Setena requiere una transformación

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por la Ley del Ambiente en 1995, es la instancia técnica responsable de administrar la evaluación de impacto ambiental (EIA). Su función principal es la de “armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos”, en un marco de eficiencia, participación y rendición de cuentas. A pesar de eso, durante los últimos años se ha convertido en una fuente continua de quejas de todos los sectores, al punto que se hace necesario replantear íntegramente su función. El sonado caso de Crucitas tuvo su origen en una Setena “intervenida” por el Ministro de Competitividad de la Administración Arias. En un periodo de dos meses, en el 2008, se le dio viabilidad ambiental a la ampliación del proyecto, sin solicitar un nuevo y completo estudio de impacto ambiental (EIA).

Lo sucedido con Crucitas es conocido por todos, como también la lapidaria conclusión del Tribunal Contencioso Administrativo, que resumió lo sucedido como “una orquestación de voluntades” de la cual Setena formó parte. En consecuencia, varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría están siendo investigados por el Ministerio Público.

En el caso de la refinería china, después de revisado el EIA y el procedimiento seguido por la Setena, se detectó un fuerte paralelismo con el caso de Crucitas. En ese caso, la Setena, incumpliendo sus procedimientos legales, estableció términos de referencia particulares para la elaboración del estudio, omitiendo temas clave para la correcta evaluación ambiental. Con ese fundamento, el EIA de la refinería fue aprobado en un periodo de tiempo relativamente corto y con una larga lista de irregularidades e inconsistencias que nos llevaron a plantear una petitoria absoluta de nulidad de la viabilidad ambiental. El tema mantiene vigencia, porque subsiste la idea de una nueva refinería.

Pero el asunto no termina allí. La Setena fue intervenida desde el primero de marzo por el Minae. El ministro René Castro dijo ( La Nación 25-02-2013) que la razón era agilizar los trámites, que había 30 mil expedientes sin supervisar y algunos municipios tenían ocho años de esperar la viabilidad ambiental de su plan regulador.

Llama la atención el momento en que se hace la intervención, pues los problemas de Setena habían sido señalados desde el 2010. Prácticamente no se hizo nada hasta finales del año pasado, cuando se convocó nuevamente a una Comisión Mixta para trabajar en el asunto. No obstante, de forma sorpresiva, después de muchos retrasos en el inicio del trabajo, el ministro Castro lo suspendió y prefirió la intervención.

Ahora, después de varios meses, los resultados no se ven por ningún lado. Setena es más lenta que nunca y toma decisiones desconcertantes en cuanto a los planes reguladores, provocando un enorme atraso en el de por si debilitado ordenamiento territorial del país.

En medio de todo esto, con la Setena intervenida y con un rumbo confuso, la entidad recibe el EIA de otro megaproyecto, la terminal de contenedores de Moín. En medio de la revisión y sin que todavía se sepan sus resultados, los funcionarios de la empresa declaran que empezarán la construcción en setiembre, condicionado a que antes tendrán la viabilidad ambiental de una Setena intervenida.

Pero hay más, el ministro René Castro declaró que al final de esta administración se espera concluir la licencia ambiental y social del megaproyecto Diquís.

¿Qué grado de confianza nos dan las resoluciones de la Setena, en particular para los grandes proyectos estratégicos? ¿Tenemos garantía de que las decisiones están basadas únicamente en aspectos técnicos y científicos?

La situación está “tocando fondo” y la solución no saldrá de la misma Setena, ni tampoco del Minae. Urge aprobar el proyecto de ley para despolitizar la Setena, dándole autonomía técnica para la toma de decisiones. Solo así será posible plantear una renovación integral de la entidad y la restauración de la evaluación ambiental como instrumento clave para aplicar el artículo 50 de la Constitución. Retrasar esta solución solo servirá para judicializar los trámites de EIA, con el consecuente estancamiento del país.

Decisiones estratégicas y participación social

La decisión estratégica de escindir los parques nacionales para la producción de energía geotérmica, entre otras decisiones clave para nuestra sociedad como la reciente experiencia de la concesión de la vía a San Ramón, hace necesario recalcar la utilidad que tiene la realización de la denominada evaluación ambiental estratégica (EAE) como instrumento de participación social.

