Ruta 32: ¿problemas o soluciones duraderas?

Los recientes problemas ocurridos en la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo y que, son recurrentes y en incremento, año con año, requieren de una solución permanente y realmente sustentable en el tiempo. Pero, no repitiendo errores del pasado. Por eso es relevante considerar algunos temas importantes como fundamento y desde la perspectiva ambiental.

Errores del pasado: por un asunto no del todo claro, el diseño original de la carretera, que contemplaba no solo el Túnel del Zurquí, sino varios, terminó como una carretera de montaña con taludes de corte, de muy alta pendiente y, además, con un serio agravante de Geoaptitud del Terreno, en razón de que se trata de formaciones geológicas (volcánicas) muy vulnerables a los procesos de desestabilización y a producir deslizamientos o desprendimientos de material. Si aunado a esto, sumamos el hecho de que se trata de una zona caracterizada por las altas precipitaciones pluviales, tenemos el resultado lógico: una carretera muy peligrosa, dada la frecuencia con que ocurren deslizamientos.

De esta forma, esta carretera se vuelve a convertir en un claro ejemplo de un serio problema que tenemos en nuestro país y es la forma en que resolvemos las cosas: casi siempre, sino siempre, sin Planificación Estratégica y más bien, “a la carrera”, para resolver el “problema de momento”. Esta forma de “poner parches” nos sale muy cara como país, pues confirma la regla general de economía ambiental de que “es ocho veces más caro corregir que prevenir”. 

En el caso de la Ruta 32 no tenemos el registro actualizado de cuánto ha costado el trabajo de mantenimiento y limpieza de deslizamientos durante los últimos 40 años, pero estamos seguros que ha sido muy alto (los efectos recientes tienen un costo de cerca de $7 millones). Costo al cual habría que sumar la pérdida de tiempo de todos los usuarios por el cierre de la vía. Esto sin contar la dolorosa pérdida de vidas que se han dado.

Como podemos ver, tenemos un problema de 40 años todavía no resuelto y el cual nos sirve para dos cosas fundamentales: a) para hacer el esfuerzo de no repetirlo a futuro con otras obras y b) para atenderlo y resolverlo de forma integral, como sociedad.

Parque Nacional: pero la situación no se queda allí, la carretera atraviesa, en un buen tramo, el Parque Nacional Braulio Carrillo, al cual literalmente lo parte en dos, pues los efectos ambientales de la vía no solo se dan en la carretera misma, sino que los impactos ambientales, como el ruido, las vibraciones y las emisiones, por mencionar las principales, se detectan hasta un kilómetro a ambos lados de la misma. A esto se suma el grave hecho de que la obra no contempla medidas para prevenir el atropello de la fauna silvestre que la cruza, por lo que el efecto ambiental negativo hacia el Parque, es claro, evidente y latente.

Este importante tema, no puede dejarse de lado al momento de plantear soluciones integrales y requiere de una posición objetiva y realista por parte de los grupos ambientales. Esto, por cuanto defender a ultranza el que no se intervenga la carretera dado que se trata de un Parque Nacional, en este caso específico, requiere ser considerado cuidadosamente, pues se hace necesario, por el bienestar general y también por la salud ambiental del Parque Nacional, lograr una solución equilibrada y sustentable.

Herramientas de trabajo: a pesar de que muchos piensan que nuestro país es complicado para lograr soluciones rápidas a los grandes problemas que enfrentamos, la verdad es que tenemos en nuestras manos herramientas que nos permiten lograrlo. Lo malo es que no las utilizamos, y preferimos tomar un camino que, aunque el principio parece ser el más corto y rápido, al final termina complicándose tanto que se transforma un verdadero viacrucis que nunca termina. Tenemos muchos ejemplos de eso en el tema de carreteras: Ruta 27, “nueva” Carretera a San Carlos, ampliación de la Ruta 32, Carretera San José - San Ramón, por mencionar solo algunas.

