de lluvias en Guanacaste, los niveles de agua en los pozos ya venía en descenso, por un asunto de sobreexplotación de pozos, particularmente durante la época seca. Esta situación se ha agravado con el inicio de las largas sequías, al punto de que para el 2014, en el caso del Acuífero Huacas Tamarindo, el descenso ya era de 4 metros. Situación que también se presenta para el Acuífero Potrero Caimital.

A esta situación se suma el hecho de que los pozos más cercanos al mar presentan intrusión salina, con lo cual hay que cerrarlos, por lo que aumenta la presión hacia los pozos que se encuentran más tierra adentro. Adicionalmente, también se presenta el problema de los pozos ilegales que incrementa aún más la sobreexplotación del acuífero.

Como se ve, aumentar la profundidad de los pozos para extraer el mismo caudal de agua, o poner nuevos pozos, no representa una solución sostenible a la falta de agua, por el contrario es una “solución” temporal, que con el tiempo agrava aún más el alarmante problema.

Problema que se vuelve de dimensiones mayores cuando estos datos se proyectan respecto a las proyecciones climáticas futuras y al hecho de que los datos de esos acuíferos pueden ser extrapolables a otros acuíferos en Guanacaste.

ACCIONES: nuevamente, como en casi todo, se requieren acciones concretas, de corto, mediano y largo plazo.

La primera gran tarea parte de la educación de los usuarios, en particular aquellos de que aprovechan aguas de pozos y manantiales, para que cobren conciencia sobre la importancia del uso racional del recurso y los graves riesgos que tiene la sobreexplotación de los acuíferos.

Es fundamental fortalecer las instituciones de gestión y control del uso del agua (superficial y subterránea). Las municipalidades deben jugar un papel clave en la gestión del agua de sus cantones.

Se debe impulsar iniciativas como el “cultivo del agua” por medio de la recolección y almacenamiento del agua de lluvia, así como la acción de que estas aguas recarguen los acuíferos y no sobrecarguen los cursos de agua superficial.

Es urgente uniformar las reglas legales para la gestión del recurso hídrico, por medio de la promulgación de una nueva ley o al menos de una Reglamento General a la ley actual, que contemple y modernice conceptos como la vulnerabilidad acuífera, la gestión del riesgo en los recursos hídricos y sus alcances para su manejo y uso sostenible.

En la GAM es fundamental evitar que se sigan deforestando e impermeabilizando las áreas de recarga acuífera. Al respecto, como hemos señalado, resulta clave terminar de actualizar y poner en vigencia el PRUGAM.

La creación de entes técnicos de investigación, como el Servicio Geológico de Costa Rica, a partir de la fusión de la Dirección de Investigación y Recursos Hídricos del SENARA y la Dirección de Geología y Minas del MINAE, también juega un papel relevante en la estrategia de fortalecimiento técnico y científico en el manejo de los recursos hídricos y de su investigación.

Finalmente, es vital y urgente que se tomen medidas concretas y alternativas para paliar los problemas de reducción del reservorio que tienen los acuíferos en Guanacaste y en particular los costeros. Es una bomba de tiempo que no se resuelve con la perforación de más pozos que aumentan la sobreexplotación. Se requiere urgente planificación e implementación de medidas. Cabe señalar que en varias partes de Heredia, municipios y la misma ESPH han perforado pozos a más de 250 metros sin lograr dar con el preciado líquido, ¡señal clara de que el potencial es limitado!

Se señalan aquí solo algunas de las acciones a tomar. Es claro que pueden surgir más. El primer gran paso deben darlo las autoridades de gobierno, ¡urge que tomen acciones concretas!

Agenda ambiental: imposición versus participación

Con ocasión del Día Mundial del Ambiente y de la situación que enfrenta nuestro país, se hace necesario plantear el tema de la Agenda Ambiental desde una perspectiva diferente. No se trata de repasar y recalcar la serie de acciones que deberían tomarse en diferentes temas como los recursos hídricos, el ordenamiento territorial, la protección de las áreas protegidas marinas y terrestres, el plan de energía, la carbono neutralidad y otras muchas, sino de enfocar un tema fundamental, que es el de la verdadera participación ciudadana versus la imposición de decisiones por parte de las autoridades o de sectores específicos de la sociedad. POLARIZACIÓN SOCIAL. Es claro que nuestra sociedad enfrenta una evidente polarización. Polarización que se profundizó a partir del Referéndum del 2007 y que todavía ahora, casi 8 años después, se mantiene vigente e incluso con más de dos polos. Es una multipolarización que las autoridades de gobierno pasadas y actuales no han sabido atender.

Esta polarización, en muchos aspectos, ha llevado a nuestro país a un entrabamiento. Entrabamiento que no solo se limita al tema ambiental, sino también a otros temas como el económico, social y hasta político.

