Contraloría, INVU y planificación territorial

El informe de la Contraloría General de la República (CGR), DFOE AE IF 06 2012 del 31 de julio pasado, sobre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es, desafortunadamente, sumamente decepcionante. Aclaro que no lo es tanto por el esfuerzo y dedicado trabajo de la Contraloría en el proceso de auditoría, sino por el hecho de que en sus conclusiones deja entrever una evidente falta de perspectiva. No es la primera vez que la CGR audita al INVU en el tema. Hay dos importantes informes previos, de 1999 y del 2003 que la misma Contraloría parece obviar. En el primero señalaba que el INVU era el principal corresponsable del incumplimiento del Plan GAM de 1982 y por tanto del caos urbano que ya se estaba dando en el aquel tiempo. En el segundo, se recalcaba la misma posición e incluso se recomendaba al Poder Ejecutivo que mejor conformara una autoridad con mayor músculo político para encargarse de esa tarea.

Sin embargo, ahora en el 2012, cuando se suman casi 10 años más de desaciertos y de probada incapacidad, termina la CGR urgiendo al INVU para que se “apure” y le pone plazos para que genere productos, dejando de lado la perspectiva real y concreta de la situación: el INVU no ha cumplido con su responsabilidad durante 44 años; la mejor prueba es que ni el 5 % del territorio nacional cuenta con planes reguladores aprobados.

Así, la CGR lejos de resolver el gran problema planteado, contribuye a que se haga más grande, pues le trasmite al INVU el mensaje de que “no importa su evidente incapacidad institucional, siga adelante”. Desgraciadamente para el país, eso no conduce al desarrollo, sino a todo lo contrario, nos sumerge en el subdesarrollo.

Auditoría en perspectiva. La falta de perspectiva es la confusión que tienen la CGR y otras muchas entidades y ciudadanos, al creer que el INVU es la autoridad en materia de ordenamiento territorial, ¡y NO es así!

El INVU tiene una tarea exclusiva en materia de planificación urbana, no de planificación territorial. Este grave error de “raíz” es lo que induce a considerar el reciente informe de la Contraloría como un serio desliz.

Confundir la planificación urbana con la planificación territorial no es culpa de la CGR, pues al igual que muchos, es inducida al error. Pero urge que eso se aclare por el bien de todos.

La misma Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 de 1968) define la planificación urbana como “el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”. Es claro que no es una ley de ordenamiento y planificación territorial.

De ahí que regulaciones y actuaciones derivadas de esta ley, como el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones (de 1982) estén tan desactualizado respecto a la legislación ambiental más moderna: Ley Orgánica del Ambiente (1995), Ley Forestal (1996), Ley de Biodiversidad (1998), Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (1998), Ley Nacional de Emergencias (2006), entre otras.

Muchos fallos. La CGR, en su informe, señala muchos nuevos errores del INVU:

a) Más de ¢10.300 millones invertidos en casi 12 años, sin que todavía no se tenga ningún Plan GAM aprobado.

b) Las observaciones efectuadas por el INVU para objetar el PRUGAM, son subsanables, o sea que no había necesidad de hacer un POTGAM.

c) No se ha cumplido con los mismos plazos que el INVU le presentó a la CGR.

d) Ni siquiera se ha elaborado un reglamento para el cobro de tarifas del INVU para la revisión de planes reguladores, a pesar de que, como reconoce el mismo INVU, hay planes reguladores costeros atrasados por que las municipalidades no han pagado.

e) Para colmo de males, el INVU está pidiendo más de ¢1000 millones más al BID para seguir haciendo el Plan GAM y el Plan Pacífico Central.

No parece darse cuenta la CGR que, sin querer, la están llevando a justificar más prórrogas que conllevan más tiempo y dinero, y el mantenimiento de un statu quo al que algunos parecieran sacarle buen provecho.

Es una historia de 44 años que parece extenderse todavía más cuando la CGR le da nuevos plazos al INVU. En esto la CGR peca de inocente, como le pasa con el tema del anillo de contención, pues señala que el nuevo anillo de contención que propone el INVU en el POTGAM es más pequeño que el del Plan GAM 82, algo que está totalmente alejado de la realidad.