En todos estos casos el común denominador del “error cometido” ha sido que la decisión estratégica sobre el proyecto en cuestión se toma de “forma cerrada” y prácticamente se impone a la sociedad. Por lo general, cuando esto sucede, se abre el espacio para que exista protesta y hasta judicialización de los procesos, con lo cual “la solución rápida” termina convirtiéndose en la solución más compleja y lenta que nos podemos imaginar.

Por eso la solución es hacer lo contrario, es decir, aplicar los principios de transparencia, información y participación de previo a tomar la decisión estratégica. Eso implica aplicar las reglas de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como base para generar la solución integral al problema planteado. Cabe destacar que en nuestro país tenemos normado el tema de la EAE desde el año 2004, y que el año pasado la Contraloría General de la República le ordenó al Poder Ejecutivo que emitiera la normativa para que este importante instrumento de decisión estratégica participativo fuera reglamentado. Algo que, esperamos, nuestras nuevas autoridades puedan hacer en el menor plazo posible.

EAE de la Ruta 32: a diferencia de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la EAE se puede realizar de forma muy rápida (en pocos meses) y no requiere de detallados estudios técnicos previos. Requiere de la participación de los diversos sectores de la sociedad (institucionales, empresarios, ambientalistas, etc.) para discutir todos los pros y contras de las diferentes alternativas de solución, a fin de llegar a un punto de equilibrio que permita proponer una solución integral. Solución que se acompaña de las salvaguardas correspondientes. Una vez establecida la propuesta de solución se procede a generar la decisión estratégica correspondiente, que puede ir desde un proyecto de ley hasta un decreto ejecutivo o directriz, según sea el caso.

La solución integral al tema de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo requiere de una EAE rápida y participativa. Que la sociedad costarricense, por medio de sus representantes, discuta y, constructivamente, plantee una solución integral. Es posible realizarlo en poco tiempo y lo único que se requiere es de la voluntad política de nuestras autoridades gubernamentales. De nuestra parte, cuentan con todo nuestro apoyo.

Visión país: así como en el tema de la Ruta 32 hay otros “problemas” que requieren de este tipo de ejercicio democrático de participación de la sociedad en la construcción conjunta de soluciones integrales. Solo así podremos avanzar como país, con una visión amplia que contemple la sustentabilidad socioambiental de nuestra nación y su desarrollo futuro. No solo pensando en las generaciones presentes, sino en las futuras.  

Abrir los espacios para buscar soluciones integrales y correctas decisiones estratégicas es un cambio fundamental que requiere nuestro país, para corregir el errático rumbo que ha seguido durante las últimas décadas. Es hora de que abramos el espacio al progreso y al desarrollo sustentable de largo plazo. Todos los costarricenses lo merecemos.

Contradictorio rumbo ambiental del gobierno

A tan solo 10 meses de administración de gobierno de Luis Guillermo Solís y dada la seriedad de las contradicciones que se han dado en materia ambiental, entre otros muchos temas, se hace necesario hacer una valoración del inadmisible rumbo que están haciendo tomar a nuestro país, algo que todos debemos comprender para poder actuar en consecuencia.  

Plan GAM 2013 a 2030 y la infortunada herencia de la administración Chinchilla: en artículos anteriores (ver: www.allanastorga.com) advertimos a la actual administración de que le estaban heredando un “confite envenenado” que tiene una larga historia: desde que la administración Arias rechazó el PRUGAM en abril del 2010 hasta la publicación del manipulado y poco sustentado ambientalmente Plan GAM 2013 a 2030, publicado el 2 de mayo del 2014.  Hay que recordar que como intermedio la Administración Chinchilla se inventó el denominado POTGAM, con el  cual nuestras montañas estarían ahora urbanizándose todavía más intensamente. La actual administración ha hecho oídos sordos a las advertencias, más bien recontrató al personal relacionado con el tema de la anterior administración y le subió la “categoría”. De paso, ha llamado “necios” a quienes hemos insistido en el error, lo que nos ha llevado al extremo de presentar una acción de inconstitucionalidad que ha detenido la aplicación de ese Plan.  La solución era sencilla: actualizar y aprobar el PRUGAM que es el que tiene debido sustento técnico y ambiental, a costa de que la UCCAEP y la Cámara de la Construcción no quedaran “contentas”. Mientras tanto, nuestra GAM sigue desplanificada y envuelta en un caos vial que se traduce un alto costo económico, ambiental y de salud para todos.  Como vemos, aquí no ha habido cambio alguno, salvo seguir hundiéndonos en la inoperancia y en  la desplanificación.