JUDICIALIZACIÓN DE DECISIONES. La mejor prueba del grado de polarización, desconfianza y ausencia de verdadera participación social en la toma de decisiones estratégicas, es el hecho de que casi todas esas decisiones, una vez tomadas, son llevadas a los tribunales, por parte de algún sector que queda disconforme.

Aunque algunos puedan considerar esto como “normal”, resulta que ahora se hace con mucho más frecuencia que antes, y eso es un claro indicador de que el proceso de toma de decisiones estratégicas por parte de las autoridades debe cambiar.

IMPOSICIÓN. El camino de la imposición ha sido la práctica aplicada por las últimas administraciones de gobierno, incluyendo la actual.  Ya sea por su propia iniciativa, o por la presión de algún sector económico, o por ambos, las autoridades terminan tomando decisiones estratégicas que imponen al resto de la sociedad, sin un debido proceso de participación: declaratorias de conveniencia nacional, aprobación de políticas y planes sectoriales, de planes maestros y de megaproyectos estratégicos, sin el correcto proceso de participación pública.

Cuando se revisa la lógica de la decisión tomada se descubren numerosos defectos y vacíos, con lo cual se abre espacio a las denuncias y apelaciones, pero en particular a que se incremente la desconfianza hacia los tomadores de decisión. A la fecha seguimos con decretos de conveniencia nacional de dudosa procedencia vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, y que, de ser llevados ante un contencioso administrativo, podrían conocer la misma suerte que el que declaraba de conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.

PARTICIPACIÓN: La participación de la sociedad en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo del país, no consiste en el simple proceso de involucramiento indirecto, por medio de foros de discusión y supuesta aportación de ideas y sugerencias. Eso, ya no es suficiente, pues en la práctica, después de una serie de foros, un grupo de técnicos modela la propuesta de la decisión estratégica según su visión o la visión del gobierno y no necesariamente la que representa el equilibrio de lo sugerido por la sociedad (o sus representantes).  Este mecanismo, al que algunos llaman “abierta participación”, lo que lleva es a que se acelere la pérdida de credibilidad y confianza en las autoridades y la institucionalidad.

Como hemos señalado desde hace tiempo (ver: www.allanastorga.com) la verdadera participación de la sociedad (empresarios, cámaras, ONG, grupos ambientales, académicos, instituciones, comunidades, etc.) debe tener un carácter más vinculante y fundamentarse en tres claros principios: transparencia, información y participación. Desde hace más de 30 años existen procedimientos regulados de Planificación Estratégica que se aplican en muchos países con mucho éxito.

En nuestro país el lineamiento está establecido por medio del Reglamento de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, en el instrumento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Instrumento que, por diversas razones, el Poder Ejecutivo todavía no ha normado, a pesar de contar con una propuesta técnica desde el año 2009.

Nos preguntamos: ¿Por qué razón un gobierno del Partido Acción Ciudadana, cuyo fundamento filosófico parte de la participación de los ciudadanos, todavía sigue sin normar ese instrumento? Esto, como principio de cambio con el fin de modificar la forma tradicional de imponer decisiones estratégicas a la sociedad.  Y de acercarnos a países desarrollados en los que este mismo modelo ha demostrado ser exitoso.

Al respecto, y como complemento, no se debe olvidar lo que indica el inciso c) del artículo 1 de la Ley de Planificación Nacional de 1974, que señala el objetivo de: “propiciar una participación cada vez mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas económicos y sociales”.

El llamado “gobierno del cambio” debería considerar estos planteamientos para, en definitiva, iniciar un cambio real, en la forma en que se toman las decisiones estratégicas y abrir espacios reales a la participación ciudadana en el análisis y búsqueda de soluciones al desarrollo sostenible del país. Este Gobierno aún está a tiempo de rectificar el rumbo equivocado heredado de las dos administraciones anteriores en materia ambiental. Sacrificar esa valiosa oportunidad, en la actual coyuntura por la que atraviesa nuestra sociedad, podría significar un daño irreversible a la institucionalidad y minar aún más la confianza y la credibilidad en las actuales autoridades.

