Nuestra agenda ambiental

El recuento de nuestra situación ambiental a propósito de la Cumbre de Río +20, el inicio prematuro de la campaña electoral, y considerando que el eje ambiental, como el social y económico, es clave para nuestro futuro, nos llevan a revisar “la agenda ambiental nacional”. Hay que repasar de dónde venimos para orientar el futuro. Es importante disponer de una referencia, para comparar las propuestas que hagan los precandidatos en los próximos meses. Áreas silvestres protegidas. A pesar de ser la principal fuente de ingresos del país, por turismo, con un promedio de $2000 millones por año y de los esfuerzos realizados por la actual administración, las áreas silvestres protegidas siguen vulnerables y necesitando recursos para garantizar su sostenibilidad. Plantear bajar de categoría parques nacionales, como en el caso de baulas en Guanacaste para promover el desarrollo inmobiliario en las costas, no es ninguna solución.

Es urgente que todas estas áreas protegidas dispongan de sus planes de manejo y que la red de corredores biológicos cuente con una base jurídica de protección.

Todavía hay una importante tarea de recuperar suelos y bosques en áreas de aptitud forestal, desprovistas de árboles desde hace mucho tiempo. Solo la GAM tiene un déficit del 350 km² (55% de tierras de aptitud forestal). El sistema de pago por servicios ambientales debe atender estas zonas también como mecanismo para prevenir la desertificación ante el cambio climático.

Bosques y humedales. Desde el 2005, los bosques ha aumentado un 1 %, para alcanzar casi la mitad del país. Pero, en algunas costas, por el desarrollo inmobiliario más bien se perdieron bosques.

Los humedales importantes como el de Caño Negro y el Térraba–Sierpe han sido seriamente afectados, por sedimentación, como consecuencia de la agricultura intensiva (piña, principalmente).

Se requiere incrementar la política para controlar y dar sostenibilidad ambiental a esas actividades agrícolas, cuya inversión en materia ambiental y social debe ser mayor, a fin de corregir los efectos ambientales negativos que produce.

Ordenamiento territorial. En abril del 2010 el INVU rechazó el Prugam. Con eso, se hizo retroceder al país por lo menos 10 años en ese tema. Ahora, dos años después, todavía se discute un plan “sustituto” elaborado por el INVU y que tiene serios cuestionamientos ambientales.

En este tema se requiere una agenda clara, que pase por la conformación de una entidad que se encargue de forma integral del ordenamiento territorial. Se ha sugerido la transformación y renovación del IFAM, al igual que se hizo, hace poco, con el IDA. Sería importante, escuchar propuestas concretas en esta materia.

Protección de nuestros mares. La incansable y casi heroica lucha de los ambientalistas contra el aleteo de tiburones y en defensa de las especies marinas requiere ser reforzada con una política y legislación certera y severa de protección y manejo sostenible de nuestros recursos marinos.

Mientras tanto, nuestros mares, por falta de una estrategia acertada y de la implementación de acciones concretas de protección, siguen siendo despojados por flotas extranjeras y también por la flota nacional, en detrimento del sostén de muchos pescadores nacionales artesanales.

Huella ecológica y energía. Los informes de los últimos años del Estado de la nación no dejan lugar a dudas: Costa Rica presenta una huella ecológica negativa, es decir, consumimos más recursos naturales de los que disponemos.

Nuestro modelo económico se ha convertido en depredador de los recursos naturales. Mientras tanto, algunos proponen “urgentes” proyectos de ley, que provocarían el desmantelamiento de uno de los más exitosos modelos energéticos del mundo, como el que ha desarrollado el ICE.

A cambio de eso, se dice que se abra el desarrollo eléctrico al mercado privado, sin que se haya dado un verdadero proceso de discusión por medio de una evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Energía, ni se cuente con un efecto ordenamiento y planificación del territorio que priorice cuencas y defina reglas claras.

Tratar de modificar el modelo, solo con la vista al proceso de exportación de energía y de la ganancia rápida a costa de nuestros ecosistemas, no es conveniente para nadie.

Recursos hídricos. Nuestra huella hídrica también es negativa, es decir, que estamos consumiendo mucha agua, más de que la que disponemos por captación y manejo.

