Amenaza de grave retroceso en la protección ambiental

El pasado 5 de febrero, y durante 10 días, el gobierno puso a consulta pública la propuesta de “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”, como base para sustituir, en gran parte, el Reglamento General de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del año 2004, así como todo el conjunto de instrumentos que se han oficializado, mediante decretos ejecutivos, y agrupados como Manual de EIA. 

Esta propuesta de Reglamento representa una amenaza muy grave para todo lo que tiene ver con la protección del ambiente y debe encender todas las alarmas de la sociedad costarricense, pues, aunque se plantea como de “modernización”, en realidad representa un muy grave retroceso, que nos regresaría al menos 20 años en el tema de EIA. 

Incorrecta visión: como hemos señalado previamente (ver: www.allan-astorga.com) en el artículo: “SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el ambiente (Página Abierta, 15 de marzo del 2017)”; existe una visión incorrecta entre lo que es la SETENA y la EIA, pues no son lo mismo. 

La EIA es un modelo de gestión predictivo, cuyo objetivo fundamental es propulsar la sustentabilidad ambiental del país, es decir, una forma de equilibrar el desarrollo socioeconómico del país, con la protección del ambiente y los recursos naturales. Es vital para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La SETENA, por su parte, es una institución de desconcentración máxima, responsable de administrar la EIA de una manera eficiente y eficaz. Si la SETENA falla, se tiene que tener claro, no significa que el modelo de EIA está fallando. Si la SETENA falla, se tiene que corregir, pero no cambiando la EIA y, con ello, agravando los mecanismos de protección del ambiente. 

Y eso es, precisamente, la equivocada línea que sigue esta propuesta de nuevo reglamento de EIA. Para resumir, propone cambiar el modelo actual de EIA dizque para mejorar la SETENA. 

Objetivo del cambio de EIA: después de realizar un detallado análisis de la propuesta, es posible concluir que lo que se está haciendo es volver a instalar los denominados “umbrales” o límites, algo que la Sala Constitucional señaló que eran inconstitucionales desde el año 2002. Y, sobre esta plataforma, la propuesta de reglamento debilita por completo del modelo de EIA vigente, cuyo objetivo tiene un claro fin, que es reducir a menos de la mitad la cantidad de expedientes que tramita la SETENA. 

Esto no es nuevo, pues la propuesta, en muchos aspectos, tiene sus raíces en una propuesta realizada por la administración Arias Sánchez desde el 2008, cuando el interventor de la SETENA, Jorge Woodbridge, “contrató” los servicios de la exregente ambiental de Crucitas, Sandra Arredondo, para que le elabora un borrador de “nuevo” reglamento de EIA. Sorprende sobremanera que una administración del PAC, que está terminando su gestión, retome una propuesta tan retrógrada y la quiera propulsar, con tan graves consecuencias para el ambiente y para el país. 

La forma de “agilizar” la SETENA que establece la propuesta de reglamento es desarrollando umbrales, y creando cuatro categorías de proyectos: de muy bajo, bajo, moderado y alto impacto ambiental. A los de muy bajo impacto los eximen por completo del trámite de EIA. A los de bajo impacto solo les piden que se inscriban, sin que se realice EIA alguna y sin que participe ningún consultor ambiental. A los otros dos se les solicita un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), básico y completo, según su impacto. 

Aunque esto podría tener cierta lógica, la misma se pierde cuando se observa la lista taxativa al final de la propuesta. Se puede citar muchos ejemplos, pero indicaremos uno de los más importantes, el de la construcción. En este caso, todas las construcciones menores de 1.500 m2 (que pueden ser hasta pequeños condominios de 10 casas), se consideran, a priori, como de “muy bajo impacto ambiental” y, por tanto, no deben cumplir con trámite de EIA alguno. 

Por otro lado, las construcciones de entre 1.500 y 9.000 m2 (condominios y urbanizaciones de hasta 60 o 70 casas) solo tendrían que presentar un formulario de registro, sin realizar trámite ambiental alguno, ni ningún tipo de estudio para determinar si las condiciones de Geoaptitud del terreno (geología, geomorfología, hidrogeología y amenazas naturales), de ingeniería del terreno (geotécnicas, hidrológicas y de riesgo antrópico), de arqueología, de biología, de viabilidad (en zonas urbanas) son aptas para ese desarrollo urbano. 

Esto se considera sumamente grave desde todos los puntos en que lo analizamos. En ausencia de planificación y ordenamiento territorial y, sabiendo que en el 95 % del territorio del país sujeto a planificación urbana, lo único que rigen son unos obsoletos reglamentos del INVU en materia de uso del suelo (Fraccionamiento y Urbanizaciones y el de Construcciones), nos damos cuenta que el ya grave problema de localización de urbanizaciones en sitios aptos y seguros, lejos de resolverse, se va a agravar aún más.