Urgen soluciones concretas. Seguir insistiendo en que el INVU haga ordenamiento territorial, elabore un buen Plan GAM y trabaje con cronómetro en mano, en un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, no tiene sentido. La misma CGR lo reconoció en el 2003 y, por eso, le indicó al Poder Ejecutivo que mejor creara una nueva instancia que se encargara del tema.

Una carta reciente a la señora presidenta Chinchilla de parte de un grupo de ciudadanos profesionales vinculados al tema de la planificación territorial, le propone una serie de medidas muy concretas y acertadas para resolver este asunto de raíz.

Se empieza por quitar al INVU la responsabilidad del ordenamiento territorial por su “probada incapacidad funcional”, y agregaría por la falta de sustento legal. Se promueve de urgencia una ley para crear una instancia nueva, técnica, para que se encargue del ordenamiento territorial y, mientras tanto, y conforme con la artículo 169 constitucional, se da postestad a las municipalidades que cuentan con viabilidad ambiental para sus planes reguladores a ponerlos en vigencia con la aprobación de sus concejos municipales.

Es un principio de solución que es verdaderamente razonable y acorde con el tamaño del problema que tenemos. Hubiera sido bueno que la CGR planteara soluciones en un sentido parecido, en vez de recetarnos algo más de lo mismo. La caótica situación de la GAM y el impacto que ello le significa al país en términos de costos, merecía algo mucho más novedoso.

Nuestra agenda ambiental

El recuento de nuestra situación ambiental a propósito de la Cumbre de Río +20, el inicio prematuro de la campaña electoral, y considerando que el eje ambiental, como el social y económico, es clave para nuestro futuro, nos llevan a revisar “la agenda ambiental nacional”. Hay que repasar de dónde venimos para orientar el futuro. Es importante disponer de una referencia, para comparar las propuestas que hagan los precandidatos en los próximos meses. Áreas silvestres protegidas. A pesar de ser la principal fuente de ingresos del país, por turismo, con un promedio de $2000 millones por año y de los esfuerzos realizados por la actual administración, las áreas silvestres protegidas siguen vulnerables y necesitando recursos para garantizar su sostenibilidad. Plantear bajar de categoría parques nacionales, como en el caso de baulas en Guanacaste para promover el desarrollo inmobiliario en las costas, no es ninguna solución.

Es urgente que todas estas áreas protegidas dispongan de sus planes de manejo y que la red de corredores biológicos cuente con una base jurídica de protección.

Todavía hay una importante tarea de recuperar suelos y bosques en áreas de aptitud forestal, desprovistas de árboles desde hace mucho tiempo. Solo la GAM tiene un déficit del 350 km² (55% de tierras de aptitud forestal). El sistema de pago por servicios ambientales debe atender estas zonas también como mecanismo para prevenir la desertificación ante el cambio climático.

Bosques y humedales. Desde el 2005, los bosques ha aumentado un 1 %, para alcanzar casi la mitad del país. Pero, en algunas costas, por el desarrollo inmobiliario más bien se perdieron bosques.

Los humedales importantes como el de Caño Negro y el Térraba–Sierpe han sido seriamente afectados, por sedimentación, como consecuencia de la agricultura intensiva (piña, principalmente).

Se requiere incrementar la política para controlar y dar sostenibilidad ambiental a esas actividades agrícolas, cuya inversión en materia ambiental y social debe ser mayor, a fin de corregir los efectos ambientales negativos que produce.

Ordenamiento territorial. En abril del 2010 el INVU rechazó el Prugam. Con eso, se hizo retroceder al país por lo menos 10 años en ese tema. Ahora, dos años después, todavía se discute un plan “sustituto” elaborado por el INVU y que tiene serios cuestionamientos ambientales.

En este tema se requiere una agenda clara, que pase por la conformación de una entidad que se encargue de forma integral del ordenamiento territorial. Se ha sugerido la transformación y renovación del IFAM, al igual que se hizo, hace poco, con el IDA. Sería importante, escuchar propuestas concretas en esta materia.

Protección de nuestros mares. La incansable y casi heroica lucha de los ambientalistas contra el aleteo de tiburones y en defensa de las especies marinas requiere ser reforzada con una política y legislación certera y severa de protección y manejo sostenible de nuestros recursos marinos.