En vez de proteger nuestras áreas de recarga acuífera y sus fuentes, se plantea urbanizarlas, como si el agua existiera para siempre y como si una urbe como la GAM, pudiese existir sin este preciado líquido.

En Guanacaste se promovió el desarrollo inmobiliario y hotelero, sin garantizar el efectivo acceso al agua, algo que ha acarreado serios conflictos sociales.

Minería e hidrocarburos. Todos recordamos la reactivación, de forma ilegal, según la resolución de la Tribunal Contencioso Administrativo, de la Mina en Crucitas. No solo en lo referente a la Setena, sino también en la declaratoria de “conveniencia nacional”, la concesión minera y hasta el permiso de tala. Fue, según el Tribunal, una “orquestación de voluntades”.

La sociedad costarricense en un 90 %, rechazó el proyecto minero y a una parte de ella luchó hasta que el mismo fue cerrado.

Durante la presente administración se restauró la moratoria y pasó una ley que prohíbe la minería de oro a cielo abierto, pero todavía hay concesiones mineras viejas vigentes.

¿Cuál es la posición de los candidatos y precandidatos respecto a este tema? ¿Se va a repetir la historia de Crucitas? Y en el tema de hidrocarburos, recordemos que hay una moratoria vigente hasta el 2014. ¿Cuáles son las propuestas políticas sobre este tema?

Retos. El Estado de la región nos anuncia que Centroamérica es la región del mundo más vulnerable al cambio climático, en lo referente al tema de desastres ocasionados por amenazas naturales.

Los efectos ya se dejan sentir. Los escenarios proyectados para países como Costa Rica y Panamá, para el 2020 indican que se trata de un problema serio que requiere ser atendido desde ya.

Hay mucha población en condiciones de alto y muy alto riesgo, incluso en nuestro país. Un reciente informe de la ONU, alerta “sobre cambios sin precedentes” en la Tierra, donde se pone de manifiesto un claro retroceso ambiental. Centroamérica, incluido nuestro país, es un claro ejemplo de ello.

En el caso de Costa Rica, se nos anuncia que los efectos del cambio climático en poco tiempo van a generar impactos significativos en nuestro territorio, como que vamos a tener dos épocas lluviosas y dos épocas secas. Las inundaciones y las sequías se sucederán con más frecuencia.

Ante esto nos preguntamos si en la última década no hemos sufrido esos efectos y nuestros índices ambientales han decaído, entonces: ¿Qué nos espera? ¿Cuál es nuestro plan estratégico para mitigar eso?

Ante ello, no nos sirve que se mencione la palabra “ecología” y que nos presenten un lindo paisaje verde en un anuncio. Eso no es suficiente; necesitamos escuchar posiciones y propuestas de solución concretas, no solo promesas vagas.

Requerimos de verdaderas y sólidas propuestas que definan un norte hacia donde poder dirigirnos.

La Ruta 1856 en números ambientales

Cumpliendo el ofrecimiento que hice a las autoridades de gobierno de colaborar en el tema ambiental de Ruta 1856, durante las últimas semanas procedimos a realizar un trabajo urgente, cual era hacer una cuantificación de los efectos ambientales de la Ruta con el objeto de priorizar los tramos donde se requiere de intervención ambiental inmediata. El estudio completo que se titula “Ruta 1856: plan de acción ambiental. Primera aproximación”, ya fue debidamente entregado a las autoridades de gobierno. Aclaro que la finalidad de esto no es en ningún momento tratar de minimizar las seriecísimas consecuencias que tiene el hecho de que se dieran cuestionados manejos a los recursos de esta obra vial, o a la forma en que se trabajó en la ella, particularmente a lo que se hizo con la madera de los árboles que fueron talados, entre otras cosas. Esto es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y será por la vía judicial que se tenga que juzgar a los responsables de estas reprochables y vergonzosas acciones, que incluso han afectado la imagen internacional de nuestro país.

Análisis. La tarea a las que nos hemos abocado, ha sido a analizar más de mil fotografías aéreas oblicuas, tomadas el pasado 25 de mayo por autoridades del Gobierno, de forma sistemática en la Ruta 1856 entre Los Chiles y Delta. Basado en esto, y en trabajo de campo, fue posible hacer una primera aproximación de la disposición de Ruta 1856 sobre las hojas cartográficas a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional.

