El ambiente en el debate electoral: Preguntas sin responder

Como parte del proceso electoral y dado que el tema ambiental ha quedado relegado en los debates y foros realizados con los candidatos, se hace necesario plantear a los ciudadanos algunas preguntas clave en el tema ambiental, a fin de que consideren si existe o no  respuesta de esos candidatos ante las mismas. Aunque el ambiental parece ser secundario ante temas como los impuestos, la reducción del desempleo, la corrupción, la reducción de la pobreza, la CCSS y la mejora de la infraestructura, la verdad es que el tema ambiental es un eje transversal que de alguna u otra manera también se vincula a ellos.

He aquí algunas de las preguntas principales y su fundamento:

Planificación: A sabiendas de que la planificación en nuestro país se hace a muy corto plazo, dentro de los ciclos políticos de 4 años, lo que se traduce más bien en desplanificación y consecuentemente, en atraso y retroceso al desarrollo, ¿cuál es la propuesta concreta que se hace para corregir esta situación? ¿Cómo se puede  resolver de manera clara y acertada el que el país decida y planifique su modelo de desarrollo, con una visión social amplia, para un periodo de mediano y largo plazo?

El desastre ambiental de la GAM con sus consecuencias sobre nuestra calidad de vida, sobre la destrucción de la infraestructura vial y el costo del sistema de salud en atender sus efectos es muestra de lo oneroso que resulta la ausencia total de planificación.

Energía: Conociendo que el país necesita consolidar un certero plan nacional de energía, enmarcado en la meta de carbono neutralidad y la disminución de la dependencia a los hidrocarburos, ¿cuál sería la forma en que se plantea el modelo de decisiones estratégicas para elaborar dicho plan de desarrollo? ¿Cuáles serían los principios que rigen esa toma de decisiones y de qué manera se proyecta ese desarrollo para el bienestar de toda la sociedad y no solo de un sector económico particular? ¿Está de acuerdo con seguir el modelo de dependencia de los hidrocarburos, de continuar con una nueva refinería, sin solucionar a fondo los grandes problemas de transporte que tiene nuestro país? ¿Debe abrir el país a la explotación de otro hidrocarburo como el gas natural?

Ordenamiento territorial: En el entendido de que un país no puede pretender ser desarrollado, sin contar con un eficiente y efectivo ordenamiento y planificación territorial, cuáles son las acciones concretas que se plantean para resolver el gran atraso que tiene el país en este tema? ¿Considera que es necesario crear una nueva entidad que se encargue integralmente del asunto? ¿Estaría de acuerdo en transformar el IFAM en un ente moderno que se encargara del ordenamiento y planificación territorial del país, que viniera a sustituir lo que en esa materia no ha hecho, por más de 40 años, el INVU?

Gestión del riesgo: La información disponible nos dice que solo enla GAM, cerca el 25 % de la población vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a diversos tipos de amenazas naturales; por otro lado, también se nos dice que nuestro país, como el resto de Centroamérica, es la región del mundo más vulnerable a las amenazas naturales intensificadas por la variabilidad climática y el cambio climático.

Sabiendo esto y que el costo en % del PIB por desastres nos hunde en la pobreza y el subdesarrollo, ¿cuáles serían las acciones concretas y específicas que se emprenderían para revertir esta situación y llevar al país hacia una gestión preventiva del riesgo y estar mejor preparado para los desastres?

Protección del mar:  Sabiendo que el futuro de la humanidad está en el cuidado de los mares, y que el 90 % del  espacio geográfico del país está en el mar que hasta ahora ha sido prácticamente ignorado y expoliado de sus riquezas biológicas marinas, ¿qué acciones específicas y concretas (sin que sean mero maquillaje como un viceministerio de aguas y mares sin estructura operativa) se tomarían para cambiar esta situación y que hagan que la riqueza de nuestros mares fortalezca realmente el desarrollo social y ambiental del país?