Mientras tanto, nuestros mares, por falta de una estrategia acertada y de la implementación de acciones concretas de protección, siguen siendo despojados por flotas extranjeras y también por la flota nacional, en detrimento del sostén de muchos pescadores nacionales artesanales.

Huella ecológica y energía. Los informes de los últimos años del Estado de la nación no dejan lugar a dudas: Costa Rica presenta una huella ecológica negativa, es decir, consumimos más recursos naturales de los que disponemos.

Nuestro modelo económico se ha convertido en depredador de los recursos naturales. Mientras tanto, algunos proponen “urgentes” proyectos de ley, que provocarían el desmantelamiento de uno de los más exitosos modelos energéticos del mundo, como el que ha desarrollado el ICE.

A cambio de eso, se dice que se abra el desarrollo eléctrico al mercado privado, sin que se haya dado un verdadero proceso de discusión por medio de una evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Energía, ni se cuente con un efecto ordenamiento y planificación del territorio que priorice cuencas y defina reglas claras.

Tratar de modificar el modelo, solo con la vista al proceso de exportación de energía y de la ganancia rápida a costa de nuestros ecosistemas, no es conveniente para nadie.

Recursos hídricos. Nuestra huella hídrica también es negativa, es decir, que estamos consumiendo mucha agua, más de que la que disponemos por captación y manejo.

En vez de proteger nuestras áreas de recarga acuífera y sus fuentes, se plantea urbanizarlas, como si el agua existiera para siempre y como si una urbe como la GAM, pudiese existir sin este preciado líquido.

En Guanacaste se promovió el desarrollo inmobiliario y hotelero, sin garantizar el efectivo acceso al agua, algo que ha acarreado serios conflictos sociales.

Minería e hidrocarburos. Todos recordamos la reactivación, de forma ilegal, según la resolución de la Tribunal Contencioso Administrativo, de la Mina en Crucitas. No solo en lo referente a la Setena, sino también en la declaratoria de “conveniencia nacional”, la concesión minera y hasta el permiso de tala. Fue, según el Tribunal, una “orquestación de voluntades”.

La sociedad costarricense en un 90 %, rechazó el proyecto minero y a una parte de ella luchó hasta que el mismo fue cerrado.

Durante la presente administración se restauró la moratoria y pasó una ley que prohíbe la minería de oro a cielo abierto, pero todavía hay concesiones mineras viejas vigentes.

¿Cuál es la posición de los candidatos y precandidatos respecto a este tema? ¿Se va a repetir la historia de Crucitas? Y en el tema de hidrocarburos, recordemos que hay una moratoria vigente hasta el 2014. ¿Cuáles son las propuestas políticas sobre este tema?

Retos. El Estado de la región nos anuncia que Centroamérica es la región del mundo más vulnerable al cambio climático, en lo referente al tema de desastres ocasionados por amenazas naturales.

Los efectos ya se dejan sentir. Los escenarios proyectados para países como Costa Rica y Panamá, para el 2020 indican que se trata de un problema serio que requiere ser atendido desde ya.

Hay mucha población en condiciones de alto y muy alto riesgo, incluso en nuestro país. Un reciente informe de la ONU, alerta “sobre cambios sin precedentes” en la Tierra, donde se pone de manifiesto un claro retroceso ambiental. Centroamérica, incluido nuestro país, es un claro ejemplo de ello.

En el caso de Costa Rica, se nos anuncia que los efectos del cambio climático en poco tiempo van a generar impactos significativos en nuestro territorio, como que vamos a tener dos épocas lluviosas y dos épocas secas. Las inundaciones y las sequías se sucederán con más frecuencia.

Ante esto nos preguntamos si en la última década no hemos sufrido esos efectos y nuestros índices ambientales han decaído, entonces: ¿Qué nos espera? ¿Cuál es nuestro plan estratégico para mitigar eso?

Ante ello, no nos sirve que se mencione la palabra “ecología” y que nos presenten un lindo paisaje verde en un anuncio. Eso no es suficiente; necesitamos escuchar posiciones y propuestas de solución concretas, no solo promesas vagas.

Requerimos de verdaderas y sólidas propuestas que definan un norte hacia donde poder dirigirnos.