EAE: su objetivo es abrir el espacio para que la sociedad, debidamente representada, opine y participe, de forma previa, en la toma de la decisión. Algo que resulta fundamental para avanzar como país democrático.

Es una variante de la evaluación de impacto ambiental (EIA) que se aplica a decisiones estratégicas, particularmente a políticas, planes y programas. Fue establecida desde el año 2004 en el Reglamento General de Evaluación de impacto Ambiental. No obstante, el procedimiento específico para su aplicación está pendiente de ser reglamentado.

Bien aplicada, la EAE representa un mecanismo muy eficaz para agilizar y simplificar, con verdadero criterio técnico, los trámites de viabilidad ambiental de los proyectos específicos. Algo de gran utilidad cuando se desea incrementar la competitividad del país, agilizando trámites.

La diferencia sustancial entre la EAE y la EIA es que esta última es más detallada y se enfoca en particularidades específicas del proyecto, incluyendo e influyendo directamente en su diseño.

La EAE es de un ámbito más estratégico, vinculado a la decisión estratégica que se desea tomar sobre una política, un plan o un programa de desarrollo, discutiendo temas como: alternativas más viables, sus consecuencias ambientales (y sociales), la consistencia con otras acciones estratégicas similares y los condicionamientos y salvaguardas requeridos.

Utilidad: a través de la EAE, la sociedad deja de ser un ente pasivo y espectador de las decisiones que toman las autoridades políticas de turno.

La sociedad, representada por diferentes sectores, participa activamente, aportando criterio y enriqueciendo la toma de decisiones.

Costa Rica, como consecuencia de su inversión en educación y salud, está preparada desde hace tiempo para aplicar la EAE como un mecanismo de impulso a su desarrollo sostenible. Pese a esto, algunos políticos consideran que es un peligro abrir esos espacios de decisión a la participación organizada de la sociedad, cuando, en realidad, no visualizan que es la mejor alternativa para salir adelante del atascadero que ciertas decisiones arbitrarias han generado al país.

A diferencia de los referendos, donde al final hay un grupo perdedor y otro ganador, con lo cual se acrecienta la polarización, con la EAE se llega a soluciones más intermedias que, a la postre, permiten el destrabamiento y el desarrollo de la sociedad.

Las autoridades políticas deben entender que, en una gran medida, lo que ellos llaman ingobernabilidad surge, precisamente, por la manera arbitraria en que se toman las decisiones estratégicas, dirigidas, más bien, a cumplir objetivos sectoriales específicos, más que al beneficio de la colectividad, en razón de lo cual se genera desconfianza en esas decisiones y su judicialización, que, a la postre, es lo que entraba el desarrollo.

Agenda de EAE: hay una serie de decisiones estratégicas que deberían ser objeto de una EAE. La explotación geotérmica de los parques nacionales, englobada como parte del Plan Nacional de Energía, es un ejemplo evidente y concreto.

La decisión de abrir los parques nacionales, sustituyendo sus territorios, para la explotación de recursos naturales, no es un tema que debería ser decidido sin una amplia discusión socialmente abierta y ordenada por medio de una EAE.

Existen otros temas sujetos a una EAE, como, por ejemplo, el entrabado Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM. Además: el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, así como el modelo de desarrollo de la región sur del país, en la perspectiva del Megaproyecto Diquís y el aeropuerto internacional de Osa. El desarrollo portuario y la refinería en Limón, así como Plan Nacional de Infraestructura Vial, también debería ser objeto de una EAE.

Esos son algunos de los elementos que esperan que se tomen decisiones estratégicas, en aplicación de tres principios fundamentales de participación, información y transparencia.

Para aquellos que objeten que este proceso atrasa el desarrollo, los invito a observar la experiencia de países más avanzados y con experiencia en el tema, pues una vez tomada la decisión estratégica, la ejecutan y desarrollan dentro de un marco ordenado, menos cuestionado y entrabado técnica y jurídicamente.

