Lo que le debemos al ambiente

Cuando pensamos en el Ambiente, evocamos imágenes de bosques, ríos limpios y costas bañadas por un mar azul, todo lleno de vida. Eso es natural, pues nosotros formamos parte de esa Ecosfera terrestre que es la que nos da la vida, como a todos los demás organismos, y, además, nos la sostiene. Estamos tan acostumbrados a que la Ecosfera nos soporte que hemos perdido la perspectiva del severo daño que la humanidad le ha infringido.

 

Para los que no lo saben, la Ecosfera terrestre, que combina la Atmósfera, la Hidrósfera, la Biosfera y la parte más superior de la Corteza Terrestre, principalmente el suelo, es un ser vivo y evoluciona. Se originó poco después de la formación del planeta Tierra y tiene cerca de 4 mil millones de años de existencia. Su principal esencia es la vida, en todas sus manifestaciones, así como su continua evolución.

 

Los estudios astronómicos de la Nasa, durante los últimos años, nos muestran cada vez más el enorme valor que tiene nuestro Ecosfera, pues entre más se escudriña el Universo menos se encuentran planetas con una Ecosfera como la Tierra. Recibimos y vivimos en una verdadera joya de vida del Universo. Algo que muchos no han comprendido.

 

Deterioro: pero la humanidad que al principio convivía en esa Ecosfera, como un organismo más, sin generarle un daño significativo, al menos hasta hace 200 años, se ha convertido en su peor enemigo. A partir del año 1800 la población humana empezó un crecimiento exponencial, y en tan solo 250 años vamos a pasar de un mil millones a cerca de 10.000 millones de personas en el 2050.

 

El sistema económico que se desarrolló para sostener esa creciente población se convirtió en un ente altamente depredador del ambiente, basándose en una premisa falsa: “que la Ecosfera es suficiente, se regenera y alcanza para seguir creciendo”. Algo que todavía muchos siguen creyendo, pues les genera ganancias a corto plazo, sin medir las consecuencias negativas de mediano y largo plazo.

 

Pero ahora, ya entrada en el siglo XXI, nuestra generación está viendo el principio de todas esas consecuencias: Cambio Climático, contaminación de suelos, ríos y acuíferos, mares contaminados y sobreexplotados, deforestación de selvas tropicales, rápida extinción de especies y, en general, acelerado deterioro de la Ecosfera terrestre. Tanto, que, para marzo del 2015, a nivel global, alcanzamos el límite de capacidad de resiliencia de todos los biomas terrestres, haciendo que la humanidad esté viviendo, desde el punto de vista ecológico, en números rojos. Algunos países más que otros, de allí que, para habitantes de países como Costa Rica, nos parece que eso es una “exageración” alarmista de los ecologistas, empero, es la triste y cruda realidad.

Nos encontramos en el Antropoceno, un periodo geológico nuevo, y sumamente vergonzoso, pues iniciado en 1945 (con la primera explosión nuclear), representa el tiempo en que la humanidad ha generado un gran daño a la Ecosfera, tanto que nos encontramos dentro de la Sexta Gran Extinción Masiva de Especies. La primera provocada de forma “artificial” por un organismo vivo del mismo plantea Tierra (nosotros, los humanos). Algo que debería llevarnos a reflexionar y a buscar medidas para frenar el gran daño que, como humanos, estamos haciendo a la Ecosfera planetaria.

 

Esperanza: en medio de todo ese escenario ecológicamente dramático, todavía hay esperanza. Nuestras nuevas generaciones miran al ambiente con más respeto y muestran preocupación por su cuidado. Ya es un principio. Pero el cuidar el agua, controlar las emisiones, ahorrar energía y reciclar los residuos, aunque son buenas acciones, no son suficientes; todavía tenemos que hacer más.

 

Las generaciones más maduras, en particular aquellos que ostentan poder (político, económico, de información y educación), tenemos una enorme y urgente tarea: revertir el deterioro producido y empezar a trabajar por recomponer los daños. Es una tarea enorme, nuestro principal reto en el siglo XXI, pues parte de la base de introducir el Principio de Sustentabilidad Ambiental (“las actividades humanas, de cualquier tipo, deben ser ambientalmente sustentables en el tiempo, de una forma efectiva, de manera que se garantice el equilibrio ecológico sin efecto ambiental significativo, es decir, sin que el equilibrio natural sea alterado por encima de su capacidad de asimilación de carga ambiental adicional”) en todo nuestro quehacer, empezando por nuestro sistema económico.

 

En el caso de Costa Rica, como hemos insistido, las acciones concretas, son claras: a) ordenamiento ambiental del territorio, b) planificación estratégica, c) corrección y control estricto de la contaminación ambiental, d) promover el desarrollo sin sacrificio ambiental y e) proteger nuestra biodiversidad continental y marina. Nuestro país, puede llegar a ser, no solo una verdadera potencial mundial en la recuperación y sostenimiento de la biodiversidad, sino también un ejemplo para el mundo de cómo se revierte el daño a la Ecosfera terrestre. Se puede convertir en el país de la esperanza ecológica.

