La falacia de la riqueza petrolera de Costa Rica

A propósito del inicio de recolecta de firmas para realizar un Referéndum a fin de que sociedad costarricense tome la decisión de que, nuevamente, se inicien labores de exploración y eventual explotación petrolera en país, así como por el hecho de que, se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, para, más bien, renunciar para siempre a esa actividad en nuestro país, como parte de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París del 2015 y en la Política de Descarbonización que ha desarrollado la actual administración del gobierno del bicentenario, se hace muy importante aclarar a los costarricense interesados algunos aspectos relevantes.

Potencial petrolero de Costa Rica: el autor de este artículo laboró para RECOPE como geólogo de exploración petrolera durante cerca de 15 años. Realicé exploración petrolera en Costa Rica y en el sur de Nicaragua, en coordinación con el gobierno de Nicaragua y la empresa petrolera noruega (Statoil). Contribuí con otros colegas petroleros a organizar la información de los bloques petroleros de Costa Rica, así como la compilación de información de casi 100 años exploración petrolera en Costa Rica. La información, para el año 1990 era que las cuencas sedimentarias de Costa Rica tenían algún tipo de potencial petrolero, por sus características geológicas. Incluso, como parte del modelado básico se hicieron estimaciones de que, bajo determinadas condiciones, aún no probadas, sino especulativas, en ese momento, se podrían encontrar determinados volúmenes de hidrocarburos en nuestras cuencas sedimentarias. Aclaro que se trata de una estimación de potencialidad, no se de seguridad de existencia de yacimientos, y menos de reservas probadas.

Este punto es particularmente importante de señalar, en la medida de que el señor Ingeniero Carlos Roldán, quien es responsable de la recolecta de firmas, en sus entrevistas, señala que esos estudios de Potencial Petrolero de Costa Rica concluyen, según él, que bajo el país hay una riqueza de yacimientos de petróleo con valor actual de 270 mil millones dólares y que con eso se podría pagar 10 veces la deuda del país. Cabe aclarar que es absolutamente falso y engañoso.

Costa Rica tiene un limitado potencial petrolero y no es cierto que se tengan yacimientos petroleros identificados y mucho menos reservas probadas con ese enorme valor económico. Viéndolo así, nos damos cuenta de que la base para argumentar la realización de un Referéndum no existe, es falsa y totalmente especulativa y, además, va a resultar onerosa para todos los costarricenses.

Costos de la exploración petrolera: la exploración petrolera es cara. Sobretodo en un país geológicamente complejo como lo es Costa Rica. Y esta es la “trampa” que tiene la Ley que se quiere aprobar por medio del Referéndum, pues la misma plantea que sea RECOPE la que haga la inversión en la exploración petrolera. Nos preguntamos: ¿Quiénes pagarán esos costos y por qué medio? ¿Sería con un aumento del precio de los combustibles? Y si no se encuentra petróleo ni gas natural,¿quién asumirá la responsabilidad por esa inversión que se habría realizado? Nuevamente, todos nosotros.

La otra alternativa, que es levantar la moratoria y permitir que sean las transnacionales petroleras las que realicen la exploración, tampoco es muy rentable, dado que en caso de que esas empresas hagan la inversión de la exploración y encuentren un yacimiento, se dejarían el 85 % del recurso. Esto sin contar, el costo ambiental que tendría para el país, el hecho de que se de una explotación petrolera. En este caso, cabe señalar que es mejor ver el reciente ejemplo del Ecuador y los daños ambientales que se han producido por la explotación petrolera en ese país que compararse con Noruega.

Como se puede ver, por cualquiera de los dos lados que se quiere mirar, el riesgo de aventurarse a realizar una exploración petrolera puede ser muy costoso y al final, puede que no de ningún resultado. En Costa Rica se hizo casi 100 años de exploración petrolera sin que se encontraran resultados positivos. No tenemos ninguna seguridad de que se van a encontrar yacimientos comerciales de petróleo. Todo es una absoluta especulación.

Dirección contraria: Costa Rica es reconocida a nivel internacional como un país líder en la protección del ambiente. La política de descarbonización que se está aplicando es tomada como ejemplo mundial de como se toma con seriedad la aplicación de los Acuerdos de París 2015. La economía debe descarbonizarse y alejarse de la dependencia de los hidrocarburos, para utilizar energías limpias. Desde esta perspectiva los costos directos e indirectos que tendría para el país, que Costa Rica cambie su política ambiental e intente desarrollar actividades extractivistas, como la minería metálica y la exploración y eventual explotación petrolera, pueden ser muy contraproducentes.