Ya con la Ruta trazada sobre el mapa, y con datos de fotografías e información de campo, fue posible hacer una separación de esta en tramos según una categorización de evaluación ambiental.

Para ello, se tomaron en cuenta criterios como las condiciones de relieve, la cercanía al río San Juan, el paso por zonas de humedales, la cobertura boscosa y la presencia de áreas geológicamente inestables.

El componente relacionado con el paso por cursos de agua como quebradas, caños, pequeños arroyos y desagues, no se incluyó como parte de este evaluación en razón de que la Dirección de Aguas del Minaet, ya efectuó un inventario sistemático de estos puntos, que en total llegan a 71. Algunos de ellos requieren acciones concretas de ingeniería para mejorar su condición y garantizar su sostenibilidad.

Resultados. La revisión sistemática realizada permitió separar la totalidad de la Ruta en 36 tramos según su condición ambiental, todos identificados y delimitados en los mapas.

Estos tramos fueron separados en tres categorías ambientales. Los de tipo crítico porque requieren una intervención ambiental rápida, los de tipo intermedio, que serían la segunda prioridad en la aplicación de acciones ambientales mitigativas, y los de tipo bajo porque presentan una condición ambiental aceptable, requiriendo de acciones ambientales principalmente como parte del mantenimiento de la obra.

Los resultados obtenidos llaman la atención.

Los tramos de tipo crítico ya identificados representan 9,3 km del total de la Ruta, es decir el 7 % del recorrido de esta. Se localizan en el sector de Tiricias y al norte de Crucitas.

La condición crítica la determina la presencia de relieve en formaciones geológicas inestables junto con la relativa cercanía al río San Juan.

Por su parte, los tramos de tipo intermedio, corresponden con 17,4 km, es decir el 20% del total de la Ruta.

Finalmente, los restantes 120 km de Ruta corresponden con los tramos de intervención de tipo bajo desde un punto de vista ambiental, es decir, el 73 % de la Ruta.

Cada uno de los tramos fue caracterizado y valorado ambientalmente, y se encuentra respaldado por una serie de fotografías áreas oblicuas y datos técnicos.

Acciones ambientales. Los datos de esta codificación ambiental de la Ruta han permitido priorizar las acciones ambientales que deben implementarse, las cuales ya han sido resumidas e incluyen: estabilización de algunos taludes de corte y relleno, manejo de drenajes, colocación de geotextiles y restauración de cubierta vegetal, así como trampas de sedimento.

Todo esto en tramos ya definidos y que, al ser cuantificados, permite planificarlos con mayor precisión y valorar el costo de esa intervención.

También ha llamado poderosamente la atención el hecho de que, al contrario de lo que se ha especulado, el paso por las áreas de bosque por parte de la Ruta implica una afectación directa de 35 hectáreas netas, y no los cientos de hectáreas que se han mencionado en algunos casos.

La evaluación de la superficie expuesta, tanto a lo largo de la ruta, como de los taludes de corte expuestos, ha permitido cuantificar que, como máximo, se han expuesto 300 hectáreas de suelo, a lo largo de los 146,7 km de Ruta entre Los Chiles y Delta, número que resulta muy bajo comparado con el área total de la cuenca y que, por tanto, aporta un volumen insignificante de sedimento al Río, con lo que se sigue comprobando lo ya señalado, de que no se ha dado ningún impacto ambiental transfronterizo.

Acciones inmediatas. Es claro que, como producto de la grave situación que se denunció por parte de las mismas autoridades de gobierno sobre el manejo de los fondos para la construcción de la Ruta, y a falta de datos técnicos, al menos aproximados como los que hemos levantado, se ha dado una fuerte especulación sobre los efectos ambientales de la construcción de la Ruta Nacional 1856.

Algunos ha llegado a firmar, erróneamente, que es un “desastre ambiental” sin precedentes y que, con su construcción, se le ha hecho un gran daño al medio ambiente, incluyendo el del territorio de Nicaragua. Esto es un error, que puede ser demostrado.