El tema ambiental en el mensaje presidencial

El men­sa­je del Pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca sobre el es­ta­do po­lí­ti­co de la Re­pú­bli­ca y los asun­tos de la ad­mi­nis­tra­ción, del pa­sa­do 1º de mayo del 2015, pone en evi­den­cia, una vez más, que lo que se es­cu­chó fue un dis­cur­so pla­ga­do de anun­cios de cosas he­chas y por hacer, pero que en lo que atañe a la si­tua­ción am­bien­tal en Costa Rica, de­no­ta gra­ves la­gu­nas y des­co­no­ci­mien­to por parte de nues­tro Pre­si­den­te.  En reali­dad, las cosas no mar­chan tan bien y la “finca en­cha­rra­la­da” que en­con­tró el Pre­si­den­te sigue sin lim­piar­se. La si­tua­ción am­bien­tal de nues­tro país es su­ma­men­te crí­ti­ca, tal y como lo vie­nen ad­vir­tien­do los úl­ti­mos in­for­mes del Es­ta­do de la Na­ción. Nada le hu­bie­se cos­ta­do al señor Pre­si­den­te leer­se el úl­ti­mo in­for­me para en­te­rar­se de lo que pasa y usar­lo como línea base para abor­dar la parte am­bien­tal de su ges­tión. En su dis­cur­so, el tema es to­ca­do por el Pre­si­den­te, como algo se­cun­da­rio, evi­den­cian­do así que no forma parte sus­tan­cial del con­fu­so rumbo por el que quie­re di­ri­gir a nues­tra na­ción.

Con­tex­to mun­dial: el papel efec­ti­vo de nues­tro país en el orden mun­dial no de­be­ría ser el de “apro­ve­char” la co­yun­tu­ra en su be­ne­fi­cio, dado el nuevo “orden in­ter­na­cio­nal” y las ame­na­zas que se pre­sen­tan como el Cam­bio Cli­má­ti­co.  Nues­tro país tiene que pre­ten­der mucho más que eso!

Un país, cuya fuen­te de pro­duc­ción de ener­gía se basa casi en el 100 % de fuen­tes re­no­va­bles, que se ha com­pro­me­ti­do a ser Car­bono Neu­tral para el 2021, que tiene el 25 % de su te­rri­to­rio con­ti­nen­tal como área pro­te­gi­da, que con­tie­ne cerca del 5 % de la bio­di­ver­si­dad del pla­ne­ta y cuyo te­rri­to­rio ma­rino ha sido una fuen­te fun­da­men­tal de bio­di­ver­si­dad y ri­que­za ma­ri­na, tiene la obli­ga­ción moral de alzar su voz en el mundo y plan­tear la enor­me y ur­gen­te im­por­tan­cia que tiene el darle sos­te­ni­bi­li­dad al desa­rro­llo hu­mano.

Dejar que esa voz se li­mi­te solo a apro­ve­char la si­tua­ción eco­nó­mi­ca es una clara evi­den­cia de que pa­de­ce­mos de un serio caso de “baja au­to­es­ti­ma na­cio­nal” o en su de­fec­to, un pro­ble­ma de “sen­ti­mien­to de culpa” por lo mal que nues­tras au­to­ri­da­des han ac­tua­do du­ran­te los úl­ti­mos años, in­clu­yen­do la ac­tual.

Agen­da am­bien­tal: re­sul­ta vacío y hasta ri­si­ble lo que se se­ña­la en el men­sa­je pre­si­den­cial sobre este tema. Una evi­den­cia más de que el tema se usa más como un re­lleno, que como algo que de­be­ría ser fun­da­men­tal para un país como Costa Rica. Y para mu­chos, una ver­da­de­ra de­silu­sión dado lo que se oyó por parte del Pre­si­den­te en cam­pa­ña elec­to­ral.

Mien­tras que, por un lado, se dice que se im­pul­sa­ron “im­por­tan­tes me­di­das para me­jo­rar la go­ber­nan­za del sec­tor am­bien­tal”, den­tro de la que men­cio­na la “re­es­truc­tu­ra­ción de la SE­TE­NA”, re­sul­ta que en la reali­dad, la SE­TE­NA se dejó con­ve­nien­te­men­te “in­tac­ta”, como una clara con­ti­nui­dad de las ad­mi­nis­tra­cio­nes an­te­rio­res. Con­ti­nui­dad en los mis­mos ye­rros y pro­ce­so de con­trol po­lí­ti­co. Pese a tener la po­si­bi­li­dad de ha­cer­lo, el Es­ta­do a la fecha no ha sa­ca­do nin­gu­na lec­ción de los es­cán­da­les a re­pe­ti­ción en los que in­cu­rre SE­TE­NA desde el 2008.

Con­trol que ha re­sul­ta­do con­ve­nien­te para la apro­ba­ción su­ma­men­te cues­tio­na­da de pro­yec­tos y me­ga­pro­yec­tos que le han con­ve­ni­do a las ad­mi­nis­tra­cio­nes, pero no ne­ce­sa­ria­men­te al país. Va­rios de ellos de­cre­ta­dos de “con­ve­nien­cia na­cio­nal” sin nin­gún es­tu­dio serio para sus­ten­tar­lo: a la fecha estos de­cre­tos si­guen vi­gen­tes cuan­do es per­fec­ta­men­te po­si­ble de­ro­gar­los sin más pre­lu­dios. Con­trol que no se ha usado para nada, en lo re­fe­ren­te a re­sol­ver los se­rie­cí­si­mos pro­ble­mas de pla­ni­fi­ca­ción te­rri­to­rial que ago­bian y es­tran­gu­lan a nues­tro país.