 

¿Cómo lograrlo?: primero necesitamos cobrar una clara conciencia de dónde estamos y para dónde vamos. Debemos pensar en colectivo, como país y con visión de futuro. Solo así podremos superar los problemas inmediatos y urgentes, que no nos dejan ver los verdaderos retos que tenemos en el futuro.

 

Tenemos una deuda con el Ambiente y nuestro único camino posible es trabajar por mejorarlo. Requerimos la participación de todos, desde las autoridades políticas superiores, que deben tener la visión y la voluntad de orientar nuestro desarrollo en un marco de verdadera sustentabilidad socioambiental. Todos los ciudadanos podemos poner nuestro “grano de arena”, pero nuestra principal tarea es ser vigilantes y estar atentos para que no nos alejemos del camino de esperanza que debemos dejar a las generaciones futuras. Todavía hay algo de tiempo, y no debemos desperdiciarlo más.

Balance ambiental de la administración Solís Rivera

Con la finalización de la administración de gobierno de presidente Luis Guillermo Solís, se hace necesario, realizar un balance sobre la gestión ambiental realizada. A modo de síntesis, desafortunadamente para todos los habitantes del país, el resultado no es nada positivo, todo lo contrario, como en el caso de las dos administraciones precedentes, el resultado es similar: un gran desperdicio de tiempo que se traduce en estancamiento y en retroceso. Algo que, desde la perspectiva de la situación ambiental a nivel mundial, resulta un lujo que es absolutamente ilógico e inconsistente para un país que se vende al mundo como un líder en la protección del ambiente. Veamos los resultados:

Debilitamiento de la institucionalidad ambiental: con el inicio de la administración se dió el primer gran fallo que se traduce en la pérdida de credibilidad en la institucionalidad ambiental. Ello en razón de la aprobación, “a golpe de tambor” de la Viabilidad Ambiental a la Terminal de Contenedores de Moín. Y que quede claro, no se trataba, como hemos mencionado reiteradamente, de que no se diera la modernización portuaria en Moín. Lo malo aquí es que se otorgó la aprobación por parte de la Comisión Plenaria de la SETENA, en contra de la misma posición de su Unidad Técnica, en un sitio no apto (con un suelo que no es rocoso), lo cual, a la larga ha significado un atraso de más de un año para la inauguración de la Terminal y con un costo económico muy alto (sobre el que no se sabe mucho y que nadie ha buscado cuantificar).  Con el factor negativo adicional, que es la interrogante de la “vida útil” de la Terminal que debería ser de hasta 50 años. 

Ridículo ambiental: vinculado al tema de esa Terminal, se suma un asunto heredado por esta administración y terminado de complicar. El camino de acceso, la denominada Ruta 257. Contra toda lógica, se ordenó la construcción de esa ruta de acceso, a ras de suelo a fin de facilitar el inicio de la Terminal. Ruta de acceso de 20 metros de ancho que atravesó áreas de humedal, y que rápidamente de consolidó como un camino de ingreso y salida a la Terminal, sin pifia de conexión a la misma. Pero no bastando esto, se desarrolló, por encima de la calle ya existente, un viaducto que termina costando cerca de $ 80 millones y que era totalmente innecesario, pues ya el acceso, ya existía. El principal argumento para la construcción de un viaducto de tal precio: “proteger el humedal”, algo absolutamente ridículo, si  se toma en cuenta que el daño ya estaba hecho.

Frustrada y costosa refinería: Otro tema que también se heredó de la administración anterior, pero que, durante los dos primeros años, se mantuvo, significando un muy serio gasto, fue la tristemente célebre Refinería china en Moín. Muchos viajes se hicieron a China, millones de dólares se han gastado (se estima que cerca de 50) y todo para que al final, se diga que se desista y bueno, como sin “nada hubiera pasado”. Millones de dólares que a todos los costarricenses nos ha tocado pagar y nos tocará pagar aún, por simples decisiones estratégicas (políticas) desacertadas. El denominado lema de campaña "Con Costa Rica no se juega" fue, en materia ambiental, un simple lema y nada más que eso: se siguió jugando con millones de dólares que ahora todos deberemos de pagar. 

Plan GAM: En el tema protección del ambiente, hemos señalado que un país como Costa Rica, requiere, con suma urgencia, acelerar el tema del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Es decir, agilizar la existencia de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial, cantonales y costeros en todo nuestro país. La administración Solís, en este tema, perdió un tiempo muy valioso y continuó el verdadero desastre que le heredó la administración Chinchilla. Algo que la historia le cobrará por su enorme falta de visión. Primero que todo, la Administración Chinchilla le hereda un Plan GAM 2013, que con el debido tiempo advertimos a Casa Presidencial, que se trataba de un POTGAM “vestido de oveja”, es decir, que era un engaño y que no se trataba de un PRUGAM modernizado. Insistimos que debería anularse el Reglamento publicado en abril del 2014 y volver a la versión original firmado por la Presidente Chinchilla en enero del 2014. Nada funcionó, a pesar de que dimos las pruebas del caso. Finalmente tuvimos que presentar nuestros argumentos a la Sala Constitucional, la cual las acogió y suspendió la aplicación de ese Plan Regional de la GAM, generando así más atraso, en el ordenamiento urbano de la GAM, nuevamente, por falta de visión política. Mientras tanto, la GAM sigue padeciendo de una severa arteriosclerosis vehicular que convierte en una verdadera odisea atravesar la Ciudad, ya no solo en horas pico, sino a todas horas. Se estima que se pierden cerca de $ 1500 millones por año, solo en presas y tiempo “laboral” o familiar, perdido. Cada día entran 150 vehículos nuevos, sin que se incremente las carreteras. Los habitantes de la GAM y de las ciudades intermedias (San Isidro, Ciudad Quesada, Liberia, Limón, Puntarenas, Turrialba), poco a poco, vamos descubriendo que el trasfondo de las presas, es la falta de planificación y la desidia de nuestros gobernantes. Un estudio debería de darnos el dato de cuánto representa en porcentaje del PIB de este costo que todos pagamos, más en estos tiempos que corren.