Costa Rica se ha desarrollado sin una actividad extractivista que es muy dañina al ambiente, sobretodo en un país tropical y ambientalmente frágil. Además, en el contexto de tres alertas mundiales establecidas por las Naciones Unidas durante el último año: Desastres por Cambio Climático, Extensión de Especies y Peligro de no producir alimentos como productos del deterioro de la Ecosfera terrestre; plantear la realización de actividades como la minería metálica y la exploración petrolera, resulta absolutamente contradictorio y hasta irresponsable.

Alternativas energéticas: el quemado de los hidrocarburos y del carbón son los principales responsables de la aceleración artificial (antropogénica) del Cambio Climático y la Variabilidad Climática. Es hasta inconsciente que un país como Costa Rica, plantee volver al pasado para intentar usar hidrocarburos a pesar la grave situación ambiental que está pasando nuestro planeta. Costa Rica debe servir de ejemplo y ser líder en el proceso de cambio que urge realizar. Para eso debe buscar nuevas alternativas energéticas.

Una de esas energías alternativas es la Geotermia de baja y media entalpía (fuera de los parques nacionales). Nuestro país tiene un gran potencial, aproximadamente el 40 % de su territorio tiene potencial geotérmico de baja y media entalpia. Es una energía limpia, sustentable y firme. Es la energía del futuro para nuestro país, junto con otras alternativas como el hidrógeno y los biocombustibles.

Nuestro país tiene la responsabilidad moral y ambiental de ser líder en el planeta para avanzar hacia el futuro, haciendo lo cambios para evitar que nuestro sistema colapse. Es posible hacerlo, pero se ocupa hacerlo pronto. Por eso, el planteamiento de estas ideas retrógradas sobre la minería metálica o los hidrocarburos, nos hacen perder tiempo valioso, que no tenemos. Es hora de avanzar de forma sustentable hacia el futuro y no volver al pasado

El tema ambiental en el mensaje presidencial

El men­sa­je del Pre­si­den­te de la Re­pú­bli­ca sobre el es­ta­do po­lí­ti­co de la Re­pú­bli­ca y los asun­tos de la ad­mi­nis­tra­ción, del pa­sa­do 1º de mayo del 2015, pone en evi­den­cia, una vez más, que lo que se es­cu­chó fue un dis­cur­so pla­ga­do de anun­cios de cosas he­chas y por hacer, pero que en lo que atañe a la si­tua­ción am­bien­tal en Costa Rica, de­no­ta gra­ves la­gu­nas y des­co­no­ci­mien­to por parte de nues­tro Pre­si­den­te.  En reali­dad, las cosas no mar­chan tan bien y la “finca en­cha­rra­la­da” que en­con­tró el Pre­si­den­te sigue sin lim­piar­se. La si­tua­ción am­bien­tal de nues­tro país es su­ma­men­te crí­ti­ca, tal y como lo vie­nen ad­vir­tien­do los úl­ti­mos in­for­mes del Es­ta­do de la Na­ción. Nada le hu­bie­se cos­ta­do al señor Pre­si­den­te leer­se el úl­ti­mo in­for­me para en­te­rar­se de lo que pasa y usar­lo como línea base para abor­dar la parte am­bien­tal de su ges­tión. En su dis­cur­so, el tema es to­ca­do por el Pre­si­den­te, como algo se­cun­da­rio, evi­den­cian­do así que no forma parte sus­tan­cial del con­fu­so rumbo por el que quie­re di­ri­gir a nues­tra na­ción.

Con­tex­to mun­dial: el papel efec­ti­vo de nues­tro país en el orden mun­dial no de­be­ría ser el de “apro­ve­char” la co­yun­tu­ra en su be­ne­fi­cio, dado el nuevo “orden in­ter­na­cio­nal” y las ame­na­zas que se pre­sen­tan como el Cam­bio Cli­má­ti­co.  Nues­tro país tiene que pre­ten­der mucho más que eso!

Un país, cuya fuen­te de pro­duc­ción de ener­gía se basa casi en el 100 % de fuen­tes re­no­va­bles, que se ha com­pro­me­ti­do a ser Car­bono Neu­tral para el 2021, que tiene el 25 % de su te­rri­to­rio con­ti­nen­tal como área pro­te­gi­da, que con­tie­ne cerca del 5 % de la bio­di­ver­si­dad del pla­ne­ta y cuyo te­rri­to­rio ma­rino ha sido una fuen­te fun­da­men­tal de bio­di­ver­si­dad y ri­que­za ma­ri­na, tiene la obli­ga­ción moral de alzar su voz en el mundo y plan­tear la enor­me y ur­gen­te im­por­tan­cia que tiene el darle sos­te­ni­bi­li­dad al desa­rro­llo hu­mano.