En el marco de la apertura al diálogo señalado por la Presidencia de la República, representaría un importante avance normar la EAE e iniciar su aplicación en algunos temas clave.

Solo así podremos avanzar como país.

Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado

Como ya se ha mencionado previamente (vea www.allanastorga.com ), nuestro país es un territorio bendecido en materia de riqueza de recursos hídricos. En particular, es un territorio rico en aguas subterráneas. Hemos estimado que aproximadamente el 76 % del país presenta acuíferos subterráneos, lo que implica una reserva potencial de aproximadamente 20.000 metros cúbicos de agua subterránea por habitante. Empero, eso no significa que dicha riqueza se distribuya de forma similar en todo el país y que se vaya a mantener para siempre pues es claro que las reservas de agua subterránea también son vulnerables a la variabilidad climática y los impactos ambientales generados por una ineficiente planificación territorial.

Asimismo, se debe tener claro que una cosa es la disposición y otra es su administración, que precisamente es el tema en el que estamos fallando de forma impresionante. Para ser más exactos, incluso, una cosa es la bendición con la que la naturaleza nos ha deparado tanta agua, otra lo que pareciera ser la imprecación de tener decisores políticos con una visión tan limitada sobre este tema fundamental para el desarrollo de cualquier país.

Indicadores. El caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) es la mejor muestra de que la administración de los recursos hídricos están fallando. Veamos algunos elementos indicadores.

En primer lugar, a pesar de saberse desde hace mucho que las áreas de recarga de sus estratégicos acuíferos (Barva, Colima Inferior y Colima Superior) que suministran hasta el 70 % del agua de la GAM, se localizan en la cordillera Volcánica Central, en particular del volcán Barva, resulta que seguimos urbanizándolas, provocando con ello la pérdida de bosques y cobertura vegetal que favorecen la infiltración y la sustituimos con construcciones que impermeabilizan los terrenos, debilitando los acuíferos y secando, poco a poco, los manantiales y nacientes que fluyen de estos. Esto a pesar de que el Plan GAM de 1982, modificado en 1997, establece este territorio como una “Zona Especial de Protección”. Entonces, ¿por qué seguimos urbanizándola?

En segundo lugar, en el año 2006, el Senara detectó que en la GAM estábamos sobreexplotando los acuíferos, al extraer de estos más agua de la que naturalmente se infiltra en ellos, tornándose insostenible a mediano y largo plazo seguir perforando con nuevos pozos estos acuíferos. La pregunta entonces es esta: ¿Qué se ha hecho para establecer una solución integral a esta situación?

En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, se está dando una significativa sobrexplotación de los acuíferos estratégicos en la zona de la meseta del Valle Central. Solo en parte de la hoja cartográfica Abra, en un territorio de 400 km2, se registran oficialmente varios miles de pozos de extracción de aguas subterráneas. A esos pozos, sobre los cuales existe un exiguo control de la extracción de aguas y a los que se cobra un canon poco valorado, se suma una cantidad no definida (pero posiblemente similar a las de los pozos registrados) de pozos ilegales. De esta manera, la extracción de agua de los acuíferos presenta una debilitada administración debido al aprovechamiento ilegal, factor que altera por completo los balances hídricos que se puedan hacer y que son claves, para determinar el potencial disponible.

En cuarto lugar, disponemos de una bastante obsoleta y superada ley de aguas que data del año 1942. Esta antigua ley se ha visto actualizada con algunos artículos incorporados en otras leyes, y un sinnúmero de resoluciones y pronunciamientos de entes jurídicos y administrativos (Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Contraloría General, entre otras) que, en sumario, conforman un complejo y, en algunos casos, un contradictorio marco legal para los recursos hídricos.

Por eso, es necesario actualizar de manera integral el tema: a este respecto llevamos un largo periodo de espera de más de 12 años por una nueva ley de aguas y con la situación generada por la resolución 2012-08892 de la Sala Constitucional sobre la Matriz del Senara; la situación adquiere ya una condición de crisis en el sector de recursos hídricos.

