A propósito de las noticias sobre los numerosos casos de corrupción dadas a conocer, en los últimos meses, por el Organismo de Investigación Judicial y la prensa, se hace necesario retomar el tema planteado por el escritor y periodista Andrés Oppenheimer en su libro: “¡Sálvese quien pueda!”, en el que se profundiza la discusión sobre un importante estudio de la Universidad de Oxford sobre el pronóstico de que, para esta década, casi el 50 % de los empleos corren el riesgo de ser desplazados por inteligencia artificial.
Conforme se profundizan los datos de la investigación del OIJ queda más claro que el origen de la gran mayoría de los casos de corrupción denunciados, tienen que ver con el tema de permisos y autorizaciones por parte de entidades del gobierno central y los gobiernos locales. Sistema de permisos que está directamente vinculado a la existencia de una compleja y tortuosa tramitomanía que hace que un proyecto de inversión y desarrollo deba esperar periodos de años (cuatro en promedio) para poder ser ejecutado.
Círculo vicioso: para quienes tienen la experiencia de gestionar proyectos de inversión y desarrollo o, incluso, pequeños emprendimientos, por mencionar un ejemplo, sabrán la compleja y numerosa cantidad de trámites que se tienen que cumplir ante las diversas instituciones del gobierno central y las municipalidades. Con el agravante, como hemos mencionado previamente (ver: www.allan-astorga.com) de que ese sistema de permisos se encuentra “ordenado” en serie y no en paralelo. Es decir, que, para ingresar una solicitud de permiso dado, de previo se tienen que cumplir otros permisos ante otras instituciones.
Por otro lado, cuando se revisa el detalle del trámite a cumplir, se descubre que el mismo, en realidad no representa un solo trámite, sino que este a su vez se subdivide en una serie de sub-requisitos y sub-trámites que convierten la gestión de un permiso, autorización o visto bueno, en un verdadero viacrucis de tramitomanía.
En este aspecto, las municipalidades no se diferencian mucho del gobierno central. Se dividen en oficinas, unidades y departamentos que pocas veces están interconectados y piden requisitos de forma separada. Las “ventanillas únicas” no son para nada comunes.
Se pueden citar muchos ejemplos de este tipo de trámites. Algunos de ellos son: la disponibilidad de agua para un proyecto, la viabilidad ambiental ante la SETENA, los alineamientos, el acceso a otros servicios, los visados de planos, las autorizaciones para los sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. La mayoría de estos trámites tardan meses que se pueden convertir en años cuando surgen inconvenientes técnicos no previstos y de tipo puntual.
Debido a esa disposición, en serie, de los permisos y trámites, completar la totalidad de la tramitomanía hace que la sumatoria de tiempo sea de años, a veces, muchos años.
Un dato útil dado por la Cámara Costarricense de la Construcción hace varios años, señalaba que, cada mes de atraso, para un proyecto de inversión de un millón de dólares, representaba una “pérdida” mensual de cerca de $15.000 dólares. Si este dato es correcto, empezamos a comprender como se empiezan a dar las condiciones que propician que se busquen “otras alternativas” para acelerar el trámite de una gestión.
Debemos recordar que, como la mayoría de los trámites de permisos se encuentran en serie, cada uno de ellos es vital para el avance de la gestión. Siendo así, el funcionario que tramita el permiso adquiere un poder muy grande, pues sobre él recae la “responsabilidad” de “aprobar” o “rechazar” un proyecto de inversión importante. Es claro que este hecho es un caldo de cultivo perfecto para que el sistema humano de autorizaciones sea altamente vulnerable a una descomposición y finalmente se corrompa.
Cabe aclarar que, desde este punto de vista, se entiende la razón por la cual los sectores productivos planteen soluciones radicales como la eliminación o reducción al mínimo de trámites ambientales como los que se realizan ante la SETENA. Es comprensible, empero, no es de recibo en la medida de que desproteger el ambiente tampoco es una solución lógica o racional. La solución debe ser otra.