Or­de­na­mien­to te­rri­to­rial: A un año de go­bierno, casi nada se ha hecho por re­sol­ver la enor­me presa de más de 70 pla­nes re­gu­la­do­res que están en­tra­ba­dos en la SE­TE­NA, por falta de una ac­ti­tud téc­ni­ca di­fe­ren­te de esta in­tran­si­gen­te en­ti­dad. Entre el 2010 y el 2014, la SE­TE­NA re­cha­zó o ar­chi­vó el 70 % de los ex­pe­dien­tes de los pla­nes re­gu­la­do­res. Nos pre­gun­ta­mos: qué pa­sa­ría si eso mismo se hi­cie­ra con los ex­pe­dien­tes de pro­yec­tos en eva­lua­ción de im­pac­to am­bien­tal?

Hasta ahora, lo único que se hizo, fue crear una co­mi­sión mi­nis­te­rial que ahora está pro­po­nien­do un de­cre­to cuya base legal es su­ma­men­te cues­tio­na­ble y que no re­pre­sen­ta una so­lu­ción real al pro­ble­ma, sino un nuevo par­che, uno de mu­chos más. ¿Es esto el “cam­bio” que tanto se pre­go­nó en cam­pa­ña elec­to­ral, señor Pre­si­den­te? ¿Dónde han que­da­do sus com­pro­mi­sos en ma­te­ria am­bien­tal sus­cri­tos en el do­cu­men­to Pacto Am­bien­tal?

Por su parte, se re­ci­bió como he­ren­cia, el Plan GAM 2013 – 2030 y se hizo oídos sor­dos a las ad­ver­ten­cias de que se trata de un Plan sin sus­ten­to am­bien­tal, que sigue la línea de pro­mo­ver un desa­rro­llo ur­bano in­ten­si­vo, de ga­nan­cia rá­pi­da para al­gu­nos sec­to­res pri­vi­le­gia­dos.

El MINAE he­re­da­do: se habla de los es­fuer­zos he­chos para con­so­li­dar el Vi­ce­mi­nis­te­rio de Aguas, Mares y Hu­me­da­les, así como el SINAC; em­pe­ro no se dice nada (ni si­quie­ra una dis­cul­pa), sobre el ver­gon­zo­so tema de de­cla­rar de in­te­rés pú­bli­co la ex­por­ta­ción de ale­tas de ti­bu­rón (irres­pe­tan­do com­pro­mi­sos in­ter­na­cio­na­les) o de emi­tir una Po­lí­ti­ca de Pesca del Ca­ma­rón que se aleja de los ob­je­ti­vos ori­gi­nal­men­te plan­tea­dos. Se borra así con el codo, lo hecho con la mano (res­pec­to al tema de la pesca del atún). Nues­tros mares si­guen des­pro­te­gi­dos y su­je­tos de una de­vas­ta­do­ra pesca legal e ile­gal que ex­po­lia nues­tra ri­que­za ma­ri­na.

No se men­cio­nan en nin­gu­na parte del dis­cur­so los con­fu­sos in­tere­ses que mue­ven el in­te­rés por se­guir con una ob­so­le­ta re­fi­ne­ría china, ni tam­po­co el fias­co y de­cep­ción que im­pli­ca­ron los “diá­lo­gos” para el Plan Na­cio­nal de Ener­gía que han re­sul­ta­do más de los mismo, es decir, un poco de “ato­li­llo con el dedo” para cada sec­tor, sin que real­men­te se or­de­ne una ver­da­de­ra es­tra­te­gia na­cio­nal en este im­por­tan­te tema.

Erro­res y pers­pec­ti­va: aun­que en pri­me­ra ins­tan­cia el Pre­si­den­te re­co­no­ce que se han co­me­ti­do erro­res, llama la aten­ción que de­trás de los mis­mos no viene una dis­cul­pa y la dis­po­si­ción a rec­ti­fi­car la causa de los mis­mos, todo lo con­tra­rio, los jus­ti­fi­ca como parte del “pro­ce­so” y los ca­li­fi­ca al decir que “no son tan­tos ni gra­ves”, algo que le co­rres­pon­de a la so­cie­dad misma y no a quién pro­vo­có esos “erro­res”.

En la pers­pec­ti­va de lo que “sigue”, el Pre­si­den­te nos ade­lan­ta lo que va a pasar con el tema am­bien­tal: prác­ti­ca­men­te nada!

