A propósito del tema de las leyes de electricidad o de contingencia eléctrica que se ha discutido y se discuten en la Asamblea Legislativa, nuevamente surge el tema de la necesidad de la realización de un diálogo sano, técnico y transparente a fin de buscar soluciones sostenibles y realmente efectivas a este tema.
Al analizar en retrospectiva la información que se ha suministrado, salta a la luz, un elemento negativo y es que los datos con que se ha querido justificar la aprobación “urgente” de la ley, no son del todo ciertos, incluso algunos son exagerados; con lo cual, lejos de que se establezca una base sólida para tomar decisiones, lo que surge es la ya existente y creciente desconfianza en las autoridades de gobierno y en algunos políticos que defienden posiciones que privilegian a unos cuantos y no al colectivo como un todo.
Como plataforma de toma de discusión y de toma de decisiones, existe una realidad irrefutable que algunos, en medio de obtener sus objetivos particulares, parecen olvidar, o mejor dicho, quieren obviar. Vale la pena recordarlo.
En primer lugar, es claro que el modelo energético de nuestro país ha sido un éxito, a pesar de que, como toda obra humana, puede tener errores. No obstante, esos errores no ocultan el hecho de que más del 90 % de la energía del país se produce desde fuentes más sostenibles, como la hidroelectricidad, eólica y geotérmica. Desde este punto de vista, nuestro país es un ejemplo para el mundo y en eso el modelo del ICE como generador y administrador de la energía del país ha funcionado muy bien por más de 60 años. El ICE, artífice de este modelo, debiera ser consolidado como tal, y no debilitado como ha venido estándolo en los últimos años. Incluso debiera esta entidad ser proyectada fuera de nuestras fronteras como un socio fiable al que puedan otros países solicitarle la ejecución de grandes proyectos de producción energética.
En segundo lugar, y a pesar de que al ICE como generador de energía se le pusieron, durante muchos años, numerosos obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos, hasta ahora, se ha podido suplir a satisfacción los requerimientos de electricidad del país. Todavía recordamos cómo en la década de los noventas, se debilitó al ICE en pos de promover la generación eléctrica privada, sin mencionar al tristemente célebre “combo del ICE” hace 10 años.
Los expertos nos dicen que el modelo energético desarrollado por el ICE está cumpliendo a cabalidad con satisfacer la creciente demanda nacional de electricidad. Incluso con el desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos, sin contar Diquís y Reventazón, la demanda de 3 a 4 % anual de crecimiento está satisfecha para los próximos años. De manera que esta realidad, debería estar clara, en el sentido de que no debería haber alarma y alarmismo de que nos vamos a quedar sin electricidad.
Potencial del país. Existen otras verdades que muchos conocen pero que evitan discutir abiertamente.
Nuestro país, por su característica geológica y geomorfológica, y su condición climática, tiene una alto potencial para la generación de electricidad con energías renovables (hídrica, eólica, geotérmica, y otras más). Desde este punto de vista, y considerando el hecho de que en el norte de Centroamérica y el sur de México, existe un gran requerimiento de energía proveniente de fuentes que no quemen hidrocarburos, es claro que existe un “negocio potencial” para nuestro país. Negocio que se ve complementado con el hecho de que ya existe una vía de transmisión de energía (Siepac) que permitiría exportar con rapidez el exceso de energía eléctrica que se genere.
El problema entonces es cómo conciliar todas estas realidades para desarrollar un modelo energético nacional, que garantice el abastecimiento eléctrico del país, proteja al ICE de una competencia externa, y además, permita de que de forma transparente se pueda generar un mercado de generación público y privado que promueva la exportación de energía y el desarrollo sostenible del país.
Lo primero que no se debe hacer, y que parece haber sido la regla, es ocultar esas verdades a la sociedad o decírselas “a medias”, envueltas de un falso alarmismo en el sentido de que, si no aprobamos ciertas leyes hechas a la medida de unos cuantos, entonces nos quedaremos sin electricidad en el verano. Esto es parte de un discurso abusivo que busca evitar la discusión serena y desregular nuestro marco regulatorio cuanto antes, con la aprobación “a golpe de tambor” de nuevas normas.
Seguir ese camino, de las “verdades a medias”, de las expectativas alarmistas, de la improvisación, de la falta de planificación y de desorden y de la falta de transparencia, es seguir por el camino “del río revuelto” que solo beneficia a unos cuantos, y condena al resto de la sociedad a “seguir perdiendo riqueza colectiva”, quedando como único consuelo, el quejarse de sus autoridades y seguir acumulando, desconfianza y resentimiento.
Es posible crear soluciones equilibradas y apropiadas, dentro de un marco de sustentabilidad del modelo energético, con participación privada, pero dentro de marco de fortalecimiento y crecimiento de todo lo bueno que hemos desarrollado como colectividad hasta ahora, y no de su detrimento o eliminación.
Camino del diálogo. Urge avanzar en un verdadero diálogo nacional para encontrar soluciones verdaderas y que encaminen al país por un desarrollo verdaderamente sustentable en el tema de energía.
Ese diálogo, como hemos señalado en otras ocasiones, no debe partir de una consulta anónima y dirigida a un objetivo previamente planeado.
Por el contrario, debe fundamentarse en un procedimiento técnico y científico sustentado y que sea apoyo real para la toma de decisiones, como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que existe en la regulación nacional desde hace 7 años y que sigue sin ser utilizado (cfr. Decreto Ejecutivo31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).
La discusión de un Plan Nacional de Energía, por medio de una efectiva EAE, debe considerar, además de los elementos ya señalados, otros clave como la importancia de estimular otras fuentes diferentes de energía, emparejar el desarrollo hidroeléctrico y el ordenamiento del territorio, con particular énfasis en la obtención de un equilibrio con la verdadera capacidad de carga de las cuencas y los bienes y servicios ambientales que brindan; el uso público del potencial geotérmico de los parques nacionales, el desarrollo de biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria como fuente para reducir la factura petrolera y un más agresivo plan de ahorro energético en particular para las horas pico y la época seca.
Seguir retrasando la apertura al diálogo real y bien sustentado, creyendo a que nuestra sociedad se le puede seguir imponiendo “soluciones” a sus problemas, basado en criterios discutidos solo parcialmente y con objetivos prefijados y determinados a satisfacer la avaricia de un sector privilegiado, es un tremendo error y que más tarde que temprano puede costarle muy caro a quienes lo promueven.
Urge que se haga un real cambio de rumbo. Nuestras autoridades todavía están a tiempo pero deben actuar cuanto antes.