Lo que sigue después de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo, no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la Setena en diciembre del 2007, la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del Minaet de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes), la declaratoria de interés público y de conveniencia nacional que otorgó el Poder Ejecutivo de octubre del 2008 y la autorización de cambio de uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac): todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Y ello evidencia que, durante varios años, tanto la empresa como las autoridades se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política” la rigidez con que se debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

Presiones políticas. En este sentido, en el caso de Crucitas, la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto, surge una inevitable duda: Crucitas ¿será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?

Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor. Intervención que se hace urgente, cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental, proyectos como el megaproyecto Diquís, el aeropuerto de Osa, la refinería china de Recope, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el acuerdo n.° 4230 de la junta directiva del Senara, promovido por el viceministro de Energía del Minaet, por medio del cual se exime, ni más ni menos, de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen medidas concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación a una contaminación de Recope en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre”, posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios” como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites y no, como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias, año tras año, del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental a garantizar nuestra sostenibilidad ambiental pareciera enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades, las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia para bien de nuestras instituciones, y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacíos, errores y negligencias y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello, es urgente no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la Setena y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos a un laboratorio de material como el Lanamme premiado como el mejor de América Latina conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. Lanamme por un lado, Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la Setena, al TAA, a Senara, y muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso.

Tienen la palabra nuestras autoridades.

Desafíos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo

A propósito del seminario “Camino al desarrollo sostenible: retos pendientes”, organizado por el Minaet y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) el pasado sábado 5 de noviembre, al que tuvimos el honor de ser invitados por el señor ministro del Ambiente, junto con representantes del ICE y otros especialistas, así como los resultados del informe XVII del Estado de la Nación, nos parece importante resaltar algunos aspectos ante la opinión pública a fin de iniciar una discusión abierta, transparente y participativa, la cual resulta indispensable para un tema tan importante para el futuro de nuestro país como lo es el desarrollo.

Es claro que es un tema muy amplio, que puede visualizarse desde muchas perspectivas, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad que garantice a las generaciones futuras un mejor país, y no uno peor, como está ocurriendo. En lo que sigue, se plantea una visión desde la perspectiva ambiental, como un aporte al que se le deben sumar otras vistas, hasta alcanzar un balance equilibrado que defina un derrotero más certero.

Dónde estamos. No resulta racional ponerse a discutir sobre el futuro del desarrollo del país sin cuestionarnos primero, con un verdadero espíritu autocrítico, de dónde venimos y cuáles son los principales elementos que debemos resolver a corto, mediano y largo plazo.

El problema de falta de planificación a mediano y largo plazo es nuestro mayor talón de Aquiles. Desde hace mucho, la planificación se hace solo en el ámbito de los ciclos políticos de 4 años y eso, claro está, no es suficiente. Tampoco se trata de intentar planificar a largo plazo, preguntando a la gente qué creen que debemos hacer, así sin ton ni son. Una administración de gobierno no puede arrogarse la potestad de fijar lineamientos de desarrollo para los próximos 10 o 15 años, sin tomar en cuenta a los otros sectores de la sociedad. Una planificación de ese tipo, unilateral y delineada por los requisitos del mercado, está encaminada al fracaso.

La verdadera planificación sectorial y suprasectorial debe ser el producto de un proceso de discusión técnica, participativa y transparente dentro de una evaluación ambiental estratégica. Y, en particular, debe ser consistente de manera que la planificación de un sector como la infraestructura o el turismo no entre en contradicción con otros sectores como energía y desarrollo urbano.

Algunos indicadores. Tenemos un severo atraso en materia de ordenamiento del territorio. Después de 43 años de Ley de Planificación Urbana solo un 5 % del país está cubierto. Los planes reguladores existentes están ya obsoletos. La GAM, donde vive la mitad de la población del país, es una ciudad caótica y sin planificación. Se tarda casi 10 años en aprobar un plan regulador, cuando la ley dice que se deben actualizar cada 5 años. Solo en las zonas montañosas de la GAM, existe un déficit de 57 % (350 km²) de bosques. Hay 102 km² construidos fuera del anillo de contención de la GAM. Al menos el 20 % de la población de la GAM vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a amenazas naturales.

