Crucitas y las lecciones aprendidas sobre el desarrollo de proyectos de inversión

El histórico juicio contra el proyecto minero, ubicado en Las Crucitas ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se resolvió el pasado mes de diciembre, a favor de la legalidad y el ambiente y en contra de Industrias Infinito S.A. dejó muchas lecciones importantes que requieren ser repasadas y aclaradas. En particular, dado el hecho que, unos sectores, inmediatamente conocida la sentencia del TCA, salieron a advertir de una supuesta “inseguridad jurídica” a los inversionistas, cuando el verdadero mensaje de esta decisión se inclina por el respeto a la institucionalidad de un país y desnuda los intentos de unos por burlarla.

Lecciones aprendidas: El caso Crucitas, si se revisa con detalle, es similar a un curso intensivo de cómo no se deben tramitar los permisos ante las autoridades de un proyecto de inversión. A modo ilustrativo, ofrecemos 10 lecciones de cómo no se debe proceder:
1. No se deben promover proyectos que destruyan el bosque, cuando existe prohibición de cambio de uso del suelo en zona de bosque. En el caso de Crucitas, desde el año 1996, cuando se aprobó la Ley Forestal, ya existía esa prohibición y esto fue antes de que la minera solicitara la explotación del yacimiento de oro, bajo un bosque.

2. No se debe creer que se puede explotar el oro, si todavía no se tiene la viabilidad ambiental. Crucitas obtuvo en 2001 la concesión para la explotación minera por parte del Poder Ejecutivo, pero condicionado a que obtuviera la viabilidad ambiental. Así resulta manifiesto que el tema del cambio de uso en el bosque, el de los impactos ambientales a generar y el de las medidas a aplicar, deben convencer a la autoridad y a la sociedad para obtener la viabilidad ambiental.

3. Se debe presentar un estudio de impacto ambiental completo, que permita realizar un balance integral sobre el costo beneficio ambiental. El primer estudio de Crucitas fue rechazado por la Setena en el año 2002. No obstante, la empresa insistió y logró que se le solicitara un Anexo, que finalmente fue aprobado en diciembre de 2005. La viabilidad se dio para un diseño de proyecto diferente al que obtuvo concesión en el año 2001 (a mediados de diciembre) y se le dio un plazo de 2 años para iniciar la extracción. Además, el Estudio presentado no cumplía el requisito legal de contar con el refrendo previo del Colegio de Químicos e Ingenieros Químicos.

4. No se debe tramitar la viabilidad ambiental del proyecto mientras esté vigente la moratoria a la actividad minera. Pese a que estaba vigente la moratoria a la minería a cielo abierto promulgada en 2002, la empresa minera insistió con el trámite de evaluación de impacto ambiental. Así, una vez obtenida la viabilidad en diciembre de 2005, no se inició el proceso de extracción, pese al plazo otorgado de 2 años, debido a que no se tramitó ante la Dirección de Geología y Minas la respectiva concesión, la cual, de acuerdo con la Sala Constitucional debería corresponder con el diseño de proyecto que se presentó en el Estudio de Impacto Ambiental.

5. No se debe hacer un cambio significativo en el diseño del proyecto, sin realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental. La empresa Infinito Gold, en diciembre de 2007 (otro diciembre...), se presenta nuevamente a la Setena con un documento en el que señala que está haciendo un cambio de diseño (se aumenta la explotación de 6 a 9 años y prácticamente se duplica el tonelaje a explotar), en el que se indican solo los efectos positivos de ese cambio, no así los impactos negativos. La Setena en un periodo muy corto (2 meses), sin solicitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, en incumplimiento de la Ley del Ambiente y del Código de Minería, le otorga viabilidad ambiental a ese cambio de diseño. Se inhibió así a la sociedad costarricense de poder participar en la decisión.

6. No se pueden plantear dos diseños diferentes a sendas autoridades para un mismo proyecto. La Dirección de Geología y Minas tramitó la concesión minera para un diseño de proyecto diferente al que la Setena le otorgó la viabilidad ambiental, que implicaba una explotación para 10 km2 y además, la afectación del acuífero regional inferior en caso de la Setena, mientras que en caso de la DGM no se autorizaba que se afectara dicho acuífero.