Como podemos ver, se trata de un círculo completo que favorece que se den irregularidades, que tiene la característica que, conforme pasa el tiempo y más compleja es la tramitomanía, más tiempo requieren los proyectos para cumplir con todos los trámites de permisos y, por tanto, más caldo de cultivo hay para que se busque la forma de “agilizar” y “acortar” los tiempos totales.
Fracaso de la desregulación: el tema de desregulación se empezó a discutir desde hace casi 25 años, coincidiendo con la publicación del primer reglamento de evaluación de impacto ambiental después de haber sido promulga la Ley Orgánica del Ambiente.
Todas las administraciones de gobierno, durante estas últimas dos décadas y media, han realizado esfuerzos por desregular y simplificar los trámites de permisos para proyectos de inversión y desarrollo. Incluso en el 2002 se promovió una ley para proteger al administrado del exceso de trámites del Estado, la cual se ha reformado dos veces. Se creo una Dirección de Mejora Regulatoria en el seno del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y se desarrolló un requisito de que cada reglamento que estableciera nuevas exigencias a los proyectos de inversión y desarrollo, debía realizar una evaluación de costo beneficio que el MEIC debía aprobar.
Pese a todos estos esfuerzos, la cantidad de trámites principales o primarios, se han incrementado. Cuando Intel inició las gestiones, en 1996, para instalar su planta en el cantón de Belén el inventario realizado por los personeros de esa corporación identificó que se debían cumplir un total de 180 trámites para poder empezar a ejecutar la construcción del proyecto (una inversión de cerca de $ 500 millones de una industria inocua desde el punto de vista ambiental y altamente positiva desde el punto de vista social).
En la actualidad esos trámites llegan a 300 en lo que respecta a estos trámites primarios. Si se contabilizan los trámites secundarios y terciarios, la cantidad puede superar los 500, algo absolutamente incomprensible para un país que desea desarrollar su economía.
A criterio del autor, uno de los principales elementos que lleva a que esa cantidad de trámites se haya incrementado, lejos de reducirse, tiene que ver con varios hechos como son: a) que se han promulgado nuevas leyes que establecen nuevos requisitos sin contemplar por si mismos un sistema de integración y simplificación desde el origen, b) que esas mismas leyes han creado nuevas instituciones y entidades que tienen que tramitar los permisos y autorizaciones haciendo que esta gestión sea su principal “razón de ser”, c) que no exista interacción entre los diversos sistemas de permisos, funcionando cada cual, como una “isla” donde se desarrolla un “feudo” en el que los funcionarios que allí laboran, no conocen con detalle la totalidad de otros trámites que tienen que cumplirse, llegando a considerar que el que él realiza es el más importante.
A estos elementos, se suma otro que tiene una gran relevancia. Se refiere al hecho de que, la gran mayoría de los esfuerzos realizados para simplificar trámites, parten de la base de que la “agilización” tiene que ser realizada junto con los funcionarios que gestionan los permisos y la verificación de los trámites. Así, por lo general, al “simplificar” o “eliminar” un trámite, se crean dos o tres subtrámites que los sustituyen. Como se ve, bajo este esquema es casi imposible que el sistema llegue a simplificarse de forma efectiva. Por el contrario, el círculo vicioso se hace cada vez más grande.
Solución: a pesar de todo ese panorama negativo, hay buenas noticias. Resulta que el autor, junto con un equipo multidisciplinario de amplia experiencia, hemos identificado la gran mayoría de los requisitos existentes para proyectos de inversión y desarrollo, así como emprendimientos.
La buena noticia es que la inmensa mayoría de esos requerimientos no se encuentran en leyes, cuya modificación no es sencilla, sino en otro tipo de instrumentos: decretos ejecutivos, acuerdos de juntas directivas, resoluciones administrativas, oficios, memorándums y similares.
Pero no solo los hemos identificado, sino que los hemos analizado en detalle, por sí mismos y respecto a otros requerimientos. Los hallazgos han sido muy interesantes e importantes.