Planes reguladores: pero el asunto no se queda allí, resulta que la SETENA, entre finales del 2009 y el 2016, rechazó y archivó 80 informes ambientales de planes reguladores de 50 cantones. Eso significa el 76 % de los informes presentados, algo que, si lo hiciera en materia de EIA, habría provocado un desastre en el país, pues lo hubiera paralizado. No obstante, al tratarse de un tema de municipalidades y planes reguladores, parece no haberle importado a casi nadie, sin medir el enorme daño que se le estaba haciendo al desarrollo sostenible del país. Más pérdida de tiempo y falta de visión. Pero hay más, en septiembre del 2015 se publica un Decreto para, dizque, agilizar el trámite de los planes reguladores, pero resultó un nuevo “confite envenenado”.

Dentro del decreto, venía la línea de anular y sustituir el Decreto 32967 – MINAE del año 2006 con el que se dio Viabilidad Ambiental del PRUGAM y a otros 17 cantones, sin que se diera la justificación técnica real de eso. Pero, además, el mismo decreto establecía que el MIVAH (como “rector” a cargo, gracias a que el MINAE no asumió esa responsabilidad), junto con otros ministerios e instituciones, podría ordenarle a la SETENA y el INVU, el orden en que se deberían revisar y “aprobar” los planes reguladores. Y sorpresa, la primera lista comunicada por un oficio, firmado por todos los ministros relacionados, le dice que atienda, con prioridad un grupo importante de planes reguladores realizado por ProDUS UCR que, por casualidad, fueron coordinados por el señor Rosendo Pujol, el mismo flamante ministro del MIVAH.  No vamos a llamar esto "legislar en beneficio propio", pero se trata de algo muy cercano, y sobre lo cual nos deben dar respuesta el Ministerio Público y la Procuraduría de la Ética.

Status quo de desplanificación urbana: pero todo esto, no parece casual. Es claro que esta administración, contrario a la búsqueda de soluciones en el tema ambiental a uno de los mayores problemas que tiene el país, referente al uso del suelo en nuestro territorio, más bien, acentuó el “status quo” vigente desde hace muchos años y que, claramente, beneficia, a una serie de sectores económicos privilegiados. Una prueba irrefutable de ello, fue que el INVU, durante los primeros 18 meses de esta administración, trabajó con una nueva propuesta de reglamentos clave en el tema del uso del suelo, como son: a) Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones. Lo sorprendente, fue que prácticamente el mismo día en que dichos reglamentos son puestos en consulta pública, sale de Casa Presidencial, un correo electrónico, ordenando que se saquen de consulta, y así, un esfuerzo de casi año y medio, por mejorar y modernizar esos reglamentos fundamentales, son sacados de circulación y enviados al olvido. Hoy, al final de la administración, seguimos igual, el “status quo” se mantiene, y la desplanificación urbana sigue agravándose. Para un Gobierno de supuesta "Acción Ciudadana", no cabe duda que la se percibe misma opacidad de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014.

Sin planificación estratégica: en materia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y Planificación Estratégica, durante varias misivas al Ministro de Ambiente Edgar Gutierrez, le solicitamos, que emitiera el reglamento que normara la EAE, a fin de que las políticas, planes y programas, más estratégicos del país, se pudieran realizar por ese instrumento que tiene como base, los principios de Transparencia, Participación e Información. Fuimos ignorados, y sobre esa base se generaron nuevos planes y políticas como las que versan sobre Energía, Humedales, Reciclado y otras muchas, proyectadas al 2030, pero sin cumplir con las reglas básicas que establecen los estándares internacionales modernos. Más pérdida de tiempo y recursos, que no muestran otra cosa que una miope visión política en materia ambiental. Finalmente, tuvimos que recurrir a la Contraloría General de la República, la cual le ordenó al Poder Ejecutivo que normara la EAE para políticas, planes y programas y la pusiera en práctica para este año 2018. Esperamos, sinceramente, que la nueva administración trabaje en esa línea y desarrolle de verdad, una Planificación Estratégica del país, con un mejor sentido de transparencia, participación e información.