Dejar que esa voz se li­mi­te solo a apro­ve­char la si­tua­ción eco­nó­mi­ca es una clara evi­den­cia de que pa­de­ce­mos de un serio caso de “baja au­to­es­ti­ma na­cio­nal” o en su de­fec­to, un pro­ble­ma de “sen­ti­mien­to de culpa” por lo mal que nues­tras au­to­ri­da­des han ac­tua­do du­ran­te los úl­ti­mos años, in­clu­yen­do la ac­tual.

Agen­da am­bien­tal: re­sul­ta vacío y hasta ri­si­ble lo que se se­ña­la en el men­sa­je pre­si­den­cial sobre este tema. Una evi­den­cia más de que el tema se usa más como un re­lleno, que como algo que de­be­ría ser fun­da­men­tal para un país como Costa Rica. Y para mu­chos, una ver­da­de­ra de­silu­sión dado lo que se oyó por parte del Pre­si­den­te en cam­pa­ña elec­to­ral.

Mien­tras que, por un lado, se dice que se im­pul­sa­ron “im­por­tan­tes me­di­das para me­jo­rar la go­ber­nan­za del sec­tor am­bien­tal”, den­tro de la que men­cio­na la “re­es­truc­tu­ra­ción de la SE­TE­NA”, re­sul­ta que en la reali­dad, la SE­TE­NA se dejó con­ve­nien­te­men­te “in­tac­ta”, como una clara con­ti­nui­dad de las ad­mi­nis­tra­cio­nes an­te­rio­res. Con­ti­nui­dad en los mis­mos ye­rros y pro­ce­so de con­trol po­lí­ti­co. Pese a tener la po­si­bi­li­dad de ha­cer­lo, el Es­ta­do a la fecha no ha sa­ca­do nin­gu­na lec­ción de los es­cán­da­les a re­pe­ti­ción en los que in­cu­rre SE­TE­NA desde el 2008.

Con­trol que ha re­sul­ta­do con­ve­nien­te para la apro­ba­ción su­ma­men­te cues­tio­na­da de pro­yec­tos y me­ga­pro­yec­tos que le han con­ve­ni­do a las ad­mi­nis­tra­cio­nes, pero no ne­ce­sa­ria­men­te al país. Va­rios de ellos de­cre­ta­dos de “con­ve­nien­cia na­cio­nal” sin nin­gún es­tu­dio serio para sus­ten­tar­lo: a la fecha estos de­cre­tos si­guen vi­gen­tes cuan­do es per­fec­ta­men­te po­si­ble de­ro­gar­los sin más pre­lu­dios. Con­trol que no se ha usado para nada, en lo re­fe­ren­te a re­sol­ver los se­rie­cí­si­mos pro­ble­mas de pla­ni­fi­ca­ción te­rri­to­rial que ago­bian y es­tran­gu­lan a nues­tro país.

Or­de­na­mien­to te­rri­to­rial: A un año de go­bierno, casi nada se ha hecho por re­sol­ver la enor­me presa de más de 70 pla­nes re­gu­la­do­res que están en­tra­ba­dos en la SE­TE­NA, por falta de una ac­ti­tud téc­ni­ca di­fe­ren­te de esta in­tran­si­gen­te en­ti­dad. Entre el 2010 y el 2014, la SE­TE­NA re­cha­zó o ar­chi­vó el 70 % de los ex­pe­dien­tes de los pla­nes re­gu­la­do­res. Nos pre­gun­ta­mos: qué pa­sa­ría si eso mismo se hi­cie­ra con los ex­pe­dien­tes de pro­yec­tos en eva­lua­ción de im­pac­to am­bien­tal?

Hasta ahora, lo único que se hizo, fue crear una co­mi­sión mi­nis­te­rial que ahora está pro­po­nien­do un de­cre­to cuya base legal es su­ma­men­te cues­tio­na­ble y que no re­pre­sen­ta una so­lu­ción real al pro­ble­ma, sino un nuevo par­che, uno de mu­chos más. ¿Es esto el “cam­bio” que tanto se pre­go­nó en cam­pa­ña elec­to­ral, señor Pre­si­den­te? ¿Dónde han que­da­do sus com­pro­mi­sos en ma­te­ria am­bien­tal sus­cri­tos en el do­cu­men­to Pacto Am­bien­tal?

