Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado

Como ya se ha mencionado previamente (vea www.allanastorga.com ), nuestro país es un territorio bendecido en materia de riqueza de recursos hídricos. En particular, es un territorio rico en aguas subterráneas. Hemos estimado que aproximadamente el 76 % del país presenta acuíferos subterráneos, lo que implica una reserva potencial de aproximadamente 20.000 metros cúbicos de agua subterránea por habitante. Empero, eso no significa que dicha riqueza se distribuya de forma similar en todo el país y que se vaya a mantener para siempre pues es claro que las reservas de agua subterránea también son vulnerables a la variabilidad climática y los impactos ambientales generados por una ineficiente planificación territorial.

Asimismo, se debe tener claro que una cosa es la disposición y otra es su administración, que precisamente es el tema en el que estamos fallando de forma impresionante. Para ser más exactos, incluso, una cosa es la bendición con la que la naturaleza nos ha deparado tanta agua, otra lo que pareciera ser la imprecación de tener decisores políticos con una visión tan limitada sobre este tema fundamental para el desarrollo de cualquier país.

Indicadores. El caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) es la mejor muestra de que la administración de los recursos hídricos están fallando. Veamos algunos elementos indicadores.

En primer lugar, a pesar de saberse desde hace mucho que las áreas de recarga de sus estratégicos acuíferos (Barva, Colima Inferior y Colima Superior) que suministran hasta el 70 % del agua de la GAM, se localizan en la cordillera Volcánica Central, en particular del volcán Barva, resulta que seguimos urbanizándolas, provocando con ello la pérdida de bosques y cobertura vegetal que favorecen la infiltración y la sustituimos con construcciones que impermeabilizan los terrenos, debilitando los acuíferos y secando, poco a poco, los manantiales y nacientes que fluyen de estos. Esto a pesar de que el Plan GAM de 1982, modificado en 1997, establece este territorio como una “Zona Especial de Protección”. Entonces, ¿por qué seguimos urbanizándola?

En segundo lugar, en el año 2006, el Senara detectó que en la GAM estábamos sobreexplotando los acuíferos, al extraer de estos más agua de la que naturalmente se infiltra en ellos, tornándose insostenible a mediano y largo plazo seguir perforando con nuevos pozos estos acuíferos. La pregunta entonces es esta: ¿Qué se ha hecho para establecer una solución integral a esta situación?

En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, se está dando una significativa sobrexplotación de los acuíferos estratégicos en la zona de la meseta del Valle Central. Solo en parte de la hoja cartográfica Abra, en un territorio de 400 km2, se registran oficialmente varios miles de pozos de extracción de aguas subterráneas. A esos pozos, sobre los cuales existe un exiguo control de la extracción de aguas y a los que se cobra un canon poco valorado, se suma una cantidad no definida (pero posiblemente similar a las de los pozos registrados) de pozos ilegales. De esta manera, la extracción de agua de los acuíferos presenta una debilitada administración debido al aprovechamiento ilegal, factor que altera por completo los balances hídricos que se puedan hacer y que son claves, para determinar el potencial disponible.

En cuarto lugar, disponemos de una bastante obsoleta y superada ley de aguas que data del año 1942. Esta antigua ley se ha visto actualizada con algunos artículos incorporados en otras leyes, y un sinnúmero de resoluciones y pronunciamientos de entes jurídicos y administrativos (Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Contraloría General, entre otras) que, en sumario, conforman un complejo y, en algunos casos, un contradictorio marco legal para los recursos hídricos.

Por eso, es necesario actualizar de manera integral el tema: a este respecto llevamos un largo periodo de espera de más de 12 años por una nueva ley de aguas y con la situación generada por la resolución 2012-08892 de la Sala Constitucional sobre la Matriz del Senara; la situación adquiere ya una condición de crisis en el sector de recursos hídricos.

Matriz del Senara. En este tema, la fuente del problema, no es que no se tome en cuenta la vulnerabilidad hidrogeológica de los terrenos, a fin de fijar condiciones técnicas a las actividades productivas que se van a instalar en dichos espacios geográficos, sino más bien que la misma contenga parámetros de desarrollo urbano (cobertura y densidad), sin considerar otros factores ambientales (pendiente, amenazas naturales, cobertura boscosa, etc.), como sí lo considera la zonificación de fragilidad ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 Minae.

