Adaptación evolutiva vs tramitomanía anquilosante

¿Cuál de esas dos situaciones es la que le conviene al país para salir adelante? Sobretodo en estos aciagos y extensos tiempos de Pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Ese es nuestro principal reto para coadyuvar con la reactivación de nuestro país.

La adaptación evolutiva es un rasgo que caracteriza a todos los seres vivos. En términos sencillos significa la capacidad de realizar cambios fisiológicos, de comportamiento y hasta de rutinas operativas que permitan al organismo y a su especie ajustarse a su medio ambiente y los cambios que puedan afectarlo. Es un mecanismo importantísimo para sobrevivir y permanecer como especie. Las especies que no logran adaptarse desaparecen de forma natural. Así sí funciona la naturaleza.

Tramitomanía anquilosante: existe un consenso general de que nuestro país se caracteriza, desde hace mucho, por tener un exceso de trámites administrativos que, conforme pasa el tiempo, lejos de simplificarse, cada día crecen en número y en requisitos. Los sectores productivos privados y, también, los públicos, saben esto muy bien. Se trata de un tema que se discute desde hace más de 20 años, sin que se solucione de forma integral.
El tema ambiental y sus diferentes matices han venido a incrementar aritméticamente, durante las últimas dos décadas, la cantidad de trámites y la han convertido en una lista casi interminable de requisitos.

El paso a las plataformas digitales que se ha realizado en los últimos años, aunque representan un importante esfuerzo, no ayudan a resolver el problema de raíz y más bien lo trasladan a otra parte del proceso, pero al final, el exceso de requisitos se mantiene y en el peor de los casos, se incrementa, solo que en formato digital.

Antes de que empezara la Pandemia, publicamos (ver: www.allan-astorga.com) la importancia de hacer evolucionar y avanzar nuestra normativa técnica y, de ser posible, nuestra propia legislación (ambiental, aunque la adaptación aplica para una gama mucho más amplia), a fin de ponerla al día, con la necesidad de los tiempos actuales. Con la Pandemia y sus secuelas la situación es todavía más apremiante. Si antes ya era una urgencia, ahora se ha convertido en una super urgente prioridad estratégica para el país, pues es una de las acciones más relevantes que se requieren para sacar al país adelante.

Lejos de eso, por diversas causas, la situación no ha avanzado. Todo lo contrario, a un año de Pandemia, no se observa que se estén realizando las acciones necesarias para generar un cambio efectivo y real. Con la disminución significativa que ha implicado la Pandemia para el trámite de nuevos proyectos de inversión ante las instituciones del Estado, podría pensarse que ese tiempo transcurrido y la posibilidad de desarrollar coordinación interinstitucional a distancia, hubiese servido para realizar efectivas y eficientes acciones concretas para la agilización de trámites, pero, desafortunadamente, no ha sido así.

La situación sigue igual, como si la Pandemia no hubiera y estuviera cambiando el mundo y haciendo que nuestro país completo se sumerja rápidamente en una profunda crisis de subdesarrollo. Así, hemos pasado de una simple tramitomanía excesiva y pesada, a una tramitomanía anquilosante que prácticamente está paralizando el motor del desarrollo que tiene el país y que es la principal esperanza para avanzar.

Algunos indicadores de anquilosidad: hay muchos ejemplos de la grave situación de exceso de normativa contradictoria que provoca una enorme inseguridad jurídica para quienes deseen hacer una inversión en nuevos proyectos de desarrollo (pequeños hasta muy grandes).

Uno de esos temas tiene que ver con los recursos hídricos, al cual ya nos hemos referido. Existe una normativa altamente contradictoria y abierta a la interpretación discrecional sobre radios de protección de manantiales o nacientes, protección de acuíferos, radios de operación de pozos, vulnerabilidad acuífera, sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos en cuerpos de agua, entre otros, que puede arreglarse fácilmente desarrollando una sola normativa integradora que facilite la gestión del recurso. Lo increíble es que existe un borrador de propuesta desde el año 2005 y todavía hoy, lejos de haberse resuelto la situación, se sigue a la espera de una Ley de Aguas, cuya última versión, y archivada, no representaba la solución, sino un mayor anquilosamiento en el tema.

En materia de evaluación de impacto ambiental, la situación no está muy lejos. Resulta que el 95 % del total de proyectos que se realizan en Costa Rica, no pasan por la SETENA, debido a que son menores de 500 metros. El porcentaje es mayor si nos referimos a los proyectos que no hacen una EIA completa con el formulario D1. Esto es un claro indicador de que el instrumento no está funcionando, pues no logra cubrir ni el 5 %, y, a esos que cubre les genera un complejo y largo proceso de trámite, a pesar de la plataforma digital que se ha abierto y que, se supone, agiliza el trámite. Ahora lo engorroso es poder cumplir con todos los requisitos de esa plataforma digital.