SETENA y EIA:  Ante el fracaso sostenido que han tenido las últimas dos administraciones de gobierno respecto al control político de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y del instrumento de evaluación de impacto ambiental (EIA), que lejos de ayudar a favorecer el desarrollo sostenible del país, han favorecido el crecimiento de la inseguridad jurídica y su falta de competitividad, fomentando el subdesarrollo y atraso del país, ¿qué medidas concretas plantea para resolver de raíz esa situación para que la EIA se utilice de forma eficiente para dar verdadera y sólida sostenibilidad ambiental al desarrollo del país? ¿Qué se piensa hacer con un Tribunal Administrativo Ambiental convertido en un hazmerreír de tribunal, con una nómina de 10 abogados que pasó a 4 en esta administración, evidencia de la política de desmantelamiento de todos los órganos de fiscalización ordenada por el Gobierno?

Biodiversidad y turismo:  Conociendo que el sistema de áreas silvestres protegidas del país se ha estado debilitando de forma sostenida durante los últimos años y de que es la biodiversidad y el ecoturismo, la principal fuente de ingresos que tiene el país, ¿cuáles serían las acciones específicas que se tomarían para cambiar el panorama de deterioro actual y revertirlo para que Costa Rica recupere el lugar privilegiado en el mundo, como el país más avanzado en la protección de la biodiversidad y del desarrollo sostenible?

Exploración petrolera:  Con el fin de la falsa moratoria petrolera decretada en esta administración, se abre la interrogante de qué hacer; ¿está de acuerdo en abrir la exploración petrolera para que empresas transnacionales busquen hidrocarburos en el país, o por el contrario favorece que sea una tarea realizada por las instituciones nacionales, liderada por un Servicio Geológico Nacional, cuya creación urge para resolver muchos de las grandes tareas que en materia de geología tiene nuestro país?

Monocultivos y transgénicos:  en momentos en que el mundo busca alternativas al uso intensivo e insostenible de los suelos, nos hemos convertido en el consumidor más alto de pesticidas y agroquímicos en el mundo por hectárea (varios de ellos incluso prohibidos como el Paraquat), con un sector piñero depredador que campea en zonas de alta vulnerabilidad desde el 2007, y que se expande año tras año  con la venia de la SETENA ¿estaría dispuesto un gobierno a prohibir la importación de sustancias altamente tóxicas prohibidas en muchos países, exigir a las piñeras una EIA como manda la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y decretar una moratoria a  la expansión piñera?

Agua y sociedad: La ley de aguas actual es del año 1942 y durante los últimos 10 años ha habido diversos intentos de modernizarla, pero sin que se concrete, aunado a esto, el tema de la Matriz de SENARA y la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo para el desarrollo del país; así mismo, el caótico desarrollo urbano nos lleva a perder cada vez más las fuentes de agua, que de por sí, están en peligro por la variabilidad climática y el cambio climático;  ¿cuáles entonces son las acciones concretas que deben emprenderse para resolver esta grave situación y que logre un verdadero equilibrio en el uso y la protección sostenible del agua?

Sostenibilidad del desarrollo: Los indicadores ambientales y de desarrollo dan resultados muy preocupantes, en la medida en que el desarrollo económico que no se traduce en disminución de la pobreza y del desempleo, y sí se transforma en una mayor huella ecológica negativa, con lo que llegamos a la conclusión de que urge hacer cambios sustanciales para revertir esa situación; ¿qué medidas se plantean para hacer ese cambio y que realmente signifiquen compromisos concretos de las autoridades y la sociedad, a fin de no dañar aún más el ambiente y los recursos naturales de las futuras generaciones?

No podemos decir que estas son todas las preguntas, es muy probable que falten más. No obstante, la respuesta que de ellas hagan los candidatos, y la forma en que especifiquen el CÓMO resolver dichas interrogantes, deberían llevarnos a meditar sobre su grado de seriedad, conocimiento y en particular, de compromiso para con la solución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad en el tiempo actual.

Respuestas genéricas y evasivas, al mejor estilo de  las últimas autoridades "ambientales" de nuestro país desde el año 2006, solo significarán que se conoce poco del asunto y que no se tiene disposición de asumir compromisos concretos que es lo que se hoy ocupamos para enrumbar a nuestro país en la dirección correcta en materia ambiental.

