Si se necesitara resumir en pocas palabras la gestión ambiental realizada por la administración 2010 - 2014 serían: “contradicción, pérdida de tiempo y de oportunidades”. Hay varias razones que justifican esa afirmación y requieren ser repasadas, a fin de que se evite que sucedan nuevamente en el futuro. Un país como Costa Rica no merece que se le atienda como se le ha tratado en materia ambiental, en particular, cuando en el mensaje presidencial de 1º de mayo se señala el tema ambiental como un “logro” o “avance”. Se inicia con el pie izquierdo cuando la señora Presidente, en San Carlos, solicita en noviembre del 2010 apoyo a un grupo de empresarios para que le colaboraran en la “lucha” para que los ambientalistas no conviertan a Costa Rica en un museo de historia natural. Se mostraba así un primer atisbo de lo que sería la visión ambiental de la Presidente. Ninguna rectificación o aclaración de su parte motivan a creer que el error de apreciación se mantuvo.
En el tema de minería, además de establecer una moratoria, se logró concretar el compromiso de campaña de emitir una ley que prohibiera la minería de oro a cielo abierto en el país. No obstante, en el tema de Crucitas, la administración mantuvo una posición expectante, y no quiso asumir un papel más activo. En particular, se le solicitó la derogatoria del decreto de conveniencia nacional emitido por la administración Arias Sánchez, y fue cuando Alfio Piva y sus 15 asesores, cuya identidad aún no ha trascendido, nos sale con una cifra de $1.700 millones que debería Costa Rica pagarle a la empresa en caso de derogar este decreto.
La Procuraduría General de la República (CGR) tuvo incluso la osadía de apelar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, exhibiendo así a un Estado capaz de defender lo indefendible, con el resultado que ya todos sabemos. Incluso, ahora con la demanda por $94 millones de la minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI en inglés), no se reconocen los errores cometidos, y más bien se ponen las mismas instituciones que en su momento favorecieron a la minera, a defender el caso de Costa Rica. Algo paradójico, en particular porque se da al final de la administración.
En el tema de la mejora de la competitividad, al menos en el tema ambiental, se falló notablemente. Nunca se entendió realmente lo que había que hacer y se siguió la misma línea de la administración anterior. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se volvió a intervenir, se atrasó y anuló el funcionamiento de la Comisión Mixta, y se procedió a trabajar por la vía de la imposición de nueva decretos ejecutivos sobre evaluación ambiental. Decretos que tuvieron que ser impugnados ante la Sala Constitucional por su evidente irrespeto al principio de no regresión, y por su claro favoritismo para simplificar o eximir de trámite a actividades como las piñeras y otras actividades industriales. Se perdió así la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento y mejora del sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA), y prácticamente se perdieron los cuatro años de esta administración.
Pero el tema no se queda solo allí, resulta que en la misma SETENA cerca de 40 informes de planes reguladores fueron archivados, es decir, el 73 % de los expedientes que tramitó dicha entidad. Precisamente el mismo número de planes que la administración se comprometió a dejar aprobados como parte de su Plan Nacional de Desarrollo. Las argumentaciones para ese archivo son casi todas de forma y no de fondo. Y por falta de visión, se archivaron cuando existía la posibilidad de solicitar su corrección por un anexo. Así, el trabajo de apoyo a las municipalidades que por muchos años realizó el Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y el Programa de Regularización y Catastro se tiró prácticamente a la basura, haciendo que el país retrocediera en materia de ordenamiento y planificación territorial. Algo que pesa mucho más que la cacareada salida de una Política de Ordenamiento Territorial, que es más “letra muerta” que verdaderas acciones.
Intereses. El compromiso de “recuperar” el PRUGAM al inicio de la administración chocó con un muro de intereses de los sectores de la construcción e inmobiliarios. Esto, a pesar de las encendidas palabras de la Presidente Chinchilla a raíz de la muerte de 23 personas por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú. De forma complaciente, se dieron recursos al INVU para que elaborara su Plan GAM sustituto, que llamó el POTGAM, un plan fuertemente defendido por la Cámara de Construcción y también fuertemente combatido, con argumentos ambientales, por algunos pocos, dado su irracional propuesta de urbanizar las zonas de montaña del Valle Central.