La contradicción en este caso es que la Matriz del Senara, con los parámetros urbanos que dispone, hace que muchos terrenos aptos para desarrollo urbano según aspectos de fragilidad ambiental no lo sean según sus condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica.

Esto, pese a que el tema hidrogeológico ya se ha tomado en cuenta como parte del análisis de esa fragilidad ambiental. En este aspecto, definitivamente, hemos llegado a una condición extrema, con lo cual, paradójicamente, estamos atrasando el avance del ordenamiento y planificación territorial. Situación que no solo ocurre en la GAM, sino en todo el país.

Soluciones. Bajo el marco anterior es claro que urgen soluciones para esta crisis administrativa del manejo y protección de los recursos hídricos que, como hemos señalado desde hace tiempo, se están convirtiendo en una verdadera “bomba de tiempo”.

En primer lugar, el camino que se ha tomado no parece ser el correcto, pues los últimos meses se han invertido en preparar un decreto ejecutivo para establecer un nuevo requisito ambiental, como lo es que una serie de proyectos, de previo a realizar la evaluación ambiental ante la Setena, primero realicen un trámite hidrogeológico ante el Senara, como si la Setena no tuviera la potestad legal para solicitar al Senara que la apoye con recursos humanos en el proceso de análisis de la evaluación ambiental que realiza.

Por otro lado, se está trabajando con una nueva versión de la Matriz por parte del Senara, la cual no necesariamente tiene garantía de resolver la situación, cuando la verdadera solución es sustituir los parámetros urbanos que tiene la actual matriz, por limitantes y condicionantes técnicas a las actividades humanas que se pretendan desarrollar en las diferentes zonas de vulnerabilidad hidrogeológica.

La solución integral a este problema, que lejos de disminuirse con el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, a pesar de la reciente creación del Viceministerio de Aguas y Mares, es la actualización, discusión pública y publicación, en el menor plazo posible, del Reglamento para el “Manejo, uso y protección de recursos hídricos subterráneos” entregado al despacho del ministro de Ambiente desde el año 2007 y que desde hace ya 6 años sigue metido en una gaveta del Minae. Una nueva muestra de que las soluciones técnicas a los problemas existen, pero que a los políticos no les interesa mayormente resolverlos. Al respecto, es necesario que el Poder Ejecutivo se haga cargo de esta situación en serio y en el menor plazo posible.

Finalmente, las comunidades y los ciudadanos en general tenemos que asumir aún más nuestro papel vigilante, dada la irresponsabilidad manifiesta de algunas de nuestras autoridades y su total ineficiencia para preservar algo tan preciado como el agua: las comunidades organizadas en el norte de Heredia o en Sardinal, en este sentido constituyen una valiosa muestra de lo que se puede hacer desde el plano local.

Y ya no solamente como usuarios del recurso, sino también, como ciudadanos que escogemos a las autoridades, hay que buscar la forma de llamarles la atención a los que han incumplido con su responsabilidad de dar una eficiente y efectiva administración de los recursos hídricos, que es un bien colectivo, tanto de las generaciones actuales como de las futuras.

Evaluación ambiental y competitividad

De acuerdo con la Sala Constitucional, y también con la Procuraduría General de la República, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el principal instrumento que tienen el Estado y la sociedad para tutelar el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50). Pese a ello, para algunos, ambiente y desarrollo no riman y malinterpretan el concepto competitividad, considerando que el tema ambiental representa un obstáculo al desarrollo económico, por lo que, según ellos, debería eliminarse como parte de los trámites a cumplir. En razón de esto, se requiere hacer algunas aclaraciones importantes para que el país no siga por este camino que tanto daño nos ha hecho en los últimos años.

Doble función. A diferencia de los países desarrollados, en nuestro país y otros muchos países en vías de desarrollo, la EIA cumple una doble función. Por un lado, analiza las condiciones técnicas y ambientales de un proyecto, para determinar bajo qué condiciones es viable ambientalmente. Por otro, debe suplir, al menos puntualmente, la ausencia de ordenamiento territorial, para valorar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y determinar, si el mismo es apto o no para la ejecución del mismo. No es igual una planta asfáltica en Santo Domingo de Heredia que la misma ubicada en una zona industrial alejada de urbanizaciones.