Pero el asunto no termina allí, en el tema de Gestión del Riesgo y la búsqueda de Ciudades Resilientes y seguras, esta Propuesta de Reglamento también representa un muy serio peligro. Ahora no solo las casas se estarían construyendo en sitios de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales, sino condominios, edificios y urbanizaciones enteras, algo que parece que no entendemos, a pesar de las relativamente recientes experiencias del Terremoto de Chinchona del 2009, la tragedia de Quebradas Lajas en Escazú en el 2010, y, más recientemente, el Huracán Otto y la Tormenta Nate. 

Graves consecuencias: es difícil, en el espacio limitado que tiene un artículo de opinión enumerar toda la enorme serie de inconsistencias que tiene esta propuesta de reglamento de EIA. Por eso, resumo solo algunas: 

• Se cambia la definición de la Evaluación de Impacto Ambiental, incluso contra los estándares internacionales, dado que se elimina la evaluación inicial y también el control y seguimiento ambiental de proyectos. 

• Se elimina la Viabilidad Ambiental Potencial, con lo cual se retrocede enormemente y se burocratiza aún más el proceso de desarrollo de grandes proyectos, en particular los de concesión de obra pública. 

• Se vuelve al sistema de total discrecionalidad del funcionario, pues impulsa la eliminación del Manual de EIA, que fija reglas claras vía decreto ejecutivo y se cambia por un Manual que la SETENA fijará, arbitrariamente y sin consulta, por la vía de la resolución administrativa. Algo que contraviene los términos de la Ley 8220 y generará una gran inseguridad jurídica, dado que la EIA se ejecutará “al gusto” de los funcionarios que en ese momento dirijan la SETENA. 

• Se estimulará el desempleo entre muchos profesionales consultores ambientales, dado que cerca del 50 % de los proyectos que hoy hacen EIA, ya no lo harán. Además, se establece un sistema de certificación y acreditación de todos los consultores, con lo cual todavía se les hará más difícil inscribirse y ejercer como tales. Esto, sin resolver la situación de los que ya están inscritos y tienen muchos años de ejercer. 

• Sin que exista un declaratoria de emergencia nacional o marco jurídico específico, de forma absolutamente arbitraria, la propuesta de reglamento privilegia a todos los organismos del Estado y sus instituciones, para que desarrollen proyectos, con el mínimo trámite de EIA, violándose así, el Principio de Igualdad. 

Se podría seguir con la lista, pues la propuesta de reglamento de EIA planteado es muy, pero muy grave. Algo que debería llamar la atención de todos los costarricenses preocupados por el ambiente y el futuro del país. 

Soluciones: como hemos señalado, en el tema de la SETENA “el frío no está en las cobijas”, la solución tiene que plantearse por otro lado. Cambiar el Modelo de EIA y hacerlo más laxo solo agravará aún más los ya difíciles problemas de Sacrificio Ambiental que afectan al país. La solución está en hacer la SETENA más eficiente tal y como lo propusimos en el artículo “SETENA y EIA eficientes: la solución está en nuestras manos” (Página Abierta, 17 de junio del 2017). 

Por ahora, lo más recomendable es “archivar” esa propuesta y dejar que la nueva administración de gobierno promulgue los cambios que se requieren para hacer la SETENA más eficiente, y no para sacrificar y dañar más el ambiente y la naturaleza de nuestro país. 

Matriz del SENARA (2017): aportes para lograr un balance

 Desde octubre del 2017, se formalizó, en La Gaceta, el Acuerdo No. 5497 del SENARA, por el cual, entra en vigencia la “Matriz Genérica de Protección de Acuíferos”, o “Matriz (2017)”, que sustituye a la Matriz del 2006.

Sustento: se presenta la argumentación jurídica que respalda la potestad del SENARA para emitir la Matriz (2017) y se indica lo establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Constitucional (Voto 2012 -08892 de junio del 2012).

También, se presenta la cronología que, entre el 2011 al 2017, realizó el SENARA para la elaboración de la Matriz (2017) y el proceso de consulta que efectuó, con diversos entes públicos y privados.

En el considerando 31, el Acuerdo citado señala que “finalizada la etapa de consultas a las distintas instituciones y sectores, los profesionales del SENARA adecuaron la Matriz en tres tipos de actividad (agropecuaria, urbanística e industrial), en la que incluyeron las recomendaciones que técnicamente resultaron procedentes y se procedió al ajuste de la Matriz, para que aplique según los criterios de riesgo de los recursos hídricos subterráneos en función de su calidad y cantidad”.

Aplicación: el pasado mes de enero, en un reportaje de El Financiero (http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/nuevo-requisito-para-construir-exigiria-estudios), se señala que el SENARA está elaborando, un documento en conjunto con la Dirección de Aguas del MINAE, el INVU, el AyA y la SETENA, “para definir cómo será la aplicación de la matriz a nivel interinstitucional y determinar cuáles proyectos deberán contratar estudios hidrogeológicos”. En el mismo artículo, el subgerente general del SENARA, señala que se publicará en La Gaceta “en las próximas semanas”.