Áreas Silvestres des-Protegidas: en tema de áreas silvestres protegidas, la Administración Solís Rivera, no puede ser calificada como positiva, todo lo contrario, más bien ha representado una muy seria amenaza. Aunque en materia de explotación geotérmica en parques nacionales, estableció una moratoria hasta el año 2021, en la práctica, el mismo partido de gobierno (PAC) y el mismo gobierno, actuaron en una dirección diferente. Se propusieron ante la Asamblea de Legislativa una serie de proyectos de ley y decretos ejecutivos, muy peligrosos a) ley para extraer energía geotérmica en tres parques nacionales de Guanacaste, (Expediente 19.233) b) ley para modificar la ley de caminos públicos (Expediente 19.899), para permitir hacer carreteras atravesando áreas silvestres protegidas, so pretexto de que allí es más fácil, ya que “no hay que expropiar terrenos”, c) ley que promueve la extracción de recursos hídricos de las áreas protegidas (Expediente 20.447) y, d) el decreto para construir carreteras atravesando humedales (Decreto Ejecutivo 39838 –MINAE) . Decreto que, nuevamente tuvimos que impugnar ante la Sala Constitucional, pues resultaría altamente dañino a los sistemas de humedal que son altamente valiosos ecológicamente y que, durante los últimos 40 años, se han reducido en un 40 % en todo el mundo. Nueva muestra de falta de visión ambiental. Así luchamos contra el Cambio Climático, sacrificando ecosistemas.

A esto se suma el hecho de que los Parques Nacionales y, en general, las áreas silvestres protegidas, se han descuidado. Se ha aumentado la burocracia y se ha disminuido el personal de campo (guardaparques). Las áreas silvestres, son afectadas por incendios forestales, cacería ilegal, extracción minera ilegal (como en Osa) y hasta por las actividades del narcotráfico. Se tuvo que presentar un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional para que esta entidad le ordenara al Estado, que le diera más recursos al SINAC para proteger las áreas silvestres protegidas. Áreas silvestres, cuya biodiversidad y belleza paisajística es lo que sostiene una de las principales fuentes de ingresos al país, por turismo y ecoturismo. Nuevamente, se nota contradicción, pues, aunque se trabaja porque más turistas nos visiten, por otro, dañamos la razón principal por la que vienen al país.

Nuestros mares sobrexplotados: en el tema de nuestro mar Patrimonial y los recursos marinos, la administración Solís, resulta sumamente decepcionante y  a todas luces retrógrada. Hay muchos temas en que el gobierno nos ha fallado y las ONG que trabajan en el tema de la protección de la vida marina, nos lo han señalado reiteradamente. Se ha seguido expoliando el recurso pesquero del país, particularmente con la explotación del Atún Aleta amarilla (por cada tonelada explotada, el país solo obtiene el equivalente a $ 60). Algo, absolutamente inconsistente e incoherente, en particular, si notamos que nuestros mares han sido sobreexplotados durante los últimos 10 años (¡que caro nos ha costado el Estadio Nacional!). Pero todavía hay más, de forma irresponsable, se ha promovido la exportación de las aletas de tiburón, promoviendo así, su captura y tortura, en un país que le da la cara al mundo, como un “gran protector del ambiente”.  Queda señalar, en este tema, el hecho de que la administración, de forma insistente, promovió por varios proyectos de ley, la Pesca de Arrastre del Camarón, algo que se sabe que devasta la vida de los nuestros mares. Como colorario, la administración hereda la búsqueda de soluciones sostenibles a la población de pescadores artesanales que requieren alternativas reales de trabajo, en donde ellos se conviertan en verdaderos protectores de nuestros mares. Al respecto, hemos señalado la importancia de buscar soluciones duraderas, como, por ejemplo, la creación de un Bono accionario Pro Pesca sustentable, solo para empezar a trabajar en soluciones al tema marino de nuestro país.

SETENA y EIA: en este tema, lejos de avanzar, el país ha mostrado un enorme retroceso. En febrero del 2018, la administración puso en consulta la propuesta de un “nuevo” Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Con el pretexto de “remozar” a la SETENA (además de cambiarla al viejo edificio de RECOPE), se sustituiría por completo el Modelo de Evaluación de Impacto Ambiental vigente, desde el año 2004, por un regresivo y altamente permiso instrumento que, volvía a instaurar los “inconstitucionales” umbrales y que es altamente favorable a los intereses de la Cámara Costarricense de la Construcción, dado que propone disminuir de 3 mil expedientes promedio anuales que tramita la SETENA a menos de mil. Algo que además de desproteger el ambiente, también crea desempleo entre muchos profesionales jóvenes que se desenvuelven como consultores ambientales. Pero el asunto no solo terminaba allí, contrario a los estándares internacionales, eliminaba la Evaluación Ambiental Inicial, la cual es clave para determinar si un proyecto puede ser potencialmente viable o no. Con ello, eliminaba la figura de la “Viabilidad Ambiental Potencial”, la cual resulta clave para promover un proyecto tan importante como el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) u otras obras clave para el país, como la ampliación de la Ruta 27 o el mismo nuevo aeropuerto en Orotina. Así de mal estamos, retrocediendo en todo lo que tiene que ver con protección ambiental y desarrollo sustentable.