Matriz del Senara. En este tema, la fuente del problema, no es que no se tome en cuenta la vulnerabilidad hidrogeológica de los terrenos, a fin de fijar condiciones técnicas a las actividades productivas que se van a instalar en dichos espacios geográficos, sino más bien que la misma contenga parámetros de desarrollo urbano (cobertura y densidad), sin considerar otros factores ambientales (pendiente, amenazas naturales, cobertura boscosa, etc.), como sí lo considera la zonificación de fragilidad ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 Minae.

La contradicción en este caso es que la Matriz del Senara, con los parámetros urbanos que dispone, hace que muchos terrenos aptos para desarrollo urbano según aspectos de fragilidad ambiental no lo sean según sus condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica.

Esto, pese a que el tema hidrogeológico ya se ha tomado en cuenta como parte del análisis de esa fragilidad ambiental. En este aspecto, definitivamente, hemos llegado a una condición extrema, con lo cual, paradójicamente, estamos atrasando el avance del ordenamiento y planificación territorial. Situación que no solo ocurre en la GAM, sino en todo el país.

Soluciones. Bajo el marco anterior es claro que urgen soluciones para esta crisis administrativa del manejo y protección de los recursos hídricos que, como hemos señalado desde hace tiempo, se están convirtiendo en una verdadera “bomba de tiempo”.

En primer lugar, el camino que se ha tomado no parece ser el correcto, pues los últimos meses se han invertido en preparar un decreto ejecutivo para establecer un nuevo requisito ambiental, como lo es que una serie de proyectos, de previo a realizar la evaluación ambiental ante la Setena, primero realicen un trámite hidrogeológico ante el Senara, como si la Setena no tuviera la potestad legal para solicitar al Senara que la apoye con recursos humanos en el proceso de análisis de la evaluación ambiental que realiza.

Por otro lado, se está trabajando con una nueva versión de la Matriz por parte del Senara, la cual no necesariamente tiene garantía de resolver la situación, cuando la verdadera solución es sustituir los parámetros urbanos que tiene la actual matriz, por limitantes y condicionantes técnicas a las actividades humanas que se pretendan desarrollar en las diferentes zonas de vulnerabilidad hidrogeológica.

La solución integral a este problema, que lejos de disminuirse con el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, a pesar de la reciente creación del Viceministerio de Aguas y Mares, es la actualización, discusión pública y publicación, en el menor plazo posible, del Reglamento para el “Manejo, uso y protección de recursos hídricos subterráneos” entregado al despacho del ministro de Ambiente desde el año 2007 y que desde hace ya 6 años sigue metido en una gaveta del Minae. Una nueva muestra de que las soluciones técnicas a los problemas existen, pero que a los políticos no les interesa mayormente resolverlos. Al respecto, es necesario que el Poder Ejecutivo se haga cargo de esta situación en serio y en el menor plazo posible.

Finalmente, las comunidades y los ciudadanos en general tenemos que asumir aún más nuestro papel vigilante, dada la irresponsabilidad manifiesta de algunas de nuestras autoridades y su total ineficiencia para preservar algo tan preciado como el agua: las comunidades organizadas en el norte de Heredia o en Sardinal, en este sentido constituyen una valiosa muestra de lo que se puede hacer desde el plano local.

Y ya no solamente como usuarios del recurso, sino también, como ciudadanos que escogemos a las autoridades, hay que buscar la forma de llamarles la atención a los que han incumplido con su responsabilidad de dar una eficiente y efectiva administración de los recursos hídricos, que es un bien colectivo, tanto de las generaciones actuales como de las futuras.

Evaluación ambiental y competitividad

De acuerdo con la Sala Constitucional, y también con la Procuraduría General de la República, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el principal instrumento que tienen el Estado y la sociedad para tutelar el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50). Pese a ello, para algunos, ambiente y desarrollo no riman y malinterpretan el concepto competitividad, considerando que el tema ambiental representa un obstáculo al desarrollo económico, por lo que, según ellos, debería eliminarse como parte de los trámites a cumplir. En razón de esto, se requiere hacer algunas aclaraciones importantes para que el país no siga por este camino que tanto daño nos ha hecho en los últimos años.

