servicio geológico nacional

Costa Rica necesita investigación geológica, no explotación petrolera

Ante la reciente publicación de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica, titulada “Posición del Colegio de Geólogos de Costa Rica –CGCR- ante la Exploración y Producción del Petróleo y Gas Natural en Nuestro País”, y en razón de que el autor no comparte esa posición y, debido a que el tema podría ser del interés de la sociedad, se hace necesario presentar de forma pública los argumentos de ese disentimiento.

En primer lugar, debo señalar que conozco del tema en razón de haberme desempeñado como geólogo de exploración petrolera (en Costa Rica y Nicaragua) para RECOPE, durante más de 10 años. De igual manera, contribuí con la Dirección General de Hidrocarburos en la elaboración del Cartel de Licitación de Bloques Petroleros del país y de una publicación de síntesis sobre el Potencial Petrolero de Costa Rica. Todo esto entre los años 1984 y 1995, cuando comencé a trabajar más en el área de evaluación de impacto ambiental.

Posición gremial: respecto a la publicación del CGCR se hace necesario realizar algunas precisiones:

En Costa Rica no existen reservas de petróleo y gas natural probadas, de manera que no es posible hablar de explotación de esos recursos. En razón de ello, todo lo que se afirme sobre este tema es absolutamente especulativo y, por tanto, no resulta correcto generar la expectativa de que en el subsuelo de nuestro país hay reservas explotables de hidrocarburos.

Desde principios del siglo XX se encontraron evidencias de hidrocarburos en varios lugares de país. No obstante, el hecho de que los análisis de los mismos indiquen que son de buena “calidad” no significa, para nada, que se encuentren en cantidades suficientes para formar reservas explotables. 

Cuando se habla de que por medio de las tecnologías actuales los yacimientos que antes eran “invisibles” ahora son “visibles”, sería de gran relevancia que se indique primero que todo: ¿quién ha generado esa información?, ¿cuál es el respaldo científico de la misma?, ¿dónde están los informes técnicos recientes que respaldan eso? y ¿qué entidad oficial los ha revisado y avalado? Mientras eso no se indique, nos mantenemos en el campo de la simple especulación

Al amparo de la Ley de Hidrocarburos la actividad petrolera sería realizada por empresas petroleras transnacionales, por lo que se tiene que tener claro que el único beneficio directo para el país serían las regalías que representarían hasta el 15 % de lo explotado (en caso de que se explotara algún hidrocarburo), de manera que el país tendría la opción de comprar el resto del “petróleo o gas natural nacional” al precio del mercado internacional. Un negocio que no suena nada bien si contemplamos que los costos de los daños ambientales residuales, igual que en minería, se quedan en el país.

Justificar la actividad petrolera bajo el pretexto de que Costa Rica compra hidrocarburos a los países productores no es suficiente dado que, como se indicó antes, siempre tendría que comprar los hidrocarburos nacionales y, además, por otro lado, el objetivo que se persigue es hacer la economía nacional cada vez menos dependiente de los hidrocarburos (descarbonización de la economía según los Acuerdos de París del 2015).

El país está apostando a una estrategia de ser Carbono Neutral en el 2021 y de sustituir, gradualmente, los hidrocarburos (que se queman principalmente por el parque automotor) por otras fuentes de energía como los biocombustibles, el hidrógeno y la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Por eso, es mejor citar el VII Plan Nacional de Energía del país, que las palabras del Ministro Edgar Gutiérrez en el marco de justificar la fracasada nueva refinería china de RECOPE.

La actividad petrolera, definitivamente, sí genera impactos ambientales negativos y hasta daños ambientales muy serios a los ecosistemas, el aire, el suelo, el agua, los acuíferos y al subsuelo. Si no que lo digan los ecuatorianos con lo que está pasando con la explotación petrolera que se está dando en sus áreas protegidas. Y justificar que con una EIA aprobada por la SETENA se garantizaría una buena gestión ambiental no es en absoluto suficiente (ver: Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”). Hasta que el país no haya resuelto el tema de la SETENA y su mejora estructural integral, es mejor no usar ese argumento para defender las actividades productivas y menos la petrolera.