Minería: en el tema minero, vale señalar una mención especial, pues tanto la Dirección de Geología y Minas, como el mismo Ministro de Ambiente y Energía, emitieron unas resoluciones que resultan históricas y dignas de enmarcar, como algo absolutamente retrógrado e ilógico. Esto, en materia de la explotación minera en playas y en el subsuelo marino, pues, según sus argumentaciones, el Código de Minería, no les permite actuar si alguien hace minería ilegal en las playas y el subsuelo marino. Por eso, señalamos que, con esa ilógica e inconsistente posición, Costa Rica, se estaba convirtiendo en el “Paraiso de las islas artificiales” algo que no resulta, para nada motivo de orgullo, sino de vergüenza nacional.

Crucitas: tampoco podemos dejar de lado el desastre en que se ha convertido el tema Crucitas. Muchos responsabilizan a los ambientalistas que nos opusimos al trámite “ilegalmente orquestado” por la empresa y los políticos y técnicos de la administración Arias Sanchez que, desembocó en la anulación de todo lo actuado y que, todavía ahora, está a las puertas de un nuevo juicio. Pero una cosa es esa, y otra es que se permita el ingreso ilegal de miles de coligalleros nicaragüenses que cargan consigo el Mercurio que mata, no solo a su propia salud, sino al mismo Río San Juan, donde al final van a dar las aguas y suelos contaminados. Urge hacer algo serio, pues se trata de un problema cada vez más grave que tarde o temprano, nos va a explotar como un serio conflicto diplomático.

Piña: al igual que en las administraciones precedentes, la expansión piñera se siguió dando con gran rapidez, catalizado por el tratado de libre comercio con China. La justificación es que da “mucho” empleo, cuando en la práctica se dan dos empleos por hectárea, sin que eso justifique para nada, el enorme y costoso daño ambiental que produce, en particular, por el complicado paquete tecnológico que utiliza de agroquímicos y pesticidas. Dejamos claro que no se trata de que se elimine el cultivo de piña en el país, pero creemos que Costa Rica merece algo mejor, con una producción de piña más ecológica, que no contamine los acuíferos ni los suelos, ni tampoco sacrifique los bosques y humedales de nuestro territorio. El pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de diciembre del 2008 exigiendo una moratoria nacional para nuevas plantaciones de piña retumba, a casi 10 años de su elaboración, como una clara advertencia desoída por autoridades del MAG y del MINAE empecinadas en favorecer el crecimiento de este dañino monocultivo. Los reportajes en países europeos sobre los daños provocados por la piña costarricense cada vez van creando mayor conciencia en el consumidor europeo, y posiblemente el consumidor chino empiece de igual forma en algún momento a hacerse algunas preguntas.

Aguas y sus conflictos: otro ejemplo de la enorme inoperancia que ha tenido la administración Solís Rivera. Además de que, finalmente no se pudo aprobar una nueva Ley de Recursos Hídricos, propuesta por iniciativa popular, lo más grave, es que, en el tema de gestión de recursos hídricos, lejos de avanzar, retrocedimos mucho, por todo el tiempo perdido. Insistimos, desde el principio, de la urgencia de gestar mejor las aguas subterráneas, por medio de un reglamento que la Sala Constitucional ordenó que se elaborara desde el año 2004. Contrario a eso, se han recuperado las mismas acciones de imposición de medidas como el caso de Sardinal y, además, se ha dejado que el problema de SENARA y su matriz genérica, se convierta en una muy grave amenaza al desarrollo del país. El agua, especialmente la subterránea, merece ser cuidada y protegida como un recurso estratégico, pero con un criterio lógico y racional y no, por medio de costosas medidas que, al final, no implican su protección, sino un aumento muy honeroso de la ya compleja tramitomanía. Así, ahora más rápido que antes, nos seguimos hundiendo en el subdesarrollo.

Energía: se elaboró un Plan Nacional de Energía, con un horizonte al 2030, pero no, bajo un marco de Evaluación Ambiental Estratégica, es decir, sin carácter vinculante. El Plan plantea algunos aspectos positivos, dentro de cuyo contexto, se puede recalcar la aprobación de la Ley que permitiría introducir vehículos eléctricos al parque automotor del país. No obstante, no plantea soluciones transicionales, al tema a elevada la factura petrolera del país y a la necesidad imperante de buscar soluciones intermedias y graduales para su reducción (biocombustibles, aprovechamiento de potencial de gas natural por el país, para producción de energía firme). Por otro lado, sigue sin resolverse el tema de la competitividad del sector industrial que reclama por menores precios para la industria, algo que, también, debería pasar por una revisión de la matriz energética, pero en el marco de una correcta EAE.