Esta situación explica el hecho de que se presenten diferencias tan notables entre ambos grupos de países. Así, como ejemplo, mientras en Holanda se realizan varios cientos de EIA por año, en Costa Rica se hacen varios miles de EIA, muchos de ellos tramitados “a la carrera”, sin una detallada evaluación técnica por parte de la Setena.

Desafortunadamente, esta situación no podrá cambiarse de forma eficiente hasta que nuestro país disponga de entidades técnicas independientes de la órbita política y hasta que contemos con un efectivo ordenamiento territorial y una mejor normativa técnica ambiental que regule el desarrollo de las actividades humanas.

Objetivo. El objetivo fundamental de la EIA es considerar el medio ambiente en la planificación, diseño y ejecución de las actividades humanas, de forma tal que los proyectos que se ejecuten se realicen de la forma ambientalmente más equilibrada.

Para algunos, que ignoran este objetivo, la EIA se considera simplemente como un trámite, un requisito más que implica un papeleo y una “pérdida de tiempo” para desarrollar el proyecto. A estos señores les recomendamos ir a Sardinal a ver qué pasaría si se aprueban (como se han ido aprobando) una gran cantidad de proyectos que necesitan grandes volúmenes de agua en una región que tiene limitaciones de fuentes de agua. O que nos digan quiénes van a compensar el costo de cada camión cisterna que abastece diariamente a más de 6.000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007, cuando la contaminación de sus acuíferos por parte de empresas piñeras se evidenció.

Setena. La mayoría conoce que en nuestro país la entidad que administra la EIA es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por el Ley Orgánica del Ambiente en el 1995. En razón de ello, también para muchos la EIA y la Setena son prácticamente lo mismo, con lo cual los defectos y virtudes de uno se atribuyen al otro, algo que a todas luces es un grave error de apreciación, pero que para algunos es común.

La Setena, como otras oficinas gubernamentales, ha enfrentado una evolución y crecimiento; no obstante, enfrenta limitaciones que le generan significativos problemas de gestión. El principal de estos problemas, que no es nuevo y que existe desde antes de su creación, es la sobrecarga de trabajo.

Un reciente análisis hecho por el autor muestra que el personal técnico de que dispone la Setena apenas alcanza para responder la mitad de la carga de trabajo que tiene. Esta brecha de carga es la causante de una gran cantidad de defectos señalados, como los tiempos de respuesta, los errores que se cometen por el intento de realizar trámites rápidos y, en particular, por su mayor problema, la imposibilidad de realizar un proceso de control y seguimiento ambiental a los varios miles de proyectos aprobados durante las últimas dos décadas.

Ante esta situación, no es extraño que en el año 2010 la Contraloría General de la República “regañara” a la Setena, exigiéndole realizar mejoras sustanciales en los instrumentos y procedimientos de EIA, a fin de que ésta sea más rigurosa y detallada. Algo que parece todo un reto, si no se mejora la capacidad real de respuesta que tiene esta institución.

Competitividad. En medio de este panorama surge el tema de “competitividad” y la necesidad de mejorar los plazos de trámite de EIA, a fin de acortar el tiempo acumulativo total que requiere una actividad productiva para poder concretarse. Y, aunque el objetivo que se pretende podría calificarse como positivo, la forma en que se quiere concretar debe ser analizada con sumo cuidado.

La solución para el problema de gestión en EIA no puede partir de la base de eximir a una serie de actividades de realizar el trámite, a fin de disminuir la carga de trabajo de la Setena, y darle más capacidad de respuesta. Hacer esto, sin mayor criterio técnico, lejos de resolver los problemas, los agravaría de forma muy seria.

La solución real para el tema de EIA es aumentar la eficiencia de la Setena y no debilitarla. Para ello, es muy importante que los instrumentos y procedimientos de EIA se modernicen sobre la base de la realidad del país, de la ausencia o limitada planificación y ordenamiento territorial y de las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas naturales que tiene nuestro territorio.

En este ámbito, es clave fortalecer la Setena con más recursos, dándole mayor autonomía técnica, para que sus decisiones se basen en criterios técnicos, con la menor interferencia política.

Finalmente, es clave que las mejoras en los instrumentos y procedimientos de EIA y de la misma Setena surjan como producto de una discusión y análisis técnico y social amplio, informado y transparente, y no necesariamente de una visión política y económica unilateral que ha demostrado en los últimos años ser un camino incorrecto.