Doble función. A diferencia de los países desarrollados, en nuestro país y otros muchos países en vías de desarrollo, la EIA cumple una doble función. Por un lado, analiza las condiciones técnicas y ambientales de un proyecto, para determinar bajo qué condiciones es viable ambientalmente. Por otro, debe suplir, al menos puntualmente, la ausencia de ordenamiento territorial, para valorar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y determinar, si el mismo es apto o no para la ejecución del mismo. No es igual una planta asfáltica en Santo Domingo de Heredia que la misma ubicada en una zona industrial alejada de urbanizaciones.

Esta situación explica el hecho de que se presenten diferencias tan notables entre ambos grupos de países. Así, como ejemplo, mientras en Holanda se realizan varios cientos de EIA por año, en Costa Rica se hacen varios miles de EIA, muchos de ellos tramitados “a la carrera”, sin una detallada evaluación técnica por parte de la Setena.

Desafortunadamente, esta situación no podrá cambiarse de forma eficiente hasta que nuestro país disponga de entidades técnicas independientes de la órbita política y hasta que contemos con un efectivo ordenamiento territorial y una mejor normativa técnica ambiental que regule el desarrollo de las actividades humanas.

Objetivo. El objetivo fundamental de la EIA es considerar el medio ambiente en la planificación, diseño y ejecución de las actividades humanas, de forma tal que los proyectos que se ejecuten se realicen de la forma ambientalmente más equilibrada.

Para algunos, que ignoran este objetivo, la EIA se considera simplemente como un trámite, un requisito más que implica un papeleo y una “pérdida de tiempo” para desarrollar el proyecto. A estos señores les recomendamos ir a Sardinal a ver qué pasaría si se aprueban (como se han ido aprobando) una gran cantidad de proyectos que necesitan grandes volúmenes de agua en una región que tiene limitaciones de fuentes de agua. O que nos digan quiénes van a compensar el costo de cada camión cisterna que abastece diariamente a más de 6.000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007, cuando la contaminación de sus acuíferos por parte de empresas piñeras se evidenció.

Setena. La mayoría conoce que en nuestro país la entidad que administra la EIA es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por el Ley Orgánica del Ambiente en el 1995. En razón de ello, también para muchos la EIA y la Setena son prácticamente lo mismo, con lo cual los defectos y virtudes de uno se atribuyen al otro, algo que a todas luces es un grave error de apreciación, pero que para algunos es común.

La Setena, como otras oficinas gubernamentales, ha enfrentado una evolución y crecimiento; no obstante, enfrenta limitaciones que le generan significativos problemas de gestión. El principal de estos problemas, que no es nuevo y que existe desde antes de su creación, es la sobrecarga de trabajo.

Un reciente análisis hecho por el autor muestra que el personal técnico de que dispone la Setena apenas alcanza para responder la mitad de la carga de trabajo que tiene. Esta brecha de carga es la causante de una gran cantidad de defectos señalados, como los tiempos de respuesta, los errores que se cometen por el intento de realizar trámites rápidos y, en particular, por su mayor problema, la imposibilidad de realizar un proceso de control y seguimiento ambiental a los varios miles de proyectos aprobados durante las últimas dos décadas.

Ante esta situación, no es extraño que en el año 2010 la Contraloría General de la República “regañara” a la Setena, exigiéndole realizar mejoras sustanciales en los instrumentos y procedimientos de EIA, a fin de que ésta sea más rigurosa y detallada. Algo que parece todo un reto, si no se mejora la capacidad real de respuesta que tiene esta institución.

Competitividad. En medio de este panorama surge el tema de “competitividad” y la necesidad de mejorar los plazos de trámite de EIA, a fin de acortar el tiempo acumulativo total que requiere una actividad productiva para poder concretarse. Y, aunque el objetivo que se pretende podría calificarse como positivo, la forma en que se quiere concretar debe ser analizada con sumo cuidado.