Megaproyecto de APM Terminals: Interrogantes ambientales y alternativas de solución

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. Por: Allan Astorga Gättgens.

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es un megaproyecto portuario de aproximadamente $1000 millones de inversión, dada en concesión (30 años) por el gobierno de Costa Rica a una empresa holandesa (licitación con un solo oferente, lo cual es un aspecto de cierto cuidado para el Estado Costarricense). Se pretende construir una isla artificial (como la Sabana), en el sector oeste de la Bahía de Moín. Pese a que hay un contrato firmado, el único compromiso pendiente por parte de la empresa concesionaria es demostrar que dicho megaproyecto es ambientalmente viable, algo que, desafortunadamente para muchos especialistas, tiene serios cuestionamientos.

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. En ese caso expliqué lo que significaba dicha viabilidad potencial al plan, y subrayé la relevancia de que eso no implicaba que el megaproyecto se pudiera construir, sino que su compromiso era realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que demostrara su viabilidad.

En otros artículos he insistido también en la necesidad de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de desarrollo portuario Limón – Moín, hasta el punto de que colaboré con el Estado (ad honoren y por responsabilidad profesional) en la preparación de los términos de referencia para su realización. Algo que, después de años, sigue sin realizarse, lo cual es sumamente frustrante: el país sigue creándose problemas teniendo herramientas técnicas para evitárselos.

Precisamente por esa responsabilidad profesional me di a la tarea de revisar con sumo cuidado y detalle el extenso EsIA presentado por la empresa y elaborado por el Centro Científico Tropical. Es un documento de 1200 páginas y una gran cantidad de anexos técnicos. Como producto de esa revisión llegué a la conclusión de que el EsIA no logra demostrar la viabilidad ambiental del megaproyecto. Por el contrario, a pesar de ciertas limitaciones que tiene el Estudio, deja en evidencia que su eventual aprobación, con el diseño que tiene, significaría grandes daños ambientales a la costa caribeña de gran parte de la provincia de Limón, haciendo que los beneficios del megaproyecto sean mucho menores que el costo ambiental de los daños que podría producir.

Los impactos ambientales negativos que se producirían son muchos, pero hay unos que son críticos y que hacen que el balance costo beneficio ambiental del megaproyecto tenga un cotejo claramente negativo. Algunos de esos grandes impactos incluyen: a) el dragado de más de 10 millones de m3 de lodos marinos que serían desechados en el mar, frente a Limón, y que provocarían una cadena de impactos ambientales negativos, como el arrastre del sedimento hacia la costa caribeña sur (Cahuita, Manzanillo y Gandoca, con posibilidad incluso de llegar hasta Bocas del Toro en Panamá, causando un daño transfronterizo); b) ese impacto tiene el agravante de que, solo para la primera etapa del megaproyecto, perduraría por 3 años, con lo cual se afectarían durante un largo tiempo los ya impactados arrecifes coralinos de la costa del Caribe al Sur de Limón, la pesca y también las actividades turísticas de la zona que dependen de la buena salud de estos arrecifes; c) desarrollo de 11 tajos submarinos para extraer más 5 millones de m3 de arena para rellenar la isla artificial, que además de los impactos en los ecosistemas marinos provocará: d) afectación del equilibrio ambiental de la costa Caribe Norte, particularmente de las áreas de Tortuguero y de los sitios de anidación de tortugas; e) afectación por procesos erosivos de varios kilómetros de la costa de Moín, con afectación de los ecosistemas marinos y f) afectación en el río Moín y los humedales que lo colindan, entre otros.

El mayor problema con estos impactos es que se darían durante mucho tiempo para cada una de las fases del proyecto, por lo que muchos de ellos, por su duración y magnitud, tendrían que ser calificados como daños ambientales irreversibles. Esta situación de deterioro ambiental que se daría en la costa Caribeña debe balancearse respecto a la apertura de menos de 500 plazas de trabajo que ofrece el megaproyecto.