La Ruta 1856 en números ambientales

Cumpliendo el ofrecimiento que hice a las autoridades de gobierno de colaborar en el tema ambiental de Ruta 1856, durante las últimas semanas procedimos a realizar un trabajo urgente, cual era hacer una cuantificación de los efectos ambientales de la Ruta con el objeto de priorizar los tramos donde se requiere de intervención ambiental inmediata. El estudio completo que se titula “Ruta 1856: plan de acción ambiental. Primera aproximación”, ya fue debidamente entregado a las autoridades de gobierno. Aclaro que la finalidad de esto no es en ningún momento tratar de minimizar las seriecísimas consecuencias que tiene el hecho de que se dieran cuestionados manejos a los recursos de esta obra vial, o a la forma en que se trabajó en la ella, particularmente a lo que se hizo con la madera de los árboles que fueron talados, entre otras cosas. Esto es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y será por la vía judicial que se tenga que juzgar a los responsables de estas reprochables y vergonzosas acciones, que incluso han afectado la imagen internacional de nuestro país.

Análisis. La tarea a las que nos hemos abocado, ha sido a analizar más de mil fotografías aéreas oblicuas, tomadas el pasado 25 de mayo por autoridades del Gobierno, de forma sistemática en la Ruta 1856 entre Los Chiles y Delta. Basado en esto, y en trabajo de campo, fue posible hacer una primera aproximación de la disposición de Ruta 1856 sobre las hojas cartográficas a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional.

Ya con la Ruta trazada sobre el mapa, y con datos de fotografías e información de campo, fue posible hacer una separación de esta en tramos según una categorización de evaluación ambiental.

Para ello, se tomaron en cuenta criterios como las condiciones de relieve, la cercanía al río San Juan, el paso por zonas de humedales, la cobertura boscosa y la presencia de áreas geológicamente inestables.

El componente relacionado con el paso por cursos de agua como quebradas, caños, pequeños arroyos y desagues, no se incluyó como parte de este evaluación en razón de que la Dirección de Aguas del Minaet, ya efectuó un inventario sistemático de estos puntos, que en total llegan a 71. Algunos de ellos requieren acciones concretas de ingeniería para mejorar su condición y garantizar su sostenibilidad.

Resultados. La revisión sistemática realizada permitió separar la totalidad de la Ruta en 36 tramos según su condición ambiental, todos identificados y delimitados en los mapas.

Estos tramos fueron separados en tres categorías ambientales. Los de tipo crítico porque requieren una intervención ambiental rápida, los de tipo intermedio, que serían la segunda prioridad en la aplicación de acciones ambientales mitigativas, y los de tipo bajo porque presentan una condición ambiental aceptable, requiriendo de acciones ambientales principalmente como parte del mantenimiento de la obra.

Los resultados obtenidos llaman la atención.

Los tramos de tipo crítico ya identificados representan 9,3 km del total de la Ruta, es decir el 7 % del recorrido de esta. Se localizan en el sector de Tiricias y al norte de Crucitas.

La condición crítica la determina la presencia de relieve en formaciones geológicas inestables junto con la relativa cercanía al río San Juan.

Por su parte, los tramos de tipo intermedio, corresponden con 17,4 km, es decir el 20% del total de la Ruta.

Finalmente, los restantes 120 km de Ruta corresponden con los tramos de intervención de tipo bajo desde un punto de vista ambiental, es decir, el 73 % de la Ruta.

Cada uno de los tramos fue caracterizado y valorado ambientalmente, y se encuentra respaldado por una serie de fotografías áreas oblicuas y datos técnicos.

Acciones ambientales. Los datos de esta codificación ambiental de la Ruta han permitido priorizar las acciones ambientales que deben implementarse, las cuales ya han sido resumidas e incluyen: estabilización de algunos taludes de corte y relleno, manejo de drenajes, colocación de geotextiles y restauración de cubierta vegetal, así como trampas de sedimento.

Todo esto en tramos ya definidos y que, al ser cuantificados, permite planificarlos con mayor precisión y valorar el costo de esa intervención.

También ha llamado poderosamente la atención el hecho de que, al contrario de lo que se ha especulado, el paso por las áreas de bosque por parte de la Ruta implica una afectación directa de 35 hectáreas netas, y no los cientos de hectáreas que se han mencionado en algunos casos.

