Diario Extra

Inminente daño ambiental en la desembocadura del río San Juan

Utilizando una disciplina científica de la geología, que permite elaborar y prever escenarios sobre los procesos de erosión y sedimentación en ríos y costas, ha sido posible elaborar un modelado sedimentológico de lo que serían los “cambios de facies” y por tanto, interpretar los efectos que produciría la canalización y trasvase del río San Juan hacia la laguna Los Portillos. A partir de esto, es posible pronosticar los cambios que ocurrirán y por tanto, las consecuencias ambientales que se darían con esos cambios. Una vez hecho esto, al menos en una condición inicial, el escenario final se considera altamente crítico, respecto a la gravedad del daño ambiental que se producirá y los cambios en la geomorfología de esta vulnerable zona que comparten ambos países.

Sistema en equilibrio: La revisión de mapas de la zona elaborados por la Marina de Estados Unidos en 1898 y de fotografías aéreas oficiales del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, de los años 1961, 1981, 1986 y 1997, deja claro varias cosas. Primero que todo, que no ha existido un caño o canal de desagüe que conecte al río San Juan con la laguna Los Portillos. Segundo, que durante más de 110 años, el sistema deltaico de desembocadura ha estado en condición de equilibrio ambiental y más bien en un proceso constructivo, con crecimiento de las barras costeras en un sentido noroeste-sureste, a pesar de que esa zona es afectada con frecuencia por el paso de huracanes, con lo cual se demuestra la capacidad natural para compensar inundaciones marinas y fluviales. Todo esto ha permitido que sobre esta zona se establezca una importantísima cadena de ecosistemas, muy rica en biodiversidad.

Efectos sedimentológicos: La construcción del canal y el trasvase del río San Juan producirá importantes cambios en el sistema fluvial y litoral. Estos cambios representan verdaderos daños ambientales de diversas escalas. Estos efectos se darán en cadena. El trasvase del río hacia la laguna Los Portillos convertirá rápidamente, este prístino estuario en un pantano lodoso. La barra arenosa de Punta Castilla será abierta por erosión y el río desembocará directamente hacia el Caribe. Con ello, todos los sedimentos que acarrea ya no serán depositados en el sistema parálico del delta, sino que pasarán hacia el mar, donde las corrientes marinas paralelas a la costa los llevarán hacia Barra del Colorado, Tortuguero e incluso hasta Limón. Por otro lado, la pérdida de caudal en el cauce natural del río San Juan producirá graves efectos en los humedales costarricenses y nicaragüenses, produciendo erosión y transformando el sistema deltaico en un sistema “destructivo”, altamente vulnerable a la erosión.

Efectos en los ecosistemas: Sobre las diferentes facies sedimentarias del sistema parálico del delta, se han instaurado ricos y valiosos ecosistemas terrestres, acuáticos y litorales. Todos ellos plagados de vida, destacándose mamíferos como el manatí, el mono congo, el jaguar, la danta, el cabro de monte, la martilla, la nutria, el mono araña y el serafín del platanar. También hay reptiles y abundantes especies de aves, así como una rica vida acuática, que incluye el sábalo, el guapote, el róbalo y la barracuda, sin contar además con las tortugas, que le dieron nombre al parque nacional. Se trata de ecosistemas poco afectados por las actividades humanas que se sitúan en zonas que han sido declaradas como sitios Ramsar, es decir, como humedales de importancia mundial y establecidos, en ambos países en áreas silvestres protegidas. Son áreas con gran potencial para el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, para capturar carbono y como importante fuente de vida y de nutrientes a los ecosistemas marinos; así como fuente de actividades económicas de subsistencia y ecoturismo para las comunidades fronterizas.

Magnitud de los daños: El encadenamiento de efectos como producto del trasvase del río San Juan permite hacer una primera valoración de los daños ambientales que se van a producir. Los resultados, aunque preliminares, deben servir para llamar la atención sobre la urgencia de tomar medidas precautorias. La sola construcción del canal artificial está provocando un daño muy grande en el ecosistema boscoso y de humedal, con una afectación aproximada de 60 mil metros cuadrados. No obstante, este daño se queda pequeño cuando se compara con los 6 millones 500 mil metros cuadrados de humedales, canales fluviales, lagunas estuarinas y barras litorales que serían dañados de forma irreversible. De estas 650 hectáreas, aproximadamente 400 se sitúan en Costa Rica y 250 en Nicaragua, sin contar todavía los daños que se producirían en el Litoral Caribe Norte de Costa Rica, por sedimentación acarreada por las corrientes costeras.