Esta situación llevó al autor, junto con el abogado Alvaro Sagot y el geógrafo Mauricio Álvarez, a presentar ante la SETENA (el 03.09.2013), una Petitoria de No Otorgamiento de Viabilidad Ambiental. En ese documento aclaramos que no se trata de estar en contra del desarrollo socioeconómico de Limón y de la infraestructura portuaria del país. Todo lo contrario. Pero dicho desarrollo no debe significar un sacrificio ambiental tan grande para Limón y para el país, e incluso más allá de las fronteras, hacia Panamá.

Consecuencias: el asunto es sumamente delicado, pues mientras la viabilidad ambiental (VA) no se otorgue, nuestro país no tiene responsabilidad, no obstante, al momento en que dicha VA se apruebe, el contrato de concesión ya firmado se revierte, y hace que el país asuma casi toda la responsabilidad en el caso de que el megaproyecto no pudiera ejecutarse por alguna causa ambiental.

Así, nuevamente el país se expone a una demanda, como en el caso de Crucitas o de OAS (carretera a San Ramón), solo por mencionar las dos más recientes y llamativas. La conducta de nuestras autoridades en relación a la refinería china se puede añadir a esta larga lista de infortunios.

Ante esto, es claro que la decisión sobre la VA del megaproyecto, y los daños y sacrificios ambientales que significa, requiere ser revisada con sumo cuidado y de la manera más transparente y abierta, y no solo por un ente técnico de la SETENA o un grupo de entidades escogidas “a dedo” para que revisen el EsIA, algunas de las cuales con solo limitarse a señalar “que cumple con los términos de referencia de la SETENA”, como hizo la UNA, lo cual no es suficiente.

Alternativas de solución: al analizar con detalle el megaproyecto y sus consecuencias ambientales, es claro que el diseño original del mismo, respecto a su ubicación, contiene un grave error. No se contempló la imponderable de que el sitio seleccionado no parece ser apto para la ubicación de la megaestructura, lo cual hace que sus efectos ambientales adquieran grandes dimensiones. Si un fondo marino no es rocoso, sino lodoso, no hay estudio técnico que valga, y todo se resume a una cuestión de sentido común del que parecen adolecer nuestras autoridades ambientales desde hace ya varios años.

No obstante, hay vías de solución, que incluso pueden aprovechar gran parte de los estudios técnicos hechos hasta ahora para plantear un diseño diferente, que cambie de ubicación el muelle artificial y lo localice sobre un sustrato más duro. Es decir, como una prolongación de los muelles actuales. En este caso, se limitaría mucho el aporte de sedimento y el megaproyecto podría “sembrar” arrecifes como medida compensatoria. Inclusive, la alternativa debería llevar a que el megapuerto sea desarrollado de forma conjunta entre el Estado y la empresa, de manera que se eviten las confrontaciones que se han dado hasta ahora, que lejos de incluir, han sido excluyentes. La posibilidad de entrar a discutir el rediseño del megaproyecto debería emparejarse con la realización de la EAE del Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín, de manera que la sociedad debidamente representada sea protagonista de las decisiones estratégicas, incluyendo las ambientales. Solo así podremos hacer avanzar y progresar a Limón y al país.

Una y otra vez nuestras autoridades se están convirtiendo en hacedoras de problemas en vez de solucionarlos con las herramientas técnicas que tienen a su disposición. Tienen la palabra. *Geólogo, exsecretario general de la SETENA.

Competitividad mal entendida

Recientemente, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto No. 37803 para modificar el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Los cambios tienen como objetivo eliminar el trámite de EIA para una serie de proyectos. El fin, se supone, es que la Setena sea más eficiente y pueda atender los proyectos de mayor impacto, “mejorando” de la competitividad. El tema merece ser analizado con mayor profundidad. Débil criterio. Partir de la premisa de que la EIA puede ser más eficiente si se elimina el trámite para una serie de proyectos, sin contar con un verdadero sustento técnico, es erróneo y lleva a una especie de sacrificio ambiental que agrava los problemas a mediano y largo plazo. Esto sin mencionar que se irrespeta el principio de no regresión, que impide desmejorar las normas ambientales en detrimento de la protección del medio.

