Megaproyecto de APM Terminals: Interrogantes ambientales y alternativas de solución

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. Por: Allan Astorga Gättgens.

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es un megaproyecto portuario de aproximadamente $1000 millones de inversión, dada en concesión (30 años) por el gobierno de Costa Rica a una empresa holandesa (licitación con un solo oferente, lo cual es un aspecto de cierto cuidado para el Estado Costarricense). Se pretende construir una isla artificial (como la Sabana), en el sector oeste de la Bahía de Moín. Pese a que hay un contrato firmado, el único compromiso pendiente por parte de la empresa concesionaria es demostrar que dicho megaproyecto es ambientalmente viable, algo que, desafortunadamente para muchos especialistas, tiene serios cuestionamientos.

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. En ese caso expliqué lo que significaba dicha viabilidad potencial al plan, y subrayé la relevancia de que eso no implicaba que el megaproyecto se pudiera construir, sino que su compromiso era realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que demostrara su viabilidad.

En otros artículos he insistido también en la necesidad de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de desarrollo portuario Limón – Moín, hasta el punto de que colaboré con el Estado (ad honoren y por responsabilidad profesional) en la preparación de los términos de referencia para su realización. Algo que, después de años, sigue sin realizarse, lo cual es sumamente frustrante: el país sigue creándose problemas teniendo herramientas técnicas para evitárselos.

Precisamente por esa responsabilidad profesional me di a la tarea de revisar con sumo cuidado y detalle el extenso EsIA presentado por la empresa y elaborado por el Centro Científico Tropical. Es un documento de 1200 páginas y una gran cantidad de anexos técnicos. Como producto de esa revisión llegué a la conclusión de que el EsIA no logra demostrar la viabilidad ambiental del megaproyecto. Por el contrario, a pesar de ciertas limitaciones que tiene el Estudio, deja en evidencia que su eventual aprobación, con el diseño que tiene, significaría grandes daños ambientales a la costa caribeña de gran parte de la provincia de Limón, haciendo que los beneficios del megaproyecto sean mucho menores que el costo ambiental de los daños que podría producir.

Los impactos ambientales negativos que se producirían son muchos, pero hay unos que son críticos y que hacen que el balance costo beneficio ambiental del megaproyecto tenga un cotejo claramente negativo. Algunos de esos grandes impactos incluyen: a) el dragado de más de 10 millones de m3 de lodos marinos que serían desechados en el mar, frente a Limón, y que provocarían una cadena de impactos ambientales negativos, como el arrastre del sedimento hacia la costa caribeña sur (Cahuita, Manzanillo y Gandoca, con posibilidad incluso de llegar hasta Bocas del Toro en Panamá, causando un daño transfronterizo); b) ese impacto tiene el agravante de que, solo para la primera etapa del megaproyecto, perduraría por 3 años, con lo cual se afectarían durante un largo tiempo los ya impactados arrecifes coralinos de la costa del Caribe al Sur de Limón, la pesca y también las actividades turísticas de la zona que dependen de la buena salud de estos arrecifes; c) desarrollo de 11 tajos submarinos para extraer más 5 millones de m3 de arena para rellenar la isla artificial, que además de los impactos en los ecosistemas marinos provocará: d) afectación del equilibrio ambiental de la costa Caribe Norte, particularmente de las áreas de Tortuguero y de los sitios de anidación de tortugas; e) afectación por procesos erosivos de varios kilómetros de la costa de Moín, con afectación de los ecosistemas marinos y f) afectación en el río Moín y los humedales que lo colindan, entre otros.

El mayor problema con estos impactos es que se darían durante mucho tiempo para cada una de las fases del proyecto, por lo que muchos de ellos, por su duración y magnitud, tendrían que ser calificados como daños ambientales irreversibles. Esta situación de deterioro ambiental que se daría en la costa Caribeña debe balancearse respecto a la apertura de menos de 500 plazas de trabajo que ofrece el megaproyecto.

Esta situación llevó al autor, junto con el abogado Alvaro Sagot y el geógrafo Mauricio Álvarez, a presentar ante la SETENA (el 03.09.2013), una Petitoria de No Otorgamiento de Viabilidad Ambiental. En ese documento aclaramos que no se trata de estar en contra del desarrollo socioeconómico de Limón y de la infraestructura portuaria del país. Todo lo contrario. Pero dicho desarrollo no debe significar un sacrificio ambiental tan grande para Limón y para el país, e incluso más allá de las fronteras, hacia Panamá.