Lo malo con todas estas especulaciones que se han dado es que ahora, cuando se ocupan recursos para implementar obras concretas de mitigación y control ambiental, estos no están disponibles precisamente porque se requiere instalar una serie compleja de procedimientos administrativos de autorización.

Mientras tanto, habiendo identificado ya las áreas de intervención inmediata, y aprovechando el hecho de que las lluvias intensas en la zona norte todavía no se han presentado, urge tomar medidas concretas por parte de las autoridades de gobierno correspondientes, para garantizar la sostenibilidad ambiental de la obra ya realizada y evitar repercusiones ambientales negativas.

También urge trabajar en el Plan de Ordenamiento y Manejo del Corredor Fronterizo, al menos entre Los Chiles y Delta, para que se evite la especulación inmobiliaria, la desforestación ilegal y el desarrollo de actividades agrícolas intensivas o agropecuarias en áreas ambientalmente sensibles. Ese Plan de programar y garantizar la recuperación de los bosques naturales y los humedales, así como de su fauna silvestre, conforme a lo que corresponde a su categoría de manejo.

Esta debe ser nuestra tarea ambiental más perentoria en este momento.

Intervención ambiental en la ruta nacional 1856

Ante los últimas informaciones suministradas por algunos medios de prensa, referente al cuestionado manejo de fondos, la falta de diseño y de procesos de control ambiental de la Ruta Nacional 1856 y ante la solicitud de algunos colegas, respecto a la opinión externada previamente (La Nación, 04/01/2012), se hace necesario aclarar algunos aspectos relevantes, en particular respecto al tema ambiental. Antecedente. Ante todo es importante recalcar que desde el mes de octubre del 2011, en entrevista al Semanario Universidad había señalado que la obra “debe desarrollarse e implementarse bajo un efectivo sistema de gestión ambiental para evitar que genere daños”, precisamente como consecuencia directa del hecho de no haber cumplido con un trámite de evaluación de impacto ambiental en razón de que se circunscribió a un decreto de emergencia nacional.

En el artículo del pasado mes de enero se señaló: “Pese a que se han aplicado algunas medidas, es claro que todavía faltan más para poder equilibrar de forma apropiada la condición ambiental de la vía y su área de influencia inmediata”.

Por su parte, en un artículo publicado en la Revista Ambientico del pasado mes de febrero, señalé: “Aparte del corte de cobertura vegetal, se ha generado un efecto ambiental en la geomorfología y el paisaje, así como el drenaje pluvial. Se han generado impactos ambientales locales y directos en el suelo, el aire, la cobertura vegetal y el sistema de drenaje superficial, principalmente. Además, con el desarrollo de cortes y de taludes de relleno, o la disposición del camino cerca de la margen del río, se ha potenciado la vulnerabilidad a las amenazas naturales, tales como procesos erosivos, derrumbes o una eventual inundación”.

También en dicho artículo manifesté: “A pesar de eso, los impactos ambientales generados siguen siendo locales y directos, es decir limitados al área del proyecto y de una pequeña área de influencia directa. Al desarrollo de estos impactos ambientales se hace necesaria la realización de medidas de corrección, mitigación o compensación ambiental. E incluso de prevención en lo referente al uso que se le vaya a dar al camino cuando ya esté en plena operación”.

Impacto transfronterizo. Tanto en el artículo de enero en La Nación, como en febrero en Ambientico sostuve que “que todos esos impactos se limitan únicamente a territorio costarricense, de manera que no es posible afirmar que se esté generando un impacto transfronterizo que esté afectando al río San Juan”.

Y todavía ahora, después de las denuncias planteadas, esta afirmación sigue teniendo validez y también sigue siendo fundamental para diferenciar los problemas ambientales de la vía. Esto en razón de que algunas personas han confundido el alcance de los impactos ambientales, y consideran que en razón de que se han dado impactos ambientales negativos, algunos de ellos reconocidos como “daños ambientales” por las mismas autoridades del Minaet, interpretan que entonces se está dando la razón a las demandas de Nicaragua de que se ha generado un daño ambiental al río San Juan. Y esto, no es así.