El capítulo ambiental del Estado de la Nación lo evidencia año tras año, en particular el último, cuya lectura se recomienda a todos los que siguen creyendo que hacer el país competitivo es eliminar trámites claves que garantizan la sostenibilidad del país a mediano y largo plazo.

¿Cuál es nuestro plan energético?

En días pasados, nuestro país rompió el récord de producción de energía térmica a partir de hidrocarburos. Es un negativo antecedente que nos da indicio de una grave tendencia: el país se hace cada vez más dependiente de los hidrocarburos para la producción de energía. Es algo que nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Ante todo, debe llevarnos a plantear la pregunta de si realmente tenemos un plan energético a largo plazo, debidamente consensuado.

Viendo la forma en que surgen ciertos planteamientos, la respuesta parece ser negativa. Mientras el ICE “pone todos los huevos en el mismo canasto” de la generación de energía hidroeléctrica, con proyectos como el Reventazón y el Diquís, el ministro del Ambiente, don René Castro, nos habla de desarrollar un plan basado en utilizar el gas natural y también de extraer energía geotérmica de los parques nacionales.

También se nos habla de un “plan de contingencia eléctrica”, que tiene como finalidad abrir aún más el mercado eléctrico a las empresas privadas y que, soslayadamente, incluye un mecanismo de debilitamiento del mismo ICE, como proveedor de energía.

El ministro René Castro nos habla de un viaje reciente para negociar con Catar volúmenes de gas, pero omite decirnos qué se ha hecho con Trinidad y Tobago, primer exportador de gas natural en la región.

Preguntas importantes. Ante este panorama, y esta sensación de improvisación, y dado que, por lo visto, no se tiene pensado realizar una proceso de discusión social abierto y participativo, por medio de una evaluación ambiental estratégica del plan energético nacional, no queda otra que plantear una serie de preguntas a las autoridades, a fin de saber cuál es el verdadero derrotero que orienta nuestro futuro energético.

La primera y obligada pregunta es el papel que juega el Sistema de Interconexión Eléctrica centroamericano (SIEPAC) en el diseño e implementación del “plan de energía”. ¿Se está pensando en generar energía solo para el consumo nacional o para hacer negocio y exportarlo al norte de Centroamérica? ¿Qué tanto influye esta posibilidad en la urgencia de construir y que entren operación ciertos megaproyectos hidroeléctricos, como el Reventazón y en particular el Diquís?

La segunda pregunta importante, una vez que se haya contestado la primera, a fin de contextualizar la urgencia de nuestro plan de energía, es esta: ¿Bajo qué condiciones se estaría abriendo la discusión de la generación geotérmica en los Parques Nacionales?

No se trata solo de que se cercene un territorio del parque y se sustituya por otro, o en su defecto, que se cambie y amplíen las funciones legales de los parques nacionales. Este asunto debe llevar a una discusión más amplia, como quién deberá hacer la extracción de energía (¿solo el ICE, o abrimos el portillo para las empresas privadas?), cuáles serían las condiciones ambientales de dicha eventual extracción y qué beneficios directos les produciría a nuestros debilitados parques nacionales. ¿Se ha evaluado seriamente lo que significaría abrir nuestros golpeados Parques Nacionales a la extracción geotérmica por parte de empresas privadas? Sin las respuestas a estas simples preguntas, es difícil ponerse a hablar en serio sobre esta delicada apertura.

La tercera pregunta tiene que ver con la apertura del mercado eléctrico a la generación privada. ¿Se cuenta con un adecuado, ordenado y bien planificado sistema para la definición de subcuencas y microcuencas para la producción hidroeléctrica privada, así como para el desarrollo de otras fuentes alternativas de energía como la eólica y la solar, o, en su defecto, se va a dejar que sea el “mercado” el que defina las condiciones?

Un ejemplo que tiene a los sancarleños muy preocupados: existen 43 proyectos de hidroeléctricas en la cuenca del río San Carlos en trámites de aprobación. ¿Es semejante disparate lo que quiere el Gobierno extender a todos los ríos con potencial hidroeléctrico del país? ¿Dónde están las reglas del juego para definir cuántas hidroeléctricas se pueden aprobar por cuenca? Si no existen estas reglas, estamos peligrosamente exponiendo nuestras cuencas y la sostenibilidad hídrica y ambiental del país.

