Afectación ambiental de los cantones por el POTGAM (II)

Continuando con el artículo de la semana pasada, en que se detalló la afectación ambiental que tendrían los cantones del sur y este de la Gran Area Metropolitana, en caso de que se aprobara la propuesta del INVU sobre el POTGAM, corresponde ahora analizar la situación en los cantones del sector norte y este de la GAM. Santo Domingo: el cambio del anillo de contención en este cantón abre  a la intensa urbanización amplias zonas incluidas hoy como áreas de protección, exceptuando el sector de San Luis. En total, las nuevas áreas a urbanizar según el POTGAM corresponden con 1.203 hectáreas (ha) (12,03 Km2), de las cuales el 43,6% son zonas de Alta y Muy Alta Fragilidad. Se trata de áreas de recarga acuífera y de zonas de pendiente vulnerables a fenómenos de deslizamientos, principalmente. En este caso, el área urbana de este cantón se estaría ampliando en 121.8%, o sea, que Santo Domingo superaría la duplicación de su área urbana con el POTGAM, algo que obviamente haría que el trabajo realizado hasta ahora con el plan regulador por la Municipalidad debería replantearse nuevamente desde el principio. Tratándose además de una Municipalidad ubicada en el puesto 74 de las 81 según el ranking de la CGR, queda claro que el desafío sería enorme.

San Isidro: este cantón incrementaría su área urbana en 206 ha, de las cuales 129, es decir el 62%, corresponden con zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata también de terrenos vulnerables a deslizamientos, erosión y el paso de avalanchas.

Es importante destacar que la ciudad de San Isidro se localiza fuera del anillo de contención del Plan GAM de 1982, y que corresponde a las cabeceras de cantón a las cuales se les definió un cuadrante urbano fuera del anillo. Dicho cuadrante ha sido ampliamente irrespetado y ha crecido desordenadamente sobre áreas ambientalmente frágiles, muchas de ellas zonas de recarga acuífera de vital importancia para los acuíferos subyacentes. El POTGAM, lejos de corregir esta situación, no solo la formaliza, sino que la incrementa.

San Pablo: la totalidad de este pequeño cantón herediano quedaría dentro del anillo de contención que propone el POTGAM, de manera que el 100% de su territorio pasaría a zona urbana de alta densidad. En la actualidad San Pablo tiene un área urbana de 5.53 Km2 (553 ha) y con el POTGAM se estarían incrementando en 2.79 km2 (279 ha); es decir, el 50 %, con el agravante de que 139 ha, es decir, el 49,8% corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad. Son zonas de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos, no aptas para la intensa urbanización.

San Rafael: incrementaría su área urbana en un 52,5%, lo que representa un total de 228 ha de nuevas áreas urbanas, de las cuales el 100% corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental, no aptas para la intensa urbanización, debido a que se trata de áreas de recarga acuífera, vulnerables a deslizamientos, inundación y paso de avalanchas.

Este cantón es un buen ejemplo de la importancia que tiene un buen Plan Regional para la GAM, en razón de que las zonas urbanas de alta densidad deben ser planteadas hacia cantones más aptos para ello, mientras que cantones como San Rafael deberían ser orientados hacia la protección de las áreas de recarga y las zonas de bosques o de cultivos ecológicos. Establecer zonas urbanas donde no hay aptitud para ello lo único que provoca es aumentar la población que ya vive en condiciones de alto y muy alto riesgo.

Barva: este cantón incrementa su área urbana en 161 ha, de las cuales 105 ha, es decir, el 65% corresponden a áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas importantes de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos que no deberían ser objeto de intensa urbanización como lo propone el POTGAM.

Santa Bárbara: el área de intensa urbanización en este cantón aumentaría en 5.42 km2, es decir, 542 ha, de las cuales 224, el 41.3%, corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad, por tratarse también de zonas de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos.

Es un caso similar al de San Isidro, donde la ampliación del anillo de contención propuesto por el POTGAM asimila la ciudad de Santa Bárbara como parte de la urbe de la GAM, al dejarla dentro del nuevo anillo de contención propuesto. Situación que no remedia los problemas ambientales planteados, sino que más bien los agudiza de manera alarmante.

Alajuela: es el cantón con mayor incremento del área de intensa urbanización. De acuerdo con el POTGAM incrementaría su área urbana en 59.78 km2, es decir, 5,978 ha, de las cuales 3.106, es decir, el 51.9%, corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad, no aptas para el desarrollo urbano. Se trata de zonas vulnerables a deslizamientos y procesos erosivos que se localizan en el área de relieve al suroeste de Turrúcares y que se están planteando para urbanización intensa como parte del POTGAM.