7. No se puede otorgar una concesión de explotación minera estando vigente todavía la moratoria a la minería. El Poder Ejecutivo de la Administración Arias, en su apuro por otorgar la concesión de explotación de oro a Crucitas, otorgó esta en 2008, de forma ilegal, un mes antes de que se levantara la moratoria minera promulgada en el año 2002. A este respecto es de señalar que la Setena afirmó delante de los jueces del TCA no saber de la vigencia de dicha moratoria, algo totalmente inaudito para una entidad de ese rango.

8. No se puede otorgar una declaratoria de conveniencia nacional y de interés público si no se cuenta con un estudio de costo beneficio ambiental integral. La Administración Arias otorgó dicha declaratoria en octubre de 2008, para un proyecto privado, sin que se realizara un estudio integral de costo beneficio, ni siquiera con un análisis de los costos ambientales de los efectos del desarrollo del proyecto como debió haberse hecho con la realización de un Estudio de Impacto Ambiental completo para el cambio de diseño.

9. No se debe plantear el desarrollo de un megaproyecto minero a cielo abierto sin un análisis de riesgo integral. Con el cambio de diseño del proyecto, el riesgo inicial se incrementó, no solo en la represa de relaves que en caso de ruptura impactaría el río San Juan, sino por el uso de explosivos y mayor uso de cianuro y de sustancias peligrosas; así como el daño irreversible del acuífero local superior y de impactar de forma directa el acuífero regional inferior que se comparte con Nicaragua, sin contar con una valoración sobre sus efectos regionales de tipo transfronterizo.

10. No se debe plantear la explotación a cielo abierto durante 9 años, dejando la fase de recuperación y control ambiental del cierre por un periodo de 18 meses. Crucitas planteó, en la evaluación ambiental que la fase de cierre tardaría 18 meses, luego de eso, la represa y la laguna de relaves, el lago artificial y otras obras del proyecto quedarían al “garete”, sin que ninguna entidad se hiciera responsable de eventuales daños ambientales. Para colmo de males, la Setena estableció una garantía ambiental de $600 mil, un monto insignificante comparado con el eventual costo de los impactos irreversibles y daños que podría generar el proyecto minero.

A las faltas antes señaladas se suman muchas otras. No obstante, las indicadas demuestran claramente que el proyecto minero planteado tuvo serias e importantes fallas que deben servir de lecciones sobre lo que no se debería permitirle a un proyecto de inversión en Costa Rica.

Paradoja en la prevención de los desastres

Varios informaciones recientes, como son: a) el anuncio del ministro Francisco Jiménez del MOPT de que el país requiere $ 200 millones al mes para rescatar vías (LN: 17.11.2011), b) el artículo de la ministra de Planificación, Laura Alfaro, sobre los costos directos de los desastres en nuestro país (período 1988 – 2009) por un valor acumulado superior a los $1.823 millones (LN, 23.02.201), sin incluir los costos de la Tormenta Tomas por cerca de $71 millones (LN, 17.02.2011), c) la denuncia de la Contraloría General de la República sobre la baja en el presupuesto de prevención en el año 2011 de la Comisión de Prevención de Desastres y Atención de Emergencias (LN, 10.03.2011) y, finalmente, d) las impresionantes imágenes del terremoto ytsunami en Japón, que aunque en el otro extremo del planeta, nos recuerdan cuan cercanos estamos a enfrentarnos a una realidad de ese tipo, cuando la naturaleza nos muestra su cara terrorífica; lleva a concluir que en materia de prevención de los desastres en nuestro país se da una clara paradoja de contradicciones que debemos corregir lo antes posible.

El costo de los desastres. No solo se debe valorar con base en las frías cifras económicas que, aunque muy altas para un país como el nuestro, su alcance humano y para la vida en general, tiene costos y secuelas de mucho mayor valor: ¿Cuántas personas han muerto o fueron heridas? ¿Cuántas familias han perdido sus bienes y no los han podido reponer? ¿Cuántos bienes inmateriales y sueños de progreso fueron cambiados por frustración e impotencia? Es difícil hacer una valoración de estos factores, pero sabemos que todo esto forma parte de los desastres y que, por eso, la clave para disminuir sus efectos es la prevención.