Se señala que con esa regulación las municipalidades avisarán a las personas o empresas, si deben realizar estudios hidrogeológicos como parte del trámite de uso del suelo y permisos de construcción, salvo que se cuente con mapas de vulnerabilidad hidrogeológica y de recarga que, según el SENARA, son pocos: San Pablo de Heredia, Barva, Belén y Santo Domingo. 

Sobre los costos de los estudios hidrogeológicos para fincas, dados los requisitos técnicos establecidos por el SENARA, y dependiendo del tamaño del terreno y la información hidrogeológica disponible, podría fluctuar entre $ 5 mil a $ 100 mil.

Inconsistencias: el autor, se ha dado a la tarea de realizar una revisión detallada de la Matriz del SENARA (2017) y de aplicarla en un reciente estudio hidrogeológico en Alajuela. Además, es el autor coordinador de los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica de los cantones de San Pablo de Heredia, Santo Domingo, Moravia y Montes de Oca, así como de diversos estudios hidrogeológicos locales en el país.

También en el año 2003, con otro autor, elaboramos el Mapa de Geoaptitud Hidrogeológica de Costa Rica, en la que se demuestra que el 76 % del territorio del país funciona como área de recarga acuífera y que, casi del 100 % de todas las actividades humanas (ciudades, industria, carreteras y zonas agrícolas) se localizan sobre esas zonas de recarga acuífera.

Por eso, he realizado el análisis técnico y científico de la Matriz (2017) y la “Guía metodológica para su aplicación”, y he detectado una serie de inconsistencias:

1.    El proceso “participativo”, tiene un defecto de raíz, ya que se trata de un proceso de información y de presentación de observaciones, empero la decisión final es tomada por un grupo de técnicos del SENARA.  

2.    El SENARA, juega un papel de “juez y parte” en el proceso, pues mientras por un lado establece “los requisitos de los estudios técnicos”, por otro lado, puede elaborar los mismos estudios técnicos cuyo alto costo traslada al cliente (privado o público) y luego, es el mismo ente que revisa y aprueba los estudios.

3.    Los requisitos técnicos que establece el SENARA son muy costosos, en particular, cuando el terreno en estudio cuenta con pocos pozos de extracción de aguas subterráneas. Hay cantones del país, que por su tamaño (cientos de km2) y por la poca presencia de pozos, requerían inversiones de cientos o miles de millones de colones para poder satisfacer los requisitos del SENARA.

4.    Para determinar la Vulnerabilidad Hidrogeológica, el SENARA modificó el procedimiento más común (Método GOD, por sus siglas en inglés), y le estableció ajustes más rigurosos para fijar el grado de confinamiento del acuífero.  No obstante, no se da una sólida justificación técnica y científica. Algo que contraviene las guías metodológicas para la protección del agua subterránea vigentes a nivel internacional, incluyendo la Directiva sobre “Protección de las aguas subterráneas en Europa”, que se orienta a la Prevención (de la contaminación) y no en “prohibición” del uso del suelo, como ocurre con la Matriz del SENARA.

5.    En la Matriz aplicada a desarrollo urbano, para valorar el riesgo de contaminación de la actividad, se cruza la vulnerabilidad con la densidad de población. Aquí el SENARA fija, arbitrariamente, tres tipos de densidad de población: baja (< 80 hab/ha), media (81 – 151 hab/ha) y alta (> 151 ha/ha), favoreciendo las bajas densidades, al considerarlas como de “menor riesgo”, lo cual contraviene los principios de ciudades compactas y densas, establecidas por la Nueva Agenda Urbana, Hábitat III del 2016.

6.       En el mismo tema, el paso 2 de la Matriz, cruza la huella de la construcción con el tipo de recarga acuífera. Aquí el SENARA, fija parámetros arbitrarios: alta (> 30 % de infiltración), media (10 a 30 %) y baja (< 10 %), sin que se cuenten con los estudios técnicos suficientes para todo el país. Para la cobertura, se fijan parámetros arbitrarios: Baja (< =20 %), Media (21 a 40 %), Alta (41-60 %), Muy Alta (>61 %). Dadas las condiciones de recarga que tiene el país, se favorecen, las bajas coberturas y, por tanto, la baja densidad poblacional, algo que también contraviene la Nueva Agenda Urbana.

7.    De esta manera, una actividad constructiva, para que sea de riesgo bajo a la vulnerabilidad y a la recarga acuífera, dadas las condiciones hidrogeológicas de la zona de meseta de la Gran Área Metropolitana (GAM), que según los estudios de fragilidad ambiental (que consideran hasta 20 variables ambientales) son los más aptos para urbanizar con alta a muy alta densidad, resulta que, según la Matriz del SENARA, debería ser urbanizados con baja cobertura y baja densidad poblacional.

8.    Se nota falta de flexibilidad, respecto a medidas tecnológicas para resolver el tema de la vulnerabilidad y la recarga acuífera. Medidas como el concreto permeable, el zacateblock, los sistemas de infiltración de aguas de lluvia que incluso pueden aumentar la recarga acuífera, la sustitución de materiales en el suelo, el desarrollo de sistemas de confinamiento y el tratamiento de aguas residuales o potencialmente contaminantes.

