Moratoria petrolera falaz

El anuncio del pasado lunes 1.° de agosto, por parte del ministro de ambiente, René Castro, sobre la promulgación de un decreto ejecutivo de “moratoria a la explotación petrolera” resulta, a la luz de la coyuntura social del país, altamente decepcionante e incluso riesgoso, en la medida en que socava aún más la ya debilitada credibilidad que tiene una gran parte de sociedad costarricense en las autoridades gubernamentales. El decreto de moratoria hecho público por Casa Presidencial (http://www.casapres.go.cr/web/images/stories/docs/ DECRETOEJECUTIVODE MORATORIAPETROLEO.pdf), presenta ocho considerandos que dejan claro que el país tiene limitaciones para enfrentar el tema, e incluso, pone de manifiesto que el rumbo del país debe estar orientado en el uso de energías renovables y en la meta de la carbono neutralidad.

Pero, también, el mismo primer considerando deja claro que la actividad petrolera en nuestro país se refiere la exploración y explotación de “fuentes y depósitos de petróleo y de cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional”, incluyendo dentro de estas últimas el gas natural.

A pesar de esto, en su parte dispositiva, el artículo 1.° del decreto señala que se “declara la moratoria nacional por un plazo de tres años” (hasta el 1.° de agosto del 2014, ¡cuando haya otra administración de gobierno!), y únicamente a las actividades que tengan el propósito de “desarrollar la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional”. Interesante cambio semántico con respecto a la terminología usada en el considerando antes citado, que obedece a una clara intención.

Se deja por fuera del decreto “cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional”, lo cual quiere decir, sin lugar a dudas, que la moratoria no tiene implicación alguna a la actividad de explotación de gas natural.

Pero todavía hay más: la moratoria se refiere únicamente a la explotación, de manera que también excluye la exploración de petróleo y gas o cualquier otra sustancia hidrocarburada.

Falsa ilusión. A pesar de que el decreto de moratoria, en primera instancia, parece que deja en suspenso las intenciones de una empresa petrolera extranjera de realizar labores de exploración petrolera en poco más de 9.000 kilómetros cuadrados de la zona norte del país, en realidad, es todo lo contrario.

La forma en que está redactado el decreto no limita de modo alguno que la empresa solicite la firma del contrato, y en el caso de que se firmara, que pudiera hacer exploración de petróleo y gas en la zona norte.

La empresa presiona para la firma de un contrato de exploración y este decreto de ninguna manera frena esta pretensión. Lo único que la limita, y solo por tres años, es que en caso de que encontrara yacimientos de petróleo (hidrocarburos líquidos), no los podría extraer hasta que se venciera la moratoria; es decir, apenas termine esta administración.

La única utilidad práctica que tiene el referido decreto de moratoria es que devela, de forma clara y contundente, la actitud que tiene el Poder Ejecutivo, y en particular el nuevo ministro de Ambiente, respecto a la actividad petrolera en el país y, más grave aún, la forma en que se intenta convencer a la sociedad costarricense de un asunto que, a todas luces, tiene una intención totalmente diferente.

Las autoridades de gobierno deben tener claro que mientras no se firme el contrato, el país y con él todos los costarricenses no estaríamos adquiriendo un compromiso de grave riesgo, en la medida en que, como el mismo decreto señala en sus considerandos, “la dirección que ha tomado Costa Rica ha sido la de alejarse de la industria extractiva”.

Se está dejando de lado que la información de base hecha pública sobre el potencial de hidrocarburos en la zona norte del país, es absolutamente especulativa y no tiene corroboración oficial, técnica y científica, como lo establece la misma Ley de Hidrocarburos. De manera que promover la eventual firma de un contrato bajo estas condiciones, y tomando en cuenta el grado de agitación social que ha generado el tema, resultaría altamente riesgoso para el país.

Un asunto que a todas luces requiere de ser analizado y discutido ampliamente, y sobre todo con calma, pero dentro de una verdadera moratoria a toda la actividad de exploración y explotación petrolera y de gas en el país.

Un primer paso que se esperaba pudiera ser en la dirección correcta, resulta ser, en realidad, un burdo intento de confundir a la opinión pública.

Protección del ambiente y actividad petrolera

Colaboración con Claudio Monge, diputado.

Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.

Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.

Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.

Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.

Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.

Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).

Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.

La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.

Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.

Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.

El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.

Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.

La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.

En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.