Este tema de la EIA y su funcionalidad tiene una solución bastante simple y para la cual ya habíamos hecho una propuesta (ver: www.allan.astorga.com). Se basa en el hecho de que los municipios dispongan de planes reguladores con variable ambiental debidamente integrada y que, con la aplicación de un algoritmo de agilización de trámite de EIA, la mayoría de los proyectos que no generen impacto significativo puedan tramitar sus permisos directamente en la Municipalidad y no en la SETENA. Esto, siempre que se ubiquen en áreas cuyos estudios de fragilidad ambiental determinen que tienen condiciones para ello o que se demuestre que se están aplicando las medidas tecnológicas para adaptarse a las condiciones de fragilidad ambiental que fueron determinadas. De esta manera se podría agilizar mucho el sistema sin desproteger el ambiente. El trámite ambiental se puede reducir de 20 meses (promedio) a solo un mes.

Existen otros muchos indicadores, pero por un asunto de espacio no es posible detallarlos todos. Sin embargo, estos que indicamos dan una clara idea de la situación en la que nos encontramos.

Gran reto: para que el país pueda salir a adelante requiere inversión y desarrollo. Para eso, debe mejorar la seguridad jurídica a los proyectos de todo tipo. Ello, sin desproteger el ambiente y garantizando la sustentabilidad del desarrollo.

Aunque para algunos no parezca posible, pues se debaten entre una apertura sin regulación alguna o un proteccionismo ambiental extremo, si existe una solución. Consiste en eliminar, con el debido criterio técnico, la tramitomanía anquilosante que se ha creado a lo largo de los años. Solo se requiere adaptar la normativa a la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Si es posible proteger el ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sin que entre en contradicción con el impulso al desarrollo y la inversión de proyectos. Es vital lograr este objetivo por el bienestar de todos.

¿Destrabando o repitiendo errores?

Con el inicio de 2017, año electoral, comienzan los "las propuestas electoreras" de los precandidatos y candidatos. Y como si no "hubiese pasado suficiente agua bajo el puente", nos vienen, nuevamente, con "su mensaje optimista" de progreso y prosperidad: uno de cuyos ejes es el término "destrabar al país".

Tanto es el afán de hacerlo que hay un grupo de gente planteando cambiar nuestra Constitución con el mismo objetivo. Y ya aquí podríamos nosotros los legos en estos temas de "alta política" empezar a sospechar sobre lo que nos están tratando de vender.

¿Destrabando? Cuando nos hablan de desentrabar o, mejor dicho, destrabar, nos plantean la urgencia de poner en “modo progreso” al país. Eso lo traducen en desarrollar proyectos de inversión que produzcan empleo y -según estos discursos- desarrollo para el país. Incluso uno de los precandidatos del PLN nos presenta una lista de "cosas" impulsadas por la última administración Arias Sánchez como su carta de presentación, diciendo que con él volveríamos a ese camino.

Este planteamiento es un "arma de doble filo", pues de dicha administración proviene también una muy larga lista de "cosas malas" que tendrían que ponerse en la balanza de la historia a ver si lo hecho fue tan bueno para querer emularse y continuarse.

