La vía paralela al río San Juan y especulaciones

Ante las especulaciones y preocupaciones ambientales que se han dado durante las últimas semanas, particularmente a nivel de redes sociales, derivadas de fotografías publicadas, principalmente por diarios nicaraguenses, sobre los alcances y efectos ambientales producidos por un camino que se ha estado construyendo de forma paralela al río San Juan; y en razón de la reciente visita de campo realizada por el suscrito, como geólogo sedimentológico y especialista en evaluación ambiental, he considerado oportuno ventilar a la luz pública los resultados de lo observado, a fin de aportar en la discusión, pero con alguna información técnica y científica, imparcial, que dé mejor sustento a lo que se pueda opinar.

Obra realizada.

Ante todo, se debe aclarar que las obras públicas realizadas no solo implican la apertura de un vía paralela al Río San Juan y al resto de la frontera entre Los Chiles y Delta Costa Rica, sino también la mejora de los caminos de acceso desde Costa Rica, como el de Boca Tapada a Boca San Carlos. El trazado de la obra ha seguido el criterio de ampliar caminos, pequeños o medianos, preexistentes y que se encontraban en mal estado, o bien pequeños trillos y pasos que unen poblados costarricense rivereños y fronterizos con el río San Juan.

Además de la vía propiamente dicha, se ha abierto un derecho de vía, cuyo ancho total alcanza en promedio los 20 metros. La longitud de la obra se estima en poco más de 120 kilómetros. La obra se encuentra bastante avanzada, tiene varios meses en construcción. Es una obra de interés público y su desarrollo está amparado a un decreto de emergencia aprobado en febrero del 2011, motivado por la invasión nicaraguense a isla Calero y otras amenazas a la seguridad nacional. Las fuentes de materiales para la obra han provenido de materiales minerales extraídos de tajos temporales abiertos en sitios a lado de la obra misma, lo cual se ampara a la urgencia con que el camino se ha trabajado.

Efectos ambientales.

Como es de esperar, el desarrollo de cualquier camino puede generar efectos ambientales en diversos factores del medio. El paso por algunas zonas boscosas implica la afectación de estas a lo largo de derecho de vía, lo que requiere medidas de compensación. La apertura de los tajos, como fuentes temporales, también produce efectos en el ambiente, particularmente en el paisaje, que cambia significativamente. Esto también es remediable mediante acciones correctivas y de revegetación.

Pese a que se han aplicado algunas medidas, es claro que todavía faltan más para poder equilibrar de forma apropiada la condición ambiental de la vía y su área de influencia inmediata. Entiendo que el Gobierno lo sabe y ha manifestado su compromiso de llevarlas a cabo.

No obstante, es importante señalar que todos esos impactos se limitan únicamente a territorio costarricense, de manera que no es posible afirmar que se esté generando un impacto transfronterizo que esté afectando al río San Juan.

A fin de disponer de alguna base para análisis, he hecho una estimación preliminar de la superficie de terreno expuesta y vulnerable a erosión temporal, mientras se finalizan las obras y se implementan medidas, respecto a la extensión del río San Juan que corre de forma paralela y su caudal promedio para este periodo del año.

El resultado de la estimación muestra que incluso en el peor escenario posible, el aporte de sedimento al río por las aguas de escorrentía seguiría siendo insignificante respecto a la cantidad de sedimento que el río transporta, de manera que es prácticamente imposible que se genere daño ambiental al mismo, como se ha especulado hasta ahora.

Alcance social.

La posibilidad de acceder a los diferentes sitios por donde se desarrolla la obra paralela al río, así como la de los caminos de acceso, deja ver que es una obra altamente esperada y esperanzadora para las comunidades fronterizas. Y es que la obra no solo implica la posibilidad de que se pueda ingresar a esas zonas por vehículo de forma directa, con comodidad y rapidez, sino también el hecho de que se está electrificando la zona, haciendo que llegue energía eléctrica a zonas antes inaccesibles, así como sistemas de telecomunicaciones.

Siendo así, la obra pública en cuestión tiene un importante interés y beneficio social a las comunidades fronterizas y abre esperanzas para un mejor desarrollo socioeconómico para esa zona, la cual tiene un alto potencial agrícola, agropecuario y también turístico que podría ser mejor aprovechado ahora que tiene comunicación vial con el resto del país.

Medidas a tomar.

Hay medidas ambientales, preventivas, correctivas, mitigativas y de compensación que implementar, y confiamos en que se llevarán a cabo. Todas en el área de la obra y su zona de afectación inmediata, pero todas en territorio costarricense.