Finalmente, afirmar que en esa materia nuestro país podría seguir el ejemplo de Noruega también es bastante iluso por muchas razones, pero sobretodo porque aquí no tenemos reservas probadas, ni tan grandes (en caso de que existieran) como las de ese país, ni tampoco tenemos ni la institucionalidad técnica y ambiental, ni la normativa, ni el control ambiental para poder hacer lo que ese país ha logrado. En eso es mucho más probable que seguiríamos los ya bastantes negativos ejemplos latinoamericanos, como nos ilustra la pesadilla de don Thelmo Vargas (La Nación, 30.09.2016: ¿Petróleo en subsuelo tico?).

Alternativas: En razón de esos argumentos es que señalamos que para Costa Rica no es para nada conveniente apostar por la actividad petrolera con el objetivo de explotarlo (en caso de que existieran yacimientos), en el marco de una ley obsoleta y entreguista como lo es la Ley de Hidrocarburos. 

A pesar de que el país todavía debe afinar mejor su modelo de desarrollo económico para que sea de verdad sustentable ambientalmente y más equitativo socialmente, el modelo de país ecoturístico y de producción diversificada (con más de 4.000 productos de exportación, incluyendo productos tecnológicos) es un camino menos arriesgado y más apto para nuestra nación.

En esa vía, los geólogos tenemos mucho que aportar y de allí que afirmemos que, antes que explotación petrolera, los más importante es avanzar en investigación geológica para dar esa sustentabilidad al desarrollo de nuestro país. 

De modo paradójico y ejemplificante, el día domingo 02.10.2016 en el diario La Nación, en la misma página 10.A en que se coloca la citada “posición del CGCR”, en la parte superior, se da la noticia de que “Paraíso frena la construcción de urbanizaciones por falta de agua”, algo que también representa un problema geológico (particularmente en lo referente a aguas subterráneas) y que es mucho más urgente que invertir los limitados recursos del CGCR en promover la eliminación de una Moratoria a la Actividad Petrolera para permitir el ingreso de empresas petroleras al país. 

Existen problemas ambientales y geológicos más apremiantes para el país y para lo cual el CGCR debería ser más proactivo, como lo es, por ejemplo, la creación del Servicio Geológico de Costa Rica.

Potencial petrolero y desarrollo

En razón de la reciente ampliación (hasta el 2021) de la moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos emitida por la actual administración de gobierno, han surgido algunas opiniones señalando que constituye una contradicción. Se señala que si el país explotara sus hidrocarburos, se lograría bajar el precio de los combustibles, e incluso tendría una fuente (gas natural) para generar electricidad a un precio más bajo y con menos contaminación ambiental. Aunque este razonamiento pareciera lógico, existen varias aristas que deben ser analizadas a fin de buscar una solución concreta al tema de si nuestro país debe o no explorar su potencial en recursos hidrocarburíferos. Potencial petrolero: primero que todo es relevante señalar que como producto de las actividades de exploración petrolera realizadas durante la década de los años ochenta del siglo pasado por RECOPE y de otras realizadas previamente durante el Siglo XX, es claro que Costa Rica tiene las condiciones básicas de potencial de hidrocarburos, en casi todas sus cuencas sedimentarias. Ese potencial petrolero se presenta tanto en territorio continental, como en el mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico.

Ninguna de las actividades realizadas hasta ahora ha encontrado yacimientos comercialmente explotables de petróleo o gas natural. Pero las investigaciones geológicas realizadas con nuevas tecnologías de exploración petrolera, más modernas que las que se usaron hace ya más de 20 años, indican que podrían encontrarse potenciales yacimientos susceptibles de ser explotados. Por las características geológicas de nuestro país, existe la posibilidad de que sea más probable encontrar yacimientos de gas natural que de petróleo líquido, aunque este aspecto debe ser comprobado por investigaciones geológicas más detalladas.