Por su parte, se re­ci­bió como he­ren­cia, el Plan GAM 2013 – 2030 y se hizo oídos sor­dos a las ad­ver­ten­cias de que se trata de un Plan sin sus­ten­to am­bien­tal, que sigue la línea de pro­mo­ver un desa­rro­llo ur­bano in­ten­si­vo, de ga­nan­cia rá­pi­da para al­gu­nos sec­to­res pri­vi­le­gia­dos.

El MINAE he­re­da­do: se habla de los es­fuer­zos he­chos para con­so­li­dar el Vi­ce­mi­nis­te­rio de Aguas, Mares y Hu­me­da­les, así como el SINAC; em­pe­ro no se dice nada (ni si­quie­ra una dis­cul­pa), sobre el ver­gon­zo­so tema de de­cla­rar de in­te­rés pú­bli­co la ex­por­ta­ción de ale­tas de ti­bu­rón (irres­pe­tan­do com­pro­mi­sos in­ter­na­cio­na­les) o de emi­tir una Po­lí­ti­ca de Pesca del Ca­ma­rón que se aleja de los ob­je­ti­vos ori­gi­nal­men­te plan­tea­dos. Se borra así con el codo, lo hecho con la mano (res­pec­to al tema de la pesca del atún). Nues­tros mares si­guen des­pro­te­gi­dos y su­je­tos de una de­vas­ta­do­ra pesca legal e ile­gal que ex­po­lia nues­tra ri­que­za ma­ri­na.

No se men­cio­nan en nin­gu­na parte del dis­cur­so los con­fu­sos in­tere­ses que mue­ven el in­te­rés por se­guir con una ob­so­le­ta re­fi­ne­ría china, ni tam­po­co el fias­co y de­cep­ción que im­pli­ca­ron los “diá­lo­gos” para el Plan Na­cio­nal de Ener­gía que han re­sul­ta­do más de los mismo, es decir, un poco de “ato­li­llo con el dedo” para cada sec­tor, sin que real­men­te se or­de­ne una ver­da­de­ra es­tra­te­gia na­cio­nal en este im­por­tan­te tema.

Erro­res y pers­pec­ti­va: aun­que en pri­me­ra ins­tan­cia el Pre­si­den­te re­co­no­ce que se han co­me­ti­do erro­res, llama la aten­ción que de­trás de los mis­mos no viene una dis­cul­pa y la dis­po­si­ción a rec­ti­fi­car la causa de los mis­mos, todo lo con­tra­rio, los jus­ti­fi­ca como parte del “pro­ce­so” y los ca­li­fi­ca al decir que “no son tan­tos ni gra­ves”, algo que le co­rres­pon­de a la so­cie­dad misma y no a quién pro­vo­có esos “erro­res”.

En la pers­pec­ti­va de lo que “sigue”, el Pre­si­den­te nos ade­lan­ta lo que va a pasar con el tema am­bien­tal: prác­ti­ca­men­te nada!

Salvo la so­li­ci­tud a los dipu­tados de que se im­pul­se la ley para el Tren Eléc­tri­co In­ter­ur­bano de la GAM (ex­pe­dien­te le­gis­la­ti­vo 18.252), no se dice nada más. Esto a pesar de que hay im­por­tan­tes temas pen­dien­tes: como la nueva Ley de Aguas, la pro­mul­ga­ción de una ley que des­po­li­ti­ce por com­ple­to a la SE­TE­NA, así como la de­ro­ga­to­ria de la Ley de Hi­dro­car­bu­ros y la trans­for­ma­ción de la Di­rec­ción de Geo­lo­gía y Minas, en el Ser­vi­cio Geo­ló­gi­co de Costa Rica, entre otros.

La res­pon­sa­bi­li­dad del Es­ta­do en la muer­te de am­bien­ta­lis­tas en Costa Rica en años re­cien­tes y la bús­que­da de me­ca­nis­mos para evi­tar la si­tua­ción de total im­pu­ni­dad tam­po­co pa­re­cen in­tere­sar ma­yor­men­te a nues­tras au­to­ri­da­des. Se hu­bie­se es­pe­ra­do un poco más al con­me­mo­rar­se este mes el se­gun­do aniver­sa­rio de la muer­te de Jairo Mora.