¿Se está completamente seguro de que apostar por la generación hidroeléctrica “a filo de agua” ante los embates del cambio climático, es una alternativa viable? ¿O es solo una forma de que algunos hagan negocio para que luego el Estado deba compensarles (ambientalmente) su inversión como medida contingente?

La experiencia, en ese sentido, de la anterior apertura del mercado eléctrico en la década de los años noventa del siglo pasado, no fue positiva. Se convirtió en el negocio para unos pocos y, ambientalmente, fue bastante negativa, dado que sin contar con un efectivo ordenamiento del territorio, los proyectos sobrecargaron ciertas cuencas y las desequilibraron sin pagar correctamente ese costo ambiental.

La pregunta es si vamos a repetir la historia sin haber aprendido nada de lo sucedido, con el agravante de que en este caso, los proyectos serían más y con la negativa perspectiva de que se quiere que estos generadores vendan directamente la energía a los grandes consumidores, dejando al ICE de lado. Es claro que, ante esto, requerimos discutir el asunto dentro de su correcta dimensión de previo a que se tomen decisiones estratégicas.

Y, finalmente, ¿cuál es nuestro plan en materia de biocombustibles? Es claro que un país como el nuestro, que consume un porcentaje muy alto de los combustibles que importa en el quemado del diésel, debería tener un plan para la producción de biodiésel que no compita con su producción agroalimentaria, pero que represente una verdadera y efectiva alternativa a los agricultores y que, de paso, permita rehabilitar y mejorar zonas de aptitud forestal alteradas por la ganadería de los años setentas del siglo pasado, o en su defecto, terrenos con suelos degradados. Este plan debe estar perfectamente ajustado a los otros componentes, a fin de que el desarrollo de una no debilite la ejecución de otras.

Buscando soluciones. A pesar de que todavía se pueden hacer más preguntas, la respuesta a las que aquí se plantean sería un principio para poder empezar en serio a trabajar en un plan de energía a mediano y largo plazo.

Es claro que estamos urgidos de un plan transparente y bien elaborado, en el que la sociedad costarricense, representada por los diferentes sectores, analice la situación actual, las alternativas, y sus alcances ambientales y sociales, y ordene un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que realmente sirva de norte para nuestro desarrollo energético.

Alejarse de este rumbo, y seguir por el camino de “encender las luces de emergencia” para tramitar ocurrencias de último momento que satisfagan el mercado pero que no se concatenen a un plan bien elaborado podría, a la larga, ser altamente contraproducente para el país, en particular porque el “tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”.

¡Es necesario poner un freno a tanta improvisación y a tantas ocurrencias! Es hora de asumir, como sociedad, un papel más activo en este importante tema para el futuro de nuestro país.

No es el qué hacer,sino el cómo hacerlo

Como preludio antes de la puesta en escena final, en estos tiempos preelectorales, los costarricenses empezamos a enterarnos por diversos medios, cual lluvia de información, de las propuestas que hacen los políticos que quieren obtener el poder, según ellos, para “arreglar las cosas” de este, nuestro bastante golpeado país. Subrayo la palabra “golpeado” porque no se puede llegar a otra conclusión, después de leer y releer el reciente informe del Estado de la Nación.

Hay una realidad que es irrefutable, la pobreza sigue estancada, casi sin disminuir, el número de pobres ya supera el millón de habitantes. El porcentaje de familias pobres prácticamente no cambia desde los últimos 20 años, con un agravante que no dejan ver los porcentajes, y es que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido a tantas familias sumidas en la pobreza. Esto a pesar de que durante las últimas décadas esos políticos nos afirman, cada cuatro años, que la atención de la pobreza será su prioridad y que tienen la fórmula para iniciar su solución.

Y lo peor de todo es que con ese pretexto, prácticamente nos han dicho que hay que “hacer un sacrificio”, en particular en el campo ambiental, debido a que se ocupa “desarrollo” para abrir empleos y así vencer la pobreza. Pero sin contestarnos por qué cantones que reciben una gran inversión extranjera (Guanacaste, por ejemplo) siguen con índices de desigualdad y pobreza; o por qué cantones donde se expande la piña por doquier seguimos con pobreza y más pobreza.