Terraceo de taludes, compactación de rellenos, revegetación de áreas expuestas, compensación de áreas boscosas afectadas y control de drenajes, son algunas de las medidas que deben seguir implementándose e intensificándose.

No solo para mejorar la calidad ambiental de la obra, sino para garantizar su sostenibilidad y durabilidad en el tiempo, a fin de que esta sea funcional por muchos años, y no una mera obra temporal.

Ante esto, los costarricenses debemos cerrar filas para garantizar la sostenibilidad ambiental de la obra y que sus beneficios perduren por mucho tiempo, particularmente porque comprendo que ella se realiza para proteger la integridad territorial del país.Es una responsabilidad de todos, y en particular de las autoridades responsables.

Pese a que hasta ahora he mantenido y mantengo una posición crítica ante las autoridades, con el ánimo de señalar errores y encontrar soluciones, en este caso me parece importante, dada la trascendencia nacional y estratégica de la obra, ponerme a disposición de las autoridades para, desde una perspectiva técnica y científica, objetiva e independiente, contribuir con la implementación de medidas y garantizar su sostenibilidad ambiental.

Lo que sigue después de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo, no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la Setena en diciembre del 2007, la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del Minaet de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes), la declaratoria de interés público y de conveniencia nacional que otorgó el Poder Ejecutivo de octubre del 2008 y la autorización de cambio de uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac): todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Y ello evidencia que, durante varios años, tanto la empresa como las autoridades se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política” la rigidez con que se debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

Presiones políticas. En este sentido, en el caso de Crucitas, la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto, surge una inevitable duda: Crucitas ¿será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?

Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor. Intervención que se hace urgente, cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental, proyectos como el megaproyecto Diquís, el aeropuerto de Osa, la refinería china de Recope, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el acuerdo n.° 4230 de la junta directiva del Senara, promovido por el viceministro de Energía del Minaet, por medio del cual se exime, ni más ni menos, de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen medidas concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación a una contaminación de Recope en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre”, posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios” como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites y no, como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias, año tras año, del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental a garantizar nuestra sostenibilidad ambiental pareciera enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades, las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia para bien de nuestras instituciones, y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacíos, errores y negligencias y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello, es urgente no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la Setena y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos a un laboratorio de material como el Lanamme premiado como el mejor de América Latina conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. Lanamme por un lado, Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la Setena, al TAA, a Senara, y muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso.

Tienen la palabra nuestras autoridades.

Municipalidades y torres de telefonía celular

Debido a la reciente salida del voto No. 15763-2011 de la Sala Constitucional sobre telecomunicaciones y el editorial de La Nación del pasado 23 de noviembre, y en razón del alcance que tiene el tema tratado y la serie de interrogantes que han surgido, se hace necesario realizar un comentario de la situación y plasmar algunas aclaraciones pertinentes, a fin de aportar un insumo que contribuya a resolver un problema que requiere de una solución racional y equilibrada.

Es claro, y en esto hay consenso, que se ocupa una red robusta y eficiente, que garantice un servicio de calidad por parte de todas las empresas telefónicas.

También, que las municipalidades no están obligadas a aprobar cualquier localización de una torre o antena de telefonía celular. Que pueden preocuparse por la salud de sus administrados, mejorando y completando lo que hace el Ministerio de Salud.

Que pueden incluso exigir a los operadores que compartan infraestructura para que una misma torre brinde servicios a varios de ellos. Que cuestiones paisajísticas, que constituyen su principal atractivo en algunos casos, no puedan ser ignoradas so pretexto que se necesita colocar torres a como dé lugar. Que los edificios declarados patrimonio nacional no deben verse afectados en sus fachadas por estas torres.

La misma Sala en su voto indica que “los certificados de uso del suelo para la construcción de torres de telefonía celular deben ser emitido de conformidad con la reglamentación vigente”. De manera que deben existir lineamientos técnicos municipales concretos que establezcan los requisitos para la instalación de torres y también de antenas de telefonía celular.

Criterios técnicos. Los criterios técnicos para la localización, construcción y operación de torres y antenas de telefonía celular deben aplicar para todos, independientemente de quien sea el operador. Esos criterios deben cumplir regulaciones de zonificación, alturas y retiros, entre otras, con el fin de controlar emisiones innecesarias, contaminación paisajística y dar la seguridad mínima como establece la misma legislación costarricense.