Urgencia de detener obras como medida cautelar: Las acciones tomadas por Costa Rica de demandar al gobierno de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y solicitar la aplicación urgente de medidas cautelares son atinadas. No obstante, el aviso de que se puede tardar de 3 a 4 meses para establecer dichas medidas, no es para nada positivo. Las estimaciones hechas sobre la comparación de fotografías que registran el avance en la construcción del canal, muestran que podría estar finalizado en 2 ó 3 meses a lo sumo. Es decir, antes de que la Corte ordene dichas medidas cautelares.

Debido a que el daño ambiental que se generaría sería de grandes dimensiones y de carácter irreversible para ambos países, es de extrema urgencia que se detengan las obras de construcción del canal y que una comisión binacional realice un estudio del impacto ambiental que se dará como consecuencia directa de este proyecto. Ante esto es importante hacer un llamado a todas las organizaciones ambientales costarricenses y nicaragüenses, así como regionales centroamericanas, latinoamericanas y del mundo, para que se suspenda este proyecto y se realicen los estudios técnicos, de manera conjunta con los centros de investigación y expertos de ambas naciones.

Prevención de desastres por inundación

Colaboración con: Ana C. Jenkins, Giovanni Varela,

La Gestión del Riesgo es definida por la Ley como un “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente”. Significa corregir la situación de riesgo de quien ya vive en ella, como la gente que vive cerca de los ríos, y de prevenir, para que nueva gente no entre en esa condición. No se trata solo de ayudar a los afectados por una inundación.

La Gran Área Metropolitana (GAM) comprende el 3,5 % del territorio del país. Allí vive el 60 % de la población. Durante las últimas décadas, por el rápido crecimiento urbano, la ausencia de una efectiva e integral planificación territorial y el débil control urbano se han urbanizado zonas vulnerables a amenazas naturales (erosión e inundación fluvial, deslizamientos, sismicidad, volcanismo y fallas geológicas activas).

La erosión e inundación fluvial durante los meses de mayores lluvias se torna grave, en particular porque afecta casas en las orillas de las quebradas y ríos. Con un dato serio: menos cantidad de agua causa cada vez mayores daños.

Alta fragilidad ambiental. Los estudios del PRUGAM (Programa Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana) identificaron una zona ambiental, la I – B: de muy alta fragilidad ambiental. Son terrenos afectados por la erosión e inundación fluvial asociada a cauces fluviales.

La zona I – B se identificó a escala 1:10.000, en un territorio de 1.750 km2, que abarca 31 cantones. Se realizó durante 18 meses, con datos de campo de geología, geomorfología y fotointerpretación. Representa la mejor aproximación realizada hasta ahora. La zona I-B cubre 3.230,8 hectáreas, es decir, el 1,8 % de la GAM. Se extiende más allá del área de protección de los ríos, por lo cual, sin el adecuado ordenamiento territorial, termina siendo objeto de permisos para construcciones.

Los datos de PRUGAM indican que un total de 132.4 hectáreas de esta zona están urbanizadas, con residencias. Esto se presenta en los 31 cantones de la GAM en los que destacan: Desamparados, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú, Heredia, La Unión y San José. Se trata de una población de 50 a 100 mil personas.

Ante esto, el PRUGAM estableció en su Reglamento de Desarrollo Sostenible, lineamientos para atenuar el riesgo y medidas para evitar construcciones en esa zona. Ese reglamento fue aprobado por la SETENA el 18 de noviembre del 2009 (Resolución 2748) y es de acatamiento obligatorio para todas las partes, según la Ley Orgánica del Ambiente.

En abril pasado el INVU rechazó el Plan PRUGAM, a pesar de haber tenido un representante durante todo su desarrollo y un año de revisión. Esto generó, entre otras cosas, un gran atraso en la oficialización de los planes reguladores de los cantones de la GAM, elaborados según los lineamientos de ese Plan Regional y su reglamento, provocando que las acciones correctivas para estas zonas de riesgo no se estén implementando. Más bien, es probable que se estén dando permisos de construcción en esta zona I – B. Por tanto, lejos de estarse mitigando el problema, se está incrementando.

Como si nada se hubiera hecho. Así, sorprende escuchar a las autoridades diciendo que la solución es el ordenamiento territorial y los planes reguladores que “hay que hacer”, como si no se hubiera hecho nada hasta ahora. Es preocupante que se ignoren los resultados de los estudios técnicos y no se cumplan los lineamientos correctivos que ya cuentan con viabilidad ambiental. ¿Qué más deberá suceder para que sean considerados y respetados antes de seguir exponiendo a la población?
Deberían sentarse las responsabilidades políticas,  e incluso legales, ante los daños cada vez más grandes generados por esta situación. 
Es urgente que, por encima de los intereses particulares, se antepongan los intereses de la población. Tienen la palabra las autoridades de gobierno y en particular las municipalidades.