Como se indicó, los impactos ambientales producidos por la construcción de la ruta 1856 y que todavía están vigentes, son de carácter directo y local. Aclaro que esto no significa que no sean importantes y que deban atenderse lo antes posible, empero eso no significa automáticamente que se pueda afirmar, como algunos lo han hecho, de que se ha generado un daño ambiental y por tanto un impacto transfronterizo al río San Juan.

Para detallar esto, se hace necesaria una explicación importante. En primer lugar, se debe recalcar que el efecto ambiental que podría generar un potencial impacto significativo al río San Juan, lo representaría el aporte de aguas cargadas de sustancias contaminantes desde la obra vial.

Durante la construcción, esa contaminación comprendería principalmente sedimentos erosionados de la misma ruta o de los cortes realizados en las fuentes de materiales temporales. Durante la operación, podrían darse otras fuentes de contaminación que requieren ser reguladas a fin de que no representen fuentes de riesgo ambiental.

En el tema de sedimentos, se debe tomar en cuenta que la Ruta 1856 representa una obra lineal, que se extiende por 120 kilómetros de forma paralela al río, con un ancho de 20 metros, es decir, que representan un área expuesta de 2 hectáreas por kilómetro lineal. Como ya he referido previamente, si se calcula la cantidad máxima de sedimento que podría aportarse para esa área por kilómetro lineal, resulta que la cantidad de sedimento que se produce sigue siendo poco significativo respecto al caudal que tiene el río San Juan y la carga de sedimento que ya lleva, en consecuencia a las dimensiones y características de la cuenca hidrográfica.

En consideración de lo expuesto, y a pesar de todo lo expuesto, es posible afirmar que la ruta 1856 no ha generado ni está generando todavía un impacto transfronterizo al río San Juan, y, por tanto, ningún daño ambiental a su ecosistema, en lo referente al territorio de Nicaragua.

Urgente intervención. Lo anterior no significa de ningún modo que no se deba iniciar, de manera urgente, la aplicación de medidas ambientales, como las que sugerí al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a su solicitud de colaboración, desde el pasado mes de enero, por medio de la propuesta de un Plan Remedial de Gestión Ambiental en el que se establecen acciones concretas para las obras ya realizadas y por realizar, así como medidas estratégicas de control ambiental para la operación futura de la obra vial y el área silvestre en la que se localiza.

Cabe aclarar que ese Plan Remedial no surge de la nada, sino que representa una adaptación de un instrumento de gestión ambiental regional promovido por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, desde el año 2006 y oficializado como tal en nuestro país desde el año 2008 por medio del decreto ejecutivo N.° 34522 – Minae.

En el artículo del pasado mes de enero, señalé la importancia estratégica que tiene esta vía, principalmente por el tema de beneficio social que tiene para las comunidades costarricenses rivereñas al río San Juan y la posibilidad de que las autoridades de seguridad del país tengan un mejor acceso a esas zonas, sin depender de forma exclusiva de que las autoridades nicaraguenses les den permiso para desplazarse por el río San Juan.

Las denuncias de irregularidades hechas públicas por las mismas autoridades del Gobierno y detalladas por algunos medios de prensa, sin lugar a dudas, empañan de forma muy significativa los aspectos positivos de dicha obra vial. Y no solo eso, sino que también incrementan un sentimiento de desconfianza en las autoridades responsables de desarrollar la obra, la cual, al no estar concluida, corre el riesgo de que sea paralizada y que no se complete de forma correcta.

En consideración de ello, se hace urgente resolver dos situaciones.

En primer lugar que lejos de detenerse el desarrollo de acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la obra, estas deben incrementarse, en particular, respecto a la aplicación de las medidas ambientales señaladas en el Plan Remedial que antes señalamos.

En segundo lugar, que se instaure un sistema de control efectivo de acciones específicas, con participación de actores de la sociedad civil, incluyendo el tema ambiental, para lo cual, así como lo planteé el pasado mes de enero, mantengo mi disposición de colaborar con las autoridades del Gobierno, dada la importancia estratégica que dicha obra tiene para nuestra nación en la actual coyuntura.