Las áreas de recarga acuífera estratégica del país están en peligro por el desarrollo de actividades agrícolas sin apropiados sistemas de gestión ambiental, como las plantaciones de piña. No incluir esta variable cuando se habla de desarrollo es hablar en el aire, ya que el factor hídrico condiciona de manera severa el desarrollo de un país. Por otra parte, las áreas protegidas se han debilitado o se han degradado a favor del desarrollo inmobiliario, amenazando todo el desarrollo y las actividades que se gestan alrededor de estas áreas, cifrados en $2.000 millones para el 2009.

Un porcentaje muy alto de la biodiversidad se encuentra en bosques de propiedad privada bajo riesgo de ser afectados por desarrollos de diverso tipo, particularmente el desarrollo inmobiliario voraz. Si el 80% de nuestros visitantes vienen motivados por la biodiversidad de Costa Rica, flaco favor nos hacemos permitiendo o tolerando su destrucción: las comunidades aledañas a Caño Negro bien lo saben.

Urge de igual manera actuar para proteger y salvaguardar los recursos marinos que están siendo depredados aceleradamente por las flotas pesqueras extranjeras: los ecosistemas marinos, como bien es sabido, son altamente vulnerables a cambios bruscos y las cifras sobre pérdida de especies en los océanos en los últimos años son más que elocuentes.

El reciente estudio del Estado de la Región nos informa y sintetiza todo esto. Costa Rica, en la última década, ha acelerado la depredación de su ambiente y sus recursos naturales, a costa de un desarrollo regulado por las necesidades del mercado (expansión piñera, desarrollo inmobiliario no planificado, caótico desarrollo urbano), pero sus índices de pobreza no se han modificado, reflejando que el “progreso económico” no está permeando hacia las capas más necesitadas de la población. Un indicador como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD muestra, para Costa Rica, una caída notable desde el 2003, cuando nuestro país ocupaba el lugar 42 a nivel mundial ¡y que cae al lugar 69 en el 2010!

Modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo del país debe basarse en las mayores potencialidades que tiene el país, como son la bio- y geodiversidad que le reportan al país más de $2.000 millones anuales, los recursos hídricos (subterráneos), de los que nuestro país es una verdadera potencia mundial, su población y potencial para el desarrollo tecnológico, los recursos marinos y el alto potencial para el desarrollo de ecoagricultura y productos agrícolas de alta calidad mundial que no dañen el ambiente.

A este respecto se deben también tomar en cuenta las limitaciones que tiene el país, como lo son sus características geográficas, geológicas, para poder dar sostenibilidad a su desarrollo, a saber, entre muchas más: a) el 76% del territorio nacional es área de recarga acuífera; b) cerca del 60% del territorio es de aptitud forestal, c) cerca del 50% al 60% del territorio es de alta y muy alta fragilidad ambiental, y d) aproximadamente el 50% del territorio nacional es de alta a muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Ignorar estas condiciones para la propuesta de modelo de desarrollo suprasectorial o sectorial sería un grave error con consecuencias desastrosas para la sostenibilidad del país, que es precisamente lo que ha pasado hasta ahora.

Medidas a tomar. Con el objeto de ser propositivo y con el ánimo de establecer algunas líneas de base para discusión:

1) Abrir espacios de diálogo técnico nacional para la definición del modelo de desarrollo del país.

2) Es prioritario y urgente trabajar en el tema del ordenamiento territorial a fin de profundizar en el conocimiento de fortalezas y limitaciones de nuestro país.

3) Definir ejes estratégicos de desarrollo (agroecología, alta tecnología, ecoturismo, etc.) equilibrados con ejes estratégicos de sostenibilidad (recuperación de bosques, protección de recursos hídricos, tierras cultivables, áreas urbanas sostenibles, gestión del riesgo, etc.).

4) Revivir la planificación estratégica sectorial y suprasectorial con la dimensión ambiental (biofísica y social) integrada, por medio de la evaluación ambiental estratégica.

5) Fortalecer los sistemas de evaluación y control ambiental por medio de un sistema de reglas claras, fiscalización eficiente y control efectivo, fortaleciendo y despolitizando entidades como la Setena y el Tribunal Ambiental Administrativo.