9.    Por un asunto de espacio, no es posible seguir enumerando las inconsistencias, pero, así como sucede con la matriz para el desarrollo urbano, se han encontrado inconsistencias para el tema industrial y para el tema agrícola.

10.  Finalmente, la mayor inconsistencia de fondo de la Matriz del SENARA (2017), es que la misma no debería estar jerárquicamente por encima de un Decreto Ejecutivo como el 32967 – MINAE, vigente desde el 2006, y que es la base metodológica para el Ordenamiento Ambiental Territorial en el país. Metodología que incluye ya incluye la variable hidrogeológica.

Soluciones: se proponen las siguientes soluciones: a) que se suspenda la aplicación de la Matriz (2007) hasta tanto se aclare jurídicamente su grado de vinculancia respecto al Decreto Ejecutivo No. 32767 – MINAE, b) que se revise en su totalidad la propuesta de la Matriz (2017) y de su Guía Metodológica a la luz de las observaciones presentadas aquí y de otras que puedan surgir de otras instancias técnicas; c) que la Matriz se promulgue, por medio de un Decreto Ejecutivo que norme el Uso, Manejo Sustentable y Protección de los acuíferos, emitido por los ministerios de Ambiente y Energía, Salud y Agricultura y Ganadería y, cuyo propuesta ya existe.

Urge abrir espacios de diálogo técnico, abierto y ampliamente participativo, con visión país, para lograr un correcto equilibrio.

Nueva carretera de San Carlos: Un ejemplo de desplanificación que debemos superar

Debido a mis labores como consultor ambiental, a partir de una Auditoría Ambiental realizada a las planta de asfalto de la nueva carretera a San Carlos y de una actualización a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la misma que, incluye además, un estudio hidrogeológico detallado, he tenido posibilidad de recorrer durante varios meses el tramo de esta vía, que tiene varias décadas de construcción, y cuya finalización parece estar cada vez más lejana.

Esos recorridos y los estudios realizados me permiten hacer algunas observaciones, como ciudadano, geólogo y especialista ambiental, sobre la “nueva” carretera y la discusión que sobre el tema de su continuación se está dando en estos últimos días.

Geoaptitud: ante todo es importante aclarar una situación particular sobre el trazo de esta carretera, y que tiene que ver con la condición de geoaptitud del terreno por donde se dispone su trazo. Nótese que señalo la condición de geoaptitud, que agrupa aspectos geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, de estabilidad de ladera y otras amenazas naturales.

Nuestra conclusión es que la geoaptitud de gran parte del trazo de la carretera es Baja hasta Muy Baja, lo cual quiere decir que la Fragilidad Ambiental es alta hasta muy alta. 

Y esto solo considerando aspectos de Geoaptitud, sin considerar, otros aspectos no menos relevantes, como los aspectos biológicos, edafológicos y hasta antrópicos. No obstante, en este caso, el tema de la Geoaptitud posiblemente sea el más crítico y determinante para la obra.

Esta condición de baja a muy baja Geoaptitud se origina por el tipo de formaciones geológicas que conforman el suelo y subsuelo superior de gran parte del trazo de la carretera, que están conformadas por depósitos volcánicos recientes, pero altamente alterados, lo cual hace que contengan altos contenidos de arcillas  y sean muy vulnerables a los procesos erosivos.

Si a esta baja condición “litopetrofísica” se suma la existencia de relieves volcánicos pronunciados y condiciones de altas precipitaciones, tenemos entonces las condiciones ideales para que se den serios problemas de estabilidad de taludes y de laderas naturales, en particular, si estas últimas han sido desprovistas de su cobertura boscosa natural para desarrollar potreros para la ganadería, lo cual pasa en una buena parte de los más de 20 kilómetros del esta carretera.

Obras de mitigación: pese a esa situación, la observación de las obras realizadas hasta ahora, en gran parte del tramo construido, deja ver que se han tomado importantes medidas para evitar que esa baja condición de Geoaptitud afecte el tránsito en la futura vía a San Carlos. Algo que la hace diferenciarse claramente de las rutas 32 (Braulio Carrillo) y 27 (carretera a Caldera). 

Medidas como el control de taludes de corte de baja pendiente, el desarrollo y control de drenajes de aguas pluviales en taludes, así como de cunetas y alcantarillas para el manejo de esas aguas, dejan ver que, en general, esta obra vial ha podido mitigar de forma positiva las limitantes técnicas que presenta al terreno de su trazo, al menos con relación al facto agua y la estabilización de taludes.

Trazo que, evidentemente, y como parece ser costumbre en nuestro país, no parece haberse realizado con un debido criterio de planificación y ordenamiento ambiental territorial.