Consecuencias: el asunto es sumamente delicado, pues mientras la viabilidad ambiental (VA) no se otorgue, nuestro país no tiene responsabilidad, no obstante, al momento en que dicha VA se apruebe, el contrato de concesión ya firmado se revierte, y hace que el país asuma casi toda la responsabilidad en el caso de que el megaproyecto no pudiera ejecutarse por alguna causa ambiental.

Así, nuevamente el país se expone a una demanda, como en el caso de Crucitas o de OAS (carretera a San Ramón), solo por mencionar las dos más recientes y llamativas. La conducta de nuestras autoridades en relación a la refinería china se puede añadir a esta larga lista de infortunios.

Ante esto, es claro que la decisión sobre la VA del megaproyecto, y los daños y sacrificios ambientales que significa, requiere ser revisada con sumo cuidado y de la manera más transparente y abierta, y no solo por un ente técnico de la SETENA o un grupo de entidades escogidas “a dedo” para que revisen el EsIA, algunas de las cuales con solo limitarse a señalar “que cumple con los términos de referencia de la SETENA”, como hizo la UNA, lo cual no es suficiente.

Alternativas de solución: al analizar con detalle el megaproyecto y sus consecuencias ambientales, es claro que el diseño original del mismo, respecto a su ubicación, contiene un grave error. No se contempló la imponderable de que el sitio seleccionado no parece ser apto para la ubicación de la megaestructura, lo cual hace que sus efectos ambientales adquieran grandes dimensiones. Si un fondo marino no es rocoso, sino lodoso, no hay estudio técnico que valga, y todo se resume a una cuestión de sentido común del que parecen adolecer nuestras autoridades ambientales desde hace ya varios años.

No obstante, hay vías de solución, que incluso pueden aprovechar gran parte de los estudios técnicos hechos hasta ahora para plantear un diseño diferente, que cambie de ubicación el muelle artificial y lo localice sobre un sustrato más duro. Es decir, como una prolongación de los muelles actuales. En este caso, se limitaría mucho el aporte de sedimento y el megaproyecto podría “sembrar” arrecifes como medida compensatoria. Inclusive, la alternativa debería llevar a que el megapuerto sea desarrollado de forma conjunta entre el Estado y la empresa, de manera que se eviten las confrontaciones que se han dado hasta ahora, que lejos de incluir, han sido excluyentes. La posibilidad de entrar a discutir el rediseño del megaproyecto debería emparejarse con la realización de la EAE del Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín, de manera que la sociedad debidamente representada sea protagonista de las decisiones estratégicas, incluyendo las ambientales. Solo así podremos hacer avanzar y progresar a Limón y al país.

Una y otra vez nuestras autoridades se están convirtiendo en hacedoras de problemas en vez de solucionarlos con las herramientas técnicas que tienen a su disposición. Tienen la palabra. *Geólogo, exsecretario general de la SETENA.

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.

Alternativas a la nueva refinería

Dado el hecho que la decisión estratégica sobre la nueva refinería es impuesta por las autoridades de gobierno, sin llevarla a una verdadera discusión social, y con la única intención de aportar desde la perspectiva ambiental, se hace necesario plantear algunas alternativas que existen para avanzar en la disminución de la dependencia a los hidrocarburos que tiene nuestro país, y que alcanza una factura cercana a los $ 2.000 millones por año.

Biodiesel: el mayor porcentaje de esa factura se paga en el diesel que consume el parque automotor, principalmente el del transporte (camiones y buses). La acción inmediata debe ser entonces promover un reglamento que norme, incentive y regule la producción nacional y el consumo del biodiesel en sustitución gradual de diesel convencional. 

La premisa fundamental a cumplir es que la producción de biodiesel no compita con la producción agroalimentaria. El decreto debe contemplar la creación de una certificación de sostenibilidad que demuestre que los terrenos utilizados no se ocupaban en agricultura para producción de alimentos.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) de muchos proyectos que utilizan transporte que quema diesel debe incluir un compromiso de utilizar biodiesel como medida compensatoria ambiental.

Transporte: siendo la realidad que el mayor consumidor de hidrocarburos importados lo representa el transporte, es claro que las medidas alternativas deben partir de una estrategia integral que disminuya de forma gradual, pero acelerada, esa situación.

Tomando en cuenta que la mitad de la población se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), que padece desde hace mucho una “arterioesclerosis vial”, el primer gran paso es desarrollar un plan de descongestión vial con el uso de viaductos. No es posible que las principales carreteras terminen “chocando” contra los cuadrantes urbanos. No es posible que un autobús deba quemar diesel durante 10 o 15 minutos, mientras realiza un desplazamiento de tan solo una cuadra para salir de la congestión josefina en la que está inmersa su parada.