En el ejercicio de visualizar el país desarrollado que queremos, no se trata de impedir el desarrollo, sino definirlo y orientarlo para que sea sostenible sin poner el riesgo el ambiente y los recursos naturales. Solo así, dentro de este marco, se podrían poner en contexto de discusión temas estratégicos, como el P.H. Diquís, el aeropuerto internacional en Osa, el plan nacional de infraestructura vial y turística y el plan nacional de energía, entre otros. Todavía estamos a tiempo; lo único que se necesita para empezar es la apertura a un diálogo técnico nacional, transparente y participativo y un mínimo de voluntad política para llevarlo a cabo.

Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo UCR, Yamileth Astorga, bióloga UCR.

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Una lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros a los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminadas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la visita realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional, se pudo observar cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la Setena, el Minaet, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso, iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa, en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la Minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Toda esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la Minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir náuseas y molestia por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos –sospechosamente discretos desde hace una semana– comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

A un año de la tragedia de barrio Lajas en Escazú

Hoy, 4 de noviembre, se cumple un año de la tragedia de barrio Lajas en San Antonio de Escazú. Pasadas la media noche, un deslizamiento ocurrió en la ladera y pendiente abajo se transformó en flujo de material (avalancha) que descendió por el cauce de la quebrada Lajas, por su valle de inundación inmediata, arrastrando todo a su paso, incluyendo una serie de casas y sus ocupantes, localizadas en las cercanías de la quebrada, provocando la muerte de más de 20 personas.

Un desastre que fue noticia de “primera plana” durante varios días, pero luego se fue extinguiendo en importancia hasta quedar casi en el olvido. En honor a las personas que perdieron su vida y las de sus familiares y amigos que todavía los lloran, y considerando el profundo sentimiento de injusticia que nos embarga al saberse desde hace al menos 5 años que esta zona era particularmente vulnerable y que las autoridades tenían conocimiento de ello, es menester repasar lo ocurrido: se trata de una trágica lección de la que todos debemos aprender para evitar que se repita.

Lo primero que podríamos preguntarnos es qué hemos hecho en concreto, durante el último año, para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo en el futuro. La respuesta, desafortunadamente, no es muy halagadora. Salvo algunos esfuerzos aislados en algunos municipios y el trabajo que durante el año 2011 ha venido realizando el IFAM y la CNE de transferir a las municipalidades información sobre mapas de amenazas naturales para incentivarlos a iniciar proyectos concretos de gestión del riesgo preventiva, en realidad el tema sigue sin ser considerado como algo prioritario y que requiere una mayor atención de la que se le da.

Y es que, además del tema de vulnerabilidad de un importante porcentaje de la población a las amenazas naturales, el tema también es económico. A principios de este año, el Mideplán informó de que el costo acumulado de los desastres generados, principalmente, por deslizamientos, inundaciones y sismos, desde el año 1988 casi alcanza los $ 2.000 millones. Esto se adiciona a lo señalado por el ministro del MOPT, quien indicó que los daños en infraestructura hacen que se requieren de casi $ 200 millones por mes para reparación de carreteras y puentes. Lo más preocupante es que ni los eventos del 2010, ni los del 2011 son particularmente excepcionales como sí lo fue el huracán Mitch en 1998, sino que se trata de tormentas tropicales propias y normales de la estación lluviosa.

Los temporales del pasado mes de octubre nos dejaron inundaciones, deslizamientos y varios barrios con casas agrietadas y desalojadas, con sus habitantes muy preocupados por su futuro.

Gestión preventiva. Es claro que seguir haciendo solamente gestión de riesgo, reactiva, es decir, de atención de las emergencias, no es suficiente. No es posible, que se sigan dando usos del suelo y permisos de construcción en sitios de alta y muy alta amenaza, de manera que se siga acrecentando la cantidad de personas que viven en condiciones de alto y muy alto riesgo y que alcanza un 20 % de la población de la GAM.

Por consideración para con las víctimas de los desastres, en particular el de quebrada Lajas y para prevenir que haya más, urge tomar acciones concretas y directas. Además de desentrabar y acelerar el trámite de los más de 50 planes reguladores pendientes de aprobación, urge tomar medidas más concretas y rápidas, como el hecho de que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información ambiental generada para los planes reguladores y que ya ha sido aprobada por la Setena, como el caso de la GAM y otras regiones del país.