Al igual que para los cantones del sur y este de la GAM, para los cantones del norte y oeste, el POTGAM mantiene la misma línea de ensanchar el anillo de contención, para absorber las áreas urbanas desarrolladas fuera del anillo de contención del Plan GAM de 1982 y uniformizar así las áreas urbanas de la GAM. No obstante, como hemos visto, hacer esto constituye un severo error, pues lejos de resolver los serios problemas ambientales que significa y ha significado ese desarrollo urbano desordenado fuera el anillo de contención, lo que se estaría haciendo es aumentando su condición ambiental crítica.

Con lo propuesto por el POTGAM se estaría de alguna manera "tapando un error con un nuevo error", cuyo resultado desde el punto de vista ambiental es fácilmente predecible, en la medida de que se agudizarían los serios problemas ambientales ya existentes.

Aparte de esto, no debemos olvidar que el POTGAM lleva consigo la propuesta de construir una carretera nacional de 6 carriles, tanto en el borde norte como sur del nuevo anillo de contención ampliado. Como se ha dicho, el solo hecho de que ese planteamiento quede plasmado en un decreto del Poder Ejecutivo, a pesar de contravenir la misma planificación vial del MOPT, produciría una fuerte especulación inmobiliaria que llevaría a que (al igual que sucedió con el Plan GAM de 1982) se de una fuerte presión por urbanizar las áreas aledañas al nuevo anillo de contención del POTGAM, o sea, que se sigan urbanizando las zonas de montaña.

Con el POTGAM las montañas de Heredia corren un grave peligro de ser severamente impactadas, incluyendo sus bosques, sus nacientes y sus áreas de recarga acuífera, que son de un enorme valor estratégico para la GAM. Esto debido a que de allí proviene la gran mayoría del agua subterránea de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, con los cuales se abastece el 80% del agua que se usa en la GAM.

Nuestras autoridades aun no cumplen con un fallo de la Sala IV de agosto del 2008, tendiente a amojonar la Zona Inalienable decretada visionariamente por nuestros antepasados en 1888 (Decreto Ley 65), y que obliga además a 8 cantones a contar con un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica previo al ordenamiento de su crecimiento urbano.

Verdadera amenaza. Como se puede ver, el planteamiento esencial del POTGAM de promover la expansión urbana de la GAM hacia las montañas, hacia el norte y hacia el sur, constituye una verdadera amenaza a la sostenibilidad ambiental e hídrica de la GAM. Máxime cuando la GAM, en las zonas de meseta todavía tiene muchas áreas susceptibles a ser urbanizadas, sin necesidad de poner en peligro a un gran porcentaje de su población, ni el ambiente y los recursos naturales de la GAM.

Ante todo esto, no queda más que reafirmar lo ya señalado, de que los ciudadanos de los diferentes cantones afectados deben organizarse y llamar a cuentas a sus autoridades locales para que estas a su vez rechacen de plano la eventual aprobación del POTGAM, y eviten que se cierna un desastre ambiental para sus territorios y pobladores.

El país no puede darse el lujo de desechar 10 años de estudios técnicos en la GAM y más de $25 millones de la cooperación europea y nacional invertidos en el PRUGAM, para dar paso al POTGAM, que sería a todas luces una decisión política antojadiza carente de criterios técnicos.

Afectación ambiental de los cantones con el POTGAM

Como producto de los artículos previos elaborados por el autor, relacionados a los alcances ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (POTGAM), elaborado por el INVU en el 2011 y presentado al Poder Ejecutivo el pasado mes de enero, se plantearon importantes dudas de parte de habitantes de diversos cantones de la GAM sobre el futuro de sus respectivos cantones. En respuesta a estas legítimas preocupaciones hemos intentado analizar las consecuencias del POTGAM a nivel cantonal, en particular en lo relacionado a la gestión ambiental y de riesgos. Debido a que se trata de un número importante de cantones, y a fin de dedicar al menos un pequeño párrafo para cada uno, hemos separado el artículo en dos partes. El presente artículo analiza los cantones del sur y el este de la GAM.

Escazú: el anillo de expansión urbana se amplía en el sector de Torrotillo, al sureste de San Antonio, en aproximadamente 139 hectáreas (ha), donde el 96% corresponden  a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas de relieve, vulnerables a deslizamientos, inundaciones, paso de avalanchas y fallamiento geológico activo.

Alajuelita: el área urbana se expande hacia la montaña, con una extensión de 435 ha, donde el 99.5% corresponde con zonas de muy alta y alta fragilidad ambiental, y solamente 0.5% son aptas para el desarrollo urbano. Dado el calificativo de “cantón solidario”, existe una alta probabilidad de que estas nuevas zonas urbanas sean para desarrollo de urbanizaciones de interés social. Podría significar hasta 150.000 nuevos habitantes viviendo, casi todos, en condiciones de alto y muy alto riesgo.

