Decisiones “estratégicas” inconsultas

Hay decisiones estratégicas, referentes, por ejemplo, a una obra constructiva, cuyos alcances pueden cambiar el rumbo de una región completa. Sus efectos a mediano y largo plazo pueden afectar los patrones de tenencia de la tierra y modificar por completo los hábitos productivos de comunidades y sus tradiciones culturales.

En la mayoría de los casos, esas decisiones se toman de manera inconsulta, partiendo del postulado que la obra genera beneficios directos a quien la ejecuta y que servirá de catalizador para el desarrollo de otros sectores que se supone están deprimidos o estancados económicamente, en particular con la creación de empleos.

El tema de la creación de empleos pareciera justificar cualquier cosa, hasta los proyectos más insostenibles: 253 empleos en la zona norte, en una remota zona, lo justifican todo, pero... ¡nadie piensa en una declaratoria de emergencia nacional o de catástrofe nacional al perderse 2.000 empleos a raíz de una decisión reciente tomada por una transnacional que comercializa el melón!

Al tomar decisiones sobre proyectos “estratégicos”, sin ninguna estrategia de diálogo nacional, y sin realizar una evaluación integral de los alcances de la decisión, no se logran ver otros aspectos claves y no se establecen medidas condicionantes que permitan ejecutar la obra, dentro de un orden definido, para evitar sus efectos negativos.

Tarea de evaluación. Esta última tarea es la función que tiene un concepto de la Evaluación Ambiental Estratégica, abreviado como EAE. A diferencia de la Evaluación de Impacto Ambiental, la EAE no se enfoca en los impactos específicos de un proyecto, sino en su alcance general, en sus repercusiones más relevantes y en el diálogo abierto y transparente que debe darse, entre los representantes de los diversos sectores de la sociedad, antes de la decisión estratégica.

La EAE como tal, está instaurada en Costa Rica desde el año 2004. Hasta hoy, se aplica para los planes de ordenamiento del territorio.

No obstante, está diseñada para que se aplique también a las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos. La Setena y el Minaet nos deben todavía el procedimiento técnico pues, después de 6 años, todavía no se oficializa, a pesar de contar con una propuesta desde hace más de un año. ¿Por qué razón?

Costa Rica se encuentra en una fase de cambio y adaptación a nuevas reglas. Desde hace 15 años, se han estado promulgando una serie de leyes en el campo ambiental y social que hacen que hoy, la situación respecto a las decisiones estratégicas tenga otra realidad.

Debemos dejar la costumbre de la “vieja guardia” que considera que las ideas y las decisiones deben imponerse, porque es lo lógico y lo correcto, según su pensamiento, sin que haya posibilidad de cuestionar y replantear sus postulados o simplemente analizar sus alcances y redimensionar su impacto.

Los grandes proyectos de inversión que necesita el país, los planes y programas de desarrollo sectorial y las políticas como la energética, la de desarrollo y mejora de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, en turismo y agricultura, por mencionar algunas, requieren una EAE abierta, transparente y participativa, según la reglas que se practican en muchos países desde hace 20 años.

Temas como el megaproyecto Diquís, el aeropuerto internacional en la frágil zona de Sierpe en Osa, el desarrollo hidroenergético en la cuenca del río Sierpe, la posible explotación geotérmica en áreas protegidas, y otros planes y programas de desarrollo sectorial y suprasectorial, son decisiones estratégicas que no pueden quedar solo en el ámbito político. No realizar una efectiva EAE de esas decisiones, dentro del contexto de acuerdos y consensos, sería un grave error. Paralelo a ello, creer que tres o cuatro altos funcionarios de Gobierno pueden decidir lo que es de “conveniencia nacional e interés público” vía Decreto Ejecutivo es una práctica que roza con el sentido común y que expone el país a contrasentidos que terminan usualmente en los tribunales de justicia.

Forma y metas. Un viejo refrán popular dice que “el diablo está en los detalles”. En tema de las decisiones estratégicas sobre grandes proyectos, programas, planes o políticas, esto se cumple a cabalidad. Es claro que el país debe avanzar y dirigirse hacia esas metas.

El problema es el “cómo” ya que para algunos es imponiéndoselo a la sociedad, siguiendo prácticas no escritas que se perpetúan desde hace mucho, pero que hoy están obsoletas y provocan divisiones, creando una profunda desconfianza hacia las autoridades.

Para otros, hay herramientas más modernas y eficaces, con las que ese “cómo” se transforma en diálogo, negociación y ajuste de la propuesta, hasta que alcance niveles equilibrados para su ejecución.