Gestión Preventiva del Riesgo: nuestro país no solo se enfrenta a las fuentes de riesgo geológico (terremotos, actividad volcánica, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fallas geológicas activas, tsunamis en zonas costeras), sino también, a los efectos del Cambio Climático (desertificación, sequías, lluvias intensas, marejadas, deslaves y deslizamientos, entre otros).  Fuimos afectados por el Huracán Otto y la Tormenta Nate y, a pesar de las pérdidas de vidas y bienes materiales, aprendimos muy poco. Seguimos en una acción reactiva y no en la posición correcta, que es la acción preventiva. En esto, estamos estancados. Es urgente hacer Ordenamiento Ambiental del Territorio y trabajar en la Gestión preventiva del Riesgo y en el tema de los Seguros contra Desastres, cuyo costo, cada vez es más elevado y nos sumerge en una vorágine de gastos que nos hace retroceder en materia de desarrollo socioeconómico. Nos urge trabajar en ciudades e infraestructura resiliente a las diversas fuentes de desastres.

Síntesis: el resumen de la gestión en materia ambiental es claro: se ha perdido tiempo muy valioso. El sacrificio ambiental se ha incrementado y la protección del ambiente se ha debilitado notablemente. A pesar que se han hecho algunas pocas cosas buenas, las mismas quedas aplastadas por el peso de todas las otras cosas negativas que se hicieron o, por las cosas que pudieron hacerse y que se dejaron de lado. En medio de tanto viaje internacional, y poco viaje por la realidad de nuestro país, nuestras autoridades ambientales han cumplido muy bien ese refrán popular que reza: “candil en la calle y oscuridad en la casa”. Lo grave de todo esto, es que nuestro medio ambiente ya no aguanta más, el sacrificio ambiental inducido por las decisiones desacertadas y la severa disminución de la capacidad de resiliencia de nuestros ecosistemas, pronto nos cobrará la factura, que se traduce en pérdida de biodiversidad y, a su vez, en pérdida del atractivo turístico de nuestro país. Algo que nos hará mucho daño en el futuro.

Por todo eso, es que requerimos que las nuevas autoridades, asuman la responsabilidad de realizar el verdadero cambio que esperábamos que sucediera hace cuatro años y que, finalmente no se realizó. Nuestro país, merece y requiere, que avancemos, no que retrocedamos. 

Municipalidades y responsabilidades socioambientales

La Constitución Política señala que los gobiernos locales tienen autonomía para tomar decisiones en su territorio. El Código Municipal establece el marco con el que las municipalidades deben gestionar las acciones de administración de ese territorio. Este marco legal representa la “caja de herramientas” para la gestión municipal. Pero esas no son las únicas herramientas, pues se tiene que dar cumplimiento al marco legal nacional, incluidos los preceptos constitucionales.

Uso de suelo (o de la tierra): es uno de las principales funciones de las municipales, así como los permisos de construcción. Es muy importante, dado que define el desarrollo socioeconómico del cantón. Se sigue la lógica de que a mayor cantidad de construcciones, mayor desarrollo tendrá el gobierno local, sin valorar la situación de colapso de un cantón debido a un número elevado de construcciones (en particular en territorios pequeños). Como construcciones se incluyen: casas, desarrollos industriales o agroindustriales, obras de infraestructura y de desarrollo urbano en general.

Es comprensible que en un cantón o distrito se desee desarrollo constructivo y productivo.  No obstante, el alcance del gobierno local no se puede limitar únicamente a aumentar el número de construcciones.  La responsabilidad es más integral y tiene ver con el hecho de que las zonas donde se van a dar sean espacios geográficos seguros y aptos para albergar esas actividades.  Esto es muy importante, dado que también el gobierno local tiene responsabilidad en materia de la protección del ambiente, de los recursos naturales y, en particular, de la vida de sus habitantes. Algo que en momentos en que la humanidad, a modo global, ha alcanzado el limite crítico de la resiliencia de los ecosistemas y, todavía, continúa con un fuerte sacrificio ambiental de la Ecosfera (ver: www.allan-astorga.com), resulta imperativo de tomar en cuenta.

Zonas Especiales: las zonas que no son seguras o que tienen limitaciones importantes para su uso, están definidas como Zonas Especiales por la Ley de Planificación Urbana en su artículo 25 que dice:  “figurarán como zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico”.

El territorio de un cantón o distrito debería tener, como mínimo, una identificación de esas zonas especiales. De esta manera tendría una base técnica para definir usos del suelo y, dado el caso, permisos de construcción. Dada la naturaleza de esas zonas especiales, estas se podrían definir incluso sin tener que esperar a contar con un plan regulador aprobado. El Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana y la jurisprudencia constitucional dan el fundamento para que los gobiernos locales, que cuenten con los estudios técnicos, promulguen ordenanzas municipales que permitan mejorar la base con que se establecen los usos del suelo en sus territorios.

Ordenanzas municipales: hemos señalado (ver: www.allan-astorga.com) que al menos 50 municipios cuentan, de forma parcial o total, con una zonificación ambiental por Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) o al menos de IFA por amenazas naturales, a una escala apropiada, que permitirían establecer ordenanzas municipales en diversos temas.

Esto es importante para aquellos cantones o distritos que no disponen de Plan Regulador sin la variable ambiental integrada. Las ordenanzas municipales tendrían vigor de ley en el territorio jurisdiccional y determinarían los alcances del uso del suelo que otorgaría la Municipalidad. Como tal, la Ordenanza Municipal debe ser debidamente aprobada por el Concejo y debería estar sujeta, de previo, a un proceso de consulta, via el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica (EAE) local o a una audiencia pública.