Por la naturaleza técnica de los problemas de geoaptitud que se observan, se puede interpretar que, más bien, estos no fueron considerados nunca y que, como muchas veces sucede, alguien o algunos, decidieron el trazo esperando que “sobre la marcha” se fuesen resolviendo los problemas técnicos que fueran surgiendo, algo que a todas luces resulta contraproducente, pues precisamente, es altamente probable que esta fuera la razón de tanto atraso (técnico y administrativo), y que el costo de las obras se elevara de forma tan significativa.

No en vano, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo (como el BID) señalan claramente que es “ocho veces más caro remediar o corregir que prevenir”. Algo básico que, en este caso, parece haberse dejado de lado.

Gestión estratégica: si a los problemas técnicos antes señalados se suman otros surgidos, precisamente por el problema de una falta de una planificación estratégica de la obra, y por el tiempo que ha pasado, el asunto se complica aún más.

Dos ejemplos de esto son muy claros: a) por un lado, la presión de los ciudadanos de la zona norte que tienen décadas de estar a la espera de la nueva carretera y que, con toda razón, están agotados de estar escuchando que todos los candidatos les prometen que “ahora sí”, si “ellos ganan”, la nueva carretera “si se terminará”. 

Algo que parece que nunca termina; y b) el tema de los puentes, algunos de los cuales se construyeron para una carretera de dos carriles que, luego, se decidió que fuera de cuatro carriles (dado el tiempo transcurrido y la proyección de vehículos que se movilizarían por ella).

Así, en esta especie de claro ejemplo de “realismo mágico latinoamericano” resulta que ahora, cuando la carretera está cerca de ser por fin finalizada, surgen nuevos elementos que parecen llevar a que el asunto se alargue aún más. Esto, por cuanto la prensa recientemente señaló que el CONAVI está pensando en rescindir el contrato con la empresa constructora y desarrollar las obras que faltan, en partes, con otras empresas constructoras.

Solución: a criterio del suscrito, esto a todas luces resulta un grave error, cuando se antepone la prioridad de los ciudadanos de la zona norte y todo el país, de contar, en el menor plazo posible con una “nueva” carretera a San Carlos.  

Abrir un nuevo proceso, con licitaciones, apelaciones y judicialización de causas, con argumentaciones y contra argumentaciones, el único producto seguro que generará será el mayor retraso de una obra que tiene demasiadas décadas de atraso. 

Mantener vigente el contrato permite además mantener las responsabilidades y sancionar incumplimientos, si es que los hay. Recordemos que son dineros públicos los que están en juego, y que nuestro ordenamiento jurídico sanciona a quiénes hacen un mal uso de estos.

Respecto a las denuncias planteadas lo más recomendable es que se hagan las investigaciones que correspondan y, dado el caso, que se sancione a los responsables. Empero, utilizar ese argumento para atrasar más una obra tan necesaria y esperada es a todas luces un error, y como hemos dicho, no hace otra cosa más que seguir sumergiéndonos un poco más en el subdesarrollo.

Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?

Para los que trabajamos en temas ambientales, y tenemos años de estar discutiendo su problemática y los yerros que, con mucha frecuencia, se cometen sobre este tema en la diferentes administraciones de gobierno (ver: www.allan-astorga.com), llama la atención la forma en que los actuales candidatos a la presidencia tratan el tema “ambiental”.

Desafortunadamente, tenemos que empezar diciendo, que lo presentan como un simple instrumento para atraer votos, en particular el voto “joven” y de aquellos “no tan jóvenes”, pero que tienen una seria preocupación por lo que pasa con el ambiente. 

Con lo que dicen, y lo más grave, con lo que prometen, dejan ver que, en la mayoría de los casos, conocen muy poco del tema y su problemática, por lo que hacen promesas que, aunque suenan bien, dejan ver que no están respondiendo a las verdaderas prioridades que tiene la atención del problema ambiental, en nuestro país y en el mundo. Por eso es importante hacer un pequeño repaso, tanto para los candidatos como a los lectores, para tratar de saparar el “trigo de la paja”.

Problemática ambiental: no solo se refiere al Cambio y Variabilidad Climática y a la producción de emisiones. Dicho sea de paso, hemos sido muy críticos con el tema del Acuerdo de Paris del 2015, no por sus objetivos, como el de “Descarbonizar” (dejar de usar hidrocarburos), sino por los plazos planteados. Hemos señalado que esos plazos coinciden bastante con el momento en que los yacimientos de hidrocarburos en el mundo se agoten, algo que no tiene lógica cuando el problema de la cantidad de CO2 en la atmósfera planetaria ya ha alcanzado limites suficientemente altos y cuando los efectos del Cambio Climático se van acentuando y agravando año con año. 