Desamparados: el anillo urbano se amplia para cubrir la zona de relieve de San Juan de Dios, Higuito y la totalidad de la Loma Salitral, para un total de 400 ha de las cuales solamente el 0.25% son aptas para desarrollo urbano y el resto (99.75%) corresponde a áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas boscosas, de relieve y vulnerables a deslizamientos y fallamiento geológico.

La Unión: este cantón es uno de los que mayor expansión urbana sufriría, con un total de 1,528 ha, de las cuales el 65% (999 ha) corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad no aptas para ese fin.  Las nuevas áreas urbanas en este cantón cubrirían algunos sectores de La Carpintera, así como las zonas de relieve de Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Alto Carmen, incluyendo las nacientes del Río María Aguilar.

El Guarco: con la ampliación del anillo de contención urbana propuesto por el POTGAM, las áreas urbanas se extenderían en 179 ha, de las cuales 125 (casi el 70%) corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se incluyen las áreas de relieve de Quebradilla y Finca Monte León.

Cartago: el anillo se expande en el sector de Turbina al norte de la Ciudad de Cartago, así como una importante área al sur, en la zona de relieve al sur y suroeste de Lourdes, para un total de 931 nuevas ha de desarrollo urbano, de las cuales 671 (el 72%) son zonas de muy alta y alta fragilidad ambiental.

Paraíso: se propone una fuerte expansión urbana al norte, sur y este de la ciudad, para un total de 871 ha, de las cuales 573 (65.7%) son de alta y muy alta fragilidad, y solamente 298 ha son aptas para desarrollo urbano.

Oreamuno: la expansión urbana en este cantón propone 183 nuevas ha, de las cuales 77 (42%) son de alta y muy alta fragilidad ambiental.

Montes de Oca: la expansión urbana en este cantón abarca un total de 485 nuevas ha, casi todas en el Distrito de San Rafael, hasta una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar, incluyendo la parte alta del Río Torres. En este caso el 469 ha (96.7% son de alta y muy alta fragilidad, vulnerables a deslizamientos, avalanchas, inundaciones y también áreas de recarga acuífera y de aptitud forestal.

Goicoechea: la expansión urbana propuesta cubriría los sectores de Jaboncillo y Vista de Mar, con 353 nuevas ha de urbanizaciones, de las cuales la totalidad corresponde a zonas de alta fragilidad ambiental, particularmente por ser áreas de recarga acuífera y vulnerables a procesos de erosión y deslizamientos.

Vázquez de Coronado: aquí se propone una fuerte expansión urbana, que abarca un total de 634 ha, cubriendo los sectores de Alpes, San Rafael, San Pedro y el norte de San Isidro. De ese total, solamente 9 ha son aptas para desarrollo urbano, el resto, es decir, 625 ha, el 98.5%, no son aptas para urbanización debido a su fragilidad ambiental. Son áreas vulnerables a deslizamientos y donde se presentan nacientes de agua, así como zonas boscosas.

Moravia: se propone una expansión urbana de 400 ha, cubriendo hasta la parte norte de Paracito. Solamente 21 ha de ese total son aptas para urbanizaciones, el resto, 379 ha (94.7%), no son aptas, dada su alta a muy alta fragilidad ambiental.

Como se ha indicado, la urbanización de todas esas zonas no ocurrirá de inmediato. Se irá notando poco a poco con el paso de los años. Las áreas que hoy están cubiertas de potreros arbolados y bosques irán siendo sustituidas por urbanizaciones. Las nacientes de agua se irán secando.

Las tomas de aguas superficiales que abastecen en agua potable cantones abajo sufrirían el impacto de la contaminación, como ya ocurre con Santo Domingo en relación con el Río Agra (entre Coronado y Moravia). El paisaje cambiará de una vista verde de vegetación a un paisaje urbano de construcciones y más construcciones.

Lo más grave de todo es que, conforme se urbanicen las áreas vulnerables y de recarga acuífera, aumentarán los desastres por deslizamientos, inundaciones, avalanchas y afectación por sismicidad. Cada vez serán más comunes las noticias de casas dañadas y declaradas inhabitables, con sus propietarios reclamando a los bancos, como ya sucede en Moravia, que no les cobren por casas en las que no pueden vivir.

Como se ve, la urbanización de las zonas de montaña de GAM, de alta y muy alta fragilidad ambiental, no es una solución sostenible. Todo lo contrario, vendría a incrementar los ya serios problemas que se han venido acumulando durante las últimas décadas.