Los temas de las ordenanzas municipales pueden ser diversos, según la situación de realidad de cada territorio, al incluir: amenazas naturales y gestión del riesgo, gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, protección de biotopos, contención urbana, construcción vertical y sus límites de altura, conservación de suelos y gestión del paisaje, entre otros.

Ordenanzas y planes reguladores: como es bien sabido, el tiempo que puede llevar la oficialización de un plan regulador puede ser de años, incluso, décadas.  Con el agravante de que, en ausencia de un plan regulador, lo que aplican son dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, y b) Construcciones, los cuales, aunque en un 95% son útiles desde el punto de vista técnico, en un 5  son altamente permisivos desde el punto de vista ambiental. Al ser ese 5% de la normativa urbana inapropiado y obsoleto, representa una de las principales fuentes de los problemas ambientales que tiene nuestro país, caracterizado por la desplanificación urbana y territorial.

Esos reglamentos del INVU, elaborados en los años ochenta, contradicen la legislación ambiental desarrollada en el país después del año 1995. Por eso, los gobiernos locales, que disponen de zonificación ambiental y/o de amenazas naturales debidamente realizadas, tienen la responsabilidad de actuar en procura de acelerar el desarrollo sustentable de sus territorios jurisdiccionales.

Dentro de esos 50 cantones, se encuentran los 31 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), para los cuales se emitió, desde el 2012, la Directriz 35–MIVAH–PLAN, aún vigente, que señala: “en toda política, plan, programa o proyecto relacionado con materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Gran Área Metropolitana se deben tomar en consideración como insumos los productos generados por el ‘Proyecto de Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (PRUGAM)’, que se encuentran disponibles en el siguiente sitio electrónico: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM_Productos.shtml”.

Fuera de la GAM, hay otros cantones que tienen zonificación de amenazas naturales cuya información, a una escala apropiada, se encuentra en la CNE. Además, hay otros municipios con los IFA aprobados, por lo que sí es posible avanzar.

Lo único que se ocupa es tomar conciencia de las posibilidades que cada gobierno local tiene no solo para su desarrollo económico, si no también, sobre todo, para un desarrollo sustentable: a mediano y largo plazo, esto último es el que los volverá mucho más atractivos para la inversión.

Ambiente, compromisos que necesitamos

Analizando las propuestas de los dos candidatos en materia ambiental, concluimos que carecen de un derrotero efectivo. No se trata de hacer una “lluvia de ideas” sobre los “compromisos” en materia ambiental. Se trata de ver el tema ambiental en el marco del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, en todos los campos, con especial énfasis en la Sustentabilidad Socioambiental como eje transversal fundamental. Sobre esta base, y como aporte, los compromisos que necesitamos son los siguientes:

1. Trabajar arduamente en la disminución efectiva de la pobreza en varias dimensiones, incluyendo la ambiental, en el entendido de que son las comunidades más pobres las más vulnerables a los desastres naturales y el cambio climático.

2. Impulsar una gestión efectiva en el desarrollo de una agricultura familiar libre de transgénicos y ecológica, que garantice al país el autoabastecimiento.  Desarrollar acciones para que la actividad agrícola intensiva y extensiva se adhiera a cumplimientos ambientales ecológicos de modo que disminuya y corrija su impacto ambiental.

3. En razón de que uno de los recursos naturales más importantes y estratégicos del país es su agua, principalmente el agua subterránea, se debe realizar un ajuste integral de la normativa para el uso, manejo sustentable y protección de los acuíferos, que resuelva de manera efectiva el conflicto de la aplicación de la Matriz del SENARA y de sustento a las entidades que administran y suplen los recursos hídricos, como las ASADAS, para que suministren agua pura para garantizar la salud de las comunidades e impulsen el desarrollo socioeconómico de las mismas.

4. A sabiendas de que Costa Rica, como el resto de Centroamérica, se localiza en una de las regiones del mundo más vulnerables al Cambio Climático, se dará impulso al desarrollo de programas de educación ambiental en Gestión Preventiva del Riesgo, así como el desarrollo de un Seguro contra Desastres que garantice la sostenibilidad del país ante el eventual embate de un desastre natural.

5. Capacitar a las mujeres campesinas e indígenas, líderes de familia, en el desarrollo de agricultura ecológica y aumentado su resiliencia.

6. Continuar impulsando y acrecentando el desarrollo de energías renovables, particularmente la energía solar. Trabajar arduamente por disminuir la factura petrolera del país, para sustituir la importación de combustibles por fuentes energéticas propias, como la solar, la geotérmica de baja entalpia (fuera de parques nacionales) y el desarrollo de biocombustibles, entre otras.  Desarrollar una apertura controlada del mercado eléctrico para darle más competitividad a la industria. Crear el Servicio Geológico de Costa Rica que, como parte de sus funciones, realizará investigación de recursos geoenergéticos que, en caso de existir, se utilizarán como una fuente firme transitoria de energía.

7. Aprovechando la información ambiental ya desarrollada, impulsar fuertemente el desarrollo turístico sostenible en las zonas costeras del país, por medio de planes de ordenamiento territorial regionales que acelerarán de forma ambientalmente sustentable el desarrollo de las provincias costeras.