Otra evi­den­cia clara de que el tema am­bien­tal, se en­cuen­tra en un se­gun­do plano, uti­li­ta­rio, más que esen­cial, lo de­mues­tra la in­vi­ta­ción que hace el Pre­si­den­te a los jefes de frac­ción para “es­ta­ble­cer un pacto na­cio­nal por la di­ver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va, el cre­ci­mien­to de la pro­duc­ti­vi­dad, el pro­gre­so so­cial y la re­no­va­ción de la de­mo­cra­cia”, de­jan­do en el ol­vi­do, el tema am­bien­tal y, so­bre­to­do, la sos­te­ni­bi­li­dad de ese desa­rro­llo. Según pa­re­ce, los datos del Es­ta­do de la Na­ción sobre la de­sigual­dad cre­cien­te que pro­vo­ca el ac­tual mo­de­lo de desa­rro­llo cos­ta­rri­cen­se no pa­re­cen in­tere­sar a nues­tro Pre­si­den­te.

Cuan­do vemos la úl­ti­ma frase del Men­sa­je que dice que “Dios nos dé fuer­zas y en­ten­di­mien­to a todas y todos los cos­ta­rri­cen­ses para se­guir cons­tru­yen­do jun­tos, en paz y ar­mo­nía, una Pa­tria más prós­pe­ra, más justa, más libre y más digna”, nos in­va­de una ex­tra­ña sen­sa­ción, ade­más de notar toda au­sen­cia a la sos­te­ni­bi­li­dad del desa­rro­llo: ¿es este un Pre­si­den­te de­ci­di­do o es este un Pre­si­den­te ate­mo­ri­za­do?

Nues­tra con­clu­sión es que pa­re­cie­ra que el tema am­bien­tal está sien­do aban­do­na­do por esta ad­mi­nis­tra­ción, cuan­do lo co­rrec­to hu­bie­se sido rec­ti­fi­car el equi­vo­ca­do rumbo de las dos úl­ti­mas ad­mi­nis­tra­cio­nes. No hay nin­gu­na duda sobre ello y los in­for­mes del Es­ta­do de La Na­ción son más que con­tun­den­tes al res­pec­to.

La ac­tual ad­mi­nis­tra­ción aún está a tiem­po, para re­co­no­cer sus erro­res y rec­ti­fi­car su ac­ti­tud para con este vital tema na­cio­nal. El no ha­cer­lo po­dría pro­vo­car que gran parte de los que vo­ta­mos por el Pre­si­den­te sal­ga­mos a la calle a re­cor­dar­le lo que él mismo se com­pro­me­tió en cam­pa­ña a lle­var ade­lan­te

La Setena pone en riesgo la credibilidad en la institucionalidad ambiental del país

Aunque para algunos puede resultar un asunto repetitivo que pueda dar lugar a un cansancio recurrente, la actuación de la Setena y en particular,  por su Comisión Plenaria, referente al otorgamiento  de la viabilidad  ambiental al megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín  (APMT) requiere ser revisado a profundidad: en efecto, pone en juego la credibilidad misma  de esa entidad y cuestiona seriamente su función  como autoridad de evaluación  de  impacto ambiental  (EIA) en nuestro país y de toda su institucionalidad ambiental. Setena para comprender mejor la situación se requiere comprender la forma en que la Ley Orgánica del Ambiente estructuró la Setena. Se trata de un sistema bastante simple, pues está conformada por una Unidad Técnica y Legal y por la Comisión Plenaria.

La Unidad Técnica Legal, es por así decirlo, la entidad que hace la “carpintería” del proceso de EIA, es decir, la que procede a  las revisiones detalladas de los estudios y documentos de evaluación de impacto ambiental. Tanto en su componente técnica, como legal. Entre otras cosas es la instancia que recibe las observaciones que hagan los ciudadanos  o instituciones que han sido consultadas, y los integra al proceso de revisión, así como la responsable de coordinar y ejecutar las audiencias públicas cuando estas se llevan a cabo.

La reglamentación establece que la Unidad Técnica Legal emite un Dictamen que eleva a la Comisión Plenaria para que esta tome la decisión final sobre el proceso de EIA de un proyecto, obra o actividad. Decisión que debe tomarse en estricto apego a criterios técnicos, lejos de cualquier influencia política o económica.

La Comisión Plenaria, es una instancia de decisión técnica, conformada por siete representantes de diferentes instituciones del Estado, incluyendo un representante de las universidades estatales.  Es la entidad que toma la decisión sobre la Viabilidad Ambiental, según un criterio técnico y sobre la base del Dictamen emitido por su Unidad Técnica y legal.