Por todo esto, es de imperiosa necesidad que los ciudadanos de todos estos cantones y otros que se detallarán la semana que viene, se organicen y soliciten a sus municipalidades rechazar el POTGAM. De igual manera, pueden exigir explicaciones precisas sobre lo que se pretende hacer. El futuro de sus hijos y de los nuestros, como futuros habitantes de la GAM, está en juego.

A las puertas de un grave error histórico

Al igual que en el libro de García Marquez “Crónica del una muerte anunciada”, el INVU y algunas autoridades de gobierno, a pesar de las advertencias realizadas en diversos medios, han seguido adelante con la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (Potgam) elaborado por el INVU, para sustituir el Plan GAM que data del año 1982. Su presidenta ejecutiva anunció en una reciente entrevista alSemanario Universidad su aprobación para antes de mayo próximo. Con mapas sin coordenadas y sin sobreponerlos a la zonificación ambiental ya aprobada para la GAM, desde el año 2009, estas autoridades arrastran consigo a algunas municipalidades, convenciéndolas de que la propuesta es “beneficiosa” y que representa el “rescate” del apoyo que dio la Unión Europea para el Plan Regional de la GAM. Algo que está completamente alejado de la verdad y la realidad.

Alcance ciudadano. Para los ciudadanos de la GAM, que representamos cerca del 60% de la población del país, la discusión referente al futuro del desarrollo urbano de la GAM, y su sostenibilidad ambiental, resulta algo muy técnico y hasta confuso, de manera que no han tenido posibilidad de ver el negativo alcance social y ambiental que tiene la propuesta que hace el INVU con el Potgam. De allí la importancia de ilustrar algunos de esos alcances de una manera más práctica.

En el caso del cantón de Alajuela, la expansión del anillo de contención propuesta por el Potgam que defiende el INVU cubriría todo el sector de relieve al sur de Turrúcares. Esto quiere decir que todas esas zonas quedarían sujetas a desarrollo urbano. Áreas vulnerables a fenómenos de deslizamiento estarían siendo objeto de construcciones durante los próximos años.

Los cantones de Escazú y Alajuelita, también serían afectados por una expansión urbana, hacia las zonas de montaña de la Precordillera. Aparte de que se dejan de lado los serios problemas sociales y ambientales que ya tiene Alajuelita (debido en parte, a la irresponsabilidad del INVU en no planificar adecuadamente su crecimiento), así como el hecho que estas zonas son de alta fragilidad ambiental y muy vulnerables a los desastres como el que ocurrió en Quebrada Lajas de Escazú, en noviembre del 2010.

La Loma Salitral y otras áreas de protección de Desamparados se incluyen como parte de la expansión urbana de la GAM. Con lo cual la legítima lucha para preservar la Loma Salitral de estos años, único pulmón de verdor en esta zona de la GAM, dejaría de tener razón de ser: ¡a urbanizarlo todo, gracias a los señores del INVU!

La Unión (Dulce Nombre y San Ramón), Montes de Oca (San Rafael), Goicoechea (Jaboncillo y Vista de Mar) y Moravia (Paracito), sufrirán una significativa expansión de su área de urbanización hacia sus zonas de montaña. En el caso de Montes de Oca, la casi totalidad del distrito de San Rafael, donde se presentan muchos manantiales, así como áreas de alta vulnerabilidad a deslizamientos, quedarían sujetos al desarrollo urbano. Esto sin contar que en el borde del nuevo anillo de contención, se planea construir una carretera nacional de 6 carriles que comunique a Paraíso con Turrúcares, atravesando las zonas de montaña del norte y el sur del Valle Central.

Siguiendo esta misma tendencia, el Potgam propone que el desarrollo urbano en el cantón de Coronado se extienda hasta San Pedro y San Rafael, haciendo que todas las áreas verdes que se presentan entre el actual límite de la mancha urbana y el nuevo anillo de contención, sean objeto de desarrollo urbano. Se ignora así que se trata de áreas ricas en manantiales y de alta y muy alta vulnerabilidad a los deslizamientos.

Los problemas de abastecimiento de cantones aguas abajo como Santo Domingo, ya detectados en este año 2010 con la contaminación del río Agrá, solo se agravarían más, pero esto a los señores del INVU parece tenerles sin mayor cuidado.

La gran mayoría de los cantones de Heredia, como Santo Domingo, San Pablo, San Rafael, Barva y Santa Bárbara, serán objeto de la misma expansión urbana en sus zonas de montaña, que representan áreas estratégicas para la recarga acuífera de la GAM y sus fuentes de agua subterránea. Aparte de que también son zonas vulnerables a las amenazas naturales (deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fallas geológicas y peligros volcánicos).