Salvo la so­li­ci­tud a los dipu­tados de que se im­pul­se la ley para el Tren Eléc­tri­co In­ter­ur­bano de la GAM (ex­pe­dien­te le­gis­la­ti­vo 18.252), no se dice nada más. Esto a pesar de que hay im­por­tan­tes temas pen­dien­tes: como la nueva Ley de Aguas, la pro­mul­ga­ción de una ley que des­po­li­ti­ce por com­ple­to a la SE­TE­NA, así como la de­ro­ga­to­ria de la Ley de Hi­dro­car­bu­ros y la trans­for­ma­ción de la Di­rec­ción de Geo­lo­gía y Minas, en el Ser­vi­cio Geo­ló­gi­co de Costa Rica, entre otros.

La res­pon­sa­bi­li­dad del Es­ta­do en la muer­te de am­bien­ta­lis­tas en Costa Rica en años re­cien­tes y la bús­que­da de me­ca­nis­mos para evi­tar la si­tua­ción de total im­pu­ni­dad tam­po­co pa­re­cen in­tere­sar ma­yor­men­te a nues­tras au­to­ri­da­des. Se hu­bie­se es­pe­ra­do un poco más al con­me­mo­rar­se este mes el se­gun­do aniver­sa­rio de la muer­te de Jairo Mora.

Otra evi­den­cia clara de que el tema am­bien­tal, se en­cuen­tra en un se­gun­do plano, uti­li­ta­rio, más que esen­cial, lo de­mues­tra la in­vi­ta­ción que hace el Pre­si­den­te a los jefes de frac­ción para “es­ta­ble­cer un pacto na­cio­nal por la di­ver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va, el cre­ci­mien­to de la pro­duc­ti­vi­dad, el pro­gre­so so­cial y la re­no­va­ción de la de­mo­cra­cia”, de­jan­do en el ol­vi­do, el tema am­bien­tal y, so­bre­to­do, la sos­te­ni­bi­li­dad de ese desa­rro­llo. Según pa­re­ce, los datos del Es­ta­do de la Na­ción sobre la de­sigual­dad cre­cien­te que pro­vo­ca el ac­tual mo­de­lo de desa­rro­llo cos­ta­rri­cen­se no pa­re­cen in­tere­sar a nues­tro Pre­si­den­te.

Cuan­do vemos la úl­ti­ma frase del Men­sa­je que dice que “Dios nos dé fuer­zas y en­ten­di­mien­to a todas y todos los cos­ta­rri­cen­ses para se­guir cons­tru­yen­do jun­tos, en paz y ar­mo­nía, una Pa­tria más prós­pe­ra, más justa, más libre y más digna”, nos in­va­de una ex­tra­ña sen­sa­ción, ade­más de notar toda au­sen­cia a la sos­te­ni­bi­li­dad del desa­rro­llo: ¿es este un Pre­si­den­te de­ci­di­do o es este un Pre­si­den­te ate­mo­ri­za­do?

Nues­tra con­clu­sión es que pa­re­cie­ra que el tema am­bien­tal está sien­do aban­do­na­do por esta ad­mi­nis­tra­ción, cuan­do lo co­rrec­to hu­bie­se sido rec­ti­fi­car el equi­vo­ca­do rumbo de las dos úl­ti­mas ad­mi­nis­tra­cio­nes. No hay nin­gu­na duda sobre ello y los in­for­mes del Es­ta­do de La Na­ción son más que con­tun­den­tes al res­pec­to.

La ac­tual ad­mi­nis­tra­ción aún está a tiem­po, para re­co­no­cer sus erro­res y rec­ti­fi­car su ac­ti­tud para con este vital tema na­cio­nal. El no ha­cer­lo po­dría pro­vo­car que gran parte de los que vo­ta­mos por el Pre­si­den­te sal­ga­mos a la calle a re­cor­dar­le lo que él mismo se com­pro­me­tió en cam­pa­ña a lle­var ade­lan­te

‘Arteriosclerosis’ urbana en la GAM

Aunque el término “arterioesclerosis” es de uso médico, resulta muy útil para sintetizar la situación de “salud” en la que se encuentra nuestra Gran Área Metropolitana (GAM). Algo que no solo es anecdótico, sino que, todo lo contrario, representa una voz de alarma que nos obliga, de forma urgente, a tomar conciencia de la grave situación en la que nos encontramos y de la prioridad que se le debe dar a la búsqueda de soluciones para evitar que colapse. De los muchos enfoques que podemos dar a esta situación, analizaremos aquí el problema del tránsito vehicular frente a la red vial disponible contextualizado dentro del caótico y desplanificado desarrollo urbano y territorial de la GAM.

Aunque existen más problemas, la atención estratégica de este asunto clave podría ayudar a empezar a solucionar parte de la grave enfermedad urbana que afecta a la GAM y causa estragos en la salud de sus habitantes, incluyendo su salud mental.

Cada vez más carros y menos calles: en eso se podría resumir la grave situación que caracteriza a la GAM. La flota vehicular subió de 180.000 en 1980 a 1.300.000 en el 2013. Los datos para el 2014 señalaban que el parque automotor del país aumentó en 34.000 autos nuevos y cerca de 20.000 usados.