La evaluación de la superficie expuesta, tanto a lo largo de la ruta, como de los taludes de corte expuestos, ha permitido cuantificar que, como máximo, se han expuesto 300 hectáreas de suelo, a lo largo de los 146,7 km de Ruta entre Los Chiles y Delta, número que resulta muy bajo comparado con el área total de la cuenca y que, por tanto, aporta un volumen insignificante de sedimento al Río, con lo que se sigue comprobando lo ya señalado, de que no se ha dado ningún impacto ambiental transfronterizo.

Acciones inmediatas. Es claro que, como producto de la grave situación que se denunció por parte de las mismas autoridades de gobierno sobre el manejo de los fondos para la construcción de la Ruta, y a falta de datos técnicos, al menos aproximados como los que hemos levantado, se ha dado una fuerte especulación sobre los efectos ambientales de la construcción de la Ruta Nacional 1856.

Algunos ha llegado a firmar, erróneamente, que es un “desastre ambiental” sin precedentes y que, con su construcción, se le ha hecho un gran daño al medio ambiente, incluyendo el del territorio de Nicaragua. Esto es un error, que puede ser demostrado.

Lo malo con todas estas especulaciones que se han dado es que ahora, cuando se ocupan recursos para implementar obras concretas de mitigación y control ambiental, estos no están disponibles precisamente porque se requiere instalar una serie compleja de procedimientos administrativos de autorización.

Mientras tanto, habiendo identificado ya las áreas de intervención inmediata, y aprovechando el hecho de que las lluvias intensas en la zona norte todavía no se han presentado, urge tomar medidas concretas por parte de las autoridades de gobierno correspondientes, para garantizar la sostenibilidad ambiental de la obra ya realizada y evitar repercusiones ambientales negativas.

También urge trabajar en el Plan de Ordenamiento y Manejo del Corredor Fronterizo, al menos entre Los Chiles y Delta, para que se evite la especulación inmobiliaria, la desforestación ilegal y el desarrollo de actividades agrícolas intensivas o agropecuarias en áreas ambientalmente sensibles. Ese Plan de programar y garantizar la recuperación de los bosques naturales y los humedales, así como de su fauna silvestre, conforme a lo que corresponde a su categoría de manejo.

Esta debe ser nuestra tarea ambiental más perentoria en este momento.

Intervención ambiental en la ruta nacional 1856

Ante los últimas informaciones suministradas por algunos medios de prensa, referente al cuestionado manejo de fondos, la falta de diseño y de procesos de control ambiental de la Ruta Nacional 1856 y ante la solicitud de algunos colegas, respecto a la opinión externada previamente (La Nación, 04/01/2012), se hace necesario aclarar algunos aspectos relevantes, en particular respecto al tema ambiental. Antecedente. Ante todo es importante recalcar que desde el mes de octubre del 2011, en entrevista al Semanario Universidad había señalado que la obra “debe desarrollarse e implementarse bajo un efectivo sistema de gestión ambiental para evitar que genere daños”, precisamente como consecuencia directa del hecho de no haber cumplido con un trámite de evaluación de impacto ambiental en razón de que se circunscribió a un decreto de emergencia nacional.

En el artículo del pasado mes de enero se señaló: “Pese a que se han aplicado algunas medidas, es claro que todavía faltan más para poder equilibrar de forma apropiada la condición ambiental de la vía y su área de influencia inmediata”.

Por su parte, en un artículo publicado en la Revista Ambientico del pasado mes de febrero, señalé: “Aparte del corte de cobertura vegetal, se ha generado un efecto ambiental en la geomorfología y el paisaje, así como el drenaje pluvial. Se han generado impactos ambientales locales y directos en el suelo, el aire, la cobertura vegetal y el sistema de drenaje superficial, principalmente. Además, con el desarrollo de cortes y de taludes de relleno, o la disposición del camino cerca de la margen del río, se ha potenciado la vulnerabilidad a las amenazas naturales, tales como procesos erosivos, derrumbes o una eventual inundación”.

También en dicho artículo manifesté: “A pesar de eso, los impactos ambientales generados siguen siendo locales y directos, es decir limitados al área del proyecto y de una pequeña área de influencia directa. Al desarrollo de estos impactos ambientales se hace necesaria la realización de medidas de corrección, mitigación o compensación ambiental. E incluso de prevención en lo referente al uso que se le vaya a dar al camino cuando ya esté en plena operación”.