Caso Apmt: después de casi dos años de proceso de revisión de los cerca de 30 mil folios del expediente  de EIA de la Apmt y de la inclusión de observaciones de diferentes instituciones y ciudadanos interesados, la Unidad Técnica de la Setena, entregó el pasado 3 de diciembre su Dictamen a la Comisión Plenaria.

En dicho Dictamen la Unidad Técnica comunicaba a la Comisión Plenaria sobre una larga lista de inconsistencias y faltantes que contenía la información de evaluación de impacto ambiental, algunas de ellas fundamentales para el otorgamiento de una viabilidad ambiental. Aunque el dictamen no llevaba consigo una recomendación expresa, le solicitaba la Comisión Plenaria resolver conforme a lo que correspondía, lo cual, por el contenido del informe que señalaba que muchas de las observaciones de la SETENA no habían sido respondidas y que había importantes inconsistencias de información, llevaba a la consecuencia lógica de que se rechazara la EIA y no se otorgara la viabilidad ambiental.

La Comisión Plenaria, de forma irregular en la medida de que en los 19 años de existencia de la Setena, fue la primera vez que lo hizo, y alejándose de las funciones que la da la Ley Orgánica del Ambiente, tomó las siguientes acciones: 1) no acogió el informe de la Unidad Técnica, 2) se conformó así misma como una instancia técnica y procedió a revisar en tan solo 14 días la totalidad del expediente, para contra argumentar lo señalado por la Unidad Técnica, 3) emitió un informe técnico en el que minimiza e invalida los argumentos de la Unidad Técnica y 4) se vuelve a instaurar como ente de decisión, y sobre la base de su propio informe procede a otorgar la viabilidad ambiental del megaproyecto el 17 de diciembre del 2014, notificando a las partes ese mismo día la Resolución (y recordándonos fechas similares de aprobación de EIA por la Setena que terminaron luego en los tribunales siendo declaradas ilegales).

Sin entrar en el detalle técnico de las implicaciones ambientales que tiene el actuar de la Comisión Plenaria de la Setena, lo cual es objeto de un artículo separado, lo grave de este accionar es que burla por completo el objetivo de la EIA y los principios de transparencia, objetividad y neutralidad que debe respetar, aparte de que se incumple con el marco establecido por la misma Ley Orgánica del Ambiente.

Con su actuar, la Comisión Plenaria, invalida el trabajo técnico del equipo multidisciplinario responsable de la revisión detallada de este enorme expediente, se constituye en “juez” al ponerse a calificar si esta instancia tenía razón o no en sus argumentos, pero además, asume un rol adicional de “parte”, en la media de que se constituye en “entidad técnica” con lo cual revisa en un tiempo record el expediente y emite un informe técnico a favor del desarrollador y finalmente se vuelve a constituir en instancia técnica de decisión, con lo cual otorga la viabilidad ambiental. Algo absolutamente irregular y que pone en entredicho la credibilidad de toda la Setena y su validez como autoridad ambiental del país.

Consecuencias: empero los efectos de esa “decisión” tomada por la Comisión Plenaria no solo afectan a la Setena, sino también a toda la institucionalidad ambiental del país. Esta irregular actuación no debe quedar impune, bajo el pretexto ya esbozado por la misma Comisión Plenaria, de velar por los “intereses del país” – (desplazar el criterio técnico por otro ha demostrado que protege intereses, más no necesariamente los del país). Se está creando un nefasto y gravísimo antecedente, cuya principal consecuencia es que el Costa Rica, un país que se presenta a nivel internacional como una país de vanguardia en la protección ambiental, ha sacrificado sus propios principios de protección ambiental, por favorecer un megaproyecto de desarrollo de una empresa privada, a pesar de las grandes y graves consecuencias ambientales negativas que tendría para los ecosistemas de sus ya bastante afectadas costas caribeñas.

La credibilidad del proceso de EIA quedaría en total entredicho, y no solamente la de la Setena, sino también la del Minae y de todo el Poder Ejecutivo. Se hubiera esperado algo distinto de un Gobierno cuyo compromiso ante la ciudadanía es el de actuar con total transparencia y respetando los principios de legalidad.

Así, este caso, se convierte en la principal prueba de fuego de la actual administración, en la medida en que si termina respaldando lo actuado por la Comisión Plenaria, estaría enviando un mensaje a la ciudadanía que terminaría de socavar la base misma de la confianza de buena parte del electorado.

Allan Astorga Gättgens, Geólogo Ambiental, Ex  Secretario General de la Setena