A nivel planetario, el problema ambiental está alcanzando cifras alarmantes. Existen varios indicadores clave que nos deben llamar la atención: a) la tasa de deforestación de bosques naturales, incluyendo la Amazonia, es de cerca de 5 millones de hectáreas al año (un territorio como el de Costa Rica), b) la gran pérdida de biodiversidad, tanto que nos encontramos inmersos en la VI Gran Extinción Masiva de Especies, la primera de origen antrópico, c) el rápido y desbalanceado crecimiento de la población mundial que indica que para el año 2050 la humanidad alcanzará la impresionante cifra de 10 mil millones de habitantes, concentrados en su gran mayoría en ciudades, d) la sobreexplotación y la severa contaminación marina que está debilitando, poco a poco, que los mares sigan aportando nutrientes a la humanidad (se estima que a partir del 2048 se alcanzará un límite critico) y,  e) el inexorable hecho de que, de forma global, la humanidad, desde marzo del 2015, alcanzó el limite crítico de la afectación de los biomas terrestres, superando su capacidad de resiliencia (capacidad de recuperarse), de forma tal que empezamos a vivir desde ese momento con la “tarjeta ecológica” en números rojos, dado que estamos dañando de forma irreversible la ecoesfera de nuestro planeta. Algo muy grave que, dado que su reacción se notará con los años, lentamente, a nadie parece importarle, en particular al comercio y la economía mundial que, son altamente depredadores del ambiente y cuyo objetivo son las ganancias rápidas, haciendo pensar que los recursos naturales y el ambiente, son casi infinitos. 

Problemática ambiental nacional: en ese contexto, debemos comprender el problema ambiental de un país como Costa Rica y no solo en el tema “de moda” que es el “Cambio Climático”.  Tan desubicados estamos que creemos que todo está casi solucionado, cuando nos autoengaños repitiendo que nuestro país es uno de los líderes en el mundo, dado que tiene su base de producción eléctrica en casi 100 % energías limpias. 

Los problemas ambientales verdaderamente serios no se relacionan directamente con el cambio climático, sino con otros ámbitos de la gestión ambiental de nuestro espacio geográfico continental y marino.  Veamos algunos de ellos: 

1. La vulnerabilidad de la población del país a los desastres (población en alto y muy alto riesgo) alcanza ya el 25 % y la tendencia es creciente. Esto es muy grave dado que el país se encuentra en la lista de los 15 países más vulnerables a los efectos del cambio climático (inundaciones, deslizamientos, avalanchas), y que, además, existe otros riesgos geológicos también importantes como los terremotos, la actividad volcánica y hasta los tsunamis. La única manera de atender esto es con Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, algo en lo que hemos fallado todos y que urge corregir, empezando por aplicar la legislación ambiental vigente desde hace más de 10 años, y que sigue “opacada” por la legislación urbana, que es altamente permisiva y causante del caos urbano con que crecen las ciudades del país.

2. La Gran Área Metropolitana (GAM) en una urbe que concentra más de la mitad de la población del país en tan solo el 3,5 % de su territorio continental y que carece de cualquier tipo de planificación urbana. Es una urbe caótica, contaminada y atrofiada, cuya planificación ambiental territorial fue impedida por intereses económicos y políticos, quedando en el “limbo” mientras que la ciudad sigue creciendo, junto con las presas, la contaminación y el desorden urbano, que provoca mucho estrés, pérdida de tiempo y hasta enfermedades cuyo costo de atención es muy alto. El tema del transporte público sigue sin tener soluciones concretas y, mientras tanto, es el principal causante de la contaminación con CO2 y de que la factura petrolera del país se incremente año con año. Divisas que, con la correcta planificación energética, deberían quedarse en el país, produciendo empleo. El desorden urbano en la GAM tiene graves repercusiones en la economía, con un costo que se estima en $1.500 millones anuales.

3. Ausencia de Planificación Estratégica con la dimensión ambiental a mediano y largo plazo. El desarrollo e inversión en infraestructura sigue tomándose sobre la base de decisiones políticas caprichosas, que no toman en cuenta la base de información técnica y científica y llevan a que cada vez se dé más y más sacrificio ambiental, adicionado al desperdicio de importantes recursos económicos (frustrada refinería china, Trocha, caso de APMT, cementazo, etc.). A pesar de que el turismo representa la principal fuente de ingresos para el país, se ha continuado con el deterioro de la naturaleza, por lo que, si no hacemos algo, más temprano que tarde vamos a provocar el decaimiento irreversible de esta importante actividad económica para el país y que tanto empleo produce.

4. A lo anterior se suma el serio y sistemático deterioro de nuestras áreas silvestres protegidas, incluyendo los parques nacionales, no solo por la mala gestión realizada (mucha burocracia), sino por la falta de guardaparques y su correcto equipamiento, para que puedan proteger la flora y fauna silvestre, no solo de los cazadores ilegales, sino también de los narcotraficantes, los mineros ilegales, y hasta de los incendios forestales provocados por gente irresponsable.

5. A pesar de que se nos dice, con mucho orgullo, de que el país ha “recuperado su masa boscosa”, la realidad es que, desde hace algunos años, precisamente debido a la falta de una efectiva gestión ambiental institucional del país, se ha estado dando una sistemática pérdida de biodiversidad continental y marina. El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental.