Requisitos técnicos y presunta inseguridad jurídica

La reciente publicación por parte de la empresa Cementos David en la que indica que se va del país por un asunto de inseguridad jurídica, así como el hecho de que en la Sala IV se encuentra bajo estudio si se acoge una acción de inconstitucionalidad sobre el caso Crucitas, entre otros, nos lleva a hacer algunas valoraciones desde la perspectiva técnica. Aunque en primera instancia no parece haber ninguna relación entre ambos casos y otros similares, en realidad sí la hay. Ambos fueron objeto de recursos de amparo, con sendas resoluciones de la Sala Constitucional en los que, en esencia, se señalaba que desde el punto de vista constitucional no había incumplimiento y, por tanto, por decirlo en palabras sencillas, ambos proyectos podían seguir.

No obstante, ambos proyectos fueron remitidos ante una instancia mucho más exigente en cuanto a la posibilidad de contradictorio y de evacuar prueba, como lo es el Tribunal Contencioso Administrativo. En ambos casos, los resultados fueron similares: se llegó a la conclusión de que no había efectivo cumplimiento de los procedimientos técnicos para el otorgamiento de los permisos ante algunas autoridades del Estado y que, por tanto, dichas autorizaciones debían anularse.

En ambos casos, a lo largo de sendos juicios de meses y declaraciones de testigos de las dos partes, se expuso ante los jueces algo relativamente simple: por un lado, lo que dice nuestra legislación sobre procedimientos técnicos a cumplir, es decir, las reglas que debían haberse cumplido y, por otro lado, lo que había hecho el proyecto respecto a ese cumplimiento.

Crucitas: se expuso que los requisitos presentados para obtener la primera viabilidad ambiental en el año 2005 no se cumplieron a cabalidad; así como el hecho de que la viabilidad ambiental a la ampliación del proyecto por parte de la SETENA en el año 2008 tampoco cumplió los procedimientos técnicos vigentes en la materia. Además, se señaló que la concesión minera se otorgó mientras todavía estaba vigente una moratoria a la minería, y que la declaratoria de conveniencia nacional se dio sin contar con la debida base técnica de costo beneficio ambiental que se requiere. Como se ve, se trata de asuntos evidentes para los que se preocupan por el efectivo cumplimiento de la legalidad existente.

Estas y otras razones llevaron a que el Tribunal concluyera que las viabilidades ambientales debían anularse, así como la concesión minera, la declaratoria de conveniencia nacional, y el permiso de tala que el SINAC de la región Arenal-Huetar Norte otorgó a unas pocas horas de publicarse en La Gaceta el decreto de conveniencia nacional para la mina de Crucitas.

Cementera: el tema de cumplimiento se centró fundamentalmente en el uso del suelo y el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Alajuela. En este caso resulta elocuente lo que señala el Tribunal Contencioso en su resolución: “Probablemente, las cosas hubieran tenido un resultado diferente, si desde un inicio, la empresa hubiera respetado los procedimientos de rigor citados, gestionando un uso del suelo para construir una cementera y presentando el proyecto en su totalidad”.

Se indica además que a criterio del Tribunal, “lo ocurrido fue una distracción de la información relevante de este proyecto, a efecto de obtener licencias parciales con base en las cuales pretendieron legitimar la construcción de un proyecto de mayor envergadura”, concluyendo que “si los trámites hubieran sido respetados, el estudio de la regulación aplicable sólo hubiera permitido arribar a la conclusión de que en San Rafael de Alajuela, a pesar de ser una zona industrial, no es posible operar una cementera”.

Común denominador: Como puede verse, para ambos casos la situación tiene un común denominador, que es el cumplimiento de la normativa vigente, vinculado al hecho de que la misma se efectuó de forma parcial o segmentada, de manera que al final, aunque parece que se ha cumplido a modo de “un viacrucis” como la definen algunos empresarios, resulta que cuando se observa en su conjunto se ha dado un incumplimiento que puede anular todo lo actuado por parte de las autoridades.