Y aquí es, precisamente, y como lo hemos señalado previamente (ver LN 30.08.2011: Torres para celulares: más que un tema de salud pública), donde el Estado cometió un error que creó el problema que ahora todos estamos viviendo y que todavía no se ha resuelto.

En agosto del 2009, cuando el ICE le consultó a la SETENA cuál debía ser el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) a cumplir para la instalación de torres de telefonía celular, se pudo prever y resolver la situación desde el principio, antes que se tramitaran más de 3.000 viabilidades ambientales para torres y antenas de telefonía celular.

Lo correcto era que la SETENA, en vez de establecer un procedimiento de EIA sumamente expedito, pidiendo un D2 en vez de un D1 , sin explicar ni justificar la razón para hacerlo, elaborara un instrumento normativo sobre el tema. Con el procedimiento que estableció la SETENA otorgó viabilidades como en fábrica, en apenas 10 días y en contradicción con lo que establecía su propio Reglamento General y el proceso de participación pública que la Ley del Ambiente establece.

Se debió haber establecido un procedimiento que implicara la elaboración de una Guía o Reglamento Ambiental para la localización, construcción y operación de torres y antenas de telefonía celular, de conformidad con lo que establecía el decreto ejecutivo 34522 – MINAE del 16 de junio del 2008.

De esta manera los criterios técnicos, urbanos, ambientales y sociales hubieran quedado estandarizados a nivel nacional desde el principio, no solo para las empresas operadoras, sino para las empresas torreras, que fueron las que localizaron lotes, firmaron contratos, tramitaron permisos y han instalado muchas de las torres.

Con esta base, la situación se hubiera resuelto, no solo para las torres y antenas nuevas, sino también para las que ya había instalado el ICE y que tendrían que pasar por ese tamiz técnico.

El desarrollo y aplicación de ese Reglamento o Guía hubiese permitido resolver algo que la Sala señala en su voto y que, en este momento, no es fácil de resolver, ya que se indica que “las municipalidades del país no pueden establecer regulaciones y requisitos asimétricos que impidan una infraestructura normalizada y uniforme”.

La historia subsiguiente, después de esa poco visionaria acción de la SETENA, ha sido una cadena de yerros interinstitucionales, como la salida de un borrador de reglamento por parte de FEMETROM que regulaba pobremente alturas y retiros de torres, pero no de las antenas, el reglamento del Ministerio de Salud y la guía de SUTEL, que son posteriores a los permisos otorgados.

Como vemos, el problema todavía prevalece, porque en la práctica hay muchas torres colocadas, o por colocarse, con serios problemas técnicos, y de los cuales existen muchas denuncias en las municipalidades, la SETENA, la misma Sala IV y pronto, por lo visto, en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Buscando soluciones. Lo más importante del voto de la Sala Constitucional sobre el tema es que da una luz para buscar soluciones integrales a la situación de desorden y caos que la SETENA creó cuando tomó tan a la ligera el asunto, incumpliendo el procedimiento que su mismo reglamento le establecía, desarrollando un procedimiento inconsistente e inapropiado.

El hecho de que cada Municipalidad haya elaborado o elabore su propio reglamento, aunque podría ser una solución posible, resulta incierto, en la medida de que no se tiene garantía de que se cumpla lo señalado por la Sala respecto a que no se pueden establecer regulaciones y requisitos asimétricos que impidan una infraestructura normalizada y uniforme.

En consideración de ello, lo que parece más apropiado para agilizar el proceso es retomar lo que establece el Decreto Ejecutivo No. 34522 – MINAE y elaborar, en el marco participativo de la Comisión Mixta que asesora a la SETENA, el Reglamento Ambiental para la localización, construcción y operación de torres y antenas celulares, el cual debería servir de normativa nacional que fije lineamientos y criterios técnicos estandarizados y simétricos, que deben cumplir TODAS las torres y antenas, tanto las nuevas, como las existentes.

El trabajo realizado en el cantón de Montes de Oca para el reglamento sobre este tema, bastante balanceado y que ha llevado meses de mucho esfuerzo, podría servir de base técnica para ese instrumento, la cual puede regir en poco tiempo y facilitaría que se honre el compromiso del país, a la luz del Derecho Internacional Público, como dice la Sala Constitucional, a contar con una infraestructura robusta, sólida y normalizada en materia de telecomunicaciones.