Impacto transfronterizo. Tanto en el artículo de enero en La Nación, como en febrero en Ambientico sostuve que “que todos esos impactos se limitan únicamente a territorio costarricense, de manera que no es posible afirmar que se esté generando un impacto transfronterizo que esté afectando al río San Juan”.

Y todavía ahora, después de las denuncias planteadas, esta afirmación sigue teniendo validez y también sigue siendo fundamental para diferenciar los problemas ambientales de la vía. Esto en razón de que algunas personas han confundido el alcance de los impactos ambientales, y consideran que en razón de que se han dado impactos ambientales negativos, algunos de ellos reconocidos como “daños ambientales” por las mismas autoridades del Minaet, interpretan que entonces se está dando la razón a las demandas de Nicaragua de que se ha generado un daño ambiental al río San Juan. Y esto, no es así.

Como se indicó, los impactos ambientales producidos por la construcción de la ruta 1856 y que todavía están vigentes, son de carácter directo y local. Aclaro que esto no significa que no sean importantes y que deban atenderse lo antes posible, empero eso no significa automáticamente que se pueda afirmar, como algunos lo han hecho, de que se ha generado un daño ambiental y por tanto un impacto transfronterizo al río San Juan.

Para detallar esto, se hace necesaria una explicación importante. En primer lugar, se debe recalcar que el efecto ambiental que podría generar un potencial impacto significativo al río San Juan, lo representaría el aporte de aguas cargadas de sustancias contaminantes desde la obra vial.

Durante la construcción, esa contaminación comprendería principalmente sedimentos erosionados de la misma ruta o de los cortes realizados en las fuentes de materiales temporales. Durante la operación, podrían darse otras fuentes de contaminación que requieren ser reguladas a fin de que no representen fuentes de riesgo ambiental.

En el tema de sedimentos, se debe tomar en cuenta que la Ruta 1856 representa una obra lineal, que se extiende por 120 kilómetros de forma paralela al río, con un ancho de 20 metros, es decir, que representan un área expuesta de 2 hectáreas por kilómetro lineal. Como ya he referido previamente, si se calcula la cantidad máxima de sedimento que podría aportarse para esa área por kilómetro lineal, resulta que la cantidad de sedimento que se produce sigue siendo poco significativo respecto al caudal que tiene el río San Juan y la carga de sedimento que ya lleva, en consecuencia a las dimensiones y características de la cuenca hidrográfica.

En consideración de lo expuesto, y a pesar de todo lo expuesto, es posible afirmar que la ruta 1856 no ha generado ni está generando todavía un impacto transfronterizo al río San Juan, y, por tanto, ningún daño ambiental a su ecosistema, en lo referente al territorio de Nicaragua.

Urgente intervención. Lo anterior no significa de ningún modo que no se deba iniciar, de manera urgente, la aplicación de medidas ambientales, como las que sugerí al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a su solicitud de colaboración, desde el pasado mes de enero, por medio de la propuesta de un Plan Remedial de Gestión Ambiental en el que se establecen acciones concretas para las obras ya realizadas y por realizar, así como medidas estratégicas de control ambiental para la operación futura de la obra vial y el área silvestre en la que se localiza.

Cabe aclarar que ese Plan Remedial no surge de la nada, sino que representa una adaptación de un instrumento de gestión ambiental regional promovido por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, desde el año 2006 y oficializado como tal en nuestro país desde el año 2008 por medio del decreto ejecutivo N.° 34522 – Minae.

En el artículo del pasado mes de enero, señalé la importancia estratégica que tiene esta vía, principalmente por el tema de beneficio social que tiene para las comunidades costarricenses rivereñas al río San Juan y la posibilidad de que las autoridades de seguridad del país tengan un mejor acceso a esas zonas, sin depender de forma exclusiva de que las autoridades nicaraguenses les den permiso para desplazarse por el río San Juan.

Las denuncias de irregularidades hechas públicas por las mismas autoridades del Gobierno y detalladas por algunos medios de prensa, sin lugar a dudas, empañan de forma muy significativa los aspectos positivos de dicha obra vial. Y no solo eso, sino que también incrementan un sentimiento de desconfianza en las autoridades responsables de desarrollar la obra, la cual, al no estar concluida, corre el riesgo de que sea paralizada y que no se complete de forma correcta.