Así, para principios de este 2015 (antes de la Expomóvil), la cantidad aproximada de vehículos era cercana a 1,4 millones. Como mínimo, la mitad (750.000, aunque puede ser mayor) se movilizan principalmente en la GAM, es decir, ¡en tan solo 3,5 % del territorio continental del Costa Rica!

Mientras tanto, la red vial pavimentada de la GAM no crece, todo lo contrario, se deteriora con rapidez. Así, la conclusión es clara: nuestras calles están completamente saturadas de vehículos. Durante las horas pico es absolutamente evidente, y si ocurre cualquier pequeño percance, el sistema colapsa y el entrabamiento se vuelve un martirio.

A quienes son conductores de la GAM (al menos unos 750.000), no hay que explicarles mucho esta grave y creciente “enfermedad” que padece nuestra urbe.

Dicha “enfermedad” nos está llevando a una situación crítica y nos empieza a comparar con las urbes urbanas con mayores problemas de tránsito, como México DF y Los Ángeles.

El indicador práctico más claro es el tiempo que se tarda en atravesar la ciudad, por ejemplo, entre Curridabat y Escazú, durante las horas pico, se está incrementando notablemente. Hace 10 años era de, aproximadamente, 30 minutos, ahora, con suerte, es de mínimo una hora.

No es solo el tiempo del conductor o su cantidad de consumo de gasolina y diésel, o la cantidad de gases y toxinas que respira detrás de su volante, a la que nos venimos acostumbrando como parte de nuestra rutina diaria.

En efecto, a estos problemas de los que manejan deben añadírseles otras “enfermedades” urbanas como el deterioro de la calidad del aire de la ciudad, los niveles de metales como el plomo y otras sustancias que todos respiramos (incluyendo, por ejemplo, a niños en escuelas y colegios y a sus docentes), el exceso de quemado de hidrocarburos, la aportación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la principal, la gran pérdida de tiempo, energía y salud, incluida la mental, de todos los usuarios de las calles de la GAM.

Conductores y no conductores, incluidos también todos los que utilizan el servicio de buses, sufren de los efectos de la arterioesclerosis urbana.

Estos daños pueden cuantificarse y ello ha sido objeto de estudio en varias ocasiones. En el 2005, se calculó que esta “deseconomía” bien equivale a unos $500 millones anuales. En la actualidad, ese monto es, probablemente, cercano al doble.

Las soluciones para esta grave enfermedad de nuestra urbe tienen que ser a corto, mediano y largo plazo. Entre estas últimas se incluyen una correcta planificación urbana y vial, así como el desarrollo de sistemas de transporte público, como un tren eléctrico que permita sustituir el uso de los vehículos individuales. Soluciones que, dicho sea de paso, fueron planteadas por el Prugam 2008-2030, después de cinco años de estudios técnicos, las cuales fueron desechadas por el INVU en el 2010, incluido el Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que, de haberse impulsado, habría entrado a funcionar antes que la primera fase del metro en Panamá.

Lo anterior debería llamarnos la atención sobre la forma en que estamos haciendo las cosas en nuestro país. En particular, si analizamos que después del rechazo al Prugam, lejos de ver presentadas mejores propuestas, la situación se ha agravado: primero con una aberrante propuesta llamada Potgam, en la que se gastaron varios años valiosos, y, luego, con el denominado Plan GAM 2013-2030, que ha resultado ser un verdadero “confite envenenado” en la medida que representa una especie de “Potgam vestido con piel de oveja”.

Mientras esto sucede y la verdadera planificación urbana a mediano y largo plazo sigue postergándose, cada vez más, las soluciones a corto plazo avanzan demasiado lento o prácticamente no dan, y así el grave problema del tránsito urbano empeora cada día.

Así las cosas, nuestra urbe sigue sufriendo de una grave arterioesclerosis, en espera de que nuestras autoridades planteen verdaderas soluciones, que no sea aumentar, aún más, la restricción vehicular, que lejos de resolver el problema causa mayor gasto de combustible, debido a que los usuarios tienen que buscar otras opeciones para llegar a su destino, una contradicción al objetivo de la misma restricción vehicular.

Urge poner en marcha soluciones concretas, como agilizar la construcción de la Circunvalación norte y la conexión entre la carretera a Cartago y la radial de Zapote; mejorar las conexiones viales dentro de la GAM fuera de la Circunvalación para facilicar el uso de vías alternativas de mejor calidad y seguridad; y, en particular, acelerar el desarrollo del tren eléctrico para que los usuarios dispongamos de un servicio público complementario que permita disminuir el uso de los vehículos individuales.