La inversión en prevención. No solo se puede canalizar en el tema de disponer de alimentos y equipos para atender los desastres una vez que han ocurrido. Algunos todavía tenemos fresca la imagen del anterior presidente ejecutivo de la CNE, arrojando frente a las cámaras de televisión, bolsas con alimentos a los víctimas de una inundación como si el sufrimiento de algunos debiera servir de plataforma gratuita de propaganda política para otros.

Sin embargo, estas y otras acciones se dan después del daño, en plena emergencia. Pero la verdadera prevención implica tomar las medidas para que los sitios de riesgo a inundación, deslizamientos, avalanchas, erupciones volcánicas, fallas geológicas activas, licuefacción y tsunamis, no dispongan de construcciones donde habitan personas que no conocen el peligro en que viven, confiados en que las autoridades responsables (INVU, Setena, municipalidades) otorgaron los permisos tomando en cuenta todos esos factores y otros más. Los deslizamientos frecuentes, las correntadas de tierra y escombros que todo los destruyen, la pérdida de infraestructura, o los recientes daños en vidas humanas en Escazú indican que estamos ante autoridades que no cumplen su misión fundamental y ante un problema muy serio de ética profesional de algunos "expertos" o "peritos".

Lo mismo vale para las construcciones de infraestructura para el desarrollo, como las carreteras, que se planifican de forma parcial, considerando factores de costo y de inmediatez, sin que se tomen en cuenta factores clave como la fragilidad de los terrenos que atraviesan y que a la postre, dan al traste con toda la inversión realizada, dejando de herencia una obra de alto riesgo por toda la vida.

Las dos caras de la naturaleza: los costarricenses, al igual que los habitantes de muchos otros países, como Haití, Chile, China y Japón debemos comprender y asimilar que la naturaleza tiene dos caras. Por un lado, es paisajes hermosos, playas paradisiacas, montañas y volcanes imponentes, ríos majestuosos, bosques exuberantes y mares de ensueño; pero por otro lado, se puede manifestar con una cara de terror, con sismos y terremotos, deslizamientos, inundaciones, avalanchas y tsunamis.

A pesar de esto, la naturaleza es sabia y nos muestra, que esos desastres no ocurren en todos los lugares, solo ocurren en lugares específicos donde se presentan las condiciones para que sucedan y los seres humanos, incluso desde tiempos prehistóricos hemos aprendido a identificar los signos del peligro para evitar esos sitios. A pesar de eso, con el crecimiento de la población y por la presión del mercado inmobiliario, donde la ganancia de corto plazo es lo más importante, nos hemos olvidado de reconocer o aceptar esos signos de la naturaleza y hemos promovido y estamos promoviendo la construcción de obras en zonas de riesgo. Y lo peor de todo, es que hemos perdido la capacidad de "leer" las señales tempraneras que envía a veces, como en el caso de la tragedia en Escazú, la naturaleza antes de liberar su fuerza destructora: una humilde familia sí las supo leer y se adelanto a los acontecimientos. Pero las autoridades brillaron por su total miopía (LN: 08.11.2010).

Situación de Costa Rica: en ausencia de un efectivo ordenamiento y planificación del territorio, nuestro país es un claro ejemplo de lo bondadosa que ha sido la naturaleza con nosotros. Solo en la Gran Área Metropolitana, viven más de 100.000 personas en condición de riesgo a inundaciones, esto sin contar aquellas que viven en condiciones de riesgo a fallas geológicas activas, a deslizamientos, avalanchas y desastres volcánicos, que en total pueden alcanzar hasta 500.000 personas, es decir, un 20% del total de la población de la GAM.