Con esa dizque justificación en la mano, se han tomado unilateralmente decisiones estratégicas que finalmente se las han impuesto a la sociedad como la eventual solución.

Así, mientras los índices ambientales siguen decayendo, y nuestra huella ecológica sigue incrementándose, bajo el pretexto de progreso y desarrollo, los índices de desarrollo humano siguen bajos y cayendo, lo que lleva solo a una conclusión: ese progreso y desarrollo parece haberse concentrado solamente en una parte de la sociedad, en un pequeño sector privilegiado, que está cómodo con que esa situación siga y permanezca por la mayor cantidad de tiempo posible.

Error. Dentro de este marco, que se activa cada cuatro años, surgen ahora propuestas para “arreglar las cosas”. Propuestas que dicen ser la gran solución para llevar al país hacia el desarrollo. Pero que tienen todas, sin importar la orientación política, el mismo común denominador: y es que la propuesta de solución ya viene “cocinada”, viene elaborada, según dicen, solo para implementarla.

Y este es precisamente el mismo error que se ha repetido numerosas veces en el pasado y que, lejos de resolverse, parece que cada vez se incrementa más.

El problema no está en el qué se debe hacer para progresar y desarrollar el país, la clave está en el cómo, y ese cómo no puede ser impuesto por el mismo sector que se ve privilegiado de la situación que impera. Esta es, posiblemente, la principal razón de que la situación a la larga no mejore.

La solución, para un país como el nuestro, en donde el Ejército se abolió hace más de 60 años para invertir en educación y salud, que tiene una buena parte de la sociedad preparada, está en la apertura a la participación de esa sociedad en la búsqueda e implementación activa de soluciones a sus grandes problemas nacionales.

No se trata de una participación difusa, como las que están de moda, a modo de encuesta, en la que se le pide a la gente que dé ideas para que luego alguien, o un grupo, las resuma en una propuesta. Es una participación más activa y concreta.

Participación. Se requiere una participación social representativa de los diferentes sectores de la sociedad, inclusiva, con los sectores productivos, ambientales, sociales, académicos, discutiendo alternativas de solución y generando propuestas concretas que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.

No es un tema nuevo, como lo hemos dicho antes, ya en los países desarrollados se implementa desde hace décadas. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), entendida como la introducción de la dimensión ambiental (y social) en la planificación estratégica, es un muy buen ejemplo de ello.

En un país como el nuestro, donde se dejó de hacer planificación de mediano y largo plazo hace mucho tiempo, comenzar por este paso es fundamental para direccionar correctamente su desarrollo.

La sociedad costarricense ha avanzado y se encuentra preparada para participar de forma directa y activa en el diseño de las soluciones a sus problemas nacionales.

El hecho de que durante los últimos años se hayan incrementado de forma muy significativa las protestas sociales, así como el protagonismo de las universidades públicas en apoyar las reivindicaciones sociales, es una clara evidencia de ello.

La sociedad clama y reclama por participar. Los universitarios (y el país en general) no entienden que las decisiones políticas se tomen sin ningún criterio técnico, o con una tecnicidad de dudosa procedencia incapaz de resistir a un debate público: la tónica de nuestras autoridades en estos últimos años ha sido el de rehuir sistemáticamente el debate, y esto sí es indignante.

Nuestra sociedad ya no es un ente pasivo, que espera a que surja un líder que le dé soluciones. Eso es parte del pasado. Nuestra sociedad organizada es la que debe definir el rumbo y establecer las acciones concretas que nos encaminen al desarrollo.

Los líderes políticos que entiendan esto y que se conviertan en facilitadores auténticos de este proceso, serán los que verdaderamente tendrán derecho a dirigir la administración pública.

Ojalá que ya estemos a las puertas de este cambio. Las generaciones futuras no entenderían, ni perdonarían, que les hayamos heredado un país hecho añicos. Hoy, más que nunca, nuestro país urge y merece un cambio en ese sentido.

Crucitas: “y sigue Petra con calentura”

Aunque el tema de la mina de oro en Crucitas para la gran mayoría de los costarricenses pareciera ser un recuerdo ya superado o una página a la que ya se le dio la vuelta, resulta que no es así. Desde hace un año está pendiente que la Sala Constitucional le dé trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera.