La Setena, por su parte, debe cambiar su actitud de indicar a las municipalidades que no pueden hacer uso de la información ambiental que ella misma ha revisado y aprobado, y que incluye información sobre zonas de amenazas naturales y otros datos importantes, como áreas de recarga acuífera, hasta que el plan regulador esté aprobado. Por el contrario, se debe favorecer el máximo acceso a la información para que los ciudadanos puedan tomar medidas preventivas correctas con el apoyo de sus gobiernos locales.

Por su parte, las mismas municipalidades y la Setena deben verificar la ubicación de los proyectos de construcción que tramitan ante esa información, a fin de constatar que la misma sea tomada en cuenta como parte del proyecto. Recientes casos llevados ante los tribunales evidencian que pobladores y ciudadanos tienen mayor conciencia del grado de vulnerabilidad de ciertas zonas que las propias autoridades municipales y nacionales. ¡Vaya miopía de esas autoridades!

Los bancos que financian y las aseguradoras, por su parte, deben tener acceso a esa información y, sobre esa base, tomar decisiones. No es posible que información útil, que puede salvar vidas, siga engavetada y sin posibilidad de que sea consultada como la que se generó en el marco del PRUGAM y de otros proyectos en ejecución.

Todos tenemos derecho a vivir en una casa segura. Por eso, debemos exigir que en su planeamiento y construcción se tome en cuenta la información ambiental ya disponible y aprobada. Nuestro país se sitúa, a nivel mundial, en una zona de alta precipitación, y esta realidad no puede ser ignorada mediante decreto ejecutivo, leyes y reglamentos. Su suelos son mucho más vulnerables que en otras latitudes.

Vivimos en un país geológicamente activo y expuesto, como todo país tropical, a eventos meteorológicos incesantes, guste o no a las mentes luminarias que tenemos en algunas instituciones nacionales a cargo del tema de vivienda y urbanización en la GAM y en el país.

Responsabilidad ambiental compartida

La responsabilidad ambiental compartida es un principio que señala que la gestión en la protección del ambiente y de los recursos naturales es una tarea de todos, y no solamente de unas cuantas autoridades. En nuestro país, la falta de un derrotero real y certero en materia ambiental ha llevado a que durante los últimos años se apliquen políticas de Estado en materia ambiental que, lejos de promover la responsabilidad ambiental, parecen haber estimulado todo lo contario. Irresponsabilidad. Los últimos 5 años nos aportan muchos ejemplos. En medio de una pomposamente anunciada Iniciativa de Paz con la Naturaleza, se declara de interés público y de conveniencia nacional, la explotación minera a cielo abierto en la zona norte del país.

A fin de aprovechar el momento político, se decretó el 8 de mayodel 2010 una mal llamada moratoria minera reforzada por una ley aprobada en noviembre del 2010 que declara al país libre de nuevos proyectos de minería a cielo abierto y que utiliza el cianuro para extraer el oro, sin que quede claro lo que va a suceder con los proyectos mineros previos, como el caso de la mina Bellavista.

Se ha dado un paulatino deterioro del sistema de áreas protegidas, pese a que este le genera dividendos por más de $2.000 millones anuales. Incluso, se eliminaron algunas de estas áreas y se intentó bajar de categoría parques nacionales a favor del desarrollo inmobiliario. Los recursos marinos siguen desprotegidos mientras nuestros mares son víctimas de la depredación por los barcos pesqueros.

Se desechan 10 años de trabajo en la planificación urbana y ambiental de la GAM, para sustituirlo por un POT GAM que todavía nadie conoce y que, se nos anuncia que saldrá en diciembre, mes en que los ciudadanos no andan muy preocupados por saber las noticias que da el Gobierno.

La expansión piñera pasó de 18.000 a 60.000 hectáreas, sin ningún tipo de regulación ambiental “ex–ante” ni mayor preocupación de las autoridades sanitarias de actualizar la legislación en torno al uso, almacenamiento y riego de sustancias químicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico que hoy respiran escolares como lo de la Escuela de El Jobo en Caño Negro, y que beben las comunidades cercanas a estas plantaciones sin conocer posibles efectos en su salud.

Se anuncia una política de ordenamiento territorial, y se le devuelve el control en este tema a la Dirección de Urbanismo del INVU, que ya desde hace 10 años, prácticamente había sido desahuciada por la Contraloría General de la República, precisamente por no haber cumplido a cabalidad su responsabilidad. Es oportuno señalar que la Dirección no ha sido modernizada en personal ni en recursos y funciona exactamente con las reglas que llevaron a la Controlaría a las conclusiones a que llegó en 1998 y en el 2003.

