Con el fin de continuar analizando la propuesta del INVU sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (POTGAM), elaborado por esa entidad durante el año 2011 y entregada al Poder Ejecutivo en enero pasado, se hace necesario agregar algunos elementos adicionales a las observaciones previas realizadas por este autor y otros profesionales en diversos medios de comunicación. En primer lugar es importante aclarar que hasta el momento la única versión que ha podido ser accesada del POTGAM es el documento de enero del 2012 remitido al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y de esta entidad a algunas instituciones para su revisión.
Hasta ahora no hay otro documento sustitutivo. Y esto es relevante en la medida de que, pese a las observaciones y críticas técnicas realizadas de forma abierta a la propuesta del INVU, se sigue sin tener una clara respuesta pública de esa entidad. La única opinión externada hasta ahora no contra-argumenta técnicamente, solamente señala las razones para que se haya propuesto el POTGAM por el INVU.
Esto produce mayor desconfianza y es posiblemente el peor elemento de cara a una discusión técnica abierta, participativa y transparente sobre el futuro de la GAM.
Nos preguntamos entonces: ¿por qué el INVU no defiende con argumentos técnicos la propuesta que elaboró a lo largo del 2011 y en la cual se invirtieron ¢190 millones? Esta pregunta todavía está abierta y a la espera de respuesta.
En segundo lugar, llama la atención que el INVU, la misma entidad que primero participó en la elaboración del PRUGAM y que luego lo revisó y terminó rechazándolo en abril del 2010, es la entidad a la que el Poder Ejecutivo le encomienda la tarea de “arreglar el PRUGAM”, pero termina elaborando una propuesta diametralmente opuesta como lo es el POTGAM.
A esta cuestionable posición de “juez y parte” y de “solo yo tengo razón” que tiene el INVU se suma el hecho de que no se ha dado un efectivo y sistemático proceso de divulgación y consulta pública de la propuesta. La sola realización de algunos foros ante ciertas instituciones y reuniones con municipalidades no es suficiente.
Discusión pública. Los ciudadanos de la GAM y del país entero requerimos que se de un proceso amplio de participación pública sobre la propuesta del POTGAM, y en particular, cuáles son sus diferencias con la propuesta del PRUGAM, cuya preparación y elaboración llevó casi 10 años a un costo de 18 millones de euros, invertidos en parte por la Unión Europea, y vergonzosamente descartada en el 2010.
Como parte de la discusión abierta que debe darse alrededor del Plan Regional de la GAM (PRUGAM/POTGAM, o el nombre que se le quiera dar), hay un tema esencial, como lo es el hecho de ¿dónde debe plantearse el desarrollo urbano de alta y muy alta densidad de la urbe? Como se ha señalado en artículos previos, plantear la extensión de la GAM hacia el norte y sur, sobre las zonas de montaña, no es viable desde el punto de vista ambiental y de la gestión de riesgo. Hacer esto, además de poner a por lo menos 1 millón de habitantes nuevos de la GAM en condición de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales (deslizamientos, fallas geológicas activas, procesos erosivos, avalanchas, inundaciones y peligros volcánicos), también representa un daño directo a las áreas de protección ambiental, como son las zonas de pendiente, bosques y de recarga acuífera, así como al paisaje verde que rodea la GAM.
No olvidemos, como pareciera olvidarlo el INVU, que el 80% de la población de la GAM se abastece del agua potable extraída de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, cuyas áreas de recarga deben ser consideradas como estratégicas para la sostenibilidad hídrica de nuestro país. Eso precisamente es lo que propone el POTGAM, que en esencia plantea extender el anillo de contención urbana del Plan GAM de 1982, en 15.000 hectáreas (ha), 62% de las cuales (más de 10.000 ha) son zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental.
Ante el argumento esbozado por algunos de que “ya no hay área para urbanizar en la GAM” o dentro del anillo del contención, la respuesta es simple: ¡no es cierto! Los estudios de uso del suelo, realizados para el PRUGAM, muestras resultados contundentes.
En primer lugar, dentro del anillo de contención hay 10.500 ha no urbanizadas y aptas para desarrollo urbano de alta y muy alta densidad, incluso para desarrollo vertical. Si a esto se suman las áreas de renovación urbana dentro del mismo anillo de contención, planteado dentro de una nueva filosofía de ciudad compacta y con crecimiento vertical, se concluye que hay capacidad para albergar la población actual y la nueva población de la GAM incluso más allá del 2030.
Pero el asunto no termina allí, fuera del anillo de contención actual, y siempre dentro de la meseta volcánica, en zonas de moderada fragilidad ambiental, se presentan otras 8.000 ha aptas para desarrollo urbano de alta y muy alta densidad. Estas áreas podrían ser incorporadas para desarrollo urbano por las municipalidades, de acuerdo con sus necesidades y conforme elaboren sus planes reguladores locales.
Sin justificación. Como se puede ver, no hay justificación técnica alguna para plantear la ampliación del anillo de contención en sacrificio de las áreas de protección de la GAM.
Ante todo esto nos surge la pregunta: ¿entonces por qué tanta insistencia del INVU en ampliar el anillo de contención? No olvidemos que durante los últimos diez años hubo tres intentos de ampliar el anillo por parte del INVU. Dos de ellas en la administración Arias Sánchez. En todos los casos la Sala IV declaró inconstitucional dichos intentos.
Una posible respuesta a esa pregunta podría encontrarse en la Revista Construcción N° 156 de este año, de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), que conformó un Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario cuyo objetivo es claro: defender el POTGAM.
Ello se deduce de unos de los párrafos del artículo que señala textualmente: “El POT GAM fue trabajado por el INVU el año anterior y se espera que vea la luz el primer semestre de este año, con un perfil más cercano a las necesidades reales en materia de ordenamiento territorial, con directrices y orientaciones generales que recogen los aspectos más relevantes en esta materia, los cuales son de gran interés para este Comité, y de la Cámara de Construcción, en general”.
Los ciudadanos de la GAM, y del país en general, tenemos el derecho de participar activamente en la discusión de una propuesta tan importante, como es el uso del suelo y el ordenamiento urbano que nos regirá las próximas décadas.
Quienes vivimos y experimentamos todos los días los problemas ambientales y sociales que ya tiene la ciudad, tenemos todo el derecho de exigir propuestas de planificación encaminadas a corregir los errores cometidos en el pasado en vez de sumar más problemas. Nuestras autoridades tienen la palabra, pese al vergonzoso silencio en el que se mantienen desde hace varios meses.