La Sala IV mantiene un extraño silencio y posiblemente nunca en la historia se haya tardado tanto para darle tramite a un recurso, lo cual ya en sí es altamente preocupante. La falta de acuerdo entre los 7 integrantes podría explicar esta preocupante espera que cumplió en estos días más de 1 año.

Otra explicación podría ser que en todo este tiempo no se haya logrado reunir los 4 votos por parte de un sector decidido a reabrir la discusión y que espera cambios en la composición de la Sala IV para este caso.

El tema del magistrado Cruz, desafortunadamente, no parece escapar a esta situación. Su presencia en la Sala IV constituye para algunos, en este como en otros temas, una “piedra en el zapato”. Llama la atención que este mismo magistrado fue recusado por parte de la empresa minera, tal como informaron los medios de prensa.

Los abogados de la parte demandante en el caso Crucitas han señalado por diversos medios, que, desde el punto de vista teórico, las consecuencias de que la Sala IV acoja la acción y le de lugar, serían pocas respecto a la resolución del juicio que se llevó a cabo ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

No obstante, considerando lo que ha significado para la institucionalidad de nuestro país este proyecto minero, y cuya investigación en la Fiscalía todavía está en proceso (pese a cumplirse el 24 de noviembre 2 años del histórico fallo del TCA), es conveniente que nos mantengamos alertas.

Acoger alguno de los argumentos presentados por la empresa minera daría pie a una confusión legal, que algunos sectores podrían usar nuevamente para denunciar la “inseguridad jurídica”, esta vez con mayores argumentos que las enclenques manifestaciones usadas al darse a conocer el fallo del 24 de noviembre del 2010; pero, sobre todo, provocaría una evidente cacofonía entre jurisdicciones, de gran utilidad de cara a un eventual arbitraje internacional.

Fueron 4 años de luchas legales y confrontación de argumentos respecto al desarrollo o no de la mina de oro en Crucitas, con encuestas indicando que cerca del 90% de la sociedad costarricense está en contra y con el hecho de que en el 2010 se reactivó la moratoria minera y se aprobó una ley que declaró a Costa Rica un país libre de la minería de oro a cielo abierto. No obstante, el silencio de la Sala parece hacer caso omiso de todo ello y mantiene en vilo a un gran sector de la sociedad costarricense.

Para casi todos es conocido que el ambiente social que hay en el país, desafortunadamente, no es el más tranquilo y pacífico. Hay una seria polarización, y en particular, una fuerte desconfianza en las decisiones de las autoridades, que lejos de estar disminuyendo, parece que más bien, se exacerba cada vez más.

Argumentos contundentes. Durante el juicio contencioso se expusieron una importante serie de argumentos ambientales y técnicos con alcance legal que demostraron que durante el proceso permisológico del proyecto minero, se cometieron errores muy importantes.

El grado de detalle técnico, de los argumentos ambientales y legales analizados y discutidos en el marco del juicio contencioso e incluso en la apelación, son mucho mayores que lo que fue posible analizar en el contexto del recurso de amparo realizado ante la Sala IV. Incluso se adicionaron nuevos argumentos que no fueron objeto de análisis por dicha Sala.

El que la Sala Constitucional abra un espacio al tema de la mina, aunque en la práctica no necesariamente represente la posibilidad de una reapertura del trámite de la mina en Crucitas, si podría generar consecuencias muy importantes en el tema de una eventual demanda de la empresa para que le indemnicen, y cuenta para ello con desafortunadas declaraciones del vicepresidente Alfio Piva dadas a conocer el 27 de julio del 2010 en medios de prensa.

Como se ve, lo que está en juego en la Sala Constitucional no es un asunto simple.

Es algo que puede generar serias consecuencias para el país. Todo esto debería ser sopesado cuidadosamente por la Sala Constitucional.

Para el que todavía pueda tener alguna duda sobre el grado de detalle y alcances de lo que se discutió en el juicio de Crucitas, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, puede revisarlo leyendo la sentencia que dictó este tribunal.

Y si todavía no le basta, puede leer los más de mil folios que presentó la empresa como parte de la apelación, así como la Resolución de la Sala Primera que terminó ratificando en todos sus extremos y con voto unánime, todo lo determinado por el Tribunal Contencioso.

Tratar de obviar todo ello y de aventurarse a un malabarismo jurídico podría tener implicaciones muy significativas para el futuro de nuestro país.