La aceleración del proyecto de un tren eléctrico interurbano, de doble vía, que represente una verdadera y eficiente alternativa del transporte público para los usuarios. La exoneración de impuestos para los vehículos eléctricos e híbridos, así como la sustitución de las unidades de autobuses por modernos autobuses que no quemen hidrocarburos (eléctricos, a base de gas natural u otras alternativas), mientras que los autobuses convencionales quemen gradualmente más biodiesel y menos diesel convencional.

Ahorro: en materia energética hay muchas acciones que es posible realizar. Desde la incentivación de la producción de energía solar, desde escalas caseras hasta grandes proyectos, en particular, en regiones del país con varias horas sol al día, es algo que se puede hacer desde ya. 

Incentivar con precios de energía más bajos para aquellas industrias, particularmente las grandes consumidoras, que favorezcan turnos de trabajo en horarios nocturnos, cuando el consumo de energía disminuye.

Incentivar por medio de la baja de precios los sistemas de iluminación y de aparatos electrodomésticos que ahorren energía eléctrica. Fortalecer las campañas de ahorro dentro de un marco de un esfuerzo conjunto, con la meta de la carbono neutralidad, y no solo promoviendo el esfuerzo de unos pocos.

Gas natural: se debe ampliar de forma sustancial la capacidad del país para almacenar hidrocarburos de forma tal que no afecte zonas vulnerables. Es posible ubicar sitios recomendables para este tipo de almacenaje. 

Se debe acelerar el cambio de las plantas térmicas que deben operar durante la época seca, para que quemen gas natural y no búnquer o diesel. Se debe establecer un sistema más eficiente y seguro de distribución del gas y promover su sustitución, por parte de muchas empresas, para que dejen de quemar hidrocarburos derivados del petróleo. Todavía está sobre la palestra la creación del Servicio Geológico de Costa Rica, para que sea una entidad nacional la que realice las investigaciones sobre el potencial de gas natural en el país.

Energías renovables: el país tiene todavía mucho potencial, pero requiere de una eficiente y efectiva planificación, ajustada a las proyecciones sobre los efectos del cambio climático en las próximas décadas. Esas proyecciones nos dicen que va a llover más en la vertiente Caribe y menos en la Pacífica. Siendo así, el desarrollo de hidroeléctricas debe programarse con esta base y con un eficiente fundamento de ordenamiento territorial, y criterios de manejo integral de las cuencas hidrográficas, para que estas no se dañen por un desarrollo caótico y rapiñero de este tipo de proyectos.

La geotermia fuera de los parques nacionales, así como la geotermia de baja entalpía deben ser impulsadas. Así como el desarrollo de proyectos eólicos y solares, particularmente en los territorios del sector del Pacífico. Aquí nos falta un plan estratégico y una decisión social equilibrada sobre el plan a ejecutar.

Un efecto altamente positivo de que esos más de $ 2000 millones que salen del país anualmente por compra de derivados del petróleo se queden dentro del país, es que permitirían aumentar las inversiones en esa materia y, por tanto, aumentar el empleo derivado del tema de energía.  Algo que suple uno de los principales argumentos esbozados por Recope para defender la nueva refinería.

Dentro de este marco -impulsado por una serie de decretos ejecutivos bien respaldados con acciones concretas por medio de la administración pública- se podría acelerar el objetivo de disminuir a corto, mediano y largo plazo, la factura petrolera del país, y de esa manera avanzar hacia el objetivo de la carbono neutralidad.

Lo aquí señalado es un aporte al que se deben unir otros muchos, para discutir dentro de un proceso realmente participativo y de decisión, como lo que hemos estado señalando desde hace tiempo, dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía del país. De forma tal que sea la sociedad la que tome las decisiones claves, y que estas no le sean impuestas por un grupo de políticos de turno, cuyos intereses no quedan del todo claros, y que toman decisiones que terminan en desgastantes ocurrencias llevadas ante los tribunales de justicia.

Nueva refinería: Viabilidad ambiental debe ser anulada

Dado que la idea de nueva refinería sigue, realizamos un cuidadoso análisis del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) aplicado al expediente D1 - 5565 – 2011 SETENA. Los resultados son decepcionantes y hasta sorprendentes, al punto que nos llevó a plantear a la SETENA una petición de nulidad absoluta de la viabilidad ambiental otorgada por la Resolución No. 2543 - 2012 SETENA, del 9 de octubre del 2012.

Al igual que para la EIA de Crucitas y que está llevando a juicio a algunos funcionarios y exfuncionarios de la SETENA, nuevamente se actuó incumpliendo los mismos procedimientos técnicos establecidos. A continuación, algunos de los hechos que fundamentan esto.