El vacuo oro de Crucitas

Resulta que durante aproximadamente diez años la minera en Crucitas pretende extraer cerca de 700.000 onzas de oro.  La casi totalidad de ese oro  será exportado para ser vendido por la empresa minera. Según recientes datos sobre los usos y consumos de oro en el mundo, tan solo el 12% del oro que se produce tiene “utilidad” real en la industria. El resto, es decir, casi el 90% del oro que se produce tiene una finalidad suntuosa, ya que se utiliza como reservas para  mantenerse en los sótanos vigilados de los bancos, o bien para la joyería, en donde se destacan como los mayores consumidores modernos China y la India.

Lo más significativo de esto es que  el reciclado del oro, proveniente principalmente de la joyería, aporta cerca del 28% del oro del mundo, de manera que, solo esta fuente, aportaría más del doble del oro que se requiere para la actividad industrial en el planeta.

Desde una perspectiva realista. A 1,21 g/ tonelada, la proporción de oro existente en Crucitas, para obtener las 700.000 onzas del metal se tendría que provocar la remoción de alrededor de 20 millones de toneladas de suelo y roca, causando grandes impactos en los bosques, la biodiversidad, suelo, ríos, en los acuíferos y el paisaje, así como en las comunidades humanas que se aglomerarán como un pueblo minero que será abandonado en diez años, junto con desastrosos efectos de varios de los desechos tóxicos que perdurarán por muchos años. Y todo esto para nada útil, salvo para enriquecer a la empresa minera canadiense y sus socios, que obtendrán cerca de tres cuartas partes de los beneficios que producirá la minera.  La otra cuarta parte no es que se quedará en el país, representa la inversión que se tendrá que hacer para extraer el oro y los impuestos que durante diez años tendrá que pagar la empresa al Estado costarricense, ya sea a la municipalidad o a Hacienda.

En razón de que todavía hoy, casi diez años después de que se inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero, todavía no se ha hecho una verdadera y eficiente valoración de los recursos naturales que serán impactados y el riesgo ambiental que implica el proyecto minero durante su operación y su posterior cierre, todavía se sigue sin tener claro cuánto le costará al país que la minera canadiense obtenga esa ganancia. 
Crucial decisión. Los “beneficios” sociales que la minera dice haber producido y que producirá se caracterizan por ser limitados y temporales. Son como “gotas de dulce pócima” para sostener la división entre los mismos costarricenses que debemos decidir entre permitir explotar un oro de poca utilidad para saciar la avaricia de riqueza de una minera extranjera y sus socios, o bien, preservar la verdadera riqueza de nuestros recursos naturales, nuestro verdadero oro, los bosques, la biodiversidad, las aguas, el paisaje y nuestras tradiciones.

Algunos de los pocos beneficiados con esta actividad nos han insistido sobre la urgencia, la importancia y la necesidad de hacer minería para extraer metales, pues nos dicen que sin ella la sociedad moderna y tecnológica no podría seguir adelante.  Sin embargo, ellos mismos no nos explican por qué debemos permitir extraer el oro de nuestro territorio para que una empresa extranjera se lo lleve, obtenga ganancias con su venta, y después de todo solo sirva para almacenarse en un banco o para producir suntuosa joyería en países lejanos.

En los días por venir Costa Rica tendrá una nueva oportunidad de dar una lección al mundo y de decirle que prefiere, como ya nos lo ha hecho saber el 90% de su población, conservar sus riquezas naturales y apostar por un desarrollo y uso sostenible y racional de sus vulnerables suelos, que optar por su destrucción a costa de extraer el oro de Crucitas, cuyos costos y riesgos ambientales son mucho mayores que sus pocos y vacuos beneficios.

Sí habrá impactos ambientales

El dragado del Río San Juan a realizar por Nicaragua para recuperar la navegabilidad y aumentar su potencial turístico, constituye un dragado en uno de los cauces de desagüe en el sistema deltaico Colorado – San Juan, que comparten Costa Rica y Nicaragua, y por tanto, es interés para ambos países.

Afirmar que el dragado en el río va a generar impactos ambientales poco significativos en el lado costarricense resulta precipitado, en particular, porque no se cuenta con la información del proyecto y de su evaluación de impacto ambiental.