Solo en el tema socioambiental hay mucho que señalar: 1) Crucitas y la  famosa "orquestación de voluntades" que señalo del Tribunal Contencioso Administrativo, algo que todavía no termina, pues está pendiente la repetición del juicio, 2) el debilitamiento notable de las áreas silvestres protegidas con la eliminación o intento de reducción de categoría de parques nacionales como el de Baulas, o el Refugio de Gandoca Manzanillo o la Isla de San Lucas, 3) el planteamiento de una megarefineria en Limón, algo que, a la larga, produjo la pérdida de $50 millones al país por el caso Soresco y la frustrada refinería china de Recope; 4) el impulso a un "engañoso" Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Limón - Moín que derivo con la ambientalmente equivocada localización de la Terminal de APM, algo que le ha implicado e implicará un gran daño y sacrificio ambiental al país, sin contar el hecho de que prácticamente (y de forma ridícula) el país tenga que despilfarrar $70 millones en una equivocada ruta de acceso que debió haber sido hecha por la misma concesionaria (reconocido así por el actual Ministro del MOPT), 5) la intervención política de la Setena que llevó a que se aprobaran "a golpe de tambor" muchos grandes proyectos, sin que se garantizara su sustentabilidad ambiental, como el caso de la anulada Marina en Moín y otros muchos más, 6) la no aprobación del PRUGAM por el INVU que fue la gloriosa e histórica despedida  del gobierno de Arias y con lo cual se echó a la basura un esfuerzo de 5 años y de $20 millones otorgados por la Unión Europea para poner orden a la GAM, algo que hoy todos estamos pagando por las presas y el enorme congestionamiento vial que cada día empeora, y que nos sirve de recordatorio de lo que implica creerle tan ciegamente a los políticos con discursos baratos (por cierto, cuando estamos en medio de las cansadas y calorosas presas, deberíamos reflexionar sobre esto!); 7) el "aborto" del Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que ya estaba aprobado y que, con una inversión de $100 millones hubiera inaugurado su primera fase en el 2013 antes del Metro de Panamá, 8) el inicio de la devastación y expoliación de nuestras riquezas marinas a cambio del Estadio Nacional, cuyo costo lo hubiéramos pagado con tan solo un pequeñísima parte del valor de los recursos marinos sobreexplotados, en el caso de haberse aprovechado de forma racional y sustentable; 9) la engañosa Iniciativa de Paz con la Naturaleza, de la cual formé parte y que me consta que,  cuando realmente se quiso trabajar en serio en sus objetivos fue cuando más abandonada quedó,  algo que convirtió el compromiso de Carbono Neutralidad para el 2021 en solo una quimera politiquera para vender el país al mundo como "ambientalista". 

Todavía hay mucho más, y no solo en el tema ambiental, sino en otros campos en los que otras personas más conocedoras podrán opinar, como el caso de la CCSS y el inicio de la debacle del régimen de pensiones de IVM y del mismo ICE. Sin dejar de mencionar que debido al Referéndum del 2007, con todo su famoso Memorándum “del miedo”, nuestro país quedó dividido y polarizado, lo cual con los años, lejos de sanarse, se ha profundizado, trayendo consigo todavía más freno al verdadero desarrollo que, indefectiblemente, debe sustentarse en el diálogo y acuerdo entre todas las partes.

A lo anterior hay que sumarle lo que han hecho las subsiguientes administraciones de gobierno que, también, con la bandera “destrabar” o “activar” al país, han seguido por caminos similares, haciendo que el verdadero y efectivo progreso del país no llegue y, por el contrario, agravando el problema del estancamiento de la pobreza y, en particular, de la desigualdad social existente, así como de la situación ambiental cada vez más precaria que tenemos, gracias a una evidente falta de visión y eficiencia de nuestros gobernantes en materia de Planificación (estratégica y territorial). Al respecto, más de 20 informes del Estado de la Nación nos lo repiten todos los años.

Modelo de progreso: se hace indispensable que el período electoral en nuestro país se utilice con un fin más positivo que el tratar de convencer a los electores de que se puede “retomar” el rumbo del país, repitiendo modelos del pasado, más cargados de errores que de aciertos.  Nuestra sociedad está más preparada para discutir y analizar planteamientos más concretos y objetivos.

Como se ha se dicho, es relevante escuchar más el “cómo” se resolverán los problemas, que seguir enumerándolos en una lista que cada vez se hace más larga. O peor aún, diciendo que con la elección de tal o cual candidato todo se va a resolver como “por acto de magia”. ¡Nada más falso que eso!

Desde la perspectiva socioambiental, como hemos señalado insistentemente, es indispensable establecer para el país un modelo de sustentabilidad. Modelo que debe basarse en tres pilares fundamentales: planificación territorial, planificación estratégica y control ambiental eficiente y efectivo de las actividades humanas.

A partir de este fundamento es posible propulsar al país en un marco de progreso socioeconómico que, incluso, puede servir de ejemplo al mundo de cómo sí es posible salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del Cambio Climático sobre la base de la protección de la naturaleza, el ambiente y la vida.

Seguir en el modelo de resolver solo algunos de los problemas existentes, sin una visión de largo plazo y de sustentabilidad, lo único que hace es estancar aún más al país y desestimular a la población, particularmente a nuestros jóvenes, con lo cual condenamos nuestro futuro.

En este año electoral que inicia esperamos que nuestros precandidatos abran espacios de discusión seria y desarrollen verdaderos planteamientos de progreso sustentable para nuestra Costa Rica. No sé ustedes estimables lectores, pero yo estoy cansado de oír cada cuatro años palabras vacías y referencias a "éxitos" inexistentes.