La solución para el problema de gestión en EIA no puede partir de la base de eximir a una serie de actividades de realizar el trámite, a fin de disminuir la carga de trabajo de la Setena, y darle más capacidad de respuesta. Hacer esto, sin mayor criterio técnico, lejos de resolver los problemas, los agravaría de forma muy seria.

La solución real para el tema de EIA es aumentar la eficiencia de la Setena y no debilitarla. Para ello, es muy importante que los instrumentos y procedimientos de EIA se modernicen sobre la base de la realidad del país, de la ausencia o limitada planificación y ordenamiento territorial y de las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas naturales que tiene nuestro territorio.

En este ámbito, es clave fortalecer la Setena con más recursos, dándole mayor autonomía técnica, para que sus decisiones se basen en criterios técnicos, con la menor interferencia política.

Finalmente, es clave que las mejoras en los instrumentos y procedimientos de EIA y de la misma Setena surjan como producto de una discusión y análisis técnico y social amplio, informado y transparente, y no necesariamente de una visión política y económica unilateral que ha demostrado en los últimos años ser un camino incorrecto.

El capítulo ambiental del Estado de la Nación lo evidencia año tras año, en particular el último, cuya lectura se recomienda a todos los que siguen creyendo que hacer el país competitivo es eliminar trámites claves que garantizan la sostenibilidad del país a mediano y largo plazo.

¿Cuál es nuestro plan energético?

En días pasados, nuestro país rompió el récord de producción de energía térmica a partir de hidrocarburos. Es un negativo antecedente que nos da indicio de una grave tendencia: el país se hace cada vez más dependiente de los hidrocarburos para la producción de energía. Es algo que nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Ante todo, debe llevarnos a plantear la pregunta de si realmente tenemos un plan energético a largo plazo, debidamente consensuado.

Viendo la forma en que surgen ciertos planteamientos, la respuesta parece ser negativa. Mientras el ICE “pone todos los huevos en el mismo canasto” de la generación de energía hidroeléctrica, con proyectos como el Reventazón y el Diquís, el ministro del Ambiente, don René Castro, nos habla de desarrollar un plan basado en utilizar el gas natural y también de extraer energía geotérmica de los parques nacionales.

También se nos habla de un “plan de contingencia eléctrica”, que tiene como finalidad abrir aún más el mercado eléctrico a las empresas privadas y que, soslayadamente, incluye un mecanismo de debilitamiento del mismo ICE, como proveedor de energía.

El ministro René Castro nos habla de un viaje reciente para negociar con Catar volúmenes de gas, pero omite decirnos qué se ha hecho con Trinidad y Tobago, primer exportador de gas natural en la región.

Preguntas importantes. Ante este panorama, y esta sensación de improvisación, y dado que, por lo visto, no se tiene pensado realizar una proceso de discusión social abierto y participativo, por medio de una evaluación ambiental estratégica del plan energético nacional, no queda otra que plantear una serie de preguntas a las autoridades, a fin de saber cuál es el verdadero derrotero que orienta nuestro futuro energético.

La primera y obligada pregunta es el papel que juega el Sistema de Interconexión Eléctrica centroamericano (SIEPAC) en el diseño e implementación del “plan de energía”. ¿Se está pensando en generar energía solo para el consumo nacional o para hacer negocio y exportarlo al norte de Centroamérica? ¿Qué tanto influye esta posibilidad en la urgencia de construir y que entren operación ciertos megaproyectos hidroeléctricos, como el Reventazón y en particular el Diquís?

La segunda pregunta importante, una vez que se haya contestado la primera, a fin de contextualizar la urgencia de nuestro plan de energía, es esta: ¿Bajo qué condiciones se estaría abriendo la discusión de la generación geotérmica en los Parques Nacionales?