Seguir el camino de la imposición, sin diálogo, vía decretos de “conveniencia nacional” sin contar con el debido sustento, es un error que afecta a todos pues, además de que polariza aún más la ya dividida sociedad costarricense, retrasa la toma de decisiones estratégicas, condenando al país, al atraso y al subdesarrollo. Ya es hora de que cambiemos y abramos los espacios para que sea la sociedad, y no unos cuantos políticos de turno, la que oriente el desarrollo del país hacia el progreso colectivo.

La Fórmula Perfecta para el Desastre

En un reciente artículo publicado por La Nación (Foro, 04-10-2010), se plantea la urgencia de que se aumente el abastecimiento de agua por parte del AyA para “poder urbanizar con condominios y residenciales las zonas altas de la GAM”. Se nota así, la convergencia de cómo se ignoran los resultados de los estudios científicos, se propulsa un voraz y equivocado desarrollo urbano y se induce a error en la decisión sobre el abastecimiento de agua para el área urbana del Valle Central. La fórmula perfecta para el desastre y el desperdicio. Zonas frágiles. Los estudios científicos realizados, entre el 2006- 2008 para la planificación del uso de la tierra en la GAM, realizados por el Prugam y aprobados por la Setena en el 2009, demuestran que las zonas de montaña que rodean al Valle Central, tanto al norte como al sur, son zonas de Muy Alta Fragilidad Ambiental, NO APTAS para un desarrollo urbano intenso. Son zonas vulnerables a deslizamientos (hay muchos ejemplos en Santa Ana, Escazú, Aserrí, Desamparados), de aptitud forestal, áreas de recarga acuífera y con presencia de fallas geológicas activas. Su aptitud es para la conservación, con un limitado uso agrícola o agropecuario y un condicionado uso urbano o turístico, con coberturas no mayores al 10 %. En razón de esto, el Prugam, cuyos informes estuvieron 15 meses en el INVU para su aprobación y fueron desechados en abril del 2010, indicó que la zona de meseta tiene buenas condiciones para el desarrollo urbano, de la cual se pueden urbanizar hasta 9.000 hectáreas más, con capacidad para albergar la población futura de la GAM, sin contar la posibilidad de la regeneración de las zonas ya urbanizadas. Este Plan permite la construcción vertical para el mejor aprovechamiento del espacio urbano, pero dentro de límites no superiores a los 14 pisos para mantener una ciudad armónica. Estas zonas de meseta se localizan hacia el oeste del Valle Central y se pueden expandir aún más hacia la parte oeste-noroeste del Valle, en la zona de Grecia, Naranjo, Palmares y San Ramón, hacia donde se debe dar el crecimiento natural de la GAM.

Contrasentido. Proponer ampliar el acueducto de Orosi, con una inversión de $170 millones, para poblar las zonas altas y vulnerables de la GAM, es un doble error que no debería cometerse.

Ante lo establecido por el Plan de expansión de la GAM y las condiciones ambientales del Valle Central, es claro que las fuentes de abastecimiento de agua deberían buscarse en el sector oeste, en las partes altas de Naranjo, Grecia y Poas, donde existen excelentes fuentes de aguas subterráneas. De esta manera, se dispondría de dos fuentes estratégicas: Orosi al este y otra al oeste, sin tener que “poner todos los huevos en el mismo canasto”, como decían nuestros abuelos.

Desarraigo. En cuanto a lo que señala el señor Carazo, de la Cámara de Construcción, de que el que no se dé disponibilidad de agua para que los dueños de fincas puedan dar parte de estas a sus hijos y nietos, con lo que, según él, “se produce desarraigo”, soy de la opinión contraria: la causa del desarraigo proviene del hecho que las grandes inmobiliarias han comprado las fincas a estos campesinos y ahora esperan el agua para desarrollar sus proyectos. ¡Esto sí se llama provocar el desarraigo, señor Carazo! Todos lo podemos comprobar en distintos cantones en los que empresarios compran a bajos precios a familias de agricultores sus tierras para llenarlas de cemento y varilla. La GAM vive ya una crisis de agua para los que actualmente vivimos en ella en época de sequía: es anormal que se piense en expandirla sin resolver primero los problemas de sus actuales habitantes. Por eso, se debe ser cuidadoso con las decisiones que se tomen sobre el desarrollo urbano y el uso del suelo, en especial cuando se trata de la seguridad de las personas habitantes y el manejo de un recurso estratégico como el agua.