En el caso de Cementos David los empresarios decidieron cerrar la Cementera y trasladarse fuera del país. En el caso de Crucitas se presentó un recurso de casación ante la Sala Primera que, después de un año, confirmó lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso, la empresa también cerró sus instalaciones y ya hasta se ha avanzado en la valoración del daño ambiental provocado por las acciones de la minera en la zona de Crucitas, que deberá de indemnizar a la sociedad costarricense, sin hablar del daño social aún pendiente de ser evaluado, y el daño a la imagen internacional de nuestro país, una tarea pendiente que debiera de interesar a nuestras autoridades.

No obstante, en el caso de Crucitas todavía se está a la espera de que la Sala IV resuelva sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Al respecto nos preguntamos: ¿qué pasaría si la Sala admite la acción? ¿En qué quedaría todo lo demostrado técnicamente en el juicio contencioso y la casación ante la Sala Primera? No me refiero a la parte jurídica pura, sino a temas técnicos claves, como el hecho de la afectación del bosque, de las aguas superficiales y los acuíferos bajo el proyecto, o la condición de riesgo por el manejo de cianuro en las cercanías del Río San Juan. O el hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental se presentó incompleto y segmentado, o bien la concesión minera que tiene serias contradicciones con respecto al trámite ambiental que se cumplió.

Confianza y credibilidad en juego. Ante esto, los costarricenses nos encontramos frente a una situación sumamente delicada. Está en juego la confianza en la institucionalidad judicial de nuestro país que, como hemos dicho, es la base de nuestra democracia. Democracia en la cual todavía creemos y defendemos, a pesar de que hay muchos que la socaban todos los días con actos cuestionables y dirigidos a privilegiar intereses específicos por encima del bien colectivo. También, está en juego la credibilidad en los magistrados de la Sala IV.

Los costarricenses, que en un 90 % ha estado en desacuerdo con el desarrollo de la minera en Crucitas y de la minería metálica en nuestro país, debemos estar muy atentos sobre la decisión que debe tomar la Sala Constitucional.

La comprobación detallada del incumplimiento técnico de los procedimientos tiene un enorme peso, y representa una realidad irrefutable que no puede ni debe ser ignorada por nadie.

A estas alturas, acoger por parte de la Sala IV la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Industrias Infinito podría tener repercusiones muy graves para nuestro país.

Requisitos técnicos y presunta inseguridad jurídica

La reciente publicación por parte de la empresa Cementos David en la que indica que se va del país por un asunto de inseguridad jurídica, así como el hecho de que en la Sala IV se encuentra bajo estudio si se acoge una acción de inconstitucionalidad sobre el caso Crucitas, entre otros, nos lleva a hacer algunas valoraciones desde la perspectiva técnica. Aunque en primera instancia no parece haber ninguna relación entre ambos casos y otros similares, en realidad sí la hay. Ambos fueron objeto de recursos de amparo, con sendas resoluciones de la Sala Constitucional en los que, en esencia, se señalaba que desde el punto de vista constitucional no había incumplimiento y, por tanto, por decirlo en palabras sencillas, ambos proyectos podían seguir.

No obstante, ambos proyectos fueron remitidos ante una instancia mucho más exigente en cuanto a la posibilidad de contradictorio y de evacuar prueba, como lo es el Tribunal Contencioso Administrativo. En ambos casos, los resultados fueron similares: se llegó a la conclusión de que no había efectivo cumplimiento de los procedimientos técnicos para el otorgamiento de los permisos ante algunas autoridades del Estado y que, por tanto, dichas autorizaciones debían anularse.

En ambos casos, a lo largo de sendos juicios de meses y declaraciones de testigos de las dos partes, se expuso ante los jueces algo relativamente simple: por un lado, lo que dice nuestra legislación sobre procedimientos técnicos a cumplir, es decir, las reglas que debían haberse cumplido y, por otro lado, lo que había hecho el proyecto respecto a ese cumplimiento.

Crucitas: se expuso que los requisitos presentados para obtener la primera viabilidad ambiental en el año 2005 no se cumplieron a cabalidad; así como el hecho de que la viabilidad ambiental a la ampliación del proyecto por parte de la SETENA en el año 2008 tampoco cumplió los procedimientos técnicos vigentes en la materia. Además, se señaló que la concesión minera se otorgó mientras todavía estaba vigente una moratoria a la minería, y que la declaratoria de conveniencia nacional se dio sin contar con la debida base técnica de costo beneficio ambiental que se requiere. Como se ve, se trata de asuntos evidentes para los que se preocupan por el efectivo cumplimiento de la legalidad existente.