Los estudios ambientales hechos para el Prugam delimitaron las zonas de riesgo e identificaron para el 2008 cuántas construcciones había sobre las mismas, e incluso señalaron la importancia de iniciar la realización de planes correctivos. Dichos estudios fueron aprobados desde el punto de vista ambiental en noviembre del 2009, y rechazados por el INVU en abril del 2010, que hacía pocos meses había intentado expandir el anillo de contención de la GAM incluyendo las zonas de alta fragilidad y de riesgo. Hoy, a casi tres años de la finalización de esos estudios, se siguen dando permisos de construcciones en zonas de riesgo, como si el rostro de terror de la naturaleza no existiera, y como si la vidas de las personas que van a habitar esas zonas no fuera importante.

Enfoque de la prevención: en un territorio de alta fragilidad ambiental como lo es Costa Rica, la prevención debe estar íntimamente ligada al correcto y efectivo uso del suelo, al establecimiento de medidas técnicas para las construcciones y en particular, a que las personas conozcan los factores de riesgo y estén preparadas a actuar cuando la situaciones de lluvia o de sismos desencadenan los peligros naturales. Para ello, es fundamental que las municipalidades estén preparadas y capacitadas y que los permisos de uso del suelo que otorgan sigan estrictos criterios técnicos y no de otro tipo. Este elemento es la clave para mejorar la prevención, de allí la importancia que el presupuesto de este tema en la CNE, sea incrementado y canalizado en estos esfuerzos; de lo contrario, poco se habrá avanzado. Nuestro país cuenta desde hace muchos años con las herramientas para avanzar. Lástima que los políticos de turno no comprendan la crucial importancia de actuar sin más dilaciones

El delta San Juan–Colorado

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

Lo que dice Nicaragua: Como parte de los argumentos esbozados por los representantes de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, se recalcó el hecho de que este país requería de la realización del dragado en el río San Juan, debido a la colmatación producida por los sedimentos acarreados por los ríos costarricenses San Carlos y Sarapiquí. Se planteaba así una duda respecto al derecho de Nicaragua de resolver un efecto ambiental (sedimentológico) de tipo transnacional, producido en una cuenca binacional, y del cual, según el Gobierno de Nicaragua, está en todo su derecho de resolver.

Producto de esa afirmación, durante las últimas semanas, algunas investigaciones en el tema sedimentológico, permiten aclarar si esta afirmación tenía algún sustento científico.

Aporte de caudal y sedimentos: Tal y como fue señalado en un artículo anterior (La Nación, 17.12.2010) los ríos San Carlos y Sarapiquí aportan un importante volumen del caudal del río San Juan, en promedio cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Producto de ello, es innegable que aportan también un importante volumen de sedimentos al río San Juan, cerca de un 60% de este, en particular porque drenan terrenos que ya no tienen bosques de cobertura, sino áreas de cultivos y de actividad agropecuaria.

Ante la afirmación anterior, en primera instancia, pareciera que esta le da pleno sustento a la argumento de Nicaragua. No obstante, se requiere analizar con un mejor detalle la situación para determinar si el argumento es realmente de recibo. Cuando se analiza el tipo de sedimento que acarrean los ríos costarricenses (San Carlos y Sarapiquí) al río San Juan, resulta que se trata mayoritariamente de mezclas de limos, arcillas y arenas de grano fino. Estos sedimentos requieren velocidades de corrientes bajas, del orden de 0,25 metros por segundo para desplazarse suspendidos en el agua del río. Siendo así, con el aumento del caudal producido por el aporte de los ríos costarricenses al río San Juan, este tiene capacidad para acarrear la nueva carga de sedimentos aportados, sin que gran parte de estos se acumulen en el fondo.

Esta circunstancia se puede comprobar con el análisis de la situación del cauce del río San Juan aguas abajo de las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí, particularmente por el estudio de fotografías aéreas e imágenes satelitales recientes, que se comparan con otras de mediados del siglo XX.

El resultado es que el río San Juan, después de la desembocadura del río San Carlos, y por un tramo de 40 kilómetros, hasta la boca del Sarapiquí, prácticamente aumenta el ancho y profundidad de su cauce, y aunque se muestran evidencias de sedimentación, esta siempre es de orden menor, con desarrollo de acumulaciones de sedimento en forma de barras o pequeñas islas dentro del cauce.