Los estragos causados en esta temporada normal de lluvia en varias partes bajas de las cuencas de ríos en la GAM, el desastre de las carreteras de Autopistas del Sol, y muchas otras situaciones vividas en los últimos años, evidencian que decisiones tomadas sin criterio técnico llevan ineludiblemente el país al caos y provocan más subdesarrollo.

Las municipalidades al momento de otorgar las certificaciones de uso del suelo, deben ser precavidas y considerar los resultados de los estudios científicos ya aprobados, a fin de que establezcan las condicionantes técnicas y ambientales necesarias y así, no promover construcciones en áreas no aptas.

El vacuo oro de Crucitas

Resulta que durante aproximadamente diez años la minera en Crucitas pretende extraer cerca de 700.000 onzas de oro.  La casi totalidad de ese oro  será exportado para ser vendido por la empresa minera. Según recientes datos sobre los usos y consumos de oro en el mundo, tan solo el 12% del oro que se produce tiene “utilidad” real en la industria. El resto, es decir, casi el 90% del oro que se produce tiene una finalidad suntuosa, ya que se utiliza como reservas para  mantenerse en los sótanos vigilados de los bancos, o bien para la joyería, en donde se destacan como los mayores consumidores modernos China y la India.

Lo más significativo de esto es que  el reciclado del oro, proveniente principalmente de la joyería, aporta cerca del 28% del oro del mundo, de manera que, solo esta fuente, aportaría más del doble del oro que se requiere para la actividad industrial en el planeta.

Desde una perspectiva realista. A 1,21 g/ tonelada, la proporción de oro existente en Crucitas, para obtener las 700.000 onzas del metal se tendría que provocar la remoción de alrededor de 20 millones de toneladas de suelo y roca, causando grandes impactos en los bosques, la biodiversidad, suelo, ríos, en los acuíferos y el paisaje, así como en las comunidades humanas que se aglomerarán como un pueblo minero que será abandonado en diez años, junto con desastrosos efectos de varios de los desechos tóxicos que perdurarán por muchos años. Y todo esto para nada útil, salvo para enriquecer a la empresa minera canadiense y sus socios, que obtendrán cerca de tres cuartas partes de los beneficios que producirá la minera.  La otra cuarta parte no es que se quedará en el país, representa la inversión que se tendrá que hacer para extraer el oro y los impuestos que durante diez años tendrá que pagar la empresa al Estado costarricense, ya sea a la municipalidad o a Hacienda.

En razón de que todavía hoy, casi diez años después de que se inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero, todavía no se ha hecho una verdadera y eficiente valoración de los recursos naturales que serán impactados y el riesgo ambiental que implica el proyecto minero durante su operación y su posterior cierre, todavía se sigue sin tener claro cuánto le costará al país que la minera canadiense obtenga esa ganancia. 
Crucial decisión. Los “beneficios” sociales que la minera dice haber producido y que producirá se caracterizan por ser limitados y temporales. Son como “gotas de dulce pócima” para sostener la división entre los mismos costarricenses que debemos decidir entre permitir explotar un oro de poca utilidad para saciar la avaricia de riqueza de una minera extranjera y sus socios, o bien, preservar la verdadera riqueza de nuestros recursos naturales, nuestro verdadero oro, los bosques, la biodiversidad, las aguas, el paisaje y nuestras tradiciones.

Algunos de los pocos beneficiados con esta actividad nos han insistido sobre la urgencia, la importancia y la necesidad de hacer minería para extraer metales, pues nos dicen que sin ella la sociedad moderna y tecnológica no podría seguir adelante.  Sin embargo, ellos mismos no nos explican por qué debemos permitir extraer el oro de nuestro territorio para que una empresa extranjera se lo lleve, obtenga ganancias con su venta, y después de todo solo sirva para almacenarse en un banco o para producir suntuosa joyería en países lejanos.

En los días por venir Costa Rica tendrá una nueva oportunidad de dar una lección al mundo y de decirle que prefiere, como ya nos lo ha hecho saber el 90% de su población, conservar sus riquezas naturales y apostar por un desarrollo y uso sostenible y racional de sus vulnerables suelos, que optar por su destrucción a costa de extraer el oro de Crucitas, cuyos costos y riesgos ambientales son mucho mayores que sus pocos y vacuos beneficios.

Sí habrá impactos ambientales

El dragado del Río San Juan a realizar por Nicaragua para recuperar la navegabilidad y aumentar su potencial turístico, constituye un dragado en uno de los cauces de desagüe en el sistema deltaico Colorado – San Juan, que comparten Costa Rica y Nicaragua, y por tanto, es interés para ambos países.

Afirmar que el dragado en el río va a generar impactos ambientales poco significativos en el lado costarricense resulta precipitado, en particular, porque no se cuenta con la información del proyecto y de su evaluación de impacto ambiental.