Conflicto. El hecho de que los ciudadanos de todos estos cantones, e incluso, sus gobiernos locales, no hayan tenido la oportunidad de analizar con detalle el alcance de la propuesta del Potgam, y cuya aprobación se anuncia para antes de mayo próximo, resulta un grave irrespeto al principio de participación ciudadana en un tema tan trascendental para su futuro. El INVU sigue en este sentido el mismo error de muchos de creer que una reunión con un concejo municipal y su alcalde dilucida todas las dudas, cuando la misma legislación exige consultas públicas. Algo que, de seguir así, tendría que ser ventilado, desafortunadamente, en los tribunales de justicia, con todo el proceso desgastante que eso implica y con el consecuente aplazamiento que representa para el ya seriamente atrasado proceso de ordenamiento y planificación territorial de la GAM.

No obstante, cuando se pregunta quién sale ganando con este atraso, la respuesta es simple: ¡los desarrolladores inmobiliarios! Su meta es que se urbanicen las zonas de montaña de la GAM, sin importar las consecuencias ambientales y sociales que eso pueda tener, como el hecho de que al menos un nuevo millón de habitantes se instalen en zonas de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales o que se dañen permanentemente las áreas de recarga y fuentes de agua que abastecen la urbe.

Mientras las 15.000 hectáreas con que amplía el Potgam el anillo de contención, a costa de áreas de protección definidas en el GAM de 1982, sean urbanizadas en los próximos 20 años, para satisfacer la avaricia de algunos pocos, no parece haber problema para estos desarrolladores inmobiliarios.

Oscura perspectiva. El hecho de que las autoridades de gobierno, e incluso algunos medios de opinión, hayan ignorado las observaciones técnicas y ambientales realizadas a la propuesta del Potgam del INVU, minimizándolas al calificarlas como “mera defensa de posiciones personales”, es un grave error, en particular cuando, sin que se haya dado un proceso de consulta social de la propuesta, se anuncia su aprobación.

Si el Potgam se aprobara, y mientras se establecen acciones legales contra él, para suspenderlo, todos aquellos proyectos urbanísticos que tramiten permisos para desarrollarse en esas nuevas zonas de expansión del anillo podrían hacerlo porque, se supone, lo han hecho de “buena fe”. Algo que ya ha sucedido en el pasado, con los tres intentos de ampliación del anillo que ha hecho el INVU y que la Sala Constitucional ha frenado.

“Derechos adquiridos de buena fe con base en una legalidad de dudosa procedencia” es un capítulo que deberíamos explorar, dado los innumerables ejemplos de los últimos años que evidencian que varios decretos ejecutivos vienen “con nombre y apellido”.

Sin un nuevo Plan Regional, seguiría vigente el Plan GAM de 1982, el cual los desarrolladores inmobiliarios pretenden que se anule en un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el argumento de que no hizo estudios ambientales.

Como se ve, la intención parece ser que no exista plan regional, ni tampoco planes reguladores cantonales, que están todavía lejos de ser aprobados por el mismo INVU.

Así, en medio de este caos, y en ausencia de regulaciones, aplicaría un simple reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que aprobó el INVU en 1982, cuya falta de criterios ambientales permitiría la urbanización de las zonas de montaña de la GAM.

Por cualquier lado que se vea, las zonas frágiles de montaña parecen estar condenadas a ser urbanizadas y, con ello, aumentar la insostenibilidad ambiental de GAM.

Urge por eso que los ciudadanos tomemos medidas efectivas para que esto no se concrete.

Se debe exigir a nuestras autoridades que, antes de cualquier aprobación, se abra una amplia discusión del plan regional y que este respete y considere la zonificación ambiental de la GAM ya aprobada desde junio del 2009. No hacerlo representa un gravísimo error histórico, por el cual será recordada la actual administración de Gobierno.

Alarmante propuesta del INVU para el Plan de la GAM

En razón de que tuve el honor de coordinar los estudios ambientales que sustentaron el Prugam, realizados entre 2007 y 2009 y entregados a las autoridades para su aprobación en noviembre del 2009, me fue solicitado, extraoficialmente, que revisara el documento titulado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (Potgam) elaborado por el INVU y que se encuentra en revisión por parte de algunas instituciones gubernamentales.

Me he limitado básicamente a revisar el componente ambiental de la propuesta. Los resultados obtenidos, más que preocupación, deberían producir alarma, y de allí la necesidad de exponer a la ciudadanía algunos de ellos, a fin de que podamos encontrar una solución conjunta a este problema que arrastramos desde hace ya mucho tiempo.