Una situación similar ocurre con la desembocadura del río Sarapiquí. Nuevamente el cauce del San Juan se hace más ancho, e incluso, por un tramo de 22 kilómetros tiene un curso más rectilíneo, con lo que aumenta su poder de transporte de sedimentos.

Causa de la colmatación del río San Juan: La situación progresiva de ensanchamiento del San Juan, cambia radicalmente en sus últimos 31 kilómetros de recorrido hacia el mar Caribe. Efectivamente, se muestra una situación de colmatación de sedimentos en el cauce del San Juan, pero la causa, NO es el aporte de los ríos costarricenses, sino la combinación de dos fenómenos naturales.

El primero de ellos, y posiblemente de mayor relevancia, es que precisamente 31 kilómetros antes de la desembocadura, el río San Juan se bifurca, y gran parte de su caudal (cerca del 80 %) pasa hacia el río Colorado de Costa Rica. Esta situación ocurre de forma natural, debido a que a partir de este punto se inicia la construcción natural del delta del Colorado – San Juan, cuya parte “emergida” corresponde con un sistema parálico (lagunas, pantanos, canales fluviales y áreas bajas inundables, catalogadas todas como humedales de gran valor ecológico). Así como pasa gran parte del caudal, también pasa gran parte del sedimento que acarrea el río San Juan. No obstante, al tener mayores dimensiones el sistema deltaico en la parte de Costa Rica (cerca del 75 % del total), y mayor sistema de canales, ese sedimento se dispersa en los humedales que funcionan como una especie de trampa que los acumula.

En el sector del río San Juan y la parte del delta del lado de Nicaragua, la situación es algo diferente. Es una zona sujeta a una situación geológica que no permite que el río San Juan se bifurque y disperse el sedimento, sino que lo acumula a lo largo del cauce propiciando su colmatación en el fondo de este, y en barras de meandros. Esto ocurre por una causa natural, en razón de que es una parte del delta que presenta una menor velocidad de “hundimiento” respecto al sector de Costa Rica, donde la subsidencia o hundimiento es más rápida.

Efectos del dragado: Con lo indicado previamente, queda claro que la causa de la colmatación del río San Juan, en sus últimos 31 km, no es el aporte de sedimentos de los ríos costarricenses, sino un fenómeno geológico natural que ya se había detectado, incluso a mediados del siglo XIX por parte de varios exploradores, y se va a seguir dando, con o sin dragado. El dragado de esa parte del cauce del río San Juan, es solo una solución temporal, pero que no puede contrarrestar los cambios naturales que se dan el delta del San Juan desde hace miles de años.

De manera que para mantener el cauce en condiciones de navegabilidad se requeriría hacer un dragado continuo, de cientos de miles de metros cúbicos de sedimento por año solo para profundizar y mantener el cauce 1 metro más profundo. Esto, como ya se ha analizado, tiene enormes consecuencias ambientales, no solo en el cauce mismo, sino en los bosque que los bordean (como muestran las últimas imágenes satelitales de mediados de febrero), así como en los ecosistemas de humedales de todo el Delta y el litoral Caribe Norte de Costa Rica, donde se concentran sitios de anidación de tortugas y arrecifes de coral que serán afectados por los sedimentos llevados allí por las corrientes marinas.

Urgencia de un plan binacional para el delta: Se concluye entonces que este dragado planteado por el Gobierno de Nicaragua en el río San Juan, no tiene mayor sustento técnico ni de sostenibilidad y que, lejos de resolver los problemas sociales de las comunidades humanas del delta, las va a agravar, tanto del lado tico como del nica.

Según estos argumentos, y los ya señalados previamente sobre la apertura del canal artificial en la isla Calero, en territorio costarricense, resulta claro que es urgente replantear las labores de dragado, y corregir lo hecho con el “canal Pastora”. Mientras tanto, ambos países, sobre la base de criterios técnicos y científicos, deben crear las condiciones para el establecimiento de un plan binacional de manejo y desarrollo sostenible para el territorio del delta. No hacerlo significaría condenar a esta importante región del Caribe a un daño ambiental irreversible y muy severo, y de enormes costos para ambos países.