En el Río San Juan, donde se inicia el delta, una parte significativa del caudal del río pasa al río Colorado en Costa Rica. Esto resulta de un proceso natural  de sedimentación, detectado por ambos países desde el siglo XIX, cuando se analizó el tema del canal interoceánico.

Con el dragado proyectado unilateralmente por Nicaragua se pretende recuperar el caudal, disminuyendo el aporte de agua al Río Colorado para que el Río San Juan pueda ser navegable. Hay, no obstante, varias consecuencias a considerar.

Con el dragado lo que se hace es romper el equilibrio natural, dado que la sedimentación es una consecuencia directa de la evolución del sistema deltaico Colorado – San Juan.

Es muy probable que a pesar del costo la navegabilidad sea solo temporal, pues el Río San Juan va a seguir sedimentando, en razón de que esa es su condición de equilibrio ambiental.

Ante esto, surge la duda de si el proyecto en sí representa la mejor alternativa para el desarrollo de la zona o si más bien contribuiría a generar efectos adversos.

Impactos negativos. El dragado genera una cadena de impactos ambientales a todo el delta, tanto en Costa Rica, que corresponde con un área silvestre protegida y un humedal mundialmente reconocido, como del lado de Nicaragua. Algunos de esos impactos son de carácter transfronterizo y son de corto, mediano y largo plazo. El principal impacto es la disminución del caudal en el río Colorado, y por tanto, al humedal, con lo que se genera una cadena de efectos negativos en los ecosistemas, y en el equilibro fluvial y sedimentario del río. No está claro el alcance de esta disminución del caudal ya que Colorado depende del dragado. Hay un factor de riesgo que requiere un análisis técnico detallado.

Otro de los impactos ambientales corresponde a la turbidez que se va a producir, por remover grandes volúmenes sedimentos.

Esa turbidez se movilizará por el Río San Juan hasta su desembocadura y por corrientes marinas, se desplazaría hacia las costas de Costa Rica, con efectos en los ecosistemas costeros. Sería importante saber si este impacto se valoró para el proyecto del dragado y si se establecieron medidas ambientales correctivas y de control, pues tiene que ver con la prodigiosa biodiversidad que concentra la Barra del Colorado. En este tema de la turbidez hay que tomar en cuenta el problema de la calidad ambiental de los sedimentos. Dado que esos sedimentos están contaminados con pesticidas y metales pesados detectados desde 1992 por el CIRA  en Nicaragua, que al ser movilizados, van a producir su dispersión.

Mas hay otros impactos ambientales producto del dragado, como el aumento del poder erosivo del río y de su capacidad de inundación, debido al aumento del caudal, que puede tener efectos negativos en los ecosistemas rivereños y en las comunidades humanas que viven allí. A partir de todo este modelo predictivo de los efectos del dragado queda la duda si fueron analizados en la Evaluación de Impacto Ambiental (si es que existe dicho estudio) y, en particular, si el proyecto en sí representa una verdadera alternativa de desarrollo para esa zona.

En primera instancia pareciera que no, que lo mejor sería que ambas naciones hubieran discutido, abiertamente, las diferentes alternativas de desarrollo, y sus efectos ambientales.

Diplomacia no es suficiente: se trata de un asunto técnico y ambiental, con consecuencias negativas para los ecosistemas y comunidades humanas de ambos territorios, por la cual la mera negociación diplomática, que se basa en criterios de oportunidad política, no es suficiente.

Sorprende que a 20 años del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), de la cual Nicaragua y Costa Rica forman parte, no se haya realizado una verdadera evaluación de impacto ambiental transfronterizo, con participación de sus autoridades ambientales.

No hacerlo, ni resolver esta situación en la zona fronteriza, cuyos recursos naturales y ecosistemas trascienden la frontera, significa la condena al subdesarrollo y la degradación ambiental, con sus comunidades humanas como las principales víctimas de decisiones de los dirigentes políticos.

El país ha perdido la belleza natural de otrora y la riqueza marina de varias de sus playas en su vertiente Pacífica por ignorar estas variables. Sería lamentable ver el mismo fenómeno reproducirse en este santuario de biodiversidad del planeta.

Crucitas y números del Gobierno

El Vicepresidente Piva y un grupo de “expertos”, cuyos nombres se desconocen (y tal vez nunca se den a conocer), afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería desembolsar un monto de $1.700 millones. Se da esa cifra sin explicar con claridad cómo se obtuvo, ni cuál fue “la fórmula”, ni la variables que se utilizaron. Solamente cita, en su artículo del día 18 de agosto pasado publicado en La Nación algunos estudios hechos por la empresa o para la empresa sobre el proyecto minero.