Estas y otras razones llevaron a que el Tribunal concluyera que las viabilidades ambientales debían anularse, así como la concesión minera, la declaratoria de conveniencia nacional, y el permiso de tala que el SINAC de la región Arenal-Huetar Norte otorgó a unas pocas horas de publicarse en La Gaceta el decreto de conveniencia nacional para la mina de Crucitas.

Cementera: el tema de cumplimiento se centró fundamentalmente en el uso del suelo y el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Alajuela. En este caso resulta elocuente lo que señala el Tribunal Contencioso en su resolución: “Probablemente, las cosas hubieran tenido un resultado diferente, si desde un inicio, la empresa hubiera respetado los procedimientos de rigor citados, gestionando un uso del suelo para construir una cementera y presentando el proyecto en su totalidad”.

Se indica además que a criterio del Tribunal, “lo ocurrido fue una distracción de la información relevante de este proyecto, a efecto de obtener licencias parciales con base en las cuales pretendieron legitimar la construcción de un proyecto de mayor envergadura”, concluyendo que “si los trámites hubieran sido respetados, el estudio de la regulación aplicable sólo hubiera permitido arribar a la conclusión de que en San Rafael de Alajuela, a pesar de ser una zona industrial, no es posible operar una cementera”.

Común denominador: Como puede verse, para ambos casos la situación tiene un común denominador, que es el cumplimiento de la normativa vigente, vinculado al hecho de que la misma se efectuó de forma parcial o segmentada, de manera que al final, aunque parece que se ha cumplido a modo de “un viacrucis” como la definen algunos empresarios, resulta que cuando se observa en su conjunto se ha dado un incumplimiento que puede anular todo lo actuado por parte de las autoridades.

En el caso de Cementos David los empresarios decidieron cerrar la Cementera y trasladarse fuera del país. En el caso de Crucitas se presentó un recurso de casación ante la Sala Primera que, después de un año, confirmó lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso, la empresa también cerró sus instalaciones y ya hasta se ha avanzado en la valoración del daño ambiental provocado por las acciones de la minera en la zona de Crucitas, que deberá de indemnizar a la sociedad costarricense, sin hablar del daño social aún pendiente de ser evaluado, y el daño a la imagen internacional de nuestro país, una tarea pendiente que debiera de interesar a nuestras autoridades.

No obstante, en el caso de Crucitas todavía se está a la espera de que la Sala IV resuelva sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Al respecto nos preguntamos: ¿qué pasaría si la Sala admite la acción? ¿En qué quedaría todo lo demostrado técnicamente en el juicio contencioso y la casación ante la Sala Primera? No me refiero a la parte jurídica pura, sino a temas técnicos claves, como el hecho de la afectación del bosque, de las aguas superficiales y los acuíferos bajo el proyecto, o la condición de riesgo por el manejo de cianuro en las cercanías del Río San Juan. O el hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental se presentó incompleto y segmentado, o bien la concesión minera que tiene serias contradicciones con respecto al trámite ambiental que se cumplió.

Confianza y credibilidad en juego. Ante esto, los costarricenses nos encontramos frente a una situación sumamente delicada. Está en juego la confianza en la institucionalidad judicial de nuestro país que, como hemos dicho, es la base de nuestra democracia. Democracia en la cual todavía creemos y defendemos, a pesar de que hay muchos que la socaban todos los días con actos cuestionables y dirigidos a privilegiar intereses específicos por encima del bien colectivo. También, está en juego la credibilidad en los magistrados de la Sala IV.

Los costarricenses, que en un 90 % ha estado en desacuerdo con el desarrollo de la minera en Crucitas y de la minería metálica en nuestro país, debemos estar muy atentos sobre la decisión que debe tomar la Sala Constitucional.

La comprobación detallada del incumplimiento técnico de los procedimientos tiene un enorme peso, y representa una realidad irrefutable que no puede ni debe ser ignorada por nadie.

A estas alturas, acoger por parte de la Sala IV la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Industrias Infinito podría tener repercusiones muy graves para nuestro país.