Resulta paradójico que el principal argumento del Poder Ejecutivo para eliminar la EIA en ciertos proyectos sea la carga de trabajo que representan para la Setena. Ese argumento en materia ambiental o de salud, entre otras, no tiene fundamento, en particular por el hecho, poco conocido, de que desde el 2008, el decreto 34536 permite a la Setena trasladar el costo del trámite de EIA al interesado.

Así, la solución a la capacidad de respuesta de la Setena no puede ser, bajo ninguna circunstancia, eliminar el requisito de la EIA a ciertos proyectos, sino aumentar su capacidad de respuesta, incluso, y en caso necesario, subiendo las tarifas de EIA.

Otras contradicciones. Pero hay más: en el caso de los proyectos que deben presentar el formulario D2, en vez de resolver los problemas de ese requisito, ya señalados por la Contraloría (Informe Nº DFOE-AE-IF-02-2010), se agravan, pues aumenta el número de proyectos que deben presentarlo en lugar del formulario D1.

El que se incluya la localización del proyecto en un sistema de información geográfica (SIG) no representa ninguna ventaja, pues no se cuenta todavía con la cartografía digital oficial de las zonas ambientalmente frágiles definidas desde el año 2004. En eso el Minae ha fallado como ente rector. Todo esto sin contar con la ya seria crisis en que se está convirtiendo la aplicación obligatoria de la Matriz del Senara, que el Minae parece ignorar con este decreto.

Otro grave aspecto del decreto es la definición de actividades de muy bajo impacto ambiental. En vez de presentar una lista, deja el asunto a la discrecionalidad, lo que abre las puertas para muchas arbitrariedades.

Pero lo más grave es que define dentro de esa categoría cualquier actividad que se encuentre en operación y con solo renovar sus permisos ante otras autoridades, quedan eximidas de presentar un requisito de evaluación que las sujete a control ambiental.

Así, de un plumazo, el Poder Ejecutivo le pasa por encima al Transitorio II y al artículo 59 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), abre un enorme agujero para que incluso actividades nuevas, que no hagan trámite de EIA, puedan, si logran permisos de otras autoridades como el Ministerio de Salud y las municipalidades, evitar cumplir con ese requisito que establece como obligatorio el artículo 17 de la LOA.

Efectiva competitividad. La solución a los problemas de la competitividad del país, no consiste en disminuir la eficiencia del sistema de EIA. El problema se resuelve aumentando la eficacia de la Setena y su capacidad de respuesta.

La Setena no puede seguir siendo una entidad que “castiga” a los proyectos de bajo y moderado impacto con trámites excesivos y largos plazos de respuesta, mientras tramita los de alto impacto con demasiada despreocupación. El caso de la nueva Refinería es un ejemplo.

Además, en el tema de los planes reguladores, la Setena y el Invu se han convertido en los mayores escollos para que el país cuente con un ordenamiento territorial. Eso es absolutamente contraproducente para la sociedad, pero beneficia a unos pocos que pueden seguir desarrollando proyectos prácticamente en cualquier lugar.

La mejora a la EIA debe surgir de una instancia de amplia participación, como la Comisión Mixta, y no de manera arbitraria mediante un decreto ejecutivo, que aunque se consultó, al final quedó muy similar a como fue originalmente planteado. Al final, solo se cumplió un requisito.

La mejora de la Setena, está claro, debe venir del Poder Legislativo y es urgente, en la medida que debe ser convertida en una entidad autónoma, con sus propios recursos, a fin de que cuente con total libertad técnica para actuar, sin intervención política. Solo así podrá ser objeto de una completa reorganización, para que cumpla el objetivo de tutelar al artículo 50 constitucional.

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.

Setena ¿evoluciona?