Refinería nueva: el que RECOPE señale que es una “ampliación y modernización de la actual refinería” es un error fundamental que distorsiona y complica todo el proceso de EIA. Aunque las autoridades de gobierno reconocen que es una nueva refinería, el hecho de que la EIA considere que se está haciendo una ampliación y modernización de una obsoleta refinería, que tiene más de 50 años, tuvo serias repercusiones en el enfoque con que se planteó dicho estudio, con lo que se produjeron importantes y sustanciales omisiones.

Procedimiento ilegal: la legislación exige que se haga un EIA. Los términos de referencia deben ser establecidos después de presentar el formulario D1 y de que se realice una evaluación ambiental inicial completa, o en su lugar que se cumpla de forma estricta con la Guía que establece el Decreto no. 32966 del 2006. En el caso de la nueva refinería esto no se cumplió.

La SETENA fijó los términos de referencia mediante la resolución 141 – 2011, sin que se cumpliera el procedimiento que dicta la legislación. Con el agravante de que omitió temas fundamentales para la realización del EIA, con lo cual a todas luces favoreció que el proceso se simplificara y quedara omiso de un análisis ambiental completo. ¡Solo este irregular proceder es suficiente para solicitar la anulación de todo lo actuado!

Ausencia de análisis estratégico: lo más grave e imperdonable del proceso de EIA aplicado es que la SETENA lo trató como si fuera una simple gasolinera, sin considerar el verdadero alcance estratégico. La SETENA acepta tal cual los argumentos de RECOPE para justificar el proyecto, y que se basan exclusivamente en la proyección del incremento en el consumo de hidrocarburos en el país.

Eso contradice lo que el MINAE en el documento: "Hacia un nuevo modelo energético para nuestro país", de julio del 2010, dice: “de continuar la dependencia actual de este energético, la viabilidad económica del país puede estar en duda, en especial en las siguientes décadas. Por estas razones es importante adoptar desde ya, una estrategia de minimización del uso de los hidrocarburos…”

Es evidente que la EIA de la refinería requería de un profundo debate y no ser tramitado como un simple proyecto.

Contaminación existente: RECOPE reconoce que las aguas subterráneas, el suelo y subsuelo bajo la refinería y también parte de las aguas superficiales están contaminadas con hidrocarburos. A pesar de esto, la SETENA no solicita ninguna profundización sobre la dimensión y condiciones de esa contaminación, ni tampoco sobre el tema de la remediación que por ley debe aplicarse, ni sus costos, que son muy elevados y que incidirían fuertemente en la ecuación financiera de la nueva refinería.

La recuperación de un pozo contaminado por una fuga de hidrocarburos en Barreal de Heredia es de conocimiento público y cuesta creer que la SETENA no se haya enterado del costo: ¡de $2 millones! (La Nación: 03.06.2011).

Otros argumentos: por limitaciones de espacio,  no es posible desarrollar todos los hechos que sustentan el recurso de nulidad. Algunos adicionales van desde la no consideración de los ambientes acuáticos y marinos en el EIA, pasando por  la ausencia de un detallado análisis de vulnerabilidad hidrogeológica en terreno y el hecho de que no se haya solicitado el criterio del SENARA, sin olvidar una sospechosa entrega a destiempo del formulario D1.

Las serias debilidades del proceso de consulta pública realizado y el “conflicto de intereses” de los autores del Estudio (que son casi todos empleados de RECOPE) constituyen otros yerros, en medio de muchos más.

¡El silencio del SINAC sobre el impacto a medio acuático y marino es más que sorprendente!

Seria duda: todo lo anterior, no solo argumenta fuertemente para anular la viabilidad ambiental del proyecto de la nueva refinería, sino que plantea una muy seria duda sobre lo que debería ser el eficiente funcionamiento de la SETENA y del SINAC.

No es la primera vez que se dan semejante grado de yerros, y lo más grave es que no parece ser la última.

Y ante este panorama, de una SETENA intervenida hace meses por el MINAE, en este momento está en revisión la EIA de la Terminal de Contenedores de Moín, otro megaproyecto de $1000 millones. ¿Será que se aplicará la misma eficiencia de revisión como en el caso de Crucitas y la Refinería en Moín?

¡Las autoridades del MINAE nos deben una explicación!

