Aunque el tema de la mina de oro en Crucitas para la gran mayoría de los costarricenses pareciera ser un recuerdo ya superado o una página a la que ya se le dio la vuelta, resulta que no es así. Desde hace un año está pendiente que la Sala Constitucional le dé trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera.
La Sala IV mantiene un extraño silencio y posiblemente nunca en la historia se haya tardado tanto para darle tramite a un recurso, lo cual ya en sí es altamente preocupante. La falta de acuerdo entre los 7 integrantes podría explicar esta preocupante espera que cumplió en estos días más de 1 año.
Otra explicación podría ser que en todo este tiempo no se haya logrado reunir los 4 votos por parte de un sector decidido a reabrir la discusión y que espera cambios en la composición de la Sala IV para este caso.
El tema del magistrado Cruz, desafortunadamente, no parece escapar a esta situación. Su presencia en la Sala IV constituye para algunos, en este como en otros temas, una “piedra en el zapato”. Llama la atención que este mismo magistrado fue recusado por parte de la empresa minera, tal como informaron los medios de prensa.
Los abogados de la parte demandante en el caso Crucitas han señalado por diversos medios, que, desde el punto de vista teórico, las consecuencias de que la Sala IV acoja la acción y le de lugar, serían pocas respecto a la resolución del juicio que se llevó a cabo ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
No obstante, considerando lo que ha significado para la institucionalidad de nuestro país este proyecto minero, y cuya investigación en la Fiscalía todavía está en proceso (pese a cumplirse el 24 de noviembre 2 años del histórico fallo del TCA), es conveniente que nos mantengamos alertas.
Acoger alguno de los argumentos presentados por la empresa minera daría pie a una confusión legal, que algunos sectores podrían usar nuevamente para denunciar la “inseguridad jurídica”, esta vez con mayores argumentos que las enclenques manifestaciones usadas al darse a conocer el fallo del 24 de noviembre del 2010; pero, sobre todo, provocaría una evidente cacofonía entre jurisdicciones, de gran utilidad de cara a un eventual arbitraje internacional.
Fueron 4 años de luchas legales y confrontación de argumentos respecto al desarrollo o no de la mina de oro en Crucitas, con encuestas indicando que cerca del 90% de la sociedad costarricense está en contra y con el hecho de que en el 2010 se reactivó la moratoria minera y se aprobó una ley que declaró a Costa Rica un país libre de la minería de oro a cielo abierto. No obstante, el silencio de la Sala parece hacer caso omiso de todo ello y mantiene en vilo a un gran sector de la sociedad costarricense.
Para casi todos es conocido que el ambiente social que hay en el país, desafortunadamente, no es el más tranquilo y pacífico. Hay una seria polarización, y en particular, una fuerte desconfianza en las decisiones de las autoridades, que lejos de estar disminuyendo, parece que más bien, se exacerba cada vez más.
Argumentos contundentes. Durante el juicio contencioso se expusieron una importante serie de argumentos ambientales y técnicos con alcance legal que demostraron que durante el proceso permisológico del proyecto minero, se cometieron errores muy importantes.
El grado de detalle técnico, de los argumentos ambientales y legales analizados y discutidos en el marco del juicio contencioso e incluso en la apelación, son mucho mayores que lo que fue posible analizar en el contexto del recurso de amparo realizado ante la Sala IV. Incluso se adicionaron nuevos argumentos que no fueron objeto de análisis por dicha Sala.
El que la Sala Constitucional abra un espacio al tema de la mina, aunque en la práctica no necesariamente represente la posibilidad de una reapertura del trámite de la mina en Crucitas, si podría generar consecuencias muy importantes en el tema de una eventual demanda de la empresa para que le indemnicen, y cuenta para ello con desafortunadas declaraciones del vicepresidente Alfio Piva dadas a conocer el 27 de julio del 2010 en medios de prensa.
Como se ve, lo que está en juego en la Sala Constitucional no es un asunto simple.
Es algo que puede generar serias consecuencias para el país. Todo esto debería ser sopesado cuidadosamente por la Sala Constitucional.
Para el que todavía pueda tener alguna duda sobre el grado de detalle y alcances de lo que se discutió en el juicio de Crucitas, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, puede revisarlo leyendo la sentencia que dictó este tribunal.
Y si todavía no le basta, puede leer los más de mil folios que presentó la empresa como parte de la apelación, así como la Resolución de la Sala Primera que terminó ratificando en todos sus extremos y con voto unánime, todo lo determinado por el Tribunal Contencioso.
Tratar de obviar todo ello y de aventurarse a un malabarismo jurídico podría tener implicaciones muy significativas para el futuro de nuestro país.