Contradicciones. Llama poderosamente la atención el producto generado después de un año de trabajo y casi dos años desde que se rechazó el Prugam por parte del INVU, sin ninguna razón que justifique echar por la borda el producto de más de cinco años de estudios técnicos financiados por el Gobierno y la Unión Europea (UE) y que desembocaron en el Plan Prugam 2008-2030, amén de muchos otros resultados generados por dicho esfuerzo. Si bien el tamaño del documento no es sinónimo de calidad, las 114 páginas del Potgam en general dejan mucho que desear, y en particular en materia ambiental, en donde encontramos muchas contradicciones.

Por un lado, el documento repite con insistencia que se respetará la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) (entiéndase al Prugam); por otro lado, la propuesta general de ampliación del anillo, es absolutamente contradictoria. Veamos, para mejor comprensión, algunos hechos concretos.

La propuesta plantea la ampliación del anillo de contención urbano establecido en el año 1982 en muchos sectores de la GAM, pero es particularmente grande en el norte.

El anillo se estaría ampliando en un total de 14.979 hectáreas, o lo que es lo mismo, casi 150 km², afectando los siguientes cantones: Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Heredia, San Pablo, Santo Domingo, Moravia, Coronado, Goicoechea, Montes de Oca, La Unión, Cartago, Oreamuno, Paraíso, El Guarco, Desamparados, Aserrí, Alajuelita y Mora, principalmente.

Lo grave de esta propuesta es que de ese total de hectáreas, más del 62% de estas corresponden a zonas de alta (5.220 ha) y muy alta fragilidad ambiental (4.137 ha), donde existen importantes zonas de recarga acuífera, de pendientes, de cobertura boscosa y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales (deslizamientos, sismicidad, fallamiento geológico y peligros volcánicos).

No es secreto para nadie que debajo de los primeros nueve cantones citados se encuentra la principal fuente subterránea de agua que abastece a más del 70% de la población del Valle Central y que ya está sufriendo los embates de una urbanización descontrolada.

La propuesta ignora de forma sorprendente que existen ya más de 102 km² de construcción fuera del anillo de contención (con más de 500.000 personas viviendo en condiciones de muy alto riesgo), áreas que se han desarrollado durante los últimos 30 años, con complicidad del mismo INVU. Y ahora, de un plumazo, como si eso no fuera suficiente, se desea cercenar más de 150 km² de zonas de protección, convirtiéndolas en nuevas áreas urbanas.

Y eso no es todo, ya que la propuesta lleva un elemento adicional que resulta muy grave. En clara contradicción con el Plan Nacional de Transportes elaborado por el MOPT y la misma propuesta de vialidad del Prugam, el Potgam, plantea un nueva carretera nacional que se dispondría en el borde norte del anillo ampliado, desde Paraíso hasta Turrúcares, sin considerar el hecho de que se trata de zonas de muy alta fragilidad ambiental y que por sus condiciones y accidentes topográficos, su construcción implicaría mayores costos.

Esto ya resulta grave por sí solo, pero además por el hecho de que la sola expectativa de que se va a construir una carretera en esa zona, incrementaría la especulación inmobiliaria y con ello la existencia de más presión sobre las nuevas zonas fuera del anillo de contención que estarían “rayando” las laderas de los volcanes de la cordillera Volcánica Central.

La eventual aprobación del Potgam, parece llenar todas las expectativas de las inmobiliarias y de algunas empresas asesoras de estas, que desde hace más de 10 años vienen presionando de distintas maneras por la ampliación del anillo de contención fijado en el Plan GAM 82 (aún vigente) y reestructurado en la propuesta del Prugam, con base en criterios ambientales.

El INVU ha hecho eco de esta presión, pues durante esos 10 años ha realizado tres diversos intentos de ampliar el anillo, acciones que han sido frenadas gracias a la intervención de organizaciones ambientales y a resoluciones de la Sala Constitucional. Esto, no sin antes favorecer ciertos proyectos específicos que han logrado aprobarse, en algunos casos de forma increíblemente acelerada, durante el intervalo de tiempo en que el decreto cuestionado estuvo vigente. En algunos casos, es latente que estos decretos vinieron con “nombre y apellido” para favorecer ciertos proyectos y darles una legalidad de dudosa procedencia.

Pareciera entonces que el rechazo del Prugam y su sustitución por el Potgam surge como una oportunidad de oro para sectores inmobiliarios y recuperar tiempo perdido por los tres fallidos intentos de ampliar el anillo de contención de la GAM.

En busca de soluciones. Urge un verdadero diálogo nacional para encontrar una solución sostenible y duradera al problema del ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país. No es posible que el desarrollo urbano de esta se vuelva a plantear según el Potgam, en detrimento de las áreas de protección y de alta fragilidad ambiental, así como de falta de resguardo de los acuíferos, que abastecen a más del 70% de nuestra población en el Valle Central.