Como solución a mediano y largo plazo, urge retomar el Prugam, actualizarlo y echarlo a andar como instrumento de planificación a mediano y largo plazo. Las soluciones existen, lo que se necesita es mayor celeridad y voluntad de parte de nuestras autoridades. A menos que estas se estén conformando con ver cómo, día tras día, nos hundimos un poco más como país (en el subdesarrollo) y cómo se deteriora la salud de nuestra sociedad.

Contradictorio rumbo ambiental del gobierno

A tan solo 10 meses de administración de gobierno de Luis Guillermo Solís y dada la seriedad de las contradicciones que se han dado en materia ambiental, entre otros muchos temas, se hace necesario hacer una valoración del inadmisible rumbo que están haciendo tomar a nuestro país, algo que todos debemos comprender para poder actuar en consecuencia.  

Plan GAM 2013 a 2030 y la infortunada herencia de la administración Chinchilla: en artículos anteriores (ver: www.allanastorga.com) advertimos a la actual administración de que le estaban heredando un “confite envenenado” que tiene una larga historia: desde que la administración Arias rechazó el PRUGAM en abril del 2010 hasta la publicación del manipulado y poco sustentado ambientalmente Plan GAM 2013 a 2030, publicado el 2 de mayo del 2014.  Hay que recordar que como intermedio la Administración Chinchilla se inventó el denominado POTGAM, con el  cual nuestras montañas estarían ahora urbanizándose todavía más intensamente. La actual administración ha hecho oídos sordos a las advertencias, más bien recontrató al personal relacionado con el tema de la anterior administración y le subió la “categoría”. De paso, ha llamado “necios” a quienes hemos insistido en el error, lo que nos ha llevado al extremo de presentar una acción de inconstitucionalidad que ha detenido la aplicación de ese Plan.  La solución era sencilla: actualizar y aprobar el PRUGAM que es el que tiene debido sustento técnico y ambiental, a costa de que la UCCAEP y la Cámara de la Construcción no quedaran “contentas”. Mientras tanto, nuestra GAM sigue desplanificada y envuelta en un caos vial que se traduce un alto costo económico, ambiental y de salud para todos.  Como vemos, aquí no ha habido cambio alguno, salvo seguir hundiéndonos en la inoperancia y en  la desplanificación.

La SETENA y la conveniencia de no renovarla: una expectativa lógica de un gobierno “del cambio” era la urgente y completa renovación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en particular de su ente de toma de decisión, la Comisión Plenaria. Sobre esto las organizaciones ambientales han sido particularmente insistentes, pues es claro que la SETENA  estuvo bajo un claro control político durante las administraciones Arias y Chinchilla. Pese a eso, con el nuevo gobierno, muy poco cambió en la SETENA, se ha dado un claro continuismo, lo cual no parece casual cuando se ve el accionar de esta entidad durante el año 2014 y, en particular, respecto al tema de la Terminal de Contenedores de Moín (APM): el control político para descartar criterios técnicos es latente, poniendo en riesgo la credibilidad en la ya golpeada institucionalidad ambiental de nuestro país.  El hecho de que no se diera ningún cambio, a pesar de las muy serias irregularidades que se dieron durante las últimas administraciones y que no se abriera el espacio para la búsqueda de sus mejoras por medio de la Comisión Mixta, deja ver un “doble discurso” de la actual administración.

APM y el conveniente olvido del enorme sacrificio ambiental que implica: sobre este tema hemos escrito mucho, con el ánimo de explicar que el proyecto tal y como fue planteado desde el 2008 fue una imposición, sin ningún criterio ambiental. Planteamos que era posible buscar una solución alternativa para la construcción de la Terminal en una condición ambientalmente más sostenible y menos impactante. Durante casi dos años se ha hecho oídos sordos a estos planteamientos y la actual administración, lejos de asumir un papel más proactivo y analítico en la búsqueda de una solución, más bien profundizó la posición “cerrada” y ha hecho “todo lo posible” para mantener el planteamiento original. Esto aunque signifique ignorar las muy graves consecuencias ambientales que se darán, no solo en el Humedal Caribe, sino que particularmente, en la parte marina de nuestro litoral limonense. Esos daños ambientales se darán por años, produciendo afectación a la toda la vida marina, a la pesca, al turismo e incluso a nuestras costas por erosión. Todo esto a pensar que existía una mejor alternativa. Así, las autoridades ambientales, como el MINAE y la SETENA, se alejan de su función primordial y pasan a convertirse en un simple instrumento para el beneficio de una empresa transnacional. Se está jugando gravemente con el Caribe costarricense, algo que no deja de sorprender profundamente.