Más allá de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la SETENA  en diciembre del 2007; la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del MINAET, de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes); la Declaratoria de Interés Público y de Conveniencia Nacional que otorgó el Poder Ejecutivo, de octubre del 2008; y la Autorización de Cambio de Uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC):  todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Ello evidencia que durante varios años, tanto la empresa como las autoridades, se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política”,  la rigidez con que debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

En este sentido, en el caso de Crucitas la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos, pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto surge una inevitable duda: ¿Crucitas será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo  la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?
Cirugía mayor. Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor.

Intervención que se hace urgente cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental proyectos como el Megaproyecto Diquís, el Aeropuerto de Osa, la refinería china de RECOPE, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos  rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y  los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el Acuerdo No. 4230 de la Junta Directiva del SENARA, promovido por el Viceministro de Energía del MINAET, por medio del cual, ni más ni menos, se exime de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen acciones concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas, y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación con una contaminación de RECOPE en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre” posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios”, como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas, ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites, y no como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones, y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias año tras año del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental de garantizar nuestra sostenibilidad ambiental parecieran enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades. Las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá de los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia, para bien de nuestras instituciones y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacios, errores y negligencias, y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello es urgente, no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la SETENA y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos un Laboratorio de materiales como el LANAMME, premiado como el mejor de América Latina, conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. LANAMME por un lado,  Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la SETENA, al Tribunal Administrativo Ambiental, a SENARA y a muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios yerros y errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso. Tienen la palabra nuestras autoridades.

Desafíos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo

A propósito del seminario “Camino al desarrollo sostenible: retos pendientes”, organizado por el Minaet y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) el pasado sábado 5 de noviembre, al que tuvimos el honor de ser invitados por el señor ministro del Ambiente, junto con representantes del ICE y otros especialistas, así como los resultados del informe XVII del Estado de la Nación, nos parece importante resaltar algunos aspectos ante la opinión pública a fin de iniciar una discusión abierta, transparente y participativa, la cual resulta indispensable para un tema tan importante para el futuro de nuestro país como lo es el desarrollo.

Es claro que es un tema muy amplio, que puede visualizarse desde muchas perspectivas, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad que garantice a las generaciones futuras un mejor país, y no uno peor, como está ocurriendo. En lo que sigue, se plantea una visión desde la perspectiva ambiental, como un aporte al que se le deben sumar otras vistas, hasta alcanzar un balance equilibrado que defina un derrotero más certero.

Dónde estamos. No resulta racional ponerse a discutir sobre el futuro del desarrollo del país sin cuestionarnos primero, con un verdadero espíritu autocrítico, de dónde venimos y cuáles son los principales elementos que debemos resolver a corto, mediano y largo plazo.

El problema de falta de planificación a mediano y largo plazo es nuestro mayor talón de Aquiles. Desde hace mucho, la planificación se hace solo en el ámbito de los ciclos políticos de 4 años y eso, claro está, no es suficiente. Tampoco se trata de intentar planificar a largo plazo, preguntando a la gente qué creen que debemos hacer, así sin ton ni son. Una administración de gobierno no puede arrogarse la potestad de fijar lineamientos de desarrollo para los próximos 10 o 15 años, sin tomar en cuenta a los otros sectores de la sociedad. Una planificación de ese tipo, unilateral y delineada por los requisitos del mercado, está encaminada al fracaso.

La verdadera planificación sectorial y suprasectorial debe ser el producto de un proceso de discusión técnica, participativa y transparente dentro de una evaluación ambiental estratégica. Y, en particular, debe ser consistente de manera que la planificación de un sector como la infraestructura o el turismo no entre en contradicción con otros sectores como energía y desarrollo urbano.

Algunos indicadores. Tenemos un severo atraso en materia de ordenamiento del territorio. Después de 43 años de Ley de Planificación Urbana solo un 5 % del país está cubierto. Los planes reguladores existentes están ya obsoletos. La GAM, donde vive la mitad de la población del país, es una ciudad caótica y sin planificación. Se tarda casi 10 años en aprobar un plan regulador, cuando la ley dice que se deben actualizar cada 5 años. Solo en las zonas montañosas de la GAM, existe un déficit de 57 % (350 km²) de bosques. Hay 102 km² construidos fuera del anillo de contención de la GAM. Al menos el 20 % de la población de la GAM vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a amenazas naturales.

Las áreas de recarga acuífera estratégica del país están en peligro por el desarrollo de actividades agrícolas sin apropiados sistemas de gestión ambiental, como las plantaciones de piña. No incluir esta variable cuando se habla de desarrollo es hablar en el aire, ya que el factor hídrico condiciona de manera severa el desarrollo de un país. Por otra parte, las áreas protegidas se han debilitado o se han degradado a favor del desarrollo inmobiliario, amenazando todo el desarrollo y las actividades que se gestan alrededor de estas áreas, cifrados en $2.000 millones para el 2009.