En el Río San Juan, donde se inicia el delta, una parte significativa del caudal del río pasa al río Colorado en Costa Rica. Esto resulta de un proceso natural  de sedimentación, detectado por ambos países desde el siglo XIX, cuando se analizó el tema del canal interoceánico.

Con el dragado proyectado unilateralmente por Nicaragua se pretende recuperar el caudal, disminuyendo el aporte de agua al Río Colorado para que el Río San Juan pueda ser navegable. Hay, no obstante, varias consecuencias a considerar.

Con el dragado lo que se hace es romper el equilibrio natural, dado que la sedimentación es una consecuencia directa de la evolución del sistema deltaico Colorado – San Juan.

Es muy probable que a pesar del costo la navegabilidad sea solo temporal, pues el Río San Juan va a seguir sedimentando, en razón de que esa es su condición de equilibrio ambiental.

Ante esto, surge la duda de si el proyecto en sí representa la mejor alternativa para el desarrollo de la zona o si más bien contribuiría a generar efectos adversos.

Impactos negativos. El dragado genera una cadena de impactos ambientales a todo el delta, tanto en Costa Rica, que corresponde con un área silvestre protegida y un humedal mundialmente reconocido, como del lado de Nicaragua. Algunos de esos impactos son de carácter transfronterizo y son de corto, mediano y largo plazo. El principal impacto es la disminución del caudal en el río Colorado, y por tanto, al humedal, con lo que se genera una cadena de efectos negativos en los ecosistemas, y en el equilibro fluvial y sedimentario del río. No está claro el alcance de esta disminución del caudal ya que Colorado depende del dragado. Hay un factor de riesgo que requiere un análisis técnico detallado.

Otro de los impactos ambientales corresponde a la turbidez que se va a producir, por remover grandes volúmenes sedimentos.

Esa turbidez se movilizará por el Río San Juan hasta su desembocadura y por corrientes marinas, se desplazaría hacia las costas de Costa Rica, con efectos en los ecosistemas costeros. Sería importante saber si este impacto se valoró para el proyecto del dragado y si se establecieron medidas ambientales correctivas y de control, pues tiene que ver con la prodigiosa biodiversidad que concentra la Barra del Colorado. En este tema de la turbidez hay que tomar en cuenta el problema de la calidad ambiental de los sedimentos. Dado que esos sedimentos están contaminados con pesticidas y metales pesados detectados desde 1992 por el CIRA  en Nicaragua, que al ser movilizados, van a producir su dispersión.

Mas hay otros impactos ambientales producto del dragado, como el aumento del poder erosivo del río y de su capacidad de inundación, debido al aumento del caudal, que puede tener efectos negativos en los ecosistemas rivereños y en las comunidades humanas que viven allí. A partir de todo este modelo predictivo de los efectos del dragado queda la duda si fueron analizados en la Evaluación de Impacto Ambiental (si es que existe dicho estudio) y, en particular, si el proyecto en sí representa una verdadera alternativa de desarrollo para esa zona.

En primera instancia pareciera que no, que lo mejor sería que ambas naciones hubieran discutido, abiertamente, las diferentes alternativas de desarrollo, y sus efectos ambientales.

Diplomacia no es suficiente: se trata de un asunto técnico y ambiental, con consecuencias negativas para los ecosistemas y comunidades humanas de ambos territorios, por la cual la mera negociación diplomática, que se basa en criterios de oportunidad política, no es suficiente.

Sorprende que a 20 años del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), de la cual Nicaragua y Costa Rica forman parte, no se haya realizado una verdadera evaluación de impacto ambiental transfronterizo, con participación de sus autoridades ambientales.

No hacerlo, ni resolver esta situación en la zona fronteriza, cuyos recursos naturales y ecosistemas trascienden la frontera, significa la condena al subdesarrollo y la degradación ambiental, con sus comunidades humanas como las principales víctimas de decisiones de los dirigentes políticos.

El país ha perdido la belleza natural de otrora y la riqueza marina de varias de sus playas en su vertiente Pacífica por ignorar estas variables. Sería lamentable ver el mismo fenómeno reproducirse en este santuario de biodiversidad del planeta.

Crucitas y números del Gobierno

El Vicepresidente Piva y un grupo de “expertos”, cuyos nombres se desconocen (y tal vez nunca se den a conocer), afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería desembolsar un monto de $1.700 millones. Se da esa cifra sin explicar con claridad cómo se obtuvo, ni cuál fue “la fórmula”, ni la variables que se utilizaron. Solamente cita, en su artículo del día 18 de agosto pasado publicado en La Nación algunos estudios hechos por la empresa o para la empresa sobre el proyecto minero.