8. Acelerar e incrementar el desarrollo y la inversión en el país, pero de forma ambientalmente sustentable, sobre la base de una correcta y eficiente Evaluación de Impacto Ambiental, Ordenamiento Territorial y Planificación Estratégica (sectorial y suprasectorial) con el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica, tal y como lo ha ordenado la Contraloría General de la República, de manera tal que la sociedad, por medio de sus diferentes sectores, participará activamente en el desarrollo de decisiones estratégicas clave para nuestro futuro.

9. Impulsar aceleradamente los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana, no solo en la Gran Área Metropolitana, sino también las ciudades intermedias fuera del Valle Central.  Se corregirá y dará dimensión ambiental a la normativa de uso del suelo y de construcciones, se iniciará la ejecución del Tren Rápido de Pasajeros, se desarrollará la Sectorización, se eliminarán los “nudos de tránsito” más conflictivos, acelerar el uso de parque automotor eléctrico, se dará cabida al desarrollo urbano vertical y ecológico, recuperando áreas verdes, espacios urbanos, tecnologías de recarga acuífera, limpieza de ríos, reforestación de zonas montañosas, ciclovías y autoabastecimiento con el uso de energía solar.

10.  Iniciar el proceso de cambio, para disminuir el consumo de plaguicidas y transformar nuestra agricultura hacia una actividad ecológica y sustentable.  Impulsar la jerarquización del manejo de residuos sólidos y el desarrollo de rellenos sanitarios ambientalmente bien manejados en vez de la incineración de los residuos. Impulsar la cultura del no uso del plástico y su sustitución por productos biodegradables. Trabajar arduamente en el transformar nuestros ríos en fuente de vida y parques urbanos para el disfrute de las comunidades.

11.  Tomar acciones efectivas en la lucha contra el Cambio Climático: Ordenamiento Ambiental del Territorio, identificación de Zonas Especiales, Ordenanzas Municipales, Gestión (preventiva) del Riesgo, Seguro contra Desastres (nacional e internacional), Planificación Estratégica (sectorial y suprasectorial). Trabajar en aumentar la Resiliencia de nuestro país al Cambio Climático y a otro tipo de desastres naturales.

12.  La Zona Económica Exclusiva, nuestro mar patrimonial, tendrá una atención especial. Se garantizará la recuperación y la salvaguarda de la biodiversidad marina, en particular la del Domo Térmico de Costa Rica.  Se modernizará el sistema de licencias de pesca de atún, para dar sostenibilidad al aprovechamiento de este recurso. Se reforzará el sistema de guardacostas como baluarte de la protección de nuestros mares. Se prohibirá el aleteo del tiburón y su exportación, se obedecerá a la Sala Constitucional con la prohibición a la pesca de arrastre, y se darán soluciones efectivas a los pescadores artesanales para que dispongan de verdaderas alternativas laborales que sean sostenibles y garanticen su calidad de vida.

13.  Convertir a nuestro país en la primera potencia mundial en biodiversidad, ecoturismo y desarrollo sustentable, para que sea un ejemplo a seguir por el mundo, particularmente aquellos países en vías de desarrollo. Fortalecer el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) por medio de alianzas público – privadas (ONGs), que permitan mejorar los ingresos y la inversión en la protección de estas zonas. Ordenamiento Ambiental del Territorio para salvaguardar las ASP y corredores biológicos. Fortalecer el sistema de pago de servicios ambientales para que, además de mantener áreas boscosas, pueda recuperar bosques en zonas de aptitud forestal degradadas.

14.  Dar total transparencia a los procesos de permisos, autorizaciones y licencias que se tramiten ante el Estado, por medio de la información fluida y abierta. Se creará el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA) del Estado, que genere una ventanilla única, de forma que ahorre recursos, agilice trámites y de seguridad jurídica. Debe complementarse con el Ordenamiento Ambiental del Territorio y en la aplicación e implementación del Principio de Responsabilidad Ambiental compartida basada en declaraciones juradas y un sistema eficiente de control.

15.  En el ámbito diplomático, dar particular prioridad al compromiso abandonado por más de 20 años, de trabajar con Nicaragua, en un Plan de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental para la cuenca binacional del Río San Juan, la más extensa en Centroamérica.  También, se aprovecharán los foros regionales en el SICA y la CCAD para estrechar lazos de cooperación ambiental y en gestión preventiva del riesgo con los otros países centroamericanos y República Dominicana, para aumentar la resiliencia ante el Cambio Climático y los Desastres Naturales, impulsando el desarrollo de un Seguro Regional contra desastres.

 Todo esto es posible y realizable. Su ejecución permitiría enrumbar al país hacia el progreso, no solo en el campo ambiental, sino en cumplimiento estricto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU para transformar nuestro mundo y, sobretodo, nuestro futuro. Es hora de que desarrollemos la visión del progreso de nuestro país en materia ambiental más allá de viejos y repetitivos lemas de campaña, que no dan respuesta a los urgentes desafíos cuya solución ha sido postergada una y otra vez durante las tres últimas administraciones.