Un porcentaje muy alto de la biodiversidad se encuentra en bosques de propiedad privada bajo riesgo de ser afectados por desarrollos de diverso tipo, particularmente el desarrollo inmobiliario voraz. Si el 80% de nuestros visitantes vienen motivados por la biodiversidad de Costa Rica, flaco favor nos hacemos permitiendo o tolerando su destrucción: las comunidades aledañas a Caño Negro bien lo saben.

Urge de igual manera actuar para proteger y salvaguardar los recursos marinos que están siendo depredados aceleradamente por las flotas pesqueras extranjeras: los ecosistemas marinos, como bien es sabido, son altamente vulnerables a cambios bruscos y las cifras sobre pérdida de especies en los océanos en los últimos años son más que elocuentes.

El reciente estudio del Estado de la Región nos informa y sintetiza todo esto. Costa Rica, en la última década, ha acelerado la depredación de su ambiente y sus recursos naturales, a costa de un desarrollo regulado por las necesidades del mercado (expansión piñera, desarrollo inmobiliario no planificado, caótico desarrollo urbano), pero sus índices de pobreza no se han modificado, reflejando que el “progreso económico” no está permeando hacia las capas más necesitadas de la población. Un indicador como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD muestra, para Costa Rica, una caída notable desde el 2003, cuando nuestro país ocupaba el lugar 42 a nivel mundial ¡y que cae al lugar 69 en el 2010!

Modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo del país debe basarse en las mayores potencialidades que tiene el país, como son la bio- y geodiversidad que le reportan al país más de $2.000 millones anuales, los recursos hídricos (subterráneos), de los que nuestro país es una verdadera potencia mundial, su población y potencial para el desarrollo tecnológico, los recursos marinos y el alto potencial para el desarrollo de ecoagricultura y productos agrícolas de alta calidad mundial que no dañen el ambiente.

A este respecto se deben también tomar en cuenta las limitaciones que tiene el país, como lo son sus características geográficas, geológicas, para poder dar sostenibilidad a su desarrollo, a saber, entre muchas más: a) el 76% del territorio nacional es área de recarga acuífera; b) cerca del 60% del territorio es de aptitud forestal, c) cerca del 50% al 60% del territorio es de alta y muy alta fragilidad ambiental, y d) aproximadamente el 50% del territorio nacional es de alta a muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Ignorar estas condiciones para la propuesta de modelo de desarrollo suprasectorial o sectorial sería un grave error con consecuencias desastrosas para la sostenibilidad del país, que es precisamente lo que ha pasado hasta ahora.

Medidas a tomar. Con el objeto de ser propositivo y con el ánimo de establecer algunas líneas de base para discusión:

1) Abrir espacios de diálogo técnico nacional para la definición del modelo de desarrollo del país.

2) Es prioritario y urgente trabajar en el tema del ordenamiento territorial a fin de profundizar en el conocimiento de fortalezas y limitaciones de nuestro país.

3) Definir ejes estratégicos de desarrollo (agroecología, alta tecnología, ecoturismo, etc.) equilibrados con ejes estratégicos de sostenibilidad (recuperación de bosques, protección de recursos hídricos, tierras cultivables, áreas urbanas sostenibles, gestión del riesgo, etc.).

4) Revivir la planificación estratégica sectorial y suprasectorial con la dimensión ambiental (biofísica y social) integrada, por medio de la evaluación ambiental estratégica.

5) Fortalecer los sistemas de evaluación y control ambiental por medio de un sistema de reglas claras, fiscalización eficiente y control efectivo, fortaleciendo y despolitizando entidades como la Setena y el Tribunal Ambiental Administrativo.

En el ejercicio de visualizar el país desarrollado que queremos, no se trata de impedir el desarrollo, sino definirlo y orientarlo para que sea sostenible sin poner el riesgo el ambiente y los recursos naturales. Solo así, dentro de este marco, se podrían poner en contexto de discusión temas estratégicos, como el P.H. Diquís, el aeropuerto internacional en Osa, el plan nacional de infraestructura vial y turística y el plan nacional de energía, entre otros. Todavía estamos a tiempo; lo único que se necesita para empezar es la apertura a un diálogo técnico nacional, transparente y participativo y un mínimo de voluntad política para llevarlo a cabo.