Finalmente, ante la no aprobación del POTGAM, se pasó a formular algo “intermedio”, el Plan GAM 2013 – 2030, que se publicó tan solo el 2 de mayo del 2014, casi 4 años después de que el INVU rechazara el PRUGAM. A pesar de esos 4 años perdidos, el asunto aún no termina, pues ese nuevo Plan GAM requiere una profunda revisión, ya que desde su firma (21 de enero del 2014) hasta su publicación, parece haber sido objeto de significativos cambios (recortes o tijeretazos) en materia ambiental y adiciones en materia de desarrollo inmobiliario. Algo que sinceramente no extrañaría para nada, pero denota el nivel de irresponsabilidad existente en las altas esferas del poder en Costa Rica.
Pero posiblemente por lo que más se va a recordar la administración 2010 - 2014 es por la falta de visión en planificación estratégica. A pesar de contar desde el principio para poder implementarla, por medio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas, se optó por el camino de la imposición: decretos inconsultos que una y otra vez terminaron en los tribunales.
Un camino carente de visión social y ambiental prejuiciado y que, en todos los casos, chocó contra el muro de la realidad. Proyectos como el PH Diquís, la geotermia en Parques Nacionales, la refinería china, la concesión a San Ramón, el plan de desarrollo portuario de Limón Moín, incluyendo la Terminal de Contenedores, la ampliación de la Ruta 32 y el mismo Aeropuerto en Osa, son claros ejemplos de proyectos de desarrollo que han sido impuestos, en vez de ser llevados a una abierta discusión que permitiera la toma de decisiones estratégicas y la ejecución, bajo salvaguardas, de aquellos para los cuales la sociedad decidiera su realización. El haber obviado esta ruta de diálogo y transparente proceso de participación es, posiblemente, el mayor error cometido.
Proceso. En el tema de Carbono Neutralidad y “logros anunciados”, pues se dice que la meta alcanzada es de un 81%, llama la atención que el avance no necesariamente no es de esta administración, sino de un largo proceso que se viene dando desde hace décadas en lo referente a la recuperación de áreas de bosque. Asunto que todavía está pendiente de ser efectivamente valorado, pues todavía se da una contradicción entre las áreas de aptitud forestal y las áreas de cobertura boscosa que, solo en la GAM, presenta un 60% de déficit de bosques.
Pero lo que falta es mucho más difícil y serio y de eso no se nos dice nada. El país cayó notoriamente en el índice EPI de sostenibilidad ambiental de la posición 5 a 54, precisamente porque al considerar otras variables se pone en evidencia que hablar solo de bosques no es suficiente. En esto, como hemos dicho, es evidente el fracaso de la gestión ambiental realizada al menos durante los últimos 8 años, pues lo indicadores ambientales van de caída, como también van de caída los indicadores sociales, particularmente el que muestra al diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Algo que comprueba que el sacrificio ambiental y social realizado se ha hecho para beneficiar a unos pocos y no a la mayoría. Hay más temas y casi todos quedan como pendientes, pues en la administración saliente, o se avanzó muy poco, o peor aún, el problema ambiental se agravó: la protección de los empobrecidos recursos marinos, el fortalecimiento y mejoramiento de las áreas silvestres protegidas, la discusión abierta y decidida de nuestra matriz energética, la disminución de la factura petrolera con acertadas decisiones, el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos, la planificación territorial, la protección de los recursos hídricos y su efectiva administración, la problemática de la protección de acuíferos y la correcta administración del uso del suelo, el desarrollo de una más efectiva y acelerada gestión preventiva del riesgo, son algunos de los temas cuya solución queda pendiente para ser retomada por las nuevas autoridades.
Dado que al árbol se le conoce por sus frutos, en materia ambiental, la administración Chinchilla Miranda, no produjo muchos ni buenos frutos. Tenía la mesa servida para hacerlo, después de 4 años de mucha tensión y conflictividad, pero prefirió continuar por el tortuoso camino de la imposición por la imposición, alejándose del diálogo y la correcta participación. No supo leer los signos de los tiempos y nos hizo perderlo con las negativas consecuencias que ello tiene. Pero de ese error todos debemos aprender, en particular las nueva administración que inicia, a fin de que no repita el mismo camino, y comience con el pie derecho sobre una simple plataforma de tres principios: transparencia, información y participación.