El atraso en el trámite de los planes reguladores y la evidente falta de decisión para resolver problemas.  Para abril del 2014 la SETENA, por medio de su Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), anunciaba que para el periodo 2010 al 2014 el 73% del total de los informes de planes reguladores había sido rechazado. Hay municipalidades que tienen más de 8 años de tramitar la viabilidad ambiental ante esa entidad, algo inverosímil si se tiene claro que el objetivo fundamental de la metodología que establece el decreto 32967 (de los IFA) es generar una zonificación ambiental que sirva de base para hacer una propuesta de uso del suelo. Es evidente que en más que obstáculos técnicos, lo que ha imperado es la intransigencia y la falta de visión clara. A esto se ha sumado un conflicto artificial con el uso de la Matriz del SENARA y los mapas de vulnerabilidad, algo para lo cual también hay una solución sencilla. Al final se observa que más que problemas técnicos, es un problema de actitud de parte de las autoridades, lo cual se podría resolver con facilidad si las autoridades realmente se interesaran en que los municipalidades contaran con planes reguladores que dicten reglas algo más claras para la definición del uso del suelo, en contraposición al statu quo actual que favorece principalmente a los desarrolladores inmobiliarios y las empresas constructoras.  A pesar de la urgencia de resolver el asunto, hasta hace poco se conformó una comisión para buscar una solución entre las diferencias de criterio entre la SETENA y el SENARA. Búsqueda que no se sabe cuánto durará ni en qué terminará. Tampoco aquí se vislumbran cambios reales.

La refinería china y el terco camino hacia una dependencia de los hidrocarburos. De forma sorprendente, el MINAE ha señalado que seguirá adelante con la Refinería china,  a la cual le ha agregado el calificativo de “refinería verde”, dado que dedicará parte de la misma para biocombustibles.  Posiblemente en este tema es cuando se observa una de las mayores contradicciones de la actual administración, pues mientras el mismo Presidente reafirma ante la ONU el compromiso de ser carbono neutral en el 2021, por otro lado sigue adelante con un proyecto sumamente oneroso para el país y que, lejos de solventar nuestra dependencia de los hidrocarburos, la profundizará. Se pierde tiempo valioso en buscar soluciones realmente sostenibles y viables para Costa Rica como un tren eléctrico, una mejora sustancial al sistema de transporte y un verdadero impulso a un programa de biocombustibles.

La Ruta 32 y la irresponsabilidad ambiental de la legislación que la ampara. La recién aprobada ley para articular el contrato con China sobre el préstamo para ampliar la Ruta 32 a Limón lleva consigo una seria contradicción, no solo técnica, sino también ambiental. Otro ejemplo de improvisación y más que eso, de cómo se considera el tema ambiental como algo secundario, casi sin importancia: un error que podría costar muy caro al país. La Ruta 32 es problemática, pero el sector del Zurquí no está contemplado dentro de este proyecto. Recordemos a este respecto que el proyecto inicial de los años ochenta preveía cinco túneles y que decisores políticos optaron por descartar estos cinco túneles: el resultado está a la vista.  Ampliar una carretera de 2 a cuatro carriles a partir de Río Frío es una operación que técnicamente no requiere de asesoría externa ingenieril y que en nada remedia el problema que tenemos en el Zurquí con la Ruta 32.

El aleteo del tiburón y el “interés nacional” por una transnacional: los mares y nuestras áreas silvestres  siguen cada vez menos protegidas. En completa contradicción con los compromisos internacionales adquiridos por el país, se toma la decisión, por parte de INCOPESCA, el SINAC y el MINAE, de permitir la exportación de aleta de tiburón a China. Aunque se usa de pretexto que es para beneficiar a los pescadores nacionales, llama la atención que las autoridades técnicas y ambientales en la materia tomen semejante decisión, en la medida de que contradice los principios de protección ambiental y de la biodiversidad que el mismo país defiende a nivel nacional e internacional. Pero el asunto no solo queda allí, también se da una severa pérdida de credibilidad, muy difícil de recuperar, en particular porque se entremezcla con un regalo de $ 24 millones que el gobierno chino recientemente hizo al gobierno de Costa Rica. Nos preguntamos: ¿por qué no usan parte de esos recursos para ayudar económicamente a los pescadores que pierden por la no exportación de aleta de tiburón a China y para fortalecer las áreas silvestres protegidas terrestres y marinas: nuestro verdadero tesoro nacional? ¿No sería eso una mejor decisión? Las contradicciones prevalecen y el cambio no se nota.

El común denominador de todos estos temas es el mismo: la falta de una verdadera y seria revisión del problema, los oídos sordos para escuchar otras opiniones, la creencia de que al fungir como autoridad se tiene la libertad de hacer lo que les parezca y la búsqueda de una “solución” que termina siendo una “imposición” de una decisión desacertada que al final beneficia a un sector muy privilegiado en detrimento de los intereses colectivos. En síntesis: una administración que, en materia ambiental, es una continuidad de las administraciones Arias y Chinchilla. Sorprendente conclusión a la que uno es llevado en tan solo 10 meses de administración.

*Geólogo Ambiental, profesor UCR.