6. Nuestros mares se encuentran sobreexplotados y descuidados, con tendencia a seguir deteriorándose por la falta de acciones estratégicas que consideren su situación ambiental. El aleteo del tiburón sigue dándose debido a la falta de una estrategia sustentable que fije prioridades y cree soluciones para los pescadores artesanales, no así a las grandes empresas que lucran con el negocio. Lo mismo sucede con el tema de la pesca de arrastre, algo absolutamente inadmisible en estos tiempos.

7. Es claro que existe una clara y evidente ausencia de un control ambiental efectivo. Existen instituciones ambientales y pocas acciones concretas. Cada vez hay más burocracia y el sacrificio ambiental se incrementa. Existe un interés manifiesto de debilitar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con el pretexto de “fortalecer” a la SETENA en su tarea de que se convierta en una simple oficina administradora de permisos para aumentar el ya severo sacrificio ambiental que tiene el país. Vamos en dirección contraria en la búsqueda de soluciones sobre este tema, lo cual, tiene como consecuencia que se dé más desempleo y mayor daño ambiental al país. La judicialización de procesos está en incremento.

8. En las zonas rurales los problemas no son menores, sino peores. Basta ver la forma, casi exponencial, del crecimiento de las plantaciones intensivas de piña, que se suman a las de otros cultivos como el banano, el arroz, la caña, el melón y otros, en los cuales se usan paquetes tecnológicos de agroquímicos (muchos de ellos tóxicos y prohibidos en otros países) y que llevan a que, a la larga, se contaminen los suelos y los acuíferos del país, precisamente uno de los recursos naturales más importantes de que se dispone.

Aunque hay más indicadores, con los señalados es más que suficiente para darse cuenta que tenemos una seria, muy seria problemática ambiental que debemos atender y que requiere convertirse en el eje de una propuesta de una nueva gestión administrativa del Estado.  Dejarla por fuera, considerando que otros temas como el empleo, la brecha social, la corrupción, los impuestos y la seguridad, son temas más importantes, es un grave error; dado que la coyuntura actual exige soluciones integrales, serias y debidamente sustentadas.  Para usar una metáfora, es como si nos estuviéramos preocupando por pintar la casa y ponerle rejas, cuando la casa entera está a punto de deslizarse o de ser arrastrada por un río.

A los candidatos, el mensaje es claro: la situación amerita que se defina un eje que conforme la columna vertebral de la estrategia de acción. Algo que realmente enrumbe al país hacia su desarrollo sustentable, en cumplimiento del Principio de Sustentabilidad Ambiental, y que le de esperanza a las nuevas generaciones de que si hay posibilidad de tener un país mejor y líder en el mundo, como ejemplo de desarrollo sustentable. 

Los otros temas de siempre lo único que hacen es recordarnos que los políticos lo único que quieren es nuestro voto, para seguir accionando en algo que nos daña a todos: sumergirnos un poco más, a la gran mayoría, en el subdesarrollo, mientras sus amigotes hacen fiesta con nuestros recursos naturales.

Poder ciudadano: el caso Sardinal

Hemos señalado e insistido de forma reiterada en la importancia que tiene el hecho de que la Decisión Estratégica se fundamente en una acertada, objetivamente elaborada y bien sustentada Información Técnica y en un correcto diálogo social.

Empero esa decisión estratégica no puede, ni debe, ser tomada solo por un círculo de técnicos y, menos, por un grupo de políticos con cargos como funcionarios públicos.  La transparencia, la información y la participación deben ser la guía que lleve a tomar la decisión estratégica, ya sea de ámbito local, regional o nacional.

Poder Ciudadano: los ciudadanos, entendidos estos como los vecinos potencialmente afectados, las comunidades y la población en general, manifestada en todos sus diferentes sectores (de izquierda a derecha y de abajo para arriba), deben tener un papel protagónico en la toma de decisiones estratégicas. Y no todo lo contrario, es decir, como simples espectadores de la toma de decisiones desacertadas para posteriormente sufrir los efectos directos de las mismas con sacrificio ambiental y pagando el costo económico de las mismas.

Siguiendo un adagio popular que dice que el que "paga la música manda la fiesta", vemos que quien en realidad debe mandar es lo que vamos a llamar el Poder Ciudadano (PC).

Y ese PC no solo puede ser ejercido durante las elecciones. Eso ya no es realista por tres razones clave: 1. Considerando la abstención y el cada vez más creciente multipartidismo, el candidato del partido que se elija no representa más de 25% de la ciudadanía, o sea una minoría, lo cual es contradictorio con el criterio de una representación en democracia. 2. El candidato que se elige no necesariamente representa lo que quiere la ciudadanía que lo eligió, y menos el balance del 100% de la ciudadanía total, con lo cual ya entramos en contradicción directa respecto a las decisiones estratégicas que deben y tienen que tomarse, sin postergaciones. 3. La participación ciudadana no se limita solo a ejercer el voto. La legislación establece que los ciudadanos pueden y deben participar de forma activa en la toma de decisiones. Pero que se entienda no en un formato del tipo "operación embarre" (con talleres informativos, con encuestas o recolección de firmas), sino con instrumentos más proactivos y efectivos, como por ejemplo: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Como hemos explicado ampliamente (ver: www.allan-astorga.com) la EAE es un instrumento de participación ciudadana muy ágil y efectivo. Los representantes de los diferentes sectores interesados (comunidades, ambientalistas, empresarios, académicos e institucionales, entre otros) se reúnen en una "mesa de diálogo", cumpliendo una serie de pasos metodológicos para sustentar una decisión estratégica (Política, Plan o Programa) para el país. La decisión puede generar lineamientos (como en el reciente caso de la Mesa de Diálogo sobre el régimen de pensiones de la CCSS y de salvaguardas que establecen el marco en que se puede hacer posible la acción planteada.