La importante actividad de exploración realizada por RECOPE se finalizó, más por razones políticas que por razones técnicas, a principios de los años noventa. En su lugar, se aprobó una Ley de Hidrocarburos, que abría el espacio para que empresas petroleras extranjeras pudieran entrar al país a realizar exploración y, dado el caso, la explotación de hidrocarburos. El país fue dividido en cerca de 30 bloques de unos 2000 km2 cada uno, que se ofrecieron internacionalmente, para ser concesionados.

Para principios de la década pasada, el asunto culminó con la no aprobación de la viabilidad ambiental de una propuesta de perforación exploratoria en Moín, la amenaza de una demanda internacional por parte de la empresa petrolera y el desarrollo de una “moratoria tácita” por parte de la Administración Pacheco. Desde hace casi 12 años no se ha vuelto a realizar ninguna actividad formal de investigación sobre el potencial petrolero. Mientras tanto, el gran acervo de información compilado por RECOPE se deteriora con el paso de tiempo, sin que se le dé ninguna aplicación práctica, a pesar de su gran valor geológico.

Ante el hecho de que el país consume más de $ 2000 millones por año en factura petrolera, resulta paradójico que no haga esfuerzos concretos para profundizar en conocer su potencial petrolero, y dado el caso, aprovecharlo para disminuir al menos parcialmente esa factura. El problema que se presenta para que no lo haga tiene dos variantes. En primer lugar, la posición de las grupos ambientalistas que se oponen a esta actividad, por el potencial riesgo ambiental que implica y la falta de una normativa ambiental más rigurosa.

En segundo lugar, tiene que ver con la ley de hidrocarburos, dado que la exploración, en principio, la harían empresas petroleras que, en caso de encontrar petróleo, lo explotarían dando al país una regalía no mayor del 15 % de lo encontrado y vendiéndole al país al crudo a precio del mercado internacional. Mal negocio que considerando lo limitado de nuestro territorio y sumándolo a la preocupación ambiental, lleva a que se presente una fuerte oposición social al desarrollo de esta actividad.

Precisamente, esta encrucijada ha llevado a que, lejos de que se planteen soluciones concretas, se de una prórroga a la moratoria hasta el año 2021, algo que, como señalamos, resulta ilógico, dados los problemas actuales que en el campo energético tiene nuestro país.

Posible solución: una solución a la alternativa a la moratoria es que el país retome el proceso de exploración y eventual explotación por su cuenta. En un artículo previo del 2012 (ver www.allanastorga.com), el autor recomendó la estrategia a seguir: a) derogar la ley de hidrocarburos y paralelamente, b) crear el Servicio Geológico de Costa Rica, dándole como parte de sus funciones la tarea de poder realizar investigaciones geológicas en el ámbito del potencial petrolero del país. Adicionalmente: c) adicionar lineamientos de control ambiental más estrictos a la actividad.

Para ello deberá reprocesarse, con nuevas tecnologías de investigación, como la estratigrafía secuencial, la totalidad del acervo de información geológica hasta ahora acumulado, y la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con entidades petroleras estatales, tal y como lo hizo RECOPE en la década de los ochenta.

La creación del Servicio Geológico de Costa Rica es una tarea pendiente que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo. Es paradójico que se tenga una Escuela Centroamericana de Geología desde hace más de 40 años y que todavía no se tenga un Servicio Geológico formal. Servicio que no solo tendría tareas en el ámbito de potencial petrolero, sino también en temas relevantes tales como el cartografiado geológico para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo ante las amenazas naturales, entre otros.

La Escuela de Geología de la UCR, durante los últimos años, está graduando entre 10 y 15 nuevos geólogos por año. Geólogos que tienen la capacitación básica para asumir las tareas que se asignen al Servicio Geológico y que podrían iniciar un importante aporte para el desarrollo de nuestro país, incluyendo el campo de la exploración petrolera.

La actividad petrolera no es exclusiva de las empresas petroleras transnacionales privadas. La experiencia existente en el país y la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas estatales latinoamericanas, que apliquen estrictas medidas ambientales, podría permitir avanzar en esa dirección, sin necesidad de seguir postergando decisiones que deben ser tomadas en el momento actual. Al respecto, la reciente experiencia de Ecuador en este tema, debería ser aleccionadora. Tienen la palabra nuestras autoridades de gobierno.