Las organizaciones ambientales y sociales de la GAM deben tomar conciencia de la enorme importancia que tiene la coyuntura actual y del papel que deben jugar en este momento. La GAM, que ya de por sí es una metrópoli desordenada y ambientalmente insostenible debido a su huella ecológica, lejos de mejorar, va a empeorar su situación si se aprueba una propuesta como la del Potgam.

Los ciudadanos de la GAM y del país entero debemos involucrarnos seriamente en lo que está pasando. Debemos preocuparnos por lo que estamos heredando a las generaciones futuras. No puede ser que sigamos avanzando por el inadecuado camino que hemos transitado en los últimos 20 años.

Hay soluciones racionales para este problema, y ya fueron planteadas por el mismo Prugam. Dentro de las zonas de potencial urbano todavía hay poco más de 9000 hectáreas por desarrollar, las ciudades existentes representan un alto potencial de regeneración urbana y, además, contando con los estudios respectivos, se plantea la alternativa de ampliar la GAM hacia las zonas de meseta del noroeste del Valle Central.

No es posible que a estas alturas, por razones más inmobiliarias que técnicas se quieran urbanizar las zonas de montaña de la GAM, donde se encuentran los pocos bosques de la zona, sus fuentes de agua y las zonas de mayor vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Con la propuesta del Potgam queda claro que el INVU no parece estar interesado en respetar los estudios ambientales de la GAM, y que más bien sigue en la posición asumida desde hace años, de seguir promoviendo una ciudad insostenible y altamente vulnerable. Al INVU le parece importar poco el caos vial y el desorden de la GAM. Sigue tomando decisiones erradas que complican los problemas acumulados en vez de solventarlos.

¿Será en estos temas que el Prugam se quedó corto?

Siendo así, la solución para el ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país no parece que deba pasar por el INVU.

Urge cumplir la recomendación hecha por la Contraloría General de la República hace más de 10 años, en que le señala al Poder Ejecutivo que se debe conformar una entidad de ordenamiento territorial nueva, que asuma de verdad, esa tarea con responsabilidad y criterio técnico. Entidad que debería provenir de una transformación institucional, siendo que gran parte del ordenamiento territorial y urbano compete a las municipalidades, bien podría pensarse en la opción de transformar al IFAM.

Amenazas Naturales y Desastres

Nuestro país cuenta con una Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos desde el año 2005, cuyo objetivo primordial es “reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción”.

El espíritu fundamental de la gestión de riesgo es la prevención, es decir, identificar las fuentes de amenaza y los peligros que puedan darse, a fin de tomar medidas concretas para evitar un desastre y la pérdida de vidas y de bienes materiales.

Gestión de riesgo. En materia de planificación urbana o, de manera más amplia, de ordenamiento territorial, eso implica conocer con detalle las condiciones técnicas de los terrenos que se definan como aptos para el desarrollo de las ciudades y sus construcciones, de manera que aquellas que se autoricen para ese fin presenten las condiciones más seguras posibles para las personas que vayan a vivir o laborar allí.

Para conocer las condiciones de vulnerabilidad que presenta un terreno, se deben hacer diversos estudios técnicos (geología, geomorfología, de estabilidad de ladera, de diversos tipos de amenazas naturales e incluso de hidrogeología), además de las condiciones de pendientes y espesor de suelos, entre otros).

Debido a que Costa Rica es un país geológicamente activo, localizado en una zona de choque de placas tectónicas, presenta una extensa gama de fuentes de amenazas naturales originadas por estos factores.

El Valle Central, donde vive más de la mitad de la población del país, es una cuenca de origen tectónico, todavía activa, que presenta vulnerabilidad a una serie de fuentes de amenazas naturales. Entre ellas se encuentran las inundaciones o avalanchas (como la que cobró la vida a 23 personas en noviembre del 2010 en Escazú), deslizamientos, sismos fuertes y fenómenos asociados, como la amplificación sísmica o la licuefacción, las fallas geológicas activas y su potencial de ruptura en superficie, así como los peligros volcánicos asociados a la eventual entrada en actividad de uno de los cuatro colosos que forman parte del borde norte del Valle.

Las fuentes de amenazas naturales no ocurren todas juntas, ni tampoco cubren la totalidad del territorio. Se presentan en zonas específicas. Incluso, la forma en que se presentan puede variar según las condiciones locales en varias escalas, es decir, desde una muy baja hasta una muy alta amenaza.

