A PROPOSITO DE LAS PROXIMAS ELECCIONES DE FEBRERO DEL 2026
En Costa Rica hemos aprendido a felicitarnos —con razón— por algunos hitos históricos: la abolición del ejército, la construcción de una institucionalidad social robusta y la inversión sostenida en educación. Sin embargo, hay un vacío que se vuelve cada día más evidente: el país prácticamente no planifica su desarrollo en serio más allá del corto plazo electoral.
Cada cuatro años, al calor de la campaña, los partidos elaboran programas de gobierno llenos de promesas sectoriales: para la agricultura, la pesca, el transporte, la educación, la energía, la seguridad, el ambiente. Muchas de esas propuestas nacen sin diagnósticos técnicos sólidos, sin evaluar sus impactos acumulativos, y sin preguntarse cómo encajan en una visión de país a 10, 20 o 30 años. Quien gana convierte esas promesas en Plan Nacional de Desarrollo; lo demás se archiva. Y lo avanzado por el gobierno anterior suele quedar truncado o desmantelado. Así, Costa Rica vuelve a empezar una y otra vez desde cero.
Este modelo nos ha llevado a un país políticamente estable, pero estratégicamente estancado: sin políticas de Estado sostenidas para infraestructura, ordenamiento territorial, transición energética, innovación o competitividad. El resultado es conocido: proyectos que nunca terminan, estudios que caducan antes de ejecutarse y una ciudadanía que percibe improvisación continua, así como el grosero argumento: “no es la mismo verla venir, que bailar con ella”.
Frente a esta realidad se plantea ahora una propuesta concreta: la Ley de Planificación Estratégica para el Desarrollo Sustentable de Costa Rica, que introduce de forma obligatoria la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en las grandes decisiones de política, planificación y programación del Estado.
Qué es la Evaluación Ambiental Estratégica y por qué importa
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) no es un adorno ni un trámite más. Es un proceso técnico y participativo que se aplica antes de tomar decisiones clave sobre políticas, planes y programas. A diferencia de la evaluación de impacto ambiental tradicional —centrada en proyectos específicos— la EAE opera en el nivel donde se define el rumbo del país: la política energética, el plan nacional de transporte y logística, la planificación portuaria y aeroportuaria, la gestión integral del agua, la estrategia de conservación y restauración de ecosistemas, la política de vivienda y renovación urbana, entre otras.
La EAE permite:
Anticipar impactos ambientales, sociales y territoriales a mediano y largo plazo.
Comparar alternativas, incluyendo la opción de “no hacer”.
Incorporar tempranamente criterios de riesgo, cambio climático, ordenamiento territorial y equidad social.
Construir consensos informados entre sectores productivos, comunidades, academia y Estado.
No se trata de frenar el desarrollo, sino de hacerlo más inteligente, eficiente y estable.
Lo que ya han hecho otros países
La experiencia internacional es clara: los países que han integrado la EAE en su sistema de planificación han ganado coherencia, estabilidad y capacidad de anticipación.
Japón aplica la EAE en políticas de infraestructura, transporte, energía y urbanismo, trabajando con escenarios climáticos y modelaciones de largo plazo.
Suiza, con su tradición de democracia directa, utiliza procesos participativos profundos para garantizar coherencia y sostenibilidad en sus planes territoriales y de transporte.
Finlandia la integra en energía, transporte, ordenamiento territorial y economía circular, asegurando continuidad de políticas por décadas.
Países Bajos la emplean para gestionar un territorio vulnerable al agua, articulando urbanismo, biodiversidad, hidrología y movilidad.
China la utiliza desde 2003 para orientar grandes planes nacionales y regionales, evitando inversiones inviables y anticipando conflictos socioambientales.
El mensaje es contundente: la EAE no retrasa el desarrollo; lo fortalece, lo vuelve predecible y lo vuelve más eficiente.