La primera prueba de que en la Setena las cosas no andan bien es que sea la viceministra del Minae, la Licda. María Guzmán, quien responda a mi artículo: “Setena requiere una transformación” (LN: 03.07.2013), firmando como coordinadora de la Comisión de Modernización de la Setena. Al ser un ente de desconcentración máxima, con “autonomía técnica” otorgada por la ley, debiera ser el secretario general, o su Comisión Plenaria, el que dé las aclaraciones sobre lo que está sucediendo y no quien, a nombre de René Castro, la está interviniendo. En segundo lugar, la nota de la viceministra Guzmán recuerda la situación que dice que, cuando no se tienen argumentos para debatir el mensaje, se ataca al mensajero. En su artículo, la Licda. Guzmán señala en un par de ocasiones que mi persona apoyó al Minae en el desarrollo de instrumentos y procedimientos técnicos de evaluación de impacto ambiental (EIA), que termina calificándolos como una “telara-ña”.De nuevo, nos parece que la señora viceministra no tiene mucha claridad conceptual sobre el papel de la Setena. La remito a la definición que da la LOA del daño ambiental, para que comprenda de lo que estamos hablando: un daño cuyas características ningún otro daño posee, al ser colectivo, cultural, económico y ético.

En mi artículo, en ningún momento critico los instrumentos y procedimientos de EIA, que, de paso, le aclaro que son una obligación legal, según norma la Ley 8220, siendo la Setena una de las pocas instituciones del Estado que dispone de un manual técnico que permite a cualquier ciudadano conocer y poder revisar si dichas normas y procedimientos se están aplicando con eficiencia y transparencia.

Forma de aplicación. En este caso, el “frío no está en la cobijas”. El problema de la Setena no está en los procedimientos e instrumentos de EIA, está en la forma en que se han aplicado. Precisamente, la revisión de la forma en que ejecutó la Setena el trámite de EIA de proyectos como el de Crucitas y la refinería, a la luz de dichos instrumentos, es lo que ha permitido identificar las irregularidades cometidas. De manera que es claro que el problema no está en la “caja de herramientas”, sino en el mecánico (la Setena), y lo que la dejan hacer, o no, las entidades que la intervienen.

La viceministra Guzmán señala: “El Estado, el Poder Legislativo y los ciudadanos deben decidir, de una vez por todas, cuáles actividades serán consideradas viables en el país, en todo sentido de la palabra, incluyendo aspectos sociales, ambientales y económicos”.

Y añade: “Lo que se requiere, no Setena, sino el país en general, es definir en qué actividades basará su futuro crecimiento económico y cuáles procedimientos utilizará para su autorización y fiscalización”.

Llama la atención que escriba eso, cuando sabe bien, como también René Castro, que desde el mes de junio del 2004, está reglamentada la Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas, Planes y Programas, instrumento que, después de casi diez años, el Poder Ejecutivo, pese a las múltiples solicitudes, no ha querido normar para que se aplique en las decisiones estratégicas del desarrollo de nuestro país, como, por ejemplo, la refinería y el Plan Nacional de Energía, y otra serie de temas claves ya señalados (LN: 20.05.2013). Lo que dice la viceministra es lo que fundamenta la EAE, y la remito a la lectura del Decreto Ejecutivo 31849, capítulo VII (Evaluación Ambiental Estratégica).

Decisiones inconsultas. Como podrá comprender el lector, el reclamo de la viceministra Guzmán no es de recibo, pues ha sido el Minae el que ha obstaculizado sistemáticamente la reglamentación de la EAE y, con ello, la apertura a discusión de los grandes temas claves para el desarrollo sostenible de nuestro país.

En su lugar, el Minae, con René Castro a la cabeza, y otras instancias del Poder Ejecutivo lo que han hecho es tratar de imponer decisiones inconsultas, y a “golpe de tambor” como Crucitas, la carretera a San Ramón, la refinería, la geotermia en Parques Nacionales y el Proyecto Diquís, sin que realmente se llevara a una discusión social y madura, dentro de una EAE.

Gracias a que esta sociedad está educada y es crítica de esas decisiones, se ha evitado, más bien, que los distintos políticos de turno lograran sus objetivos, los cuales nos habrían llevado desde hace tiempo a una debacle económica y social.

Visto así, debemos preguntarnos seriamente si la Setena está evolucionando o si, más bien, la institución está involucionando para que no cumpla su papel fundamental, que es garantizar la correcta y eficiente aplicación del instrumento de EIA como garante del artículo 50 constitucional. Agradecería a la señora Guzmán, al parecer designada para responderme, que nos iluminara al respecto, pero con argumentos de fondo, y no ad hóminem.