La enorme mayoría de los requisitos establece un lineamiento que, en muchos casos es algo confuso y deja un espacio discrecional para que el funcionario que lo atienda tome la decisión. Elemento que, precisamente es lo que hace que dichos funcionarios se empoderen y tomen control de la decisión, no solo del trámite específico, sino del futuro del proyecto. Como hemos dicho, esto produce una enorme vulnerabilidad para que el sistema de corrompa.
Empero, existe una vía de solución que, no solo disminuiría o eliminaría por completo esa vulnerabilidad a la corrupción, sino que permitiría solucionar de raíz el agotador y viejo problema de la tramitomanía. Se trata de aplicar la inteligencia artificial en un sistema automatizado e integrado de permisos y autorizaciones al que llamamos Permiso Integral Ambiental automatizado (PIA, ver:www.allan-astorga.com:¿Hacia dónde fluye Costa Rica?).
Como señalamos anteriormente, la gran mayoría de requisitos y trámites pueden ser adaptados, modernizados, mejorados y simplificados en razón de que no se encuentran en leyes, sino en otros instrumentos. Además, pueden ser integrados y transformados en un sistema de algoritmos avanzado para que la mayoría de los trámites de gestione de forma automatizada por medio de inteligencia artificial (IA). Sobre esta base, y la aplicación de dos elementos claves: a) el uso de la zonificación ambiental, de escala detallada, generada en el país para planes reguladores desde hace 15 años y b) del Principio de Responsabilidad de los profesionales a cargo de un proyecto para resolver problemas puntuales; se puede lograr un cambio radical en la Tramitomanía anquilosante que agobia a nuestro país.
Perspectiva: como hemos indicado previamente, esta tarea de sustituir el trámite humano por el de la Inteligencia Artificial avanzada y automatizada es una tarea estratégica que debe realizar el país lo antes posible. No hacerlo, no solo significaría seguir alentando, de forma indirecta a que se sigan dando casos de corrupción, sino que también significa atrasar aún más el necesario salto al desarrollo sustentable que la nuestra nación requiere. No es posible ni aceptable que una sana inversión de desarrollo requiera años de trámite, cuando con un sistema automatizado pueda ser resuelto en pocas semanas.
La actual y sumamente grave coyuntura económica en que se encuentra nuestro país, por la crisis fiscal previa a la Pandemia y por las consecuencias de esta extensa Pandemia, ameritan a que se tomen soluciones extraordinarias que permitan sacar al país adelante. La PIA automatizada es un paso estratégico en esa dirección que no debemos postergar independientemente del candidato que gane las elecciones del 2022.
A la pregunta de qué hacer con los funcionarios públicos que serían sustituidos por la IA, la respuesta depende de las autoridades de gobierno. A criterio del autor, no debería ser pretexto para producir despidos, pues lejos de ayudar a estabilizar el país, agravaría la situación. Sin embargo, se requieren hacer ajustes para que estos funcionarios pasen a realizar nuevas tareas dentro de la administración que realiza el Estado, como por ejemplo la verificación del proceso con los proyectos ya en ejecución y siempre, bajo un sistema claramente ordenado y transparente. También, en el tema de la lucha contra el Cambio Climático y la búsqueda del equilibrio de la Ecosfera terrestre, surgirán nuevas actividades donde muchos de esos funcionarios podrían ser de gran utilidad.
Finalmente, y a modo de recomendación muy respetuosa a los señores diputados de la Asamblea Legislativa, les pedimos que tramiten la propuesta de Ley para la implementación de la PIA automatizada y de adaptación a la Crisis Climática y la crisis socioeconómica generada por la Pandemia. Esto, como parte de las sesiones ordinarias de previo al mes de mayo del 2022. Es una ley que conviene a todos y no solo a un partido político. Con ello le estarían dando una enorme oportunidad al país para garantizar su desarrollo sustentable.