La EAE, como hemos dicho también, da transparencia y agiliza las acciones a ejecutar. Bien hecho hasta simplifica la tramitomanía de muchos proyectos. La EAE es diferente a la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), porque se complementa la planificación estratégica en un contexto socioambiental general.

La EAE no es un "invento" nuevo. Se aplica con éxito en muchos países, aunque, a veces, con nombres diferentes. Suiza es un buen ejemplo de cómo el PC con visión de país es el que realmente toma las decisiones estratégicas para el desarrollo sustentable de la nación.

No toda PPP estaría sujeta a una EAE, pero si las más importantes. El mismo PC debería establecer la priorización.

Según nuestra reglamentación vigente, la EAE no solo se aplica a nivel nacional, se puede aplicar también a nivel regional (cuenca hidrográfica conformada por varios municipios) o a nivel cantonal o distrital (gobierno local).  El objetivo es siempre el mismo: la participación ciudadana en las decisiones estratégicas.

Sardinal: este caso es un buen ejemplo de cómo se hacen mal las cosas. Su experiencia es para escribir un libro, para no repetir los errores cometidos. Se trata de una comunidad (Sardinal) que se opone a una decisión estratégica que consiste en extraer agua del Acuífero de Sardinal para abastecer proyectos inmobiliarios y hoteleros desarrollados en las playas del Coco y Panamá. Proyectos impulsados sin una correcta planificación estratégica, sino en medio de una burbuja inmobiliaria anterior al año 2008. 

Ahora, casi 10 años después, y sin que todavía se cuente con la base técnica suficiente para definir una política de manejo del agua del Acuífero Sardinal, se han reiniciado las obras que corresponden a ese proyecto. Algo a lo que, lejos de resolver el problema, lo exacerba.

Los estudios técnicos realizados por el mismo MINAE y sus instituciones sobre las proyecciones de los efectos del Cambio Climático en el país, señalan claramente que el Pacífico Norte de Costa Rica es una de las zonas más vulnerables a los efectos de la Variabilidad Climática, principalmente con problemas de sequías extensas y las consecuencias de ello, como lo es, una reducción del reservorio de los acuíferos.

Visto en esta perspectiva, es claro que la Comunidad de Sardinal tiene el legítimo derecho a exigir que las decisiones estratégicas sobre el Acuífero del cual obtienen el agua dispongan de estudios técnicos completos y actualizados que incluyan, además, la componente de la Vulnerabilidad al Cambio Climático con una proyección de al menos 15 años.  Considerar que la simple medición de cambios en el nivel de aguas subterráneas de los pozos para un periodo de pocos años es suficiente para establecer de forma “unilateral” una decisión estratégica, como la de trasvasar 70 litros de agua por segundo hacia Playas del Coco y Panamá, no es suficiente. Máxime que no se hace bajo un marco de efectiva PC, algo que resulta paradójico en un gobierno cuyo partido ha levantado como bandera de lucha la “acción ciudadana”.

Soluciones: el caso de la Mesa de Diálogo del régimen de pensiones es, como hemos comentado, algo muy positivo, en medio de tantas malas noticias que recibimos a diario. Es un ejemplo de que las soluciones a la gran mayoría de los problemas de nuestro país deben surgir de un diálogo transparente entre todos los sectores de la sociedad, siguiendo reglas básicas de EAE.

Ya la Contraloría General de la República le ha ordenado al Poder Ejecutivo que reglamente, por fin, después de 13 años, el procedimiento para realizar la EAE para las políticas, planes y programas. La legislación vigente señala que la misma se puede aplicar tanto a nivel local, como regional y hasta nacional.

Esto no se debe ver como una complicación, todo lo contrario, se debe ver como una “luz al final del túnel” en la medida de que es la posibilidad de que el PC, por la vía del diálogo abierto, transparente, informado, participativo y, sobretodo, realista, el que proponga las soluciones concretas a nuestros problemas. Soluciones basadas en un sólido y objetivo criterio técnico.

Este proceso de EAE es la solución lógica y racional. No se requieren líderes salvadores o dictadores impositivos, lo único que se requiere es de un marco político que abra los espacios para que sea el PC el que plantee las soluciones a los grandes problemas nacionales. El caso específico de la valiente comunidad de Sardinal debería ser el primero en resolverse por esa vía, y no por la de la imposición, que tanto daño le hace a nuestra sociedad.