El ordenamiento del territorio, entendido como el desarrollo social, ambiental, cultural y económico de una región, dentro de un marco de planificación equilibrada y sostenible, es un tema clave para el progreso de una nación. Su no realización o su rezago es lo que constituye la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
En países como Costa Rica, el ordenamiento territorial (OT), bien hecho, cuando toma en cuenta la variable ambiental, incluyendo la gestión del riesgo, deja de ser solo un paso para el desarrollo, sino una urgencia, para poder salvar personas y bienes, incluyendo la infraestructura que tanto años y esfuerzos ha costado a los costarricenses de varias generaciones.
Con la llegada de la Administración Chinchilla, se abrieron expectativas sobre un verdadero avance en materia de ordenamiento del territorio. No obstante, al leer lo que se dice sobre el mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011 – 2014, la decepción e incluso, la preocupación por un retroceso, surgen conforme se avanza en su lectura y metas.
Enfoque del problema: el PND deja claro el problema en materia de OT, cuando señala como responsables, la falta de acciones coordinadas de las instituciones del Estado y la inadecuada Gestión del Riesgo. Señala estos dos factores, como los responsables de las disparidades en progreso de las regiones del país y del aumento de la vulnerabilidad de la población.
No obstante, preocupa la expectativa que deja el mismo plan, al señalar que “no se puede hacer mucho debido al desfinanciamiento de las instituciones encargadas de darle seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial”. La preocupación no surge por el siempre ubicuo faltante de recursos, sino por la visión del ordenamiento del territorio que se apoya en las instituciones, olvidando que se trata de un proceso, en el que la función del Estado y sus instituciones es fijar reglas claras y fiscalizar su cumplimiento. No debe enfocarse al Estado como protagonista principal, pues allí estriba el principal problema.
Propuesta del PND: Las soluciones que plantea el PND tienen la cualidad de que empiezan de “cero”, como si antes no se hubiese hecho nada. Esta extraña omisión constituye uno de los principales defectos de los planes nacionales de desarrollo, que olvidan el pasado y lo avanzado, y, por tanto, la continuidad.
En materia de ordenamiento territorial, la Iniciativa Paz con la Naturaleza, avanzó durante 4 años en una propuesta de política en ese tema, que al final no fue posible concretar precisamente por falta de voluntad política. No obstante, como si ese esfuerzo no contara, en el PND, se plantea trabajar en una nueva política. La pregunta es si se va a gastar nuevamente todo el tiempo de la administración en su discusión y elaboración, para dejar nuevamente la tarea inconclusa.
La respuesta la trae el mismo PND, que contiene una disculpa adelantada por su posible no elaboración, al decir que “se trata de un proceso complejo que exige una gran inversión de esfuerzos y recursos, que convoca a una gran diversidad de actores y que finalmente, se operacionaliza en una multiplicidad de agendas, algunas de ellas ajenas a las competencias del Poder Ejecutivo y del marco temporal de esta Administración”.
Plan Nacional de Desarrollo Urbano: de esta manera, nuestras autoridades se están olvidando que han pasado más de 42 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana y de que el INVU, ha fracasado en su desarrollo e implementación, incluso en el cumplimiento del GAM de 1982, que a pesar de su buen planteamiento inicial, fue irrespetado por el mismo INVU, de manera que se permitió el desarrollo urbano caótico y desordenado de hasta 102 km² fuera del anillo de contención y que han convertido a la GAM en un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de ordenamiento territorial.
Estas mismas autoridades están así obviando los diversos informes de la Contraloría General de la República sobre la responsabilidad del INVU en esa materia, resulta que se le da a esta entidad, como si nada hubiera pasado, la tarea de aprobar el Plan Regional de la GAM, que no necesariamente es el Prugam que el INVU rechazó en abril del 2010. Y más aún, se le da otra tarea al INVU, “con el fin de responder a la presión sobre el territorio y recursos ambientales experimentados en la región Chorotega, se impulsará la elaboración y aprobación de un Plan Regional de desarrollo urbano y costero de la Provincia de Guanacaste”.
Planes reguladores: el asunto, se hace más complejo, pues se deja subordinada la aprobación de los planes reguladores cantonales y costeros, a esos “planes regionales”, al señalar: “como un resultado potenciado por la etapa previa de elaboración y aprobación de Planes Regionales, se espera avanzar en la gestión del territorio, impulsando la implementación de planes reguladores cantonales y costeros”.
El asunto parece claro, el INVU no va a tramitar planes reguladores cantonales o costeros, hasta tanto no se cumplan los criterios de calidad técnica de los planes regionales y posteriormente de los planes reguladores. Y aquí, es precisamente donde, de cumplirse esto, tendríamos un verdadero retroceso en lo relativamente poco avanzado en materia de ordenamiento territorial, ya que cerca de 40 planes reguladores cantonales elaborados en el marco del Prugam y del Programa de Regularización y Catastro en Guanacaste, sin contar con otros planes reguladores ya elaborados o en elaboración, tendrán que hacer una larga y muy lenta fila para que puedan ser revisados y tal vez, finalmente aprobados por el INVU, a riesgo de que cuando sean revisados ya estén desactualizados.
Retroceso: como se ve, el plan en materia de ordenamiento del territorio, no se apega a la realidad de un país, que acaba de pasar por una época lluviosa que produjo decenas de pérdidas de vidas y generó cientos de millones de dólares en pérdidas de bienes e infraestructura.
Anteponer la aprobación de los planes reguladores que ya cuentan con la variable ambiental aprobada y que sirve de mecanismo de estandarización entre los diferentes planes reguladores, a que primero estén unos planes regionales, a los que también habría que integrar la variable ambiental tal y como ya la Sala Constitucional lo ha señalado respecto al Decreto Chorotega, no tiene ningún sentido y lo único que provocará es que la solución de los problemas de uso del territorio, se postergue, y atrase por muchos años más.
Emergencia: la ausencia de planes reguladores vigentes en los diferentes cantones del país, debería considerarse una verdadera situación de emergencia cantonal y nacional. Ante ello, el hecho de que el Plan Regulador disponga ya de la variable ambiental aprobada, debería hacer que el Plan Regulador en cuestión, entre en vigencia según las potestades que la Constitución le da a las municipalidades en el ámbito de la administración de su territorio, y hasta tanto sea revisado y aprobado por el INVU como lo establece la Ley de Planificación Urbana, o bien, por una instancia que asuma esa tarea de forma emergente y que pueda cumplir la meta de que al menos 40 planes reguladores estén vigentes para el 2014.
Postergar más estas transcendentales decisiones podrían costarnos muy caro a todos los costarricenses, no solo en dinero, sino en vidas humanas.
Por eso, urge corregir el rumbo.