La SETENA y la conveniencia de no renovarla: una expectativa lógica de un gobierno “del cambio” era la urgente y completa renovación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en particular de su ente de toma de decisión, la Comisión Plenaria. Sobre esto las organizaciones ambientales han sido particularmente insistentes, pues es claro que la SETENA  estuvo bajo un claro control político durante las administraciones Arias y Chinchilla. Pese a eso, con el nuevo gobierno, muy poco cambió en la SETENA, se ha dado un claro continuismo, lo cual no parece casual cuando se ve el accionar de esta entidad durante el año 2014 y, en particular, respecto al tema de la Terminal de Contenedores de Moín (APM): el control político para descartar criterios técnicos es latente, poniendo en riesgo la credibilidad en la ya golpeada institucionalidad ambiental de nuestro país.  El hecho de que no se diera ningún cambio, a pesar de las muy serias irregularidades que se dieron durante las últimas administraciones y que no se abriera el espacio para la búsqueda de sus mejoras por medio de la Comisión Mixta, deja ver un “doble discurso” de la actual administración.

APM y el conveniente olvido del enorme sacrificio ambiental que implica: sobre este tema hemos escrito mucho, con el ánimo de explicar que el proyecto tal y como fue planteado desde el 2008 fue una imposición, sin ningún criterio ambiental. Planteamos que era posible buscar una solución alternativa para la construcción de la Terminal en una condición ambientalmente más sostenible y menos impactante. Durante casi dos años se ha hecho oídos sordos a estos planteamientos y la actual administración, lejos de asumir un papel más proactivo y analítico en la búsqueda de una solución, más bien profundizó la posición “cerrada” y ha hecho “todo lo posible” para mantener el planteamiento original. Esto aunque signifique ignorar las muy graves consecuencias ambientales que se darán, no solo en el Humedal Caribe, sino que particularmente, en la parte marina de nuestro litoral limonense. Esos daños ambientales se darán por años, produciendo afectación a la toda la vida marina, a la pesca, al turismo e incluso a nuestras costas por erosión. Todo esto a pensar que existía una mejor alternativa. Así, las autoridades ambientales, como el MINAE y la SETENA, se alejan de su función primordial y pasan a convertirse en un simple instrumento para el beneficio de una empresa transnacional. Se está jugando gravemente con el Caribe costarricense, algo que no deja de sorprender profundamente.

El atraso en el trámite de los planes reguladores y la evidente falta de decisión para resolver problemas.  Para abril del 2014 la SETENA, por medio de su Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), anunciaba que para el periodo 2010 al 2014 el 73% del total de los informes de planes reguladores había sido rechazado. Hay municipalidades que tienen más de 8 años de tramitar la viabilidad ambiental ante esa entidad, algo inverosímil si se tiene claro que el objetivo fundamental de la metodología que establece el decreto 32967 (de los IFA) es generar una zonificación ambiental que sirva de base para hacer una propuesta de uso del suelo. Es evidente que en más que obstáculos técnicos, lo que ha imperado es la intransigencia y la falta de visión clara. A esto se ha sumado un conflicto artificial con el uso de la Matriz del SENARA y los mapas de vulnerabilidad, algo para lo cual también hay una solución sencilla. Al final se observa que más que problemas técnicos, es un problema de actitud de parte de las autoridades, lo cual se podría resolver con facilidad si las autoridades realmente se interesaran en que los municipalidades contaran con planes reguladores que dicten reglas algo más claras para la definición del uso del suelo, en contraposición al statu quo actual que favorece principalmente a los desarrolladores inmobiliarios y las empresas constructoras.  A pesar de la urgencia de resolver el asunto, hasta hace poco se conformó una comisión para buscar una solución entre las diferencias de criterio entre la SETENA y el SENARA. Búsqueda que no se sabe cuánto durará ni en qué terminará. Tampoco aquí se vislumbran cambios reales.