No considera, de forma absolutamente inconveniente, otros costos ambientales y sociales, que formarían parte del proyecto y que hace de esas valoraciones algo completamente favorecedor de la empresa minera.

Sin conocer la fórmula, y teniendo claro que no se realizó un estudio costo-beneficio, asunto aceptado por las autoridades en la Vista ante la Sala IV el pasado noviembre, es importante aplicarla para compensar los cálculos, sobre los costos ambientales y sociales que tendría la mina:
¿Cuál es el costo de destruir de forma irreversible un bosque natural de 2 millones de m2? ¿Cuánto cuesta destruir un bosque maduro que ha tardado más de 200 años en desarrollarse y que tiene funciones de corredor biológico? ¿Cuánto cuesta destruir la biodiversidad de esos 2 millones de m2 de bosque, con especies de flora y fauna que están en peligro de extinción o como especies vedadas?
¿Cuánto cuesta la alteración irreversible de 3 millones de m2 de drenaje natural y de suelo fértil para construir las obras de la mina? ¿Cuánto cuesta el consumo de 4.200 millones de litros de agua para ser mezclados con cianuro para extraer el oro? ¿Cuánto cuesta el riesgo de transportar, almacenar, manejar, utilizar y procesar poco más de 5 millones de kg de cianuro y otras sustancias peligrosas, durante 9 años de operación de la mina, localizada en un área vulnerable a fenómenos climáticos?
¿Cuál es el costo de impactar de forma directa e irreversible el acuífero superior, en más de 2,5 millones de m2 de la mina? ¿Cuánto cuesta la afectación, con sedimentos y otros contaminantes provenientes de la mina, en los cauces de los ríos y quebradas que drenan hacia el río San Juan, durante 9 años?
Aquí ayudamos a Don Alfio: el m3 de agua contaminada se cotiza a $500 según los parámetros internacionales, si se trata de un daño transfronterizo.

¿Cuánto cuesta el impacto directo en el acuífero inferior, poniéndolo en riesgo de contaminación, así como a pozos de abastecimiento público en las cercanías? ¿Cuál es el valor del daño ambiental por la apertura de un lago en el Tajo Fortuna de 80.000 m2 de área y 30 m de profundidad, y dejarlo así para siempre?
¿Cuál es el valor del riesgo de disponer más de 15 millones de toneladas de residuos sólidos, contaminados con metales pesados, en el fondo de un lago artificial sin impermeabilizar, junto con millones de metros cúbicos de aguas cianuradas, retenidas por una represa que puede ser vulnerable a una ruptura debido a una falla geológica bajo el sitio de presa, dejándolo así para siempre?
¿Cuál sería el costo aproximado de que, como ya ha pasado en Europa, 30 veces en los últimos 25 años, se de una ruptura de la represa, y que el agua cianurada y los sedimentos contaminados desciendan por el cauce del río Infiernito hasta el Río San Juan? ¿Cuál es el costo de ese riesgo ambiental, social y político? ¿Cuánto costaría la indemnización por un eventual daño ambiental al río San Juan?
¿Cuál es el costo de seguir dando una vigilancia y control ambiental de lo que deje la minera después de 9 años de operación y 18 meses de cierre, cuando para el caso de un relleno sanitario el proceso de cierre técnico es de 15 años?
Finalmente, ¿cuánto costará al país darle los servicios de salud, educación, agua, saneamiento y otros a un pueblo minero que se desarrollará en la zona fronteriza del proyecto minero?
Estimación del costo. No es posible saber el resultado de estas preguntas, pues no conocemos la fórmula aplicada.

No obstante, instamos a las mismas autoridades que hicieron el cálculo para que se apliquen a estos datos y que se haga la estimación de su costo.

Se podrá comprobar que el costo ambiental y social del proyecto supera por mucho los beneficios económicos que va a producir.

Beneficios que, vale mencionar, son para la minera canadiense, que se llevará cerca del 90% de los mismos, ya que debido a una obsoleta legislación minera e impositiva a esta actividad, las ganancias reales que obtiene el país son verdaderamente ridículas.

Como puede verse, el negocio no es para Costa Rica, ni siquiera para las comunidades más cercanas al proyecto, que recibirían beneficios indirectos y temporales.

A ver Don Alfio y sus "expertos" secretos, ¡dénnos a los más del 90% de costarricenses que nos oponemos a este proyecto una estimación "igual de fundamentada" de los costos señalados!