La reciente decisión de la Corte de La Haya debería servir de acicate a las autoridades de ambos países y, en particular, a sus científicos y organizaciones ambientales, a reunirse a discutir abiertamente la situación y plantear un plan de manejo integral para el delta, poniendo como primer objetivo el desarrollo sostenible de las comunidades humanas que lo habitan.

Las dos Costa Rica

A propósito de los acontecimientos “políticos” del mes de enero pasado, particularmente los acaecidos en nuestra cada vez mas sorprendente Asamblea Legislativa, es posible llegar a la conclusión de que en nuestro país, desde el punto de vista de reacción ante los acontecimientos, tenemos dos extremos, algo así como si fuéramos dos países en uno.

Hay, por un lado, una Costa Rica, de la gente que ve “los toros desde la barrera”. Es la que lee, ve o escucha las noticias, se da cuenta de que algo está sucediendo, reflexiona un rato, pero no reacciona. Prefiere no opinar. Duda de la información, no por la información en sí, si no porque cree que viene sesgada o porque “malinterpretan” las palabras del personaje central de la noticia.

Es una Costa Rica que todavía cree, confiada, que esos personajes son como héroes que salen a la arena política, sacrificando sus vidas privadas, en pos del bienestar común. Es una Costa Rica, que permanece silenciosa, sin cuestionar públicamente a nadie, y que prefiere pasar la página, olvidar el mal rato que esos personajes pudieran pasar, para luego, seguir “como antes”, dejando que sus “héroes” sigan dirigiendo su destino, sin importar cuál va a ser este.

Pero también hay otra Costa Rica de gente un poco menos confiada, que se informa un poco más, y que, cruzando información aquí y allá logra deducir fácilmente la forma en que se le trata e irrespeta. Es la Costa Rica que se indigna y exige sin tapujos que se haga algo, que se investigue lo que se cuestiona, que se aclaren las cosas hasta las últimas consecuencias, que se corrija lo que se tiene que corregir. Es la Costa Rica, que, sin necesariamente dudar de todos sus dirigentes políticos, les exige públicamente transparencia y rendición de cuentas. Que ve en el Congreso, un sitio donde sus “representantes” deben y tienen que hacer su trabajo por la patria, y en donde el país debe iniciar la senda de su progreso.

Entre esas dos Costa Rica se debate nuestra realidad. Incluso la de los medios noticiosos, que investigan y sacan a la luz una exclusiva, que provoca esa doble reacción. Por un lado, unos que prefieren que pase uno o dos días, para que la noticia se olvide, como casi ha sido una tradición en nuestro país por mucho tiempo, y por otro lado, otro grupo que prefiere que se llegue al fondo, y que realmente se establezcan soluciones y cambios.

Realismo y surrealismo. Nuestro país se ha debatido durante mucho tiempo entre esos dos extremos: una especie de realidad surrealista que todo lo olvida y una grupo realista que se frustra y molesta cuando, con un mínimo de información, razonamiento lógico, sentido común o datos científicos, se da cuenta de cómo los gobernantes nos fabrican problemas en vez de soluciones.

Los políticos de carrera, saben que estos son los extremos de comportamiento de nuestra sociedad y saben que mientras la Costa Rica pasiva y que rápido olvida, represente la mayoría de la sociedad, las cosas van a poder seguir como hasta ahora. Tienen así asegurados más “negocios”, resolverán sus problemas a punta de de telefonazos, poniendo a correr entidades públicas en la satisfacción de intereses particulares, y nos llenaremos de más avergonzantes autopistas del Sol, de más desgastantes Crucitas en los tribunales, y también de más muertes y pérdidas con cada aguacero de temporada debido a la falta de planificación del riesgo en la GAM.

Al final, es fácil de gobernar un grupo que no cuestiona y que fácilmente, se conforma con explicaciones, aunque estas no tengan mucho sentido, ni mayor sustento técnico, como el hecho de que se compre una carretera a precio de primer mundo, pero su calidad sea de un país del tercer mundo (y que para colmo, obliga a que las radiales mal concebidas por subestimar el factor lluvia en un país tropical como el nuestro, ahora deban ser reparadas con el erario público ante la mirada indiferente de la opinión).