En consideración de ello, se hace urgente resolver dos situaciones.

En primer lugar que lejos de detenerse el desarrollo de acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de la obra, estas deben incrementarse, en particular, respecto a la aplicación de las medidas ambientales señaladas en el Plan Remedial que antes señalamos.

En segundo lugar, que se instaure un sistema de control efectivo de acciones específicas, con participación de actores de la sociedad civil, incluyendo el tema ambiental, para lo cual, así como lo planteé el pasado mes de enero, mantengo mi disposición de colaborar con las autoridades del Gobierno, dada la importancia estratégica que dicha obra tiene para nuestra nación en la actual coyuntura.

Sobre la propuesta del Potgam en consulta pública

El pasado 26 de abril el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) puso en consulta pública, mediante la página electrónica: http://www.Mivah.go.cr/Potgam.html el segundo borrador del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 2011 – 2030. En esa misma página se pone a disposición un foro digital para que los ciudadanos podamos hacer comentarios y sugerencias a dicha propuesta. Por un asunto de responsabilidad profesional y ciudadana, en razón de que coordiné los estudios de zonificación de fragilidad ambiental del Plan GAM, que el Prugam utilizó de base para su formulación, he procedido a realizar una detallada revisión del reglamento del Potgam y de la serie de mapas que lo acompañan. En virtud de eso y de que he venido, al igual que otros profesionales, publicando previamente mis observaciones al primer borrador quisiera plantear algunas adicionales derivadas de este segundo documento.

Desde el punto de vista formal, es de resaltar desde ya el hecho que el texto tiene oraciones incompletas, una redacción algo confusa y que muchos de los mapas no pasarían un examen simple de control de calidad debido a la falta de coordenadas, escalas y norte geográfico. Más allá de estos pequeños detalles que denotan improvisación he sintetizado al menos 10 observaciones en cuanto al fondo que me parece que la sociedad costarricense debe conocer, como base de su propio análisis y aporte.

1. En primer lugar, en esencia, se trata de la misma propuesta presentada por el INVU al Mivah el pasado mes de diciembre del 2011, de manera que casi todas observaciones realizadas hasta ahora siguen teniendo absoluta validez.

2. Pese a que se incorpora una imagen satelital de parte de la GAM que incorpora dos anillos, al que se le llaman Limite Urbano Vigente y Límite Urbano Propuesto y que parecen similares, en el resto de la cartografía y el reglamento, queda claro que se está haciendo una ampliación del anillo de contención de cerca de 15.000 hectáreas a costa de las áreas de protección.

3. A pesar de que dice que se respeta la zonificación de fragilidad ambiental aprobada por la Setena, es claro que no es así, pues introduce como parte los cuadrantes urbanos dentro del anillo de contención ampliado, casi 10.000 hectáreas de áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, vulnerables a amenazas naturales, además de zonas de recarga acuífera.

4. Sigue proponiendo la construcción de dos vías primarias de 50 metros de derecho de vía, fuera del anillo de contención que se dispondrían sobre las zonas de montaña tanto al norte como al sur del Valle Central. Esto, en contradicción de lo que plantea el mismo MOPT en su Plan Nacional de Vialidad y con el agravante de que promueve desarrollo urbano lateral a esas carreteras, por lo que la expansión urbana se seguiría dando fuera del anillo de contención ampliado. En resumen, ¡casi se estarían urbanizando las zonas de montaña de la GAM salvo las áreas de parques nacionales!

5. Por medio de una redacción complicada y poco clara, en primera instancia, pareciera que la ampliación del anillo de contención no se podría concretar hasta que las municipalidades dispongan de sus planes reguladores. No obstante, el mismo reglamento señala que en ausencia de planes reguladores se aplicará el Reglamento del Potgam con lo cual se transforma en algo así como un mega plan regulador de la GAM pues define usos del suelo concretos por medio de sus mapas de zonificación. Cabe aclarar que en los casos de planes reguladores cantonales se debe primero hacer audiencias públicas y luego llevarlo al concejo municipal para aprobación. Aquí no se estaría haciendo eso, aunque el efecto es producir zonificación vinculante de uso del suelo. ¡Algo verdaderamente preocupante!