No considera, de forma absolutamente inconveniente, otros costos ambientales y sociales, que formarían parte del proyecto y que hace de esas valoraciones algo completamente favorecedor de la empresa minera.

Sin conocer la fórmula, y teniendo claro que no se realizó un estudio costo-beneficio, asunto aceptado por las autoridades en la Vista ante la Sala IV el pasado noviembre, es importante aplicarla para compensar los cálculos, sobre los costos ambientales y sociales que tendría la mina:
¿Cuál es el costo de destruir de forma irreversible un bosque natural de 2 millones de m2? ¿Cuánto cuesta destruir un bosque maduro que ha tardado más de 200 años en desarrollarse y que tiene funciones de corredor biológico? ¿Cuánto cuesta destruir la biodiversidad de esos 2 millones de m2 de bosque, con especies de flora y fauna que están en peligro de extinción o como especies vedadas?
¿Cuánto cuesta la alteración irreversible de 3 millones de m2 de drenaje natural y de suelo fértil para construir las obras de la mina? ¿Cuánto cuesta el consumo de 4.200 millones de litros de agua para ser mezclados con cianuro para extraer el oro? ¿Cuánto cuesta el riesgo de transportar, almacenar, manejar, utilizar y procesar poco más de 5 millones de kg de cianuro y otras sustancias peligrosas, durante 9 años de operación de la mina, localizada en un área vulnerable a fenómenos climáticos?
¿Cuál es el costo de impactar de forma directa e irreversible el acuífero superior, en más de 2,5 millones de m2 de la mina? ¿Cuánto cuesta la afectación, con sedimentos y otros contaminantes provenientes de la mina, en los cauces de los ríos y quebradas que drenan hacia el río San Juan, durante 9 años?
Aquí ayudamos a Don Alfio: el m3 de agua contaminada se cotiza a $500 según los parámetros internacionales, si se trata de un daño transfronterizo.

¿Cuánto cuesta el impacto directo en el acuífero inferior, poniéndolo en riesgo de contaminación, así como a pozos de abastecimiento público en las cercanías? ¿Cuál es el valor del daño ambiental por la apertura de un lago en el Tajo Fortuna de 80.000 m2 de área y 30 m de profundidad, y dejarlo así para siempre?
¿Cuál es el valor del riesgo de disponer más de 15 millones de toneladas de residuos sólidos, contaminados con metales pesados, en el fondo de un lago artificial sin impermeabilizar, junto con millones de metros cúbicos de aguas cianuradas, retenidas por una represa que puede ser vulnerable a una ruptura debido a una falla geológica bajo el sitio de presa, dejándolo así para siempre?
¿Cuál sería el costo aproximado de que, como ya ha pasado en Europa, 30 veces en los últimos 25 años, se de una ruptura de la represa, y que el agua cianurada y los sedimentos contaminados desciendan por el cauce del río Infiernito hasta el Río San Juan? ¿Cuál es el costo de ese riesgo ambiental, social y político? ¿Cuánto costaría la indemnización por un eventual daño ambiental al río San Juan?
¿Cuál es el costo de seguir dando una vigilancia y control ambiental de lo que deje la minera después de 9 años de operación y 18 meses de cierre, cuando para el caso de un relleno sanitario el proceso de cierre técnico es de 15 años?
Finalmente, ¿cuánto costará al país darle los servicios de salud, educación, agua, saneamiento y otros a un pueblo minero que se desarrollará en la zona fronteriza del proyecto minero?
Estimación del costo. No es posible saber el resultado de estas preguntas, pues no conocemos la fórmula aplicada.

No obstante, instamos a las mismas autoridades que hicieron el cálculo para que se apliquen a estos datos y que se haga la estimación de su costo.

Se podrá comprobar que el costo ambiental y social del proyecto supera por mucho los beneficios económicos que va a producir.

Beneficios que, vale mencionar, son para la minera canadiense, que se llevará cerca del 90% de los mismos, ya que debido a una obsoleta legislación minera e impositiva a esta actividad, las ganancias reales que obtiene el país son verdaderamente ridículas.

Como puede verse, el negocio no es para Costa Rica, ni siquiera para las comunidades más cercanas al proyecto, que recibirían beneficios indirectos y temporales.

A ver Don Alfio y sus "expertos" secretos, ¡dénnos a los más del 90% de costarricenses que nos oponemos a este proyecto una estimación "igual de fundamentada" de los costos señalados!