En consideración de todo ello, resulta muy importante, para todos, conocer el grado de vulnerabilidad que tiene el terreno donde vivimos, o donde queremos vivir. De igual manera, las autoridades responsables de definir el uso del suelo que va a tener un terreno, como ya vimos, y según la Ley Nacional de Emergencias, están obligadas a utilizar la información técnica disponible, o bien a realizar los estudios necesarios, para que, al momento de definir los usos del suelo, los hagan para terrenos seguros con el menor grado de vulnerabilidad posible, y para que quienes van a construir en esos sitios, tomen medidas técnicas concretas para garantizar la seguridad de las obras a realizar.

No hacerlo es exponer inútilmente a ciudadanos a riesgos conocidos por las autoridades, con posibles acciones legales en caso de que se verifique su negligencia y se deba compensar daños sufridos.

Lo avanzado. En nuestro país, desde el año 2006 se dispone de una metodología estandarizada, publicada mediante un decreto ejecutivo (DE 32967 – Minae) para realizar este tipo de estudios.

La metodología fue desarrollada como consecuencia de una resolución de la Sala Constitucional del año 2002, que señaló la obligación que tienen las municipalidades de realizar una evaluación ambiental de su plan regulador o de ordenamiento territorial.

Hasta el día de hoy, más de 50 municipios, durante los últimos años, han elaborado o se encuentran elaborando informes ambientales de sus planes de ordenamiento del territorio.

De acuerdo con la Setena, 16 de esos municipios, ya cuentan con viabilidad ambiental.

En el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM), los estudios realizados por el Prugam (Planificacion Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) permitieron elaborar un mapa de amenazas y peligros naturales a una escala bastante detallada (1:10.000), útil para la elaboración de los planes reguladores. Además de eso, se hizo una zonificación de fragilidad ambiental. Esta información fue revisada y aprobada por la Setena, desde junio del 2009, mientras que el Reglamento de Zonificación Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la GAM fue aprobado en noviembre del 2009 y se encuentra vigente.

Aunque puede haber todavía algunas limitaciones, y la información podría ser mejorada, mediante estudios más detallados, esos resultados representan la mejor aproximación realizada, y por ello, es indispensable que se tomen en cuenta para la toma de decisiones de usos del suelo y permisos de construcción a nivel de planes reguladores, como de lineamientos generales a nivel de plan regional.

Potgam. Cuando se revisa la propuesta del Potgam 2030 (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana) y su intención de ampliar el anillo de contención urbano en 15.000 hectáreas (150 km²) en sustitución del Plan Prugam y el hecho de que el 62% de esa ampliación se localiza en zonas de alta y muy alta fragilidad, y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales, se concluye que existe una serie y peligrosa contradicción, entre ambas propuestas.

Esto, por cuanto el Potgam estaría afectando aún más las ya impactadas áreas de protección de la GAM, sino que usando números conservadores, se estaría induciendo a que 1 millón de personas se instalarán en condiciones de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales.

Ese millón de personas, como mínimo, se instalaría a los largo de las próximas dos décadas en zonas inseguras y de riesgo, sumándose al medio millón que ya vive en esas condiciones. De manera que para el 2030 sería la mitad de la población de la GAM, y no como ahora que es el 20%, los que vivirían en condiciones de riesgo alto a muy alto a las amenazas naturales.

El Prugam, por el contrario, regula sin impedir del todo el desarrollo en dichas zonas y lanza el reto de impulsar ciudades compactas en las zonas urbanas potenciales (áreas construidas y sin construir).

Concluimos, entonces, que la eventual aprobación y puesta en vigencia del Potgam, en materia de gestión de riesgo, no representa ningún avance, por el contrario es un enorme y grave retroceso que condenaría aún más a la GAM hacia el subdesarrollo, la insostenibilidad y la vulnerabilidad de sus habitantes.

Y, con la GAM, es todo el país el que seguiría asfixiándose en un impasse y atrasos por carecer de un ordenamiento territorial y sus consecuencias económicas. Según los más recientes datos de Mideplán en torno al costo de atender las emergencias naturales, ronda los $2.000 millones, un peso económico a todas luces insostenible.

Como puede observarse, solo este hecho debería llevarnos a revisar con sumo cuidado las propuestas, sin dejar de alternativas, como por ejemplo expandir la GAM, hacia el noroeste, donde se presentan zonas de menor fragilidad ambiental y vulnerabilidad, tema igualmente planteado por el Prugam para su respectivo estudio.

No es justo, ni correcto, que se esté condenando a vivir en condiciones de riesgo a la mitad de la población futura de la GAM. El Potgam dice reconocer la viabilidad ambiental del Prugam, pero la irrespeta en beneficio de otros particulares.

Quienes deciden no deben hacer a un lado los estudios técnicos sobre vulnerabilidad de la GAM y exponer peligrosamente el futuro de la región urbana más importante de nuestro país.