No se trata solo de que se cercene un territorio del parque y se sustituya por otro, o en su defecto, que se cambie y amplíen las funciones legales de los parques nacionales. Este asunto debe llevar a una discusión más amplia, como quién deberá hacer la extracción de energía (¿solo el ICE, o abrimos el portillo para las empresas privadas?), cuáles serían las condiciones ambientales de dicha eventual extracción y qué beneficios directos les produciría a nuestros debilitados parques nacionales. ¿Se ha evaluado seriamente lo que significaría abrir nuestros golpeados Parques Nacionales a la extracción geotérmica por parte de empresas privadas? Sin las respuestas a estas simples preguntas, es difícil ponerse a hablar en serio sobre esta delicada apertura.

La tercera pregunta tiene que ver con la apertura del mercado eléctrico a la generación privada. ¿Se cuenta con un adecuado, ordenado y bien planificado sistema para la definición de subcuencas y microcuencas para la producción hidroeléctrica privada, así como para el desarrollo de otras fuentes alternativas de energía como la eólica y la solar, o, en su defecto, se va a dejar que sea el “mercado” el que defina las condiciones?

Un ejemplo que tiene a los sancarleños muy preocupados: existen 43 proyectos de hidroeléctricas en la cuenca del río San Carlos en trámites de aprobación. ¿Es semejante disparate lo que quiere el Gobierno extender a todos los ríos con potencial hidroeléctrico del país? ¿Dónde están las reglas del juego para definir cuántas hidroeléctricas se pueden aprobar por cuenca? Si no existen estas reglas, estamos peligrosamente exponiendo nuestras cuencas y la sostenibilidad hídrica y ambiental del país.

¿Se está completamente seguro de que apostar por la generación hidroeléctrica “a filo de agua” ante los embates del cambio climático, es una alternativa viable? ¿O es solo una forma de que algunos hagan negocio para que luego el Estado deba compensarles (ambientalmente) su inversión como medida contingente?

La experiencia, en ese sentido, de la anterior apertura del mercado eléctrico en la década de los años noventa del siglo pasado, no fue positiva. Se convirtió en el negocio para unos pocos y, ambientalmente, fue bastante negativa, dado que sin contar con un efectivo ordenamiento del territorio, los proyectos sobrecargaron ciertas cuencas y las desequilibraron sin pagar correctamente ese costo ambiental.

La pregunta es si vamos a repetir la historia sin haber aprendido nada de lo sucedido, con el agravante de que en este caso, los proyectos serían más y con la negativa perspectiva de que se quiere que estos generadores vendan directamente la energía a los grandes consumidores, dejando al ICE de lado. Es claro que, ante esto, requerimos discutir el asunto dentro de su correcta dimensión de previo a que se tomen decisiones estratégicas.

Y, finalmente, ¿cuál es nuestro plan en materia de biocombustibles? Es claro que un país como el nuestro, que consume un porcentaje muy alto de los combustibles que importa en el quemado del diésel, debería tener un plan para la producción de biodiésel que no compita con su producción agroalimentaria, pero que represente una verdadera y efectiva alternativa a los agricultores y que, de paso, permita rehabilitar y mejorar zonas de aptitud forestal alteradas por la ganadería de los años setentas del siglo pasado, o en su defecto, terrenos con suelos degradados. Este plan debe estar perfectamente ajustado a los otros componentes, a fin de que el desarrollo de una no debilite la ejecución de otras.

Buscando soluciones. A pesar de que todavía se pueden hacer más preguntas, la respuesta a las que aquí se plantean sería un principio para poder empezar en serio a trabajar en un plan de energía a mediano y largo plazo.

Es claro que estamos urgidos de un plan transparente y bien elaborado, en el que la sociedad costarricense, representada por los diferentes sectores, analice la situación actual, las alternativas, y sus alcances ambientales y sociales, y ordene un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que realmente sirva de norte para nuestro desarrollo energético.

Alejarse de este rumbo, y seguir por el camino de “encender las luces de emergencia” para tramitar ocurrencias de último momento que satisfagan el mercado pero que no se concatenen a un plan bien elaborado podría, a la larga, ser altamente contraproducente para el país, en particular porque el “tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”.

¡Es necesario poner un freno a tanta improvisación y a tantas ocurrencias! Es hora de asumir, como sociedad, un papel más activo en este importante tema para el futuro de nuestro país.