El problema estructural de Costa Rica: un país sin horizonte
Costa Rica cuenta desde 1974 con una Ley de Planificación Nacional. Sin embargo, en la práctica, el sistema funciona subordinado a los ciclos políticos de cuatro años y a la lógica electoral. El Plan Nacional de Desarrollo refleja las promesas de campaña del partido ganador, no una política de Estado construida sobre diagnósticos sólidos, consensos y continuidad.
Esto genera al menos cuatro problemas graves:
Interrupción constante de procesos: proyectos estratégicos se fragmentan, se reinician o se abandonan.
Debilidad para atraer inversión de largo plazo: sin continuidad, el riesgo-país aumenta.
Desconfianza ciudadana: la improvisación se percibe como norma.
Incapacidad para enfrentar desafíos estructurales: energía, agua, ordenamiento territorial, innovación y cambio climático requieren décadas, no cuatro años.
Mientras países como Suiza, Finlandia o los Países Bajos sostienen proyectos estratégicos por generaciones, Costa Rica sigue atrapada en el cortoplacismo electoral.
Qué propone la Ley de Planificación Estratégica
El proyecto no crea burocracia innecesaria. Fortalece la institucionalidad ya existente —principalmente MIDEPLAN y SETENA (o la autoridad que la sustituya en un nuevo modelo que se propone para fortalecer la EIA con participación de los gobiernos locales)— y define con claridad qué decisiones son estratégicas, quién las debe evaluar y cómo se garantiza un proceso participativo real.
Los elementos centrales incluyen:
Objeto de la ley: modernizar la planificación nacional mediante la incorporación obligatoria de la EAE en decisiones estratégicas, bajo principios de desarrollo sustentable, transparencia y participación.
Ámbito de aplicación: políticas, planes y programas con impacto territorial significativo, largo plazo, alto costo público o potencial de conflicto socioambiental.
Procedimiento de EAE: aviso de inicio, diagnóstico, escenarios, alternativas, comité participativo, Informe de Sostenibilidad, visto bueno procedimental de MIDEPLAN y SETENA.
Comité Participativo de EAE: espacio de diálogo informado entre sectores productivos, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, juventudes, organizaciones ambientales y empresariales, principalmente.
Facilitación independiente: para asegurar lenguaje claro, igualdad de voz y sistematización rigurosa.
Transparencia total: todos los documentos, modelos, mapas y actas deben ser públicos y digitales.
Vinculación con la EIA: las EAE orientan las evaluaciones de impacto de proyectos, evitando duplicidad y agilizando lo que ya fue resuelto estratégicamente.
Reformas legales: se fortalece MIDEPLAN, se integra formalmente la planificación estratégica y se actualiza la Ley Orgánica del Ambiente con un capítulo nuevo sobre EAE.
En resumen: ningún rumbo estratégico del país debería definirse sin análisis técnico, participación ciudadana y visión de largo plazo.
Costa Rica está lista para este cambio estratégico
Pocos países tienen el capital humano, institucionalidad civil, educación y estabilidad democrática que tiene Costa Rica. Sin embargo, esa fortaleza ha sido subutilizada porque la ciudadanía participa muy poco en decisiones estratégicas.
La Ley de Planificación Estratégica propone cambiar eso: que la planificación sea un proceso nacional, no un ejercicio de élites ni un botín electoral. Los gobiernos locales se convierten en actores fundamentales; la ciudadanía organizada, en protagonista.
El proceso de participación activo de los ciudadanos, como parte de la EAE, incrementa la democracia y garantiza que las decisiones estratégicas que se tomen serán transparentes, informadas y participativas. Muy diferente a la forma en que se toman hoy, por parte de las autoridades políticas, encerradas en una oficina, donde la opacidad predomina.