La refinería china y el terco camino hacia una dependencia de los hidrocarburos. De forma sorprendente, el MINAE ha señalado que seguirá adelante con la Refinería china,  a la cual le ha agregado el calificativo de “refinería verde”, dado que dedicará parte de la misma para biocombustibles.  Posiblemente en este tema es cuando se observa una de las mayores contradicciones de la actual administración, pues mientras el mismo Presidente reafirma ante la ONU el compromiso de ser carbono neutral en el 2021, por otro lado sigue adelante con un proyecto sumamente oneroso para el país y que, lejos de solventar nuestra dependencia de los hidrocarburos, la profundizará. Se pierde tiempo valioso en buscar soluciones realmente sostenibles y viables para Costa Rica como un tren eléctrico, una mejora sustancial al sistema de transporte y un verdadero impulso a un programa de biocombustibles.

La Ruta 32 y la irresponsabilidad ambiental de la legislación que la ampara. La recién aprobada ley para articular el contrato con China sobre el préstamo para ampliar la Ruta 32 a Limón lleva consigo una seria contradicción, no solo técnica, sino también ambiental. Otro ejemplo de improvisación y más que eso, de cómo se considera el tema ambiental como algo secundario, casi sin importancia: un error que podría costar muy caro al país. La Ruta 32 es problemática, pero el sector del Zurquí no está contemplado dentro de este proyecto. Recordemos a este respecto que el proyecto inicial de los años ochenta preveía cinco túneles y que decisores políticos optaron por descartar estos cinco túneles: el resultado está a la vista.  Ampliar una carretera de 2 a cuatro carriles a partir de Río Frío es una operación que técnicamente no requiere de asesoría externa ingenieril y que en nada remedia el problema que tenemos en el Zurquí con la Ruta 32.

El aleteo del tiburón y el “interés nacional” por una transnacional: los mares y nuestras áreas silvestres  siguen cada vez menos protegidas. En completa contradicción con los compromisos internacionales adquiridos por el país, se toma la decisión, por parte de INCOPESCA, el SINAC y el MINAE, de permitir la exportación de aleta de tiburón a China. Aunque se usa de pretexto que es para beneficiar a los pescadores nacionales, llama la atención que las autoridades técnicas y ambientales en la materia tomen semejante decisión, en la medida de que contradice los principios de protección ambiental y de la biodiversidad que el mismo país defiende a nivel nacional e internacional. Pero el asunto no solo queda allí, también se da una severa pérdida de credibilidad, muy difícil de recuperar, en particular porque se entremezcla con un regalo de $ 24 millones que el gobierno chino recientemente hizo al gobierno de Costa Rica. Nos preguntamos: ¿por qué no usan parte de esos recursos para ayudar económicamente a los pescadores que pierden por la no exportación de aleta de tiburón a China y para fortalecer las áreas silvestres protegidas terrestres y marinas: nuestro verdadero tesoro nacional? ¿No sería eso una mejor decisión? Las contradicciones prevalecen y el cambio no se nota.

El común denominador de todos estos temas es el mismo: la falta de una verdadera y seria revisión del problema, los oídos sordos para escuchar otras opiniones, la creencia de que al fungir como autoridad se tiene la libertad de hacer lo que les parezca y la búsqueda de una “solución” que termina siendo una “imposición” de una decisión desacertada que al final beneficia a un sector muy privilegiado en detrimento de los intereses colectivos. En síntesis: una administración que, en materia ambiental, es una continuidad de las administraciones Arias y Chinchilla. Sorprendente conclusión a la que uno es llevado en tan solo 10 meses de administración.

*Geólogo Ambiental, profesor UCR.