6. El Potgam adquiere un carácter vinculante, e incluso para las municipalidades, las cuales no podrían alejarse de sus lineamientos cuando hagan sus planes reguladores, pues el mismo INVU, en caso de que las municipalidades no cumplan, no les aprobaría dichos planes reguladores. Es un sistema cerrado con control total por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU, convertida en el “Olimpo” de las decisiones urbanas del país.

7. Se valida el uso del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, un reglamento obsoleto y muy negativo desde el punto de vista ambiental, con lo cual se persistiría con el mismo patrón seguido hasta ahora para proponer fraccionamientos, urbanizaciones y condominios. Es seguir el mismo patrón de desplanificación y desorden que se ha dado durante las últimas décadas. Prácticamente significa condenar la GAM al desastre.

8. El Potgam reconoce que ya hay un desorden total en la GAM, particularmente fuera del anillo de contención, pero lejos de establecer una estrategia correctiva, más bien la incrementa. No se menciona en ninguna parte del documento la expresión “gestión del riesgo”, algo inaceptable para un país vulnerable a las amenazas naturales. Esto muestra una actitud preocupante y poco responsable, pues definir usos del suelo sin considerar ese criterio clave, puede conllevar consecuencias muy graves.

9. Deja en claro uno de los principios fundamentales del Potgam que es desarrollar un “asentamiento urbano lo más democrático posible” que cumple el “derecho constitucional de permitir la libre escogencia para la ubicación de la residencia”. Se señala que “siempre que se respeten los IFA aprobados por la Setena”. Algo que a primera vista suena bien. No obstante, los mapas que genera el INVU en su propuesta, irrespetan esa zonificación. ¡Una total y absoluta contradicción!

10. Una vez aprobado, el plan le da un enorme poder a la Dirección de Urbanismo, incluso para dar lineamientos a la Asamblea Legislativa y a la Administración Pública. Incluso le da atribuciones muy importantes, casi de ente rector en materia de paisaje. Además de eso, señala que el Potgam puede usarse como mecanismo de agilización de los trámites de permisos de construcción. Esto último, sumado al hecho de que no se respeta la zonificación ambiental aprobada por la Setena, solo llevaría a que se construya en zonas de alta y muy alta fragilidad, ¡sin haber cumplido trámites y permisos previos! O sea, más gente va a ir a vivir en condiciones de riesgo, ¡pero “democráticamente”!

En conclusión, se mantiene la línea de urbanizar las montañas de la GAM a modo de “Ciudad Balcón, Ciudad Espectáculo, Ciudad Anfiteatro”, como la llama el propio Potgam, sacrificando al menos 15.000 hectáreas de áreas de protección, pese a que dentro del anillo de contención actual todavía hay 10.500 hectáreas que se podrían utilizar para desarrollo urbano, sin necesidad de ampliar el anillo de contención urbano de 1982.

Resulta a todas luces impresionante el hecho que la autoridad de planificación urbana (INVU), principal responsable de que no se tenga planificación urbana (menos de un 5 % del territorio del país después de 44 años de ley de planificación urbana), por medio del Potgam pretenda ahora asumir un poder enorme, incluso sobre las municipalidades para seguir un patrón urbano que lejos de resolver los problemas acumulados durante más de cuatro décadas, los va a incrementar, condenando a la GAM y sus habitantes actuales y futuros hacia un mayor desequilibrio ambiental y a un mayor deterioro de su calidad de vida.

Las autoridades del INVU y del Mivah fueron invitadas por el Colegio de Geologos el pasado mes a debatir su propuesta, y optaron por rehuir el debate.

La página oficial del Prugam con todos los mapas e informes técnicos ya lleva varias semanas “caída”, pese a que la Setena, desde junio del 2009 ordenó que toda la información técnica y mapas del Prugam se colocaran en un portal digital a disposición de los ciudadanos. Detalles menores que auguran un nuevo intento de esquivar la discusión técnica que requiere el país sobre el futuro de la GAM.

En este sentido, insto a todos los ciudadanos, y en particular, a los profesionales de diversas disciplinas a que den sus aportes al Potgam en consulta, y que las autoridades abran un espacio público de diálogo que nos permita entender lo que las mueve a agravar aún más la situación en vez de buscar soluciones sostenibles para la GAM.