Hacia un Gobierno de Transición: el liderazgo que Costa Rica necesita
Las próximas elecciones no deberían ser simplemente una disputa más entre partidos ni un ejercicio de comparar currículos o eslóganes de campaña. La coyuntura nacional e internacional exige algo mucho más profundo: elegir un presidente o una presidenta que se comprometa explícitamente a ser el liderazgo de la transición, alguien capaz de guiar al país hacia una nueva forma de gobernar, pensar y decidir colectivamente.
Durante décadas, Costa Rica ha funcionado bajo un esquema donde la ciudadanía vota cada cuatro años y luego regresa a su papel pasivo, mientras las decisiones estratégicas se toman en círculos reducidos, muchas veces atrapados en la lógica partidaria o en luchas de poder que paralizan al país. Este modelo ya agotó su utilidad. El país está estancado porque las decisiones de largo plazo no trascienden gobiernos; se improvisan, se fragmentan o se abandonan según el humor político del momento. Y aclaramos, en los municipios, a menor escala, también sucede lo mismo.
Tal como se expuso en el artículo del Espejo de Suiza (1), resulta incomprensible que Costa Rica, con un territorio más rico, biodiverso y lleno de potencial, sea cinco veces más pobre que Suiza. La diferencia no está en la naturaleza: está en la planificación estratégica sostenida, en la continuidad, en la visión país que ellos sí desarrollaron y nosotros seguimos postergando.
Si de verdad aspiramos a despertar nuestro potencial, necesitamos que la próxima elección sea vista como un punto de inflexión histórico. No elegimos un administrador, elegimos a la persona que debe liderar la transición hacia un Estado estratégico, planificado, participativo y capaz de enfrentar la crisis climática, económica y social del siglo XXI.
Ese liderazgo de transición debe comprometerse a impulsar sin titubeos la aprobación de la Ley de Planificación Estratégica, implementar la Evaluación Ambiental Estratégica como eje articulador, fortalecer el ordenamiento territorial y la planificación de largo plazo, y devolverle al pueblo su rol como actor activo, deliberante y corresponsable del rumbo nacional.
Un llamado a elevar el debate nacional
Costa Rica enfrenta desafíos que ya no permiten frivolidades políticas ni campañas vacías. El mundo atraviesa una crisis ambiental global sin precedentes; los fenómenos extremos, la presión sobre los recursos y la inestabilidad internacional exigen visión y liderazgo.
Por eso, el debate electoral debería girar en torno a una pregunta fundamental:
¿Quién está dispuesto a ser el presidente o la presidenta de la transición?
¿Quién se compromete a cambiar el modelo improvisado por uno estratégico, participativo y orientado al futuro?
Este debería ser el eje central de la discusión pública, no los ataques personales ni los temas secundarios que distraen a la ciudadanía del verdadero reto nacional.
https://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2025/11/12/costa-rica-frente-al-espejo-de-suiza-la-planificacin-que-marca-la-diferencia
Sobre la imagen inserta: Se trata del túnel para la Línea 3 del Metro de Panamá (https://www.facebook.com/watch/?v=2808171149514764), que pasa bajo el canal. Se ilustra lo que significa tomar decisiones estratégicas a tiempo. Mientras Panamá evaluó, decidió y construyó un sistema de transporte moderno que hoy mueve decenas de miles de personas cada día y dinamiza su economía, Costa Rica dejó pasar 15 años sin avanzar en su propio Tren Eléctrico Metropolitano (TREM), pese a que desde 2010 ya contaba con viabilidad ambiental y una propuesta de implementación madura. Lo que pudo ser el inicio de una red ferroviaria moderna quedó entrampado en replanteamientos sucesivos, discusiones políticas y ausencia de una visión de Estado. Este contraste muestra, de manera contundente, cómo la falta de planificación estratégica frena el desarrollo, posterga soluciones urgentes y mantiene a los países estancados en debates interminables en lugar de ejecutar proyectos transformadores que ya estaban listos para arrancar y que los políticos, con sus “argumentos” frenaron.