Planificación urbana, a medida de los desarrolladores

Recientemente se informó (La Nación, 24.5.2013) que algunos “expertos plantean alianza de sectores público y privado para mejorar planificación urbana”. La noticia surge como producto del noveno congreso de construcción: “Construyendo ciudades para todos”. Según Guillermo Carazo, de la Cámara de Costarricense de la Construcción (CCC), la idea es “mejorar los actuales planes reguladores, mediante la integración de los inversionistas y personal capacitado en planificación”. Señala además que: “se pretende que los propietarios de los terrenos y desarrolladores entren en un negocio donde todos ganen”. Algo que merece ser analizado con más detalle y desde una perspectiva más amplia. Algo de historia. Durante casi toda la década pasada, y con una inversión cercana a los 18 millones de euros, en la que la Unión Europea aportó buena parte de los recursos, el Ministerio de Vivienda desarrolló el nuevo Plan de desarrollo urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM): el PRUGAM (2008-2030). Como parte de este trabajo se elaboró la zonificación ambiental de toda la GAM, que fue aprobada por la SETENA en el 2009, pero el PRUGAM fue rechazado por el INVU en abril del 2010.

Con ese rechazo se desechó no solo el nuevo Plan de la GAM, que proponía todo un nuevo cambio de concepto para nuestra urbe, sino que también se echó por la borda gran parte del trabajo realizado con los planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.

Como gran solución a este desastre provocado por el INVU, esta misma entidad pasó más de un año elaborando una “contrapropuesta” al PRUGAM, y elaboró el denominado POTGAM, que ya hemos analizado profundamente y que en síntesis no es más que una “adefesio de propuesta de desarrollo urbano”, que entroniza los errores cometidos y los profundiza, con lo cual nuestra urbe, lejos de mejorar, empeoraría dramáticamente.

Llama la atención que sea precisamente la CCC la que venga ahora a proponer trabajar con los municipios en los planes reguladores, cuando fue el ente que más se opuso al PRUGAM, y más favorecía la aprobación del POTGAM. ¡Algo que debería ponernos en alerta a todos!

Filosofía: como parte de los estudios ambientales realizados para el Plan GAM, se llegó a la conclusión de que el Valle Central, donde se asienta nuestra urbe, particularmente en las zonas de montaña, tiene importantes limitaciones para el desarrollo urbano. De allí que la propuesta del PRUGAM se centrara en aprovechar las zonas ambientalmente aptas y en mejorar la ciudad mediante renovación urbana, con el desarrollo de una urbe más compacta con crecimiento vertical más que horizontal, y respetando las zonas de alta y muy alta fragilidad identificadas. Algo que el POTGAM no respeta en lo más mínimo, ya que plantea la ampliación del anillo de contención urbana y la expansión de la ciudad hacia las zonas de montaña.

Esta diferencia “filosófica” entre ambas propuestas es lo que nos tiene sin renovar el ya obsoleto Plan GAM de 1982, y lejos de resolverse, parece que cada día se ahonda más, en medio del olvido y la desidia de la mayoría de la población de la GAM.

En medio de esta situación, el que el mayor defensor del POTGAM venga ahora a decir que quiere trabajar con los planes reguladores en proyectos de desarrollo urbano en los que “todos ganen”, no puede dejar de llamar la atención y cuestionarnos cuál el trasfondo real de ese planteamiento.

Finalidad: el desarrollo urbano tiene como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la GAM, dentro de un marco de sostenibilidad. El beneficio económico de los propietarios y los desarrolladores inmobiliarios debe estar subordinado a eso y no convertirse en un fin por sí mismo.

Los estudios ambientales del PRUGAM demuestran que debido al incorrecto desarrollo urbano impulsado en el Valle Central durante los últimos 30 años, al menos el 20% de la población de la GAM vive en condiciones de muy alto riesgo a las amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, fallas geológicas y peligros volcánicos, entre otros). Las 22 víctimas de Calle Lajas de Escazú, en noviembre del 2010, constituyen una clara advertencia de que no podemos seguir con un desarrollo urbano insensato y riesgoso.

Además, se ha demostrado que gastamos (según un estudio del PRUGAM para el 2004) un 4% del PIB en la “deseconomía” que provoca el caos urbano en el que estamos inmersos. ¡A valor presente: cerca de 1000 millones de colones por día!

Participación: no nos podemos enfocar únicamente en el desarrollo de proyectos “sostenibles” que beneficien a unos pocos en detrimento de la colectividad.

La solución al serio problema de planificación urbana que tenemos debe integrar a las comunidades y su bienestar. Eso implica discutir de forma abierta, informada, transparente y participativa con la sociedad y sus representantes, para que de verdad se fijen los grandes lineamientos que deben regir nuestro progreso como ciudad.

Solo así podríamos buscar la manera de salir del caos urbano y vial en el que nos estamos desgastando como país a un costo muy alto.