Todo esto se da cuando el mismo INVU anuncia que no va a tramitar planes reguladores, de los cuales hay más de 50 en fila de espera, hasta que tenga aprobados los planes regionales en que se circunscriben. Algo que, lejos de acelerar la ansiada planificación territorial, la aleja cada vez más y aumenta el caos vivencial de los habitantes de la GAM.

La poca planificación sectorial del desarrollo que se hace, sigue haciéndose sin una efectiva evaluación ambiental estratégica, pese a que desde el 2004 existe legislación que norma el proceso. Se sigue planificando con un criterio de mercado, de corto plazo, de inversión y ganancias rápidas, con poco o ningún criterio social y ambiental, induciendo con ello que luego, cuando se presenten los proyectos concretos, se den serios conflictos entre los diferentes sectores.

Todo esto, mientras el Informe del estado de la región nos informa de que se sigue sacrificando el ambiente en pos del desarrollo económico, pero sin efectos reales en la población.

Más recientemente, se declaró una morataria “de mentirillas” a la actividad petrolera, que limita (y por solo 3 años) la explotación de petróleo, permitiendo todo lo demás, y dejando la bases para que la misma Sala Constitucional la anule y así allane el camino a la empresa petrolera en su intención firmar el contrato de exploración que le entrega 10.000 km² de territorio nacional, incluyendo humedales y áreas silvestres protegidas.

Evaluación ambiental. Este tema requiere toda una atención particular debido a que el modelo de EIA establecido desde el 2004 se diseñó y fundamentó en el principio de responsabilidad ambiental compartida. Sobre esta base los formularios ambientales del sistema, particularmente el así llamado D1, es de tipo “autoevaluación”, donde el consultor ambiental que lo llena aporta la información a fe de juramento.

Pese a esto, ahora siete años después se reconoce que el sistema no ha operado con eficiencia.

Por un lado, la gran mayoría de los consultores llena el formulario buscando que el puntaje de significancia de impacto resulte lo más bajo. De esto hay ejemplos impresionantes, como urbanizaciones de más de 1.000 viviendas cuyo puntaje resulta en menos de 200 puntos y para el cual la Setena se conforma con una simple declaración jurada de compromisos ambientales, para otorgar la viabilidad ambiental.

Ante esto nos preguntamos cuál es la solución. ¿Hacer que todos los proyectos, debido a la poca responsabilidad ambiental que se pone de manifiesto, elaboren detallados y extensos estudios de impacto ambiental? ¡Parece que estamos retrocediendo en el tiempo, con el agravante que ahora, en vez de unos cientos de proyectos anuales, se revisan varios miles de proyectos por año! Es claro que entidades como la Setena y el proceso de EIA que aplica, requieren una profunda transformación, que lleve consigo una total despolitización de su accionar.

Soluciones. Mientras las autoridades ambientales del Estado mantengan el patrón seguido hasta ahora de una acción arbitraria, unilateral, y parcializada a favor del desarrollo de proyectos y pensando únicamente en la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que abren, dejando de lado el cumplimiento ambiental, el diálogo técnico, la participación pública establecida en la ley y un efectivo condicionamiento ambiental, el problema, lejos de resolverse se va a seguir incrementando.

Los tribunales de justicia están sirviendo de contrapeso a estos abusos de nuestras autoridades. No obstante, la judicialización extrema de los conflictos ambientales no es tampoco una solución al problema. Seguir por este camino nos lleva al retroceso como país, pero no solo eso, sino a la desilusión colectiva, a la pérdida de esperanza colectiva por obtener un país mejor; elementos críticos que enferman a nuestra sociedad y que llevan a que se pierda el interés de proteger el ambiente dentro del espíritu de responsabilidad compartida.

Ante todo, urge que seamos mucho más exigentes y vigilantes sobre las actuaciones de las autoridades “ambientales” para que al amparo del artículo 11 de nuestra Constitución solicitemos rendimiento de cuentas y verdadero cumplimiento de nuestra legislación ambiental.

Es nuestro país, son nuestras instituciones, es nuestra legislación, y se trata de nuestros recursos y del futuro de nuestras generaciones.