Lograr un cambio. Solución: ambas Costa Rica son las que eligen a los gobernantes, y solo con un cambio, en donde la Costa Rica que cuestiona, que persiste, relaciona hechos, que pregunta, que exige cuentas, sea la que domine, no se va a lograr el verdadero cambio de rumbo en el destino de nuestro golpeado país.

Durante el transcurso del presente año 2011, hay una oportunidad de que, los costarricenses, conocedores de esta realidad, presionemos para que impulsemos esa transformación. Lo único que se ocupa es olvidar nuestra vieja costumbre de “cambiar la página”, de olvidar el problema como si con eso lo resolviéramos. Lo que necesitamos es, simplemente, exigir explicaciones claras. Transparencia y rendición de cuentas, y también, muy importante, que los responsables asuman las responsabilidades no asumidas y dejen de formar parte de nuestra realidad como si fueran los únicos “héroes” que nos pudieran hacer progresar.

La tecnología de hoy nos da muchas herramientas para alzar nuestra voz.

Lo único que tenemos que hacer es cobrar conciencia de nuestro verdadero poder y, en particular, de nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta nuestra única patria.

Larga fila en planes reguladores

El ordenamiento del territorio, entendido como el desarrollo social, ambiental, cultural y económico de una región, dentro de un marco de planificación equilibrada y sostenible, es un tema clave para el progreso de una nación. Su no realización o su rezago es lo que constituye la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

En países como Costa Rica, el ordenamiento territorial (OT), bien hecho, cuando toma en cuenta la variable ambiental, incluyendo la gestión del riesgo, deja de ser solo un paso para el desarrollo, sino una urgencia, para poder salvar personas y bienes, incluyendo la infraestructura que tanto años y esfuerzos ha costado a los costarricenses de varias generaciones.

Con la llegada de la Administración Chinchilla, se abrieron expectativas sobre un verdadero avance en materia de ordenamiento del territorio. No obstante, al leer lo que se dice sobre el mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011 – 2014, la decepción e incluso, la preocupación por un retroceso, surgen conforme se avanza en su lectura y metas.

Enfoque del problema: el PND deja claro el problema en materia de OT, cuando señala como responsables, la falta de acciones coordinadas de las instituciones del Estado y la inadecuada Gestión del Riesgo. Señala estos dos factores, como los responsables de las disparidades en progreso de las regiones del país y del aumento de la vulnerabilidad de la población.

No obstante, preocupa la expectativa que deja el mismo plan, al señalar que “no se puede hacer mucho debido al desfinanciamiento de las instituciones encargadas de darle seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial”. La preocupación no surge por el siempre ubicuo faltante de recursos, sino por la visión del ordenamiento del territorio que se apoya en las instituciones, olvidando que se trata de un proceso, en el que la función del Estado y sus instituciones es fijar reglas claras y fiscalizar su cumplimiento. No debe enfocarse al Estado como protagonista principal, pues allí estriba el principal problema.

Propuesta del PND: Las soluciones que plantea el PND tienen la cualidad de que empiezan de “cero”, como si antes no se hubiese hecho nada. Esta extraña omisión constituye uno de los principales defectos de los planes nacionales de desarrollo, que olvidan el pasado y lo avanzado, y, por tanto, la continuidad.

En materia de ordenamiento territorial, la Iniciativa Paz con la Naturaleza, avanzó durante 4 años en una propuesta de política en ese tema, que al final no fue posible concretar precisamente por falta de voluntad política. No obstante, como si ese esfuerzo no contara, en el PND, se plantea trabajar en una nueva política. La pregunta es si se va a gastar nuevamente todo el tiempo de la administración en su discusión y elaboración, para dejar nuevamente la tarea inconclusa.

La respuesta la trae el mismo PND, que contiene una disculpa adelantada por su posible no elaboración, al decir que “se trata de un proceso complejo que exige una gran inversión de esfuerzos y recursos, que convoca a una gran diversidad de actores y que finalmente, se operacionaliza en una multiplicidad de agendas, algunas de ellas ajenas a las competencias del Poder Ejecutivo y del marco temporal de esta Administración”.

Plan Nacional de Desarrollo Urbano: de esta manera, nuestras autoridades se están olvidando que han pasado más de 42 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana y de que el INVU, ha fracasado en su desarrollo e implementación, incluso en el cumplimiento del GAM de 1982, que a pesar de su buen planteamiento inicial, fue irrespetado por el mismo INVU, de manera que se permitió el desarrollo urbano caótico y desordenado de hasta 102 km² fuera del anillo de contención y que han convertido a la GAM en un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de ordenamiento territorial.

Estas mismas autoridades están así obviando los diversos informes de la Contraloría General de la República sobre la responsabilidad del INVU en esa materia, resulta que se le da a esta entidad, como si nada hubiera pasado, la tarea de aprobar el Plan Regional de la GAM, que no necesariamente es el Prugam que el INVU rechazó en abril del 2010. Y más aún, se le da otra tarea al INVU, “con el fin de responder a la presión sobre el territorio y recursos ambientales experimentados en la región Chorotega, se impulsará la elaboración y aprobación de un Plan Regional de desarrollo urbano y costero de la Provincia de Guanacaste”.

Planes reguladores: el asunto, se hace más complejo, pues se deja subordinada la aprobación de los planes reguladores cantonales y costeros, a esos “planes regionales”, al señalar: “como un resultado potenciado por la etapa previa de elaboración y aprobación de Planes Regionales, se espera avanzar en la gestión del territorio, impulsando la implementación de planes reguladores cantonales y costeros”.

El asunto parece claro, el INVU no va a tramitar planes reguladores cantonales o costeros, hasta tanto no se cumplan los criterios de calidad técnica de los planes regionales y posteriormente de los planes reguladores. Y aquí, es precisamente donde, de cumplirse esto, tendríamos un verdadero retroceso en lo relativamente poco avanzado en materia de ordenamiento territorial, ya que cerca de 40 planes reguladores cantonales elaborados en el marco del Prugam y del Programa de Regularización y Catastro en Guanacaste, sin contar con otros planes reguladores ya elaborados o en elaboración, tendrán que hacer una larga y muy lenta fila para que puedan ser revisados y tal vez, finalmente aprobados por el INVU, a riesgo de que cuando sean revisados ya estén desactualizados.

Retroceso: como se ve, el plan en materia de ordenamiento del territorio, no se apega a la realidad de un país, que acaba de pasar por una época lluviosa que produjo decenas de pérdidas de vidas y generó cientos de millones de dólares en pérdidas de bienes e infraestructura.

Anteponer la aprobación de los planes reguladores que ya cuentan con la variable ambiental aprobada y que sirve de mecanismo de estandarización entre los diferentes planes reguladores, a que primero estén unos planes regionales, a los que también habría que integrar la variable ambiental tal y como ya la Sala Constitucional lo ha señalado respecto al Decreto Chorotega, no tiene ningún sentido y lo único que provocará es que la solución de los problemas de uso del territorio, se postergue, y atrase por muchos años más.

Emergencia: la ausencia de planes reguladores vigentes en los diferentes cantones del país, debería considerarse una verdadera situación de emergencia cantonal y nacional. Ante ello, el hecho de que el Plan Regulador disponga ya de la variable ambiental aprobada, debería hacer que el Plan Regulador en cuestión, entre en vigencia según las potestades que la Constitución le da a las municipalidades en el ámbito de la administración de su territorio, y hasta tanto sea revisado y aprobado por el INVU como lo establece la Ley de Planificación Urbana, o bien, por una instancia que asuma esa tarea de forma emergente y que pueda cumplir la meta de que al menos 40 planes reguladores estén vigentes para el 2014.

Postergar más estas transcendentales decisiones podrían costarnos muy caro a todos los costarricenses, no solo en dinero, sino en vidas humanas.

Por eso, urge corregir el rumbo.